Autor: Dania Quehl

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) pronostica para este sábado un ambiente bastante cálido con pocas probabilidades de lluvias y vientos acelerados con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

De acuerdo con el meteorólogo Jonathan Hernandez, se registran dos sistemas de alta presión que, en combinación con el flujo del Este, mantienen vientos de dirección noreste sobre la región. Este se ubica en el norte del Mar Caribe en dirección al Atlántico, donde se ubica un frente estacionario que posteriormente se pueda desarrollar como un frente frío.

“Dos sistemas de alta presión se están moviendo en el sector del Golfo de México y otro en el sector del Atlántico generando que aun para este día tengamos vientos de dirección noroeste y se mantengan acelerados con 40 hasta los 60 kilómetros por hora», indicó.

En ese sentido, Medio Ambiente prevé vientos desde el noroeste con una velocidad promedio de 10 a 22 km/h y ráfagas de 40 a 60 km/h en occidente y de 30 a 50 km/h en el resto del territorio.

En horas de la tarde, únicamente en la zona costera se tendrá el ingreso de brisa marina, con velocidad entre 10 y 15 km/h.

“La presencia de los vientos junto con poca humedad da una probabilidad muy baja de precipitaciones para este día, más que todo algunas lluvias que puedan presentarse al norte del departamento de San Salvador y Santa Ana en el caso de los alrededores de la cordillera del Balsamo y la cordillera Apaneca – Ilamatepec”, detalló el meteorólogo.

Ante ello, señalan que se mantendrá un ambiente bastante cálido durante el fin de semana con temperaturas máximas de 34 grados Celsius para la zona de occidente y de 38 grados para la zona central y oriente del territorio salvadoreño.

Ante ello, Medio Ambiente hace las recomendaciones para mantenerse hidratado y exponerse mucho tiempo al sol.

Mientras que para el domingo, pronostican una probabilidad muy baja de precipitaciones alrededor de las zonas montañosas del país, debido a un frente frío y a una zona de baja presión en el Golfo de México, extendiendo una vaguada hasta Yucatán.

En los últimos 17 días, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ha registrado más de 600 sismos en Conchagua y sus alrededores, en el departamento de La Unión, según el último reporte de la institución.

De acuerdo con la información compartida, desde las 10:09 de la mañana del 5 de febrero hasta las 7:00 de la mañana de este sábado se contabilizan un total de 629 sismos.

De dichas réplicas, al menos 25 han sido percibidas por la población con magnitudes de entre 2.6 y 4 en la escala de Richter.

El sismo de mayor magnitud se registró a las 5:32 de la tarde del día 8 de febrero, con una magnitud de 4 en la escala de Richter, a una profundidad de 10 kilómetros, y una intensidad de IV la escala Mercalli Modificada en Conchagua y alrededores.

El origen de dicha actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona, por lo que el Marn no descarta la ocurrencia de sismos de igual o mayor magnitud a los ocurridos hasta ahora.

Según los reportes del Marn, entre las 12:00 de la madrugada y 7:00 de la mañana de este 22 de febrero se contabilizaron 14 nuevos sismos, de estos dos percibidos por la población.

Medio Ambiente no descarta que ocurran más sismos en la zona, por lo que señaló que dará seguimiento a dicha actividad sísmica.

El último sismo en la zona se reportó a las 7:45 de la mañana de una magnitud de 3.0 en la escala de Richter, a 3 kilómetros al sur de Conchagua.

Otros sismos

Sin embargo, estos no han sido los únicos reportes de Medio Ambiente con respecto a actividad sísmica en el territorio salvadoreño, en las últimas horas se ha notificado de varios sismos.

A las 6:21 de la mañana, se registró un sismo de 4.1 frente a la costa de Guatemala, a 101 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago, en La Unión a 13 kilómetros de profundidad.

Otro temblor se reportó a las 5:13 de la mañana de este sábado en el distrito de Ciudad Barrios, San Miguel de una magnitud de 3.0 en la escala de Richter.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló este viernes el juicio en contra de David Antonio Moreno Castro, acusado de estafar a 13 personas por un monto de $70,000.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Moreno Castro convencía a las víctimas para que invirtieran en una billetera electrónica, prometiéndoles ganancias de un 10%.

Las víctimas invertían cantidades entre $20, $100 y hasta $15,000 aproximadamente. Luego de varios meses, las víctimas no recibieron el dinero y Moreno justificó un supuesto problema con el negocio.

