Autor: Dania Quehl

  • Enjuician a hombre que asesinó con 63 puñaladas a otro en Altos del Bulevar

    Enjuician a hombre que asesinó con 63 puñaladas a otro en Altos del Bulevar

    El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló, este jueves, el juicio en contra de Carlos Francisco Jiménez Rivera, acusado de asesinar con 63 puñaladas a un hombre e intentar matar a una mujer, en un hecho ocurrido en la colonia Altos del Bulevar, en Soyapango, en octubre de 2022.

    Según la Fiscalía General de la República (FGR), Jiménez Rivera atacó con un cuchillo a una mujer dentro de una vivienda. Durante el incidente, otra persona intervino para detener la agresión y fue herida, lo que generó su muerte.

    La víctima mortal fue identificada como Ricardo Antonio Cruz Villalta, quien recibió al menos 63 puñaladas, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).

    El ataque ocurrió la noche del 18 de octubre de 2022, alrededor de las 10:00 de la noche en el pasaje Las Pascuas, final de la 9a calle Oriente, según reportes de Comandos de Salvamento. La mujer agredida, identificada como Roxana Hernández, de 31 años, fue trasladada a un centro hospitalario con heridas graves en el abdomen y otras partes del cuerpo.

    Vecinos relataron que escucharon una fuerte discusión en la vivienda antes del crimen, y señalaron que el procesado habría reaccionado tras descubrir una supuesta infidelidad.

    La Fiscalía señala que ha realizado las diligencias iniciales de investigación del hecho, donde “se establece que las víctimas no tenían ningún vínculo entre sí ni con el imputado. Únicamente, alquilaban habitaciones en el lugar del crimen”, indicó.

    Jiménez Rivera fue capturado por agentes de la PNC el mismo día del crimen y enfrenta cargos por homicidio agravado e intento de homicidio. Sin embargo, el juzgado de paz puso reserva al caso.

  • Fespad registró 32 casos de violaciones de derechos en los primeros dos meses de 2025

    Fespad registró 32 casos de violaciones de derechos en los primeros dos meses de 2025

    La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) registró 32 casos de vulneraciones de derechos fundamentales en El Salvador, durante los primeros dos meses del año 2025, reveló la fundación a través de su primer boletín “Sistema de monitoreo de libertades cívicas en El Salvador”.

    Según el reciente informe, del 1 de enero al 28 de febrero del presente año, se registraron un total de 32 casos de violaciones de derechos, de los cuales 22 fueron dirigidos a la libertad de expresión, seis casos fueron relacionados a la libertad de reunión pacífica y cuatro a la libertad de asociación.

    La libertad de expresión representa el 68.8 % del total de vulneraciones a los derechos fundamentales de los salvadoreños contabilizadas en dicho periodo por Fespad.

    “La libertad de expresión, refleja un entorno en el que se mantiene la criminalización, acoso u hostigamiento y descrédito a las personas periodistas y medios de comunicación, generando autocensura y restricciones a la libre circulación de información”, expone el informe de Fespad.

    Las violaciones a la libertad de reunión pacífica y cuatro a la libertad de asociación representan el 18.8 y el 12.5 %, respectivamente.

    En el monitoreo se incluye la revisión de los derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión pacífica, las cuales, Fespad señala que “continúan las graves restricciones a la libertad de información, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y una limitada participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y leyes que afectan profundamente a la población”.

    El informe expone que del total de vulneraciones, se registraron 11 casos en contra de personas defensoras, otras 10 violaciones en contra de periodistas, cuatro fueron contra personas manifestantes, tres casos en contra ciudadanos, dos casos en contra de activistas, uno hacia liderazgos sociales y un caso fue tipificado como “otro” tipo de vulneración.

    “Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas representan las mayores restricciones registradas. Una de las formas más frecuentes de ataque contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es la estigmatización de su trabajo, así como el descrédito en las redes sociales por parte de funcionarios de gobierno, entre otros”, según la fundación.

