Autor: Dania Quehl

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, guarda prisión provisional en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, conocido como La Occidental, en el departamento de San Santa, informaron organizaciones de derechos humanos.

“Nosotros condenamos la decisión del Juzgado Primero de Paz de San Salvador de mandarlo a la cárcel de La Occidental, en Santa Ana, donde fue llevado el día viernes (28 de febrero) en horas de la madrugada de manera oculta”, dijo la coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (Cofappes), Lourdes Palacios, en una conferencia de prensa.

Eugenio Chicas fue detenido el pasado 13 de febrero, después de dejar a su hijo en el centro educativo, y la Fiscalía lo acusó por el delito de enriquecimiento ilícito de más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

“Consideramos que la captura de Eugenio es producto de una venganza política, tal como lo señaló los breves instantes del día jueves que pudo expresar a distintos medios de comunicación en la sede de los tribunales esa circunstancia”.
Lourdes Palacios,
Representante de Cofappes.

Junto a Cofappes, la organización Socorro Jurídico Humanitario, Colectivo Universitario por la Democracia, Colectivo Libertad y de la Mesa por una Pensión Digna manifestaron su rechazo a la captura del exmagistrado y exigieron su liberación.

“No hay ninguna duda de que se trata de una burda persecución que tiene como objeto mantener a Eugenio Chicas en la cárcel”, dijo el director de asuntos legales de Socorro Jurídico, Óscar Rosales.

Chicas fue enviado a detención provisional el pasado 28 de febrero, por el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, quien ordenó que el caso pase a etapa de instrucción, luego que realizaran la audiencia inicial. Además, el caso quedó bajo reserva total.

Tras conocer la decisión judicial, Blanca Steffany Ayala, esposa de Eugenio Chicas, denunció que el 15 de febrero la Fiscalía General de la República hizo un allanamiento en su vivienda donde buscaban «maliciosamente» armas y que de igual forma, confiscaron la computadora de su hijo.

Ayala manifestó que se trata de una persecución política contra su esposo y que el patrimonio de él es fruto de sus años de trabajo. «Nadie debe ser perseguido por decir la verdad», finalizó Ayala.

Proceso paralelo

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador condenó el 12 de noviembre de 2024 a Chicas y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito y fueron condenados a reintegrar más de $202 mil al Estado; sin embargo, la defensa apeló la decisión ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que aún no hay respuesta definitiva del caso.

“Ese doble juzgamiento que se le está haciendo cuando no había terminado un proceso, lo detienen, lo ponen preso y no hay una razón de acuerdo a la ley que argumente esa detención”, añadió Cofappes.

Las organizaciones recalcaron que Chicas es un testigo clave del juicio contra los líderes comunitarios que han denunciado la reactivación de la minería y que ahora, la Fiscalía procesa por un caso de asesinato del conflicto armado, en el caso denominado Santa Marta.

Y sostuvieron que responsabilizan al juzgado que llevó la audiencia “por lo que le pueda suceder a Eugenio en prisión; y exigimos a las autoridades penitenciarias y al propio Nayib Bukele el respeto a su integridad y a su vida”.

El centro penitenciario La Occidental también resguarda al exdirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Atilio Montalvo, quien fue detenido el 31 de mayo de 2024 por presuntamente planear atentados con explosivos en diferentes puntos durante la ceremonia del mandatario.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador finalizó este miércoles la audiencia inicial en contra de un grupo de empleados del Viceministerio de Transporte (VMT) y de examinadoras de manejo, acusados de una serie de delitos, entre ellos agrupaciones ilícitas.

En el caso están implicados 30 personas, 24 presentes y seis ausentes, a quienes se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, cohecho propio, cohecho activo, incumpliendo de deberes, estafa informática, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad documental agravada vía falsedad ideológica.

De acuerdo con la acusación, la red estaba conformada por personal de escuelas de manejo, empresas examinadoras y empleados del Viceministerio de Transporte y habrían cometido los ilícitos desde el 2023 hasta este 2025.

“Estaban confabulados para poder emitir una serie de licencias falsas a cambio de cantidades de dinero exageradas de $200, $1,500”, indicó la fiscal del caso.

Asimismo, detalló que entre ellos se acusa a personas que han usado ese tipo de licencias falsas con las que se ha determinado el momento de procesar el chip que esas licencias son falsas.

“También se procesa a un notario que ha elaborado también documentos falsos”, agregó la fiscal.

De acuerdo con los abogados de la defensa, se espera que el juez encargado del caso emita una resolución de la audiencia mañana a las 2:00 de la tarde. La Fiscalía ha solicitado que los acusados continúen en detención.

