Autor: Dania Quehl

La Dirección General de Protección Civil lanzó este viernes el «Plan Verano 2025», que tendrá como propósito atender las emergencias durante la temporada de Semana Santa, que iniciará este domingo, con la procesión de las Palmas.

El plan iniciará a partir del 12 al 20 de abril, donde serán desplegados más de 100,000 elementos de las diferentes instituciones gubernamentales que componen la Comisión de Protección Civil, en la prevención de incidentes como accidentes de tránsito.

«Es cuando tenemos mucho tráfico, sobre todo en aquellas carreteras que llevan hacia el interior del país, hay que recordar que muchas personas deciden pasar la vacación en el interior (del país) con familiares o incluso en algunos lugares recreativos», expresó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

Además, señaló que se contará con el apoyo de las instituciones de Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamentos y Cruz Verde, para asistir en las emergencias.

De igual forma, las autoridades tendrán desplegados 342 guardavidas en 31 playas del territorio salvadoreño, así como en siete parques recreativos y en dos lagos.

Dispositivos vehiculares

Por otro lado, el director general de Tránsito, Félix Serrano informó que durante las vacaciones de Semana Santa 15,000 elementos, entre ellos gestores de tránsito que monitorizarán las principales carreteras del país.

La entidad detalló que se tiene previsto realizar más de 4,000 controles antidoping en 100 puntos a nivel nacional, con el fin de evitar accidentes y letalidades que se relacionen con el consumo del alcohol.

A su vez, se instalarán 1,200 dispositivos vehiculares y de agilización de tráfico, como parte de las acciones preventivas. A estos se suman controles de transporte colectivo y al transporte de carga.

De este último, el director de Tránsito indicó que habrá una restricción al transporte de carga mayor de 10 toneladas de peso en la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente desde el redondel Utila hasta el redondel de Surf City y también se implementará restricción en la Litoral.

Atenciones Médicas

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabi dijo que durante la Semana Santa estarán disponibles 41 hospitales para la atención de emergencias 24/7, así como 200 unidades de salud, 25 unidades maternas. y que se contará con 20,000 elementos para las atenciones médicas.

Además reiteró que se mantendrá la vigilancia epidemiológica de enfermedades y de saneamiento de alimentos.

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt), Romeo Rodríguez, confirmó este jueves que la construcción de las torres del proyecto de metrocable serán afuera del campus central de la Universidad de El Salvador (UES) y no al interior como inicialmente habían sido planificadas y rechazadas por las autoridades universitarias.

“El proyecto siempre se va hacer, pero no vamos a tener una pila (torre), ningún apoyo, ni nada parecido adentro de la universidad, en ese sentido, no tienen ellos nada de qué preocuparse, lo importante es que el proyecto se va desarrollar y va a beneficiar a miles de personas”, declaró Rodríguez en una conferencia de prensa, tras una entrevista radial.

El ministro argumentó que se contempló como alternativa la construcción de pilotes en las cercanías de la universidad, ya que sostiene que el proyecto del metrocable pretende beneficiar a la población general y no solo a los estudiantes de la UES, por lo que aseguró no habría razón de construirlas al interior del recinto universitario.

“Nosotros en el caso del proyecto que queremos realizar no vamos a tocar nada de la Universidad de El Salvador, es decir, de hecho estábamos pensando hacer la estación afuera de la universidad porque hay personas que van a la universidad y hay personas que no van a la universidad, que van hacia la autopista de Los Héroes, que van a Metrocentro o que van a otras zonas y no necesariamente a la Universidad de El Salvador, entonces no tiene tanto sentido que la estación esté dentro de la universidad, tiene que estar afuera para las personas que no van hacia ese destino”, expuso Rodríguez.

¿Cambios en el diseño?

Respecto a las fases preliminares del diseño, el ministro Rodríguez reconoció que se manejaron algunas propuestas que incluían estructuras que podrían haber estado cerca o dentro del campus, pero que estas no prosperaron.

Según detalló, se tenían “algunas alternativas”, entre ellas poner una estación en zonas cercanas de Zacamil, así como colocar la posibilidad de construir un pilote por la Universidad de El Salvador, “pero posiblemente por X o Y motivo ellos (Consejo Superior Universitario de la UES) no estuvieron de acuerdo”.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la UES negó en dos ocasiones el permiso solicitado por el Ministerio de Obras Públicas para hacer estudios de suelo con miras a instalar las torres que se habían previsto al interior de la universidad.

De igual forma, la vicerrectora académica de la UES, Evelyn Farfán, explicó que ellos no se oponen al proyecto del metrocable, pero sí a la instalación de las torres al interior del alma mater.

