Autor: Dania Quehl

Familiares de los procesados en el caso Santa Marta denunciaron este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los jueces del Tribunal de Sentencia de San Vicente por el retraso de la sentencia escrita que absuelve a las ocho personas de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas, acusadas del asesinato de una mujer en agosto de 1989.

“Hemos venido a poner una denuncia a los jueces del Tribunal de San Vicente ya que le están dando largas a la resolución final escrita que tienen que presentar ya que nuestros familiares han sido absueltos de manera definitiva en la audiencia que por segunda vez fue realizada. En esa audiencia quedó claro que son libres de este proceso, de esta acusación falsa”, declaró Milton Rivas, hijo de Pedro Antonio Rivas, quien fue uno de los procesados.

De acuerdo con los familiares de los procesados, aunque el referido tribunal absolvió de manera definitiva a los imputados durante una vista pública realizada por segunda ocasión en julio y el fallo revelado en septiembre de 2025, han pasado más de cuatro meses sin que se entregue la resolución escrita que confirme la libertad de los ambientalistas de Santa Marta.

“Se le ha venido dando largas al escrito final, la resolución final que los deja a ellos en completa libertad, entonces nosotros venimos a exigir justicia para nuestros familiares, ya que no es posible que se están tardando alrededor de cinco meses en presentar un escrito”,
Milton Rivas, hijo de Pedro Antonio Rivas.

En ese sentido, recordaron que los acusados han permanecido más de tres años vinculados al proceso judicial, que inició en 2023 con la captura de los imputados, por lo que exigen que el tribunal cumpla con la entrega de la sentencia señalada para finales de enero.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó en cuatro ocasiones la entrega de la sentencia escrita por el caso denominado Santa Marta, el cual se tenía previsto entregar desde octubre de 2025. La última fecha señalada para la entrega del escrito está para el próximo 30 de enero de este año, debido a que aún se encuentra en etapa de revisión del documento.

“Esperamos que la última fecha que han dado, 30 de enero para entregar la resolución final que si cumplan, ya que cada mes vienen dando largas a la entrega del escrito, entonces venimos a exigir que puedan quedar en libertad de manera definitiva”, enfatizó Rivas.

En la sentencia escrita constan los argumentos de la absolución de los procesados, y a su vez se habilita el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda apelar si lo desea.

Para la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES), dicha demora corresponde a una “estrategia de dilatación” por parte del tribunal, que a pesar de haber exonerado a los acusados, aún no se hace efectiva la entrega de la documentación que podría cerrar el proceso definitivamente.

El Ministerio Público acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.

Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.

Tras la lectura del fallo, miembros de ADES Santa Marta revelaron que los ambientalistas involucrados en el caso se encuentran fuera del país, y que no tienen pensado regresar hasta que la sentencia absolutoria quede firme.

Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró inocentes de los delitos por el mismo caso.

La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes) inauguró este lunes el inicio del año escolar 2026 con 160,000 estudiantes matriculados.

“Como Asociación de Colegios Privados nos alegra contar con un colegio modelo para el país y para la región”, expresó Hernández durante el acto cívico de inauguración.

El docente explicó que el 100 % de las instituciones educativas privadas están bajo la modalidad presencial y con la actualización de sus procedimientos en el desarrollo pedagógico de las asignaturas.

“Es para la asociación una fecha muy importante en la cual recogemos el inicio de una etapa de funcionamiento de una educación privada con estándares normales de funcionamiento, y quiere decir que el 100 % de la educación privada salvadoreña ya se encuentra activado”, aseguró.

El presidente de la Acpes mencionó que para este año se espera que la matrícula escolar alcance los 175,000 estudiantes inscritos.

“Hemos trabajado con suficiente capacitación y adiestramiento a las estructuras de la comunidad educativa involucrándose por la mejora continua de cada uno de los procesos que desarrollamos», señaló Hernández.

Además, expuso que para este año se proyecta el desarrollo educativo técnico vocacional y productivo “sin descuidar la práctica de la convivencia para la paz que es la armonía que debe mantener cada institución educativa.

El evento conmemorativo del inicio de las actividades académicas fue realizado en el Instituto Técnico Exsal (Itexsal), en San Salvador el cual fue presidido por el presidente y miembros de la junta directiva de Acpes.

