Autor: Dania Quehl

  • CSJ comprará más de 4,500 vales de calzado para empleados

    CSJ comprará más de 4,500 vales de calzado para empleados

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará más de 4,500 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880, según la oferta de compra publicada el 6 de marzo de 2025 en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    De acuerdo con el documento, el contrato de compra contempla la adquisición de 4,572 vales de calzado, cada uno por un valor de $40, sumando un total de $182,880, que serán financiados con fondos del Estado.

    Según las especificaciones, los vales de canje tendrán una vigencia de dos años, a partir de la fecha en que sean entregados en el Almacén General de la Dirección de Planificación Institucional (DCPI).

    Asimismo, se deberá anexar el listado de las tiendas asignadas para el canje de los vales y la garantía del calzado seleccionado por el empleado, no debe ser menor a cuatro meses desde la fecha del canje.

    Las empresas deberán seguir el modelo ofrecido por la Corte para realizar los respectivos vales de calzado y la muestra de estos deberán ser aprobados, de lo contrario tendrán que ser modificados.

    Compra de zapatos

    Por otra parte, la CSJ también ofertó el 14 de marzo, $54,741 para la compra de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    La Corte destinará $8,601 para la compra de 183 pares de zapatos de vestir para la protección a funcionarios y magistrados, es decir, un valor de $47 por cada calzado.

    Según detallaron, los zapatos deberán cumplir las siguientes especificaciones:

    • Cuero lustrable y durable
    • Color negro y de amarrar
    • Suela cosida y/o pegada
    • Plantilla completa, acolchonada y absorbente
    • Horma amplia
    • Suela resistente
    • Tacón independiente o unido a suela.

    Además, se contempla la compra de 769 pares de botas tipo táctico para realizar funciones operativas, por un costo de $46,140, que equivale a $60 por cada par de zapatos.

    El calzado deberá contar con:

    • Altura 8″
    • Material piel vacuno lustrable y nylon de amarrar
    • Caña alta, reforzada y acolchonada para con cremallera lateral para fácil ajuste
    • Costuras reforzadas
    • Acolchonada
    • Poliuretano
    • Antideslizante
    • Respiraderos laterales
    • Entresuela amortiguada
    • Antipunzante
    • Plantilla completa, acolchonada y absorbente.

    El total de inversión para la compra de 952 pares de zapatos será de $54,741 que serán financiados con fondos del gobierno.

    La semana pasada, Diario EL MUNDO publicó que la CSJ también planea adquirir un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

  • Caso La Floresta: 24 acusados de vender parcelas ilegalmente seguirán detenidos

    Caso La Floresta: 24 acusados de vender parcelas ilegalmente seguirán detenidos

    El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó, en audiencia inicial este viernes, detención provisional para 24 personas acusadas de vender terrenos de forma ilegal en la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.

    La medida se aplicó para todos los procesados a excepción de una de ellas, identificada como Rosa Orellana, a quien se le otorgó medidas sustitutivas a la detención debido a que se encuentra en estado de embarazo.

    Según se le indicó a la acusada debe acudir a los juzgados a firmar una vez al mes, notificar cuando esté en labor de parto, asimismo, que no debe salir del país y no hablar con ninguna persona de la comunidad donde reside o asistir a reuniones con los demás lugareños.

    En ese sentido, el caso fue remitido a fase de instrucción por un periodo de seis meses para que continúen con las investigaciones.

    Los detenidos son integrantes de dicha comunidad y, según la investigación de la Fiscalía General de la República, intentaban vender lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

    A los imputados se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

    Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, a quien le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.

    Nacionales | Óscar Góchez, uno de los propietarios de los terrenos de La Floresta, en San Juan Opico, no quiso referirse a la resolución del tribunal y afirmó que siempre buscó «hacer obras».

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    Ante la resolución del tribunal, el abogado defensor de Zavala y de otros dos imputados, Jaime Ramírez, indicó que apelarán la decisión del tribunal.

