Autor: Dania Quehl

Organizaciones sociales y ambientalistas manifestaron, este viernes, que el sistema judicial de El Salvador se encuentra «a prueba», luego que el pasado lunes colectivos entregaran 59,906 firmas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el fin de declarar inconstitucional la Ley General de Minería Metálica.

La representante del Foro Nacional de Salud,
Morena Murillo, sostuvo que la población salvadoreña ha expresado su negativa a la reactivación de la actividad minera en el país, por lo que exigen restablecer la prohibición de la minería metálica.

«Se ha puesto a prueba el sistema judicial, se han llevado más de 50 mil firmas a la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional esa ley y tampoco se ha visto algo. Si no revierten esta ley de la minería este pueblo está condenado a morir de sed y morir también de enfermedades relacionadas con la minería», expuso Murillo.

En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele propuso levantar la prohibición a la minería metálica que estaba vigente desde 2017. El 23 de diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de minería metálica en el país.

Según señaló Murillo, desde la reactivación de la minería, se ha puesto a prueba a un sistema judicial, un sistema legislativo y un sistema político, donde «a pesar que hay una crítica, hay un clamor de este pueblo que se derogue la ley de la minería, aquí no se escucha», dijo Murillo.

La demanda de organizaciones como el Foro Nacional de Salud recae en las afectaciones ambientales y a la salud que la reactivación de la minería metálica podría ocasionar, específicamente en zonas cercanas a los ríos y fuentes de agua.

De acuerdo con las organización, cuando se prohibió la ley, en 2017, dicha acción fue posible por una intensa lucha social, convirtiendo al país en un ejemplo por priorizar el agua, los ecosistemas y la salud por encima de los intereses de las corporaciones mineras.

«Exigimos al gobierno y a la legislatura actual, restablecer las prohibiciones definitiva de la explotación minera, derogando la ley general de minería metálica que abre las puertas a estos proyectos que causaron desastres ambientales de proporciones catastróficas y que pondrían en grave riesgo la existencia de nuestro país», declaró Alfredo Leiva, de Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta.

Persecución Judicial

Asimismo, las organizaciones señalaron que la demanda de derogar la ley también incluye terminar la persecución judicial en contra los ambientalistas y líderes comunitarios de ADES Santa Marta, quienes han sido «criminalizados por pronunciarse por la reactivación de la minería metálica».

Actualmente, cinco líderes de ADES Santa Marta junto a otras tres personas enfrentan un proceso judicial por su presunta participacion en el asesinato de una mujer durante el periodo del conflicto armado, a pesar que en octubre de 2024 el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque los absolvió.

«Nos preocupa que a pesar del centenar de organizaciones nacionales y de instancias internacionales, el sistema judicial no desista de repetir el juicio y la Fiscalía General de la República haya girado nuevas órdenes de captura, por tanto, llamamos al país a cerrar filas contra la reactivación de la minería y por el cese de la persecución en contra de los activistas antimineros de Cabañas que enfrentarán vista pública», dijo Leiva.

Además, las organizaciones hacen el llamado a que tomen en cuenta la opinión de los científicos y expertos de las universidades, el llamado de la Iglesia Católica de rectificar y restablecer la prohibición de la minería metálica.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador suspendió, este viernes, la instalación del juicio en contra del exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado García, acusado por el delito de difamación en perjuicio de la fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (Itexsal).

Dicha suspensión se realizó debido a que los abogados de Salgado presentaron el jueves dos amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del referido tribunal y de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección Centro, ante la negativa de incorporar la declaración de un perito financiero y contable, propuesto por la defensa.

«El tribunal de manera oficiosa ha tenido a bien suspender el desarrollo de la audiencia a razón de que el día de ayer se interpuso una demanda de amparo, precisamente en contra de este tribunal y de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección Centro, no obstante, ni las partes materiales, ni las partes técnicas hemos solicitado la suspensión formal de la audiencia, el tribunal de manera oficiosa ha tenido a bien suspender, a esperas de lo que pueda responder la Sala de lo Constitucional», informó el abogado Felipe Sánchez.

