Luego de las lluvias previstas para la tarde y noche de este sábado, también existen altas probabilidades de desbordamientos de ríos e inundaciones urbanas en occidente y el centro del territorio salvadoreño, debido a la influencia de una onda tropical, informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
El Marn informó la probabilidad de lluvias desde el mediodía de este sábado debido al paso de una onda tropical y una vaguada sobre el país, iniciando sobre las franjas volcánicas y montañosas; y después en las zonas norte, centro y oriente; y posteriormente en las zonas occidental y costeña.
De acuerdo con el Informe de Hidrología número 39, se estima una probabilidad del 60 % y 80 % de crecidas repentinas que podrían generar desbordamiento provocando afectación en zonas cercanas a los ríos, sin daños en infraestructura e inundaciones urbanas, generando afectación temporal de infraestructura y en la movilidad de personas y vehículos.
Los sectores que se podrían ver afectados son:
Ahuachapán: Jujutla y San Francisco Menéndez.
San Ana: Candelaria de La Frontera, Coatepeque, Chalchuapa; El Congo, El Porvenir, Metapán, Texistepeque y Santa Ana.
Sonsonate: Acajutla, Izalco y Nahulingo
Chalatenango: Citalá, La Palma, Nueva Concepción y San Ignacio.
La Libertad: Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán; Ciudad Arce, La Libertad, San Juan Opico, Quezaltepeque.
San Salvador: Apopa, Ayutuxtepeque, San Salvador, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San Martín, Soyapango;
El Marn explicó que con base en la distribución de las lluvias, la humedad del suelo, los niveles actuales de los ríos y el pronóstico meteorológico, las autoridades han determinado una alta probabilidad de desbordamientos en las próximas 24 horas en diversas cuencas hidrográficas del país.
En ese sentido, indicaron que las zonas con alta probabilidad de desbordamiento son las regiones hidrológicas del Lempa Alta, Lempa Media, Cara Sucia–San Pedro y Mandinga–Comalapa, en los que se podrían verse afectados los ríos de Goascorán, Paz y Grande de Sonsonate.
Mientras que las zonas con probabilidad media de desbordamiento son el Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Lempa Baja y Sirama, que podrían afectar los ríos de Jiboa y Grande de San Miguel.
Además, advierten de probabilidades de inundaciones en los distritos de Tonacatepeque, Suchitoto, Zacatecoluca, San Luis La Herradura, San Pedro Masahuat, Santiago Nonualco; Sensuntepeque, Ilobasco, San Isidro, San Vicente, Tecoluca, Usulután, Jiquilisco, Jucuarán; Puerto El Triunfo, San Dionisio, San Miguel, Ciudad Barrios, Chapeltique, Chirilagua, Sesori; San Francisco Gotera, Osicala, Sociedad, La Unión, Anamorós; Concepción de Oriente, Conchagua, El Sauce, Intipucá, Pasaquina y Santa Rosa de Lima.
El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de Santa Ana ordenó, en audiencia preliminar, enviar a juicio a un hombre identificado como Edwin Antonio Cáceres Ramírez, acusado del asesinato de Rosa Elvira Flores, líder comunitaria de San Julián, Sonsonate.
Rosa Elvira Flores tenía 47 años, era integrante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), que reúne diferentes organizaciones comunitarias que velan por los derechos de niñas, jóvenes y mujeres de Sonsonate.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Cáceres Ramírez del delito de feminicidio agravado. El imputado es procesado en calidad de «ausente» y es, según la Fiscalía, la pareja de la víctima.
Rosa Elvira fue encontrada sin vida el 27 de marzo de 2024 en un cañal de San Julián, Sonsonate, luego que fuera reportada como desaparecida el día 19 del mismo mes.
Según las investigaciones de la representación fiscal, la víctima le informó el día de su desaparición a Edwin Cáceres que se dirigiría a Santa Isabel Ishuatán, hacia el centro de San Julián, a retirar una remesa de $2,500, que le había sido enviada por uno de los hijos de la víctima que vive en Estados Unidos.
La mujer habría solicitado un taxi para trasladar unas cosas a su madre y, al salir, se reunió con Cáceres, quien procedió a cometer el feminicidio.
