Autor: Dania Quehl

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registra más de 7,000 accidentes de tránsito en El Salvador en lo que va del año 2025, según el portal de estadísticas que dirige el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).

Del 1 de enero al 7 de mayo del presente año, se contabilizaron un total 7,037 percances viales, los cuales reportan un aumento del 3% con respecto a los 6,802 que se registraron en el año 2024 al mismo periodo. El promedio diario de accidentabilidad ha sido de 55.

El número de personas lesionadas reflejó un incremento, en lo que va del año se reportaron 4,393, mientras que en 2024 al mismo periodo se contabilizaron 4,080, es decir 313 casos más, que corresponde a un alza de 8 %.

Con respecto a los fallecidos en accidentes viales, los datos oficiales mostraron una reducción de un 13 %, ya que hasta el 7 de mayo de 2025 se registraron 407, mientras que en 2024 fueron 466.

Entre el número de fallecidos, el Observatorio señala que los peatones han sido las principales víctimas, registrando 164 decesos. El segundo grupo corresponde a los motociclistas donde han muerto 152, en los ciclistas han sido 11 y el resto de muertes han sido mientras se transportaban en vehículo.

El Observatorio señala que los adultos en edad productiva son los más vulnerables a morir a causa de un accidente vial, dicho grupo alcanzó 289 del total de las muertes, seguido de los adultos mayores con 99 fallecidos y el resto corresponden a menores de edad.

Las principales causas de los accidentes de tránsito registrados en lo que va del año fueron la distracción del conductor con 1,753 incidentes, seguido de la invasión de carril con 1,521 y no guardar distancia reglamentaria con 918 percances viales.

Los departamentos de San Salvador, La Libertad y San Miguel son los que reportan más accidentes de tránsito con 4,017, que equivale al 57 % del total de percances viales notificados en lo que va del año.

En el caso de los motociclistas, el Observatorio indica que hasta el 7 de mayo de 2025, se contabilizaron 1,456 accidentes de tránsito en dicho grupo de conductores, los cuales reflejan un aumento del 14 % con respecto al 2024, cuando se registraron 1,272, es decir 184 percances más.

Los lesionados en moto también reportan un incremento del 18 %, debido a que en lo que va del año se registran 1,375 personas atendidas en accidentes, frente a 1,167, una diferencia de 208 motociclistas heridos en carretera.

De igual forma que los automovilistas, la distracción del conductor es la principal causa de accidentabilidad de los motociclistas.

El presidente de la ruta 26 de transporte colectivo, Mario Salmerón, afirmó este jueves que el pago de compensación económica por brindar el servicio gratuito ya fue depositada y desmintió supuestas acusaciones en su contra difundidas en redes sociales.

«Quiero hacer la aclaración sobre una noticia falsa que se ha generado en las redes sobre el manejo de los fondos que el Gobierno ha depositado para el transporte gratis de los siete días en la cual a mi se me está acusando de que yo he sustraído esos fondos y que los empresarios de la ruta 26 se han quejado de que no han recibido ese dinero», declaró Salmerón en una conferencia de prensa en la Terminal del Sur.

El empresario de la ruta 26, que circula de San Marcos a San Salvador y viceversa, aseguró que el pago de los fondos para laborar gratis hasta el próximo 11 de mayo fueron depositados el miércoles, el cual fue comprobado en la cuenta bancaria.

«El dinero que se depositó para laborar los días gratis que el Gobierno dio a la población fueron depositados el día de ayer a la ruta 26 comprobables en el banco», expresó.

Salmerón destacó que las unidades de autobuses y microbuses de la ruta 26 circulan sin mayores inconvenientes en el cuarto día del servicio público gratuito, con una frecuencia entre 3 a 4 minutos.

El empresario indicó que actualmente se registran 40 unidades de la referida ruta de transporte colectivo, las cuales el 100 % están en circulación.

«Nosotros como transportistas estamos haciendo todo el esfuerzo posible para poder dar un buen servicio y eficiente y es bastante injusto que gente irresponsable se aproveche de esta situación y estén atacando al sector transporte este tipo de situaciones», agregó.

