Autor: Dania Quehl

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó, en audiencia de imposición de medidas este martes, que las cuatro personas en calidad de ausentes implicadas en el caso de “La Floresta” pasen a etapa de instrucción, mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó en calidad de ausentes a los abogados y voceros de la Defensa de Derechos Humanos y
Comunitarios (Unidehc), Ivania Berenice Cruz y Rudy Mauricio Joya, por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones. Así lo confirmó la misma abogada Cruz en su cuenta de red social X.

Asimismo, procesó a otras dos personas identificadas como Elba de Guzman y Julio Sandoval, por los delitos de agrupaciones ilícitas, limitación ilegal a la libertad de circulación y usurpación. Todos acusados de vender de forma ilegal terrenos de la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.

En la audiencia de este martes, el Tribunal decretó que el caso pase a etapa de instrucción, sin embargo, se excusó sobre las medidas cautelares, ya que estas se determinarán en una nueva diligencia, según expuso el representante legal de una de las acusadas.

“El caso pasó a instrucción por tiempo de seis meses y en el caso de mi representada (Elba) se logró eliminar un delito que es el de limitación ilegal a la libertad de circulación, ya que no hay indicios”, dijo el abogado.

En el caso de los imputados Sandoval y de Guzman, el apoderado de esta última no han sido citados de manera legal, debido a que no han sido ubicados, por lo que la Fiscalía debe cumplir con los requisitos de comunicación, con el fin que ambos procesados sean notificados del proceso.

“No han sido citados de forma legal las personas (Elba y Julio) que tienen carácter de imputados en este proceso. Se van hacer las diligencias correspondientes y luego se fijará una fecha para una nueva audiencia de imposición de medidas”, explicó el apoderado.

Además, indicó que se realizarán los respectivos avisos en el Diario Oficial y en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los acusados sean citados formalmente. Ante ello, se programará una audiencia especial de valoración de medidas.

Previo a la instalación de la audiencia inicial, la defensa de los voceros de Unidehc presentaron una solicitud para reprogramar la diligencia, debido a que señalaron se encuentran fuera del país y no podrían acudir a la audiencia, no obstante, esta se realizó con la presencia de un representante de la Procuraduría General de la República (PGR).

Otros acusados

En el caso también fue señalado el activista Fidel Zavala, quien presuntamente recibía instrucciones por parte de los abogados y realizaba labores de medición de terrenos para la comercialización ilegal de propiedades que no les pertenecían.

La Fiscalía acusó a 29 personas, 25 presentes y cuatro en calidad de ausentes, en su mayoría habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad de vender lotes a personas de escasos recursos por montos de entre $100 y $200.

El pasado viernes, el mismo Tribunal realizó la audiencia de medidas cautelares para los acusados presentes y decretó prisión provisional para 24 de ellos y medidas sustitutivas a la detención para una de las procesadas, debido a que se encuentra en estado de embarazo.

Una de las principales voceras de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Ivania Berenice Cruz, es acusada en el proceso legal del caso conocido como «La Floresta», donde se le acusa de la venta ilegal de terrenos en San Juan Opico, La Libertad.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado citó para este martes a la abogada Cruz para que se presentara a la audiencia especial de medidas cautelares.

Dicha diligencia se realizó este martes, donde fue acusada junto a otras tres personas en calidad de ausentes, entre ellos el abogado de la misma organización, Rudy Mauricio Joya, según la misma Ivania Cruz.

Este día presentamos ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de S.S la siguiente documentación, el cual comprueba nuestros motivos de viaje y que en esa fecha desconocíamos que existiera un proceso abierto en nuestra contra por parte de la @FGR_SV y @nayibbukele,… pic.twitter.com/M1Pqe7o3Pn

— Ivania Cruz (@IvaniaCruz15) March 18, 2025

Cruz sería acusada de los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones. De igual forma, le serían atribuidos los mismos delitos para el abogado Joya.

En el caso de los otros dos procesados, se les atribuiría los delitos de agrupaciones ilícitas, limitación de circulación y usurpación.

Previo a la instalación de la audiencia inicial, la defensa de Cruz y Joya presentaron una solicitud para reprogramar la diligencia, sin embargo, esta se realizó.

La semana anterior, la abogada Cruz, de Unidehc, declaró: «‘Este día nos han informado sobre el caso de La Floresta, donde la Fiscalía ha mencionado una supuesta participación de las falsas acusaciones que ellos están realizando en contra de los voceros principales de Unidehc. Nosotros ahora nos consideramos perseguidos políticos de Bukele por decir la verdad, por alzar la voz».

