Autor: Dania Quehl

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decretó que Fidel Antonio Zavala Pérez, activista de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), acumule la medida de detención provisional por un nuevo caso de estafa en su contra.

Según la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR), acusan a Zavala Pérez del delito de estafa agravada, por presuntamente engañar a una persona con $1,000.

“En octubre del año 2018, Zavala se hizo pasar como especialista de la bolsa de valores y criptomonedas, haciéndole creer a la víctima que si invertía en esos rubros, tendría ganancias hasta de un 20 %. Cuando la víctima quiso obtener las ganancias generadas más el dinero invertido, el imputado rompió toda comunicación con la persona afectada”, describió la FGR.

El referido juzgado ordenó la detención del imputado y que el caso pasa a la fase de instrucción, mientras avanza la investigación en su contra.

Este caso se acumulará a otros procesos pendientes de estafa que mantiene en el Juzgado Quinto de Instrucción de misma jurisdicción en contra de Zavala Pérez, aseguró la Fiscalía.

Otros casos

El 14 de marzo de 2025, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Zavala y otras 23 personas de la comunidad Hacienda La Floresta, por un caso de usurpación de tierras, venta ilegal de parcelas y otros delitos. El referido tribunal envió a fase instrucción el caso.

En este proceso judicial también se procesa a los abogados de Unidehc, Ivania Berenice Cruz y Rudy Mauricio Joya, por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones. Ambos son imputados ausentes junto a otras dos personas.

Zavala también fue acusado de estafa en perjuicio de cuatro personas, quienes señalaron que el imputado convenció a las víctimas de invertir capital en el extranjero y en la bolsa de valores, prometiendo rendimientos mensuales y utilidades en función de sus aportes.

Las cantidades entregadas por las víctimas oscilaban entre los $10,000 y $15,000. Sin embargo, aseguraron que no recibieron ganancias.

El imputado había sido acusado en un inicio en 2022 por dicho caso y pasó detenido durante 13 meses, pero fue absuelto en el año 2024, sin embargo, la Fiscalía apeló y se abrió nuevamente el caso.

Zavala denunció maltratos por las autoridades penitenciarias durante su detención en la Granja de Santa Ana, mientras seguía el proceso en su contra.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) exigió al presidente de República, Nayib Bukele, que proteja la vida y la integridad del activista Fidel Zavala, que se encuentra encarcelado en una prisión de la que denunció torturas.

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó esta semana en audiencia inicial, que Óscar Antonio Menjívar y Luis Roberto García Nieto, acusados del delito de casos especiales de lavado de dinero, a través de la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas permanezcan en prisión provisional, mientras continúan las investigaciones del caso.

De acuerdo con el requerimiento de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ambos procesados fueron detenidos inicialmente por delitos relacionados con la venta ilegal de licores adulterados.

“Durante los allanamientos realizados en sus respectivas viviendas, con el fin de robustecer la investigación, las autoridades encontraron dinero en efectivo cuya procedencia lícita no pudo ser justificada”, según la información compartida por la cuenta de Centros Judiciales.

El pasado 20 de febrero de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC), junto a la Fiscalía General de la República, capturaron a seis personas implicadas en una estructura que comercializaban bebidas alcohólicas adulteradas por redes sociales, entre ellos Menjívar y García Nieto.

Según se detalló, ese día se allanó una vivienda ubicada en la residencial Finca de Asturias, en Santa Tecla, La Libertad, donde se incautó al imputado Menjívar la cantidad de $11,950; mientras que en una residencia situada en San Miguel, se le encontraron a García Nieto un total de $18,530.

Ante ello, señalaron que tras la audiencia inicial, el juzgado resolvió que existen los elementos indiciarios suficientes sobre la existencia del delito y la posible participación de los procesados, por lo que ordenó la detención provisional y que el caso continúe a etapa de instrucción.

Durante el operativo, la FGR aseguró que los detenidos modificaban el contenido y los envases para que parecieran marcas reconocidas, para luego comercializar la mercancía. En un inicio se reportó la captura de seis personas, sin embargo, en dicho proceso judicial solo se hace referencia a dos de los detenidos.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta denunció,

que la vivienda de Saúl Agustín Rivas Ortega, uno de los procesados en el caso Santa Marta fue custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la denuncia, la presencia de los agentes policiales a las afueras de la residencia del imputado ocurre luego que el Tribunal de Sentencia de San Vicente declarara la rebeldía para seis de los procesados en el caso, entre ellos, Saúl Rivera.

