Autor: Dania Quehl

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador una acusación formal contra 12 empresarios del transporte colectivo, capturados durante la semana del servicio gratuito implementado entre el 5 y el 11 de mayo.

La acusación, realizada 15 días después de las primeras detenciones, incluye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, aunque la FGR solicitó medidas sustitutivas a la detención para los implicados.

Según el Ministerio Público, los transportistas se negaron a sacar sus unidades pese a que el servicio de transporte había sido subsidiado por el Estado, tras una orden del presidente Nayib Bukele en respuesta al cierre del tramo Los Chorros de la carretera Panamericana.

“La detención en flagrancia se realizó porque los días 5, 6 y 7 de mayo estos empresarios no prestaron el servicio de forma regular, siendo un servicio público y subsidiado”, informó la FGR.

Diario El Mundo solicitó al tribunal los nombres de los imputados, sin embargo, la información no fue proporcionada.

No obstante, la Policía Nacional Civil (PNC) publicó la identidad de 12 de los detenidos, entre ellos Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), y Alexander Sorto, representante de la Mesa Nacional de Transporte.

También figuran en la lista: José Alejandro Arriaza (ruta 202), Nelson David Moreno (ruta 79), Abel Reina (rutas 125 y 140), Napoleón Cárcamo López (ruta 38), Ángel Monroy Cabrera (ruta 38-D), Rutilio Guardado Ferrer (ruta 49), José Roberto Cuéllar Parada (ruta 41-D), Wuillian Flores Escobar (ruta 54), Nelson Villalta Platero (ruta 29) y Julio Mirón Escobar (rutas 47 y 48).

Durante la semana en que se ofreció el servicio gratuito, la Mesa Nacional de Transporte denunció la detención de al menos 16 empresarios, aunque la PNC solo confirmó 12 arrestos. Uno de los detenidos, Roberto Jaco, encargado de las rutas 201 y 50, falleció el 12 de mayo, cinco días después de su captura.

Tras las detenciones, el presidente Bukele criticó públicamente a los empresarios y reveló que el Estado destinó $12 millones para cubrir el servicio de transporte gratuito. El cierre del tramo Los Chorros ocurrió tras un deslizamiento el 29 de abril y fue reabierto el 11 de mayo, luego de generar severas complicaciones viales en el área metropolitana.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador reanudó, este viernes, el juicio en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez y cuatro exempleados municipales con la declaración de perito financiero, relacionado a una adjudicación de un contrato para la recuperación de fondos municipales.

“Es una perito de la Corte de Cuentas de la República que realizó con otra profesional de esa misma institución, una pericia financiera es decir que fueron a revisar la documentación que se les presentó de parte de la Fiscalía para poder llegar a la conclusión si la adjudicación a la sociedad Lex Support cumplía o no con los requisitos legales”, indicó Miguel Ángel Cárcamo, abogado de la exalcaldesa.

En la diligencia del día, la perito declaró sobre la adjudicación del contrato dado a la empresa Lex Support, en la cual figuraba como representante legal, Ricardo Roque Baires, ahora procesado en el mismo caso.

Con dicha contratación se proyectaba la cancelación de mora de la alcaldía de Soyapango.

Ante ello, el abogado defensor de Montano sostiene que no existen irregularidades en el desarrollo del proceso administrativo de contratación, ya que se debe lograr un acuerdo con el Concejo Municipal.

“Se está tratando que explique si fue una decisión de concejo, porque estamos hablando de que las decisiones de concejo son colegiadas son varias personas las que deciden no solamente la alcaldesa.

Todas las decisiones que se tomaban eran las decisiones del concejo, una decisión no solo depende del alcalde o alcaldesa, sino que necesita la mayoría del concejo para ser avalada”.

Cárcamo dijo que el monto a recuperar era de $5 millones, según lo pactado con la empresa contratada, sin embargo, indicó que solo se recuperó alrededor de $867,499.96, por lo que solo se dió el pago de $187,530.12.