Ante ello, el abogado de la defensa señaló que queda pendiente que se establezca una nueva fecha para iniciar el juicio.

Por su parte, la abogada de la Fundación Itexsal, María Castro, manifestó que aparentemente, la defensa «se ha perdido en cuanto al marco jurídico de los hechos» y se han atacado otras situaciones que no corresponden al proceso judicial.

«Y en esa línea han presentado una serie de recursos que al final pues todos esos recursos, apegados a derecho se les han declarado no ha lugar», declaró la abogada del ITEXSAL, María José Castro.

Agregó que según lo dicho por el tribunal, se ha dado un plazo de 15 días como máximo para esperar el trámite del recurso que se le notifique al tribunal y ser contestado por éste en el término de las 72 horas.

«No consta con ningún documento que esos recursos de amparo estén presentados, puesto que la defensa dice de que no anda nada para justificar o para acreditar que se ha presentado y al respecto no mencionaron nada», dijo la abogada.

Previo a la diligencia, Will Salgado dijo que «en ningún momento he difamado y calumniado a la fundación», y que con este proceso, el sistema judicial de El Salvador se va a poner a prueba.

«Yo en ningún momento, en ningún momento he difamado y calumniado a la fundación o al diputado (Reynaldo) Carballo, que son la misma cosa con diferente nombre. El diputado Carballo es el fundador, está en el libro que está inscrito que fue fundador de Itexsal», expresó Salgado a los periodistas.

Asimismo, aseguró que «en ningún momento yo no he dicho cosas que no sean ciertas, todo lo que dije fue cosas que publicaron medios y lo que dije son videos de la Asamblea Legislativa donde los diputados salen diciendo que le dan $400 mil año con año a la fundación Itexsal. Yo hasta hoy tengo conocimiento que todas las fundaciones son sin fines de lucro, no entiendo porque una fundación como Itexsal está pidiendo $3 millones si son sin fines de lucro», añadió Salgado.

«Hoy se va a poner a prueba el sistema judicial» dijo el exalcalde de San Miguel, Will Salgado previo al juicio por un caso donde es acusado difamación en perjuicio de la asociación Itexsal; Salgado aseguró que este proceso se trata de un «caso político». Video de Dania Quehl.

El caso

Will Salgado es acusado de difamación en perjuicio de la Fundación Itexsal por declaraciones que hizo dónde pondría en duda el uso de los fondos estatales que recibe la institución.

La demanda interpuesta fue por $3 millones, monto que Salgado declaró desde el inicio del proceso judicial que no tenía problema con pagar si perdía el caso.

En septiembre de 2024, los abogados de la Fundación Itexsal presentaron una demanda en contra de Will Salgado, por el delito de difamación, por emitir presuntas declaraciones que ponen en duda el uso de los fondos estatales que recibe la fundación.

Recientemente, Salgado anunció que ponía a la venta su canal de televisión, aunque descartó que se trate por la demanda del Itexsal.

La defensa del exalcalde de San Miguel, Will Salgado presentó, este jueves, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dos demandas de amparo con los que se busca anular el juicio por el caso de difamación en perjuicio de la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (Itexsal).

De acuerdo con el abogado Felipe Sánchez, los recursos de amparo van dirigidos hacia Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador y a la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección Centro, con respecto a la negativa de incorporar la declaración de un perito financiero y contable, propuesto por la defensa.

“Lo que nosotros estamos acá controvirtiendo la negativa respecto al Tribunal de Sentencia, es la negativa de admitir una prueba pericial que nosotros consideramos relevante y determinante en los efectos de poder dinamizar de manera efectiva el derecho a la defensa técnica y material que le asista a mi cliente y que pueda ser un elemento determinante para establecer un fallo sentencia en un determinado sentido. De igual forma, la negativa frente a una petición de reconsiderar esa postura, de admitir esa prueba que fue declarada sin lugar”, argumentó el abogado Sánchez.