“La modalidad que ocupaba este sujeto es que les hacía creer a las víctimas que estaban ante un modelo de inversión que consiste en que le entregaran cierto monto en concepto de capital y que este dinero iba a ser invertido en una billetera, y él para captar la atención de las víctimas le entregaba cierta cantidad en concepto de ganancia”.
Fiscal del caso.

Según señalaron, los hechos ocurrieron entre los meses de mayo y diciembre de 2022, cuando las víctimas solicitaron al ahora acusado que les depositarán los fondos que habían obtenido como ganancia de la inversión.

“Es ahí cuando les dice que el negocio había salido mal, no contaba con el dinero que se había entregado en concepto de capital, ni mucho menos las ganancias”, añadieron.

El Ministerio Público Fiscal destacó que las investigaciones determinaron que el dinero de las víctimas era utilizado para usos personales y que nunca había sido depositado en la supuesta billetera electrónica.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador

reprogramó hasta el próximo viernes 28 de febrero, a las 9:00 de la mañana, la lectura del fallo del caso en contra del exalcalde de San Salvador,

Ernesto Muyshondt, por el delito de incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales.

La lectura del fallo estaba prevista para este viernes, sin embargo, la diligencia se aplazó debido a que

los jueces solicitaron una prórroga por la extensa prueba que fue presentada en el caso.

«Es por la valoración de la prueba que es demasiada prueba que valorar, es muy extensa y abundante, por esa razón es que se ha tomado esa decisión», informó el abogado de Muyshondt, Óscar Argueta a Diario El Mundo.

El abogado de la defensa señaló que la suspensión de la lectura del fallo fue notificada ayer a las partes del caso.

El juicio contra el exalcalde inició el 4 de diciembre de 2024 y finalizó el pasado 4 de febrero de 2025 con el derecho a la última de los procesados.

A finales de enero, se realizaron los alegatos finales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y defensa, con sus respectivas réplicas y ahora están a la espera del fallo del Tribunal.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía por

incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

La acusación señala que durante la gestión del exalcalde, Muyshondt no cumplió con la obligación de pagar las cuotas correspondientes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Fondo de Pensiones de los empleados de la comuna.

En el caso también están implicados el exdirector de Finanzas, Santos Omar Muñoz; el extesorero de la comuna, Fernando Portillo y el exrepresentante legal de Desechos Sólidos, Francisco Chacón.

Los exfuncionarios municipales son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes agravados y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.

En su intervención,

la FGR solicitó una condena de 22 años de cárcel, 16 por el delito de incumplimiento de deberes y seis por el delito de retenciones tributarias.

En su derecho a la última palabra, el exalcalde Muyshondt denunció que la Fiscalía ejerció presiones sobre los tres procesados en el caso para que presentarán testimonios falsos.

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, que Ángela Antonio Rodríguez, acusado por el homicidio de una mujer, siga en detención provisional mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rodríguez por el delito de feminicidio en perjuicio de una mujer, a quien habría asesinado el pasado 31 de enero de 2025 en un apartamento ubicado en la 4a calle Oriente y 20 avenida Norte, de San Salvador.

La víctima era una mujer de 58 años de edad, fue encontrada con una lesión en el cuello, que habría sido causada con un arma blanca.

El caso por el delito de feminicidio continuará en investigación en la etapa de instrucción y el estará bajo reserva total por tratarse de un delito regulado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

En ese sentido, el proceso judicial pasará a conocimiento de un Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

A 10 años de la desaparición del joven de 16 años, Rodrigo Alejandro Montalván, su madre Silvia Montalván denunció este jueves la falta de respuesta por parte del Estado en la investigación de su único hijo.

De acuerdo con la señora Montalván desde la desaparición de su hijo no se han reportado avances significativos en la búsqueda de su hijo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tengo ya 10 años buscando a mi hijo y a la fecha no ha habido ni siquiera una mínima llamada de Fiscalía o alguien que me diga ‘tal vez esté ahí’, aquí hay una indolencia, un desaparecido aquí no cuenta”, expresó Montalván

La madre del joven desaparecido señaló que al tiempo que ocurrieron los hechos se abocó a la FGR, con el fin que las autoridades iniciarán con la búsqueda de su hijo, sin embargo, manifestó que en la actualidad recibe negativa por parte de las autoridades.

