Autor: Dania Quehl

La Universidad de El Salvador (UES) realiza este sábado la prueba de conocimiento general para los aspirantes de nuevo ingreso 2026.

El rector de la institución, Juan Rosa Quintanilla, informó que solo en la jornada del sábado se examinaron más de 13,000 aspirantes para las diferentes carreras que ofrece la UES.

“Hemos recibido en esta oportunidad un promedio de 13,600 que aspiran a ser profesionales de la Universidad de El Salvador en las diferentes facultades”, indicó Quintanilla.

Este sábado, la UES desarrolla pruebas en las sedes de San Salvador, Santa Ana y San Vicente. Para los aspirantes a ingresar a la sede de oriente, en San Miguel, las pruebas se realizarán mañana domingo 4 de octubre de 2025.

La jornada de evaluación inició a las 7:00 de la mañana en las facultades de Medicina, Ciencias Agronómicas, Odontología y Occidente. En lo que queda de la mañana seguirá, Ciencias Naturales y Matemática, Jurisprudencia, Ciencias y Humanidades.

Las carreras más demandadas, según el rector de la UES, son: Doctorado en Medicina, Doctorado en Cirugía Dental, Lenguas Modernas, Medicina Veterinaria, Ingeniería en Sistemas Informáticos, Psicología y Mercadeo Internacional.

Nacionales | El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, reveló que el número de bachilleres que aspiran a estudiar en la UES en 2026 es similar al del año 2025. Sin embargo, señaló que en ninguno de los dos años se ha superado la cifra de 24,000 aspirantes registrada en 2019.… pic.twitter.com/Uyz9WpkFjR

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) October 4, 2025

Los resultados serán publicados el próximo 25 de octubre.

Para los estudiantes que no pudieron realizar la prueba de conocimientos este sábado, la UES realizará una prueba diferida el próximo viernes 10 de octubre.

También, aquellos que no aprueben la nota mínima de 5.0 en la primera evaluación tendrán la opción de realizar la prueba de conocimiento específico el próximo 15 de noviembre.

El rector de la Universidad informó que hay cupos para admitir a cerca de 10,000 estudiantes. Se espera que en total no más de 24,000 aspirantes en los distintos exámenes y jornadas.

Las intensas lluvias reportadas desde la noche del viernes sobre el territorio salvadoreño dejaron estragos en diferentes puntos del país.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un árbol caído sobre la calle que de Chapeltique conduce a Sesori, jurisdicción de San Miguel Norte.

De acuerdo con la institución, el árbol de considerable tamaño cedió ante las lluvias, por lo que en su momento obstruyó el paso vehicular.

Al lugar acudió personal de la Dirección de Obras Municipales para los trabajos de remoción.

Por su parte, elementos del Fondo de Conservación Vial (Fovial) informó que en el kilómetro 15 de la autopista Comalapa ocurrió un nuevo derrumbe de tierra. La institución no reportó daños para los conductores que transitaban en la zona.

Sin embargo, estas no fueron las únicas emergencias reportadas, personal de Protección Civil realizó de manera preventiva la evacuación de familias en la comunidad Tutunichapa 1, en San Salvador Centro a causa de las fuertes precipitaciones.

Asimismo, la alcaldía de San Salvador Centro atendió a familias de las comunidades El Granjero 2 y Sánchez, debido a que se reportaron inundaciones de la zona.

Usuarios en redes sociales avisaron que las lluvias del viernes causaron inundaciones en la calle San Antonio Abad, específicamente en el sector del redondel Thelma Davidson de López, en San Salvador.

Otro de los sectores afectados fue la Colonia Medica, en San Salvador, donde equipos municipales realizaron labores de limpieza.

Mientras que equipos de Desechos Sólidos ejecutaron trabajos de desobstrucción de drenajes primarios en la 12 avenida Sur y calle Cervantes, en plaza Zurita, para reducir la acumulación de aguas lluvias.

Las precipitaciones sobre el país se deben al paso de una onda tropical y a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical, que aportan humedad hacia la región centroamericana, favoreciendo a la formación de lluvias.

Para este sábado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) pronostica lluvias sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en la zona norte del país, así como en horas de la noche.

El Marn advirtió que las lluvias pueden estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento ocasionales que superen los 35 kilómetros por hora.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) invertirá un total de $384,930 en la compra de vales tipo gift card para premiar a estudiantes de bandas de paz que participaron en el desfile cívico del 15 de septiembre de 2025.