En el caso también fueron procesados tres personas más identificadas como Lizeth del Carmen Hernández Coreto, Karla Esmeralda Siguach García y Daniel Adonay García Mauricio, a quienes se les atribuyó el delito de encubrimiento.
Centros Judiciales señaló que, en una audiencia especial previa, se les otorgó suspensión condicional del procedimiento por un año, bajo el cumplimiento de reglas de conducta.
Mencionar que en el caso también se conocía de un quinto acusado identificado como Walter Daniel Melara, sin embargo, no se informó si se le aplicó la suspensión condicional o si continúa el proceso penal en su contra.
Durante la audiencia preliminar, el juzgado ratificó la orden de captura contra de Cáceres Ramírez, además que el proceso continuará en el Juzgado Especializado de Sentencia LEIV de Santa Ana.
Dos personas resultaron con graves lesiones anoche luego de que un microbús del transporte colectivo chocara contra tres vehículos sobre la calle El Jabalí, Ciudad Merliot, en el distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur.
Según información compartida por Cruz Verde seccional de Antiguo Cuscatlán, el grave choque ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, cuando un microbús del transporte colectivo sufrió desperfectos mecánicos, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad e impactara contra tres vehículos que circulaban en la zona.
Socorristas de dicha institución de socorro junto con personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), atendieron a las víctimas en el lugar. Ambas personas presentaban lesiones de gravedad, por lo que fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial cercano.
Las autoridades no brindaron detalles sobre la identidad de los lesionados ni su estado actual.
Por otra parte, aproximadamente a las 11:00 de la noche Cruz Verde seccional Soyapango atendió otro accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, cerca de la estación de servicio Texaco Altavista, San Salvador.
De acuerdo con el informe, un vehículo tipo sedán atropelló a un peatón y resultaron lesionadas cuatro personas que se transportaban en el automóvil, entre ellas dos menores de edad.
Los ocupantes del vehículo presentaron traumas leves y fueron trasladados hacia un centro asistencial, indicaron los socorristas. El peatón fue atendido por otro cuerpo de socorro y también trasladado para recibir atención médica.
Hasta el 5 de septiembre, el Observatorio Nocional de Seguridad Vial registra 14,503 accidentes de tránsito, en los cuales 8,773 personas resultaron lesionadas y 799 han muerto.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos personas, quienes fueron identificados por manejar en estado de ebridad en el departamento de La Unión.
De acuerdo con el reporte policial, el primer detenido fue identificado como Francisco German Escobar Alfaro, de 71 años, quien conducía una rastra con 220 grados de alcohol. El hecho ocurrió en el distrito de Pasaquina, en La Unión Norte.
Por otra parte, la segunda captura se trató de un hombre identificado como Franklin David Fuentes Velásquez, de 22 años, quien conducía un vehículo con 238 grados de alcohol sobre el kilómetro 176 de la Ruta Militar, también en el municipio de La Unión Norte.
La PNC indicó que el joven provocó un accidente de tránsito que dejó como resultado a una persona lesionada.
La corporación policial informó que ambos conductores fueron arrestados y serán remitidos a las instancias judiciales por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor. En el caso de Fuentes Velásquez, las autoridades indicaron que también será procesado por el delito de lesiones culposas, debido al accidente vial ocasionado, lo cual tiene una pena de prisión que oscila entre 6 meses y 2 años.
La reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobada en diciembre de 2024, prohíbe la circulación absoluta de conductores bajo cualquier nivel de consumo de alcohol estupefacientes.
Además, por el delito de conducción peligrosa con consumo de alcohol, puede enfrentar un proceso penal y condena de 2 a 5 años de prisión, así como perder su licencia por un año.
Del 1 de enero al 5 de septiembre de 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra 1,442 conductores detenidos por conducción peligrosa. Dicha cifra reporta una disminución de 140 casos comparado al mismo periodo del año anterior.
La Policía Nacional Civil (PNC) registró al menos 41 homicidios en El Salvador entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, según los datos estadísticos publicados diariamente por la corporación policial en su cuenta de X.