“Si la empresa no recupera ni cinco, no recibe ni cinco, si la empresa que gasta $100,000 en recuperación no recupera nada. Se pactó un porcentaje del 24.97 % sobre lo que se recupera, sino que únicamente se le iba a pagar a la empresa si esta tenía resultados”, explicó.

Por su parte, Carlos Meléndez, abogado defensor de Roque Baires consideró que la perito pudo haber omitido información relevante sobre el procedimiento de licitación y contrato, que a su juicio podría afectar la objetividad de su testimonio.

“Lo que no dice la perito es cuánto fue el monto a recuperar y contratado, y no dice que fueron dos empresas que fueron contratadas simultáneamente para la recuperación de $5 millones, en ese sentido, es bien desleal la parte de la perito no hacer relevancia a ese punto. No hay ninguna ilegalidad, el mismo concejo municipal contrató y avaló a la empresa que era la mejor oferta”, dijo Meléndez.

En el desarrollo del juicio la Fiscalía General de la República (FGR) prevé la declaración de más de 100 testigos, entre ellos trabajadores y exempleados de la municipalidad, quienes aseguran se vieron afectados con el impago de salarios.

Acusación

A la exedil se le procesa por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social y negociaciones ilícitas.

La Fiscalía sostiene que la exalcaldesa de Soyapango realizó malversaciones de fondos por $271,760.43, recursos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población. Junto a Montano se procesa al abogado Ricardo Roque Baires, por los delitos de falsedad ideológica y negociaciones ilícitas.

A ellos se suman, en calidad de ausentes, la extesorera de la comuna, Ruth Raquel Aguilar de Montano y el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez, acusados de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes y malversación.

Así como el exgerente financiero de la alcaldía, Francisco Hernández, por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios.

Según la FGR, la situación de impago fue expuesta por los trabajadores de la municipalidad de Soyapango, quienes dejaron de percibir sus salarios y el descuento de sus prestaciones en el periodo de septiembre a diciembre de 2022.

Nercy Montano fue detenida la noche del 28 de diciembre de 2023, al interior de la comuna, luego de varios días de protesta de los sindicalistas, quienes pedían se les pagarán sus salarios atrasados, además de un bono y aguinaldo.

El 61 % de los accidentes de tránsito registrados hasta la primera quincena de mayo han ocurrido en los departamentos de San Salvador, La Libertad y San Miguel, según los datos estadísticos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi).

Del 1 de enero al 15 de mayo de 2025, el Observatorio contabilizó un total de 7,540 percances viales, de los cuales 4,638 se identificaron en dichos departamentos, que equivalen al 61.5 %.

Según los datos desagregados del portal, en el departamento de San Salvador se registraron 2,551 accidentes viales, siendo el sector con mayor percances a nivel nacional.

Mientras que en La Libertad se contabilizaron 1,182 y en San Miguel fueron 905, sumando 4,638 accidentes.

Al detallar sobre el número de lesionados por accidentes viales en los departamentos de mayor incidencia, se revela que en la capital se reportaron 1,893 heridos, mientras que en La Libertad fueron 576 y en San Miguel 398.

En el caso de fallecidos, se identificaron 107 decesos en San Salvador, 53 en La Libertad y 39 en San Miguel.

En el otro extremo, el departamento con menor número de accidentes fue Cabañas con 52, seguido de Morazán con 123 y Chalatenango con 163 percances viales hasta la primera quincena de mayo.

El resto de incidentes viales se registraron en los demás departamentos del territorio salvadoreño.

Con respecto al tipo de accidentes de tránsito, se reportan en mayor incidencia las colisiones, seguido de choques, atropellos y vuelcos.

Las principales causas de los accidentes de tránsito registrados en lo que va del año fueron la distracción del conductor con 1,882 incidentes, seguido de la invasión de carril con 1,632 y no guardar distancia reglamentaria con 1,048 percances viales.