Asimismo, la defensa del exedil de San Miguel indicó que solicitaron a la misma Cámara de lo Penal separar al juez que actualmente lleva el caso, que a criterio de Salgado “ponen en duda o dejan entre ver la imparcialidad del Tribunal”.

“Esa petición en concreto la conoce la Cámara y ellos nos dijeron que no era procedente y sobre esa actuación en concreto es que se está promoviendo la acción de amparo”, dijo Sánchez.

Además, el abogado sostuvo que la Cámara de lo Penal de la Primero Sección Centro no resolvió unos puntos de la apelación que presentó la defensa anteriormente y que vulnera el derecho de petición y respuesta del acusado.

“Fundamentalmente considera nuestro representado (Will Salgado) que esas actuaciones en concreto materializan o generan afectaciones a sus derechos constitucionales que le asisten en su zona jurídica y que precisamente lo que lo habilita en incoar formalmente la acción de amparo frente de cara a esas acusaciones”, expresó el abogado de Salgado.

Con ello, “estamos pidiendo, aunque sabemos que es un poco a destiempo, estamos pidiendo que la Sala suspenda el trámite del procedimiento especial que actualmente se encuentra sometido nuestro representado, mientras se dirime lo relativo a la demanda del proceso constitutional de amparo”, cerró Sánchez.

La vista pública en contra del exalcalde de San Miguel está prevista para este 28 de marzo a las 8:00 de la mañana, en el Tribunal Primero de Sentencia, sin embargo, con los recursos de amparo presentados este jueves, el juicio podría entrar en receso.

La acusación

Will Salgado es acusado de difamación en perjuicio de la Fundación Itexsal por declaraciones que hizo dónde pondría en duda el uso de los fondos estatales que recibe la institución.

La demanda interpuesta fue por $3 millones, monto que Salgado declaró desde el inicio del proceso judicial que no tenía problema con pagar si perdía el caso.

En septiembre de 2024, los abogados de la Fundación Itexsal presentaron una demanda en contra de Will Salgado, por el delito de difamación, por emitir presuntas declaraciones que ponen en duda el uso de los fondos estatales que recibe la fundación.

Según los abogados, Salgado afirmó que el dinero es utilizado para fines políticos, y en su pretensión pide que sea condenado y que pague $3 millones en concepto de daños y perjuicios.

A tres años de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, el Socorro Juridico Humanitario (SJH) denunció que al menos 380 privados de libertad han muerto bajo la custodia del Estado.

“En tres años del régimen de excepción llevamos por lo menos 85,500 personas adultas procesadas, de las cuales cerca de 30,000 muy probablemente, porque tenemos elementos suficientes de prueba son inocentes, de estas hay de 1,000 muertes en centros penales, es la cifra negra que el gobierno intenta ocultar, de las 1,000 nosotros hemos identificado 380 (muertes) a esta fecha”, informó este jueves la directora de SJH, Ingrid Escobar.

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego que en tres días, el 25, 26 y 27 de dicho mes se reportaron 87 homicidios en El Salvador.

La directora de Socorro Jurídico detalló que de las 380 muertes contabilizadas, el 40 % de víctimas registraron signos de violencia, “es decir que han muerto por tortura”, mientras que un 30% fueron por negligencia médica, negación de tratamientos médicos y el resto se debieron a otras causas.

Entre los decesos, destacó que se contabilizan 25 mujeres, quienes aseguró no tenían vínculos con pandillas y además se registraron cuatro bebés muertos, al interior de los centros penitenciarios.

De igual forma, Escobar expuso que como Socorro Jurídico registran al menos 3,200 niños procesados entre los 12 y 14 años de edad en el régimen de excepción, cuyas condenas ya superan las 1,800. “De estas nosotros estamos seguros que hay más de 50 % de estas condenas que son injustas”, dijo la directora de la organización.

Ante ello, Escobar reiteró que el régimen de excepción “no puede ser permanente”, según se establece en la Constitución de la República.

“Es una medida que no puede ser permanente, el régimen de excepción según el artículo 29 de nuestra Constitución está para 30 días, prorrogándose para no más de 60 días, y para esta fecha justamente llevamos 36 meses de régimen de excepción, tres años de mecanismos donde nos han suspendido garantías de derechos humanos.”