El sector público de educación iniciará clases hasta el próximo 2 de febrero, según el calendario del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

La defensa de José Antonio Lemus Zaldívar, vinculado al caso de lavado de dinero y activos en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca solicitó al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador que se conceda una nueva evaluación médica, luego que fuera negada la suspensión del proceso por padecimientos de salud.

La defensa del imputado, también conocido como Antonio Lemus Simún, había solicitado que se declarara la «incapacidad sobreviniente», que corresponde a una suspensión del proceso, argumentando que padece de diversas complicaciones de salud de carácter crónico y un posible deterioro cognitivo que le impiden presentarse al juicio.

Sin embargo, el tribunal resolvió negar la suspensión del proceso argumentando que evaluaciones médicas previas no demostraron que el imputado presentara alguna enfermedad mental de relevancia médico-legal, por lo que lo hace competente para continuar en el proceso y que participe de la vista pública.

Ante ello, la defensa solicitó la semana pasada un nuevo chequeo por parte de un perito psiquiatra para «reforzar el diagnóstico clínico» al tratarse de «una persona mayor frágil» con deterioro cognitivo «multidomino», ya que alegan que no puede realizar actividades cotidianas como bañarse, vestirse y movilizarse solo.

«El examen mental se observa que hay alteraciones en memoria de trabajo, en la velocidad de procesamiento de conceptos y en la resolución de tareas. Esto unido al estado emocional afectado por síntomas depresivos predominantes astenia y pérdida de autoconfianza», expone la defensa en el escrito al cual Diario El Mundo tuvo acceso.

De acuerdo con informes médicos previos, Lemus Zaldívar padece varias enfermedades crónicas, entre ellas problemas cardiovasculares, disminución en la visión del ojo derecho y baja circulación cerebral, así como antecedentes de diabetes mellitus y de cáncer de próstata, y la disminución de volumen cerebral relacionado al Alzheimer.

Asimismo, la defensa pidió al tribunal la revocatoria de la negatoria de la suspensión del proceso, al alegar que no se valoraron las evaluaciones médicas y psiquiátricas realizadas con anterioridad a Lemus Zaldívar, por lo que esperan se acepte la respectiva solicitud y se responda a favor de lo requerido.

Lemus Zaldívar es señalado como uno de los representantes de la agencia de publicidad Anle S.A. de C.V, presuntamente utilizada para transferir grandes sumas de dinero hasta propiedades del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol.

El proceso

En el caso también se procesa a la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, su hermano Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya y Gerardo Antonio Funes Durán, acusados del delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

Además, se acusa a Milton Romeo Avilés Cruz del delito de casos especiales del delito de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la exprimera dama de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena. Actualmente, el proceso de abreviación continúa en trámites, por lo que el Tribunal Sexto de Sentencia aplazó hasta el próximo mes de junio la instalación de la vista pública, la cual estaba prevista del 12 al 16 de enero de 2026.

El uso de sillas de retención infantil en vehículos se convirtió en una obligación en El Salvador desde el 29 de diciembre de 2025, con la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ante dicha medida, es importante saber cómo elegir el asiento adecuado según su edad con el fin de garantizar su seguridad durante salidas.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, (NHTSA, sigla en inglés), los accidentes viales son una de las principales causas de muerte para los niños entre las edades de 1 a 13 años, por lo que elegir y usar correctamente la silla infantil puede salvar la vida del menor ante un percance automovilístico.

Según la NHTSA, los asientos infantiles se dividen principalmente en tres categorías, y su uso dependerá de la edad, peso y estatura del niño. El primero engloba a los recién nacidos hasta los 3 años, quienes deben viajar en asientos orientados hacia atrás, ya que de dicha forma se protege mejor la cabeza, el cuello y la columna vertebral del neonato.

La organización Nemours Children’s Health asegura que este tipo de sillas protegen a los bebés desde el nacimiento hasta que pesan alrededor de 35 libras (16 kilos).

Posterior a los 3 años, los niños pueden pasar a asientos orientados con la vista al frente, pero siempre y cuando cuenten con arnés de seguridad, con el fin que el infante se mantenga en su asiento. Estos se recomiendan hasta que los niños alcanzan los 7 años.

De igual forma, recomiendan que a medida que los niños crecen se puede optar por un asiento elevado o “booster”, que permite que el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste correctamente sobre el pecho y las caderas del menor, evitando deslices hacia zonas vulnerables.

En El Salvador, el uso de sillas retenedoras infantiles está señalado hasta los cinco años, según lo establece la reforma de la Ley de Tránsito, por lo que de los 6 años en adelante puede viajar en un vehículo solo usando el cinturón de seguridad.