“Yo lo que pido es que me ayuden a buscarlo porque es un ser humano, es un salvadoreño y si lo vemos del lado religioso, es un hijo de Dios, entonces yo creo que cualquier desaparecido tiene derecho a ser encontrado”, dijo la madre de Rodrigo.

Rodrigo desapareció el 20 de febrero de 2015, cuando se despidió de su madre cuando se dirigía al colegio donde estudiaba en la colonia Atlacatl, San Salvador y hasta la fecha familiares desconocen de su paradero.

La madre de Rodrigo fue acompañada en su denuncia por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

En julio de 2023, Fespad presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo para que se investigue la desaparición del joven salvadoreño.

Sin embargo, el director ejecutivo Fespad, Héctor Carrillo, señaló que la Sala hizo prevenciones con respecto al amparo, por lo que el caso sigue sin resolución.

“Esa resolución va en contra de un precedente que ya había dictado la Sala de lo Constitucional en el amparo 214-2022, el cual fue admitido y básicamente los fundamentos del amparo en ese caso y en este son los mismos, por lo tanto tuvo que haber existido la misma decisión”, explicó Carrillo.

Según indicaron, el 27 de noviembre de 2024, la Sala notificó una resolución donde hace cuatro previsiones antes de admitir la demanda y que luego de solventarlas el día 2 de diciembre del mismo año, la Sala no ha vuelto a pronunciarse sobre el caso, por lo que consideran que la demanda está encaminada a desechar la demanda.”

Ante ello, los familiares solicitan a las autoridades del Estado que retomen las investigaciones y procedan con labores de búsqueda del joven, que desde hace una década busca su familia.

“A 10 años de la desaparición de Rodrigo, este día hacemos el llamado a la Fiscalía General de la República a que de manera diligente investigue los hechos, se dé con el paradero de Rodrigo y los posibles responsables de su desaparición”, manifestó Fespad.

Asimismo, solicitan a la Sala de lo Constitucional que admita de manera inmediata la demanda de amparo interpuesta por la organización hace más de un año.

Destacar que la madre de Rodrigo, aseguró que con la demanda lo único que piden es una ayuda para encontrar a su hijo, ella valora que de estar muerto, ella necesita encontrar su restos para darle cristiana sepultura.

“Se está vulnerando el derecho de acceso a la jurisdicción; y el derecho de conocer la verdad a Silvia, quien busca a su hijo”, añadió el representante de Fespad.

Fespad aseveró que existe poca información sobre el número oficial de personas desaparecidas en el país.

Al menos seis colegios han cerrado sus puertas de forma definitiva este año 2025 debido a complicaciones económicas, informó el jueves el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández.

“Hasta este día febrero, nosotros hemos calculado con un hombre y apellido de colegios alrededor de seis colegios que definitivamente no abrieron este año, entre San Salvador y La Libertad”, indicó Hernandez en la entrevista de Frente a Frente.

El presidente de la gremial señaló que el cierre de los colegios se debe a que algunas instituciones se han visto afectadas por el bajo número de estudiantes matriculados, así como los altos costos operativos.

Hernandez aseguró que la sobrevivencia de los colegios privados ocurre a los ingresos financieros que se reciben por parte de los padres de familia, debido a que sostiene que no cuentan con apoyo del Estado con respecto a créditos financieros.

“Las condiciones de sobrevivencia de los centros educativos privados están dadas única y exclusivamente por lo que recogen como ingresos financieros de los padres familia, ni siquiera tenemos acceso a créditos para colegios privados, o sea, la banca privada no le presta a un colegio”.
Javier Hernández, presidente de ACPES.

Ante ello, sostuvo que el número de instituciones cerradas podría crecer, debido a que al menos otros 10 colegios están con incertidumbre, ante la posibilidad de cerrar sus puertas, lo cual dependerá del número de matriculados que logren sumar para este año académico.

“Los estudiantes de una escuela que se cierra ahí son números preocupantes”, manifestó el presidente de Colegios Privados.

El pasado 15 de enero, Colegios Privados inauguró el año escolar 2025, a un mes de inicio la gremial registra un aproximado de 185,000 estudiantes, cifra que podría cambiar, ya que sostiene que aún es periodo de inscripción.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), Francisco Zelada, mencionó en una entrevista previa que como organización registran más de 30 escuelas públicas cerradas.

