Autor: Dania Quehl

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta junto a otras organizaciones sociales expresaron, este miércoles, su descontento a la nueva reprogramación de la vista pública del caso conocido como Santa Marta y calificó dicha acción como una “estrategia dilatoria” en contra de los acusados, que pertenecen a la comunidad de Cabañas.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente tenía previsto del 9 al 11 de abril de 2025, la repetición del juicio en contra de ocho personas, acusadas de asesinar a una mujer durante el conflicto armado de El Salvador, el cual se realizaría en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, sin embargo, fue suspendido la tarde del martes.

“Consideramos que la suspensión de la nueva vista pública es la continuación de una estrategia dilatoria en este caso. Esta malévola estrategia se expresa claramente en la anulación del juicio donde los activistas ambientales fueron sobreseídos definitivamente, la suspensión de la audiencia el pasado 3 de febrero y ahora con esta es un alargue premeditado de este cuestionado proceso penal”, dijo el representante de Ades, Alfredo Leiva.

Según informó la defensa del caso a Diario El Mundo, la suspensión se estableció debido a la carga laboral de uno de los jueces del referido tribunal que conocerá el caso. No obstante, la asociación de Ades consideró como sospechosa la decisión de reprogramarlo.

“Tal justificación nos parece sospechosa y poco creíble, pues la audiencia había sido reconformada por el mencionado tribunal al final de la semana pasada cuando informó sobre la orden de recaptura de los procesados y cuando citó a las partes involucradas en el proceso, lo cual significa que todo estaba listo para su realización”, manifestó Leiva.

Además, concluyeron que la suspensión del juicio es una “falta de respeto” para las representaciones diplomáticas de los países que informaron que darán seguimiento al proceso y que habían confirmado participar como observadores en el juicio.

La nueva fecha para la apertura de la vista pública será del 26 al 28 de mayo del presente año; con esta sería la segunda ocasión que se reprograma el caso, el cual había sido señalado en un inicio del 3 al 6 de febrero, pero debido a la inasistencia de los acusados fue señalada para esta semana.

Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Álgel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de asesinar el 22 de agosto de 1989 a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Las organizaciones reiteraron que se trata de un caso “montado” para “perseguir judicialmente al activismo ambiental y responde al interés gubernamental de reactivar la minería metálica, lo cual se confirma claramente con la aprobación de la Ley General de Minería Metálica.

Y que con ello, se busca sentar un “nefasto” precedente jurídico para quienes participaron en las luchas revolucionarias del país y que la repetición del juicio, en la práctica se trata de un doble juzgamiento.

Por último, Ades Santa Marta reiteró su demanda dirigida al juez de sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas de que se aparte del proceso judicial debido a su presunto pasado militar, quien presuntamente habría sido miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, según una información publicada por el comunicador, César Fuentes.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, juez 2, de San Miguel, interpuso penas de hasta 262 años de cu00e1rcel para 48 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS), acusados de una serie de delitos, entre ellos homicidio, extorsión y tru00e1fico ilícito de droga, ocurridos en el departamento de San Miguel.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados fueron procesados por 17 homicidios agravados, 12 de extorsión agravada, siete casos de proposición o conspiración en el delito de homicidio agravado, así como un feminicidio agravado,un intento de homicidio y organizaciones terroristas. Los crímenes ocurrieron entre enero de 2015 y octubre de 2017.

Asimismo, señalaron que las víctimas de homicidio de dicha estructura eran personas a las que consideraban informantes de la Policía Nacional Civil (PNC) o pertenecían a la pandilla contraria.

La condena mu00e1s alta de 262 años fue impuesta a Juan Félix Hernu00e1ndez Rivas, alias dramu00e1tico y a Wílber Josael Herrera Gutiérrez, alias efectivo; ambos reos presentes y perfilados como homeboys de la MS.

