Autor: Dania Quehl

La Fiscalía General de la República (FGR) giró, el jueves, 19 órdenes de captura contra de miembros de la pandilla 18 sureños y personas particulares por homicidio agravado, limitación a la libertad de circulación, agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial, estafa y apropiación indebida.

Durante el operativo se capturó a cinco personas identificadas como Martha Elena Quinteros Lemus, José Antonio Chacón Merino, David Bladimir Torres Murga, Juan Antonio González Molina y Jaime Eduardo Del Cid Pichinte.

Asimismo, la FGR señaló que giró órdenes contra cuatro miembros de la pandilla 18 sureños, identificados como Waldo Henry Herrera López, Ricardo Adalberto Ramírez Pérez, Emerson Jehovany Morales Vásquez y Jerry Alfredo Pérez Mejía, quienes aseguraron se encuentran en prisión y fueron notificados que serán procesados por un doble homicidio, cometido en 2019.

«Las víctimas de este crimen laboraban en la extracción de arena del río El Arenal de San Pedro Perulapán y fueron asesinados con arma de fuego el 1 de febrero de 2019, en el cantón El Limón, del distrito de San Pedro Perulapán, de Cuscatlán Norte», detalló la Fiscalía.

Ante ello, indicaron que otros integrantes de la pandilla también serán notificados de los nuevos procesos en su contra por el delito de agrupaciones ilícitas, cometidos entre 2021 y 2023 en el cantón Espino de San Pedro Perulapán.

El operativo se desarrolló en diferentes zonas del departamento de Cuscatlán y del distrito de Sensuntepeque, en Cabañas.

Por otra parte, la Fiscalía emitió una orden administrativa en contra José Neftalí Rodas Reyes, acusado de asesinar con un arma de fuego a su hermano, el 17 de marzo de 2025.

El crimen ocurrió cuando la víctima estaba descansando en una hamaca frente a la casa del imputado, ubicada en cantón El Niño, del distrito de San Miguel y según la investigación fiscal, el móvil del crimen está relacionado con temas económicos.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel sentenció a 40 años de cárcel a José David Bonilla, alias «Zancudo», perfilado como miembro de la pandilla MS-13, por el homicidio de dos hombres en el departamento de San Miguel en el año 2016.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR), Bonilla es miembro activo de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS, y según las investigaciones, él junto a Balmores Edenilson Vigil Guzmán, alias «Frijol», ya condenado, dispararon a las víctimas hasta matarlos.

«La FGR estableció que el móvil del crimen fue por la supuesta pertenencia de las víctimas a la pandilla contraria», dijo la representación fiscal.

El crimen ocurrió el 22 de marzo de 2016, en la cancha de fútbol de la colonia Monte María, de la ciudad de San Miguel, al oriente del país.

La Fiscalía añadió que actualmente Bonilla está internado en un centro penal del país, donde cumplirá la sentencia de 20 años de cárcel por cada víctima.

Más condenas

En otros hechos, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso una pena de 16 años de prisión a tres pandilleros de la MS, por el delito de extorsión en contra de un comerciante de la misma zona distrital.

Los imputados son Luis Enrique Rodríguez Hernández, Kevin Ernesto Ascencio Colocho y Jeremías Alexander Guillen Fuentes, este último en calidad de ausente.

Según las investigaciones de Fiscalía, a principios de julio de 2021, la víctima se encontraba en su negocio ubicado en El Congo, Santa Ana, cuando llegó uno de los imputados junto a otro pandillero qué le exigieron dinero bajo amenazas.

«El dinero debía entregarlo el 15 de julio del 2021 o lo matarían. Ese día llegaron tres sujetos a recoger la extorsión y luego la víctima decidió interponer la denuncia en la Policía Nacional Civil», señaló la FGR.

Ante ello, la entidad destacó que con las pruebas presentadas demostraron la culpabilidad de los tres miembros de la Mara Salvatrucha y fueron sentenciados por el delito de extorsión agravada.

Por otra parte, el Tribunal de Sentencia La Unión condenó a 15 años de prisión a Luis Alonso Pérez Velásquez, alias «Loncho», de nacionalidad hondureña, por extorsionar a un transportista en el distrito de Concepción de Oriente del departamento de La Unión.

