Autor: Dania Quehl

  • Más de 800 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va del año

    Más de 800 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va del año

    Más de 800 personas han fallecido en accidentes de tránsito en El Salvador en lo que va del año 2025, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) que dirige el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).

    Las cifras recopiladas en el Observatorio, detallan que del 1 de enero al 13 de septiembre del presente año, un total de 824 personas han perdido la vida en diferentes percances viales en el territorio salvadoreño, donde en promedio tres personas fallecen a diario por accidentes de tránsito.

    Las muertes en siniestros viales en el país reporta hasta la segunda semana de septiembre una disminución de un 8 % con respecto al mismo periodo del año 2024, cuando se contabilizaron 892 decesos, que corresponde a 68 víctimas menos.

    De los 824 fallecidos en lo que va del año, el portal del Onasevi indica que 330 eran motociclistas, 322 peatones y 27 de las víctimas eran ciclistas, por lo que 145 de las muertes ocurrieron mientras la persona se conducía en un automóvil o vehículo pesado.

    Asimismo, la institución expone que las personas en “edad productiva” han reportado mayor número de decesos en percances viales con 604 casos, mientras que el resto de fallecidos corresponde a menores de edad y adultos mayores.

    Causas de fallecimiento

    Según el Observatorio, las principales causas de fallecimiento en accidentes viales son la distracción del conductor, que provocó la muerte de 284 personas; el exceso de velocidad, con 172 víctimas fatales; y la invasión de carril, que dejó un saldo de 112 decesos.

    La mayoría de las víctimas mortales de los accidentes ocurrieron en el departamento de San Salvador, con 182 fallecidos, seguido de La Libertad con 113, Santa Ana con 89, Sonsonate con 73, San Miguel con 66 y Usulután con 50 decesos. El resto ocurrió en el resto de departamentos del país.

    Cabañas fue el departamento con el menor número de fallecidos por accidentes con 16 hasta la segunda semana de septiembre de 2025.

    Hasta el 11 de septiembre de 2025, se registraron 15,044 accidentes de tránsito, en los cuales 9,075 personas resultaron lesionadas. Mencionar que estos reportan un aumento del 9 % y 13 %, respectivamente, debido a que el año anterior se contabilizaron 13,679 percances viales y 7,977 heridos.

    En el caso de los motociclistas, el Observatorio registra 3,061 accidentes de tránsito donde se vieron involucrados dichos conductores, en los que 2,898 personas resultaron lesionadas y 330 han muerto.

  • CSJ comprará armas de fuego para personal de seguridad por más de $83,000

    CSJ comprará armas de fuego para personal de seguridad por más de $83,000

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $83,000 en la adquisición de armas de fuego para equipar al personal de seguridad del Órgano Judicial, según consta en una oferta publicada en el portal de compras de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    De acuerdo con el documento, la compra contempla un lote de 37 armas, dividido en dos categorías. La primera incluye 20 armas «cortas», que corresponden a pistolas calibre 9 milímetros (mm), con un precio unitario de $1,168.20, lo que representa un total de $23,364.

    Estas armas deberán tener una longitud de cañón de entre 3.5 a 5 pulgadas y un cargador con capacidad entre 15 y 17 cartuchos.

    La segunda categoría comprende 17 armas «largas», clasificadas como pistolas o carabinas tipo subametralladora, de calibre 5.56 mm, semiautomáticas y con capacidad entre 20 y 30 cartuchos. El precio por unidad es de $3,564, sumando un total de $60,588.

    En total, el monto destinado a esta adquisición de armas para el personal de seguridad de la Corte es de $83,952, que serán financiados por el Estado.

    La CSJ también ha especificado que las armas deberán contar con una garantía mínima de un año contra desperfectos de fábrica y que los oferentes deberán anexar copia del Permiso Especial de Comercialización de Armas de Fuego y Municiones.

    En caso de que las empresas no cuenten con los permisos de comercialización de armas de fuego o artículos similares vigente, la Corte indica que pueden ser subsanables con una declaración jurada, debidamente autenticada por notario, en la que se especifique que se encuentran en trámite los referidos permisos ante el Ministerio de la Defensa Nacional.