De acuerdo con las cifras oficiales, se contabilizaron seis asesinatos en enero, tres en febrero, 10 en marzo, cinco en abril, seis fueron contabilizados en mayo, cinco en junio, dos en el mes de julio y cuatro en el mes de agosto.
De total de víctimas, 27 fueron hombres entre los 19 y 72 años de edad, mientras que los feminicidios alcanzaron los 11 casos, en el que las víctimas rondaban los 20 y 58 años de edad, así como el asesinato de una niña de 14 años de edad. Sin embargo, en tres de los crímenes no se determinó el género de las víctimas mortales. A pesar de estos datos, la Organización de Mujeres Salvadoreñas en Paz (Ormusa) señaló que ya se registran 14 feminicidios.
Los datos de la PNC también revelaron que al menos tres de las víctimas eran de otra nacionalidad, específicamente nicaragüense, hondureña y rusa.
El número de homicidios contabilizados en los ocho meses del año 2025 reflejan una reducción comparado al año anterior. Entre enero y agosto de 2024 se registraron 87 asesinatos, lo que representa una reducción del 52 % en 2025, es decir, 46 casos menos.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta una cifra ligeramente superior. Según su sitio web, hasta julio de 2025 se contabilizan 47 homicidios intencionales, 10 más que los 37 reportados por la PNC hasta ese mismo mes.
Homicidios de agosto
Uno de los crímenes registrados en el último mes ocurrió el 1 de agosto, cuando una mujer de aproximadamente 64 años fue asesinada con arma blanca en el departamento de Usulután, en el oriente del país.
Un segundo asesinato se notificó el día 8 del mismo mes, el cual se trató de un hombre de 72 años de nacionalidad nicaragüense en el distrito de San Miguel. Los reportes policiales indicaron que el cuerpo del adulto mayor fue encontrado en un cañal con heridas de arma blanca. Por este hecho, la PNC informó sobre captura de un hombre identificado como José Daniel Centeno López, alias “Mauricio El Chocho”, como presunto responsable del crimen.
Posteriormente, el 22 de agosto de registró el asesinato de un hombre de 44 años de edad, quien recibió un disparo con arma de fuego en el distrito de Concepción de Ataco, en Ahuachapán Centro. El responsable fue capturado e identificado como Carlos Alfonso Jiménez Arévalo, padre de la víctima quien estaba bajo los efectos del alcohol cuando cometió el crimen, según informó la PNC.
El Gobierno atribuye la reducción de la violencia homicida al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022, el cual permite operativos contra pandillas suspendiendo garantías constitucionales.
El otro se trató de una mujer de 29 años en el Santiago de María, Usulután Norte, a causa de una herida en la muñeca derecha y golpes en varias partes del cuerpo. El principal sospechoso fue capturado e identificado como Víctor Ernesto Durán González de 27 años de edad, quien era la pareja de la víctima. Ambos hechos se reportaron el primer día del mes.
El juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó la liberación inmediata del empresario del transporte colectivo Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, luego de conceder las medidas sustitutivas a la detención pero con supervisión policial.
La resolución se informó este jueves en una nueva audiencia especial de revisión de medidas por el caso de falsedad ideológica.
En la audiencia se estableció que Miranda no deberá salir del país, permanecer en casa y que una vez al mes la Policía Nacional Civil (PNC) a su residencia para verificar su permanencia en el lugar. Además que la defensa deberá estar pendiente del seguimiento médico del imputado.
“Habíamos insistido, insistido y obviamente medio hubo la oportunidad se nos abrieron las puertas en ese aspecto y es para la familia una alegría y para nosotros también”. Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda.
El defensor aseguró que el objetivo de solicitar la medida sustitutiva es que Miranda pase sus últimos días con su familia ante su delicada situación de salud a causa del cáncer.
Catalino Miranda guarda prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona», por lo que el abogado aseguró se girarán los oficios al penal para su debida liberación.
En ese sentido, expresó que podría ocurrir la tarde de este jueves o hasta mañana en las primeras horas del día, dependiendo del tiempo que se tome la revisión del papeleo en el centro penitenciario.