Ante ello, el presidente de la ruta 26 hizo el llamado a las autoridades a que investiguen las falsas acusaciones en su contra y de los transportistas de la misma ruta. «En este caso no solo es mi persona y yo hago público esto porque se trata de algo delicado, como lo es el dinero que el Estado está dando».

El pasado domingo, el presidente Nayib Bukele dispusó que el servicio de transporte colectivo fuera gratuito del 5 al 11 de mayo, debido al cierre en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros por el deslizamiento de taludes.

Posteriormente, ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) que arrestara a aquellos transportistas que negarán el servicio colectivo.

Hasta la mañana del miércoles,
se contabilizaron 12 dueños de unidades de transporte detenidos y serán procesados por los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC) al momento de las capturas.

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, que Carlos Fernando Vaquero, de nacionalidad nicaragüense y José María Landaverde Callejas, salvadoreño, acusados por los delitos de hurto y receptación, en perjuicio de dos víctimas sigan en prisión provisional.

Según el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos procesados fueron detenidos en flagrancia el 21 de abril de 2025, luego que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueran alertados por una pasajera que se bajó de la ruta 101 D y señaló que dos personas iban asaltando a bordo.

El hecho sucedió en el Paseo General Escalón, en San Salvador, donde los agentes policiales lograron identificar a los sospechosos y ejecutar las respectivas detenciones.

Durante la requisa, a los imputados se les decomisaron seis teléfonos celulares y, presuntamente, arrojaron otros al suelo.

En la audiencia inicial, la jueza consideró que se había establecido la existencia del delito y la probable participación de los imputados, por lo que el caso pasará a conocimiento de un juez instructor.

El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas condenó a 42 años de cárcel a Juan José Moreno Cruz y Víctor Manuel Barrera Amaya, perfilados como miembros de la pandilla MS-13, por el homicidio de dos personas en el año 2019.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR), el crimen ocurrió en el caserío Las Vainillas, cantón Izcatal, del distrito de San Isidro, Cabañas Este, el 18 de enero del año 2019.

«El doble crimen se perpetró en horas de la madrugada en la casa de las víctimas, cuando un grupo de pandilleros, entre ellos Cruz y Barrera, entraron por la fuerza a la vivienda y con armas de fuego les causaron varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.», expuso la FGR.

La representación fiscal destacó que en el desfile de la prueba testimonial, pericial y documental, se demostró la responsabilidad penal del imputado Moreno Cruz, quien fue sentenciado en calidad de reo presente; y de Barrera Amaya, en calidad de ausente.

A ambos, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, les impuso una pena de 42 años de cárcel, 21 años por cada una de las víctimas.

Otras condenas

En otros hechos, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel sentenció a René Isaac Granados Turcios, Kelvin Alexander Viera García y José Alexis Navarro Aguirre, homeboys de la clica Tiny Winy Locos Salvatruchos de la MS-13, por el delito de extorsión en perjuicio de un comerciante de la zona.

Según explicó la Fiscalía, el 6 de noviembre de 2019, dos pandilleros llegaron al negocio de la víctima y lo amenazaron de muerte si se negaba a pagar renta para la estructura pandilleril.

“El comerciante entregó las últimas extorsiones a los pandilleros el 28 de noviembre, el 19 de diciembre de 2020, y el 6 de marzo de 2021. Un empleado de la víctima tomó fotografías a los pandilleros que iban a recoger la extorsión y se logró identificar a los extorsionistas.”, dijo la FGR.

Según el reporte fiscal, en noviembre de 2020 el comerciante denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) quienes le dieron acompañamiento en el proceso.

Por otra parte, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de cárcel a Julio Alberto Navas Valdez y Ricardo Alberto Navas Oliva, miembros de la clica Weden Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatrucha, MS-13, por el delito de extorsión agravada.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los imputados, en nombre de la organización criminal, le exigieron un pago mensual al comerciante, a cambio de no atentar en contra de su vida, la de sus familiares y empleados.

Los hechos se cometieron del año 2019 al 2023, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador.