La Fiscalía señaló que Pérez Velásquez tenía la función de «paro traquetero» en la clica Brentwood Locos Salvatruchos de la MS y el 24 de febrero de 2023 fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando recibía el dinero de la extorsión a un transportista.

Según la acusación, la víctima pagó a la MS la renta entre el primer trimestre de 2022 y febrero de 2023 para que lo dejaran trabajar. «Al transportista le hablaba por teléfono un pandillero que se identificaba como «coca» y este le indicaba el día y lugar donde debía llevar el dinero de la renta».

Pérez Velásquez está recluido en un centro penal del país, donde cumplirá la condena impuesta por el referido tribunal.

El caso de estafa vinculado a la agencia de carros “Venicars” ya acumula

más de 1,000 denuncias de víctimas, informó, el martes, la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se ha hecho referencia a la cantidad de personas afectadas que hasta este momento ascienden a la

cantidad de 1,100 denuncias que se han recibido y a partir de los movimientos bancarios y financieros se ha logrado determinar que ellos han estado realizando movimientos financieros por todo este negocio”, declaró el fiscal del caso a prensa de la Fiscalía.

El martes, la FGR presentó ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, la acusación formal en contra de seis extranjeros, por los delitos de estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas, quienes presuntamente operaban en dicha empresa de vehículos.

Los acusados son Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, de nacionalidad venezolana, así como Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Francis Dorelys Batson Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana, para quienes la Fiscalía solicitó que permanezcan en detención provisional.

Durante el proceso de investigación, la FGR señaló que en dicha empresa se ofrecían la venta de carros tras un pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, sin embargo, estos no eran entregados y alegaban que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.

Además, de que las víctimas entregaron diversas cantidades de dinero que iban

desde los $5,000 a $10,000 y nunca recibieron el vehículo y tampoco la devolución del dinero.

El 18 de marzo de 2025, la entidad fiscal realizó un allanamiento en dos instalaciones de la agencia, ubicada en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica y en calle La Mascota, ambas en San Salvador, ante la denuncia de 10 personas que aseguraron haber sido estafadas por la empresa.

En dichos allanamientos se congeló la suma de $848,359.79 distribuidos en cinco cuentas en diferentes entidades bancarias de El Salvador y actualmente, se estima que el total de

dinero estafado asciende a $2,500,000.

La agencia de carros operaba en el país desde octubre del año 2024 hasta marzo 2025, cuando se realizaron los operativos de allanamiento y detención.

La FGR reiteró el llamado a las personas que hayan sido víctimas a que presenten su denuncia ante la oficina fiscal.

La Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) informó, a través de un video que, la audiencia preliminar por el asesinato de Rosa Elvira Flores, líder comunitaria de San Julian, Sonsonate, fue suspendido y reprogramado hasta el próximo 16 de mayo de 2025.

El caso es conocido por el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para Mujeres, del occidente del país. La directora ejecutiva del MSM, Isabel López, señaló que la audiencia se suspendió debido al retraso de un edicto.

“Nos han dado esta información de que ha sido suspendida porque el edicto llegó tarde, ojalá y nuestros aplicadores de justicia realmente actúen con la seriedad del caso y que se aplique la justicia”, dijo López a las afueras del juzgado.

En el caso está implicado Edwin Antonio Cáceres Ramírez (en calidad de ausente), señalado como la supuesta pareja de la víctima, contra quien el juzgado le giró orden de detención por estar prófugo de la justicia.

Así como cuatro personas identificadas como Lizeth del Carmen Hernández Coreto, Karla Esmeralda Siguach García, Daniel Adonay García Mauricio, Walter Daniel Melara, a quienes en abril de 2024 fueron enviados a detención provisional por el feminicidio agravado de la defensora de derechos humanos.

Rosa Elvira fue encontrada sin vida el 27 de marzo de 2024 en un cañal de San Julián, Sonsonate, luego que fuera reportada como desaparecida el día 19 del mismo mes.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima le informó el día de su desaparición a Edwin Cáceres que se dirigiría a Santa Isabel Ishuatán, hacia el centro de San Julián, a retirar una remesa de $2,500, que le había sido enviada por uno de los hijos de la víctima que vive en Estados Unidos.

Rosa Elvira solicitó un taxi para trasladar unas cosas a su madre y, al salir, se reunió con Cáceres, quien procedió a cometer el feminicidio.