Los procesados fueron detenidos el pasado 19 de febrero, durante un operativo por presuntamente pertenecer a una red de corrupción que omitía los exámenes para obtener la licencia de manejo.

Ese mismo día, la FGR allanó las instalaciones del Viceministerio de Transporte (VMT) en San Miguel y San Salvador, luego de abrir una investigación contra una presunta red de corrupción que involucra empleados de escuelas de manejo y empresas examinadoras.

Además, giró 28 órdenes de captura en contra de las personas presuntamente señaladas de solicitar dinero adicional para falsificar los resultados de los exámenes y beneficiar a las personas en el proceso de emisión de licencias de conducir.

Al momento de las capturas, la Fiscalía dio los nombres de los primeros detenidos en San Miguel, que corresponden a empleados del VMT, en dicho departamento, así como a los detenidos de las examinadoras Escoprond, Atlantic Seguridad, conocida por TE y M. y de la escuela de manejo López.

En la investigación están implicadas tres escuelas de manejo: López, Génesis y Shalom, además de tramitadores independientes y de la examinadora Escoprond.

A un mes de haber iniciado la actividad sísmica al oriente del país, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ha registrado más de 870 sismos en Conchagua y sus alrededores, en La Unión, según el último reporte de la institución.

De acuerdo con la información compartida, desde las 10:09 de la mañana del 5 de febrero hasta las 5:00 de la mañana de este miércoles se contabilizan un total de 873 sismos.

De dichas réplicas, al menos 31 han sido percibidas por la población con magnitudes de entre 2.6 y 4 en la escala de Richter.

El sismo de mayor magnitud se registró a las 5:32 de la tarde del día 8 de febrero, con una magnitud de 4 en la escala de Richter, a una profundidad de 10 kilómetros, y una intensidad de IV la escala Mercalli Modificada en Conchagua y alrededores.

El origen de dicha actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona, por lo que el Marn no descarta la ocurrencia de sismos de igual o mayor magnitud a los ocurridos hasta ahora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación formal contra un refugio de animales ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, sobre las condiciones en las que se encuentran los animales, luego que circularan en redes sociales imágenes de caninos en estado de desnutrición severa.

De acuerdo con la Fiscalía, el proceso tiene como objetivo determinar si el refugio cumple con las normativas de bienestar animal y los procedimientos establecidos por la ley.

“Actualmente, la FGR mantiene abierta una investigación para determinar las condiciones, procesos y diagnóstico en los que se encuentran los animales en dicho recinto, conforme a las leyes vigentes”, informó el Ministerio Público, acompañado de una publicación que había hecho el alcalde de dicha comuna, José Chicas, la cual señalaron de falsa.

El alcalde de dicho municipio, José Chicas, afirmó en una publicación de su cuenta de X que la FGR había validado las condiciones del refugio, lo cual, fue desmentido por el ente fiscal.

Según lo escrito en la publicación del edil, representantes de organizaciones en defensa de los animales visitaron las instalaciones del refugio, quienes supuestamente corroboraron del cuidado que se tienen con los caninos.

Asimismo, señaló que el Instituto de Bienestar Animal (IBA) y la Fiscalía “inspeccionaron el recinto y confirmaron el cumplimiento de la ley”.

Ante ello, la institución aseveró que “la FGR desmiente haber emitido resolución que respalde las declaraciones del alcalde José Chicas, sobre el estado del Centro de Resguardo de Ilopango”.

La publicación del alcalde Chicas fue borrada luego que la Fiscalía manifestara sobre las investigaciones a realizar en el refugio.

Por su parte, el Instituto de Bienestar Animal afirmó que la publicación realizada por el alcalde José Chicas “no es cierta” y que equipos de la institución continúa en el proceso de revisión en relación con el caso, “para verificar el estado de los animales, las condiciones del lugar y el manejo que se les ha dado dentro del centro de resguardo de Ilopango”.

Recientemente, usuarios de redes sociales viralizaron las denuncias de vecinos de la zona donde se ubica el refugio, donde denuncian el descuido de los animales.

Según un video publicado en X, en horas de la madrugada de este miércoles varios vehículos fueron vistos salir del refugio, donde se presume que sacaron a los animales en estado de salud crítico, debido a las investigaciones anunciadas por la Fiscalía.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló el martes el juicio en contra tres sujetos acusados del asesinato en contra del dirigente del Partido de Concertación Nacional (PCN), Ramón Orlando Kury Kury, el cual se realiza por tercera ocasión.

La Fiscalía General de la República (FGR), acusa del delito de homicidio agravado a Samuel Elías Delgado Navas, Óscar Remberto Delgado Martínez y Santos Hernández Beltrán, quienes habían sido declarados inocentes en dos ocasiones y hoy vuelven a ser acusados.