En el caso del procesado Jason Ronaldo Orellana Fuentes, alias “El Inadvertido” (rebelde), con rango de homeboy, fue sentenciado a 247 años de prisión por organizaciones terroristas, dos homicidios agravados, un caso de tru00e1fico de droga, siete casos extorsiones agravadas, un intento de homicidio y tres por proposiciones y conspiración para cometer el delito de homicidios agravado.

Daniel David Paz, alias “El Inesperado” (presente), perfilado como “homeboy”, fue declarado culpable de cinco homicidios agravados, un feminicidio agravado y uno por proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas. El tribunal lo sentenció a 202 años de prisión.

Mientras que para Cristian Alexander Zamora, alias “Desconfiado Flash” (rebelde) y Kevin Nahum Reyes Martínez, alias “Imprevisto” (presente), fueron condenados a 112 años de prisión, respectivamente.

El resto de los pandilleros fueron sentenciados a penas menores. En el juicio se determinaron las condenas para 36 imputados presentes y 12 que fueron declarados en rebeldía.

La Fiscalía detalló que los procesados delinquían en las colonias San Pablo, 18 de Mayo, La Presita I, Asunción, La Panamericana, El Tesoro, San José, Ciudad Real, Santa Julia, Ciudad Pacífica, Las Unidas, Carrillo y en el cantón Montegrande, pertenecientes al departamento de San Miguel.

En otro hecho, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta 321 años en la cu00e1rcel a 14 miembros de la pandilla MS, por varios homicidios, extorsiones, planificación de asesinatos, tru00e1fico y agrupaciones ilícitas, tras un juicio realizado entre el 17 al 21 de febrero de 2025.

Entre los condenados estu00e1 César Ernesto u00c1lvarez, alias “Lobo”, perfilado como corredor de clica, a quien se le impusieron 321 años de cu00e1rcel por participar en 11 casos de extorsión agravada, seis casos de proposición y conspiración en delitos de homicidios, tres casos de homicidios agravados, tru00e1fico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

A este se suman el imputado Bryan Enrique Chicas Martínez, condenado a 111 años de prisión; Juan Carlos López Ortiz, quien recibió una sentencia de 72 años de cu00e1rcel; así como Samantha Abigaíl Rodríguez Berríos con una pena de 50 años de prisión; Carlos Ulises Castaneda Ramírez, a 36 años de prisión y a otros implicados se le han dictado penas de 35, 30, 27, 25 y 21 años de cu00e1rcel.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación inició en el año 2018, tras la denuncia de varias víctimas que sufrían amenazas y acoso realizado por los pandilleros, quienes les exigían diversas cantidades de dinero que debían entregar cada 15 o 30 días.

“Entre los casos resueltos estu00e1 el crimen cometido el 22 de mayo de 2022, contra un joven de 21 años, quien caminaba sobre la 4a avenida Sur y 6a calle Oriente en el centro capitalino cuando fue atacado por dos sujetos que viajaban en moto y le dispararon reiteradas veces”, expuso la FGR.

Los otros crímenes por los que fueron sentenciados ocurrieron en las colonias Escalón, San Antonio Abad y Miramonte del departamento de San Salvador, en distintas fechas.

La Fiscalía destacó que los imputados condenados son parte de un remanente de otros 90 procesados que ya cumplen sus sentencias dictadas anteriormente.

Por otra parte, el referido Tribunal de Sentencia interpuso en otro proceso una sentencia de 15 años de prisión para Mariana Guadalupe Siliezar Lizama, por extorsionar a un comerciante del distrito de Soyapango, en San Salvador Este, durante el año 2010.

Según las investigaciones de la FGR, Siliezar Lizama y otros miembros de la pandilla Barrio 18, llamaron por teléfono a la víctima para exigir grandes cantidades de dinero para pagar a abogados que sacaran de la cu00e1rcel a miembros de su pandilla.

“Tras la exigencia de la pandilla y por temor a que los terroristas cumplieran sus amenazas, el afectado interpuso la denuncia el 19 de julio de 2010. Durante seis entregas controladas del dinero, la mujer fue identificada por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando recibía el efectivo”, dijo la Fiscalía.