Aumento de accidentes

Hasta el 15 de mayo, se contabilizaron un total 7,540 percances viales, los cuales reportan un aumento del 4 % con respecto a los 7,263 que se registraron en el año 2024 al mismo periodo. El promedio diario de accidentabilidad ha sido de 56.

El Observatorio registra hasta dicho periodo 4,709 lesionados en accidentes de tránsito y 440 muertos.

Los peatones han sido las principales víctimas, registrando 178 decesos. El segundo grupo corresponde a los motociclistas donde han muerto 166, en los ciclistas han sido 12 y el resto de muertes han sido mientras se transportaban en vehículo.

La tarde del viernes,
a un aparatoso accidente en el distrito de San Jacinto, en San Salvador luego que un vehículo impactaría contra un microbús de transporte colectivo.

El percance dejó al menos 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidos y traslados a centros asistenciales.

Ese mismo día, en horas de la madrugada una rastra en el bulevar de Los Próceres y dejó una persona lesionada en la zona.

La Dirección de Integración realizará la compra de vales de combos de pollo frito por $12,000, según la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

El documento publicado en el sitio web de Bolpros, señala que la institución pretende comprar 400 vales de pollo frito, cada uno a un costo de $30, que suman un total de $12,000, que serán financiados con fondos del Estado.

En detalle, cada vale deberá ser canjeado por:

12 piezas de pollo (piernas, cuadril, pechuga,alas): el pollo deberá ser de calidad, fresco y cocinado higiénicamente.

6 panes: los panes deberán ser frescos y de buena calidad.

6 porciones de papas fritas pequeñas: las papas fritas deberán ser crujientes y de buen sabor.

5 ensaladas individuales: las ensaladas deberán ser preparadas con ingredientes frescos y de calidad con su depósito individual.

1 refresco de 1.5 litros: el refresco deberá ser una bebida carbonatada de 1.5 litros (cualquier sabor y marca).

Según las indicaciones de la oferta, los vales servirán para los participantes de las actividades de la institución, específicamente como premios de las diferentes rifas que organice la Dirección de Integración en sus diferentes festividades.

Los vales deberán tener una vigencia de un año para poder canjearlos y podrán hacerlo en establecimientos a nivel nacional, por lo que deberán contar con fecha de vigencia, facilidad de uso y aceptación inmediata en los puntos de venta.

Además, indican que en caso de que algún vale no pueda ser canjeado por el usuario final ya sea porque el vale esté deteriorado por manchas, tachaduras siempre y cuando se verifique que sea desperfecto por error de impresión, la empresa deberá reponer el vale al usuario final del vale.

Y en los casos que dicho combo sea para llevar o autoservicio deberá ser entregado en una caja adecuada a la cantidad de productos y bolsa para su traslado con sus respectivos sobres de salsa y servilleta.

La adquisición del producto se realizará conforme a una oferta presentada a través de la página de Bolpros.

El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, en La Libertad revocó la orden de desalojo en contra de los habitantes de la Cooperativa El Bosque, en el cantón El Triunfo, de esa localidad.

La abogada de Socorro Juridico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar confirmó a Diario El Mundo sobre la nueva resolución del juzgado, que ocurre luego que la ministra de Vivienda, Michelle Sol se reuniera con los habitantes del lugar y se comprometiera a ayudarlos.

Son alrededor de 300 familias que el 7 de mayo, recibieron la notificación de desalojo para el 22 de mayo.

Tras conocer dicha resolución, el 12 de mayo residentes de la comunidad participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia presidencial, para pedir ayuda al Gobierno ante la orden de desalojo.

En dicha concentración fue detenido el líder comunitario, Ángela Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), según las imágenes difundidas por medios de comunicación en redes sociales.

Asimismo, se reportó la captura del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez en la afueras de las instalaciones de dicha organización, en la colonia Miramonte de San Salvador.

