Autor: Dania Quehl

El número de detenidos acusados de pertenecer a la «Raza Estudiantil» subió a 48, según las últimas actualizaciones del Gabinete de Seguridad.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, señaló que las autoridades realizaron la intervención de los jóvenes en centros educativos del país que buscaban retomar actividades pandilleril, que se formó desde años pasados.

El ministro detalló que son 34 mayores de edad y 14 menores que tenían cargos establecidos dentro la estructura. «El 70% son mayores de edad», indicó Villatoro.

«La investigación lo que refleja es una conducta típica y característica de una pandilla donde tienen niveles jerárquicos y aparte de los niveles jerárquicos tienen una actividad definida que era la venta de droga».
Gustavo Villatoro,
Ministro de Seguridad.

El pasado 24 de junio, la Fiscalía giró órdenes de captura y se ejecutaron en cuatro centros educativos: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar, según un comunicado de la institución.
¿De qué los acusarán?El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que los jóvenes capturados serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, así como relacionados a delitos sexuales, amenazas al cuerpo docente, conspiraciones para asesinar a policías y falsificación y alteración de monedas.

Las autoridades sostuvieron que previo a las reformas, las leyes protegían a los menores que delinquían. «Habían leyes con intención que el Estado fracasara cuando se enfrentara con menores», indicó el ministro Villatoro.

«Tienen que entender que vamos a llegar a la complejidad en las leyes y en las acciones que necesitamos para salir adelante», añadió Villatoro.

«Tenemos casos lamentables en los cuales, estas personas que están actualmente acusadas, introducían alumnas al interior de servicios sanitarios de los centros educativos, con la intención de abusar sexualmente de ellas, mientras otros se encargaban simplemente de alejar al cuerpo docente o de alejar a compañeros que querían auxiliarlas».
Rodolfo Delgado,
Fiscal general.

Por último, sugirieron a los padres de familia y cuerpo docente a «hacer un serio examen de conciencia».

«Todas estas situaciones son las que se están dando y son las situaciones que estas personas estaban provocando al interior de los centros educativos. Creo que los padres y los maestros o las personas que están encargadas en la crianza de estos adolescentes deben hacer un serio examen de conciencia», agregó el fiscal.

La vocería de prensa fue convocada por el gabinete de Seguridad y no se permitieron preguntas de los periodistas.

Los jóvenes fueron detenidos el pasado 24 junio y el siguiente día, un grupo de padres de familia llegaron a la Procuraduría General de la República donde los jóvenes pudieron hablar con ellos, realizar un chequeo de salud y ser enviados a centros de detención.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la transformación del Centro Judicial Integrado de Soyapango en un Centro Judicial especializado contra el Crimen Organizado, como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema judicial y optimizar el uso de los recursos institucionales.

El acuerdo fue aprobado con 14 votos a favor durante la sesión de Corte Plena celebrada el 22 de abril de 2025, según consta en el Acta Nº 29 e informa que la nueva sede albergará a los Tribunales Primero al Sexto contra el Crimen Organizado, además de otras sedes judiciales.

De acuerdo con el acta, la propuesta fue discutida previamente en la Comisión de Jueces y tiene como objetivo principal descongestionar los tribunales que actualmente conocen casos de crimen organizado, ayudando a reducir la alta carga laboral que enfrentan.

Durante la sesión, el magistrado Quinteros advirtió que actualmente varios juzgados operan en «condiciones de hacinamiento», por lo que el traslado permitiría implementar un «modelo de gestión centralizado» y un uso más eficiente de los espacios judiciales.

«Hay espacios en el Centro Judicial Isidro Menéndez (en San Salvador) que son compartidos entre diferentes tribunales lo cual no genera un clima laboral óptimo», se lee en el acta publicada por la CSJ.

El magistrado también aseguró que la prestación de servicios judiciales no se verá afectada, ya que los cuatro Juzgados de Paz y de Familia seguirán funcionando en Soyapango. Además, explicó que el reordenamiento territorial permite realizar este tipo de «movimientos estratégicos» sin afectar la atención a los usuarios.