La condena de cu00e1rcel fue impuesta en ausencia de la procesada, según las reformas al Código Procesal Penal que permite juzgar a prófugos de la justicia.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente suspendió y reprogramó, este martes,

la instalación del juicio en contra de ocho personas, acusadas por el asesinato de una mujer en el conflicto armado, informó la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta.

El juicio repetido estaba previsto para desarrollarse del 9 al 11 de abril de 2025 en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, sin embargo, fue suspendido debido a la carga laboral de uno de los jueces del referido tribunal que conocerá el caso, indicó el abogado de la defensa, Pedro Cruz a Diario El Mundo.

Ante ello, la nueva fecha para la apertura de la vista pública será del 26 al 28 de mayo del presente año.

Con esta, sería la segunda ocasión que se reprograma el caso, el cual había sido señalado en un inicio del 3 al 7 de febrero, pero debido a la inasistencia de los acusados fue señalada para esta semana.

Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gómez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, acusados del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados en el caso de Santa Marta, quienes son acusados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

Tres días más tarde, organizaciones sociales denunciaron y exigieron al juez de sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas se aparte del proceso judicial debido a su presunto pasado militar, quien habría sido miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, entre 1980-1992, según una información publicada por el comunicador, César Fuentes.

La acusación

La Fiscalía General de la República acusa a los excombatientes del FMLN de asesinar el 22 de agosto de 1989 a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Según la acusación, los procesados sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio en contra de los ocho acusados y fueron absueltos de los cargos, principalmente, porque el caso no configuraba los requisitos como crimen de guerra.

Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientales de Santa Marta.

La Policía Nacional (PNC) informó, la noche del lunes, que la muerte de un hombre previamente reportada como suicidio el pasado 28 de marzo, en el departamento de Sonsonate, se trató de un homicidio.

De acuerdo con la corporación policial, la autopsia de Medicina Legal determinó que la víctima recibió una lesión del cuello, la cual fue alterada para fingir que se trató de un acto suicida.

«Pese a que la escena parecía un suicidio, la causa de muerte se determinaría en la autopsia, además de las investigaciones en torno al caso. Hoy se determinó que fue homicidio», publicó la PNC en su cuenta de X.

El crimen fue reportado el 28 de marzo en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este y según la Policía se capturó una mujer, identificada como Maura Alicia Bonilla Pérez, señalada como la presunta responsable del asesinato.

La PNC destacó que Bonilla Pérez era la compañera de la víctima, y ahora deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fraude procesal.

En el primer trimestre del año 2025, se contabilizaron 17 homicidios a nivel nacional, según los registros de la corporación policial, sin contar con la reciente información, con la que sumaría 18 asesinatos.

De acuerdo con los datos recabados, del total de homicidios 11 fueron hombres entre los 20 y 50 años de edad, mientras que los feminicidios alcanzaron los seis casos, de los cuales uno fue cometido por su pareja.

Sin embargo, en uno de los crímenes no se determinó el género de la víctima mortal.

El mes de marzo registró el mayor número de homicidios, con nueve muertes violentas, seguido de enero con seis y febrero con tres asesinatos.

El Socorro Juridico Humanitario (SJH) presentó, este martes, un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del director general de Centros Penales, «Osiris Luna «por los presuntos delitos de «actos arbitrarios cometidos por funcionario público, limitación indebida a la libertad individual y desobediencia,» tras incumplir la orden de liberación a favor de un joven portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), capturado en el régimen de excepción.

La directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, aseguró que Luna, así como el director del Centro Penal de Izalco, René Antonio Reyes «se niegan a liberar al joven identificado Anderson Stanley Argueta Rivera», quien el pasado 25 de febrero recibió la carta de orden de libertad por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado, Juez 2 de San Salvador.