Además sostuvo que la intención de la Fiscalía de decir que la organización no está inscrita es criminalizar y que no podían defender los derechos de la persona.

«Es una situación alarmante lo que está pasando en El Salvador y obviamente estamos dando la cara porque somos inocentes», añadió Cruz.

Junto a los abogados de la organización, también fue señalado el activista Fidel Zavala, quien presuntamente recibía instrucciones por parte del abogado Joya y a su vez, realizaba labores de medición de terrenos para la comercialización ilegal de propiedades que no les pertenecían.

A Zavala se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.

El pasado viernes, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador realizó la audiencia de medidas y se decretó prisión provisional para 24 de los acusados y medidas sustitutivas a la detención para una de las procesadas, debido a que se encuentra en estado de embarazo.

El caso

La Fiscalía acusó a 29 personas, 25 presentes y cuatro en calidad de ausentes, en su mayoría habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad, quienes vendían lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico, La Libertad.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) advirtió este lunes que durante la semana se percibiru00e1 un ambiente brumoso con alta radiación solar sobre el territorio salvadoreño, por lo que recomienda evitar la exposición solar en horas de mayor insolación y el uso de mascarillas.

De acuerdo con el Informe Semanal de la Calidad del Aire, durante el 10 y 16 de marzo, la calidad del aire fue mayormente satisfactoria, sin embargo, señalan sobre un ambiente brumoso con alta radiación solar.

Según Medio Ambiente, el incremento de la radiación solar no solo se atribuye a las emisiones de contaminantes provenientes de diversas fuentes, sino también a una baja ventilación y una mayor exposición a la luz solar, lo cual es típico en los meses de marzo, abril y mayo.

“Este conjunto de factores ejerce un impacto significativo en la calidad del aire durante dicho período”, dijo la cartera de Estado.

En ese sentido, aseguró que durante los meses ya mencionados el clima en el país “suele ser estable”, en el caso del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), señalan que el clima suele ser seco durante las primeras horas de la mañana, sin embargo, estas aumentan en horas de la tarde.

“Este aumento de temperatura favorece la acumulación de contaminantes precursores del ozono, que contribuyen a la formación de un ambiente brumoso, impulsados por la intensa radiación solar que habru00e1 durante el día”, detalló.

Ante ello, el Marn recomienda a la población a evitar la exposición prolongada al aire libre en horas de mayor insolación, específicamente entre las 12:00 del mediodía y 3:00 de la tarde, así como, a no realizar ejercicios en lugares abiertos.

Ademu00e1s, sugirió el uso de protector solar, con énfasis en las horas de mayor aumento de temperaturas, mantenerse hidratado y considerar el uso de mascarilla.

Medio Ambiente recordó que la población sensible son las personas adultos mayores, infantes, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas respiratorias y cardíacas.

Este lunes, la estación de Santa Rosa de Lima, en La Unión alcanzó una temperatura mu00e1xima de 40.9 grados Celsius; seguido de Puente Cuscatlu00e1n con 40 grados y en San Miguel se registraron los 39.7 grados de calor.

El informe de Calidad del Aire agregó que entre el 10 y 16 de marzo, se registró la concentración de material particulado, menor a 2.5 micru00f3metros de diu00e0metro (PM2.5), el cual es 20 veces mu00e1s pequeña que el cabello humano, y de fu00e1cil ingreso en los pulmones de las personas.

Según los registros, el lunes de marzo fue el día con mayor concentración de material particulado reportado por la estación meteorológica de Medio Ambiente.

El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, de San Salvador realizó una audiencia especial de medidas en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, acusada por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, ambos en la modalidad continuada.

La nueva diligencia se realizó a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ante una apelación que brindó la Cámara Tercera de lo Penal que disolvió la resolución de la jueza segundo de paz de Soyapango, en la cual no se determinó ninguna medida en contra de la imputada, según el ente fiscal.

«La Fiscalía apeló y la Cámara tercera de lo penal ha dado la razón a la Fiscalía y ha ordenado al Juzgado Primero de Instrucción que está conociendo la causa que realice esta audiencia para imponer las medidas», indicó el fiscal del caso.

El pasado 7 de febrero de 2025, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango, otorgó medidas sustitutivas a la detención provisional a favor de la exalcaldesa, sin embargo, la Fiscalía solicitó dicha apelación y se estableció la nueva audiencia.

«Cómo Fiscalía se está solicitando la medida más gravosa de la detención provisional ya que los delitos por los cuales se está acusando a la exalcaldesa del municipio de Soyapango, pues son actos arbitrarios y desobediencia», señaló el fiscal.