    Asimismo, Fespad registró 15 casos de vulneración de derechos en contra de organizaciones de la sociedad civil, 10 casos contra medios de comunicación y un caso en contra de organizaciones religiosas.

    Los agresores

    En el otro extremo, el informe revela que los funcionarios públicos lideran el número de agresores en 19 de los casos, seguido de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en siete casos, dos por personal de la Fiscalía General de la República (FGR). En cuatro casos no se determinó a su agresor.

    “Se destaca particularmente ataques por parte de diputados y funcionarios públicos, quienes, desde sus cuentas de redes sociales, emiten discursos estigmatizantes contra periodistas, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”, dice la fundación.

    Con respecto al tipo de hecho registrado, Fespad indicó que en 21 de los casos fueron ataques, nueve fueron vulneración de medidas violatorias y dos casos fueron por acoso.

    “De los datos registrados para este periodo destaca la constante estigmatización, descrédito y detenciones arbitrarias contra periodistas, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; actores claves en el mantenimiento de una democracia saludable”, afirmó Fespad.

    En concreto, Fespad sostiene que las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación están siendo criminalizados, en vez de recibir protección.

  • Condenan a 129 años de prisión a pandillero por participar en el asesinato de exalcalde de Lolotique en 2012

    Condenan a 129 años de prisión a pandillero por participar en el asesinato de exalcalde de Lolotique en 2012

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 129 años de prisión a Henry Mauricio Zelaya Cu00e1nas, alias «Jocker», pandillero de la Mara Salvatrucha (MS), por el asesinato de cuatro personas, entre ellos el exalcalde de Lolotique, u00c1ngel Hernu00e1ndez, en 2012, así como por el delito de agrupaciones ilícitas.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la Fiscalía General de la República (FGR), durante el juicio se determinó que Zelaya Cu00e1nas fue el encargado de movilizar a los pandilleros que asesinaron con arma de fuego al exalcalde de Lolotique, San Miguel, Juan u00c1ngel Hernu00e1ndez, el 29 de noviembre de 2012.

    «El crimen ocurrió aproximadamente a las 09:00 de la noche cuando la víctima y su hijo regresaban de jugar y unos pandilleros lo esperaban dentro de la vivienda; cuando el exalcalde entró le dispararon en dos ocasiones», describió la FGR.

    Asimismo, señalaron que tras el asesinato del exedil, Zelaya Cu00e1nas sacó de la escena del crimen a tres pandilleros y los llevó hasta un lugar donde permanecieron escondidos.

    La víctima había estado al frente de la comuna desde el año 2009 hasta que fue asesinado por orden de su excompañera de vida, Rosa Belis Cruz Jurado, quien fungía como jueza de Paz de Lolotique y les pagó a los pandilleros para cometer el crimen, según la información de Fiscalía.

    Cruz Jurado, quien en 2019 fue señalada como prófuga de la justicia y tres pandilleros involucrados en el crimen, fueron condenados por dicho delito.

    El procesado Zelaya Cu00e1nas, es miembro activo de la clica Sitios Locos Salvatruchos de la MS-13, y fue condenado en rebeldía y mantiene vigente la orden de detención.

    Otras condenas

    En otros hechos, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel también sentenció a 69 años de cu00e1rcel a Boris u00c1ngel Hernu00e1ndez Vilche, alias «Mentiroso de Sailor», pandillero de la MS-13 por el delito de agrupaciones ilícitas y el homicidio de dos menores de edad, en San Miguel.

    La Fiscalía señaló que Hernu00e1ndez Vilche junto a los pandilleros ya condenados, Henry Mauricio Zelaya Cu00e1nas, alias «Jocker»; Wilber Alexander Ramos Chavarría, alias «Malechor» y José Atilio Pérez Hernu00e1ndez, alias «Snake», privaron de libertad y asesinaron a dos jóvenes de 15 y 16 años en la colonia Ciudad Real, de San Miguel.