«Tenemos a Anderson Stanley Argueta Rivera, que es un joven cuyo padecimiento de salud o condición de salud es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, desde su nacimiento este muchacho tiene esta condición de salud y en su corta edad, hasta los 19 años él había estado completamente saludable recibiendo su tratamiento en el hospital Bloom y demás centros médicos».

«Ingrid Escobar,
Abogada del Socorro Jurídico Humanitario.».

De acuerdo con Escobar, un peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal, el 17 de enero de 2025, indica que «adicionalmente de ser paciente del VIH, Argueta Rivera no ha recibido su tratamiento retroviral.»

Además que se le identificó una herida en la zona abdominal que está supurando, pérdida de visión total de uno de sus ojos y padece de ideas suicidas. Dicho peritaje se ordenó tras la solicitud que presentó su madre al tribunal que conoce del caso.

«Este muchacho que hace unos meses que su mamá lo logró identificar ¿cómo está este muchacho ahora? y con la pena de decir esto, ¿es que acaso el muchacho ya no está vivo? y que aunque haya órdenes de libertad en favor de él, esa es la razón por la que no dicen nada, no lo liberan, no lo encuentran, eso es lo que venimos a denunciar», argumentó Escobar.

«Argueta Rivera es una persona con VIH desde su nacimiento» y fue capturado el 15 de mayo de 2025 en San Bartolo, San Salvador, cuando regresaba de un viaje desde Costa Rica, como defensor de los derechos humanos de personas que tienen misma condición de salud. El joven se encuentra recluido en el centro penal de Izalco.

La madre del joven, Nelly Rivera, «pide a las autoridades que se cumpla con la orden de liberación que se otorgó a favor de su hijo», con el fin que pueda retomar su tratamiento.

«Yo nada más quiero hacer conciencia a las personas encargadas de poner en libertad a mi hijo, ya que cuenta con una orden de libertad desde aproximadamente 45 días; que pongan sumando en su conciencia, apelen a su dignidad humana y que le den libertad a mi hijo», manifestó Rivera.

La directora de Socorro Jurídico añadió que junto a la entrega del aviso penal pretenden dar el informe del registro de las personas que han fallecido al interior de los centros penales, los cuales señaló ya alcanzan los «383 víctimas mortales, donde el 40 % han muerto en el centro penitenciario de Izalco.»

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego que en tres días antes de su aplicación se reportaron 87 homicidios en El Salvador. Recientemente, se cumplieron tres años de vigencia, y desde entonces se contabilizan más de 85,000 personas capturadas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró en el cargo de juez suplente del Juzgado Cuarto de lo Contencioso Administrativo de San Salvador a Carlos Armando Avilés Dueñas, hijo de la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos.

Dicho nombramiento fue publicado en el sitio web de la CSJ y fue confirmado en el acta número 16 de la Corte Plena, del 27 de febrero de 2025, el cual fue aprobado con 12 votos de los magistrados, a excepción de Dueñas.

En el acta del 18 de febrero, la magistrada Dueñas presentó ante el resto de magistrados un escrito para abstenerse de participar en sesión de Corte Plena en la que se conoció el nombramiento de los Jueces de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, propietarios y suplentes, «en aras de garantizar la transparencia e imparcialidad del procedimiento, pues tiene un vínculo familiar con uno de los postulantes; en razón de ello, se considera un motivo serio y razonable que puede poner en duda su imparcialidad», según se lee en el acta.

Ante ello, en la votación del nombramiento de Avilés Dueñas no contó con la participación de su madre, y solo fue partícipe en la elección de la magistrada propietaria de la Cámara Primera de lo Contencioso Administrativo con sede en Santa Tecla y de la magistrada suplente de la Cámara Segundo de lo Contencioso Administrativo con sede en San Salvador.

La Ley de Ética Gubernamental expone en su artículo 6, literal h, que son prohibiciones éticas «nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley».