A pesar de la falta de consenso con las autoridades universitarias, Rodríguez reiteró que el proyecto sigue en pie y que su propósito principal es mejorar la movilidad urbana, especialmente para quienes residen en el distrito de Mejicanos, en San Salvador y zonas aledañas.

“Ellos prácticamente no nos han dado tantos argumentos, ellos tendrán sus consideraciones internas, no se si estan en contra del proyecto o que, pero de igual manera no importa, lo importante es que el proyecto se va hacer y más allá de beneficiar a la rectoría, se va a beneficiar a miles de estudiantes que llegan a la Universidad de El Salvador y que al final es el objetivo del proyecto, beneficiar a la Universidad de El Salvador, beneficiar a la gente de Mejicanos, beneficiar a la gente que va hacia otros destinos”, aseveró Rodríguez.

El titular de Obras Públicas indicó que el proyecto del metrocable aún se encuentra en proceso de diseño.

El proyecto

La cartera de Obras Públicas dio a conocer sobre la construcción de una línea de metrocable que ayudará a agilizar el tráfico de la ciudad capital, donde se proyecta conectar los distritos de Mejicanos con San Salvador y tendrá la capacidad de movilizar a 3,500 pasajeros por hora y que el recorrido entre ambos puntos tomará 14 minutos.

El Mopt contempla que el metrocable abarque una extensión de 3.36 kilómetros, desde la zona de Zacamil hasta el centro de San Salvador, con estaciones en ambos extremos. En un inicio, se mencionó que se instalarán 22 torres, de las cuales tres estarían ubicadas dentro de la UES.

La Policía Nacional Civil (PNC), delegación de San Salvador Este en junto a la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron, la noche del miércoles, un operativo donde fueron

arrestados tres exempleados de la empresa La Fabril de Aceites, conocida como “Orisol”, acusados de estafa agravada por un monto de $399,000.

De acuerdo con la Fiscalía, la diligencia se ejecutó luego de investigaciones previas que determinaron que los imputados, durante su periodo como personal de la gerencia de la empresa entre enero de 2019 y octubre de 2020,

sustraían fondos de la empresa bajo diferentes modalidades, reintegraban el monto original, pero se quedaban con las ganancias que este dinero generaba en los bancos.

“Dentro de la investigación se logró determinar la defraudación, en este caso la estafa de más de $390,000 que eran sustraídos de manera irregular de los fondos de dicha sociedad, utilizando los imputados sus calidades de confianza que tenían en dicha sociedad para sustraer los fondos a través de mecanismos tales como anticipos de salarios, anticipos de viáticos y una serie de estrategias que se utilizaban para obtener dinero por anticipado y el cual al final no era cancelado en su totalidad”, detalló el fiscal del caso a través de un video compartido por la FGR.

Los detenidos fueron identificados como Josué Otoniel Cruz Flores, exgerente general de la empresa, señalado de ordenar a Manuel de Jesús Montes Zarceño, exjefe de asuntos legales de la empresa, y a José Arturo Molina Hernández, exgerente financiero administrativo, de transferir dinero de la entidad a sus cuentas personales con la excusa de invertir para generar más ganancias.

La Fiscalía señaló que el banco encargado de registrar las finanzas de la empresa solicitó explicaciones de los movimientos a la cuenta del imputado Flores Cruz. El resto de los procesados trató de justificar que era un beneficio para él, sin embargo, indicaron que la Junta Directiva nunca tuvo conocimiento ni dio autorización para realizar dichas transacciones.

Asimismo, mencionaron que Cruz Flores generaba pagarés en los que se comprometía a pagar posteriormente las cantidades de dinero que retiraba, “y de hecho se quedaron más de 40 cheques de octubre de 2020 y que se libraron para pagar esos anticipos, los cuales nunca fueron cobrados porque no podrían ningún tipo de fondos”.

“Cada treinta días, Cruz Flores devolvía el dinero original y se quedaba con la ganancia generada del dinero que era propiedad de la empresa”, manifestó el ente fiscal.

La Fiscalía ordenó la detención de seis personas vinculadas al caso de estafa y aseguró que los capturados serán puestos a la orden de las autoridades judiciales en los próximos días, para su debido proceso penal.

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la acusación formal en contra de Maura Alicia Bonilla Pérez, a quien se le atribuye el asesinato de su pareja de vida y alterar la escena del crimen y fingir que se trato de un suicidio.