Ingrid Escobar,
Directora de Socorro Jurídico.

Otros datos

En un informe presentado, este jueves, por Socorro Jurídico, con datos de hasta el 15 de marzo del presente año señalan la muerte de 370 personas en centros penitenciarios. Según se detalla el 82 % (302) de las muertes hasta la primera quincena de marzo fueron en los centros penales de Izalco donde registraron 138 decesos, en Mariona fueron 78, en Apanteos 38, mientras que en Quezaltepeque se registraron 31 muertes y la Granja de Zacatecoluca al menos 17, el resto fueron identificados en otros centros penitenciarios.

Asimismo, expuso que de los 370 fallecidos (esta cifra hasta el 15 de marzo mencionado), el Socorro Jurídico identificó solo en 133 de los casos, la fecha exacta de detención y de deceso, de estos 61 estuvieron recluidos solamente entre 1 y 3 meses, es decir entre marzo y mayo de 2022.

La organización agregó que el 93.8% de la muertes no tenían ningún perfil pandillero y solo un 6% fueron catalogados como pandilleros, esto bajo el argumento que eran colaboradores por temor a ser víctimas de las pandillas.

Sobre las muertes al interior de centros penales, la Fiscalía General de la República dijo en el año 2023 que se trataban de “muertes naturales” y desacreditó las denuncias que hicieron las organizaciones defensoras de derechos humanos. Centros Penales ni el gobierno central han emitido comentarios sobre este tema.

La Asociación Pro búsqueda, que trabaja en la búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado de El Salvador,

ha logrado resolver el 45 % de los casos que dan seguimiento.

La representante de la Unidad de Investigación de Pro búsqueda, Margarita Zamora, señaló que la organización tiene registro de

475 han sido resueltos, cifra que representa el 45.1 % del total.

Zamora sostuvo que como asociación su trabajo primordial es lograr reunir a las niñas y niños desaparecidos con sus familiares, especialmente aquellos que fueron víctimas de la guerra salvadoreña de 1980-1992.

“¿Dónde están las niñas y los niños desaparecidos? es la pregunta, sabemos que muchos están dentro del país, pero muchos de estos niños también están fuera del país, están en todos lados”, dijo Zamora.

Asimismo, detalló que de los 475 casos resueltos por Pro búsqueda, 296 han sido de menores reencontrados con sus familiares, y además, indican que hay 87 que también han sido localizados, pero están pendientes de reencontrarse con sus parientes y 92 casos son de niñas y niños localizados fallecidos.

“Esta es como la parte en la que menos quisiéramos dar la noticia a la familia, pero también sabemos que es importante la verdad, que la familia conozca la verdad, que pueda vivir el proceso de duelo, en el caso de los niñas y niños desaparecidos y al final localizados fallecidos”.

Margarita Zamora,
Representante de la Unidad de Investigación de Pro búsqueda.

Zamora sostuvo que aún están pendientes 578 casos de infantes que siguen desaparecidos, en los que sería de gran contribución que el Estado aperturara los archivos militares. “Sabemos que mucha de esta información está ahí, sabemos que si fueron destruidos, se puede reconstruir la historia, reconstruir la memoria a través de aquellos militares que participaron en estos operativos, que saben de donde trajeron niños y de donde no trajeron. Sería idóneo”, manifestó.

Pro búsqueda reiteró que siguen en la lucha de exigir la apertura de los archivos militares y que se haga justicia para las familias que fueron víctimas de la desaparición forzada, en especial de las niñas y niños, en el marco de la guerra.

“Las familias trataban de protegerse, de salvar sus vidas y fue por eso que se dieron tantas desapariciones”, añadió Zamora.

Cada 29 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Niñez Desaparecida durante el Conflicto Armado en El Salvador, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenara al Estado la designación de un día dedicado a los niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, como medida de reparación en el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, victimas de la guerra.