En la publicación de la Corte también se informó sobre otros nombramientos de lo Contencioso Administrativo, que corresponden a:

• Laura Ximena Polanco Manzano, magistrada propietaria de la Cámara Primera de lo Contencioso Administrativo, con sede en Santa Tecla.
• Mirna Jeannette Medrano Driottez, jueza propietaria del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana.
• Allison Yaneth Muñoz Burgos, jueza suplente del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla.
• Irma Joanna Henríquez González, magistrada suplente de la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo de San Salvador.
• Yoalma Teresa Iraheta Portillo, jueza suplente del Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador.
• Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo son los encargados de conocer de las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y, además, conocer de las pretensiones derivadas de actuaciones u omisiones de los concesionarios, según la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

¿Quién es Carlos Avilés Dueñas?

Carlos Armando Avilés Dueñas, de 34 años de edad, es graduado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Dr. José Matías Delgado.

Cuenta con un posgrado en Seguridad y Desarrollo Nacional del Colegio de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional y un diplomado en Derecho Administrativo y Constitucional impartido por la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura.

Avilés Dueñas ha ostentado otros cargos en los últimos años, entre ellos, gerente de asuntos jurídicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Se ha desempeñado como procurador adjunto de derechos laborales y derechos patrimoniales, coordinador nacional de la unidad contencioso administrativo y amparos, asistente legal en la Procuraduría adjunta en niñez y adolescencia.

Asimismo, como auxiliar jurídico en la Unidad de Familia, todos estos cargos dentro de la PGR y también ha sido colaborador judicial en el Juzgado Segundo de Menores en San Salvador.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará suministros de medicamentos para abastecer las clínicas empresariales del órgano judicial, para este año 2025, por un valor de $231,101.97, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

De acuerdo con el documento, el paquete de medicamentos incluye un total de 84 tipos diferentes y diseñado para cubrir una variedad de necesidades médicas, que serán financiados con fondos del Estado.

Entre los productos destacados en la compra se encuentran frascos de gotas oftálmicas, tabletas para el tratamiento del reflujo gástrico, fexofenadina para la rinitis alérgica, y productos para el cuidado de la piel, como dexpantenol.

En detalle, entre los medicamentos que se contempla adquirir son:

2,900 frascos de 120 mililitros (ml) de acebrofilina de cinco miligramos (mg), en gel oral, para el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas como bronquitis obstructiva o asmática. Con un precio unitario de $18.19, que suman $23,751 del monto global.
1,902 frascos de 10 ml de polietilenglicol + propilenglicol + polidronio gotas oftálmicas, utilizados para aliviar el ardor y la irritación ocular. Cada unidad tiene un costo de $10.86, lo que da un total de $20,255.72.
5,451 frascos de 120 ml de clorhidrato de bencidamina, un medicamento para aliviar dolor e irritación de garganta. Con un precio de $2.99 por frasco, el costo total es de $16,298.49.
16,400 tabletas de amoxicilina de 875 mg + ácido clavulánico de 125 mg, para tratar infecciones causadas por bacterias por un costo de $0.96 y un total de $15,744.00.
36,570 tabletas de esomeprazol, para el tratamiento de reflujo gástrico, con un valor unitario de $0.33, lo que representa una inversión de $12,127.50.
15,504 tabletas de fexofenadina de 120 mg, para combatir la rinitis alérgica, con un costo unitario de $0.54, sumando $8,372.16.
1,500 tubos de 30 gramos de dexpantenol, para el cuidado de la piel, con un valor unitario de $5.33, lo que equivale a una inversión total de $8,055.00.

La oferta también incluye medicamentos para las alergias como la clorfenamina, azitromicina, ambroxol y loperamida, además de antidepresivos y anti inflamatorios musculares.

Según las especificaciones establecidas en el contrato de compra, los medicamentos adquiridos deben tener una vigencia o caducidad mínima de 18 meses, a partir de la entrega del producto y las empresas proveedoras deberán garantizar su efectividad durante el mismo período.

Si la vigencia o caducidad del producto supera los 18 meses, la garantía deberá ser de igual o mayor tiempo al de la caducidad.