El crimen ocurrió el 28 de marzo de 2025, en el caserío Linda Vista, cantón Las Piedras del distrito de Santa Isabel Ishuatán, en el departamento de Sonsonate, donde según la Fiscalía General de la República (FGR) fue alertada de un suicidio.

De acuerdo al relató que brindó Bonilla Pérez a las autoridades, «la imputada indicó que cuando se bañaba escuchó golpes afuera, su esposo no respondía al preguntar si todo estaba bien; al salir de la ducha, lo encontró cubierto de sangre y sentado en una silla de plástico. Ella salió para pedir auxilio de su vecino y al regresar, encontraron al hombre atado del cuello y colgado del techo», describió la FGR.

Sin embargo, la entidad fiscal señaló que al realizar una inspección en el lugar y examinar la escena del suceso, se determinó que el cuerpo de la víctima presentaba lesiones «que no pudo causarse él mismo» y que «las declaraciones de la señora eran incongruentes», por lo que se ordenaron diligencias para esclarecer el caso.

En ese sentido, indicaron que el caso se trabajó como una muerte sospechosa y solicitaron la realización de una autopsia, entrevistas a testigos, además que se allanó la vivienda de la víctima y de la procesada con el fin de incautar elementos para la investigación.

«Todo lo anterior permitió relacionar a la mujer con el crimen y que luego alteró la escena para evadir su responsabilidad. El día del crimen, Pérez fue capturada por resistencia y ahora se le notificó de los delitos de homicidio agravado y fraude procesal», afirmó la Fiscalía.

El pasado martes, la corporación policial reportó que «la muerte de un hombre previamente reportada como suicidio» se trató de un homicidio, debido a una autopsia del Instituto de Medicina Legal, que determinó que la víctima recibió una lesión del cuello, la cual fue la causa de muerte.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó,

este jueves, que un hombre que fue vapuleado (golpeado) en el distrito de Masahuat, en Santa Ana Norte, murió el 9 de abril, el cual se convierte en el primer homicidio del presente mes.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima se trató de un hombre de 42 años de edad, quien habría sido atacado el pasado 28 de marzo y que falleció 12 días después del hecho en un hospital de San Salvador.

La PNC no reveló la identificación de la víctima, no obstante, aseguró que el responsable ya fue capturado.

El martes, la corporación también notificó que la muerte de un hombre previamente reportada como suicidio el 28 de marzo, en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este, se trató de un homicidio y que la presunta responsable fue capturada.

En lo que va del año, la Policía Nacional Civil contabiliza al menos 19 homicidios a nivel nacional, según los datos estadísticos publicados diariamente por la corporación policial en su cuenta de X.

De acuerdo con las cifras oficiales, en enero se contabilizaron seis muertes violentas, en febrero se reportaron tres homicidios, mientras que en marzo fueron nueve y en abril va uno, que corresponde a dicho crimen notificado.

En la mayoría de los casos, las víctimas han sido hombres entre los 20 y 50 años de edad.

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decretó que Fidel Antonio Zavala Pérez, activista de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), acumule la medida de detención provisional por un nuevo caso de estafa en su contra.

Según la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR), acusan a Zavala Pérez del delito de estafa agravada, por presuntamente engañar a una persona con $1,000.

“En octubre del año 2018, Zavala se hizo pasar como especialista de la bolsa de valores y criptomonedas, haciéndole creer a la víctima que si invertía en esos rubros, tendría ganancias hasta de un 20 %. Cuando la víctima quiso obtener las ganancias generadas más el dinero invertido, el imputado rompió toda comunicación con la persona afectada”, describió la FGR.

El referido juzgado ordenó la detención del imputado y que el caso pasa a la fase de instrucción, mientras avanza la investigación en su contra.

Este caso se acumulará a otros procesos pendientes de estafa que mantiene en el Juzgado Quinto de Instrucción de misma jurisdicción en contra de Zavala Pérez, aseguró la Fiscalía.

Otros casos

El 14 de marzo de 2025, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Zavala y otras 23 personas de la comunidad Hacienda La Floresta, por un caso de usurpación de tierras, venta ilegal de parcelas y otros delitos. El referido tribunal envió a fase instrucción el caso.

En este proceso judicial también se procesa a los abogados de Unidehc, Ivania Berenice Cruz y Rudy Mauricio Joya, por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones. Ambos son imputados ausentes junto a otras dos personas.

Zavala también fue acusado de estafa en perjuicio de cuatro personas, quienes señalaron que el imputado convenció a las víctimas de invertir capital en el extranjero y en la bolsa de valores, prometiendo rendimientos mensuales y utilidades en función de sus aportes.

