Autor: Dania Quehl

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, que

12 empresarios del transporte colectivo, acusados de presuntamente negarse a prestar el servicio de transporte colectivo, sigan procesados en libertad con medidas sustitutivas, mientras pasan a etapa de instrucción.

“La señora jueza acaba de dar la resolución, obtuvimos que el siguiente caso pasará a la siguiente etapa con medidas a la detención sustitutivas”, expuso el abogado Carlos Meléndez.

La jueza ordenó como medida sustitutiva que los procesados

no cambien su lugar de residencia

mientras continúa el proceso penal.

El Juzgado Séptimo de Paz decretó este viernes que 12 empresarios del transporte sigan procesados en la etapa de instrucción por delitos de incumplimiento de deberes, por supuestamente no prestar el servicio cuando el gobierno lo señaló. Seis de ellos se les añade el delito de…

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación formal en contra de los transportistas por los delitos de

incumplimiento de deberes y peculado

luego que el presidente salvadoreño ordenara a la Policía Nacional Civil detener a aquellos que no habían brindado transporte en medio de una crisis por el cierre de la carretera Los Chorros.

“La detención en flagrancia se realizó porque los días 5, 6 y 7 de mayo estos empresarios no prestaron el servicio de forma regular, siendo un servicio público y subsidiado”, informó la FGR el día que presentó la acusación.

El presidente de AEAS, Genaro Ramírez, abandonó la sala de audiencias sin dar declaraciones a los periodistas luego que el juzgado Séptimo de Paz decretara que siga procesado por el delito de incumplimiento de deberes.

La representación fiscal acusó de incumplimiento de deberes a

Genaro Ramírez

de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS);

José Abel Reina

empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín;

José Alejandro Arriaza

vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán;

Nelson David Moreno

de la ruta 79;

Napoleón Humberto Cárcamo López

empresario de la ruta 38, de Apopa y

Alexander Sorto

presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate,

Y para los transportistas

Ángel Monroy Cabrera

empresario de la ruta 38-D, de Apopa;

Rutilio Guardado Ferrer

empresario de la ruta 49, de Soyapango;

José Roberto Cuéllar Parada

empresario de la ruta 41-D, de Soyapango;

Wuillian Ricardo Flores Escobar

empresario de la ruta 54, de La Unión;

Nelson Saúl Villalta Platero

de la ruta 29 Acopac, de Ilopango y

Julio Ovestes Mirón Escobar

empresario de las rutas 47 y 48, se les atribuye el incumplimiemto de deberes y peculado, este último delito fue señalado por Bukele luego de que el gobierno desembolsara $12 millones para el pago del transporte.

Respecto a

Roberto Jaco

quien murió el 12 de mayo, cinco días después de su captura, la juez decretó sobreseimiento definitivo. El empresario era el encargado de las rutas 201 y 50, del occidente del país.

En el caso también se mencionó a

José Modesto Menjívar Vásquez

a quien también se le dio sobreseimiento.

Menjívar Vásquez fue capturado y señalado de operar la ruta 97, la cual se dijo en audiencia no estaba activa cuando se ordenó la gratuidad, motivo por el cual Fiscalía pidió que fuera sobreseído.

«Ellos (Fiscalía) mismos reconocen que ya no estaba esta ruta, ya no estaba operando y por esa razón ha solicitado el sobreseimiento en este caso», expresó el abogado Carlos Meléndez.

Alfredo Callejas, abogado de Nelson David Moreno de la ruta 79, explica que el delito de incumplimiento de deberes -a su criterio- no se configuró de parte del empresario que defienden, porque constan videos que los buses si salieron de su punto.

Previo a la audiencia, el presidente de la Mesa Nacional de Transporte, Alexander Sorto dijo que «confiamos en el sistema que vamos a salir todos absueltos de esta causa».

El origen

El domingo 4 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez pospuso en una conferencia de prensa la reapertura de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros para el día 11 del mismo mes, la cual prevista para el día 5, debido al colapso de un talud el 29 de abril de 2025, dejando inhabilitada la vía.