Con la transformación, se prevé que el edificio de Soyapango sea utilizado «prácticamente» el 100 % de su capacidad. Sin embargo, no se mencionó fecha de inicio.

Los magistrados revelaron que en San Salvador se concentra el 64.1 % de la carga contra el crimen organizado y 58.1 % con base a imputados por este tipo de delitos, por lo que el volumen de trabajo hace necesaria dicha reestructuración.

En contraste, señalaron que los Juzgados de Familia en Soyapango manejan en promedio 62 casos al mes, lo que permite la reorganización sin perjudicar otros servicios.

Con la distribución en el Centro Judicial de Soyapango, los magistrados indicaron que se trasladarían 259 personas de los seis Tribunales contra el Crimen Organizado, más 93 personas que son practicantes y meritorios.

Además se acordó que los juzgados que permanecerán en el edificio de Soyapango estarán ubicados en el primer nivel, como parte del reordenamiento interno, y se llevarán a cabo campañas de divulgación para informar a la población sobre los cambios.

Sumado a la reubicación física, el proyecto incluye avances tecnológicos como la implementación del expediente digital, con miras a eliminar el uso de papel y hacer más eficiente el proceso judicial, según explicó el magistrado Marroquín Martínez.

De igual forma, se sugirió la construcción de una nueva «Cámara Gesell» en el Centro Judicial Isidro Menéndez, las cuales son diseñadas para la toma de entrevistas o declaraciones de víctimas o testigos.

Los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador concluyeron en el juicio en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano que durante su gestión favoreció a su asesor Ricardo Roque Baires, quien era el representante legal de la empresa Lex Support, para la recuperación de mora que enfrentaba la comuna.

Según el fallo, se comprobó que Baires fue presentado como colaborador y asesor de la alcaldía en una reunión realizada en un hotel de San Salvador en abril de 2021 y a partir de ese momento, comenzó a asistir frecuentemente a la comuna, participó en sesiones del concejo municipal y emitir opiniones jurídicas, a pesar de no contar con un contrato formal que lo acreditara como empleado de la alcaldía de Soyapango.

«Es cierto que Baires no tenía ningún contrato legal que lo ligara como empleado de la alcaldía pero sí de forma de hecho y opinaba en las reuniones del concejo y participaba como asesor de la exalcaldesa por su amistad», dijo el Tribunal.

Las pruebas determinaron que la presencia del abogado en las sesiones del concejo fue influyente para la contratación de Lex Support, la empresa encargada de recuperar la mora tributaria del municipio.

Dicha contratación fue realizada en abril de 2022 y fue firmada directamente por la exalcaldesa Montano, con aprobación previa del concejo municipal. Durante el juicio se mencionó que Montano y Baires mantenían un vínculo de confianza y amistad desde abril de 2021.

«Ese vínculo de amistad que mantenía él con la exalcaldesa de alguna manera lo vincula, tal situación que ellos dos sabiendo la situación firman el contrato», manifestaron los jueces.

Durante el proceso, se evidenció que la alcaldía ya contaba con un departamento encargado de la recuperación de la mora. Sin embargo, se optó por contratar a Lex Support, que terminó recibiendo un pago de $157,530.12, equivalente al 24.97 % de los $867,499.96 que se lograron recuperar. En contraste, se dijo de otra empresa contratada para una tarea similar, la cual solo recibió un 15 % de comisión.

Los testimonios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que la exalcaldesa de Soyapango presionaba a los concejales para que votaran a favor de las propuestas discutidas en presencia de Ricardo Baires.

Según los testigos, Montano advertía que, de no aprobarse dichas propuestas, reportaría a los concejales ante el partido y promovería su destitución.

Contratación de familiar

Además, el 1 de mayo de 2022, la alcaldía contrató a Ramiro Baires, hermano de Ricardo, como jefe de Transporte y Operaciones. El contrato fue presentado como prueba adicional del vínculo entre Baires y la gestión de Montano.

En ese sentido los jueces concluyeron que «si ve de las negociaciones ilícitas porque de alguna manera se favorece a esta persona con darle ese contrato y más aún que el interés de diferencia que hay con la otra contratación es de 24.97% que es mayor que otros».