    La oferta fue publicada el 11 de septiembre y estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre de 2025, según se lee en la respectiva licitación de compra.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas por un costo de $54,741.

  • Más de 193,000 licencias de conducir fueron emitidas hasta agosto 2025

    Más de 193,000 licencias de conducir fueron emitidas hasta agosto 2025

    Más de 193,000 licencias de conducir fueron emitidas hasta el cierre del mes de agosto de 2025, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que dirige el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).

    En concreto, el Observatorio indica que entre enero y agosto del presente año se han tramitado un total de 193,552 licencias de conducir, cifra que representa una disminución del 10.7 % en comparación con el año 2024, cuando al mismo periodo se emitieron 216,821 licencias, una diferencia de 23,379 permisos menos en lo que va del año.

    De acuerdo con el informe, la distribución mensual muestra que en enero se tramitaron 39,276 licencias, en febrero 28,024, en marzo 24,587, en abril 19,998, en mayo 21,036, en junio 19,035, en julio 21,411 y en agosto se emitieron 20,185 permisos para el manejo de un automotor.

    El portal tambien detalla que del total de permisos tramitados para conducir un automotor este año, el 76.47 % (148,007) fueron solicitados por hombres, mientras que 45,545 fueron realizadas por mujeres, que equivale al 23.53 % del total.

    ¿Que tipo de automotor?

    En cuanto al tipo de vehículos, el Observatorio señala que 149,764 licencias (77.38 %) fueron otorgadas para la conducción de automóviles, mientras que 43,788 (22.62 %) fueron para motocicletas.

    Respecto al desglose por tipo de licencia, el Observatorio indica que de 193,552 licencias, 79,821 fueron de tipo liviana, 43,511 para motocicleta, 49,840 particular, 12,646 pesada, 6,494 pesada-T, mientras que 963 fueron de tipo juvenil-V y 277 juvenil-M.

    En el caso de los departamentos que registraron mayor número de licencias hasta agosto de 2025, San Salvador encabeza la lista con 63,113 a este le sigue La Libertad con 28,662 y como tercer sector se encuentra Santa Ana con 17,843 permisos tramitados. Mientras que en San Miguel se emitieron 15,040 licencias y en Sonsonate fueron 11,873.

    Actualmente, el parque vehicular que circula en El Salvador asciende a 1.97 millones de unidades, de los cuales 1.3 corresponden a vehículos y 665,372 son motocicletas. Segun el Observatorio, la mayoria de las unidades circulan en el Área Metropolitana de San Salvador.

  • Condenan a 16 años de cárcel a hombre que violó a menor en Santiago Texacuangos

    Condenan a 16 años de cárcel a hombre que violó a menor en Santiago Texacuangos

    El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a un hombre identificado como Manuel Antonio Castro Puro a 16 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Castro Puro es familiar de la víctima y la visitaba con regularidad y en esos momentos agredió sexualmente a la menor en reiteradas ocasiones y había sido amenazada para no contar nada de lo que estaba sucediendo.

    «Fue hasta que otra familiar vio a Castro cuando abusaba de la víctima, y ella le contó todo a la madre y se interpone la denuncia», dijo la FGR.

    Según la investigación, las agresiones ocurrieron entre los años 2023 y 2024, en una colonia del distrito de Santiago Texacuangos, municipio de San Salvador Sur, departamento de San Salvador.

    De igual forma, el Tribunal de Sentencia impuso la pena de cárcel y además ordenó a pagar $1,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.

    Más condenas

    Por otra parte, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a Salvador López Ayala por el delito de violación en contra de una niña de 11 años de edad en la jurisdicción de Jicalapa, La Libertad Costa, hecho que ocurrió en octubre del año 2021.

    Según consta en las investigaciones de la FGR, López Ayala era la pareja sentimental de una familiar de la víctima y mientras la mujer salía de casa a trabajar, el procesado se quedaba a solas con la menor con la excusa de que la cuidaría. «El imputado aprovechó esa confianza para volar a la niña en reiteradas ocasiones».

    La condena de cárcel fue impuesta tras valorar los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la representación fiscal durante el juicio.