Las cantidades entregadas por las víctimas oscilaban entre los $10,000 y $15,000. Sin embargo, aseguraron que no recibieron ganancias.

El imputado había sido acusado en un inicio en 2022 por dicho caso y pasó detenido durante 13 meses, pero fue absuelto en el año 2024, sin embargo, la Fiscalía apeló y se abrió nuevamente el caso.

Zavala denunció maltratos por las autoridades penitenciarias durante su detención en la Granja de Santa Ana, mientras seguía el proceso en su contra.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) exigió al presidente de República, Nayib Bukele, que proteja la vida y la integridad del activista Fidel Zavala, que se encuentra encarcelado en una prisión de la que denunció torturas.

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó esta semana en audiencia inicial, que Óscar Antonio Menjívar y Luis Roberto García Nieto, acusados del delito de casos especiales de lavado de dinero, a través de la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas permanezcan en prisión provisional, mientras continúan las investigaciones del caso.

De acuerdo con el requerimiento de acusación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ambos procesados fueron detenidos inicialmente por delitos relacionados con la venta ilegal de licores adulterados.

“Durante los allanamientos realizados en sus respectivas viviendas, con el fin de robustecer la investigación, las autoridades encontraron dinero en efectivo cuya procedencia lícita no pudo ser justificada”, según la información compartida por la cuenta de Centros Judiciales.

El pasado 20 de febrero de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC), junto a la Fiscalía General de la República, capturaron a seis personas implicadas en una estructura que comercializaban bebidas alcohólicas adulteradas por redes sociales, entre ellos Menjívar y García Nieto.

Según se detalló, ese día se allanó una vivienda ubicada en la residencial Finca de Asturias, en Santa Tecla, La Libertad, donde se incautó al imputado Menjívar la cantidad de $11,950; mientras que en una residencia situada en San Miguel, se le encontraron a García Nieto un total de $18,530.

Ante ello, señalaron que tras la audiencia inicial, el juzgado resolvió que existen los elementos indiciarios suficientes sobre la existencia del delito y la posible participación de los procesados, por lo que ordenó la detención provisional y que el caso continúe a etapa de instrucción.

Durante el operativo, la FGR aseguró que los detenidos modificaban el contenido y los envases para que parecieran marcas reconocidas, para luego comercializar la mercancía. En un inicio se reportó la captura de seis personas, sin embargo, en dicho proceso judicial solo se hace referencia a dos de los detenidos.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta denunció,

que la vivienda de Saúl Agustín Rivas Ortega, uno de los procesados en el caso Santa Marta fue custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la denuncia, la presencia de los agentes policiales a las afueras de la residencia del imputado ocurre luego que el Tribunal de Sentencia de San Vicente declarara la rebeldía para seis de los procesados en el caso, entre ellos, Saúl Rivera.

El pasado 2 de abril de 2025, el referido tribunal declaró la rebeldía luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados, debido a su incomparecencia a la audiencia.

Ante ello, el tribunal giró oficios para notificar la resolución sobre la rebeldía y que la notificación de la audiencia de vista pública fuera publicada por medio de edictos judiciales.

“Como los procedimientos son por edictos judiciales, es decir que tienen que notificarse y esos edictos si ya llegaron a las viviendas de los compañeros, sin embargo, a excepción de la casa de Saúl Rivas, que es uno de los compañeros si estuvo custodiada por policías por varios días”, manifestó el representante de Ades Santa Marta, Alfredo Leiva.

Según explicó Leiva, dicha situación solo ha sido reportada en la residencia de Saúl Rivas, ya que aseguró que en el resto de las viviendas de los imputados “no tenemos conocimiento que hayan llegado”.

En el caso Santa Marta se procesa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, por el presunto asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Desde enero del presente año, la comunidad Santa Marta denunció la militarización del lugar y con ello, han temido de nuevas capturas previo a la realización del juicio repetido que enfrentan los acusados.

En su momento, integrantes de la comunidad Santa Marta manifestaron sobre la presencia de fiscales, agentes de inteligencia y militares para la supuesta supervisión de los hogares donde viven las personas que están “en la lucha de la liberación definitiva de los cinco ambientalistas».

Los cinco procesados son líderes comunitarios que a principios de los años 2,000 encabezaron la lucha antiminera en El Salvador.

La nueva vista pública en contra de los acusados corresponde a la apelación que ordenó la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque absolviera de los cargos a los imputados en un primer juicio.