“Fue un cobarde asesinato de una mujer que nada debía, que nada tenía, únicamente su delito fue ir retirar un dinero que le habían enviado sus hijos, por un robo llegar a esas situaciones en realidad no es justo”, expresó la directora del Movimiento Salvadoreño de Mujeres.

Ante ello, la organización exige que se haga justicia por el feminicidio de una de sus integrantes y esperan que en mayo, cuando quedó programada la audiencia, esta no sea suspendida nuevamente.

“Exigimos justicia para Rosa Elvira Flores, sabemos que hay un fiscal asignado del caso que está llevando en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia esta situación. Esperamos de nuevo que esto no se vaya a suspender, necesitamos que se haga justicia, que los hechores materiales o intelectuales paguen y que sea un caso donde se aplique la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, aseveró la directora López.

Rosa Elvira Flores tenía 47 años, era integrante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, que reúne diferentes organizaciones comunitarias que velan por los derechos de niñas, jóvenes y mujeres de Sonsonate.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente

declaró en rebeldía a seis procesados en el caso de Santa Marta, quienes son acusados por el asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.

Según la información revelada por la cuenta de Centros Judiciales, la decisión del referido Tribunal se tomó a una semana de que se desarrolle la repetición del juicio, luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta; sin embargo, “los procesados no justificaron su ausencia”.

Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, quienes ahora cuentan con orden de captura, de acuerdo con los artículos 86 y 87 del Código Procesal Penal.

“Desde la primera incomparecencia al juicio, el tribunal otorgó los plazos de ley y agotó todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta; sin embargo, los procesados no justificaron su ausencia”, expusó Centros Judiciales.

La instalación de la repetición del juicio estaba prevista para el 3 de febrero de 2025, no obstante, fue reprogramada para desarrollarse del 9 al 11 de abril del presente año, debido a la inasistencia de los acusados.

Ese mismo día, los imputados manifestaron, mediante un comunicado leído por los miembros de la organización Ades Santa Marta, que no se presentaron al juicio debido a que no confían en el proceso judicial, ya que no existe “garantía de un juicio justo y legal”.

Ante ello, el Tribunal giró oficios para notificar la resolución sobre la rebeldía y que la notificación de la audiencia de vista pública sea publicada por medio de edictos judiciales.

En el caso también se procesa a José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, sin embargo, no se expone la situación judicial para ellos.

Por otra parte, el Tribunal remitió oficios a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Dirección General de Centros Penales para garantizar la comparecencia del exmagistrado Eugenio Chicas, en calidad de testigo de descargo.

Actualmente, Chicas es procesado de forma penal, por el delito de enriquecimiento ilícito y guarda prisión preventiva en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, conocido como La Occidental, en Santa Ana.

Primer juicio

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio en contra de los acusados por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

En la lectura del fallo, el 18 de dicho mes, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta.

El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas. El caso cobró relevancia porque de los ocho detenidos, cinco son líderes ambientalistas que encabezaron la lucha contra la minería.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, realizó el martes la vista pública en contra de José Roberto Amaya Zelaya, acusado por los delitos de hurto, extorsión agravada y limitación ilegal a la libertad de circulación de dos personas.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, el imputado era policía y entre julio y septiembre de 2022, se valió de su cargo para intimidar a dos víctimas a quienes les exigió el pago de dinero mensual a cambio de no crearles perfiles falsos para llevárselos detenidos.

“El imputado amenazaba a las víctimas con crearles perfiles delincuenciales para detenerlos en flagrancia por el delito de agrupaciones ilícitas y para no proceder de esta manera les exigía o que abandonaran su lugar de residencia o que le hicieran entrega de dinero para no concretar su amenaza”, detalló el fiscal del caso.

De igual forma, señalaron que Amaya Zelaya también les quitó los teléfonos para «verificar la información que tenían», pero ya no se los devolvió. Posteriormente les limitó el acceso a donde vivían y las víctimas abandonaron sus residencias.

Los delitos fueron cometidos en el distrito de Huizúcar, La Libertad Este, durante los meses de junio y septiembre del año 2022. Según indicaron, los hechos de la primera víctima ocurrieron el 15 y 17 julio y el segundo caso a finales de septiembre de dicho año.