    «Este crimen fue cometido en agosto de 2012, cuando los menores de edad fueron trasladados hasta una casa en el cantón El Salitre, siempre en San Miguel, donde fueron torturados y asesinados con arma de fuego; los cadu00e1veres mutilados fueron encontrados días después», detalló la FGR.

    Ademu00e1s, el referido tribunal condenó a nueve años de prisión a Daniel Armando Zamora, alias «Wisper», por el delito de agrupaciones ilícitas. Hernu00e1ndez Vilche y Zamora fueron condenados en calidad de ausentes en el juicio.

    Por otra parte, el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 20 años de cu00e1rcel a ocho pandilleros de la MS-13, por el delito de extorsión agravada.

    Los imputados fueron identificados como: Kelvin Mauricio Gómez Escobar, alias «Cerdito»; Franklin Ernesto López Cornejo, alias «Frank»; Marvin Rafael Escalante Guzmu00e1n, alias «Marvin»; Julia Daniela Meléndez Pacas, alias «Pacas»; Roberto Carlos Leiva Alait, alias chorreado; Daniel Carolina Palacios Granados, alias «Caro»; René Edgardo Martínez Orellana, alias «René» y Néstor Eduardo Henríquez.

    Las investigaciones fiscales establecieron que los imputados, en nombre de la pandilla MS-13 exigían dinero a cambio de no atentar en contra de las víctimas y sus familias.

    Los imputados eran miembros de la clica Villa Mariona Locos Salvatruchos, de la MS-13. Los hechos iniciaron en agosto del año 2018, en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador.

    El tribunal también ordenó que los procesados paguen $6,800 en concepto de responsabilidad civil.

    En otro caso, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a 37 años de cu00e1rcel a José David Pérez Bautista, alias «Grifo», pandillero de la 18 Sureños por el homicidio agravado de un hombre e intento de asesinato de otro, el 18 de marzo de 2022 en la colonia Brisas de Zaragoza, La Libertad Este.

    De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Pérez Bautista y otros pandilleros llegaron a una tienda donde se encontraban las víctimas cuando les amenazaron con matarlos, sino se retiraban del lugar.

    La condena también incluye pena por lesiones agravadas y amenazas con agravación especial contra dos personas mu00e1s.

    «De acuerdo a la investigación, las víctimas hacían viajes en el sector y se habían negado a trasladar a los pandilleros en su vehículo, por lo que tomaron represalias contra ellos. Pasadas unas horas, los pandilleros regresaron al lugar y atacaron a las víctimas. Una persona murió tras la herida causada en la cabeza con arma blanca y la otra logró escapar de los delincuentes, quienes trataban de detenerlo disparando al azar», dijo la FGR.

    Pérez Bautista se mantiene a la espera de enfrentar otro juicio por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la estructura terrorista Barrio 18.

  • Acusan a siete exempleados municipales y otras 33 personas de revender nichos en cementerio de San Miguel

    Acusan a siete exempleados municipales y otras 33 personas de revender nichos en cementerio de San Miguel

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana ante el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel una solicitud de imposición de medidas en contra de 40 personas, entre ellas, siete exempleados de la alcaldía de San Miguel, acusado de revender nichos en el cementerio general de la municipalidad.

    De acuerdo con el requerimiento de acusación, dicha estructura se dedicaba a las negociaciones ilícitas de puestos a perpetuidad en el interior del Cementerio General de San Miguel. Asimismo, hacían nichos en lugares no habilitados para ello, o revendían espacios que ya tenían dueño pero que no habían utilizado.

    En el caso denominado “Cementerio” se procesa a 34 imputados presentes y seis en calidad de ausentes. Entre los procesados se identificó a la administradora de empresas, Rosa Nohemy Reyes de Saravia, exauditora de la alcaldía de San Miguel en el período de octubre de 2022 a diciembre de 2024, así como Kriscia Abigail Ventura Blanco, exconcejal de la alcaldía de San Miguel, período 2021- 2024 y Salvador Portillo, colaborador operativo del Cementerio General de la ciudad de San Miguel.