El tribunal aplicó la máxima pena por el delito que se les procesó y también ordenó a pagar $3,600 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Las rutas de autobuses y microbuses a cargo de los empresarios detenidos esta semana

siguen operando bajo la administración de delegados asignados, informó el miércoles la Mesa Nacional de Transporte, en medio de la crisis por el cierre de la carretera de Los Chorros.

El vocero de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, explicó en una llamada telefónica a Diario El Mundo que se nombró a suplentes para que coordinen el trabajo de las rutas vinculadas con los transportistas arrestados, con el fin de no complicar el servicio de transporte gratuito.

“A cada ruta se le ha puesto un encargado, no están los principales que son los que se han llevado detenidos, pero hay un encargado que está supliendo el puesto de ellos ahorita y con el apoyo de todos nosotros”.
Luis Regalado,
Vocero de la Mesa Nacional de Transporte.

Según explicó, entre las rutas que actualmente están siendo supervisadas por los delegados son de la ruta 202, 79, 38, la 29 de Acopac, que aseguró son rutas para “medulares” en el servicio de transporte público.

“Hemos logrado hablar con los compañeros que están un poco asustados de lo que está pasando, pero hay uno que se ha hecho cargo de cada una de ellas para seguir operando en la normalidad que se pueda”, afirmó Regalado.

Refuerzo de unidades

De igual forma, el representante de la Mesa de Transporte aseguró que tras la demanda de usuarios en las diferentes paradas de buses, han coordinado el apoyo de unidades de otras zonas para reforzar las rutas de los empresarios detenidos, con el objetivo de mejorar el servicio que estaba “un poco frenado”.

“En el caso de Acopac, por las denuncias hay un refuerzo ahorita de 15 unidades adicionales que se le han enviado, en el caso de la (ruta) 101 hay cinco buses que se están reforzando de dos rutas, una de la 102 y otros cinco buses de otras rutas para reforzar”, detalló Regalado.

Asimismo, dijo que la ruta 205 se ha mandado a reforzar con buses de la zona para cubrir los traslados desde Sonsonate hacia San Salvador y viceversa por el tema del congestionamiento que causa el cierre de Los Chorros.

“Hemos logrado introducir aproximadamente 12 unidades de diferentes rutas para que soporten ese espacio y no quede descubierto de la 205”, dijo.

Regalado aseguró que todas las rutas de autobuses y microbuses circulan con normalidad a nivel nacional y que no se reportan inconvenientes.

Hasta la mañana del miércoles, se contabilizaron 12 dueños de unidades de transporte detenidos por presuntamente negarse a brindar el servicio de transporte gratis hasta el 11 de mayo, según ordenó, la noche del domingo, el presidente Nayib Bukele tras el cierre en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros por el deslizamiento de taludes.

Los dueños de las unidades detenidos son:

1. Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS)
2. José Alejandro Arriaza, quien es vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán
3. Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate
4. Nelson David Moreno, de la ruta 79
5. Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín
6. Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa
7. Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa
8. Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango
9. José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango
10. Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión
11. Nelson Saúl Villalta Platero, de la ruta 29, Acopac.
12. Julio Ovestes Mirón Escobar, empresario de las rutas 47 y 48.

A ellos se les remitirá a las instalaciones judiciales por los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC) al momento de las capturas.

El vocero de la Mesa Nacional de Transporte indicó que aún desconocen dónde se encuentran retenidos los empresarios y que lo único que conocen es que están retenidos en las zonas más cercanas de su lugar de trabajo.

El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes), Javier Hernández, aseguró que la asistencia de estudiantes en los colegios ha sido regular, pese al cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

“En su mayoría los padres y madres de familia han buscado de cualquier manera poder llegar presencialmente a un centro educativo. No ha bajado la asistencia presencial, no ha sido como una abrumante rebaja de la cantidad de estudiantes precisamente atendidos”, declaró Hernández en una entrevista a Diario El Mundo.

De acuerdo con el presidente de Acpes, habilitar las clases virtuales ha sido una medida que ha traído “tranquilidad”, ya que si los alumnos no pueden trasladarse al centro educativo, tienen la oportunidad de continuar sus clases desde su hogar.

Según explicó, la mayoría de los centros educativos que han retomado clases virtuales son de los departamentos de La Libertad y San Salvador, donde se concentra al menos un 60 % de los colegios de todo el país, debido al congestionamiento vial que ha causado el cierre de Los Chorros.