    A López Ayala se le impuso pena por el delito de violación en menor o incapaz, asimismo, se le ordenó pagar a la víctima la cantidad de $320.00 en concepto de responsabilidad civil.

  • Sentencian a 50 años de cárcel a pandillero de la MS por extorsión

    Sentencian a 50 años de cárcel a pandillero de la MS por extorsión

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 50 años de cárcel a Henry Francisco Gómez, pandillero de la MS-13, luego que fuera declarado culpable de extorsionar a una persona en el departamento de Usulután.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez tenía un cargo de colaborador dentro de la estructura criminal y era el encargado de extorsionar a un hombre en el distrito de Puerto Parada, en Usulután. Los hechos ocurrieron en el año 2022.

    La FGR aseguró que en la vista pública se comprobó que el procesado, en nombre de la pandilla, le exigía en reiteradas ocasiones el pago mensual a la víctima a cambio de no atentar en contra de su vida.

    Ante ello, el tribunal especializado contra el crimen organizado impuso una pena de 20 años por el delito de extorsión agravada y 30 por el delito de agrupaciones ilícitas, que suman 50 años de cárcel.

    Asimismo, la representación fiscal dijo que por este caso y sumado a otras extorsiones, seis pandilleros de la misma estructura fueron condenados entre 20 y 40 años de cárcel.

    Los imputados fueron identificados como: Melvin Isaac Ortiz Chavarría, alias «El guaco»; Darwin Alexander Rodríguez Mejía, alias «Cadejo»; José Rubén Castro, alias «Pluto»; Wílber Antonio Gómez Cruz, alias «Monstruo» y César Alexander Moreira Martínez, alias «Chivo», fueron condenados a 40 años de prisión por participar en dos casos de extorsión

    Mientras que Juan Antonio Lovato Ovando alias «Chiloso», fue sentenciado a 20 años de prisión por un caso de extorsión agravada.

    «Estos seis pandilleros fueron capturados gracias al régimen de excepción y también serán procesados por agrupaciones ilícitas», afirmó la FGR.

  • Fiscalía incautó 19 microbuses a red de tráfico sexual ligada a pandilla 18

    Fiscalía incautó 19 microbuses a red de tráfico sexual ligada a pandilla 18

    Al menos 19 microbuses de la ruta 52 han sido incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) en un operativo de seguimiento en contra de dos mujeres señaladas de ser cabecillas del Barrio 18, vinculadas a manejar una red de explotación sexual.

    En la diligencia, realizada el miércoles por la noche, se incautaron 19 unidades del transporte colectivo de dicha ruta, según confirmaron fuentes de la FGR.

    De acuerdo con la información, en el caso está involucrada una mujer identificada como Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, presunta líder de pandilla, quien presuntamente controlaba diferentes establecimientos comerciales en el Barrio San Esteban, en San Salvador “que funcionaban como prostíbulos y cervecerías para la distribución de drogas».

    “Cárcamo ha tenido vínculo con la pandilla Barrio 18 Revolucionarios desde el 2007 hasta la actualidad y a través de estos negocios, la imputada generaba ingresos con la trata de personas”, aseguró la FGR.

    Además, en dicho operativo se continuó con el decomiso de los inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo, los cuales exponen está ligado a una estructura del Barrio 18 que se dedicaba a la explotación sexual y otros delitos.

    El pasado 9 de septiembre, la FGR informó que incautó propiedades y cuentas bancarias, además de efectuar la detención de dos mujeres, una de ellas fue Cárcamo Barrera. En el operativo se decomisaron 13 inmuebles que pasarán a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

    Asimismo, indicaron que otros inmuebles de la estructura criminal están ubicados en la residencial Bosques de Santa Teresa de Santa Tecla, en La Libertad Sur;  en el Barrio El Calvario de Suchitoto, en Cuscatlán Norte, bajo la propiedad de un hombre identificado como Marcos Rivera Alfaro.

    Ante ello, el Ministerio Público afirmó que los dueños de los locales serán procesados por los delitos de trata de personas en modalidad de explotación sexual, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y activos.

    Las autoridades aseguraron que dos cuentas bancarias con $10,232.93 y otra con $4,329.00, las cuales también pasarán a manos del Estado a través del CONAB.