Posterior a las detenciones, los habitantes de la Cooperativa El Bosque denunciaron la presencia de agentes de la PNC en la comunidad y expresaron temor por su seguridad debido a que mencionaron llegaban en busca de otras personas sin órdenes de captura.

Ante ello, las organizaciones civiles y de derechos humanos realizaron un nuevo plantón en las cercanías de las bartolinas de la policía, conocidas como “El Penalito” en Lourdes, libertad de los dos detenidos a quienes se les acusa por el delito de desórdenes públicos. En el lugar, se visualizó una gran presencia policial, que no permitió el paso para dichas instalaciones.

Tras las capturas, el presidente Nayib Bukele, dijo que los eventos de la noche del pasado lunes fueron debido a “manipulaciones” de organizaciones hacia los residentes de la comunidad y que su objetivo “real” era “atacar el gobierno”.

Por lo que anunció que envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para aplicar un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales.

Un nuevo tratamiento para combatir el cáncer de mama metastásico fue presentado el jueves por la biofarmacéutica AstraZeneca en El Salvador, con el objetivo de extender la calidad y expectativa de vida en pacientes diagnosticadas con esta enfermedad.

El fármaco, denominado Enhertu, combina un anticuerpo terapéutico conocido como Trastuzumab —ampliamente usado en oncología— con el agente quimioterapéutico Deruxtecán, una formulación que permite atacar de forma directa las células enfermas y minimizar el impacto sobre el tejido sano.

“El tratamiento logra mayor sobrevida global, periodos más largos sin enfermedad y un perfil de toxicidad menor en comparación con las terapias convencionales”, explicó el oncólogo Finlander Rosales, al detallar que esta terapia está dirigida a pacientes HER2 positivos, es decir, con sobreexpresión del receptor dos del factor de crecimiento epidérmico humano.

Rosales aseguró que esta nueva fórmula terapéutica ya está disponible en la mayoría de centros especializados en cáncer del país. “Con Enhertu se mejora la respuesta del cuerpo y se reducen los efectos adversos que comúnmente provocan las quimioterapias tradicionales”, destacó el especialista.

Según cifras del Ministerio de Salud, al menos 1,900 salvadoreños fueron diagnosticados con cáncer solo en 2024, mientras que el Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima un promedio anual de 1,500 nuevos casos de cáncer de mama en el país.

Factores hereditarios, el consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, cambios en los hábitos alimenticios y la exposición a contaminación ambiental son algunos de los principales detonantes de esta enfermedad, según el especialista. Además, advirtió que el cáncer de mama puede presentarse desde edades tempranas, por lo que recomendó realizarse chequeos médicos periódicos sin importar la edad.

La presidenta de la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer (Asaprecan), Lisseth Ruiz, afirmó que este tipo de avances son fundamentales para brindar esperanza a quienes enfrentan este diagnóstico.

“El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en el país, y aunque puede curarse si se detecta a tiempo, la mayoría de casos se identifican en etapas avanzadas”, lamentó.

Ruiz también destacó la importancia del acompañamiento psicológico y social durante el proceso.

“No solo se afecta la mujer, sino también su familia y entorno laboral. La atención al cáncer requiere el esfuerzo conjunto del sistema de salud, pero también de la sociedad”, agregó.