    «Vamos a esperar la sentencia y una vez tengamos la sentencia vamos a valorar una posible apelación en virtud de algunos hechos que se han vulnerado en el proceso que tienen que ver con la legalidad y legítima defensa y sobre todo la situación que no se ha valorado absolutamente lo que es toda la información vertida por la defensa en relación de cada uno de los que están siendo acusados por estos delitos», declaró Ramírez.

    Por su parte, Óscar Góchez, uno de los propietarios de los terrenos de San Juan Opico aseguró que siempre buscó beneficiar a los residentes de la comunidad mediante obras humanitarias.

    «Lo que nosotros veníamos realizando y todo lo que estas personas hicieron o siguen haciendo a través de los abogados que están publicando cosas contra nosotros poniendo cosas que no son ciertas. Nunca pensé que venir a El Salvador a hacer una buena obra me iba a traer estas consecuencias», expresó Góchez.

    Según dijeron los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico.

    En el caso están implicados 29 personas, 25 presentes, a quienes hoy se le dio a conocer la resolución de la audiencia y otros cuatro que están ausentes y tendrán audiencia separada la próxima semana.

  • Dueño de tierras de La Floresta denuncia "ocupación violenta" y venta ilegal de parcelas

    Dueño de tierras de La Floresta denuncia «ocupación violenta» y venta ilegal de parcelas

    Óscar Góchez, uno de los dueños del inmueble de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad aseguró que cuenta con la documentación que acreditan la adquisición de los terrenos. Señaló que adquirió los terrenos en 1992 junto a su esposa, los cuales fueron en más de una ocasión ocupados por otras personas.

    En ese sentido, sostuvo que la legalidad de la parcela fue comprobada hace un año, cuando un tribunal condenó con penas de más de 80 años a varias personas que habían habitado sus terrenos de forma ilegal.

    “Toda la estructura que estaban los agarraron”, afirmó Góchez.

    Actualmente, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador procesa a 25 personas por vender de manera ilegal parcelas de dicha comunidad.

    “Algunas son personas que ya residían allí y que se habían ganado un poco la confianza de nosotros y decidieron empezar a comercializar mi propiedad. Empezaron a vender parcelas de las que yo tengo conocimiento, empezaron a venderlas y después agarraron soporte de esta supuesta ONG que se llama Unidehc”, manifestó Góchez.

    A esto, explicó que a finales de enero y principios de febrero de 2025 realizaron «una ocupación violenta».

    “Yo estuve ahí y andaban como 40 personas con corvos de fuera que salieron de sus casas a buscarnos y se estaba dialogando con ellos pero tuvo que sacarnos porque no era seguro para nosotros”, relató.

    Ante la acusación que enfrentan los residentes de La Floresta, Góchez sostuvo que a pesar que los ahora procesados vivían en dicho sector «no les da derecho de apropiarse de la parcela».

    “Ellos vinieron violentamente y los ocuparon, les habían dicho que les iban a dar los lotes, están vendiendo lotes a $100, $200, les quitaban la medición, le cobraban por representación jurídica, o sea estaban haciendo un negocio redondo con mi propiedad”, declaró.

    Góchez dijo que espera que «se haga justicia». Además aseguró que tiene un «plan humanitario» para las personas que han trabajado junto a él.

    Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

    Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico, La Libertad.

  • Inicia audiencia contra habitantes de La Floresta acusados de vender terrenos de forma ilegal

    Inicia audiencia contra habitantes de La Floresta acusados de vender terrenos de forma ilegal

    El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló este jueves la audiencia especial de imposición de medidas en contra de un grupo de personas, acusados de comercializar terrenos de forma ilegal en San Juan Opico, La Libertad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a 29 personas, de las cuales 25 están presentes y cuatro ausentes por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

    Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, a quien le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.