La más reciente que se dio a conocer fue el Centro Escolar de la comunidad El Bambú, en Izalco, Sonsonate, la cual la Embajada de Alemania en El Salvador lamentó su decisión y afirman que “entiende que es necesario tomar decisiones cuando el número de alumnos es bajo”.

Familiares y amigos de Yeferson Yohaldi Campos Mendoza, un salvadoreño de 24 años de edad, lo despidieron este miércoles de sus restos, luego de morir a causa de una insuficiencia renal, enfermedad que desarrolló tras pasar más de dos años en prisión.

Con fotografías y rosas, sus seres queridos realizaron la marcha fúnebre hacia el cementerio de San Jorge, en San Miguel, donde ahora descansan sus restos y fue recordado como un joven trabajador.

“Es indignante cuando estamos ante el cadáver de una persona honesta, honrado, trabajador y que termine en estas condiciones, les digo, que pena en el alma, pena en el alma porque a sus 22 años, en vez que Yohaldi pudiera despedir a Griselda (su madre) por su vejez, la madre tiene que despedir a este joven. Ya basta de tanta injusticia”, expresó un familiar de Yohaldi.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) en una publicación de X, luego que denunciaran que el joven desarrollara un cuadro clínico crítico durante su estancia en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como “Mariona” y en el penal de Quezaltepeque, del cual fue liberado.

Yohaldi, quien se dedicaba a la albañilería, fue capturado el 11 de julio de 2022, en un cantón de la jurisdicción de San Jorge, en San Miguel, quien al momento de su captura, aseguran contaba con buena salud.

“Cuando se lo llevaron era un joven completamente sano de 22 años, con sueños e ilusiones, hoy 17 de febrero Yohaldi ha sido declarado muerto producto de la insuficiencia renal que le provocaron cuando estuvo en detención”, declaró Socorro Jurídico, quien también acompañó a la familia durante el entierro.

Yohaldi fue liberado el 13 de septiembre de 2024 del penal de Quezaltepeque, luego de más de dos años preso. “Yohaldi fue entregado a sus familiares bajo medidas alternas a la detención, sin embargo, regresó a su casa prácticamente moribundo”, manifestó.

La organización que lucha por los derechos humanos de las personas privadas de libertad señaló que denunciaron en reiteradas ocasiones el estado de salud que padecía el joven, quien estuvo privado de libertad por más de dos años.

“Lo mantuvieron preso más de dos años sin ser miembro de pandillas y sin haber cometido ningún delito”, dijo Socorro Jurídico.

Según expuso Socorro Jurídico, el Estado salvadoreño no se hizo responsable del daño que le provocaron y nunca brindaron apoyo para el tratamiento de diálisis que requería el joven mientras estaba encarcelado.

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego que tres días previos se registraron más de 80 homicidios y desde entonces dicha medida se mantiene vigente. Las personas detenidas bajo el régimen son señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas.

“Nuestra lucha y la de las demás organizaciones defensoras de derechos humanos nunca ha sido en defensa de ningún pandillero”, sostuvo la organización.

370 decesos en el régimen

Hasta el 18 de febrero, Socorro Jurídico reporta 370 reos fallecidos desde el inicio del régimen de excepción, de estos señalan que el 94% no tenían perfil pandillero. “Todos murieron bajo la tutela del Estado y sin derecho a la segunda audiencia”.

El martes, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, manifestó que cerca de 87,000 personas han sido capturadas bajo el régimen de excepción, quienes “están ya para enfrentar la justicia y otros que ahora lo están haciendo”, dijo el funcionario.

Organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos han señalado que entre los detenidos del régimen de excepción hay un porcentaje de personas que no pertenecen a pandillas y que están siendo procesadas como tal.

A finales del año 2024, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), también denunció que las personas privadas de libertad en El Salvador carecen de atención médica al interior de los centros penales, según el testimonio de un médico.

Según el testimonio, entre las enfermedades que los reos desarrollan durante su encarcelamiento son hipertensión, diabetes, asma, epilepsia y problemas de tiroides.

El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango decretó, en audiencia inicial, que César Reynaldo Chávez Olmedo, acusado de transportar paquetes de droga y causar daños en una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), siga detenido provisionalmente mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Chávez Olmedo por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico, homicidio tentado y daños en una patrulla de la Policía Nacional Civil.

La corporación policial reportó el pasado 12 de febrero la captura de Chávez Olmedo, de 25 años, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, quien presuntamente transportaba paquetes de droga en las cercanías del complejo España, en dicho sector.