Un grupo de unos 20 activistas pidieron este jueves la liberación del líder comunitario José u00c1ngel Pérez y del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, luego que participaran en un plantón, el pasado lunes por el aviso de desalojo de tierras de dicha comunidad.nnLas personas, integrantes de organizaciones civiles, se trasladaron y concentraron a las afueras de las bartolinas de la Policía Nacional, conocidas como “El Penalito” en Lourdes, donde estu00e1n detenidos Henríquez y Pérez, un pastor evangélico y presidente de la cooperativa El Bosque. En el lugar, se visualizó una gran presencia policial, que no permitió el paso para dichas instalaciones.nnLa noche del lunes, un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron en las cercanías de un exclusiva residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas.nnDiversas organizaciones denunciaron el martes la captura de Henríquez y de Pérez tras participar en la concentración del lunes, según las ONG.nn»Vivos se los llevaron, vivos los queremos», «libertad para nuestro compañeros inocentes», gritaron a una sola voz los activistas, a quienes un grupo de aproximadamente 50 policías les cerraron el paso, impidiéndoles llegar hasta la entrada de las bartolinas.nnIngrid Escobar, quien acompañó la actividad y directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH), aseguró que los detenidos son «dos luchadores, defensores y son inocentes» de «cualquier cargo que se les estu00e1; imputando».nn“Lo único que las organizaciones estamos haciendo es pedir por la libertad de Alejando Henríquez, del pastor u00c1ngel Pérez, son luchadores y defensores del pueblo. Queremos justicia y libertad para nuestros compañeros”, manifestó Escobar.nnEl líder de la comunidad u00c1ngel Pérez fue detenido la noche del lunes, mientras se realizaba la concentración frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, donde vive el presidente, Nayib Bukele luego de conocer la orden de desalojo de 300 familias para el próximo 22 de mayo de 2025, ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla.nnMientras que el abogado Alejandro Henríquez fue detenido esta mañana en la afueras de las instalaciones del Foro del Agua, en la colonia Miramonte de San Salvador. A ambos se les acusó por el delito de desórdenes públicos.nnLos habitantes de la Cooperativa El Bosque denunciaron la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y temen por la seguridad de los lugareños, debido a que mencionaron han llegado en busca de otras personas sin órdenes de captura.nn“En la Cooperativa son 300 familias que vivimos adonde vamos a ir, dijo yo, porque no tenemos un terreno o una casa para ir a vivir y estas familias a donde van a ir y por eso hicimos esos plantones”, dijo Rosa Lilian Beltru00e1n, habitante de la comunidad.nnLa noche del 12 de mayo, medios de comunicación comunitarios compartieron a través de redes sociales, cuando agentes de la PNC se acercaron a los habitantes de la comunidad y preguntaron por “los líderes”.nnEn medio de llamados para “platicar” con los voceros de la comunidad, los policías comenzaron a tomar por la fuerza a entre cuatro y cinco hombres que se manifestaban.

El 80% del territorio salvadoreño es vulnerable a desastres naturales y El Salvador no está preparado para enfrentarlos, aseguró este jueves la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR).

«El Salvador no está preparado para atender la gestión integral de riesgo porque no esta implementando la política de gestión de riesgo, no atención a nivel comunitario», manifestó Magdalena Cortez, representante de MPGR.

Según explicó Cortez, el 80 % del territorio salvadoreño tiene una condición de vulnerabilidad y un 90 % de la población está asentada en esas zonas.

De acuerdo con la vocera de la MPGR, el país cuenta con una Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales, aprobada en 2017, sin embargo, esta no es utilizada por las autoridades estatales.

«Es una política muy bien elaborada, una política que contó con la participación de la sociedad civil, pero es una política que está guardada y si está guardada no sirve», aseveró Cortez.

En ese sentido, expuso que en las comunidades, donde más se perciben daños tras fenómenos naturales, son importantes las redes comunitarias de monitoreo, una acción que ha quedado olvidada.

«Había una red comunitaria de monitoreo, esa red ya no existe y al no existir las comunidades no tienen la información a tiempo no hay certeza de que conocen lo que está sucediendo», dijo la vocera de MPGR.

Las redes comunitarias permitían identificar las necesidades de cada comunidad y que tipo de personas habitan y sus diferentes necesidades que son elementales para hacer una atención efectiva.

Piden alerta temprana

Ante ello, la Concentración Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) recomienda a las autoridades estatales a que exista una preparación anticipada a la temporada de ciclones, así como desarrollar sistema de alerta temprana para mitigar los impactos que puedan generar los fenómenos naturales.