Previó a la resolución del juez, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se aplicará el arresto domiciliar en contra de Miranda y que a su vez se presentará a firmar cada cierto tiempo al centro judicial, sin embargo, el juez consideró que representaría un esfuerzo excesivo para el empresario, debido a sus padecimientos.
“Hay que considerar que el acusado ha estado empeorando de salud y venir a firmar implica esfuerzo físico y es contraproducente que se presente a firmar”. Juez.
Por otra parte, la FGR también pidió una evaluación médica por parte de Medicina Legal, con el fin de constatar su situación de salud.
El juez sostuvo que existe un informe médico que data del 21 de agosto del presente, que establece la situación de salud, y que ésta ha empeorado.
Este mismo Tribunal ya había dado medidas a Catalino Miranda en abril de este año, pero no fue liberado por el proceso que tiene en el Juzgado Cuarto de Instrucción por el delito de falsedad material.
La Fiscalía acusa al empresario de las rutas 42 y 152 de falsedad idelógica por supuestamente utilizar una documentación financiera falsa con la intención de acceder a un crédito de $2,650,000. Miranda tiene programado enfrentar el juicio el próximo mes de noviembre.
Además, enfrenta otro proceso por el delito de falsedad material, por supuestamente haber falsificado una cancelación de hipoteca por un préstamo de $1,800,000, delito presuntamente cometido junto a otras dos personas más.
En mayo de 2023, Miranda fue condenado a tres años de cárcel, mediante un juicio abreviado, confesó que aumentó el costo del pasaje en las rutas 42 y 152.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) denunció, este miércoles, una presunta negligencia por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el seguimiento y la atención a la violaciones de derechos humanos cometidos en contra de las personas detenidas bajo el régimen de excepción.
La organización llegó a las afueras del Complejo Salamanca, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, donde se desarrolla la «Cumbre Global de Derechos Humanos», para exigir a la procuradora Raquel Caballero que brinde una respuesta ante las múltiples denuncias de capturas arbitrarias y condiciones de los privados de libertad en los centros penitenciarios, con el fin que se garantice el respeto y la protección de los derechos de las personas detenidas bajo la medida excepcional.
«El objetivo es aprovechar que hay varios delegados internacionales, procuradores de derechos humanos y no fuimos invitados, no hay ninguna sola organización nacional en este evento que debía ser prioridad, solo está Raquel Caballero con la versión oficial de los derechos humanos y queremos que conozcan la verdad». Samuel Ramírez, vocero de MOVIR.
Familiares de detenidos llegaron a las afueras del Complejo Salamanca, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, donde se desarrolla la «Cumbre Global de Derechos Humanos», para exigir respuesta ante posibles de vulneración de derechos humanos de los detenidos en el régimen.
Los miembros del movimiento señalaron que muchas de las personas detenidas bajo el régimen cuentan con arraigos suficientes que prueban su inocencia, pero aún así permanecen en prisión sin el debido proceso. Ante ello, MOVIR asegura que, pese a las múltiples denuncias y solicitudes presentadas, la procuradora Raquel Caballero no ha brindado respuestas concretas ni tomado acciones visibles en favor de los privados de libertad.
«La verdad es que Raquel Caballero ha sido indiferente a las víctimas, tenemos un informe de todas las violaciones a los derechos humanos y que ella no ha dicho absolutamente nada, hay miles de personas capturadas sin el debido proceso», aseguró Ramírez.
En ese sentido exigen que la procuradora «cumpla con su mandato» de acompañar a personas que han sido detenidas arbitrariamente y que no han recibido chequeos médicos, ni tratamientos ante sus diferentes padecimientos que sufren en los centros penitenciarios.
«Es negligente la procuradora porque esos informes se deben entregar rápido para poder actuar de inmediato. Ni siquiera la procuradora sabe cuántos son los capturados en régimen, cuantos son inocentes, es una injusticia y ella esta totalmente ajena del problema de las víctimas que sufren de violación de los derechos humanos». Samuel Ramírez, vocero de MOVIR.
Entre las personas reunidas se encontraba Rosa Pineda, quien manifestó que su sobrino Omar Alexander Lemus Pineda fue detenido el 9 de noviembre de 2022, a pesar de no tener vínculos con pandillas. La mujer expresó que desde en los últimos años ha solicitado a la PDDH ayuda para conocer el estado de salud de su sobrino, sin embargo, a la fecha no ha recibido respuesta.