    La acusación de la Fiscalía afirma que había una estructura organizada asesorada por Unidehc, quienes supuestamente coordinaban a personas que habitaban en los terrenos en la comunidad La Floresta, haciéndoles creer que podrían lograr la posesión de los terrenos con base a procesos legales.

    Asimismo, señalaron que un testigo clave dijo que Zavala se identificaba ante los miembros de la comunidad como abogado y vocero de Unidehc, quien recibía instrucciones por parte del representante de la organización, Rudy Joya. A su vez, realizaba labores de medición de terrenos para la comercialización ilegal de propiedades que no les pertenecían.

    En ese sentido, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que se apliquen medidas de detención provisional para 24 de los procesados, debido a que varios de los testigos de la Fiscalía son habitantes de La Floresta, por lo que temen que se podría atentar contra sus vidas.

    Mientras que para una de las imputadas se otorga medidas sustitutivas a la detención, debido a que se encuentra en estado de embarazo.

    Dueño de propiedad denuncia

    Por su parte, en la audiencia asistió el señor Óscar Góchez, quien se identificó como uno de los propietarios de los terrenos desde 1992 y que ahora han sido ocupados por los imputados.

    “Algunas son personas que ya residían allí y que se habían ganado la confianza de nosotros y decidieron empezar a comercializar mi propiedad. Empezaron a vender parcelas de las que yo tengo conocimiento empezaron a venderlas”, dijo el señor Góchez.

    Defensa

    Por su parte, la defensa de Zavala expuso que no existen pruebas que acrediten la participación del vocero de Unidehc en la venta ilegal de los terrenos. Asimismo, señaló que los habitantes de La Floresta estaban reunidos para realizar la legalización de los terreros a través de un proceso de prescripción.

    Ante ello, los abogados defensores solicitaron que el tribunal se declare incompetente porque no se tratan de delitos de crimen organizado y que se pase a un juzgado común.

    “Estos tribunales sólo se crearon para ver el tema pandilleril, extorsion, asesinato de pandillas, agrupaciones de la pandilla, para eso se crearon esos tribunales, pero resulta que en este contexto los tres delitos sobre los cuales nuestro cliente (Zavala) no tiene nada que ver con el tema pandilleril”, dijo Jaime Ramírez, abogado defensor de Zavala.

    Previo a la audiencia, el vocero de Unidehc enfatizó sobre su inocencia y que no pertenece a ninguna agrupación delincuencial.

    La audiencia se realizó con acceso a los periodistas y hasta las 8:00 de la noche continuaban los alegatos de la defensa.

    Ausentes

    En el proceso judicial están cuatro imputados ausentes, quienes enfrentarán una audiencia separada, la cual quedó programada para el próximo martes 18 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

    La abogada de Unidehc, Ivania Cruz, afirmó que junto a su colega Rudy Joya que están implicados en el caso como dos de los imputados ausentes.

    “‘Este día nos han informado sobre el caso de La Floresta, donde la Fiscalía ha mencionado una supuesta participación de las falsas acusaciones que ellos están realizando en contra de los voceros principales de Unidehc. Nosotros ahora nos consideramos perseguidos políticos de Bukele por decir la verdad, por alzar la voz”, declaró Cruz a medios de comunicación.

    El caso

    Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

    Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico, La Libertad.

    Según la acusación, posteriormente, tras realizar intentos de volver a ingresar al inmueble, los acusados detenían la circulación de cualquier persona que intentara ingresar al sector.

  • Envían a juicio a joven que asesinó a un familiar mientras dormía en una hamaca en San Luis La Herradura

    Envían a juicio a joven que asesinó a un familiar mientras dormía en una hamaca en San Luis La Herradura

    El Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en La Paz Oeste ordenó en audiencia preliminar que Edrian Ernesto Vu00e1squez Castillo, de 18 años de edad, sea enviado a juicio por presuntamente asesinar a un familiar mientras dormía.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Vu00e1squez Castillo por los delitos de homicidio agravado y el delito de resistencia.