El docente señaló que la matrícula escolar en colegios privados ronda los 200,000 estudiantes, de los cuales al menos un 60 % se concentra en La Libertad y San Salvador y son quienes han hecho uso de la modalidad virtual.

“Puedo decir que un poco más de 1,000 estudiantes podrían estar teniendo la opción de la virtualidad como una oportunidad de recibir sus clases, frente a la complicada situación de no poder trasladarse esencialmente a sus centros educativos”.

Javier Hernández,
Presidente de Acpes.

Hernández sostuvo que la modalidad presencial es la mejor opción de servicio educativo que se puede brindar, pero debido al congestionamiento vial que se ha generado por el cierre de Los Chorros, la alternativa de clases virtuales es la opción “más conveniente”.

“Podemos decir que hay alrededor de un número de colegios que no ha hecho uso de la modalidad virtual porque no ha tenido la necesidad de hacerlo, porque tiene el 100% de sus estudiantes atendidos presencialmente”, indicó el presidente de Acpes.

Hernández detalló que algunos de los colegios que han optado por la modalidad virtual han sido de los distritos de Lourdes, Colón, Santa Tecla, San Juan Opico y Ciudad Arce, de La Libertad. Al igual que Ayutuxtepeque, Mejicanos y San Salvador, que pertenecen a la capital.

“Entre más cerca estén de las carreteras intervenidas, más uso de la virtualidad han hecho”, aseguró el docente.

El presidente de la Acpes añadió que los docentes que están atendiendo a los menores en las escuelas, también son los encargados de atender la modalidad virtual.

“Esto quiere decir que en el momento que está dando la clase el maestro en el aula, en ese momento está está dando la clase virtualmente”, subrayó.

El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mineducyt) anunció la implementación de clases virtuales «opcionales» a nivel nacional, hasta el 9 de mayo para los estudiantes de instituciones públicas y privadas que tengan dificultades de traslado, debido al cierre en el tramo de Los Chorros.

Según dijo, desde que se habilitó la opción de clases virtuales, se registró un aumento entre el 25 y 50 % de la inasistencia presencial de los estudiantes, quienes están recibiendo sus clases desde sus hogares.

“Esto quiere decir que si los estudiantes de los centros educativos no asistieron presencialmente con normalidad unos 10 estudiantes, ya en entrada en vigencia de la orden de atenderlos virtualmente se elevó alrededor de unos cuatro o seis estudiantes, esto significa que entre un 25 y 50 % más de la inasistencia normal ha aumentado en los centros educativos”, argumentó.

Ante ello, aseguró que el estudiante puede participar en esa clase desde su casa conectado con una videollamada, a través de la plataforma que disponga el centro educativo.

El tramo de Los Chorros permanece cerrado desde el pasado martes 29 de abril, tras el colapso de un talud de tierra que inhabilitó ambos carriles de la carretera y obligando a los transportistas a tomar rutas alternas.

Exveteranos de la Fuerza Armada aglutinados en el Cuerpo de Oficiales Generales en Situación de Retiro solicitaron, este miércoles, que se aplique el debido proceso para los

tres exmilitares acusados por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 y que “la justicia se aplique de manera imparcial”.

“Nos referiremos al caso específico en que tres soldados veteranos (que) están bajo la mira de la justicia, por hechos no cometidos, por lo que, nos solidarizamos con el general José Guillermo García, el coronel Francisco Antonio Morán y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quienes son señalados de haber cometido delitos, mientras ocuparon altos cargos dentro de la Institución Armada”, se lee en el comunicado publicado por la organización en el periódico El Diario de Hoy.

Los veteranos de guerra se pronunciaron en el marco del día del soldado salvadoreño y semanas previas a que se instale el juicio en contra del exgeneral García y los excoroneles Morán y Reyes Mena, acusados del asesinato de Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper, el 17 de marzo de 1982.

Según el relato consignado en el Informe de la Verdad, los periodistas fueron emboscados en Santa Rita, Chalatenango, por soldados del Batallón Atonal que salían de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, Chalatenango.