    “La estructura criminal delinquió entre el 2014 y 2022, y estaba conformada por tres empleados de la alcaldía de San Miguel, cinco jefes de célula, compradores independientes, prestanombre y colaboradores. Todos son acusados por los delitos de negociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, peculado, cohecho propio, extorsión e incumplimiento de deberes”, detalló la Fiscalía.

    Según la información fiscal, la estructura operaba bajo diversas modalidades, una de las modalidades era la venta de nichos a perpetuidad donde el exadministrador de la oficina del cementerio, Fredy Napoleón Meléndez Sifontes y el colaborador operativo, Salvador Portillo, alias “Tito”, otorgaban puestos a contratistas de obra de albañilería que trabajaban en el camposanto y para ello creaban nichos o tumbas en lugares designados como pasajes.

    Además, la FGR señaló que los acusados otorgaban a los albañiles puestos a perpetuidad que ya tenían propietarios con el objetivo de revenderlos.

    “En otros casos coaccionaban a las personas y los amenazaban con enterrar a sus familiares en fosas comunes sino compraban un nicho a los prestanombres haciéndoles creer que el cementerio no tenía espacios disponibles”, dijo la Fiscalía.

    A su vez, agregaron que las investigaciones revelaron que para hacer la compra de los espacios, los contratistas de obra de albañilería pedían el Documento Único de Identidad (DUI) y la firma a los “lava tumbas” y jardineros para que los títulos a perpetuidad salieran a nombre de ellos y de esta manera ocultar el nombre del verdadero propietario y posteriormente venderlos a altos precios.

    Los nichos eran vendidos a precios que oscilaban entre los $1,300 y $10,000, según la ubicación y cantidad de nichos. Los precios reales, según la ordenanza municipal, son $180 por tres nichos y $236.25 por seis nichos.

    Además, la FGR estableció en la investigación que, los contratistas, al momento de asignar los puestos a perpetuidad, le entregaban a Meléndez Sifontes $250 por el de tres nichos y $500 por el de seis nichos.

    Actualmente Meléndez Sifontes reside en España y tiene orden de captura a nivel internacional por peculado, cohecho propio y extorsión.

    De acuerdo con el fiscal del caso, la investigación se inició en el año 2022 y concluyó con la detención de la mayoría de los involucrados.

    Los imputados fueron capturados el pasado 11 de abril y la FGR incautó aproximadamente $44,000 en efectivo, vehículos, un arma de fuego, varios celulares, documentos notariales de compra y venta de nichos, así como documentos de auditoría interna de la municipalidad de San Miguel del período de mayo 2021 a septiembre de 2022.

    En la audiencia la FGR, solicitará que el caso avance a etapa de instrucción y la detención provisional para los imputados en calidad de presentes.

  • Un jurado resolverá el juicio por el asesinato de periodistas holandeses durante el conflicto armado

    Un jurado resolverá el juicio por el asesinato de periodistas holandeses durante el conflicto armado

    Un jurado ciudadano será el encargado de resolver el juicio por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses, ocurrido en 1982, durante el conflicto armado de El Salvador, confirmó el presidente de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (Asdehu), Pedro Cruz.

    De acuerdo con el abogado Cruz, quien representa a las víctimas, el proceso judicial se enmarca bajo las disposiciones del Código Procesal Penal de 1973, vigente al momento de los crímenes.

    “El Código Procesal Penal de 1973 establece que los delitos los juzga un jurado, eso sí, el jurado lo único que determina si (los acusados) son culpables o no y con ese veredicto la jueza emite la sentencia. Si el jurado condena que son culpables la jueza emite una sentencia condenatoria y los años de prisión, si el jurado dice que no, ella hace la sentencia absolutoria”.
    Pedro Cruz,
    Abogado de las víctimas.