    El crimen ocurrió el pasado 27 de julio en la colonia El Milagro, en San Luis La Herradura, en el municipio de La Paz Centro, cuando el acusado atacó a la víctima con un arma blanca mientras la víctima dormía en una hamaca junto con su hijo menor de edad en su vivienda. La víctima murió posteriormente debido a las lesiones.

    Según la hipótesis de Fiscalía, el ataque se realizó tras una discusión por el uso de un callejón privado, frente a la vivienda de uno

    de los involucrados.

    El caso pasará a ser conocido por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, donde el imputado enfrentará la vista pública.

    En un inicio, la acusación señalaba que la víctima era el primo de Vu00e1squez Castillo, sin embargo, en la publicación de Centros Judiciales mencionan que la persona que murió fue el sobrino del acusado.

  • Reprograman juicio contra exalcalde de Apopa acusado de asociaciones ilícitas y peculado

    Reprograman juicio contra exalcalde de Apopa acusado de asociaciones ilícitas y peculado

    El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reprogramó la vista pública en contra del exalcalde de Apopa, José Elías Hernu00e1ndez por los delitos de asociaciones ilícitas y peculado en perjuicio de la administración pública, la cual estaba prevista para este miércoles.

    La suspensión de la vista pública ocurre debido a la extensa prueba que se ha recolectado en el caso, según informaron fuentes judiciales a Diario El Mundo.

    Ante ello, el juicio quedó programado para desarrollarse durante 11 días, específicamente del 22 de abril al 6 de mayo de 2025.

    El exalcalde Hernu00e1ndez es procesado por supuestamente apropiarse de bienes del Estado que suman $591,000 de las arcas municipales entre los años 2012 y 2016 mediante supuestas licitaciones amañadas que tenían como fin beneficiar empresas familiares.

    En el caso también estu00e1 implicado un exconcejal de dicha comuna, Miguel Arsenio Alfaro Tobar, a quien se le atribuyen los delitos de negociaciones ilícitas y peculado como delito continuado.

    Las investigaciones de la Fiscalía señalaron que el exalcalde Hernu00e1ndez, vinculado a las pandillas, benefició a su esposa al comprar bienes de servicios por $591,000, sin cumplir con los requisitos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, haciendo uso de documentos falsos elaborados por abogados quienes también son procesados en este caso.

    En 2020, el exedil de Apopa fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas por colaborar con pandilleros del barrio 18 de esa jurisdicción.

    Un año después, en 2021, fue condenado a otros cinco años de prisión tras ser hallado culpable por el Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador por el delito de intento de homicidio simple en perjuicio de una persona, el 16 de junio de 2013.

    Elías Hernandez fue alcalde de Apopa durante el periodo de 2015 a 2018 por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

  • Cámara inicia audiencia contra exsecretario de Comunicaciones de Funes por enriquecimiento ilícito

    Cámara inicia audiencia contra exsecretario de Comunicaciones de Funes por enriquecimiento ilícito

    La Cu00e1mara Ambiental de Santa Tecla, en La Libertad instalu00f3 este miércoles la audiencia probatoria en contra del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la Repu00fablica en la administraciu00f3n Funes, David Marciano Rivas, por el supuesto enriquecimiento ilícito de mu00e1s de $308 mil.

    Durante la audiencia se pretende conocer las pruebas recabadas por la Fiscalu00eda General de la Repu00fablica (FGR) y de la defensa, que sustentan las alegaciones de cada una de las partes.

    El Ministerio Pu00fablico acusa a David Rivas y a su grupo familiar por un monto de $308,352.08, de los cuales se le cuestionan $265.055.49 al exsecretario de la Presidencia

    por cinco irregularidades que no logru00f3 justificar ante la Secciu00f3n de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y que corresponden a deu00e9positos bancarios a cuenta corriente, de ahorro, pagos de tarjetas de cru00e9dito, diferencia negativa entres sus ingresos y gastos.