La ley no obliga a usar un modelo específico, pero las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) recomiendan que el asiento donde viaje el menor sea seguro y esté correctamente instalado.

 

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La ley indica que los conductores de vehículos que no acaten dicha regla pueden ser acreedores a una multa de $150. No obstante, la implementación de las sanciones por no usar dicha medida se encuentra actualmente en un proceso de transición, según dijo el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, la semana pasada.

Asimismo, reiteró que la responsabilidad de garantizar la seguridad de los menores recae en los padres de familia, incluso cuando se utiliza transporte privado como taxis, Uber o Indriver.

El número de adultos mayores que han perecido en accidentes de tránsito incrementó un 55 % durante la primera quincena de 2026 con respecto al año anterior, revelaron las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

El portal, que retoma datos de la Policía Nacional Civil (PNC), expone que del 1 al 15 de enero del presente año se registraron la muerte de 14 personas mayores de 60 años, en comparación con nueve decesos contabilizados en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del 55  %.

Esto significa que, en promedio, al menos un adulto mayor ha muerto cada día en accidente de tránsito durante la primera quincena del año.

De acuerdo con los datos, del total de decesos registrados los primeros 15 días del año, 13 fueron por atropello y uno fue por «características especiales». Sin embargo, no brinda mayores detalles al respecto.

Los adultos mayores son parte de la población vulnerable que a diario están expuestos a sufrir accidentes de tránsito, al igual que los motociclistas. De hecho, en el Observatorio ya se reportan 24 peatones, 17 motociclistas y un ciclista muertos.

El Observatorio contabiliza, hasta el 15 de enero, 877 accidentes de tránsito, cifra que refleja un aumento del 39 %, frente a los 632 que se registraron al mismo periodo del año 2025.

El número de personas lesionadas también reflejó un alza considerable, al pasar de 394 el año anterior a 551 en 2026, es decir, un incremento del 40 %. En cuanto a las muertes por percances viales, se registraron 48 fallecidos, siete más que el año anterior, lo que equivale a un aumento del 17 %.

Entre las principales causas de los accidentes destacan la distracción del conductor, la invasión de carril, no guardar la distancia reglamentaria, el irrespeto a las señales de tránsito y la velocidad excesiva. En lo que va del año, los atropellos han sido el tipo de siniestro más frecuentes, seguido de las colisiones, choques y vuelcos.

Últimos casos

El pasado 13 de enero, socorristas de Cruz Verde Salvadoreña informaron sobre la muerte de una pareja de la tercera edad, luego que fueran atropellados por un vehículo, en el kilómetro 27 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.

Según el reporte de la institución de socorro, los ancianos, de 80 y 85 años de edad, eran esposos, pero no fueron identificados porque no portaban documentos.

El señor, de 85 años, murió primero mientras que la señora recibió atención de emergencia pero no sobrevivió. Además de Cruz Verde, el siniestro también fue atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Socorristas tambien informaron que un vehículo atropelló a los dos adultos mayores y posteriormente se fugó.

El 7 de enero otra mujer de la tercera edad murió tras ser atropellada sobre el kilómetro 1 de la carretera Troncal del Norte, en las inmediaciones del Redondel La Isla, en San Salvador, según informó Cruz Verde Salvadoreña.

El reporte de la institución indicó que la persona fue arrollada por un vehículo particular mientras cruzaba la vía, dejándola con graves heridas.

Asimismo, el 3 de enero socorristas informaron que una mujer de edad avanzada falleció luego de ser atropellado por un vehículo sobre la carretera Troncal del Norte, frente a PeriPlaza Apopa. Cruz Verde informó que un vehículo impactó contra la víctima, quien ya no presentaba signos vitales cuando llegaron a asistir el percance vial.

El Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó a un creador de contenido por manejar sin la documentación autorizada y causar un accidente de tránsito, luego que se viralizara en redes sociales un video donde se observa el percance vial.

En el video aparecen los tiktokers conocidos como «Driver» y «Baby Meshi», quienes protagonizaron el accidente de tránsito en una vía pública de Lourdes, Colón, en La Libertad. El video muestra cómo «Driver» le indicaba a «Baby Meshi» como conducir el vehículo sin contar con la autorización correspondiente, situación que derivó en el siniestro vial, cuando el vehículo se subió a la acera y causó daños al ornato de la zona, dejando evidentes daños materiales.