Ante ello, el presidente Nayib Bukele ordenó que del 5 al 11 de mayo el servicio de transporte colectivo debía ser gratis, como una medida de apoyo por el cierre del tramo de Los Chorros.

Posteriormente, el mandatario también ordenó a la PNC capturar a los transportistas que se negarían a brindar el servicio de transporte gratuito y que el Estado destinó $12 millones para cubrir el servicio.

Durante el cierre de Los Chorros el Área Metropolitana de San Salvador sufrió de severas complicaciones viales, además de saturación de usuarios del transporte colectivo en diferentes paradas de autobuses del país.

El juicio en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, acusada de apropiación o retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes seguirá hasta la próxima semana.

La suspensión de la vista pública para lo que resta de la semana ocurrió debido a la búsqueda de un testigo que está propuesto por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de sus pruebas, según la oficina del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que conoce el caso.

Ante ello, la nueva fecha está prevista para el próximo lunes 26 de mayo a las 8:30 de la mañana.

El juicio en contra de la exedil inició el 23 de abril de 2025, y desde entonces se ha presentado la declaración de peritos financieros y exconcejales de la comuna que han declarado sobre las finanzas durante la gestión de Nercy Montano.

En las últimas audiencias, un exconcejal testificó que en la gestión de Montano había gastos excesivos como la contratación sin justificación de personal y el elevado monto aprobado para las festividades. Detalló que autorizaron $800,000 para las fiestas patronales y $150,000 por la presentación de un artista internacional en las festividades patronales, pese al contexto de impago que afectaba a los trabajadores municipales.

Además, dijo que en reuniones del Concejo Municipal se propuso un préstamo rotativo por $500,000 para hacer frente a la situación financiera de la comuna, pero nunca se concretó un acuerdo.

A la exalcaldesa se le procesa por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social y negociaciones ilícitas.

La Fiscalía sostiene que la exalcaldesa de Soyapango realizó malversaciones de fondos por $271,760.43, recursos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población.

Junto a ella, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires, por falsedad ideológica y negociaciones ilícitas; y en calidad de ausentes, la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano; el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez y el exgerente financiero, Francisco Hernández, por cargos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios.

La Fiscalía ha documentado que los impagos a los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, provocando protestas de trabajadores sindicalizados. Se espera que más de 100 testigos, entre empleados y exempleados, testifiquen durante el proceso.

Montano fue capturada el 28 de diciembre de 2023, dentro de la comuna, luego de varios días de protestas por parte de los sindicatos que exigían el pago de salarios, bonos y aguinaldos atrasados.

El abogado Jaime Ramírez Ortega, experto en derecho penal, señaló este jueves que el proceso de acusación en contra de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, debería cumplirse en 72 horas, luego de su captura y no extenderlo bajo el plazo de 15 días del régimen de excepción.

El abogado Ortega indicó que el plazo de detención de 15 días que permite el régimen de excepción solo se puede aplicar a un delito relacionados con actos de terrorismo o pandilas, y no a un delito «común» como peculado, que su plazo ordinario es de 72 horas, es decir tres días.

“De acuerdo a la Constitución y de acuerdo al decreto que vincula al régimen de excepción dice que solamente se le puede aplicar lo que es el régimen de excepción, es decir el plazo de la detención a aquellos delitos vinculados a actos de terrorismo, pandillas, entre otros por lo tanto este que es un delito común; por peculado -en consecuencia- no estaría entrando ella en ese proceso”.
Jaime Rodríguez Ortega,
Abogado penalista.

En ese sentido, el abogado manifestó que la Fiscalía «estaría obligada» a presentar este jueves el requerimiento de acusación formal en contra de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

“Fiscalía estaría obligada a presentar el día de hoy el requerimiento fiscal para que puedan intimar a Ruth en el juzgado, los delitos que se le imputan y posteriormente decida el juez, presentando el requerimiento que si la puede dejar libre en este contexto o simplemente señala para días después lo que se la audiencia especial de imposición de medidas”, detalló.