La Asociación Pro búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos manifestó que con la extradición desde Estados Unidos del excoronel Mario Reyes Mena, se podría esclarecer la desaparición de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de quienes se desconoce su paradero desde 1982, en el marco del conflicto armado.

El vocero de la Unidad Jurídica de Pro búsqueda, Helí Hernández, señaló que el excoronel Reyes Mena lideraba operaciones militares en el departamento de Chalatenango, donde se cometieron varios hechos, como el asesinato de cuatro periodistas holandeses, por lo que es importante conocer si también estuvo implicado en la desaparición de las hermanas Serrano Cruz.

“Proximamente hay un militar que en teoría va a ser extraído al país, él (Mario Reyes Mena) tiene que ver con la muerte de los periodistas holandeses que también en el momento que ocurrió la desaparición de las hermanas Serrano también era el comandante del destacamento de Chalatenango”, dijo Hernández en una conferencia de prensa donde se pronunciaron por el caso de las hermanas durante la guerra del país.

Para Pro búsqueda sería oportuno que si se concreta el traslado del excoronel Reyes Mena a El Salvador que la jueza del Juzgado de Dulce Nombre de María de Chalatenango, encargada del proceso judicial, también realice una entrevista para conocer cuál ha sido su grado de implicación en la desaparición de las menores.

Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 7 y 3 años de edad, respectivamente permanecen desaparecidas desde el 2 de junio de 1982, durante un operativo militar llamado «Operación Limpieza», el cual se llevó a cabo en varios sectores del departamento de Chalatenango y a la fecha sus familiares desconocen de su paradero.

El pasado 6 de marzo, el director de la Asociación Salvadoreña de los Derechos Humanos (Asdehu), Pedro Cruz, informó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó iniciar los trámites para solicitar la extradición del excoronel Reyes Mena, uno de los principales acusados en el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado salvadoreño.

Según lo dicho en su momento por el director de Asdehu, el excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería reside en el estado de Virginia, en Estados Unidos.

Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper fueron asesinados el 17 de marzo de 1982, luego que fueran emboscados en Santa Rita, Chalatenango por soldados del Batallón Atonal, que actuaban bajo el mando del excoronel Reyes Mena, mientras documentaban el impacto de la guerra en El Salvador, como parte de su labor para una televisión holandesa.

La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos denunció, este martes, que el Estado salvadoreño sigue sin cumplir en su totalidad con la sentencia emitida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz de 7 y 3 años de edad, respectivamente, durante el conflicto armado de 1980-1992.

Pro-Búsqueda señaló que a 20 años de la sentencia emitida el 1 de marzo de 2005, la Corte Interamericana impuso una serie de medidas que El Salvador debe cumplir con la familia de las víctimas como reparación de los hechos, sin embargo, aseguraron que estas han sido parciales.

De acuerdo con el informe de la CIDH, en el apartado de Modalidad de Cumplimiento, señala que el Estado salvadoreño deberá cumplir con la obligación de investigar los hechos denunciados, e identificar y sancionar a los responsables.

Según explicó, el vocero de la Unidad Judicial de la asociación, Helí Hernández, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha realizado avances con las investigaciones sobre el posible paradero de las menores, ni relacionado con sus captores, por lo que el caso de las hermanas Serrano Cruz continúa en la impunidad, a 43 años de los hechos.

“Esto quiere decir que tanto el Órgano Judicial, la Fiscalía y el (Órgano) Ejecutivo dediquen todos sus recursos y establezcan una línea de investigación clara para poder establecer la identidad de los responsables. Se mantiene este estado de impunidad del caso”.

Helí Hernández,

Vocero de Pro búsqueda.

Las hermanas Serrano Cruz desaparecieron desde el 2 de junio de 1982, durante un operativo militar llamado «Operación Limpieza», el cual se llevó a cabo en varios sectores del departamento de Chalatenango. Pro búsqueda sostiene que en dicho operativo al menos otros 55 menores fueron arrebatados de sus familiares.

Entre las otras medidas establecidas por la Corte y que señalaron no se cumplieron fueron que el Estado debía brindar un tratamiento médico y psicológico a los familiares de Ernestina y Erlinda.