Para el abogado de la exedil, Miguel Ángel Cárcamó un vínculo de amistad entre la exfuncionaria y el acusado Baires no es «una causal de delito» y que no debe ser razón para una condena.

«El vínculo de amistad no es un tipo de causal del delito, específicamente el tipo penal que el vínculo de amistad va a ser considerado para establecer una condena, por eso es que estamos en desacuerdo», sostuvo Cárcamo.

El Tribunal condenó a 4 años a Montano por el delito de negociaciones ilícitas en calidad de autora y el abogado Baires 2 años y ocho meses por el mismo delito en calidad de cómplice necesario.

La defensa de la exalcaldesa ha anunciado que apelará la condena.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) ampliar la investigación en contra de exconcejales de la alcaldía de Soyapango durante la gestión de Nercy Montano por el caso de incumplimiento de deberes en el pago de salarios a los trabajadores.

Durante la lectura del fallo, el Tribunal condenó a la exalcaldesa Montano a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes en el pago de salario de los empleados de la comuna y por negociaciones ilícitas tras favorecer contrataciones.

El Tribunal determinó que Montano incumplió sus deberes al no garantizar el pago puntual a los empleados, mientras paralelamente se incrementaron los fondos para las fiestas patronales que la comuna celebra en los meses de octubre. Sin embargo, aclaró que no eran decisiones individuales de la exedil, sino junto al concejo municipal.

Pruebas periciales demostraron que en diciembre de 2021 el concejo municipal de la alcaldía de Soyapango aprobó $300,000 para los gastos de fiestas patronales, pero en agosto de 2022 se autorizó un aumento de $400,000 a los fondos para las festividades, quedando un total de $700,000.

«Cómo es posible que había problemas de falta de liquidez para pagar salarios y cómo es posible que el concejo municipal apruebe aumentar el presupuesto de las fiestas patronales, cómo es que no prioricen el salario de los trabajadores», criticaron los jueces.

Ante ello, el Tribunal cuestionó fuertemente a la Fiscalía por una corta investigación y les señaló que las aprobaciones ocurrían por concejo. «Desconoce este tribunal por qué la
Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal. Desconoce el tribunal porque la fiscalía se quedó tan corta en esta investigación», señalaron.

El Tribunal consideró que «no había un control rígido», pero no se demostró de donde salió el dinero para aumentar el presupuesto de las fiestas.

«Desconoce este Tribunal de dónde sacaron el dinero para las fiestas patronales pero no hay registro que se modificaran los salarios para aumentar los fondos para fiestas patronales», argumentaron los jueces.

En ese sentido, los jueces del Tribunal afirmaron que la Fiscalía «tiene la obligación de buscar responsabilidad», no solamente en contra de la exalcaldesa sino también contra los exconcejales que avalaron con sus votos el aumento al presupuesto de las fiestas patronales.

Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre del año de 2022, provocando protestas de los empleados.

La exedil fue absuelta de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación, e infracción de condiciones laborales o de seguridad social, debido a que se comprobó que en la municipalidad había una falta de liquidez para la cancelación de los salarios, situación que impidió que se realizarán los pagos correspondientes a los trabajadores.

Otra investigación

Por otra parte, el Tribunal también se refirió a la declaración de un perito con respecto a la firma de un documento que se le atribuía al abogado Ricardo Roque Baires, implicado en el mismo caso.

Según se explicó durante el juicio se tomó la declaración de un notario y un perito quienes revisaron una carta jurada con la supuesta firma del Roque Baires, el primero dijo que en efecto se trataba de la firma del ahora condenado, mientras que el perito dijo que no era del abogado.

«Este tribunal ha dado credibilidad al perito, no obstante Fiscalía extrañamente intenta desacreditar al perito bajo argumentos que si conoce las firmas y él examina la firma estampada y llega a la conclusión que no es la misma, pero el notario dice que no», explicaron los jueces.

En ese sentido, manifestaron que «hay un problema y esto no puede quedar si como que no nos interesa, para los juicios y para levantar justicia también debemos buscar la responsabilidad».