De no cumplir con ello, sostuvo que se le estaría aplicando el plazo del régimen de excepción, lo que considera que “dista mucho de lo que habla la Constitución, que no se le puede aplicar a los delitos comunes el plazo del régimen de excepción que son los 15 días, por lo tanto estaría obligada la Fiscalía a plantear el día de hoy el requerimiento fiscal”, dijo Ortega.

La abogada Ruth López fue capturada la noche del domingo 18 de mayo, en su vivienda por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y permanece recluida en la División de Tránsito de la corporación policial desde la tarde del pasado lunes. La Fiscalía General de la República (FGR) la ha señalado del delito de peculado en publicaciones de redes sociales.

El miércoles, la organización Cristosal informó que uno de los abogados defensores de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia, logró visitarla luego de tres días de su detención.

El delito

Por otra parte, el abogado señaló que el delito de peculado por el cual fue capturada Ruth Lopez, hace énfasis en el manejo indebido o apropiación de los fondos del Estado por parte de un funcionario público, y por lo tanto no podría ser aplicado en este caso.

“Los verbos rectores que establece el Código Penal (para) poder probar el peculado, significa que una persona que trabaja con el Estado y tiene la potestad de fondos públicos es capaz de manejarlos a discreción y apropiarse de ellos, eso es como lo establece la ley”.
Jaime Rodríguez Ortega,
Abogado penalista.

El artículo 325 del Código Penal de El Salvador establece que “el funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho será sancionado de 6 a 15 años de cárcel”.

Ante ello, el abogado agregó que “hasta lo que tengo entendido que la licenciada Ruth López nunca manejó fondos públicos, nunca se le asignó para que ella manejara fondos públicos, sino lo que ha ocurrido justamente es que ella fue asesora de uno de los magistrados de aquel entonces del Tribunal Supremo Electoral.

La Fiscalía la señaló de presuntamente haber colaborado en la sustracción de fondos del Estado, cuando fue asesora del expresidente y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, quien fue hallado responsable de enriquecimiento ilícito en un proceso civil y ahora es acusado por el mismo delito de forma penal.

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador ordenó, este jueves, en audiencia inicial que Fernando Josué Gálvez Manzano, de nacionalidad hondureña, acusado del delito de robo permanezca en prisión provisional mientras continúa el proceso penal en su contra.

Gálvez Manzano fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el 28 de abril de 2025, luego que asaltará a una mujer, mientras transitaba por la calle Toluca, de la colonia Miramonte, en San Salvador.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad que había en la zona y fue difundido en redes sociales. En el video se muestra el momento en que el imputado forcejea con la mujer y roba sus pertenencias.

Fernando Josué Gálvez Manzano, el hondureño que fue capturado por robo, aseguró hoy que fue «obligado». Está por cumplir dos años de estar en el país.
Video de Dania Quehl. https://t.co/oUetsBEdgw

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) May 22, 2025

Posterior a la detención, la Fiscalía General de la República (FGR) junto a la policía allanaron la vivienda del acusado con el fin de recolectar evidencias que lo conecten con el crimen.

El juzgado determinó mantener la medida de detención provisional, debido a que existen suficientes indicios del delito. El proceso pasará a la fase de instrucción mientras continúa la investigación.

Gálvez Manzano se limitó a decir a la prensa que fue «obligado» por otra persona a cometer dicho delito.

«Fui obligado, otra persona me obligó», declaró y aseguró que la persona que presuntamente lo obligó lo conoció en un sitio de bebidas alcohólicas.

Además, dijo que estaba próximo a cumplir dos años de residir en el país y que es oriundo de San Pedro Sula.

Durante los primeros 20 días de mayo, El Salvador ha experimentado una disminución de hasta 3.1 grados Celsius en la temperatura máxima promedio, en comparación con el mismo periodo de abril, revelan los registros oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Según el Marn, la temperatura promedio máxima entre el 1 y el 20 de abril alcanzó los 39.9 °C, mientras que en el mismo intervalo de mayo descendió a 36.8 °C. Esta baja ha representado un alivio para la población, tras varios días de calor extremo registrados el mes anterior.