El pasado 2 de abril de 2025, el referido tribunal declaró la rebeldía luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados, debido a su incomparecencia a la audiencia.

Ante ello, el tribunal giró oficios para notificar la resolución sobre la rebeldía y que la notificación de la audiencia de vista pública fuera publicada por medio de edictos judiciales.

“Como los procedimientos son por edictos judiciales, es decir que tienen que notificarse y esos edictos si ya llegaron a las viviendas de los compañeros, sin embargo, a excepción de la casa de Saúl Rivas, que es uno de los compañeros si estuvo custodiada por policías por varios días”, manifestó el representante de Ades Santa Marta, Alfredo Leiva.

Según explicó Leiva, dicha situación solo ha sido reportada en la residencia de Saúl Rivas, ya que aseguró que en el resto de las viviendas de los imputados “no tenemos conocimiento que hayan llegado”.

En el caso Santa Marta se procesa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, por el presunto asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Desde enero del presente año, la comunidad Santa Marta denunció la militarización del lugar y con ello, han temido de nuevas capturas previo a la realización del juicio repetido que enfrentan los acusados.

En su momento, integrantes de la comunidad Santa Marta manifestaron sobre la presencia de fiscales, agentes de inteligencia y militares para la supuesta supervisión de los hogares donde viven las personas que están “en la lucha de la liberación definitiva de los cinco ambientalistas».

Los cinco procesados son líderes comunitarios que a principios de los años 2,000 encabezaron la lucha antiminera en El Salvador.

La nueva vista pública en contra de los acusados corresponde a la apelación que ordenó la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque absolviera de los cargos a los imputados en un primer juicio.

Esta semana fue notificado que el juicio previsto del 9 al 11 de abril fue reprogramado para desarrollarse del 26 al 28 de mayo del presente año, cambio que fue anunciado un día previo a la fecha prevista.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientalistas de Santa Marta que han encabezado la lucha contra la minería metálica en El Salvador.

Cuando el caso comenzó, la comunidad sostuvo que el caso tenía fines de persecución debido a su lucha antiminera, no obstante, el gobierno desacreditó esta versión; sin embargo, durante el proceso judicial, el gobierno salvadoreño confirmó su deseo de retomar la minería en el país aprobando una Ley General de Minería.

El presidente Nayib Bukele incluyó la zona de la mina El Dorado, en Cabañas, dentro del «cinturón de oro» como uno de los lugares de posible explotación minera.

El Juzgado de Paz Santa Rosa de Lima, La Unión, ordenó, en audiencia inicial, que Éver Antonio Posada Rivera, de nacionalidad nicaragüense, acusado de asesinar a una persona y lesionar a otra con un arma de fuego permanezca en detenido, mientras continúan las investigaciones en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo procesa por los delitos de homicidio simple e intento de homicidio, luego que el pasado 23 de marzo disparara contra dos personas con las que departía en la colonia Turcios, del distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte.

“Las dos víctimas estaban departiendo cuando Rivera les disparó. Los dos hombres fueron trasladados al Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, La Unión, para recibir asistencia médica, pero por la gravedad de las lesiones, uno fue trasladado hasta el Hospital Nacional Zacamil, San Salvador, donde murió el 26 de marzo de este año”, detalló la entidad fiscal.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el mismo día de los hechos sobre la captura en flagrancia de Rivera, a quien se le decomisó un arma de fuego de tipo revólver y tres días después, dieron a conocer el fallecimiento de una de las víctimas.

En un inicio, la PNC identificó al procesado como Edelmer José Pastora Rivera, pero los hechos relatados tanto por la corporación como por la Fiscalía son los mismos.

Según los registros de la corporación policial, durante el primer trimestre del año 2025, se contabilizaron 18 homicidios a nivel nacional, de los cuales el último crimen fue el 28 de marzo, que se trató de un hombre con una lesión en cuello, en el distrito de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate Este.