«En ese orden de ideas, la Fiscalía debería abrir un expediente tanto por el caso de falso testimonio de parte del notario y que realice una investigación también en las áreas administrativas porque no es posible que ante los ojos del tribunal que busca encontrar objetividad y la verdad se venga a falsear. La Fiscalía tiene esas tareas, esperemos que no pase inadvertido», informó el Tribunal.

Roque Baires fue condenado a dos años y ocho meses por negociaciones ilícitas y tres años por falsedad ideológica, además de una condena de responsabilidad civil en abstracto. Sin embargo, la pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública.

La defensa de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, informó que apelará el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que la condenó a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas.

«Esta defensa técnica tiene total respeto por la decisión del tribunal, pero estamos en desacuerdo y este proceso no ha finalizado aquí, solamente finalizó el juicio y se nos habilita la segunda etapa, una segunda instancia donde un tribunal superior va a analizar esa sentencia con base al recurso que vamos a presentar», indicó el abogado Miguel Ángel Cárcamo, quien representa a la exalcaldesa.

Nercy Montano fue condenada a seis años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y cuatro más por negociaciones ilícitas.

Los jueces que integran el referido Tribunal explicaron que con respecto al delito de incumplimientos de deberes, la exfuncionaria ostentaba el mayor cargo dentro de la comuna de Soyapango, por lo que era la responsable legal de gestionar la municipalidad.

En el caso del delito de negociaciones ilícitas, el Tribunal dijo que hubo una acción de responsabilidad en calidad de autora, ya que se comprobó que Nercy Montano favoreció a la contratación de la empresa Lex Support, donde el condenado Ricardo Roque Baires era el representante legal para la recuperación de la mora que enfrentaba la comuna.

En los argumentos se mencionó que dichos beneficios a favor de Roque Baires se debieron a un vínculo de amistad entre los dos condenados.

Ante ello, el abogado Cárcamó consideró que un vínculo de amistad entre la exfuncionaria y el acusado Baires no es «una causal de delito» y que no debe ser razón para una condena.

«El vínculo de amistad no es un tipo de causal del delito, específicamente el tipo penal que el vínculo de amistad va a ser considerado para establecer una condena, por eso es que estamos en desacuerdo», agregó Cárcamo.

Cargos absueltos

La exedil fue absuelta de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación, e infracción de condiciones laborales o de seguridad social, debido a que se comprobó que en la municipalidad había una falta de liquidez para la cancelación de los salarios, situación que impidió que se realizarán los pagos correspondientes a los trabajadores.

Además, enfatizaron que Montabo no era la única responsable en la toma de decisiones, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que haber implicado en las investigaciones y posibles acusaciones a los miembros del concejo.

«Desconoce este tribunal por qué la Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal. Desconoce el tribunal porque la Fiscalía se quedó tan corta en esta investigación», señalaron los jueces.

Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, provocando protestas de trabajadores sindicalizados.

Las persistentes lluvias registradas sobre el territorio salvadoreño durante los últimos 10 días han provocado la caída de más de 190 árboles, según el último reporte brindado por el director de Protección Civil, Luis Amaya.

De acuerdo con Amaya, entre el 16 y 26 de junio de 2025, se contabilizaron un total de 192 árboles caídos en diferentes puntos del país, de los cuales señaló que varios fueron de gran tamaño por lo que requirieron la intervención de varias instituciones del Estado.

En las últimas horas, Protección Civil reportó la intervención de un árbol caído en los edificios 400, en el distrito de Mejicanos, San Salvador, así como la caída de otro árbol sobre un paso peatonal sobre la avenida Dr. José Antonio Rodríguez Porth, siempre en la ciudad capital.

Otras de las atenciones dadas fue la remoción de escombros de un árbol que cayó sobre tres vehículos estacionados en el cantón El Sitio, del municipio de San Miguel, la noche del miércoles. Las autoridades de dicha entidad aseguraron que en el incidente no se reportaron personas lesionadas y sólo dejó daños materiales.