«Vamos a tener sequías, vamos a tener huracanes, ciclones, deslaves y los gobiernos se deben preparar, deben tener una acción planificada de los riesgos que enfrentan frecuentemente en la región y que debe haber una preparación y activar sus mecanismos de respuesta», argumentó José Ramón Avila, del CRGR.

La perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) indica que este 15 de mayo inicia la temporada de huracanes para el océano Pacífico, y en quince días en el océano Atlántico.

El pronóstico de los huracanes para el océano Pacífico en este año indica que podrían ocurrir siete tormentas tropicales, cuatro huracanes y tres huracanes más de tipo mayores, es decir de categoría 3, 4, y 5. En total, se proyecta que 14 ciclones tropicales se originen en el Pacífico.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron, este martes, a José Roberto Jaco Carranza, empresario de Seisabus, quien fue detenido la semana pasada por presuntamente negarse a prestar el servicio de transporte gratuito, durante el cierre de Los Chorros.

El cuerpo del transportista fue velado la noche del lunes en Lomas del Tecana, en Santa Ana, donde se reunieron decenas de personas y lamentaron su repentina muerte.

Este martes, sus seres queridos partieron a la Iglesia El Carmen, donde se brindó una misa de cuerpo presente para honrar su memoria.

Sus restos fueron enterrados en el Cementerio Parque Jardín Las Flores, ubicado en la misma ciudad santaneca, y previo a ello, una caravana de unidades de transporte colectivo de la empresa Seisabus y vehículos particulares, participaron en el cortejo fúnebre como muestra de respeto y reconocimiento a su labor.

Jaco era el encargado de las rutas de buses de la 201, que conduce de Santa Ana a San Salvador y de la ruta 50, que transita del centro de Santa Ana al Congo.

La muerte de Roberto Jaco fue anunciada por la Mesa Nacional de Transporte, la mañana del lunes, quien era uno de los 16 transportistas detenidos la semana pasada, luego que el presidente Nayib Bukele ordenara a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar a los transportistas que se negarían a brindar el servicio de transporte colectivo gratis del 5 al 11 de mayo, por el cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

Según mencionó el vocero de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, el empresario de Seisabus fue de los últimos transportistas detenidos y padecía de una complicación de salud que requería un tratamiento permanente, y que pudo ser la causa de fallecimiento. Sin embargo, desconocen de la causa de muerte.

Durante la semana de servicio gratuito se detuvieron al menos a 16 transportistas, pero la Policía Nacional Civil sólo publicó los nombres de 12 empresarios:

Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).

José Alejandro Arriaza, quien es vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán.

Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate,

Nelson David Moreno, de la ruta 79.

Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín.

Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa.

Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa.

Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango.

José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango.

Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión.

Nelson Saúl Villalta Platero, de él la Policía no indicó de qué ruta ni lugar es empresario, pero la Mesa Nacional de Transporte dijo que era de la ruta 29, Acopac.

Julio Ovestes Mirón Escobar, quien es empresario de las rutas 47 y 48.

Tras las primeras capturas el presidente Bukele arremetió en contra de los empresarios del transporte colectivo y advirtió que de seguir afectando al pueblo enfrentarían consecuencias. Posteriormente, informó que pagaron $12 millones a los transportistas por un acuerdo entre ellos para brindar el servicio de buses y microbuses gratis durante la semana pasada.

La carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros permaneció cerrada durante dos semanas, luego que un talud cayera la madrugada del 29 de abril, inhabilitando ambos tramos de la carretera que llevó al caos vehicular en zonas aledañas. El paso fue habilitado la noche del domingo 11 de mayo.

Durante el cierre de Los Chorros, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez dijo que en el tramo hay siete taludes que necesitan ser intervenidos y que su principal misión es bajar la verticalidad e inclinarlos entre 45 y 50 grados para evitar más derrumbes.

Organizaciones de derechos humanos junto a habitantes de la

comunidad El Bosque, en el cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad denunciaron, este martes, las capturas de su líder comunitario José Ángel Pérez y del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, luego que participaran en una manifestación por el aviso de desalojo de tierras de dicha comunidad.