“Para este caso contamos con la prueba testimonial, prueba pericial con todos los elementos tecnológicos de los cuales hemos podido llegar a la culpabilidad”, manifestó el fiscal del caso.

Con esta apertura a juicio, los acusados enfrentan por tercera ocasión una vista pública, luego que en dos juicios previos resultaron absueltos del delito de homicidio en contra de un dirigente político.

“Esta es una repetición del juicio ordenado en razón del reenvío indicado por la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador para que el juez cuarto de sentencia conozca los elementos probatorios de nueva cuenta y poder obtener la sentencia condenatoria”, expusó el fiscal.

En marzo de 2021, los tres acusados fueron absueltos por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, donde el juez concluyó que había diferencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía, que no lograron romper el principio de inocencia.

Sin embargo, la Fiscalía apeló esa decisión, y la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la repetición del juicio.

Ante ello, en 2024 el Tribunal Tercero de Sentencia instaló un nuevo juicio y en mayo de ese mismo año otorgó la absolución a los tres acusados por el asesinato del líder del PCN. No obstante, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador anuló por segunda vez la sentencia absolutoria y con dando apertura al nuevo juicio.

El crimen ocurrió el 26 de abril de 2018, en una de las sedes de dicho partido, ubicada en San Salvador y según la acusación de la Fiscalía una persona vestida de negro se acercó a Ramón Kury y le disparó dos veces, mientras un segundo vigilaba en la sede nacional del partido, y un tercero brindaba transporte de entrada y salida del lugar.

El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, negó que en El Salvador haya un cierre de escuelas y aseguró que se trata de un proceso de «unificación», esto luego que sindicatos de maestros denunciarán el cierre de más de una veintena de centros educativos a inicios del año escolar 2025.

«Lo primero que hay que decir es que cerrar una escuela es una palabra que nosotros no utilizamos, nosotros estamos unificando algunas», declaró el lunes Pineda ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

El ministro argumentó que en el territorio salvadoreño, la mayoría de las escuelas se ubican a 100 metros de distancia entre sí, por lo que con dicho proceso de unión se tiene como propósito mejorar la calidad educativa.

«Nosotros tenemos una escuela aquí, a 100 metros hay otra y hay 100 metros hay otra, en un kilómetro usted puede encontrar hasta tres o cuatro centros educativos y ese es el problema, como acá la educación no era importante para nadie, menos la calidad en la educación», respondió el titular de Educación.

Pineda se refirió al Centro Escolar de la comunidad El Bambú, en Izalco, Sonsonate, el cual fue denunciado por su cierre, sin embargo, dijo que cuenta con las actas de los padres de familia de los alumnos que aceptan que dicha escuela se unifique con otra y negó que ésta se haya cerrado.

«Usted encuentra una escuela que tiene 37 alumnos, El Bambú que por ejemplo tengo todas las actas donde los padres de familias aprueban que unifiquemos esa escuela con otra, no cerrarla porque cerrarla sería sin dejarle una sola oportunidad al estudiante, pero las escuelas están a un kilómetro.», mencionó Pineda.

Dicho centro escolar fue remodelado en 2023 con fondos de la Embajada de Alemania en El Salvador, que lamentó el cierre de dicho centro educativo. Posteriormente, la embajada alemana dijo que «la instalación educativa será destinada para el cuidado de adultos mayores.»

«Entonces lo que nosotros iniciamos en su momento fue el proceso de unificación para llevar claridad a esos centros educativos para que la educación realmente sea una educación de calidad eficiente», sostuvo el ministro Pineda.

Ademas, afirmó que «han habido algunas que cedieron, otras que también se han hablado las divide una pared, en San Miguel, en Jucuapa, esas las estamos unificando, pero no estamos dejando a los estudiantes sin oportunidades de estudiar, lo que pasa es que el morbo como decían siempre está ahí.»

A finales de febrero, el secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), Francisco Zelada, señaló que contabilizaban el cierre de más de 30 centros educativos en los últimos meses.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández, informó que «al menos seis colegios cerraron este año» y otros 10 podrían seguirles debido a la baja matrícula de estudiantes.

Un grupo de trabajadores del Viceministerio de Transporte (VMT) y de examinadoras de manejo fueron remitidos este martes al Centro Judicial Isidro Menendez, de San Salvador, tras ser detenidos durante un operativo por presuntamente pertenecer a una red de corrupción que omitía los exámenes para obtener la licencia de manejo.