El director de Protección Civil destacó que para la atención de este tipo de emergencias se ha activado a los equipos que conforman la institución y trabajar de la mano con empresas de distribución eléctrica, que han participado en acciones de prevención de riesgos.

Por otra parte, en los últimos diez días la entidad reportó 176 vías obstruidas, de las cuales Amaya dijo que la mayoría ya han sido habilitadas, a excepción del puente de Villa Lourdes que colapsó el pasado 17 de junio, así como, 31 deslizamientos y derrumbes, 11 vehículos afectados, cinco muros perimetrales colapsados y dos desbordamientos de ríos.

De este último, el funcionario expresó que los desbordamientos muchas veces se dan por obstrucción del cauce, por lo que el agua tiene buscar otro camino, sin embargo, sostuvo que «no hemos tenido situación extremadamente crítica».

El director de Protección Civil recordó que las lluvias se deben al paso de una onda tropical, la cual podría seguir afectando el territorio hasta el fin de semana. «No hemos visto la necesidad de incrementar la alerta verde a amarilla pero es importante recordarle a la población», sostuvo.

Asimismo, recomendó a las familias preparar una mochila de emergencia que incluya documentos personales, artículos de higiene, medicamentos y linternas, que son insumos esenciales durante emergencias.

La Dirección General de Protección Civil informó este viernes que mantiene activos tres albergues en los departamentos de San Salvador y La Libertad que dan resguardo temporal a 66 personas pertenecientes a 26 familias, como parte de las medidas de prevención ante las recientes lluvias.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, señaló que las últimas precipitaciones sobre el territorio salvadoreño han sido constantes durante toda la noche se deben al paso de una onda tropical que no se ha registrado una «situación crítica» que genere la ocurrencia de inundaciones urbanas severas en la zona metropolitana o costera.

«Aunque hemos tenido lluvias toda la noche, aunque ha llovido toda la noche no ha sido o no ha llegado a una cantidad de lluvia tan crítica como para generar inundaciones urbanas, para generar algún tipo de situación crítica en la zona metropolitana o costera», explicó Amaya en la entrevista matutina de canal 10.

Los tres refugios habilitados actualmente se encuentran en el Complejo Educativo Chapupo Rodríguez y la Casa Comunal 10 de Octubre, ambos en San Salvador; además en el Salón de Usos Múltiples en Colón, La Libertad, donde permanecen habitantes del Barrio La Vega, ubicado en dicho distrito.

El director de Protección Civil agregó que uno de los principales incidentes se registró en el distrito de Apopa, donde fue necesario evacuar a varias familias y trasladarlas a un albergue para su debida protección.

En total, la institución cuenta con 180 albergues habilitados y equipados para la atención de las personas que requieran atención por las lluvias u otra emergencia.

El funcionario advirtió que la duración de las precipitaciones constituye un riesgo en sí misma, «a veces no es tanta la cantidad de lluvia que precipita en un momento determinado, sino el tiempo que está persiste», por lo que se debe de dar seguimiento a los reportes meteorológicos.

Entre el 16 y el 26 de junio, Protección Civil ha reportado 40 viviendas anegadas, 28 con daños leves y dos con daños mayores. Además, de dos personas lesionadas y una fallecida, que se trató de un hombre que intentó cruzar un río crecido en estado de ebriedad y fue arrastrado por la corriente.

Las lluvias, provocadas por el paso de una onda tropical, podrían continuar afectando el país hasta el fin de semana, destacó Amaya, por lo que las autoridades se mantienen en alerta en todo el territorio.

«No hemos visto la necesidad de incrementar la alerta de verde a amarilla, pero es importante recordarle a la población que no se arriesgue cruzando ríos o quebradas. La prevención es clave», subrayó Amaya.

El funcionario hizo el llamado a la población a acatar las indicaciones de las autoridades ante el posible aumento de lluvias y a evitar intentar cruzar ríos, quebradas o zonas anegadas, que pueden causar el arrastre de personas.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para el próximo 4 de julio a las 2:00 de la tarde la lectura del fallo del juicio en contra del exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado García, acusado de difamación en perjuicio de la fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (Itexsal).