“Lamentablemente, el hecho de que la gente se haya manifestado por esto el día de ayer ha tenido como consecuencia la captura arbitraria de dos miembros de la comunidad, Ángel Pérez, pastor, defensor de derechos humanos y esta mañana (de) Alejandro Henríquez, un abogado de derechos humanos y representante de Reverdes que acaba de ser capturados”.
Ingrid Escobar
Directora de Socorro Jurídico Humanitario.

El líder de la comunidad Ángel Pérez fue detenido la noche del lunes, mientras se realizaba la concentración frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, donde vive el presidente, Nayib Bukele luego de conocer la orden de desalojo de 300 familias para el próximo 22 de mayo de 2025, ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla.

Mientras que el abogado Alejandro Henríquez fue detenido esta mañana en la afueras de las instalaciones del Foro del Agua, en la colonia Miramonte de San Salvador.

De acuerdo con la vocera de Socorro Jurídico, a Pérez y Henríquez los acusaron del delito de desórdenes públicos. En el lugar, mencionó que resultaron lesionados otros dos habitantes identificados como Adolfo Castro y Ernesto Alemán.

Aglutinados frente a la delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla, La Libertad, los habitantes denunciaron que durante la manifestación elementos de la Policía Nacional Civil los atacaron a golpes y con gas pimienta.

“Fuimos violentados no haciendo actos delictivos, sino que simplemente estábamos anunciando nuestra gran desgracia que por otras personas estamos en peligro que nos saquen a la fuerza y no es justo”, dijo uno de los habitantes identificado como Cristofer Toledo.

Otra de las personas que participó en la manifestación pacífica fue María, de 72 años de edad, explicó que el propósito de la actividad era buscar ayuda del presidente Bukele para no perder sus viviendas, sin embargo, dijo que fueron atacados por los agentes policiales.

«Fuimos golpeados, yo soy una de ellas, mi canilla (sic) la tengo hinchada y las costillas también porque cuando no quería caminar a golpes me llevaron. Se llevaron al pastor de la iglesia (Ángel López) porque nosotros pacíficamente estábamos en ese lugar. A los niños les echaron gas pimienta y a nosotros también nos sacaron a puros golpes. A los hermanos (capturados) los han golpeado y a puro golpes se los han llevado”.
María,
Mujer de 72 años que participó en la manifestación.

La mujer agregó: “¿Cuál es el apoyo que vamos a recibir del presidente? si cuando nosotros esperamos una respuesta digna en el cual él nos apoyaba para rescatar nuestras viviendas y manda fuerza militares a echarnos gas pimienta como si fuéramos criminales”.

A ella se sumó otra habitante identificada como Lisbeth, quien lamentó dicha situación y teme por su familia y de sus vecinos, quienes de cumplirse la orden de desalojo no tendrían otro lugar para vivir.

“Necesitamos ayuda, niños sin escuelas, tantos niños que han pedido ayuda y nunca se nos pone a nosotros los pobres a alguien que nos defienda, eso duele porque todos los niños tienen derecho a una vivienda digna. Hay mujeres con niños pequeños que fueron amedrentados, fue una cosa muy fea y no tenemos para donde irnos, son 300 familias sin hogar”, expresó la mujer.

Ante los hechos, Socorro Jurídico y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora condenaron el abuso de autoridad en contra de las 300 familias de la comunidad El Bosque en contra de su derecho de manifestación.

“Fueron reprimidas por la UMO (Unidad de Mantenimiento del Orden) de la PNC (Policía Nacional Civil). Demandamos la libertad de integridad de los líderes comunitarios”, expresó Silvia Navarrete, del Movimiento de la Clase Trabajadora.

El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, La Libertad ordenó el desalojo de las tierras donde al menos 300 habitan en el lugar y que temen perder sus viviendas.