  • Sube a 71% la probabilidad del fenómeno de “La Niña” a finales de 2025 pero de poca duración: NOAA

    Sube a 71% la probabilidad del fenómeno de “La Niña” a finales de 2025 pero de poca duración: NOAA

    Las probabilidades de desarrollo del fenómeno de «La Niña» para finales del año 2025 incrementaron a un 71 %, según la última actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por siglas en inglés) de Estados Unidos, sin embargo, su duración podría disminuir a principios del próximo año.

    El informe publicado el 11 de septiembre de 2025 por el Centro de Predicciones Climáticas, señala que actualmente las condiciones del Océano Pacífico se mantienen en un estado ENSO-neutral, es decir, sin señales claras de un fenómeno de «El Niño» ni «La Niña».

    Según explican, en el mes de agosto se registraron temperaturas por debajo del promedio en el centro y este del Océano Pacífico, lo que sugiere una posible transición hacia condiciones de «La Niña» en los próximos meses. La NOAA indicó que los valores del índice de «El Niño» oscilaron entre -0.4 °C y -0.2 °C.

    «Las anomalías negativas de temperatura subsuperficial se intensificaron con temperaturas por debajo del promedio predominando desde la superficie hasta los 200 m (metros) de profundidad en el centro y este del Pacífico», detalla el informe.

    Estas condiciones suelen ser pertinentes para el desarrollo de «La Niña», un fenómeno que se caracteriza por el incremento de las precipitaciones y su aparición está asociada con desbordamientos de cuerpos de agua e inundaciones.

    Ante ello, indican que las condiciones de desarrollo del fenómeno de «La Niña» son más probables entre los meses de octubre a diciembre del presente año, con un 71 % de probabilidad.

    Disminución

    Sin embargo, a pesar del alto porcentaje de probabilidad para finales de este año, las proyecciones climáticas de la NOAA también indican que la intensidad del fenómeno de «La Niña» podría debilitarse en los primeros meses del próximo año. La probabilidad disminuye al 54 % para el período de diciembre de 2025 a febrero de 2026.

    En ese sentido, se expone que, si bien “La Niña” tiene altas probabilidades de desarrollo para finales de este año, su duración e impacto a inicios del próximo año podría disminuir.

    La NOAA informó que la próxima actualización del Centro de Predicciones Climáticas está programada para el 9 de octubre de 2025.

    En El Salvador, el inicio de la época lluviosa se oficializó a finales de mayo en las zonas centro, occidente y suroriente del país. Actualmente las condiciones atmosféricas del territorio salvadoreño son influenciadas por vaguadas en la región, que causa la formación de lluvias y tormentas eléctricas.

    El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) mantiene bajo vigilancia de la Depresión Tropical Trece-E sobre el Océano Pacífico, el cual se ubica en la costa sur de México con una probabilidad del 90 % de formación ciclónica para las próximas 48 horas.

  • Envían a juicio a propietarios de GT Talleres por estafa de más de $300,000

    Envían a juicio a propietarios de GT Talleres por estafa de más de $300,000

    El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad ordenó, en audiencia preliminar, enviar a juicio al propietario de GT Talleres, José René Ventura Alvarado y el representante legal, Antonio Boanerges Tábora Portillo, acusados del delito de estafa agravada por más de $300,000.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son procesados por estafar a una víctima en el distrito de Lourdes, en el distrito de Colón, en La Libertad, hecho que ocurrió en el año 2021.

    Segun las investigaciones, ambos acusados engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran empresarios y les pedían que arrendaran inmuebles con promesa de pago, sin embargo, estos se adueñaron de los locales y nunca pagaron a sus víctimas.

    «A una de las víctimas le arrendaron un inmueble durante 10 años, valorado en $1,590,000.00, período durante el cual nunca pagaron el dinero al verdadero dueño», indicó la FGR.

    En la audiencia preliminar, el juez consideró que las pruebas presentadas son suficientes para demostrar la existencia del delito y la implicación de los acusados, por lo que resolvió enviar a etapa de juicio a los imputados.