La oferta de compra fue publicada el pasado 30 de septiembre de 2025, en el portal de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

La adquisición contempla un total de 2,524 vales, divididos en cuatro categorías, según el valor nominal de cada uno y sus respectivos costos de administración. La primera se pretende la compra de 220 gift card de $450 cada uno, con un costo unitario total de $472.50, que suman un total de $103,950

Según las especificaciones, estos deberán ser canjeables únicamente por instrumentos musicales, previamente definidos en un catálogo que deberá ser presentado por la empresa proveedora.

La segunda categoría contempla la compra de 605 vales de regalo de $150, con un precio individual de $168.00 y un total de $101,640. Estos podrán ser canjeados en artículos electrónicos, según catálogo presentado por la empresa ofertante.

Además, se incluyen 1,698 vales de $100 con un costo individual de $105 y un monto acumulado de $178,290. Dichos vales podrán ser canjeables en artículos deportivos, de acuerdo al catálogo presentado por la empresa ofertante.

Por último, se contempla un vale especial de $1,000 que será entregado al representante del Centro Educativo correspondiente, con un gasto de $1,050. Este solo podrá ser canjeado únicamente por instrumentos musicales según catálogo presentado por la empresa ofertante.

De acuerdo con el documento de licitación, todas las tarjetas de regalo estarán numerados de forma correlativa y tendrán una vigencia hasta el 10 de noviembre de 2025, según detalla la oferta de compra.

Asimismo, indica que la empresa que adjudique la compra deberá entregar los vales físicos en un plazo no mayor a 8 días calendario a partir de la fecha de contratación y tendrán una vigencia de canje de 60 días calendario posterior a su entrega.

Los vales funcionarán como reconocimiento a los estudiantes ganadores, premiando «su entrega, dedicación y fervor cívico demostrado durante su fase de preparación y durante el día del desfile estudiantil en conmemoración del 204 años de independencia patria».

En el desfile de independencia de este año participaron cerca de 2,000 estudiantes de 15 centros escolares, quienes vistieron sus mejores trajes y llenaron de alegría y color las calles de la capital.

En El Salvador, el 81 % de los hogares tienen acceso al servicio de agua por cañería, pero más de 379,000 dependen de otras fuentes de suministro, revelaron los datos de la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).

De acuerdo con el documento publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), para el año 2024 se contabilizaron un total de 2,006,110 hogares en el país, de los cuales 1,627,099 cuentan con acceso al servicio de agua potable mediante cañería, ya sea dentro o fuera de la vivienda, lo que representa el 81 % del total.

Sin embargo, el informe evidencia que se registraron 379,011 hogares que aún dependen de fuentes alternativas para poder abastecerse del recurso hídrico, una situación que en la actualidad persiste en varios sectores del territorio salvadoreño.

Entre las fuentes alternativas utilizadas, 129,981 hogares reportaron recibir agua a través de la cañería de un vecino, mientras que 39,070 acceden a través de pila, chorro público o cantarera y 32,453 reciben agua de pipa, camión o carreta.

Otros 57,665 hogares obtienen el vital líquido mediante pozos con tubería, 40,724 lo hacen desde pozos protegidos cubiertos, y 5,668 desde pozos no protegidos.

También se identificaron 31,568 hogares que obtienen agua directamente de ojos de agua, ríos o quebradas. A esto se suman 1,905 hogares que dependen de manantiales protegidos y 1,158 desde manantiales no protegidos.

Asimismo, 17,168 de las viviendas obtienen el recurso hídrico a través de recolección de aguas lluvias, 3,931 comparten un chorro común, 12,775 acarrean agua desde la cañería de otra vivienda y 4,945 utilizan otros medios no especificados para conseguir agua.

Tipo de vivienda

El informe desagrega también el acceso al agua según el tipo de vivienda; la mayoría de los hogares con la disponibilidad de servicio de agua por cañería se encuentran en casas privadas o independientes, con 1,550,554 de los 1,915,537 hogares conectados a la red.

En el caso de los apartamentos, se registraron 8,891 hogares con acceso a agua con cañería y 10,643 condominios.