Esta semana fue notificado que el juicio previsto del 9 al 11 de abril fue reprogramado para desarrollarse del 26 al 28 de mayo del presente año, cambio que fue anunciado un día previo a la fecha prevista.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientalistas de Santa Marta que han encabezado la lucha contra la minería metálica en El Salvador.

Cuando el caso comenzó, la comunidad sostuvo que el caso tenía fines de persecución debido a su lucha antiminera, no obstante, el gobierno desacreditó esta versión; sin embargo, durante el proceso judicial, el gobierno salvadoreño confirmó su deseo de retomar la minería en el país aprobando una Ley General de Minería.

El presidente Nayib Bukele incluyó la zona de la mina El Dorado, en Cabañas, dentro del «cinturón de oro» como uno de los lugares de posible explotación minera.

El Juzgado de Paz Santa Rosa de Lima, La Unión, ordenó, en audiencia inicial, que Éver Antonio Posada Rivera, de nacionalidad nicaragüense, acusado de asesinar a una persona y lesionar a otra con un arma de fuego permanezca en detenido, mientras continúan las investigaciones en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo procesa por los delitos de homicidio simple e intento de homicidio, luego que el pasado 23 de marzo disparara contra dos personas con las que departía en la colonia Turcios, del distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte.

“Las dos víctimas estaban departiendo cuando Rivera les disparó. Los dos hombres fueron trasladados al Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, La Unión, para recibir asistencia médica, pero por la gravedad de las lesiones, uno fue trasladado hasta el Hospital Nacional Zacamil, San Salvador, donde murió el 26 de marzo de este año”, detalló la entidad fiscal.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el mismo día de los hechos sobre la captura en flagrancia de Rivera, a quien se le decomisó un arma de fuego de tipo revólver y tres días después, dieron a conocer el fallecimiento de una de las víctimas.

En un inicio, la PNC identificó al procesado como Edelmer José Pastora Rivera, pero los hechos relatados tanto por la corporación como por la Fiscalía son los mismos.

Según los registros de la corporación policial, durante el primer trimestre del año 2025, se contabilizaron 18 homicidios a nivel nacional, de los cuales el último crimen fue el 28 de marzo, que se trató de un hombre con una lesión en cuello, en el distrito de Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate Este.

En lo que va del mes de abril, la PNC no ha contabilizado ningún asesinato.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, condenó a 20 años de cárcel a Ernesto Alcides Alfaro Cortez, por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas en contra de una mujer de 46 años de edad.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Cortez agredió a la víctima el 3 de enero del 2022, al interior de una finca conocida como La Esperanza del cantón El Limón, jurisdicción del distrito de Santa Tecla, en La Libertad Sur.

“Según la denuncia, la mujer salió de su casa a dejarle comida a su esposo que laboraba en la finca, al llegar al lugar, él le pidió que fuera por unas sábanas en el otro sector del terreno. La mujer fue sorprendida por el imputado, quien utilizó la fuerza para violarla”, explicó la Fiscalía.

Ante ello, el referido tribunal impuso una pena de 13 años y cuatro meses de cárcel por el delito de violación agravada y seis años con seis meses más por otras agresiones sexuales agravada.

Otros casos

En otras condenas, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz impuso una pena de 16 años de prisión a Margarita Nathalie Zavala Rivera, luego de ser declarada culpable de haber engañado a una menor de edad para explotarla sexualmente.

Según la investigación de la FGR, entre enero y abril del año 2021, Zavala Rivera ofreció su ayuda a la menor para seguir estudiando a cambio de que viviera con ella, sin embargo, la explotó sexualmente en bares a cambio de una remuneración económica.

La Fiscalía procesó a Zavala Rivera por trata de personas en la modalidad de explotación sexual, delito por el que fue condenada.

Asimismo, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a doce años de prisión a Santos Wilfredo García, Darvin Francisco Vásquez, Erick Alexander Castro Canales, y Ricardo de Jesús Jovel por violación agravada.

En otros hechos, el Tribunal de Sentencia de Usulután, sentenció a José Isaías Aquino Hernández a 14 años de cárcel por el delito de violación en menor o incapaz agravada.

El crimen fue cometido el 29 de enero de 2024 en el distrito de Mercedes Umaña, Usulután y al momento de la violación, la víctima tenía 14 años. Según la acusación fiscal, el hombre llevó a la menor hasta su casa donde la violó.

“Tras cometer el crimen Aquino Hernández llevó a la menor de edad hasta donde una familiar, quien interpuso la denuncia al enterarse del crimen”, dijo la FGR.

Aquino Hernández, es reo ausente y tiene vigente orden de detención desde el 1 de julio de 2024.