La remisión a los juzgados responde a que la Fiscalía General de la República (FGR) les lee la acusación con los cargos por los que enfrentarán el proceso penal.

De acuerdo con una publicación de la radio YSKL, la Fiscalía presentó la solicitud de imposición de medidas ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, el cual será el encargado de conocer el caso.

Según detallaron, la solicitud va dirigida en contra de 30 personas, 24 presentes y seis ausentes, a quienes se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad ideológica, cohecho activo, cohecho propio e incumplimiento de deberes.

El pasado 19 de febrero, la FGR allanó las instalaciones del Viceministerio de Transporte (VMT) en San Miguel y San Salvador, luego de abrir una investigación contra una presunta red de corrupción que involucra empleados de escuelas de manejo y empresas examinadoras.

La Fiscalía giró 28 órdenes de captura en contra de las personas presuntamente señaladas de solicitar dinero adicional para falsificar los resultados de los exámenes y beneficiar a las personas en el proceso de emisión de licencias de conducir.

“Se hace el descubrimiento de una red en la cual comienzan con tramitadores que se encuentran en los alrededores de Sertracen de San Salvador, los cuales, por medio de escuelas de manejo y examinadoras, falsifican el resultado de las licencias de conducir de determinados usuarios que pagan montos entre $800 y $1,000 por cada licencia de conducir”, detalló en su momento el fiscal adjunto de intereses del Estado, Josué Mata.

Asimismo, reveló que la investigación es contra tres escuelas de manejo: López, Génesis y Shalom, además de tramitadores independientes y de la examinadora Escoprond.

Ese mismo día, la Fiscalía dio los nombres de los primeros detenidos en San Miguel, que corresponden a empleados del VMT, en dicho departamento, así como a los detenidos de las examinadoras Escoprond, Atlantic Seguridad, conocida por TE y M. y de la escuela de manejo López.

Tras los hechos, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte aseguró que los inspectores del VMT serán los encargados de supervisar a las escuelas de manejo, con el fin que cumplan con los nuevos requerimientos para operar.

El presidente del Colegio Médico de El Salvador (Colmedes), doctor Iván Solano Leiva, informó este martes que el Ministerio de Gobernación volvió a negar la entrega del libro de actas para acreditar a la nueva junta directiva de la gremial elegida el mes pasado.

De acuerdo con el doctor Solano, la junta directiva anterior, presidida por el doctor Roberto Montoya, inició el 4 de diciembre de 2024 la gestión ante la oficina del Ministerio de Gobernación solicitando los libros de actas foliados para consignar las nuevas elecciones, sin embargo, señaló que estos fueron negados, debido a observaciones que a criterio del ministerio no han cumplido.

“Recientemente, poco menos de 10 días, después de observaciones tras observaciones y que la junta directiva del Colegio Médico que presidió el doctor (Roberto) Montoya enviaba las correcciones de esas observaciones, han dado una resolución que dicen no a lugar en la petición de los libros de actas, basándose en que supuestamente solo se habían superado 4 de 15 observaciones”, indicó el presidente de Colegio Médico.

Con esta, sería la segunda vez que la gremial de médicos solicita dicha documentación sin obtener el aval para poder consignar los procesos electorales que se realizan internamente.

Ante ello, Solano manifestó que como gremial les preocupa la negación de recibir los documentos, ya que consideran que se trata de un proceso “que se da en automático”, y que ahora no pueden contar con ellos.

“A nosotros nos preocupa esa acción en donde ya comenzamos a ver que los tiempos que vienen van a ser complejos para el Colegio Médico porque nosotros necesitamos tener esos libros de actas para poder solicitar nuestras credenciales como Junta Directiva, si no nos volverán a decir que ustedes no tenemos libros de actas y no podemos darles las credenciales”, dijo el galeno.

En febrero, el presidente del Colegio Médico mencionó que seguían sin recibir respuesta por parte de las autoridades gubernamentales ante la solicitud de los libros de acta.

Recurso de revisión

Ante la negativa del Ministerio de Gobernación, el presidente Solano indicó que presentarán un recurso de revisión sobre dicha resolución y además entregarán un recurso de apelación, en caso de ser negado el primero.

“Se tienen que presentar los dos porque uno le da 10 días y el otro 15 días, entonces es mejor presentar los dos para que, a pesar para el señor resolutor reconoce que cuando habló el representante jurídico nuestro con él, que porque nos estaban negando esto y se le dijo que ‘ustedes dicen que solo hemos resulto 4 de 15 y aquí están los documentos donde hemos respondido las 15’ y aunque dieron la razón dijo ‘hagan el recurso igual’”, explicó el galeno.