En lo que va del mes de abril, la PNC no ha contabilizado ningún asesinato.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, condenó a 20 años de cárcel a Ernesto Alcides Alfaro Cortez, por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas en contra de una mujer de 46 años de edad.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Cortez agredió a la víctima el 3 de enero del 2022, al interior de una finca conocida como La Esperanza del cantón El Limón, jurisdicción del distrito de Santa Tecla, en La Libertad Sur.

“Según la denuncia, la mujer salió de su casa a dejarle comida a su esposo que laboraba en la finca, al llegar al lugar, él le pidió que fuera por unas sábanas en el otro sector del terreno. La mujer fue sorprendida por el imputado, quien utilizó la fuerza para violarla”, explicó la Fiscalía.

Ante ello, el referido tribunal impuso una pena de 13 años y cuatro meses de cárcel por el delito de violación agravada y seis años con seis meses más por otras agresiones sexuales agravada.

Otros casos

En otras condenas, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz impuso una pena de 16 años de prisión a Margarita Nathalie Zavala Rivera, luego de ser declarada culpable de haber engañado a una menor de edad para explotarla sexualmente.

Según la investigación de la FGR, entre enero y abril del año 2021, Zavala Rivera ofreció su ayuda a la menor para seguir estudiando a cambio de que viviera con ella, sin embargo, la explotó sexualmente en bares a cambio de una remuneración económica.

La Fiscalía procesó a Zavala Rivera por trata de personas en la modalidad de explotación sexual, delito por el que fue condenada.

Asimismo, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a doce años de prisión a Santos Wilfredo García, Darvin Francisco Vásquez, Erick Alexander Castro Canales, y Ricardo de Jesús Jovel por violación agravada.

En otros hechos, el Tribunal de Sentencia de Usulután, sentenció a José Isaías Aquino Hernández a 14 años de cárcel por el delito de violación en menor o incapaz agravada.

El crimen fue cometido el 29 de enero de 2024 en el distrito de Mercedes Umaña, Usulután y al momento de la violación, la víctima tenía 14 años. Según la acusación fiscal, el hombre llevó a la menor hasta su casa donde la violó.

“Tras cometer el crimen Aquino Hernández llevó a la menor de edad hasta donde una familiar, quien interpuso la denuncia al enterarse del crimen”, dijo la FGR.

Aquino Hernández, es reo ausente y tiene vigente orden de detención desde el 1 de julio de 2024.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta junto a otras organizaciones sociales expresaron, este miércoles, su descontento a la nueva reprogramación de la vista pública del caso conocido como Santa Marta y calificó dicha acción como una “estrategia dilatoria” en contra de los acusados, que pertenecen a la comunidad de Cabañas.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente tenía previsto del 9 al 11 de abril de 2025, la repetición del juicio en contra de ocho personas, acusadas de asesinar a una mujer durante el conflicto armado de El Salvador, el cual se realizaría en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, sin embargo, fue suspendido la tarde del martes.

“Consideramos que la suspensión de la nueva vista pública es la continuación de una estrategia dilatoria en este caso. Esta malévola estrategia se expresa claramente en la anulación del juicio donde los activistas ambientales fueron sobreseídos definitivamente, la suspensión de la audiencia el pasado 3 de febrero y ahora con esta es un alargue premeditado de este cuestionado proceso penal”, dijo el representante de Ades, Alfredo Leiva.

Según informó la defensa del caso a Diario El Mundo, la suspensión se estableció debido a la carga laboral de uno de los jueces del referido tribunal que conocerá el caso. No obstante, la asociación de Ades consideró como sospechosa la decisión de reprogramarlo.

“Tal justificación nos parece sospechosa y poco creíble, pues la audiencia había sido reconformada por el mencionado tribunal al final de la semana pasada cuando informó sobre la orden de recaptura de los procesados y cuando citó a las partes involucradas en el proceso, lo cual significa que todo estaba listo para su realización”, manifestó Leiva.

Además, concluyeron que la suspensión del juicio es una “falta de respeto” para las representaciones diplomáticas de los países que informaron que darán seguimiento al proceso y que habían confirmado participar como observadores en el juicio.