La Fiscalía aseguró que cuenta con suficientes elementos de prueba documental, pericial y testimonial para corroborar los delitos que se le atribuyen, por lo que la FGR solicita que el referido Tribunal imponga una sentencia condenatoria en materia penal y civil.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó y presentó ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, el martes, una solicitud de imposición de medidas en contra de cuatro venezolanos y dos ecuatorianos, acusados de una serie de delitos, entre ellos estafa agravada y lavado de dinero vinculado con la agencia de carros «Venicars».

Los imputados identificados como Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, de nacionalidad venezolana, así como Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Francis Dorelys Batson Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana, fueron acusados por los delitos de estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas.

«Ellos habían montado esa sociedad bajo un esquema de facilitadores de vehículos, sin embargo, al momento que las víctimas ingresaban al local ellos tomaban parte como intermediario financiero del dinero que estas personas depositaban y con estos mismos dineros de todas las víctimas ellos simulaban la compra de diferente vehiculos, automotores, pick up y microbuses, haciéndoles creer a las personas que eran compras programadas de vehículos a precios accesibles», detalló el fiscal del caso.

Asimismo, señalaron que según las investigaciones, en dicha empresa se ofrecían la venta de carros tras un pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, sin embargo, estos no eran entregados y alegaban que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.

La representación fiscal añadió que las víctimas entregaron diversas cantidades de dinero que iban desde los $5,000 a $10,000 y nunca recibieron el vehículo y tampoco la devolución del dinero.

«A partir de los movimientos bancarios y financieros se ha logrado determinar que ellos han estado realizando movimientos financieros por todo este negocio que empezó a operar», dijo el fiscal.

La agencia de carros operaba en el país desde octubre del año 2024 hasta marzo 2025, cuando se realizaron los operativos de allanamiento.

La Fiscalía destacó que la solicitud de imposición de medidas presentada corresponde a las primeras 10 víctimas, pero en el caso ya se contabilizan 1,089 denuncias de otras personas afectadas por la agencia. Se estima que el total de dinero estafado asciende a $2,500,000.

Ante ello, solicitaron que los acusados permanezcan en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones en su contra. Y reiteraron el llamado a la personas que hayan sido víctimas a que presenten su denuncia ante la oficina fiscal.

En un inicio, la FGR dijo que la agencia operaba bajo las órdenes de tres personas de nacionalidad venezolana y un ecuatoriano, sin embargo, ahora en el proceso se suman otras dos personas.

El 19 de marzo de 2025, la Fiscalía junto a la Policía Nacional Civil (PNC) allanó la agencia de vehículos Venicars, ubicada en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica y la calle Nueva, en San Salvador. Al igual que sus oficinas administrativas, en calle La Mascota.

En dichos allanamientos se buscó documentación, contable, equipo electrónico, dinero y otro tipo de evidencia que respalde la investigación.

Tras el allanamiento, la agencia publicó en sus redes sociales que las oficinas estarían cerradas por un «proceso de duelo».

En el primer trimestre del año 2025 se registraron más de 4,800 accidentes de tránsito y 289 muertes en dichas circunstancias, revelaron los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que dirige el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).

Del 1 de enero al 31 de marzo del presente año, se contabilizaron un total 4,833 percances viales, los cuales fueron 57 menos que el año anterior al mismo periodo, cuando registró 4,890, lo que se traduce a una baja de 1 %. De igual forma, detalla que el promedio diario de accidentabilidad fue de 54.

El número de personas lesionadas reflejó un incremento, debido a que durante los primeros 90 días del año se reportaron 2,984, mientras que en 2024 al mismo periodo se contabilizaron 2,886, es decir 32 casos más, que corresponde a un alza de 3 %.

Con respecto a los fallecidos en percances viales, los datos oficiales mostraron una reducción de un 14 %, ya que al cierre de marzo 2025 se registraron 289, mientras que en 2024 fueron 337.

Entre el número de fallecidos, el Observatorio señala que los peatones han sido las principales víctimas, registrando 120 que equivale a un 41.5 % del total de decesos. El segundo grupo corresponde a los motociclistas donde han muerto 102, es decir un 35.2 % y el resto de decesos ocurrieron mientras se transportaban en vehículo. Detallar, que en los primeros tres meses del año se reportó la muerte de siete ciclistas.

Las cifras exponen que al menos tres personas mueren a diario en accidentes de tránsito, es decir, una cada ocho horas.