La publicación de la oferta se realizó en enero de 2025 y la negociación formal comenzó el pasado 3 de marzo del mismo año, según el sitio web de Bolpros.

En lo que va del año, la Corte Suprema de Justicia ha publicado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

Además, que pretende comprar más de 4,572 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880 y otros $54,741 para la compra de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, de San Salvador, decretó en audiencia de imposición de medidas, que seis extranjeros ligados al caso de estafa mediante la agencia de carros Venicars, sigan en prisión preventiva, mientras el caso avanza a fase de instrucción.

La resolución de la audiencia inicial se emitió este viernes, luego que el jueves se iniciará el proceso judicial en contra de los acusados, según informaron equipo de prensa de la Fiscalía General de la República (FGR) a Diario El Mundo.

Los procesados son Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, de nacionalidad venezolana, además de Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Francis Dorelys Batson Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana.

Los seis sudamericanos son acusados de los delitos de estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas.

Durante el proceso de investigación, la Fiscalía señaló que en dicha empresa se ofrecían la venta de carros tras un pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, sin embargo, estos no eran entregados y alegaban que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.

Además, de que las víctimas entregaron diversas cantidades de dinero que iban desde los $5,000 a $10,000 y nunca recibieron el vehículo y tampoco la devolución del dinero.

El 18 de marzo de 2025, la entidad fiscal realizó un allanamiento en la agencia de Venicars, ubicada en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica; al igual que en la oficina administrativa de la empresa, en calle La Mascota, ambas en San Salvador, ante la denuncia de 10 personas que aseguraron haber sido estafadas por la empresa.

En dichos allanamientos se congeló la suma de $848,359.79 distribuidos en cinco cuentas en diferentes entidades bancarias de El Salvador y actualmente, se estima que el total de dinero estafado asciende a $2,500,000.

A la fecha, la Fiscalía señala que en el caso ya se contabilizan más de 1,000 denuncias de víctimas.

La agencia de carros operaba en el país desde octubre del año 2024 hasta marzo 2025, cuando se realizaron los operativos de allanamiento y detención.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta junto a otras organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron, este viernes, que el juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas se aparte del proceso judicial que enfrentan ocho personas de dicha organización, acusadas del asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.

De acuerdo con Ades Santa Marta, el motivo principal de dicha petición corresponde al presunto pasado militar del juez Flores Alas, quien habría sido miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, entre 1980-1992, según una información publicada esta semana en plataformas digitales y redes sociales por el comunicador, César Fuentes.

Según expresaron, Fuentes, quien estu00e1 radicado en Estados Unidos, declaró que fue compañero del juez de sentencia de San Vicente en la Guardia Nacional y que éste estuvo bajo su mando.

“El comunicador asegura que el ahora juez fue su subalterno en dicho cuerpo de seguridad estatal, lo cual consideramos que constituye una gran explicación ética y un conflicto de intereses al juzgar a (un) excombatientes que fueron sus adversarios en la guerra. Mu00e1s claramente, un exintegrante de la Guardia Nacional no puede juzgar a un grupo exmiembros de una organización beligerante del conflicto armado por un supuesto delito de la guerra”, manifestó representante de Ades, Alfredo Leiva, en una conferencia de prensa.

Ante ello, las organizaciones exponen que el proceso judicial tendría un conflicto de intereses grave, y cuestionan que la nueva vista pública próxima a desarrollarse en contra de los ambientalistas de San Marta sea objetiva, por lo que hacen el llamado al juez que se abstenga de conocer el caso y se retire de este.

“Creemos que el juez no tiene condiciones para actuar de manera imparcial y justa, por tanto exigimos al juez Alas Flores que por decencia y dignidad se abstenga de conocer el proceso penal contra los defensores ambientalistas de Santa Marta y Ades, se retire del caso inmediatamente y que un juez suplente asuma su función en la nueva vista pública”, declaró Leiva.