Por delito de desobediencia, la Fiscalía mencionó que conlleva a una responsabilidad civil «para hacer el reparo del daño que causó por los despidos ilegales que hizo».

De acuerdo con el Ministerio Público, la exfuncionaria municipal habría realizado despidos de forma arbitraria sin seguir el procedimiento de ley correspondiente.

Además, se emitieron medidas cautelares y sentencias de reinstalar a favor de los trabajadores; estas resoluciones fueron notificadas a la exedil, pero las desobedeció, no reinstaló a las personas y tampoco cumplió con pago de los salarios caídos de ellos.

Según las investigaciones, los delitos fueron cometidos en el 2021 y 2022 cuando fungió como alcaldesa de Soyapango.

Diario El Mundo consultó vía telefónica a la oficina del Juzgado de Instrucción de Soyapango sobre la resolución de la audiencia, sin embargo, dijeron que no podían dar información del caso «por cuestiones de orden pública».

Detención

Nercy Montano fue detenida la noche del 28 de diciembre de 2023, al interior de la comuna, luego de varios días de protesta de los sindicalistas, quienes pedían se les pagaran sus salarios atrasados, además de un bono y aguinaldo.

Montano también es procesada por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas y actos arbitrarios, por los que enfrentará juicio el próximo 23 de abril de 2025.

Por estas acusaciones, la Fiscalía sostiene que Montano realizó malversaciones de fondos por $271,760.43, recursos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población.

La Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente ordenó mediante un recurso de apelación que el Juzgado Primero de Instrucción de La Unión, admita las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del exalcalde del distrito de Conchagua, Jesús Abelino Medina Flores y miembros de su concejo, acusados del delito de peculado, es decir, apropiación de fondos públicos.

La Fiscalía señaló que, en la audiencia, el referido Juzgado de Paz debe aceptar todas las pruebas ofrecidas por el ente fiscal, y además, que el exalcalde siga en detención provisional, a pesar de haber recibido medidas cautelares sustitutivas a la detención.

“Se debe de admitir la prueba tal como fue ofertada y ordenada por la honorable Cámara de lo Penal y dictar un auto de apertura a juicio y que se mantenga en detención el imputado Jesús Abelino Medina Flores”, manifestó la fiscal del caso.

Según detallaron, los delitos se cometieron durante su gestión entre 2018 y 2021, luego que se elaboraron dos contratos, uno de un artista internacional, en el cual uno de ellos hicieron constar el valor real y un segundo con un valor elevado para sustraer los fondos públicos.

Además, de un contrato por la prestación de servicios de la decoración del parque de Conchagua por $10,000, donde nunca se realizó esa prestación, “y así es como sustraen los fondos públicos y se apoderan de ellos”, dijo la Fiscalía.

En agosto de 2023, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Medina Flores, y parte de su concejo municipal (2018-2021), por supuestos actos de corrupción cometidos durante su administración.

Sin embargo, este no es el único proceso que enfrenta, a Medina Flores también se le acusa de apropiarse de más de $61,000, vinculados al pago indebido por la construcción de un pozo de agua potable.

Además, el exfuncionario participó en al menos 39 procesos de compras que constan en facturas con un valor total de $12,458.92 y de habilitar 24 cheques más identificados con fondos municipales.

En 2022, el exalcalde de Conchagua fue enviado a juicio, por los delitos de actos arbitrarios en contra de tres empleados de la municipalidad, a quienes removió de sus cargos ilegalmente mientras era alcalde. De este proceso no dio a conocer si fue condenado o no.

En 2021, Medina Flores y sus exempleados fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por malversación de fondos, por proyectos que se ejecutaron en el marco de la ilegalidad, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

La Cámara Ambiental de Santa Tecla, en La Libertad, encontró responsable de enriquecimiento ilícito, este lunes, al exsecretario de comunicaciones de la Presidencia de la República en la administración de Mauricio Funes, David Marciano Rivas y a su grupo familiar por $248 mil que deben ser reintegrados al Estado.

La resolución del proceso civil se determinó debido a que el exfuncionario no logró justificar las irregularidades presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) del aumento patrimonial.

Rivas fue demandado por la Fiscalía al no justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que corresponden a depsitos bancarios a cuenta corriente, de ahorro, pagos de tarjetas de crédito, diferencia negativa entres sus ingresos y gastos.

Ante ello, en la lectura del fallo la Cámara sentenció a Rivas a reintegrar al Estado un total de $208,882.67 y lo inhabilitó por 10 años para buscar un cargo público.

Según indicaron, las inconsistencias ocurrieron durante su gestión como secretario de comunicaciones, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014.