Adoptar las medidas de reparación relativas al funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado y participación de la sociedad civil.

La creación de una página web de búsqueda y adoptar la medida de reparación relacionada con la creación de un sistema de información genética.

En el caso de las medidas de efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, Pro-Búsqueda resaltó que, si bien, se cumplió, el mayor interés de la familia es conocer el paradero de las menores.

Y en la medida de realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en la sentencia y de desagravio a las víctimas y sus familiares, se dijo que no se hizo como debía.

Ana Julia Escalante, de la Unidad Ejecutiva de Pro búsqueda dijo que El Salvador tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, y que en la actualidad existen otros casos de niñez desaparecida que siguen sin ser resueltos.

“El fenómeno de la niñez desaparecida no es un tema del pasado, sino que hasta ahora en día muchas familias no conocen el paradero de sus niños que fueron desaparecidos”, sostuvo Escalante.

Para Pro búsqueda, El Salvador fue responsabilizado de “haber violentado los derechos de las personas denunciantes de ser protegidos judicialmente, a tener acceso a garantías judiciales eficaces y a ser protegidos en su integridad personal.”

En la conferencia, Pro búsqueda compartió audios de Fernando y Suyapa, hermanos de las menores desaparecidas, quienes piden al Estado «que no haya impunidad, que se siga con la investigación y se pueda dar con el paradero de nuestras hermanas».

Las temperaturas en El Salvador han marcado un clima inusualmente caluroso en diferentes zonas del país durante marzo, con temperaturas que han hecho un contraste notable entre las temperaturas más altas y las más bajas del mes de marzo.

Según los registros diarios divulgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), la temperatura más alta de este mes se alcanzó los días 17 y 24 en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión, donde el termómetro marcó 40.9 grados, en ambos días.

Por su parte, el 23 de marzo, fue el segundo día con más altas temperaturas, cuando alcanzó los 40.7 grados centígrados, mientras que el miércoles 21 se registraron 40.6 grados de calor.

Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López dijo anoche que en la represa Cerrón Grande se habían registrado temperaturas de 31 grados Celsius.

«El récord de temperatura máxima de marzo, hasta hoy, lo tiene la estación del Cerrón Grande, donde ha llegado a 41 grados Celsius de temperatura. El promedio del país en marzo es de 33.4 grados. Son temperaturas bastante altas».
Fernando López, ministro de Medio Ambiente.

En cuarta posición se identificó el día 19, cuando se reportaron los 40.1 grados centígrados y en quinto lugar se ubica el 12 de marzo, donde el termómetro marcó los 39.5 grados, todos en el distrito de Santa Rosa de Lima.

Las zonas más afectadas por el calor han sido al oriente del territorio salvadoreño, donde la población ha experimentado una ola de calor constante.

Las más bajas

En contraste, las temperaturas más bajas se han dado en la zona norte y occidente del país, en el distrito Los Naranjos, Sonsonate, la madrugada del 16 de marzo alcanzó una temperatura mínima de 7.2 grados. El día 9, el mismo sector registró, en las primeras horas, temperaturas de 8 grados centígrados.

En tercer lugar, el 22 de marzo Las Pilas, en Chalatenango, se alcanzó una temperatura mínima de 8.4; mientras que el día 5, Los Naranjos bajó hasta los 8.6 grados.

En quinto lugar de las temperaturas más bajas, se ubicó el 8 de marzo, cuando en la horas de la madrugada se registraron los 9.4 grados en Los Naranjos, Sonsonate y Las Pilas, Chalatenango.

Desde inicios de marzo, Medio Ambiente previó un incremento en las temperaturas -incluso olas de calor- pero desde hace dos semanas los informes de calidad de aire advirtieron de un incremento en la radiación solar y un ambiente brumoso, aún sin presencia de polvos del Sahara.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, con sede en San Salvador, sentenció a 30 años de cárcel a Juan Carlos Tolosa Cortez, por el delito de feminicidio, ocurrido en el distrito de Santiago Nonualco, La Paz, en 2023.