    El sistema de jurado es una figura en desuso en el derecho penal salvadoreño actual, salvo algunos delitos, pero al tratarse de un juzgamiento de crímenes cometidos antes de la reforma de 1977, está en la obligación de su uso.

    El Código Procesal Penal de esa época establece que el jurado se integrará con un total de cinco personas y un suplente, sorteadas de la nómina del Registro Electoral, y según explicó el abogado Cruz, el juzgado encargado del caso debe solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) listados de de ciudadanos aptos para votar en ese distrito, que en este caso sería Dulce Nombre de María, Chalatenango.

    “Según el procedimiento es la defensa la que entre las listas escoge una y los asistentes, se firma la lista sin verla, luego sin nadie presente más que el juez y el secretario, ellos abren la lista y mandan a citar a las personas”.
    Pedro Cruz,
    Abogado de las víctimas.

    Las personas aptas para conformar un jurado deben cumplir como requisitos ser salvadoreño, ser mayor de 21 años de edad y menor de 70 años, además de estar en el pleno goce de los derechos políticos y poseer estudios de educación media como mínimo.

    Mientras que las personas no elegibles para un jurado son funcionarios públicos y empleados del Órgano Judicial o del Ministerio Público, personas que estén sometidos a un procedimiento penal, que adolezcan de una incapacidad síquica o física que les impida asistir al juicio, así como aquellos que sean miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada y ministros de un culto religioso, según el artículo de 367 del referido código de 1973.

    Caso de los cuatro holandeses

    En el proceso por el asesinato de Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper, se acusa al excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena; al exministro de Defensa, general José Guillermo García y al exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán.

    Los periodistas holandeses fueron asesinados el 17 de marzo de 1982, luego que fueran emboscados en Santa Rita, Chalatenango por soldados del Batallón Atonal que salían de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, Chalatenango.

    Fueron emboscados por dicha patrulla mientras documentaban el impacto de la guerra en El Salvador, como parte de su labor para una televisión holandesa.

    El abogado Cruz, aseguró que se cuenta con elementos de prueba abundantes que sustentan las acusaciones en contra de los tres procesados y que los señalan como los principales responsables del crimen.

    Entre ellos, la declaración del agregado naval de Estados Unidos en El Salvador al momento que ocurrió el crimen, un peritaje militar previsto por un experto que explicó de manera detallada el funcionamiento cadenas de mando, doctrinas de la Fuerza Armada al momento del crimen.

    “Todo eso señala de manera directa a los altos jefes militares de la nación en la orden o por lo menos en el permiso de que esto se llevará a cabo. Hay testigos de aquella época que su declaración subsidio en el expediente estos 43 años, personas que quizás ya no están, pero que vieron el desplazamiento de una unidad militar de 25 hombres que estuvo varias horas esperando”, detalló el abogado de las víctimas.

    Los familiares de Hans Ter Laag y de Jan Kupier, dos de los cuatro periodistas holandeses asesinados lamentaron que el juicio fue suspendido, pero reiteraron que confían en la justicia y que no descansarán hasta obtenerla.

    «No sé que decir, estoy totalmente decepcionada pero eso no me impedá volver a otro juicio, vendré tantas veces como sea necesario hasta que sean juzgados».
    Sonja ter Laag, hermana de Hans ter Laag.

    Asimismo, el embajador de Países Bajos, Arjen van den Berg dijo que están comprometidos de seguir el proceso judicial por el asesinato de los cuatro holandeses en 1982 y esperan que el juicio se realice en la fecha reprogramada, el 3 de junio de 2025.

  • Presentan nueva acusación para procesados en caso Venicars por nueve víctimas adicionales

    Presentan nueva acusación para procesados en caso Venicars por nueve víctimas adicionales

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó, este miércoles, ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador una nueva solicitud de imposición de medidas en contra de seis extranjeros procesados por el caso de estafa, ligado a la agencia de carros Venicars.