En abril, al menos 10 días presentaron temperaturas superiores a los 40 grados, destacando el 19 de abril con 43.3 °C y el 20 con 42.5 °C, ambos en San Miguel. En contraste, mayo ha mostrado temperaturas más moderadas, con solo ocho días alcanzando entre 37 y 39 °C, siendo el valor más bajo del año los 34 °C reportados el 2 de mayo en La Unión.

Los departamentos de San Miguel y La Unión se han mantenido como los más cálidos en lo que va del año, con temperaturas que han oscilado entre los 34 y 43 °C. El 20 de mayo, La Unión marcó el pico más alto con 35.6 °C, seguido por Puente Cuscatlán, entre San Vicente y Usulután, con 35.5 °C.

Otras zonas con registros destacados incluyen Nueva Concepción, Chalatenango (35 °C), Santa Rosa de Lima, La Unión (34.6 °C), Santa Cruz Porrillo, San Vicente (34.4 °C) y San Miguel (34.3 °C). Todas estas cifras son relativamente bajas en comparación con las olas de calor anteriores que superaron los 40 °C.

Aunque el Marn no ha emitido una explicación específica sobre esta disminución, expertos señalan que podría estar vinculada al inicio de la transición hacia la época lluviosa, caracterizada por mayor nubosidad y lluvias. El ministerio anticipa que el primer temporal del año se producirá entre finales de mayo y junio, siendo Chalatenango una de las zonas más propensas a acumulaciones por encima del promedio.

Sin embargo, también se prevé una sequía “moderada a fuerte” durante la canícula, en la segunda quincena de julio, un periodo que suele afectar negativamente los cultivos por la falta de lluvias.

A ello se suma un aviso del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA), que advierte sobre la posible formación de un ciclón al sur de la costa mexicana entre el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. El fenómeno presenta un 30 % de probabilidades de desarrollo en los próximos siete días.

La temporada de huracanes en el océano Atlántico comenzará oficialmente el 1 de junio, mientras que en el Pacífico Oriental inició el pasado 15 de mayo.

Un tribunal de Cabañas condenó a 18 años de prisión a Óscar Adilio Gámez Leiva por estafa agravada, tras haber engañado a nueve personas con la falsa promesa de gestionar visas de trabajo hacia Estados Unidos y Dubái, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, determinó que Gámez Leiva cobró $2,500 a cada víctima con el argumento de representar a la supuesta empresa International Labor and Service, encargada del trámite migratorio. Los hechos ocurrieron desde octubre de 2018 en distintos puntos del departamento.

Según la Fiscalía, el condenado se aprovechó de la confianza de los afectados y se apropió del dinero sin realizar ningún trámite migratorio.

“El imputado se aprovechó de la buena fe de nueve personas y se benefició del dinero que recibió de las víctimas con la falsa promesa de facilitarles una visa de trabajo en el extranjero”, señaló la institución fiscal.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que confirmaron la responsabilidad penal de Gámez Leiva, quien ya cumple su pena en un centro penitenciario del país.

Además de la condena, el tribunal ordenó que Gámez reintegre un total de $22,500 a las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

En el mismo caso fue procesado Joel Antonio Calles Bonilla, colaborador de Gámez Leiva, pero fue sobreseído en dos expedientes debido a que las víctimas no comparecieron ante el tribunal. En otro proceso logró conciliar con los afectados, por lo que finalmente fue absuelto de cargos.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 25 años de cárcel a cuatro miembros de la pandilla Barrio 18 revolucionarios, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de una persona en agosto de 2021.

Los procesados fueron identificados como Herbert David Mejía Iraheta, José Iván Argueta Rivas, Samuel Aaron García Chicas y Javier de los Angeles Garcia Hernandez, quienes tenían rangos de corredor de cancha, gatillero y soldado en dicha estructura delincuencial.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el crimen se cometió el 2 de agosto de 2021. La víctima se dedicaba al reparto de mercadería y fue interceptada por los imputados cuando llegó a entregar un medicamento para control de una enfermedad crónica.