Según el reporte, el procesado al percatarse de la presencia policial, intentó huir y chocó con su vehículo tipo sedán con una patrulla de la corporación, en el redondel de un reconocido centro comercial de la zona.

El acusado intentó escapar a pie tras el choque, sin embargo, fue capturado en un pasaje de la colonia Prados de Venecia 3, de la misma localidad.

De acuerdo a la PNC, tras el choque, un agente resultó lesionado por lo que fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Al inspeccionar el vehículo en el que se transportaba, se encontró 449 gramos de marihuana valorada en $1,586.73, 19.5 gramos de cocaína valuada en $490.23 y $123 en efectivo.

Centros Judiciales indicaron que el acusado será trasladado al Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como “Mariona”, en San Salvador, mientras continúa el proceso en su contra.

La audiencia preliminar en contra de siete personas de nacionalidad guatemalteca,

acusados de tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de armas fue suspendida este miércoles, debido a que se solicitó la incorporación de una nueva prueba.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, instaló este día la audiencia con la asistencia de los acusados, sin embargo, la suspensión de la diligencia se decretó luego que uno de los abogados de la defensa solicitó en la etapa de incidentes que se agregue como prueba un video que muestra la capturas.

“La audiencia preliminar se ha interrumpido pero tiene que habilitarse en un plazo de 10 días. Este servidor planteó un incidente en el cual le pidió a la señora jueza que desembalaje, es decir, que rompa el embalaje que trae esa evidencia, el disco para ver los videos y la fijación de imágenes y ella accedió a eso”, explicó Carlos Avelar, abogado defensor de una de las acusadas.

La Fiscalía General de la República los acusa del delito de tráfico de más de $40,000 en drogas, así mismo, del delito de tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego.

Los acusados fueron identificados como Walter Giovani Flores Díaz, Errol Ricardo Ayala Zacarías, Ronald Vinicio López Mayén, Andrés Fernando Vásquez Morales, Mynor Alberto Arias Pineda, Pablo Andrés Girón Barrios y Joselyn Vanessa Mendoza Gil.

Los extranjeros fueron capturados el pasado 25 de agosto, en la residencial Capistrano, en Colonia Escalon, San Salvador, luego que en un patrullaje se detectara que uno de los acusados portaba un arma de fuego, fue perseguido, y éste se refugió en la vivienda donde estaban el resto de los procesados, según la acusación de Fiscalía.

Según la argumentación de la defensa, al tiempo que se dan las capturas un grupo de guatemaltecos ingresaron al país y alquilaron una habitación por medio de una aplicación, por lo que desconocían sobre la droga incautada en el lugar.

“En el lugar, la persona a la que defiendo que es la única mujer en el grupo de guatemaltecos, ella venía acompañada de su novio, su novio la había traído porque acá en El Salvador iba a dar la sorpresa de matrimonio. Ella estudia y trabaja en Guatemala, pero su novio había pedido que la acompañara en el viaje”, señaló el abogado defensor.

El abogado señaló que las detenciones ocurren a la llegada de los extranjeros a la vivienda, donde detienen a los guatemaltecos, donde también se encontraron armas y una cantidad de droga.

“El planteamiento de nosotros como defensa es que ellos no podían ser responsables de eso, ya que ellos tenían, en el caso de mi representada 10 minutos exactamente de haber llegado a esa vivienda. Las armas y las drogas ya se encontraban en el lugar”, añadió el abogado.

La defensa sostiene que la versión que manejan las autoridades sobre que las capturas se ejecutaron en operativos de rutina contrastan con unos presuntos videos “que ponen en evidencia que eso, de decir que fue un operativo de rutina no es cierto, ya lo estaban esperando”, dijo.

En ese sentido, recalcó que “nosotros como defensores vamos a pedir de cómo ha sido viciada el contexto de cómo sucedieron los hechos, por lo tanto podría ocasionar una nulidad, hasta un fraude procesal”.

En el operativo, también se realizó un registro con prevención de allanamiento en la vivienda, dónde incautaron 498 gramos de cocaína, 78 bolsas plásticas con 25,820.4 gramos de marihuana, cigarrillos electrónicos con sustancia de marihuana, dos vehículos y tres armas de fuego en total.

La representación fiscal y la defensa señalaron que la jueza encargada del caso tiene un plazo de 10 días para estipular una nueva fecha para la continuación de la audiencia.