La nueva fecha para la apertura de la vista pública será del 26 al 28 de mayo del presente año; con esta sería la segunda ocasión que se reprograma el caso, el cual había sido señalado en un inicio del 3 al 6 de febrero, pero debido a la inasistencia de los acusados fue señalada para esta semana.

Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Álgel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de asesinar el 22 de agosto de 1989 a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Las organizaciones reiteraron que se trata de un caso “montado” para “perseguir judicialmente al activismo ambiental y responde al interés gubernamental de reactivar la minería metálica, lo cual se confirma claramente con la aprobación de la Ley General de Minería Metálica.

Y que con ello, se busca sentar un “nefasto” precedente jurídico para quienes participaron en las luchas revolucionarias del país y que la repetición del juicio, en la práctica se trata de un doble juzgamiento.

Por último, Ades Santa Marta reiteró su demanda dirigida al juez de sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas de que se aparte del proceso judicial debido a su presunto pasado militar, quien presuntamente habría sido miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, según una información publicada por el comunicador, César Fuentes.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, juez 2, de San Miguel, interpuso penas de hasta 262 años de cu00e1rcel para 48 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS), acusados de una serie de delitos, entre ellos homicidio, extorsión y tru00e1fico ilícito de droga, ocurridos en el departamento de San Miguel.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados fueron procesados por 17 homicidios agravados, 12 de extorsión agravada, siete casos de proposición o conspiración en el delito de homicidio agravado, así como un feminicidio agravado,un intento de homicidio y organizaciones terroristas. Los crímenes ocurrieron entre enero de 2015 y octubre de 2017.

Asimismo, señalaron que las víctimas de homicidio de dicha estructura eran personas a las que consideraban informantes de la Policía Nacional Civil (PNC) o pertenecían a la pandilla contraria.

La condena mu00e1s alta de 262 años fue impuesta a Juan Félix Hernu00e1ndez Rivas, alias dramu00e1tico y a Wílber Josael Herrera Gutiérrez, alias efectivo; ambos reos presentes y perfilados como homeboys de la MS.

En el caso del procesado Jason Ronaldo Orellana Fuentes, alias “El Inadvertido” (rebelde), con rango de homeboy, fue sentenciado a 247 años de prisión por organizaciones terroristas, dos homicidios agravados, un caso de tru00e1fico de droga, siete casos extorsiones agravadas, un intento de homicidio y tres por proposiciones y conspiración para cometer el delito de homicidios agravado.

Daniel David Paz, alias “El Inesperado” (presente), perfilado como “homeboy”, fue declarado culpable de cinco homicidios agravados, un feminicidio agravado y uno por proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas. El tribunal lo sentenció a 202 años de prisión.

Mientras que para Cristian Alexander Zamora, alias “Desconfiado Flash” (rebelde) y Kevin Nahum Reyes Martínez, alias “Imprevisto” (presente), fueron condenados a 112 años de prisión, respectivamente.

El resto de los pandilleros fueron sentenciados a penas menores. En el juicio se determinaron las condenas para 36 imputados presentes y 12 que fueron declarados en rebeldía.

La Fiscalía detalló que los procesados delinquían en las colonias San Pablo, 18 de Mayo, La Presita I, Asunción, La Panamericana, El Tesoro, San José, Ciudad Real, Santa Julia, Ciudad Pacífica, Las Unidas, Carrillo y en el cantón Montegrande, pertenecientes al departamento de San Miguel.

En otro hecho, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta 321 años en la cu00e1rcel a 14 miembros de la pandilla MS, por varios homicidios, extorsiones, planificación de asesinatos, tru00e1fico y agrupaciones ilícitas, tras un juicio realizado entre el 17 al 21 de febrero de 2025.