“Luego lo privaron de libertad, lo golpearon y lo introdujeron a un callejón en donde le dispararon hasta matarlo. Luego, los criminales se dieron a la fuga”, detalló la Fiscalía.

Tras las pruebas el tribunal declaró culpable a los imputados del delito de homicidio agravado en su calidad de coautor.

Mejía Iraheta y Argueta Rivas están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Mientras que García Chicas y García Hernández fueron procesados en calidad de ausentes y fueron declarados rebeldes.

En otras condenas, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas impuso una sentencia de 50 años de prisión para un pandillero de la MS-13 por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en el año 2017.

El procesado identificado como Juan José Moreno Cruz Moreno Cruz cometió el crimen en el mes de julio de 2017 en el kilómetro 65 de la carretera que de Ilobasco conduce al distrito de Sensuntepeque, ambos de Cabañas, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

“El pandillero se acercó a la víctima y tras intercambiar un par de palabras le disparó hasta matarlo”, mencionó la representación fiscal.

La FGR aseguró que Moreno Cruz cumple otra condena de 42 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos personas, en el año de 2019.

La

Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, en La Libertad instaló, el martes, la audiencia preparatoria en contra del Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana y su esposa, Yanira Violeta Flores de Jenkins, a quienes se le acusa de enriquecimiento ilícito por más de $284,000.

“En esa audiencia se va a proveer los medios de prueba que se están ofertando y se van a realizar los actos iniciales de fijar las pretensiones u se esperaría el señalamiento de la audiencia de prueba”, indicó el fiscal del caso.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), a Jenkins Lorenzana se le acusa de 12 irregularidades en los rubros de depósitos bancarios en efectivo, cheques ajenos y propios en cuentas corrientes y de ahorro, pago de préstamos y tarjetas de crédito por un monto de $282,149.94. Mientras que a su cónyuge, Yanira de Jenkins se le procesa por dos irregularidades por un monto de $2,800 en depósitos a cuentas bancarias.

En total, a ambos procesados se les encontraron 14 irregularidades que suman $284,949.94. “A estas personas se les está reclamando una serie de irregularidades que no pudieron justificar en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el fiscal del caso.

Jenkins Lorenzana, fungió como director ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), en el período comprendido del 2 de enero de 2006 al 16 de marzo de 2010. La Fiscalía solicita a la Cámara que conoce el proceso civil que Jenkins Lorenzana y su esposa reintegren al Estado los fondos ya mencionados y que, además, se inhabilite al exfuncionario para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.

Los 12 empresarios del transporte público de pasajeros que fueron detenidos hace dos semanas por presuntamente negarse a brindar el servicio gratis,

fueron liberados la noche del lunes por orden del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, previo a la instalación de la audiencia inicial.

La liberación de los transportistas ocurrió horas después que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento de acusación en contra de los imputados, a quienes se les atribuyen los delitos de incumplimiento de deberes y peculado.

El abogado defensor de uno de los transportistas explicó a Diario El Mundo que el juez otorgó la liberación de los acusados, debido a la solicitud de la representación fiscal de dar medidas sustitutivas a la detención.

“Fiscalía cuando presenta un requerimiento puede pedir la detención de las personas y en audiencia el juez decide si las personas quedan detenidas o no; o puede ser que la Fiscalía está pidiendo medidas (sustitutivas) para las personas al momento de presentar el requerimiento y cuando es de esa forma, el juez debe ordenar la liberación de esas personas y convocar después a la audiencia”, manifestó el abogado.

Diario El Mundo también consultó con la Mesa Nacional de Transporte sobre las liberaciones y fueron confirmadas.

La audiencia está programada para el viernes 23 de mayo a las 9:00 de la mañana, en la cual está prevista la asistencia de los acusados, donde se determinará si el proceso judicial en su contra procede a una nueva etapa, así como las medidas para los imputados.