    En el caso de su excu00f3nyuge, Maru00eda Auxiliadora Mu00e9ndez de Beltru00e1n de Rivas, la Fiscalu00eda le acusa por $31,496.59, por seis irregularidades, como deu00e9positos bancarios, adquisiciu00f3n de vehu00edculos, y pago de tarjetas de cru00e9ditos.

    A su hijo, David Alejandro Rivas Mu00e9ndez, se le demanda por cinco irregularidades que suman $11,700 por no justificar conceptos a deu00e9positos bancarios realizados en efectivo.

    La Fiscalu00eda busca que los magistrados declaren el enriquecimiento ilícito y lo inhabiliten para cargos pu00fablicos por 10 au00f1os.

    En noviembre de 2024, el exsecretario de comunicaciones fue condenado a ocho años de cu00e1rcel por el delito de lavado de dinero, en el caso penal conocido como «Saqueo Pu00fablico«, donde se procesu00f3 a otras nueve personas por el desvu00edo de $351 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Pu00fablico de Casa Presidencial a cuentas externas.

    El Comitu00e9 de Familiares de Presas y Presos Polu00edticos de El Salvador (Cofappes) sostiene que la condena que recibu00ed el exfuncioario es “una clara muestra de la judicializaciu00f3n de la polu00edtica donde se hace uso utilitario de las instituciones e impulsan el desprestigio por medios afines al ru00e9gimen que gobierna”.

    Ante el proceso civil que enfrenta Rivas, la organizaciu00f3n hace el llamado a los magistrados a que hagan una valoraciu00f3n objetiva, sin presiones, de la prueba y declaren la inexistencia del delito que se le acusa.

    David Marciano Rivas fungiu00f3 como secretario de comunicaciones de la Presidencia de la Repu00fablica entre el 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014 en el periodo del expresidente Mauricio Funes.

  • Presentan acusación contra habitantes de Hacienda La Floresta por comercializar terrenos de forma ilegal

    Presentan acusación contra habitantes de Hacienda La Floresta por comercializar terrenos de forma ilegal

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador una solicitud de imposición de medidas contra un grupo de personas, acusados de comercializar terrenos de forma ilegal en San Juan Opico, La Libertad.

    La solicitud va dirigida en contra de 29 personas, 25 presentes y cuatro ausentes, a quienes se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

    Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

    El Ministerio Público sostiene que la estructura estaba conformada por abogados y organizaciones sin fines de lucro e inexistentes quienes “promueven la invasión a inmuebles, prometiendo a las víctimas que a futuro serían dueños de los terrenos, con esa falsa promesa, varias personas entregaron distintas sumas de dinero.”

    Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico.

    “Posteriormente al realizar intentos de volver a ingresar al inmueble estas personas limitan la circulación de cualquier individuo que intente ingresar, ya sea ante la fuerza física o con armas blancas”, dijo el fiscal del caso.

    Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, quien fue detenido el pasado 25 de febrero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fiscalía.

    La Fiscalía aseguró que cuenta con amplio margen probatorio del caso, por lo que ha solicitado que los imputados se mantengan en detención provisional y continúen las investigaciones.

    Amparos

    Ayer, Unidehc junto a otras organizaciones sociales presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 25 demandas de amparo por la presunta violación de derechos humanos en contra del vocero de Unidehc y de los habitantes de la comunidad La Floresta.

    Asimismo, la organización presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para otorgar medidas cautelares a favor de Fidel Zavala por posibles represalias debido a las denuncias que realizó en 2024, tras 13 meses de prisión por ser acusado de estafa.

    La abogada de Unidehc, Ivania Cruz, dio a conocer el allanamiento en la vivienda de la familia de Fidel Zavala, así como otro operativo en su vivienda, en la que se encontraba su madre.