Entre los condenados estu00e1 César Ernesto u00c1lvarez, alias “Lobo”, perfilado como corredor de clica, a quien se le impusieron 321 años de cu00e1rcel por participar en 11 casos de extorsión agravada, seis casos de proposición y conspiración en delitos de homicidios, tres casos de homicidios agravados, tru00e1fico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

A este se suman el imputado Bryan Enrique Chicas Martínez, condenado a 111 años de prisión; Juan Carlos López Ortiz, quien recibió una sentencia de 72 años de cu00e1rcel; así como Samantha Abigaíl Rodríguez Berríos con una pena de 50 años de prisión; Carlos Ulises Castaneda Ramírez, a 36 años de prisión y a otros implicados se le han dictado penas de 35, 30, 27, 25 y 21 años de cu00e1rcel.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación inició en el año 2018, tras la denuncia de varias víctimas que sufrían amenazas y acoso realizado por los pandilleros, quienes les exigían diversas cantidades de dinero que debían entregar cada 15 o 30 días.

“Entre los casos resueltos estu00e1 el crimen cometido el 22 de mayo de 2022, contra un joven de 21 años, quien caminaba sobre la 4a avenida Sur y 6a calle Oriente en el centro capitalino cuando fue atacado por dos sujetos que viajaban en moto y le dispararon reiteradas veces”, expuso la FGR.

Los otros crímenes por los que fueron sentenciados ocurrieron en las colonias Escalón, San Antonio Abad y Miramonte del departamento de San Salvador, en distintas fechas.

La Fiscalía destacó que los imputados condenados son parte de un remanente de otros 90 procesados que ya cumplen sus sentencias dictadas anteriormente.

Por otra parte, el referido Tribunal de Sentencia interpuso en otro proceso una sentencia de 15 años de prisión para Mariana Guadalupe Siliezar Lizama, por extorsionar a un comerciante del distrito de Soyapango, en San Salvador Este, durante el año 2010.

Según las investigaciones de la FGR, Siliezar Lizama y otros miembros de la pandilla Barrio 18, llamaron por teléfono a la víctima para exigir grandes cantidades de dinero para pagar a abogados que sacaran de la cu00e1rcel a miembros de su pandilla.

“Tras la exigencia de la pandilla y por temor a que los terroristas cumplieran sus amenazas, el afectado interpuso la denuncia el 19 de julio de 2010. Durante seis entregas controladas del dinero, la mujer fue identificada por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando recibía el efectivo”, dijo la Fiscalía.

La condena de cu00e1rcel fue impuesta en ausencia de la procesada, según las reformas al Código Procesal Penal que permite juzgar a prófugos de la justicia.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente suspendió y reprogramó, este martes,

la instalación del juicio en contra de ocho personas, acusadas por el asesinato de una mujer en el conflicto armado, informó la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta.

El juicio repetido estaba previsto para desarrollarse del 9 al 11 de abril de 2025 en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, sin embargo, fue suspendido debido a la carga laboral de uno de los jueces del referido tribunal que conocerá el caso, indicó el abogado de la defensa, Pedro Cruz a Diario El Mundo.

Ante ello, la nueva fecha para la apertura de la vista pública será del 26 al 28 de mayo del presente año.

Con esta, sería la segunda ocasión que se reprograma el caso, el cual había sido señalado en un inicio del 3 al 7 de febrero, pero debido a la inasistencia de los acusados fue señalada para esta semana.

Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gómez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, acusados del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados en el caso de Santa Marta, quienes son acusados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

Tres días más tarde, organizaciones sociales denunciaron y exigieron al juez de sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas se aparte del proceso judicial debido a su presunto pasado militar, quien habría sido miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, entre 1980-1992, según una información publicada por el comunicador, César Fuentes.

La acusación

La Fiscalía General de la República acusa a los excombatientes del FMLN de asesinar el 22 de agosto de 1989 a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Según la acusación, los procesados sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio en contra de los ocho acusados y fueron absueltos de los cargos, principalmente, porque el caso no configuraba los requisitos como crimen de guerra.

Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientales de Santa Marta.

La Policía Nacional (PNC) informó, la noche del lunes, que la muerte de un hombre previamente reportada como suicidio el pasado 28 de marzo, en el departamento de Sonsonate, se trató de un homicidio.

De acuerdo con la corporación policial, la autopsia de Medicina Legal determinó que la víctima recibió una lesión del cuello, la cual fue alterada para fingir que se trató de un acto suicida.

«Pese a que la escena parecía un suicidio, la causa de muerte se determinaría en la autopsia, además de las investigaciones en torno al caso. Hoy se determinó que fue homicidio», publicó la PNC en su cuenta de X.

