En el segundo día de juicio en el caso Santa Marta, por el presunto asesinato de una mujer identificada como María Inés Leiva Alvarenga en 1989, dos de sus hijos y un testigo protegido comparecieron ante el Juzgado de Sentencia de San Vicente para declarar sobre los hechos ocurridos en los días de su captura y muerte.
Los hijos identificados como Sandra Luz y Abel Antonio Leiva Alvarenga testificaron que el 22 de agosto de 1989, María Inés fue sacada de su vivienda alrededor de las 9:00 la noche, luego que se negara a asistir a una reunión convocada por la guerrilla ubicada en el cantón Santa Marta, en Cabañas.
Según su relato, presenciaron cuando un hombre identificado como Victor González Rodríguez, ya fallecido, tocó la puerta de la casa y acompañado de Miguel Ángel Pichinte y Arturo Serrano (imputado) sacaron de la casa a su madre, siendo golpeada y llevada a otro lugar.
«La han sacado a puros golpes y se la llevaron golpeada con los fusiles. Mi mamá gritaba y decia: ‘no me golpeen’ y más la golpeaban», dijo Abel Antonio.
Sus hijos señalaron que dichas acciones fueron porque su madre fue acusada por la guerrilla de la zona de ser supuestamente informante del Ejército nacional, motivo por el cual, fue llevada a un campamento, donde fue vista por última vez.
Sandra Luz afirmó que, junto a su abuelo y su tío, siguieron a los captores y logró ver a su madre atada y vendada. Sin embargo, fueron amenazados por los presuntos responsables y obligados a retirarse.
Quince días después, durante un «mitín» (concentración) realizada por la guerrilla en la plaza de la comunidad, los combatientes informaron que no entregarían a María Inés porque le habían quebrado «las patas» (las piernas), siendo asesinada.
Ambos hijos manifestaron que cuando sucedieron los hechos tenían 9 y 13 años de edad.
«Pido que se haga justicia porque no ha sido fácil quedar chiquitos. Nos hizo falta el amor de madre y yo lo que pido es justicia, que paguen porque fueron ellos».
Sandra Leiva, hija de víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de asesinar María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
Testigo protegido
Posteriormente, se procedió con la declaración de un testigo con régimen de protección con clave «Soriano», quien dijo que la guerilla acusó a María Inés de ser informante del Ejército y fue llevada a un campamento en la Hacienda El Guayabal, paso 15 días donde fue torturada.
«Ella no decía nada. Le daban patadas en los pies y pasó 15 interrogándola «Chico» Montes para sacarle la verdad», dijo el testigo.
Posterior a ello, un combatiente conocido como «Joelito» asesinó a la mujer por orden del comandante segundo al mando, identificado como Chico Montes.
El testigo dijo que la víctima murió por un disparo, sin embargo, manifestó que no vió el cadáver, sino que solo escuchó cuando sonó el disparo del arma.
Resaltar que el testigo afirmó que los hechos fueron en septiembre de 1989, periodo que difiere con el señalado por la representación fiscal, en su acusación, al decir que el crimen ocurrió en agosto del referido año.
El testigo protegido también declaró en el primer juicio celebrado en octubre de 2024, en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas.
«Nuestro criterio es que hay contradicciones insalvables y continúa la vista pública con las pruebas de cargo».
Pedro Cruz, abogado defensor.
La defensa ofertó un documento que acredita que la víctima María Inés falleció el 22 de agosto de 1987, dos años antes de la acusación de Fiscalía.
Testigo hóstil
Otro de los puntos abordados en la diligencia del miércoles fue una información mencionada por la hija de la víctima, Sandra Leiva.
Esta corresponde a que dos de sus hermanos menores, que ahora viven en Estados Unidos, recibieron mensajes de audio de una persona de nombre Gladys Beltrán, en el cual ella decía saber la ubicación del cuerpo de su madre y que se las daría a cambio de una cantidad de dinero.
Dicho dato fue proporcionado a un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante este nuevo hecho, la Fiscalía dijo que desconocía la información.
Entre los testigos ofertados en el juicio estaba una mujer de mismo nombre (Gladys Beltrán). Ante ello, los jueces ordenaron por oficio tomar su declaración para esclarecer si se trataba de la misma mujer. Sin embargo, en su interrogatorio no se determinó si era o no la misma mujer.
«El interrogatorio está a cargo de Fiscalía, de extraerle esa información al testigo y Físcalía nunca le preguntó de esos audios y la defensa también prescindió del testigo», agregó la abogada de la defensa, Carolina Herrador.
El juicio seguirá este jueves con la declaración de testigos, entre ellos se espera que testifique el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, quien pertenecía a la guerrilla en el conflicto armado y quien ya atestiguó en el primer juicio.
El juicio se desarrolla en ausencia de los procesados, quienes decidieron no presentarse, al asegurar que el proceso no tiene garantías procesales. El Tribunal los ha declarado rebeldes.