Según lo publicado por Centros Judiciales, el crimen ocurrió en febrero de 2023, cuando la víctima se encontraba reunida con amigos y tras haber ingerido bebidas alcohólicas se separa del grupo, quedando sin dinero y sin transporte para regresar a su casa, el procesado le ofreció llevarla en su pick up.

“En el trayecto, Juan Tolosa exigió que le pagara el viaje y cuando la víctima le manifestó que no tenía dinero, el acusado demandó servicios sexuales como pago. Ella no accedió y comenzaron a forcejear. Cuando la mujer se encontraba tirada en el suelo, desorientada por la lucha, Tolosa sacó un corvo con el que la lesionó más de 20 veces, produciendo heridas cortopunzantes en la cabeza, cuello, tórax y genitales, los cuales le causaron su muerte”, detalló Centros Judiciales.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) se corroboró la presencia del imputado en el lugar, día y hora de los hechos, que se reportaron en la lotificación Tuscania, jurisdicción del distrito de Santiago Nonualco, en La Paz Centro.

“La jueza identificó violencia simbólica en el ataque, al dejar abandonado el cadáver expuesto, además del aprovechamiento en la relación de superioridad de género y abuso en la condición de vulnerabilidad de la víctima que se encontraba alcoholizada”, resaltaron.

Centros Judiciales no reveló el nombre de la víctima, sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el 28 de febrero de 2023, el hallazgo del cuerpo de una mujer, a quien las autoridades identificaron como Kenia Judith Carranza Barahona, de 24 años, cuyo cuerpo presentaba “lesiones producidas al parecer con arma blanca”.

Este feminicidio ocurrió en el kilómetro 55 de la carretera Litoral, en la jurisdicción de Santiago Nonualco, La Paz, en donde se reportó la presencia de un cuerpo semidesnudo durante la madrugada.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador absolvió a Samuel Elías Delgado Navas, Óscar Remberto Delgado Martínez y Santos Beltrán, acusados de cometer el asesinato del dirigente del Partido de Concertación Nacional (PCN), Ramón Kury, en 2018.

Dicha resolución fue dada a conocer por el abogado de la defensa, Carlos Murillo a Diario El Mundo, quien señaló que se dictaminó «un cese de toda medida cautelar de inmediato».

«Veredicto absolutorio tal como lo habíamos hablado en su momento oportuno. La prueba presentada por Fiscalía no era suficiente para poder establecer la participación de los imputados», dijo el abogado Murillo.

Con esta, es la tercera vez que los acusados son absueltos, debido a que en marzo de 2021 ya habían sido enjuiciados y absueltos por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Esa vez, el juez concluyó que había diferencias en las pruebas que la Fiscalía presentó.

Sin embargo, la Fiscalía apeló esa decisión, y la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la repetición del juicio.

Ante ello, en 2024 el Tribunal Tercero de Sentencia instaló un nuevo juicio y en mayo de ese mismo año otorgó la absolución a los tres acusados por el asesinato del líder del PCN.

No obstante, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador anuló por segunda vez la sentencia absolutoria y con dando apertura al nuevo juicio.

El crimen ocurrió el 26 de abril de 2018, en una de las sedes de dicho partido, ubicada en la colonia San Francisco de San Salvador y según la acusación de la Fiscalía una persona vestida de negro se acercó a Ramón Kury y le disparó dos veces, mientras un segundo vigilaba en la sede nacional del partido, y un tercero brindaba transporte de entrada y salida del lugar.

El dirigente político recibió dos impactos de bala, una en el abdomen y otra en el hombro. De inmediato fue trasladado, aún con vida, a un hospital de la colonia Escalón, donde falleció poco después.

Ramón Kury había sido un veterano dirigente del PCN desde los años 70, pero a mediados de los 90 se retiró del partido por aparentes diferencias con el entonces secretario general, Ciro Cruz Zepeda Peña. Tras la salida de Zepeda del partido, Kury volvió al partido de las manitas y se convirtió en el Secretario Departamental de San Salvador, cargo que ocupó hasta su asesinato.