En viviendas clasificadas como pieza en una casa (46,904 hogares), 31,989 acceden al agua por cañería. En pieza en un mesón, hay 14,820 hogares, de los cuales 12,923 reportan este servicio.

En viviendas improvisadas, 4,146 de los 8,481 hogares están conectados a cañería. En la categoría de ranchos, hay 743 hogares, con 62 cuentan con este tipo de conexión.

Las cifras también revelan el uso de otras fuentes según el tipo de vivienda. En las viviendas improvisadas, por ejemplo, 1,939 hogares utilizan la cañería del vecino y 483 reciben agua mediante camión cisterna o pipa. En ranchos, 47 hogares acceden a pozos con tubería, mientras que en pieza en mesón, 745 utilizan ojos de agua, ríos o quebradas.

El informe proporciona un panorama desagregado de las formas de acceso al agua en los hogares salvadoreños, clasificadas por tipo de servicio y por tipo de vivienda, sin establecer causas ni valoraciones.

No obstante, los datos ponen en evidencia que, aunque la cobertura de agua por cañería es elevada a nivel nacional, aún existen sectores que no cuentan con el vital líquido.

Según la encuesta, del total de hogares, 517,717 están en situación de pobreza, de los cuales 182,249 se encuentran en pobreza extrema.

Cerca de medio millón de niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de abandono en El Salvador por uno o ambos padres de familia, según revelaron los datos de la más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).

El documento publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), señala que en el año 2024, un total de 478,982 menores entre los cero y 17 años de edad vivieron una situación de abandono de sus familiares. De estos 254,986 fueron niños y 223,996 niñas.

Según el informe, el abandono por parte del padre afectó a un total de 381,258 menores, de esa cifra, 201,850 fueron niños y 179,408 niñas. Los datos mencionados revelaron que los casos de abandono por dicho miembro de familia fue del 79 %.

Por otro lado, el abandono por parte de la madre alcanzó los 38,811 casos, de los cuales 22,455 fueron niños y 16,356 son niñas. Mientras que 58,913 menores fueron abandonados por ambos padres de familia, en el cual resultaron afectados 30,681 niños y 28,232 niñas.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples reporta, para el año 2024, una población total de 6.3 millones de personas, de los cuales 1,882,226 se identificaron entre los cero y 19 años de edad, que equivale el 29.6 % de la población total.

En comparación con los datos publicados en la encuesta del año 2023, se expone un aumento significativo en los casos de abandono, con un total de 669,448 menores reportados. Es decir que en el último año se reporta una reducción de 190,498 casos, que equivale a una baja del 28 %.

Mencionar que los datos publicados en la encuesta anterior también detalla sobre las razones de abandono e identifica como las principales causas: abandono, migración y muerte. Sin embargo, en la tabulación del año 2024 no se brinda mayor información sobre los motivos que llevaron a un estado de abandono del infante.

Es importante señalar que los datos comparativos entre 2023 y 2024 deben no son exactos, ya que la población en El Salvador varía cada año por diversos factores y dado que la base poblacional no es la misma en ambos años, los porcentajes no necesariamente muestran una tendencia precisa.

¿Qué dice la ley?

El artículo 199 del Código Penal de El Salvador, sostiene que: “el que teniendo deber legal de velar por un menor de dieciocho años o una persona incapaz de proveerse por sí misma, los abandonare poniendo en peligro su vida o su integridad personal o los colocare en situación de desamparo, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

Por su parte, la Ley Crecer Juntos señala que el abandono de un menor de edad es una de las infracciones grave en contra de la niñez salvadoreña, y por ende el Estado tiene la obligación de establecer las herramientas de gestión pública para la prevención, atención y erradicación del maltrato de niñas, niños y adolescentes en todas sus formas, siendo incluido el abandono

Asimismo la ley expone que, deben ejecutarse «medidas de acogimiento», que corresponden a un traslado del infante a una familia, sin compatibilidad sanguínea, con la responsabilidad de cuidar el bienestar del infante, que incluye brindar afecto y educación.

«Durante su ejecución se tratará de preservar o fortalecer los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la reintegración de la niña, niño o adolescente a su familia de origen», estipula el artículo 224 de la Ley Crecer Juntos.