La vista pública se instaló el pasado 24 de junio ante el referido tribunal y durante los siguientes días se presentó la declaración de los testigos ofertados para la diligencia. La abogada de la fundación Itexsal, María José Castro, mencionó que se ofertaron un total de 47 testigos, sin embargo, solo pasaron a declarar siete, debido a que «ya habíamos ilustrado todo lo que necesitábamos ilustrar».

«Finalizó por completo la audiencia, vamos totalmente positivos del desarrollo de la misma, se hizo todo el descargo de la prueba de cargo, no así de la defensa porque no había ninguna oferta y creo que vamos satisfechos», declaró Castro a la salida del juicio.

La abogada de Itexsal afirmó que se ratificó la petición de la fundación, que de ser hallado responsable del delito de difamación, el exalclalde Will Salgado deberá pagarle $3 millones a la Fundación Itexsal.

Por su parte, el abogado de exedil, Luis Felipe Sánchez argumentó que intentaron presentar pruebas de descargo, no obstante, no fueron admitidos por el tribunal pero manifestó que las mismas pruebas presentadas en el juicio jugaron un punto a favor de su cliente, por lo que espera un fallo a favor.

«Todas, absolutamente todas (las pruebas) se convirtió en prueba de descargó a favor, entonces desde un punto de vista legal estamos a la expectativa que se resuelva sobre la base del derecho y lo que es justo», dijo el abogado Sánchez y añadió que «a nuestro criterio no se configura el delito».

El exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, es acusado de difamación en perjuicio de la Fundación Itexsal por declaraciones que hizo dónde pondría en duda el uso de los fondos estatales que recibe la institución.

«Yo siempre lo he dicho, lo reitero y lo voy a repetir hasta el cansancio, yo no he dicho nada que no sea cierto, todo lo que dije ha salido en los medios de comunicación, aquí todo mundo sabe quién es el dueño del colegio, quién es el dueño de la fundación, hay una canción que dice: ‘Lo sabe, lo sabe, todo El Salvador lo sabe’ y espero que el señor juez lo sepa, ya sería el colmo que el señor juez no lo sepa», dijo el exalcalde Will Salgado, al salir del juicio.

En septiembre de 2024, los abogados de la Fundación Itexsal presentaron una demanda en contra de Will Salgado, por el delito de difamación, por emitir presuntas declaraciones que ponen en duda el uso de los fondos estatales que recibe la fundación.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas de la prensa, debido a que el caso tiene reserva total y no está permitido brindar detalles de lo expuesto durante la diligencia. Previo a la instalación del juicio, la defensa presentó una solicitud al tribunal para que se cambiará a una reserva parcial, sin embargo, fue negada.

De igual forma, la defensa del exedil presentó dos amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del tribunal que conoce el caso y de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección Centro, ante la negativa de incorporar la declaración de un perito financiero y contable, propuesto por la defensa. Sin embargo, hasta la fecha el Órgano Judicial no emite respuesta.

El Tribunal Quinto de Sentencia de Salvador condenó este jueves a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano por delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas.

La exedil fue condenada a seis años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y cuatro más por negociaciones ilícitas.

«Cómo es posible que había problemas de falta de liquidez para pagar salarios y cómo es posible que el concejo municipal aprueba aumentar el presupuesto de las fiestas patronales, cómo es que no prioricen el salario de los trabajadores».
Tribunal en su fallo dado el mediodía de este jueves.

Aunque inicialmente la Fiscalía General había acusado también a la exedil del delito de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación, e infracción de condiciones laborales o de seguridad social, sin embargo, el tribunal la absolvió.

«Desconoce este tribunal de dónde sacaron el dinero para las fiestas patronales pero no hay registro que se modificaran los salarios para aumentar los fondos para fiestas patronales», concluyó el tribunal.

El tribunal cuestionó fuertemente a la Fiscalía por una corta investigación y les señaló que las aprobaciones ocurrían por concejo. «Desconoce este tribunal por que la Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal. Desconoce el tribunal porque fiscalía se quedó tan corta en esta investigación», señalaron los jueces.