    De acuerdo con la información compartida por la FGR en su cuenta de X, en la nueva acusación corresponde a nueve víctimas, a quienes los imputados engañaron tras publicar en redes sociales sus servicios, ofreciendo créditos para la compra de carros, donde solicitaron dinero a las víctimas durante el trámite para el supuesto financiamiento, el cual nunca fue dado.

    «Cada víctima de este caso entregó entre $800 y $1,000 a Venicars», indicó la Fiscalía.

    En el caso son procesados Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, de nacionalidad venezolana, además de Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Francis Dorelys Batson Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana, acusados de los delitos de estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas.

    El pasado 5 de abril de 2025, los imputados enfrentaron audiencia inicial, donde se decretó que el caso pase a fase de investigación, mientras cuatro de los acusados guardan prisión provisional, ya que dos de los acusados están en calidad de ausentes.

    Sin embargo, en la publicación de la Fiscalía se menciona a otras dos personas procesadas, identificadas como Mabel Ruth Solis y Doménica Elizabeth Flores Rodríguez, de quien se desconoce su nacionalidad y sus funciones dentro de la empresa.

    El 18 de marzo del presente año, la entidad fiscal realizó un allanamiento en dos instalaciones de la agencia, ubicada en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica y en calle La Mascota, ambas en San Salvador, ante la denuncia de 10 personas que aseguraron haber sido estafadas por la empresa.

    Durante el proceso de investigación, la Fiscalía señaló que en dicha empresa se ofrecían la venta de carros tras un pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, sin embargo, estos no eran entregados y alegaban que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.

    En dichos allanamientos se congeló la suma de $848,359.79 distribuidos en cinco cuentas en diferentes entidades bancarias de El Salvador y actualmente, se estima que el total de dinero estafado asciende a $2,500,000.

    A principios de abril la Fiscalía señaló que en el caso Venicars ya se contabilizan más de 1,000 denuncias de víctimas, relacionadas con la empresa de automóviles.

    La agencia de carros operaba en el país desde octubre del año 2024 hasta marzo 2025, cuando se realizaron los operativos de allanamiento y detención.

  • Instalan juicio contra exalcaldesa de Soyapango por retenciones de cuotas e incumplimiento de deberes

    Instalan juicio contra exalcaldesa de Soyapango por retenciones de cuotas e incumplimiento de deberes

    El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló, este miércoles, el juicio en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada de múltiples delitos, entre ellos, apropiación o retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.

    “Se ha instalado la vista pública contra la señora Nercy Montano por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, negociaciones ilícitas y otros delitos. Actualmente, hemos llegado a la etapa de alegatos iniciales”, dijo Miguel Ángel Cárcamo, abogado defensor de Montano.

    El abogado Cárcamo señaló que parte de los argumentos iniciales solicitan que se efectúe una adecuada tipificación de los cargos que se le atribuyen, “porque consideramos que amplificar o multiplicar los delitos no es procedente, sino que únicamente conocer bien sea, por una apropiación o retención de cuotas laborales o un incumplimiento de deberes».

    A la exedil se le procesa por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social y negociaciones ilícitas.

    La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la exalcaldesa de Soyapango realizó malversaciones de fondos por $271,760.43, recursos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población.

    El abogado de la defensa dijo que Montano recibe tratamiento médico en el penal de Apanteos, donde guarda prisión provisional, luego que fuera admitido un Habeas Corpus por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    En la vista pública, la exalcaldesa de Soyapango declaró vía remota que padece de diabetes, dependiente de la insulina, además, que tiene un tumor de tiroides, tumor de hipófisis y carece de un riñón, por lo que solicitaba que se considerarán nuevas medidas sustitutivas.
    El abogado Ricardo Roque Baires también es procesado en el caso. /Dania Quehl.

    Otros procesados

    Junto a Montano se procesa al abogado Ricardo Roque Baires, por los delitos de falsedad ideológica y negociaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusa de haber recibido $187,530.12 para una supuesta obra municipal.

    A ellos se suman, en calidad de ausentes, la extesorera de la comuna, Ruth Raquel Aguilar de Montano y el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez, acusados de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes y malversación.