Ante la espera del juicio, la organización añadió: “Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva batalla. A la justicia, le solicitamos transparencia, imparcialidad y una resolución apegada a derecho”.

El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María de Chalatenango suspendió la instalación de la vista pública, prevista para el 23 de abril de 2025 y fue reprogramada hasta el próximo 3 de junio.

Los veteranos consideran que existe una campaña de desprestigio en contra la Fuerza Armada, contra unidades específicas, y contra integrantes que aseguraron sirven y han servido en sus filas militares,

“utilizando acusaciones carentes de pruebas, señalamientos sin sustento, críticas vacías, conspiraciones revanchistas sin respaldo y cuestionamientos irracionales”.

Además, sostienen que la Ley de Amnistía decretada para cerrar el conflicto nacional,

nunca debió haber sido derogada, porque dicho instrumento jurídico era “la garantía para no repetir, en nuestro país, un conflicto interno entre nacionales”.

Y que el rol de la Fuerza Armada ha sido fundamental para el “sostenimiento” del Estado salvadoreño. “La historia nacional está llena de muchos héroes, quienes con innumerables sacrificios, han cumplido con el deber, aún a costa de sus vidas. Loor a todos ellos”.

El Juzgado de Paz de Huizúcar de La Libertad ordenó, en audiencia inicial, detención provisional para Ember Baltazar Torres Carranza y Jocelyn Alexandra Reynado Hernández, acusados de hurtar los ahorros de una víctima, por medios informáticos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados se aprovecharon de una persona para sustraer de su cuenta bancaria la cantidad de $3,480.

“Una supuesta persona interesada en comprar del lote, le llamó por teléfono y le dijo que necesitaba el número de su cuenta bancaria para transferir el pago total del terreno. Tras esa llamada, los procesados le manifestaron a la víctima que en su WhatsApp le enviarían un link y códigos para que completara el formulario con sus datos”, detalló la FGR.

Posteriormente, el afectado recibió llamada del banco, donde le manifestaron que se realizaron dos transferencias bancarias desde su cuenta en línea; la primera por $2,000 a la cuenta de Jocelyn Reynado y la segunda por $1,480 a Ember Torres, transferencias que la víctima jamás realizó, aseguró la Fiscalía.

La denuncia se realizó en octubre de 2024, cuando un familiar de la víctima le confió la venta de un terreno en la jurisdicción de Huizúcar, según expuso la representación fiscal.

En la audiencia también se ordenó que pase a fase de instrucción, donde se harán las respectivas investigaciones del delito que se les atribuye a los imputados.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador suspendió, este martes, el juicio en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez y cuatro exempleados municipales, acusados de incumplimiento de deberes en el pago de salarios a trabajadores.

La suspensión del proceso se otorgó tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por asuntos administrativos de la representación fiscal, que dificultará la asistencia de los fiscales a la vista pública.

“El tribunal ha decidido una suspensión de la vista pública en virtud que Fiscalía (General de la República) ha pedido un plazo prudencial de qué están haciendo una cuestión administrativa de traslado de un edificio a otro, entonces las fiscales no están como para dar continuidad a la audiencia”.
Miguel Ángel Carcamo,
Abogado de Montano.

De acuerdo con el abogado de la defensa en la diligencia del martes estaba previsto continuar con el desfile probatorio con las declaraciones de empleados y exempleados de la comuna de Soyapango que han relatado cómo les afectó el impago de salarios.

“Estaba previsto continuar con el desfile probatorio, hay una gran cantidad de testigos que van a venir a declarar entonces es lo que está conllevando bastante tiempo”, dijo el abogado de Montano.

Carcamo indicó que son más de 100 testigos los que han ofrecido la representación fiscalía y de los cuales han declarado entre 12 y 15 personas. Sin embargo, la defensa espera que en el desarrollo de la vista pública se realice una selección de los testigos más relevantes para su intervención.

En el juicio también se ha presentado la declaración de peritos contables, quienes a criterio de la defensa determinan las razones que generó la situación de retraso en el pago de salario de los trabajadores de la municipalidad.