«Mi sobrino está grave de los riñones y ahora lo han agrupado en estos casos y eso es un crimen. Me duele mucho», dijo Pineda.
Pineda agregó que su pariente se dedicaba a la agricultura y lamentó que pese a su esfuerzo y honradez, las autoridades han sido indiferentes a su situación.
«Él trabaja en la agricultura y me ha dicho personalmente la Procuraduría que a las personas del campo, que no tienen casa, no los van a sacar. Es un hombre que no debe nada, solo por no ser estudiado, no tener trabajo fijo me dijeron ‘el Gobierno no se lo vas dar’ y él es un hombre que trabaja», expuso.
Falta de atención
Por su parte, la abogada y directora de la organización Alas por la Libertad, Jayme Magaña, aseveró que la procuradora no atiende las solicitudes realizadas por las familias de los privados de libertad, así como tampoco se investigan sobre los posibles vulneraciones de derechos humanos que se cometen dentro de las cárceles.
«Estamos preocupados por las graves violaciones a derechos humanos y que la procuradora ha hecho caso omiso de todas las solicitudes hechas por las víctimas. No ha hecho una investigación seria de todo lo que está sucediendo en centros penales». Jayme Magaña, abogada.
Familiares acudieron a las afueras del Complejo Salamanca con pancartas en mano con fotografías de sus familiares detenidos./ Dania Quehl.
Durante la concentración pacífica, MOVIR intentó entregar una carta dirigida a la procuradora Caballero, en el cual exponen su preocupación ante la presunta negligencia en el tratamiento de la vigilancia de los derechos humanos de los detenidos. Sin embargo, manifestaron que esta no fue recibida por las autoridades de la Procuraduría.
«Usted tiene la obligación legal de visitar los centros penales, pero no lo hace, tiene la obligación de exigirle al Estado salvadoreño el respeto a los derechos humanos y centros penales, que se cumpla el control de convencionalidad y constitucionalidad, en favor de nuestras hijas e hijos injustamente detenidos, pero no lo ha hecho» se lee en la carta dirigida a la titular de la PDDH.
Por último, MOVIR hizo un llamado a los representantes diplomáticos que participan en la cumbre a que observen de cerca la situación en El Salvador y brinden acompañamiento a las víctimas del régimen.
Previo a la concentración, miembros del movimiento denunciaron que fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se dirigían en un autobús a las instalacione donde se desarrollaba la cumbre y les pidieron sus documentos de identidad, mientras fueron retuvieron por varios minutos.
Además, indicaron que se registraron 8,251 solicitudes de gestión, siendo la mayoría las relacionadas con el estado de salud con 4,320 y la ubicación de los privados de libertad con 3,645 de la peticiones.
La PDDH sostuvo en su informe que tiene la potestad para ingresar, «sin previo aviso» a un centro penitenciario o cualquier otro lugar público en donde se presuma que se encuentra una persona privada de libertad, con el fin de vigilar y cuidar «el respeto de sus derechos». La institución aseguró que entre mayo de 2024 y abril de 2025 se verificó la condición de 7,227 personas privadas de libertad.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador otorgó, este miércoles, medidas sustitutivas a la detención provisional a favor del empresario de transporte colectivo, Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, quien es acusado del delito de falsedad material.
La resolución fue emitida durante una audiencia especial de revisión de medidas realizada en el referido juzgado, en las que ordeno que Miranda no podrá salir del país y sus abogados serán responsable del seguimiento de su salud y sis respectivos cuidados médicos.
De acuerdo con el abogado del empresario, Rolando Aparicio, la decisión se dio por razones de carácter humanitario, debido al delicado de salud de Catalino Miranda, quien padece de cáncer terminal y actualmente se encuentra en cuidados paliativos.