    Así como el exgerente financiero de la alcaldía, Francisco Hernández, por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios.

    Según la FGR, la situación de impago fue expuesta por los trabajadores de la municipalidad de Soyapango, quienes dejaron de percibir sus salarios y el descuento de sus prestaciones en el periodo de septiembre a diciembre de 2022.

    Nercy Montano fue detenida la noche del 28 de diciembre de 2023, al interior de la comuna, luego de varios días de protesta de los sindicalistas, quienes pedían se les pagarán sus salarios atrasados, además de un bono y aguinaldo.

    En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó en la Lista Engel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez.

  • Reprograman por segunda ocasión juicio contra exalcalde de Apopa acusado de peculado

    Reprograman por segunda ocasión juicio contra exalcalde de Apopa acusado de peculado

    El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reprogramó por segunda ocasión la vista pública en contra del exalcalde de Apopa, José Elías Hernández, acusado del delito de peculado en perjuicio de la administración pública, la cual estaba prevista para este martes.

    La suspensión de la vista pública se produjo ante la solicitud de la defensa del acusado, según informaron fuentes judiciales a Diario El Mundo, pese a no brindar mayores detalles.

    En un inicio, la instalación del juicio estaba prevista del 22 de abril al 6 de mayo de 2025, sin embargo, bajo dichas razones fue reprogramado para el próximo 30 de junio.

    El exalcalde Hernández es procesado por supuestamente apropiarse de bienes del Estado que suman $591,000 de las arcas municipales entre los años 2012 y 2016 mediante supuestas licitaciones amañadas que tenían como fin beneficiar empresas familiares.

    Las investigaciones de la Fiscalía señalaron que el exalcalde Hernández, vinculado a las pandillas, benefició a su esposa al comprar bienes de servicios por $591,000, sin cumplir con los requisitos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), haciendo uso de documentos falsos elaborados por abogados quienes también son procesados en este caso.

    El Código Penal de El Salvador establece en su artículo 325 que el delito depeculado ocurre cuando un funcionario público se queda con dinero o bienes del Estado bajo su responsabilidad. Su sanción oscila entre los seis a 15 años de cárcel, como máxima.

    En 2020, el exedil de Apopa fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas por colaborar con pandilleros del barrio 18 de esa jurisdicción.

    Un año después, en 2021, fue condenado a otros cinco años de prisión tras ser hallado culpable por el Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador por el delito de intento de homicidio simple en perjuicio de una persona, el 16 de junio de 2013.

    Elías Hernandez fue alcalde de Apopa durante el periodo de 2015 a 2018 por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

  • Familiares de periodistas holandeses asesinados en conflicto armado piden justicia

    Familiares de periodistas holandeses asesinados en conflicto armado piden justicia

    A más de cuatro décadas del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado de El Salvador, familiares de las víctimas exigen justicia para sus seres queridos, ahora que el caso esta próximo a ser conocido en una vista pública, y que este siente un precedente para futuros procesos de la guerra.

    Familiares de los cuatro periodistas se concentraron en el “Monumento a la Memoria y la Verdad”, ubicado en el parque Cuscatlán, en San Salvador, donde recordaron sus vivencias y manifestaron que su principal deseo es conocer la verdad sobre los crímenes.

    Gert Kuiper, hermano de Jan Kuiper, lo recuerda a él como una persona muy sensitiva e inteligente, así como alguien que estaba “muy empeñado en la situación de la gente reprimida en general”.

    “Tuvimos una educación cristiana y nuestros padres nos enseñaron que somos personas privilegiadas de tanta gente que sufre de pobreza y él empezó a trabajar como reportero y escribió muchos artículos y viajes a América Latina”, dijo Gert Kuiper, hermano de Jan Kuiper.

    Kuiper aseguró que su expectativa sobre el caso es que “se reconozca que fue un crimen, que no fue casualidad que los cuatro holandeses fueron matados (sic), que había una emboscada y para mí ese reconocimiento y la condenación de los hechos es lo esencial”.