  • Presentan demandas de amparo tras captura de activista de Unidehc y habitantes de la comunidad La Floresta

    Presentan demandas de amparo tras captura de activista de Unidehc y habitantes de la comunidad La Floresta

    Un grupo de organizaciones sociales presentaron, este martes, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 25 demandas de amparo por la presunta violación de derechos humanos en contra del vocero de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) y habitantes de la comunidad La Floresta, acusados de comercializar parcelas y manera ilegal.

    Las demandas fueron realizadas por Unidehc junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir).

    “En estos 25 amparos hacemos una descripción de los derechos violados por parte de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil que han ejecutado procesos de desalojos y capturas en contra de habitantes de la zona (de San Juan Opico)”, manifestó la representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Maricela Ramírez.

    Ramírez explicó que con dichas solicitudes buscan que la Sala de lo Constitucional garantice los derechos humanos que están respaldados en la Constitución de la República, que corresponden a la libre asociación.

    “El argumento de la Fiscalía para la captura de Fidel Zavala y en contra de los abogados de Unidehc tiene que ver con una acusación de asociaciones o agrupaciones ilícitas. Nos parece una burla este tipo de acciones cuando está estipulado en la Constitución salvadoreña nuestro derecho a poder asociarnos libremente”, expuso la vocera del BRP.

    En ese sentido, exigen a la Sala de lo Constitucional que verifiquen el derecho libre a asociarse y que no se criminalice a los defensores de derechos humanos.

    Otras demandas

    Otro de los derechos que aseguran fue violentado se trata del derecho a la posesión, ya que sostienen que los habitantes de La Floresta exigen un derecho “auténtico” y del que el Estado salvadoreño está obligado, que es una vivienda digna.

    Asimismo, señalan que hubo un proceso legal llevado por Unidehc, donde se le niega a la comunidad el derecho a la petición, es decir, a ser escuchados por las autoridades salvadoreñas.

    Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidehc), fue detenido el 25 de febrero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fiscalía.

    Fidel Zavala y otras 19 personas son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar vender lotes a personas de escasos recursos por $100 y $200. Según la FGR son acusados de los delitos de amenazas con agravación especial, comercialización irregular de parcelas o lotificaciones, limitación ilegal a la libertad de circulación, ejercicio ilegal de la profesión y agrupaciones ilícitas.

    La FGR, además, publicó que Unidehc «nunca ha sido inscrita ante las instituciones correspondientes, ni está en proceso de inscripción, lo que la convierte en una asociación ilícita».

    Solicitud de medidas cautelares

    Por otra parte, Unidehc presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para otorgar medidas cautelares a favor de Fidel Zavala.

    “Nos preocupa el grave peligro que el Sr. Zavala pueda correr en caso en caso de ser trasladado a cualquier recinto de centros penales por posibles represalias debido a las denuncias que realizó en 2024”, señala la carta dirigida a la CIDH.

    Zavala fue acusado en 2022 del delito de estafa y pasó detenido 13 meses en los centros penales de Mariona y la Granja de Santa Ana; cuando salió libre, denunció en la Fiscalía General de la República sobre maltratos y torturas que sufrió por las autoridades durante su proceso penal.

    Ante la nueva captura de Zavala, el vocero de Movir, Samuel Ramírez, afirmó que el activista de Unidehc “es una víctima de la persecución política.”

  • Demandan transparencia en registros de feminicidios en El Salvador

    Demandan transparencia en registros de feminicidios en El Salvador

    Las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres en El Salvador exigen al Estado que garanticen una mayor transparencia en los registros de feminicidios que se reportan en el país.

    La Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (Red-Fem), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Las Melidas y Las Dignas señalan que persiste una grave falta de datos claros sobre los feminicidios y la violencia de género, lo que complica la implementación de políticas públicas de manera eficaz.

    «Nosotras consideramos que debido a que se está vendiendo en la imagen de un país, ‘el más seguro del mundo mundial’ ha significado esconder o invisibilizar justamente este tipo de violencia y para nosotras, por supuesto, que es importante y es clave que se cuantifique, que se registren los datos de violencia para poderlos abordar desde el estado y cumplir los compromisos que se tienen a nivel nacional y a nivel internacional», expuso la representante Las Dignas, María Teresa Trejo.