Adultos, los más vulnerables

El Observatorio señala que los adultos en edad productiva son los más vulnerables a morir a causa de un accidente vial, dicho grupo alcanzó 206 del total de las muertes, seguido de los adultos mayores con 71 fallecidos y el resto corresponden a menores de edad.

Las principales causas de los accidentes de tránsito registrados durante el primer trimestre del año fueron la distracción del conductor con 1,209 incidentes, seguido de la invasión de carril con 1,057 y no guardar distancia reglamentaria con 687 percances viales.

Con respecto al tipo de siniestro reportado los datos indican que de los 4,833 siniestros viales, 3,362 fueron por colisión, 615 se debieron a choques y 552 por atropello.

En 75 de los incidentes se debieron al vuelco del automotor; sin embargo, en 249 de los accidentes de tránsito se clasificaron como “características especiales”, sin mayor información.

San Salvador fue el departamento con mayores accidentes reportados, seguido de La Libertad y San Miguel.

El 35 % de las personas que fallecieron en accidentes de tránsito durante el primer trimestre del año 2025 corresponden a motociclistas, según las cifras del Observatorio de Seguridad Vial del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, se registró la muerte de 289 personas en accidentes de tránsito, de los cuales 102 fueron motociclistas, dato que equivale al 35.2 % de la cifra global.

Los datos del Observatorio muestran que de los 4,833 siniestros viales que se han reportado en el país en los primeros tres meses del año, 985 ocurrieron a motociclistas, es decir, el 20.3 % del total de accidentes.

En ese sentido, las cifras señalan que en 90 días del año 2025, los accidentes en motocicleta han dejado 919 personas lesionados, un aumento de 62 casos comparado con el año 2024 al mismo periodo, cuando se contabilizaron 857, un alza del 7 %.

Al igual que los accidentes a nivel general, la principal causa de los percances en motocicleta se deben a la distracción del conductor, seguido de la invasión de carril, no guardar la distancia reglamentaria y la excesiva velocidad.

Actualmente, en El Salvador se registran 1.8 millones de automotores en el parque vehicular a nivel nacional, de estos 629,784 unidades son motocicletas, que corresponde al 33 % del total.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) afirmó, este miércoles, que los trabajos de instalación de tuberías en la planta potabilizadora de Ilopango, que se construye en dicha zona distrital del departamento de San Salvador, lleva un 70 % de avance.

Según un video compartido en redes sociales por la autónoma, hasta la fecha se han colocado 1,152 metros de tubería, de un total de 2,115 metros, alcanzando con ello un 70 % de avance.

ANDA señaló que la planta que se encuentra en construcción se conectará con la Planta de Rebombeo Changallito, desde donde se enviará el agua a siete distritos de San Salvador.

La construcción de la planta potabilizadora fue anunciada en octubre de 2022, cuando la autónoma firmó un convenio, que forma parte del Acuerdo de Ejecución con la Agencia para Cooperación Económica y Tecnológica entre los gobiernos de China y El Salvador con una inversión de $40 millones de parte de la Embajada de China.

En su momento, ANDA dijo que la planta potabilizadora de Ilopango servirá para remover los metales pesados y mejorar el suministro de agua potable para Soyapango, Ilopango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca.

En julio del 2023, la autónoma le adjudicó a la empresa china, Hebei Construction Group la perforación de ochos pozos, la construcción de la planta de tratamiento para la remoción de metales pesados y la instalación de equipos electromecánicos.

Según el acuerdo, el proyecto contempla la perforación de ocho pozos alrededor del lago de Ilopango con la que se pretende abastecer de agua potable a 250,000 de los siete distritos de San Salvador ya mencionados. En diciembre del mismo año, se colocó la primera piedra de la obra.

En agosto de 2024, inició la instalación de una tubería de 800 metros en la carretera de Oro, como parte de la construcción de la Planta Potabilizadora del Lago de Ilopango, trabajos que implicaron el cierre de calles desde el puente Ticsa hasta la Planta de Rebombeo Altavista 2, en el kilómetro 11 de la carretera de Oro.

Hasta enero de 2025, el presidente de la institución, Jorge Castaneda, aseguró que la obra contaba con un 55 % de avance, habiendo colocado 500 metros de tubería de 20 pulgadas entre la 4a avenida norte, y la intersección del Super Selectos de San Bartolo.