    Además, se ratificó la detención provisional en contra de Ventura Alvarado, así como la orden de captura en contra de Antonio Boanerges Tabora Portillo, quien se encuentra prófugo. El caso será remitido a un Tribunal de Sentencia de Santa Tecla para su continuación.

    En el proceso también figuraba Jason Ventura Torres, hijo de Ventura Alvarado, quien recibió un sobreseimiento definitivo al determinarse que no tuvo participación en los hechos que se le atribuyen a los otros dos imputados.

    Ventura Alvarado fue capturado en un operativo el 23 de diciembre de 2023 en el distrito de Apopa, en San Salvador Oeste, por presuntamente haber estafado a «varias personas» por un monto que asciende a $2,131,721.55.

  • Organizaciones dicen que prórroga de instrucción de caso Cooperativa El Bosque no cumple requisitos legales

    Organizaciones dicen que prórroga de instrucción de caso Cooperativa El Bosque no cumple requisitos legales

    Las organizaciones del Foro del Agua y Reverdes denunciaron, este jueves, que la prórroga de investigación en el caso de la Cooperativa El Bosque, donde se acusa al presidente de dicha comunidad, Ángel Pérez, y el abogado Alejandro Henríquez  no cumple con los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal (CPP).

    Carlos Flores, del Foro del Agua señaló que el proceso penal que enfrentan Pérez y Henríquez no cumple con los criterios establecidos en el artículo 310 del CPP, el cual indica que la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar una extensión del periodo de instrucción cuando sean investigaciones complejas, sean múltiples acusado o deban realizarse diligencias internacionales, situación que aseguró no aplica en dicho caso.

    «Ninguna de estas condiciones se ha cumplido por es un delito simple de los imputados, no se identifican a personas naturales como víctimas, entonces es un caso simple y observamos una negligencia voluntaria de la Fiscalía», afirmó Flores a través de un enlace virtual por la red social de Facebook.

    La organización informó esta semana que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad extendió por tres meses más el periodo de instrucción en contra de Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, quienes son procesados por los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública.

    El pasado 30 de mayo, el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, ordenó que el caso pase a etapa de instrucción, luego que ambos imputados enfrentaron la audiencia inicial por los delitos que se les atribuyen.

    El representante del Foro del Agua sostuvo que desde que se decretó la detención provisional, la Fiscalía no ha realizado las diligencias pertinentes del caso, entre ellas la recolección de videos, audios, fotografías o testimonios que se serían de utilidad en las audiencias, «y a pesar de eso la Fiscalía lo ha solicitado y el juzgado ha otorgado tres meses adicionales para la investigación del caso», dijo.

    Por su parte, la abogada Dalia González, indicó que desde que inició el proceso en contra de Ángel Pérez y Alejandro Henríquez , los abogados de la defensa solicitaron a finales de mayo al Juzgado de Paz y en julio al Juzgado de Instrucción realizar diligencias de investigación.

    La abogada manifestó que el juzgado ordenó a la Fiscalía a hacer estas diligencias de investigación, que en este caso sería tomar la declaración de los testigos ofertados por la defensa, si como hacer una pericia del material ofrecido, sin embargo, dijo que a la fecha «no se ha hecho ninguna de las diligencias».

    «La defensa ofreció videos donde se comprueba que no hubo ningún desorden público y que nos da temor de que a la fecha no se han hecho diligencias para obtener estos videos y que en algún momento esos videos ya no se puedan introducir al proceso»,

    «Lo que marcamos es una actitud negligente de la Fiscalía de dejar que las pruebas de descargo a favor de la libertad de se pierda de manera de favorecer su caso y poder enviarlos a la cárcel por un delito que no han cometido», dijo González.

    En ese sentido, las organizaciones consideró que el Juzgado de Instrucción otorgue medidas sustitutivas a la detención mientras continúa el proceso en su contra. «Lo que estamos observando justamente es ese afán de mantener en prisión a Alejandro Henríquez y Ángel Pérez sin que haya una condena firme sin que se les compruebe su participación en los delitos que se les atribuye».

    Además, sostienen pruebas que determinen o vinculen a los acusados con los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva, por lo que no debería continuar las acusaciones en su contra.

