La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, en abril, enviar a juicio civil por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa, tres de Arena y dos de GANA, junto a sus respectivos grupos familiares, tras determinar la existencia de indicios razonables de incrementos patrimoniales no justificados.
La decisión de los magistrados se tomó con base a los informes de la Sección de Probidad, la cual fue discutida y votada en la sesión del 24 de abril de 2025, según consta en el acta número 30 de la Corte Plena.
Los exlegisladores enfrentarán procesos civiles por presunto enriquecimiento ilícito, con montos observados que van desde los $200,000 hasta más de $3 millones. Cada caso fue remitido a la cámara competente, según la jurisdicción correspondiente, para la continuación del proceso legal.
El primer caso corresponde a la exdiputada de Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar y su esposo, a quienes se le atribuyen indicios de enriquecimiento ilícito por $3,822,778.28. El acta expone que la Sección de Probidad encontró 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a tres períodos legislativos entre los años de 2012 y 2021.
Entre las irregularidades señaladas figuran depósitos bancarios sin origen comprobable, adquisición de inmuebles y vehículos, así como pagos de deudas sin respaldo documental. Incluso se incluyó una transferencia de $2,000 a favor de su hija, quien no contaba con ingresos propios, aunque finalmente se decidió imputar ese monto directamente a la madre.
«Acerca de los depósitos a las cuentas de la declarante, se observaron porque se desconoce el origen de los fondos, no hay documento de soporte»
Acta No. 30 de la Corte Plena
En el documento se expone que Ostorga argumentó que sus ingresos corresponden a un negocio de su propiedad y presentó como prueba de descargo documentos de impuesto a la renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el pago a cuenta y estados financieros de los años investigados, «pero la documentación no es idónea para desvanecer los movimientos observados», resolvieron los magistrados.
Con 15 votos, los magistrados resolvió enviar el caso a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro con sede en San Salvador y dictar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía General de la República (FGR).
El segundo se trata de Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, quien ocupó una curul en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2012-2015 por el patido Arena, la Sección de Probidad detectó un incremento patrimonial no justificado por un total de $214,683.22, atribuible tanto a él como a su cónyuge.
La investigación identificó nueve inconsistencias financieras, entre las que destacan depósitos en cuentas bancarias y transferencias internacionales sin respaldo documental. Señalar que, aunque su esposa presentó pruebas de descargo, estas consistieron en declaraciones juradas que señalan como origen de los fondos un negocio informal de lotería, sin documentación contable que permitiera verificar los ingresos.
Por su parte, el exlegislador no presentó justificación ante las observaciones ni ofreció pruebas que sustentaran su defensa. Tras descontar un superávit de ingresos personales por $26,897.04, el monto final sin justificar fue confirmado por la Corte Suprema. Con base en estos hallazgos, la Corte Plena resolvió, con 14 votos a favor, remitir el caso a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, decretar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía.
El siguiente es Manuel Rigoberto Soto Lazo, quien también fue diputado del partido Gana entre 2012 y 2015, enfrentará juicio civil junto a su esposa por enriquecimiento ilícito de $392,989.62. La Sección de Probidad detectó 25 inconsistencias, incluyendo depósitos bancarios sin origen identificado, compra de vehículos sin justificación y pagos de deudas.
El análisis expuso que se reportaron déficit entre sus ingresos y egresos, y con base a esa información, la CSJ decidió enviar el expediente de Soto Lazo a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, según el domicilio declarado por el exfuncionario. También se decretaron medidas sobre bienes y se notificó a la Fiscalía.
El cuarto exdiputado es Jesús Grande, quien deberá responder ante la justicia civil por un presunto enriquecimiento no justificado de $352,119.41, mientras ocupo un puesto en la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2015.
La Sección de Probidad reportó 24 inconsistencias en sus finanzas personales y familiares, que incluían depósitos, compra de inmuebles, adquisición de vehículos y pagos de préstamos sin documentación válida. El caso será conocido por la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente, y se ordenó la inmovilización de sus cuentas e inscripción preventiva de inmuebles.
Por último, se ordenó enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a David Ernesto Reyes Molina, exdiputado de Arena, quien ocupó un escaño en los periodos 2012 y 2021, periodos que le fueron identificados con un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49, correspondiente a él y su esposa. En total, se encontraron 33 inconsistencias en sus tres períodos, entre ellas depósitos bancarios y adquisición de bienes.
El acta indica que el exdiputado alegó que los fondos provenían de donaciones y ayuda familiar, pero no presentó documentación válida. Según la Sección de Probidad, algunos recibos habían sido elaborados por el propio investigado.
El informe también señala que el exfuncionario habría salido del país y se deshizo de algunos bienes, por lo que no se logró imponer medidas cautelares en su contra. Su caso fue enviado a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador con 15 votos del Pleno.
La información expuesta sobre dichos casos fue dada a conocer hasta esta semana, debido a que la Corte Suprema de Justicia publica en su sitio web las actas con varios meses de retraso.