El Juzgado de Paz de Huizúcar, en La Libertad, ordenó, que Raúl Oswaldo Pérez, de 32 años, siga detenido por el delito de feminicidio en perjuicio de una mujer ocurrido en el referido distrito.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, la noche del 9 de septiembre de 2025, que el cuerpo de una joven fue encontrado en estado de descomposición. La víctima fue identificada como Natalia Raquel Bernal Gómez, de 21 años de edad, quien habría sido reportada como desaparecida cuatro días antes.

De acuerdo a la información compartida por Centros Judiciales en su cuenta de X,  las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), indicaron que, la noche del 5 de septiembre, la joven fue vista por última vez al salir de una celebración a bordo de una motocicleta conducida por Pérez, quien presuntamente le habría quitado la vida.

«El cuerpo de la víctima, semienterrado y en avanzado estado de descomposición, fue ubicado en una finca del distrito de Huizúcar, tras varios días de búsqueda», dijo Centros Judiciales.

La corporación policial informó, el día 12 del mismo mes, sobre la captura del acusado, a quien se le señaló como el supuesto autor del crimen.

En la audiencia inicial, el juzgado determinó que existen los indicios suficientes para vincular al acusado con el hecho que se le imputa, por lo que resolvió que el proceso continúe en la etapa de instrucción y permanezca en detención provisional mientras avanza las investigaciones en su contra.

Fuentes judiciales informaron que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico de tipo contuso, pero no se especificó el tipo de arma utilizado.

Asimismo, remitió el caso al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de San Salvador, quien será el encargado de continuar el proceso penal en contra de Pérez.

Durante el mes de septiembre, al menos nueve personas fueron asesinadas en El Salvador, según los registros de la Policía Nacional Civil. Las víctimas fueron cinco hombres y cuatro mujeres en un rango de 21 a 80 años de edad.

Miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) confirmaron, este jueves, que los ambientalistas involucrados en el caso Santa Marta están fuera del país, y que no tienen previsto regresar hasta que la sentencia absolutoria emitida por el Tribunal de Sentencia de San Vicente quede firme.

El referido tribunal absolvió, por segunda vez, a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de haber asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado de El Salvador. Sin embargo, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos.

«Han recibido la noticia de buena forma, sin embargo, como ellos expresaron en una carta el día que se mandó a repetir la audiencia pública no confían en el sistema judicial salvadoreño, por lo tanto mientras no se declare firme la resolución manifiestan no regresar a sus viviendas. Ellos están fuera del país».
Alfredo Leiva, representante de ADES.

En ese sentido, representantes de ADES junto al Foro Nacional del Agua, el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora, Bloque de Resistencia Popular reiteraron el llamado a las autoridades de la Fiscalía a abstenerse de apelar por segunda ocasión el fallo absolutorio.

«Demandamos a la Fiscalía que se abstenga de apelar el fallo y por otro lado si esto ocurriera que la Cámara de San Vicente no acepte esta apelación y de esta manera se cierre en firme la resolución y absolución de los cinco compañeros de Santa Marta», agregó Leiva.

Pese a fallo absolutorio, los jueces emitieron una condena por responsabilidad civil de manera abstracta para cuatro de los procesados en el sentido de que serán los ofendidos, los que deberán liquidar la cantidad correspondiente ante el juzgado de civil competente, con el fin de establecer la indemnización en daños y perjuicios.

Los representantes de Santa Marta manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se inicie un proceso civil contra los también líderes ambientalistas, ya que afirman que no existe razones para que ellos enfrentes un nuevo proceso, cuando ya fueron exonerados de los delitos de manera penal.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró absueltos de delitos que se les atribuyeron en el mismo caso, sin embargo, el Ministerio Público apeló y se ordenó repetir el juicio.

«El llamado es para la Fiscalía que se abstenga de deje de estar utilizando recursos del Estado para financiar estos procesos que solo buscan la persecución», puntualizó Leiva.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social enfatizó que las acusaciones en contra de los ambientalistas de Santa Marta se trató de una persecución en contra de los ambientalistas de Santa Marta, quienes encabezaron la lucha en contra de la minería metálica en El Salvador.

El exministro de Justicia, Benito Lara, aseveró este martes que apelará la sentencia de 28 años de cárcel impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, luego que fuera declarado responsable por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, en el caso de negociaciones con pandillas.