    Ángel Pérez y Alejandro Henríquez fueron capturados en mayo de 2025, luego que participarán en una concentración pacífica frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, con el propósito de solicitar el apoyo del presidente Nayib Bukele para frenar una orden de desalojo judicial que afectaría a más de 300 familias de la Cooperativa El Bosque, en San Juan Opico, La Libertad.

  • Juzgado ratifica orden de captura contra empresario Enrique Rais

    Juzgado ratifica orden de captura contra empresario Enrique Rais

    El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador resolvió declarar “no ha lugar” el recurso de revocatoria presentado por la defensa del empresario José Aquiles Enrique Rais López, sobre la petición de acumulación de procesos penales y ratificó una orden de captura en su contra.

    Según el documento, al cual Diario El Mundo tuvo acceso, la resolución fue emitida el 9 de septiembre de 2025, responde a una solicitud de separación de causa presentada por el abogado Carlos Mauricio Miranda Rubio, defensor particular del imputado, quien alegó que los dos procesos penales en los que está implicado Enrique Rais están conectados y que deben ser conocidos de manera conjunta para evitar resoluciones contradictorias.

    Sin embargo, el juzgado indicó que no se determinó «su conexidad», debido a que aunque en ambos procesos figura como imputado, los hechos son distintos, corresponden a conductas delictivas independientes y no existe riesgo de doble juzgamiento.

    Actualmente, el empresario Enrique Rais enfrenta dos procesos judiciales, el primero se conoce en el Juzgado Cuarto de Instrucción, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó del delito de cohecho activo, por supuestamente haber entregado dádivas al exfiscal Luis Antonio Martínez y al exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta para obtener resoluciones penales favorables en los que figuraba como víctima o imputado.

    En el segundo caso, se le procesa ante el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, por presuntamente haber influido en un peritaje psicológico mediante pagos al testigo clave, identificado como «Troya», el cual sería utilizado en un proceso para favorecer al imputado.

    Por otra parte, el juzgado ratificó la declaratoria de rebeldía dictada el 28 de mayo de 2024, al considerar que se agotaron los mecanismos legales para citar al imputado, quien se encuentra fuera del país. La sede judicial utilizó diferentes métodos, incluyendo notificaciones electrónicas y edictos, sin obtener respuesta del acusado.

    En consecuencia, el juzgado ordenó la captura de José Enrique Rais y emitió oficios dirigidos a la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y la oficina de Interpol El Salvador, para hacer efectiva la alerta migratoria y garantizar su localización.

    Otras peticiones

    Por otra parte, la defensa también solicitó la revocatoria de la declaratoria de rebeldía impuesta en contra de Rais argumentando que dicha decisión violó el debido proceso, ya que no se habrían agotado todos los medios legales para citar al imputado, y que los edictos judiciales eran improcedentes.

    No obstante, no fue aceptada por el juzgado, ya que se explicó que a la fecha se agotaron los mecanismos legales para localizar al imputado, incluyendo citaciones electrónicas al correo de su defensor, a una dirección electrónica proporcionada por el propio imputado, así como notificaciones físicas.

    La resolución judicial indica que el imputado no respondió a ninguna de las citaciones, pese a encontrarse fuera del país, por lo que la declaratoria de rebeldía dictada el 28 de mayo de 2024 está debidamente fundamentada, por lo que se ratificó la vigencia de la orden de captura contra el procesado.

    El caso “Corruptela”, fue dado a conocer públicamente en el año 2018, el cual investiga una supuesta red de corrupción integrada por alrededor de 20 personas, entre ellos exfuncionarios públicos y empresarios que habrían desviado millones de fondos estatales a través de operaciones financieras ilícitas.

    Entre los acusados figuran el empresario José Aquiles Enrique Rais y su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, ambos imputados declarados rebeldes en julio de 2024, así como el exfiscal general adjunto, José Francisco Paredes Valladares; el exjefe de Patrimonio de la Fiscalía, Mauricio Antonio Yanes Morales.

    Además del exfical general Luis Antonio Martínez y el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía Julio Adalberto Arriaza, quienes fueron condenados a 10 y 5 años de cárcel, respectivamente el pasado 22 de agosto de 2025.