El crimen fue reportado el 28 de marzo en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este y según la Policía se capturó una mujer, identificada como Maura Alicia Bonilla Pérez, señalada como la presunta responsable del asesinato.

La PNC destacó que Bonilla Pérez era la compañera de la víctima, y ahora deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fraude procesal.

En el primer trimestre del año 2025, se contabilizaron 17 homicidios a nivel nacional, según los registros de la corporación policial, sin contar con la reciente información, con la que sumaría 18 asesinatos.

De acuerdo con los datos recabados, del total de homicidios 11 fueron hombres entre los 20 y 50 años de edad, mientras que los feminicidios alcanzaron los seis casos, de los cuales uno fue cometido por su pareja.

Sin embargo, en uno de los crímenes no se determinó el género de la víctima mortal.

El mes de marzo registró el mayor número de homicidios, con nueve muertes violentas, seguido de enero con seis y febrero con tres asesinatos.

El Socorro Juridico Humanitario (SJH) presentó, este martes, un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del director general de Centros Penales, «Osiris Luna «por los presuntos delitos de «actos arbitrarios cometidos por funcionario público, limitación indebida a la libertad individual y desobediencia,» tras incumplir la orden de liberación a favor de un joven portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), capturado en el régimen de excepción.

La directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, aseguró que Luna, así como el director del Centro Penal de Izalco, René Antonio Reyes «se niegan a liberar al joven identificado Anderson Stanley Argueta Rivera», quien el pasado 25 de febrero recibió la carta de orden de libertad por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado, Juez 2 de San Salvador.

«Tenemos a Anderson Stanley Argueta Rivera, que es un joven cuyo padecimiento de salud o condición de salud es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, desde su nacimiento este muchacho tiene esta condición de salud y en su corta edad, hasta los 19 años él había estado completamente saludable recibiendo su tratamiento en el hospital Bloom y demás centros médicos».

«Ingrid Escobar,
Abogada del Socorro Jurídico Humanitario.».

De acuerdo con Escobar, un peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal, el 17 de enero de 2025, indica que «adicionalmente de ser paciente del VIH, Argueta Rivera no ha recibido su tratamiento retroviral.»

Además que se le identificó una herida en la zona abdominal que está supurando, pérdida de visión total de uno de sus ojos y padece de ideas suicidas. Dicho peritaje se ordenó tras la solicitud que presentó su madre al tribunal que conoce del caso.

«Este muchacho que hace unos meses que su mamá lo logró identificar ¿cómo está este muchacho ahora? y con la pena de decir esto, ¿es que acaso el muchacho ya no está vivo? y que aunque haya órdenes de libertad en favor de él, esa es la razón por la que no dicen nada, no lo liberan, no lo encuentran, eso es lo que venimos a denunciar», argumentó Escobar.

«Argueta Rivera es una persona con VIH desde su nacimiento» y fue capturado el 15 de mayo de 2025 en San Bartolo, San Salvador, cuando regresaba de un viaje desde Costa Rica, como defensor de los derechos humanos de personas que tienen misma condición de salud. El joven se encuentra recluido en el centro penal de Izalco.

La madre del joven, Nelly Rivera, «pide a las autoridades que se cumpla con la orden de liberación que se otorgó a favor de su hijo», con el fin que pueda retomar su tratamiento.

«Yo nada más quiero hacer conciencia a las personas encargadas de poner en libertad a mi hijo, ya que cuenta con una orden de libertad desde aproximadamente 45 días; que pongan sumando en su conciencia, apelen a su dignidad humana y que le den libertad a mi hijo», manifestó Rivera.

La directora de Socorro Jurídico añadió que junto a la entrega del aviso penal pretenden dar el informe del registro de las personas que han fallecido al interior de los centros penales, los cuales señaló ya alcanzan los «383 víctimas mortales, donde el 40 % han muerto en el centro penitenciario de Izalco.»

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego que en tres días antes de su aplicación se reportaron 87 homicidios en El Salvador. Recientemente, se cumplieron tres años de vigencia, y desde entonces se contabilizan más de 85,000 personas capturadas.