De igual forma, solicitan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue los posibles conflictos de intereses que el juez Flores Alas pueda en el proceso judicial en contra de los ambientales de Cabañas.

Las organizaciones también pidieron al presidente, Nayib Bukele, que permita el acceso a los archivos militares para verificar qué jueces y magistrados formaron parte de los cuerpos militares durante la guerra, y que podrían afectar la imparcialidad de los juicios relacionados con crímenes de guerra. “El presidente Bukele debe cumplir su compromiso de abrir esos archivos de la A a la Z”, subrayaron.

Las organizaciones reiteraron su rechazo a la repetición del juicio y denunciaron lo que consideran una “nueva fase de persecución” en contra los ambientales de Santa Marta.

Repetición del juicio

Del 9 al 11 de marzo de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente tiene previsto la instalación del juicio repetido del caso Santa Marta, luego que el 3 de febrero del presente año los acusados decidieron no acudir al juicio y éste fuera suspendido por la inasistencia de los procesados.

Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel u00c1ngel Gu00e1mez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, acusados del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Esta semana, el referido tribunal declaró en rebeldía a seis procesados en el caso de Santa Marta, quienes son acusados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cu00e1mara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

Al menos tres personas murieron y otras 10 resultaron lesionadas en diferentes accidentes de tránsito reportados en diferentes puntos del territorio salvadoreño, durante la noche del jueves y las primeras horas de este viernes.

Alrededor de las 7:00 de la noche del jueves, la PNC notificó un múltiple accidente de tránsito, en el cual tres personas murieron y otras cuatro resultaron lesionadas, entre ellas menores de edad.

Según detallaron, un conductor a bordo de un pick up transitaba sobre el km 162 de la carretera Ruta de Paz, caserío El Foco, en San Carlos, Morazán Sur y chocó contra dos vehículos parqueados en la zona.

Posteriormente, informaron que un motociclista y su hijo de 12 años fueron auxiliados por el personal policial después de colisionar con un pick up. El accidente ocurrió sobre la carretera que conduce de Salcoatitán hacia Sonsonate, en Nahuizalco.

Y Comandos de Salvamentos junto con Protección Civil, atendieron un percance vial en el km 91 ½, jurisdicción del cantón El Canelo, distrito de Nahuizalco, Sonsonate Norte, donde un vehículo volcó. Se reportó una persona lesionada, quien fue atendida en el lugar.

En otro hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana un percance vial sobre el kilómetro (km) 6½ de la calle antigua a Zacatecoluca, jurisdicción del distrito de San Marcos, en San Salvador Sur, donde una motociclista resultó lesionada.

Según el reporte policial, la mujer perdió el control del automotor al esquivar a un peatón que se le atravesó sobre la vía. Ante ello, señalaron que socorristas trasladaron a la motociclista a un centro hospitalario.

Por su parte, Comandos de Salvamento notificó de un choque entre un vehículo particular y una motocicleta en la carretera que conduce de Nejapa a Quezaltepeque, en La Libertad, donde al menos una persona resultó lesionada.

La alcaldía de San Salvador también informó, este viernes, de otro accidente, el cual fue captado a través de las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro, donde se observa el choque de una camioneta y un motociclista, en el bulevar Los Próceres, luego que ambos intentarán cruzar al carril contrario.

#Accidente | Esta mañana, las cámaras del Sistema de Videovigilancia #SívarSeguro registraron el choque de una camioneta y un motociclista, en el bulevar Los Próceres, Zona 4 del Distrito Capital. pic.twitter.com/jZocu4J8r2

— Prensa San Salvador Centro (@PrensaAMSSC) April 4, 2025

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra del 1 de enero al 3 de abril de 2025 un total de 5,027 accidentes de tránsito, en los cuales 3,094 personas han resultado lesionadas y 297 han muerto.

Según el Observatorio, la principal causa de siniestros viales es la distracción del conductor, seguido de la invasión del carril y no guardar la distancia reglamentaria.