Ante ello, el VMT informó, a través de su cuenta de X, qie se aplicó una multa de $50 por conducir vehículo como instructor de una escuela de manejo sin su respectivo carné o portarlo vencido y otra de $150 por conducir sin estar autorizado, sumando un total de $200. Las autoridades indicaron que las sanciones fueron aplicadas al propietario del automotor.

Asimismo, recalcó que manejar un automotor no debe tomarse a la ligera y que la creación de contenido para redes sociales no justifica poner vidas en peligro.

«La seguridad y vida de las personas no puede tomarse a la ligera y la generación de contenido no es excusa para ponerlas en riesgo», aseguró el VMT.

Las autoridades hicieron el llamado a la población que desee aprender a manejar a buscar escuelas de manejo autorizadas.

En relación con el video donde unos creadores de contenido ocasionaron un siniestro vial, y que pusieron en peligro sus vidas y las de las demás personas, este Viceministerio ha sancionado al propietario del vehículo con las multas aplicables.

La seguridad y vida de las… pic.twitter.com/6Z2NvTOQZ2

— VMT (@VMTElSalvador) January 16, 2026

El 43 % de las pacientes atendidos con enfermedades gastrointestinales y diarrea durante el año 2025 fueron menores de edad y adolescentes, según los datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsal).

El portal de vigilancia de enfermedades endémicas, contabilizó hasta el 27 de diciembre de año anterior, un total de 227,812 personas que padecieron de enfermedades diarreicas, de las cuales 98,538 pacientes fueron menores de edad y los adolescentes hasta los 19 años de edad, cifra que equivale al 43 % del total de pacientes a causa de dicha enfermedad.

Al desagregar los datos por grupo etario, se detalla que los infantes menores al primer año de vida contabilizaron 13,475 casos por diarreas, mientras que los niños entre 1 y 4 años alcanzaron los 42,518 pacientes por la enfermedad. Los menores entre los 5 y 9 años de edad contabilizaron los 22,250 casos, y los niños y jóvenes entre los 10 a 19 años registraron 20,295 pacientes por diarrea.

Ante ello, las cifras de la cartera de Salud evidencian que los niños en sus primeros cuatro años de vida son más frecuentes desarrollar la enfermedad.

Las enfermedades gastrointestinales son padecimientos que atacan el estómago y los intestinos, generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos o virus y entre los síntomas que provoca está la diarrea. Estas pueden ocurrir por el descuido de la higiene personal previo al consumo de alimentos.

Con respecto a los adultos de 20 años en adelante, se identificaron 129,274 consultas por diarrea, en las que los adultos de 20 a 39 años de edad reportaron los mayores casos con 72,289, seguido de los pacientes entre los 40 y 49 años con 21,762 casos. Mientras que las personas entre los 50 y 59 años alcanzaron los 16,786 pacientes por diarrea y los adultos mayores de 60 años en adelante contabilizaron 18,437 casos por la enfermedad.

El Ministerio de Salud indicó que durante el último mes del año 2025 se confirmaron 10,594 casos de enfermedades diarreicas. Del 30 de noviembre al 6 de diciembre se registraron 2,759 pacientes, la semana siguiente fueron 2,707; mientras que en la semana del 14 al 20 de diciembre se contabilizaron 2,654 y en la cuarta semana de diciembre se reportaron 2,474 casos. El promedio semanal de casos por dicha enfermedad osciló durante el año 2025 los 3,200 casos.

La cartera de Salud también contabiliza 11,127 egresos hospitalarios por la misma enfermedad, es decir, personas que estuvieron ingresadas. Asimismo, se reportó una letalidad de pacientes por diarrea del 0.29 %, sin embargo, las autoridades no detallan el número preciso de fallecidos a causa de la enfermedad.

Al menos seis distritos de todo el país tienen una moderada afectación por las diarreas; estos son Sonsonate Este, La Libertad Norte, Cuscatlan Norte, Morazán Norte, Morazán Sur y La Unión Norte. Además de otros seis distritos con afectación leve: Santa Ana Centro, Santa Ana Oeste, Sonsonate Norte, La Libertad Este, Cabañas Oeste y Usulután Oeste.

El Minsal señala que el Escherichia coli, Campylobacter spp y el Rotavirus tipo A fueron los virus que más provocaron los casos de diarreas en El Salvador durante el año 2025.