«Vamos a apelar porque evidentemente no estamos de acuerdo con la resolución, vamos a esperar que nos den la sentencia completa y vamos a fundamentar lo más que podamos nuestra apelación. Sigo manteniendo que soy inocente, no hemos cometido los delitos que se nos acusan», declaró el exministro Lara tras conocer la condena.

El exfuncionario fue sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas, luego que el tribunal determinará su participación en reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, con el objetivo de asegurar votos elecciones en los comicios presidenciales y de alcaldes en 2014 y 2015.

La decisión de los jueces de emitir una sentencia se basó en el testimonio del testigo protegido con el nombre clave “Noé”, quien aseguró haber presenciado las reuniones entre exfuncionarios y miembros de pandillas. El tribunal consideró su testimonio coherente y consistente con otras pruebas presentadas durante el juicio.

Además de Lara, también fueron condenados el exministro de Gobernación Arístides Valencia, el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado, quienes, según las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), participaron en diversas reuniones con los grupos criminales. A Valencia se le condenó a 28 años de cárcel, mientras que Muyshondt, Lüers y Alvarado recibieron una pena de 18 años de cárcel por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Asimismo, en la lectura del fallo el tribunal concluyó que no hubo contradicción en las declaraciones de lo dicho por el testigo «Noé» con respecto a las reuniones y a las sumas de dinero entregada por los imputados, lo cual aseguraron fue reforzado por las demás pruebas como audios e imágenes de los encuentros.

«Hubo negociaciones con grupos criminales para sacar provecho y que hubo acuerdo para haber pacto, por lo que se convierten en esta organización criminal con el objetivo de sacar un provecho, que es ganar las elecciones a través de acciones criminales»
Tribunal Primero de Sentencia

Los jueces también dieron crédito a lo dicho por el testigo “Noé” porque habían intereses de parte de los partidos políticos para obtener votos y ganar las elecciones presidenciales y municipales “no les importó negociar con terroristas que causaron terror a nuestro país”.

Tras conocer la condena, el exministro Lara cuestionó la credibilidad del testigo clave: «Será la palabra de un delincuente que le han perdonado no se cuantos delitos contra la palabra de una persona que trato de hacer la mejor cosa como funcionario público. Se están tomando las palabras de un delincuente y se le da toda la credibilidad, cuando aquí mismo vino a mentir»

El exministro de Justicia dijo que esperará que se entregue en los próximos días la sentencia escrita para presentar formalmente el recurso de apelación ante una instancia superior.

Proceso «arbitrario»

A la salida del juicio, miembros del Comité de Presas y Presos Políticos (Cofappes) denunciaron la condena impuesta en contra del exministro Lara y consideraron que se trató de un proceso «arbitrario», ya que alegan que la decisión de los jueces solo se basó en declaración de un testigo protegido pero no se valoraron las pruebas de defensa.

«Consideramos que es un juicio político y pasa a ser un preso político porque no tuvo el debido proceso», dijo la representante del comité, Lourdes Palacios, quien agregó que dicha la resolución no está apegada a derecho.

Según Palacios señaló que hay una carta especial a favor de los exministros Lara y Valencia, que expone que desde su desempeño «aportaron para la construcción de la democracia», razón por la que condenan la sentencia emitida contra el exfuncionario «porque es inocente Benito en lo que se le acusa».

Por su parte, Anabel Belloso, secretaria general de la mujer del FMLN, manifestó su respaldo a Benito Lara, afirmando que desde el inicio han creído en su inocencia. Señaló que el caso evidencia la falta de independencia entre los poderes del Estado en El Salvador, y denunció el uso político de las instituciones públicas para perseguir a opositores.

«Hemos dichos desde el inicio que creemos en la inocencia de Benito Lara. Ha quedado demostrado que en El Salvador no existe independencia de los órganos de Estado, hay una instrumentalización de las instituciones, hay persecución política y nuestro compañero Benito Lara se suma al resto de presos y presas políticas que ya tiene nuevamente El Salvador», expresó Belloso

Según Belloso, la condena contra Lara lo convierte en uno más de los presos y presas políticas que, asegura, existen actualmente en el país.

Cabe mencionar, que en la lectura del fallo la jueza encargada aseguró que «no es un juicio político», y afirmó que el tribunal tiene la obligación de valorar todas las pruebas, así como de efectuar una «sana crítica» y «sentido lógico», por lo que reiteró que la vista pública ventilada se trató es «un juicio común».