    Por su parte, Saskia ter Laag, hermana de Hans ter Laag expresó que «durante 43 años, el asesinato de mi hermano ensombreció mi vida con todas sus consecuencias» y que «durante los primeros 25 años, después de 1982, no pude hablar de ello con nadie».

    La hermana de Hans señaló que su hermano y compañeros tenían como propósito informar sobre las graves violaciones de derechos humanos que ocurrían durante la guerra en el territorio salvadoreño.

    “Está en sus manos, como tribunal dictar la sentencia. Para mi y para mis seres queridos lo más importante es obtener respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, sostuvo la hermana de Hans.

    Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper fueron asesinados el 17 de marzo de 1982, luego que fueran emboscados en Santa Rita, Chalatenango por soldados del Batallón Atonal que salían de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, Chalatenango.

    Fueron emboscados por dicha patrulla mientras documentaban el impacto de la guerra en El Salvador, como parte de su labor para una televisión holandesa.

    “Yo sé que debido a la guerra civil, muchos salvadoreños no necesitan explicación alguna, 43 años después, las familias de las 75,000 víctimas de la guerra civil también esperan justicia en El Salvador”, agregó la hermana de Hans.

    Los nombres de los cuatro holandeses forman parte de miles de nombres de las víctimas del conflicto armado salvadoreño y que ahora se leen en el monumento. Como parte de su memoria, sus familiares colocaron un tulipán, flor nacional de Holanda.

    Los familiares de los periodistas holandeses fueron acompañados por el embajador de Países Bajos, Arjen van den Berg, así como miembros de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Mecies), Fundación Comunicándonos y la Fundación Salvadoreña para los Derechos Humanos (Asdehu).

    “Mi esperanza es que la vista pública sea la primera de una serie de juicios en los que se haga justicia en los crímenes de la guerra civil”, sostuvo la hermana de Hans.

    La instalación del juicio estaba prevista para este miércoles, sin embargo, el martes los abogados fueron notificados que el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María de Chalatenango suspendió y lo reprogramó hasta el próximo 3 de junio, debido a motivos de salud de la abogada del excoronel Mario Adalberto Reyes Mena.

    Acusados

    En el caso se acusan como los principales responsables al excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena; al exministro de Defensa, general José Guillermo García y al exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán.

    En marzo, Reyes Mena fue requerido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en extradición a Estados Unidos, por su presunta participación en los crímenes.

  • Remiten a primeros conductores detenidos durante vacaciones de Semana Santa

    Remiten a primeros conductores detenidos durante vacaciones de Semana Santa

    La División de Tru00e1nsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) remitió este martes a los juzgados de San Salvador a los primeros conductores detenidos durante las vacaciones de Semana Santa de 2025.

    La remisión a los juzgados responde a que la Fiscalía General de la República (FGR) les lee el requerimiento de acusación con los cargos por los que enfrentaru00e1n el proceso penal, siendo el delito de conducción peligrosa.

    Los conductores que fueron presentados este du00eda son los primeros que fueron capturados en vacaciones, del total de 59 conductores detenidos manejando bajo los efectos del alcohol, entre el 12 y 20 de abril, según el consolidado de la Dirección General de Protección Civil.

    En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Transporte Terrestre, Tru00e1nsito y Seguridad Vial, en la cual, se impone cero tolerancia en todos los niveles de alcohol, por lo que los automovilistas que sean identificados bajo los efectos del alcohol son sancionados con una multa con $150, pierden su licencia por 12 meses y deberu00e1n asistir a cursos de reeducación vial.

    Ademu00e1s son procesados judicialmente por el delito de conducción peligrosa, que tiene penas que oscilan entre 2 y 5 años de prisión. Si el juez decide una pena menor de 3 años, la pena puede ser sustituida por arresto de fin de semana o por trabajos de utilidad pública.