Solano aseguró que pese a no contar con el libro de actas y las credenciales, la nueva junta directiva puede ejercer sus funciones debido a que cuentan con un respaldo notarial que certifica las recientes elecciones extraordinarias.

“Tenemos la validez porque esta acta está amparada legalmente por ser un acta notarial, entonces mientras no tengamos una resolución de Gobernación que nos nieguen las credenciales todo lo actuado en ese periodo tiene legalidad”, sostuvo el presidente del Colegio Médico.

Y agregó que “no es ilegal que nosotros bajo un proceso eleccionario podemos ejercer, no tenemos que esperar las credenciales para comenzar a ejercer.

Elecciones

En enero de 2024, el Colegio Médico celebró elecciones donde resultó como ganadora la planilla presidida por el doctor Solano Leiva, sin embargo, en noviembre del mismo año fueron notificados por el Ministerio de Gobernación que no podían ser certificados legalmente.

Dicha situación ocurrió debido a que no estaban inscritos en el libro de actas que certifica los nuevos cargos en la Junta Directiva y que no solicitaron libros foliados con anticipación, “un error administrativo del Colegio Médico”.

Por ese motivo, el pasado 22 de enero de 2025, se realizaron las elecciones extraordinarias, donde el infectólogo Solano fue elegido para ser el presidente de la gremial, cargo que asumió el 1 de marzo junto con los miembros que conformaron la planilla.

Al menos tres motociclistas resultaron lesionados en dos diferentes accidentes de tránsito durante las últimas horas, reportó Cruz Verde Salvadoreña.

De acuerdo con la institución de socorro, dos motociclistas fueron impactados por un vehículo particular sobre la 29a avenida Norte, jurisdicción del distrito de Ayutuxtepeque, San Salvador.

Los lesionados corresponden a un hombre y una mujer, quienes se transportaban en una motocicleta cuando ocurrió el percance. Según dijeron, elementos de Cruz Verde Mejicanos brindaron asistencia prehospitalaria y fueron trasladados a un centro asistencial.

Asimismo, informaron que otro motociclista se accidentó sobre la Carretera Panamericana, en el sector de Lourdes, La Libertad. La víctima fue una mujer de 26 años, quien presentaba leves laceraciones a causa del accidente.

Ayer, Comandos de Salvamentos reportó un fuerte accidente vial entre un pick up y un microbús de transporte colectivo, el cual dejó al menos 14 personas heridas. El percance ocurrió sobre el kilómetro 23 de la carretera Panamericana Oeste, cerca del Autódromo El Jabalí, en la dirección que conduce al distrito de Quezaltepeque.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra del 1 de enero al 3 marzo un total de 3,206 accidentes de tránsito, de los cuales 613 fueron relacionados con motociclistas. Según los datos, a la fecha ya se contabilizan 60 fallecidos en dicho automotor.

Las principales causas de dichos accidentes en motos son la distracción del conductor, no guardar la distancia reglamentaria e invadir el carril.

El conductor de una mototaxi fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC), luego que resultara con 848 grados de alcohol en la sangre, informó la corporación policial la noche del lunes.

“Con 848° de alcohol, según el alcotest, Orlando Sebastián Roque Chávez manejaba una mototaxi cuando fue intervenido por el personal policial”, indicó la PNC.

De acuerdo con el reporte, Roque Chávez fue detenido cuando se conducía sobre la 10ª calle Poniente frente al estadio Arturo Simeón Magaña, en Ahuachapán, en el occidente salvadoreño.

La institución aseguró que será remitido a las instancias correspondientes por conducción peligrosa.

Ayer, la PNC reportó la captura de otros cuatro conductores en estado de ebriedad, quienes fueron identificados como Damián Alfredo Hernández Campos, con 211 grados de alcohol; Edward Xavier Ramírez Mejía, con 67 grados; José Alberto Ramírez Germán, con 48 grados de alcohol en la sangre y Fernando Antonio Henríquez Marinero, un motorista de la ruta interdepartamental 501, en San Vicente con 83 grados de alcohol.

Las pruebas de alcoholemia determinan si los conductores han ingerido bebidas alcohólicas; con la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se prohíbe la circulación absoluta de conductores bajo los efectos de estupefacientes, medicamentos o de alcohol; si se encuentra que consumieron alcohol o alguna sustancia son acreedores de una multa muy grave y son detenidos.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta que del 1 de enero hasta el 3 de marzo se detuvieron a 390 personas por conducción peligrosa.

A la fecha se registran 3,206 accidentes de tránsito, de los cuales 123 han sido ocasionados por manejar en estado de ebriedad, la cual se califica como la séptima causa de dichos percances viales.