“Las pericias financieras establece que la situación de impago se debió a una mala recaudación en el mes de agosto del año 2022, por ejemplo, la alcaldía tenía proyectada una recaudación de $1,156,000.00 para ese mes de agosto de 2022 y la recaudación solo fue de $32,000, eso generó, según la versión de los peritos que hubiera una caída financiera de la alcaldía de Soyapango y lo que generó la crisis económica y la situación de impago”, explicó el abogado de la exalcaldesa Montano.

Acusación

A la exedil se le procesa por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social y negociaciones ilícitas.

La Fiscalía sostiene que la exalcaldesa de Soyapango realizó malversaciones de fondos por $271,760.43, recursos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población.

Junto a Montano se procesa al abogado Ricardo Roque Baires, por los delitos de falsedad ideológica y negociaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusa de haber recibido $187,530.12 para una supuesta obra municipal.
A ellos se suman, en calidad de ausentes, la extesorera de la comuna, Ruth Raquel Aguilar de Montano y el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez, acusados de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes y malversación.

Así como el exgerente financiero de la alcaldía, Francisco Hernández, por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios.

Según la FGR, la situación de impago fue expuesta por los trabajadores de la municipalidad de Soyapango, quienes dejaron de percibir sus salarios y el descuento de sus prestaciones en el periodo de septiembre a diciembre de 2022.

Nercy Montano fue detenida la noche del 28 de diciembre de 2023, al interior de la comuna, luego de varios días de protesta de los sindicalistas, quienes pedían se les pagarán sus salarios atrasados, además de un bono y aguinaldo.

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador finalizó la audiencia preliminar en contra delexdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales, acusado junto a otras 13 personas por los delitos de lavado de dinero, estafa agravada y peculado.

Según el dictamen fiscal, Reyes es acusado por los delitos de peculado y lavado de dinerose habría apropiado indebidamente de $126,609.13 en concepto de viáticos en exceso cuando era legislador. Además, con apoyo de terceros, habría adquirido de forma fraudulenta bienes raíces del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), provocando un perjuicio patrimonial de $395,317.25 a dicha entidad.

El Ministerio Público también sostiene que entre 2006 y 2019, Reyes incrementó su patrimonio sin justificación por un monto de$472,142.88, lo que constituye uno de los principales elementos para sustentar el delito de lavado de dinero y activos.

Entre los procesados también está el hermano del exdiputado, Earle Reyes Morales, su esposa, Susi Melba Rodríguez, y su exasesor, Byron Enrique Larrazábal. A estos se suman tres exempleados de la Corte de Cuentas, Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Yanira Ruiz, y tres empleados del IPSFA: el gerente general René Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vega Jiménez y Jenny Medina.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de los delitos deincumplimiento de deberes, estafa agravada y lavado de dinero.

El proceso penal inició el pasado 29 de abril de 2025 y concluyó este día con los alegatos finales de la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa, así como el derecho a la última palabra de los acusados, quienes solicitaron el sobreseimiento del proceso. La resolución quedó programada para el próximo 23 de mayo a las 2:00 de la tarde.

El abogado de Sigfrido Reyes, Pedro Cruz, y su círculo familiar, aseguró que se ha expuesto “con claridad” los argumentos que determinan la inocencia de sus defendidos, por lo que manifestó espera un sobreseimiento del caso.

“Se han expuesto con claridad los argumentos, si el caso se resuelve conforme a derecho no hay ninguna duda que debe haber un sobreseimiento. Si el caso está influenciado por situaciones que no son jurídicas, entonces no podríamos decir mayor cosa. Jurídicamente la Fiscalía no tiene caso”.

Pedro Cruz,
Defensor de Sigfrido Reyes.

Con respecto a la presunta apropiación de viáticos de parte del exdiputado, el abogado de la defensa indicó que «se demostró punto por punto de porque los viáticos si fueron cancelados de forma correcta”, así como el cálculo para el pago de viáticos, el cual sostiene que fue revisado por varias personas antes de emitir los cheques, por lo que no habría de existir acusación.

En noviembre de 2024,Sigfrido Reyes y su esposa fueron encontrados responsables civilmente de enriquecimiento ilícito de $267,792.14, según la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.