    La vocera de Las Dignas argumento que en materia de derechos humanos, dicha situación significa «un retroceso de aproximadamente 25 o 30 años» de cuando el movimiento feminista registraba los crímenes, con el fin de visibilizar ante el Estado que había una violencia específica dirigida hacia las mujeres.

    «Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y de que producto de la lucha de las organizaciones de mujeres y de la aprobación de normativa muy importante como la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia) y la LIE (Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres) teníamos un registro de parte del Estado que estaba obligado justamente a visibilizar, a documentar, a registrar esa violencia con en estos últimos años los retrocesos están precisamente en esa idea», agregó Trejo.

    De acuerdo con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en su articulo 30 señala que, el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica es el responsable de manejar el Sistema Nacional de Datos y Estadísticas e Información de Violencia contra las mujeres, sin embargo, las instituciones oficiales no han publicado datos sobre feminicidios desde el año 2022.

    Registros de feminicidios

    La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) recopila periódicamente actos de feminicidio a través del monitoreo de medios de comunicación, por lo que sostienen que podría existir un subregistro de casos.

    De acuerdo a los últimos datos de Ormusa, en enero y febrero de 2025, se han registraron cuatro feminicidios en El Salvador, según el monitoreo de medios realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa.

    En el caso del año 2024, la cantidad de las muertes fueron similar (cuatro), mientras que en el 2023, se contabilizaron 12.

    De los 20 feminicidios y muertes violentas de mujeres registradas en los primeros dos meses de 2023, 2024 y 2025, el 35% fueron perpetradas por parejas o exparejas de las víctimas, que equivale a siete de los casos.

    «El mecanismo de autoprotección del sistema al no revelar los datos es precisamente lo que impide que conozcamos en profundidad cuánta es la incidencia, si ha aumentado, quiénes son los responsables y qué favorece es la impunidad. El efecto de la impunidad es que el fenómeno se va a seguir repitiendo porque el mensaje es que se puede hacer y que nadie va a pagar por ello», aseveró Silvia Juárez, de Ormusa.

    En el año 2024, Ormusa contabilizó al menos 38 feminicidios, de los cuales 22 fueron cometidos por parejas o exparejas o familiares en el ámbito de confianza, que equivale a un 52% de las muertes.

    Ante ello, demandan fortalecer los sistemas de protección para mujeres en riesgo, garantizando atención oportuna y una respuesta rápida y efectiva en la investigación y judicialización de los casos de feminicidio y violencia basada en género.

    Asimismo, que no oculten los hechos violencia contra las mujeres, generando datos actualizados y transparentes de la aplicación de la normativa nacional de género, recolectando, analizando y publicando información sobre la violencia basada en género.

    Carga judicial

    Por otra parte, las organizaciones señalaron que es importante reconocer que una de las reformas más estructurales que hizo El Salvador a partir de las dos leyes fue la forma judicial, con una jurisdicción especializada, mecanismos en la fiscalía, la policía y la procuraduría para la investigación de delitos contra las mujeres.

    «Fueron los primeros tribunales que empezaron a reconocer la reparación para las mujeres, la reparación integral del daño y también que han protegido la dignidad de las mujeres, que está protegida constitucionalmente», explicó la representante de Ormusa.

    Sin embargo, indicó que esa reforma no incluyó una carga presupuestaria que fuera proporcional al fenómeno que se van a enfrentar. «Hay nada más cuatro tribunales, o sea, cuatro jurisdicciones a nivel nacional para tener un problema que tiene un carácter masivo».

    Según detalló, son en promedio 6,000 hechos de violencia sexual al año, casi 7,000 hechos de violencia física y casi la misma proporción de violencia patrimonial, los cuales se cuatro tribunales especializados a nivel nacional.