En el caso también fue procesado el abogado Ricardo Roque Baires, a quien fue sentenciado a dos años y ocho meses por negociaciones ilícitas y tres años por falsedad ideológica, además de una condena de responsabilidad civil en abstracto.

A ellos se agregan en calidad de ausente la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano; el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez y el exgerente financiero, Francisco Antonio Henríquez Molina, por cargos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios; sin embargo, el tribunal desestimó los cargos en contra de los últimos tres, debido a que no eran los encargados de solventar la situación financiera de la comuna.

Ante ello, se ordenará oficios para dejar sin efectos la detención provisional para los tres procesados absueltos.

El proceso

En un inicio la Fiscalía solicitó 26 años de cárcel para la exalcaldesa de Soyapango por malversar fondos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población.

Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, provocando protestas de trabajadores sindicalizados.

Previo al fallo, el abogado defensor de Montano, Miguel Cárcamo, aseguró que durante el juicio se demostró que la situación financiera de la alcaldía de Soyapango «no fue responsabilidad de la exalcaldesa» sino a una «crisis generada por el concejo de esa fecha».

Montano fue capturada el 28 de diciembre de 2023, dentro de la comuna, luego de varios días de protestas por parte de los sindicatos que exigían el pago de salarios, bonos y aguinaldos atrasados.

Durante el juicio, un exconcejal de la comuna declaró que Montano hacía gastos excesivos como la contratación sin justificación de personal y el elevado monto aprobado para las festividades.

Las organizaciones Foro del Agua y Reverdes presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de hábeas corpus en favor del abogado de dicha organización, Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, acusados en el caso de la Cooperativa El Bosque.

La abogada de Reverdes, Dalila González, informó en un video publicado a través de la cuenta de X de la organización que dicho recurso se presentó el pasado 23 de junio, el cual tiene como propósito denunciar la violacion al derecho de la libertad ambulatoria, que según manifestaron «esta fuera de los marcos de la legalidad y de la Constitución». «Este mecanismo constitucional tiene como objeto revisar detenciones arbitrarias e ilegales para proteger este derecho tan fundamental como la libertad y la integridad personal.

En ese sentido, estamos argumentando que la detención de nuestros compañeros son arbitrarias e ilegales porque la jueza no cumplió con dos requisitos mínimos para decretar detención provisional», dijo González. Según argumentó, la jueza del Primero de Paz de Santa Tecla, omite demostrar «la apariencia de un buen derecho» y el «riesgo de fuga», que son importantes a considerar para decretar una detención. «En este caso ni siquiera hay elementos, ni señales mínimas que indiquen la existencia de un delito, lo que sí tenemos son elementos que reconfirman la inocencia de nuestros compañeros.

Tampoco la jueza acreditó el peligro de fuga haciendo una incorrecta valoración de los arraigos presentados por la defensa», explicó la abogada y militante de Reverdes.

En ese sentido, las organizacion piden a la Sala de lo Constitucional que se decrete un auto de exhibición personal a favor de Ángel Pérez y Alejandro Henriquez por haberse vulnerado el derecho a la libertad personal al estar bajo detención en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona». Además que se dicten medidas cautelares sustitutivas a la detención provisional.

La Fiscalía acusó a Pérez y a Henríquez de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública. Según el planteamiento de la representación fiscal, los imputados tenían la intención de ingresar a la Residencial Los Sueños, donde vive el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Ambos procesados enfrentaron el 30 de mayo de 2025 la audiencia inicial ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, donde se ordenó detención provisional y que el caso pase a fase de instrucción, donde seguirá la investigación en su contra.

El pasado 16 de junio, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, rechazó el recurso de apelación presentado por los abogados defensores del Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, bajo el argumento que la audiencia inicial era todavía temprana para hacer valer las solicitudes de diligencias de la defensa, y que para eso se tenía la etapa de instrucción Ángel Pérez fue detenido el 12 de mayo mientras participaba en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

Posteriormente se reportó la captura del abogado Alejandro Henríquez en las afueras de las instalaciones de la organización para la que laboraba, en la colonia Miramonte de San Salvador.