Acusación

Según el Ministerio Público Fiscal, los transportistas se negaron a sacar sus unidades pese a que el servicio de transporte había sido subsidiado por el Estado, tras una orden del presidente Nayib Bukele en respuesta al cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

“La detención en flagrancia se realizó porque los días 5, 6 y 7 de mayo estos empresarios no prestaron el servicio de forma regular, siendo un servicio público y subsidiado”, informó la FGR.

La Mesa Nacional de Transportes confirmó la identidad de los transportistas liberados, los cuales fueron publicados por la Policía Nacional Civil (PNC) al momento de sus capturas.

1. Genaro Isaac Ramírez Barrera, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).
2. Alexander Sorto, representante de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205.
3. José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202.
4. Nelson David Moreno, de la ruta 79.
5. Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín.
6. Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa.
7. Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa.
8. Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango.
9. José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango.
10. Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión.
11. Nelson Saúl Villalta Platero, de la ruta 29, Acopac.
12. Julio Ovestes Mirón Escobar, quien es empresario de las rutas 47 y 48.

La Mesa Nacional de Transporte denunció la detención de los empresarios, así como el fallecimiento de Roberto Jaco, el 12 de mayo, cinco días después de su captura. El empresario era el encargado de las rutas 201 y 50, del occidente del país.

El domingo 4 de mayo, el presidente Nayib Bukele ordenó que del 5 al 11 de mayo el servicio de transporte colectivo debía ser gratis, como una medida de apoyo por el cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

Posteriormente, el mandatario ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar a los transportistas que se negarán a brindar el servicio de transporte gratuito y reveló que el Estado destinó $12 millones para cubrir el servicio.

El cierre del tramo de Los Chorros ocurrió tras un deslizamiento el 29 de abril y permaneció así hasta el 11 de mayo, cuando fue habilitada la vía. Durante el cierre el Área Metropolitana de San Salvador sufrió de severas complicaciones viales.

Un exconcejal municipal declaró el lunes que la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, autorizó $800,000 para las fiestas patronales a finales de 2022, a pesar de la severa crisis financiera que enfrentaba la comuna.

La afirmación fue vertida durante el juicio que se desarrolla en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

En su testimonio, el exfuncionario calificó de excesivos los gastos realizados por la administración de Montano, destacando la contratación sin justificación de personal y el elevado monto aprobado para las festividades. Según explicó, el número de empleados municipales aumentó de unos 1,400 a cerca de 1,800 en un corto período.

Además, relató que dentro de los gastos, se incluyó un pago de $150,000 por la presentación de un artista internacional en las festividades patronales, pese al contexto de impago que afectaba a los trabajadores municipales.

El exconcejal señaló que la crisis financiera de la comuna “no se solventó en su totalidad”, ya que persistía una administración marcada por la incertidumbre y los gastos innecesarios. Añadió que se propuso un préstamo rotativo por $500,000 para hacer frente a la situación, pero nunca se concretó un acuerdo.

Por su parte, el abogado defensor de Montano, Miguel Ángel Cárcamo, aseguró que “a la fecha no hay ninguna deuda exigible de ese retraso”, y que todas las deudas salariales, retenciones y préstamos a empleados ya fueron saldadas. “Todos los salarios ya fueron pagados”, insistió Cárcamo.

Nercy Montano enfrenta cargos por apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción a condiciones laborales y negociaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República la acusa de malversar $271,760.43, fondos públicos destinados a proyectos comunitarios.

Junto a ella, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires, por falsedad ideológica y negociaciones ilícitas; y en calidad de ausentes, la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano y el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez. El exgerente financiero, Francisco Hernández, también enfrenta cargos por actos arbitrarios, entre otros delitos.

La Fiscalía ha documentado que los impagos a los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, provocando protestas de trabajadores sindicalizados. Se espera que más de 100 testigos, entre empleados y exempleados, testifiquen durante el proceso.

Montano fue capturada el 28 de diciembre de 2023, dentro de la comuna, luego de varios días de protestas por parte de los sindicatos que exigían el pago de salarios, bonos y aguinaldos atrasados.