«Es por razones de carácter humanitaria ya son cuidados paliativos los que se le están dando al señor y gracias a Dios se han podido hacer todas las diligencias tanto por Fiscalía (General de la República, la defensa y centros penales de que esto pueda ser de manera humanitaria de lo que prevalece». Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda
El abogado explicó que tras la resolución de la audiencia, se libró la orden de libertad correspondiente para el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, así como la notificación al Tribunal Quinto de Sentencia de la capital sobre las medidas sustitutivas otorgadas, para la respectiva liberación del empresario de transporte colectivo.
«Se libró orden de libertad para el penal de Mariona y defensa se presentó al (Tribunal) Quinto de Sentencia para notificar la resolución de la audiencia y señalar audiencia de manera urgente», aseguró la defensa.
Paralelamente, el empresario de las rutas de transporte 42 y 152 enfrenta otro proceso penal ante el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito de falsedad ideológica, en el que se le acusa de utilizar una documentación financiera falsa con la intención de acceder a un crédito de $2,650,000. Miranda tiene programado enfrentar el juicio el próximo mes de noviembre.
Actualmente, Catalino Miranda guarda prisión el penal de Mariona debido a una condena de tres años por desórdenes públicos y venta a precio superior, pena que se impuso en mayo de 2023, tras someterse a un juicio abreviado, donde confesó que aumentó el costo del pasaje en las rutas 42 y 152, motivo por el que fue detenido el 12 de marzo de 2022.
Cerca de 8,00o personas acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para solicitar información sobre la condición y estado de salud de sus familiares en prisión entre el periodo de mayo de 2024 y abril de 2025, según se detalla en la más reciente Memoria de Labores presentada por la institución.
De acuerdo con el informe, durante dicho periodo un total de 7,915 personas solicitaron la intervención de la Procuraduría para conocer la situación actual de sus seres queridos que se encuentran detenidos en los centros penitenciarios de El Salvador. De estas, el 86.34 % fueron mujeres y el 12.81 % hombres, lo que refleja una alta participación de mujeres en la búsqueda de información sobre sus parientes encarcelados.
Según se detalló, la mayoría de la población atendida corresponden a madres de familia entre 18 y 60 años de edad (55%), seguido de hermanos o hermanas entre 18 y 60 años (15%), el resto comprende otro tipo de parientes o defensores jurídicos.
Los departamentos donde se identificó la mayor cantidad de atención a usuarios en la PDDH fue en el departamento de San Salvador con 3,603, seguido de Usulután con 1,786 y San Miguel con 910 solicitudes de intervención.
La PDDH aseguró que verificó la condición de 7,227 personas privadas de libertad, de las cuales el 93 % son hombres y el 7% mujeres y las verificaciones que incluyeron visitas a centros de detención, tribunales, hospitales nacionales, consejos criminológicos y otras instituciones a nivel nacional.
En ese sentido, durante el periodo reportado la institución registró 8,251 solicitudes de gestión, siendo las más comunes las relacionadas con el estado de salud con 4,320 y la ubicación de los privados de libertad con 3,645 de la peticiones. También se recibieron solicitudes por situación jurídica y demoras en la entrega de paquetes, que sumaron 286 casos.
En respuesta, la Procuraduría indicó que se ejecutaron 8,486 acciones de verificación, que incluyeron gestiones telefónicas, activación de instituciones y solicitudes de informes. Otras acciones realizadas consistieron en entrevistas, asesorías legales y verificaciones judiciales, de acuerdo a lo expuesto en el informe de labores.
Solicitudes en aumento
Las solicitudes de intervención presentadas por personas que buscan conocer la situación de sus familiares en detención registraron un incremento del 101 % en el último año, al pasar de 3,925 atenciones entre mayo de 2023 y abril de 2024, a 7,915 entre mayo de 2024 y abril de 2025. Esto representa 3,990 casos más que en el periodo anterior, reflejando una creciente preocupación ciudadana por el estado y paradero de personas privadas de libertad.
Las solicitudes se concentraron en el contexto del régimen de excepción implementado por el Estado, como parte de su estrategia de seguridad. En reiteradas ocasiones organizaciones han denunciado sobre la falta de información del paradero de los detenidos, condiciones de detención y acceso limitado a asistencia legal.
La PDDH destaca que constantemente recibe solicitudes tanto de forma presencial como telefónica, a personas usuarias que solicitan su intervención para conocer la situación actual dentro de los centros penitenciarios y el estado en que se encuentran sus familiares.
Inspecciones a centros penales
Por otra parte, la Procuraduría informó que entre mayo 2024 a abril 2025 se realizaron 419 inspecciones a centros penitenciarios para conocer el estado de los privados de libertad, cifra que representa una disminución del 32.2 % respecto al período anterior, cuando se contabilizaron 618 inspecciones.
Segun detalló, del total de inspecciones, 281 fueron en Unidades de Servicios Extraordinarios de la PNC o bartolinas, 99 fueron en Centros de Resguardo y 14 en Centros de Integración Social (CIS).
Además, siete fueron en Centros Preventivos y de Cumplimiento de Penas, conocida como La Occidental, tres fueron en el Pabellones de Reos en Hospitales y 15 en otros lugares que funcionan como centros de detención complementando estas acciones con solicitudes de información a las autoridades penitenciarias y judiciales entre otras. La mayor cantidad en Ahuachapán, Santa Ana y San Miguel.
La PDDH aseguró que tiene la potestad para ingresar, «sin previo aviso» a un centro penitenciario o cualquier otro lugar público en donde se presuma que se encuentra una persona privada de libertad, «a fin de vigilar y cuidar el respeto de sus derechos, además para entrevistar a personas detenidas sin interferencias y en forma privada».
De acuerdo con la organización señala el estudio “no se orienta a realizar generalizaciones concluyentes” sobre la “ocurrencia sistemática de los casos”, pero advierten “un indicio” de condiciones que propician estos actos, mencionando la precarización de las condiciones de internamiento y el régimen de incomunicación.
Procesados en el caso “Corruptela”, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) someterse a un juicio abreviado, en el cual tendrían que admitir los delitos que se les atribuyen a cambio de una salida alterna en el proceso penal en su contra.
Fuentes judiciales confirmaron a Diario El Mundo que la Fiscalía recibió a través de los abogados de la defensa solicitudes de varios de los acusados con la finalidad de tramitar salidas alternas al proceso judicial que enfrentan.
Ante dichas peticiones, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la audiencia preliminar programada el pasado 12 de agosto de 2025, en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, debido a que “aún están pendientes de tramitación y respuesta en sede fiscal”, según se indica en el documento de notificación, al cual se tuvo acceso.
En el documento no se especifica cuántos imputados ni quiénes solicitaron someterse al procedimiento abreviado, ni de los delitos por los que estarían buscando la negociación. Sin embargo, fuentes judiciales expresaron que se presume que los solicitantes fueron imputados que ostentaban cargos administrativos en el Ministerio Público.
En ese sentido, la Fiscalía debe verificar cada una de las solicitudes y que estas cumplan con los requisitos del Código Procesal Penal para pronunciarse sobre ellos, para que posteriormente se asigne una nueva fecha para la realización de audiencia preliminar ante el referido Juzgado de Instrucción.
El procedimiento contempla que los imputados acepten su responsabilidad de los delitos que se les atribuye a cambio de una salida alterna o en algunos casos la reducción en la pena, siempre que la Fiscalía General de la República y el juez del caso lo avalen. Además, permite al sistema judicial abreviar los tiempos de resolución en casos complejos,
El caso “Corruptela”, fue dado a conocer públicamente en el año 2018, el cual investiga una supuesta red de corrupción integrada por alrededor de 20 personas, entre ellos exfuncionarios públicos y empresarios que habrían desviado millones de fondos estatales a través de operaciones financieras ilícitas.
Entre los acusados figuran el empresario José Aquiles Enrique Rais y su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, ambos imputados declarados rebeldes en julio de 2024, así como el exfiscal general adjunto, José Francisco Paredes Valladares; el exjefe de Patrimonio de la Fiscalía, Mauricio Antonio Yanes Morales.
Además del exfical general Luis Antonio Martínez y el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía Julio Adalberto Arriaza, quienes fueron condenados a 10 y 5 años de cárcel, respectivamente el pasado 22 de agosto.
A los imputados se les acusa de varios delitos, entre ellos peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y de activos, cohecho propio, cohecho activo, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de investigación, y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