Grupo familiar

En el caso, también se procesó a su exesposa, María Auxiliadora Méndez de Beltrán de Rivas, por inconsistencias en depsitos bancarios, adquisión de vehículos, y pago de tarjetas de créditos, por lo que deberá regresar al Estado $27,602.

Así como a su hijo, David Alejandro Rivas Méndez, procesado por cinco irregularidades y quien deberá reintegrar la cantidad de $11,700. En total, Marciano Rivas y su grupo familiar deberán reintegrar la suma de $248,184.67.

En un inicio, la Fiscalía demandó a Rivas y a su grupo familiar por $308,352.08, de los cuales se le cuestionaron $265.055.49 al exsecretario, $31,496.59 a su excónyuge y $11,700 a su hijo.

De igual forma, la Cámara Ambiental de Santa Tecla resolvó que David Rivas sea inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un plazo de 10 años.

En noviembre de 2024, el exsecretario de comunicaciones fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de lavado de dinero, en el caso penal conocido como «Saqueo Público», donde se procesó a otras nueve personas por el desvío de $351 millones de Casa Presidencial a cuentas externas.

David Marciano Rivas fungió como secretario de comunicaciones de la Presidencia de la República entre el 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014 en el periodo del expresidente Mauricio Funes.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará más de 4,500 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880, según la oferta de compra publicada el 6 de marzo de 2025 en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

De acuerdo con el documento, el contrato de compra contempla la adquisición de 4,572 vales de calzado, cada uno por un valor de $40, sumando un total de $182,880, que serán financiados con fondos del Estado.

Según las especificaciones, los vales de canje tendrán una vigencia de dos años, a partir de la fecha en que sean entregados en el Almacén General de la Dirección de Planificación Institucional (DCPI).

Asimismo, se deberá anexar el listado de las tiendas asignadas para el canje de los vales y la garantía del calzado seleccionado por el empleado, no debe ser menor a cuatro meses desde la fecha del canje.

Las empresas deberán seguir el modelo ofrecido por la Corte para realizar los respectivos vales de calzado y la muestra de estos deberán ser aprobados, de lo contrario tendrán que ser modificados.

Compra de zapatos

Por otra parte, la CSJ también ofertó el 14 de marzo, $54,741 para la compra de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

La Corte destinará $8,601 para la compra de 183 pares de zapatos de vestir para la protección a funcionarios y magistrados, es decir, un valor de $47 por cada calzado.

Según detallaron, los zapatos deberán cumplir las siguientes especificaciones:

• Cuero lustrable y durable
• Color negro y de amarrar
• Suela cosida y/o pegada
• Plantilla completa, acolchonada y absorbente
• Horma amplia
• Suela resistente
• Tacón independiente o unido a suela.

Además, se contempla la compra de 769 pares de botas tipo táctico para realizar funciones operativas, por un costo de $46,140, que equivale a $60 por cada par de zapatos.

El calzado deberá contar con:

• Altura 8″
• Material piel vacuno lustrable y nylon de amarrar
• Caña alta, reforzada y acolchonada para con cremallera lateral para fácil ajuste
• Costuras reforzadas
• Acolchonada
• Poliuretano
• Antideslizante
• Respiraderos laterales
• Entresuela amortiguada
• Antipunzante
• Plantilla completa, acolchonada y absorbente.

El total de inversión para la compra de 952 pares de zapatos será de $54,741 que serán financiados con fondos del gobierno.

La semana pasada, Diario EL MUNDO publicó que la CSJ también planea adquirir un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó, en audiencia inicial este viernes, detención provisional para 24 personas acusadas de vender terrenos de forma ilegal en la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.

La medida se aplicó para todos los procesados a excepción de una de ellas, identificada como Rosa Orellana, a quien se le otorgó medidas sustitutivas a la detención debido a que se encuentra en estado de embarazo.

Según se le indicó a la acusada debe acudir a los juzgados a firmar una vez al mes, notificar cuando esté en labor de parto, asimismo, que no debe salir del país y no hablar con ninguna persona de la comunidad donde reside o asistir a reuniones con los demás lugareños.

En ese sentido, el caso fue remitido a fase de instrucción por un periodo de seis meses para que continúen con las investigaciones.

Los detenidos son integrantes de dicha comunidad y, según la investigación de la Fiscalía General de la República, intentaban vender lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

A los imputados se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, a quien le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.

Nacionales | Óscar Góchez, uno de los propietarios de los terrenos de La Floresta, en San Juan Opico, no quiso referirse a la resolución del tribunal y afirmó que siempre buscó «hacer obras».

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Ante la resolución del tribunal, el abogado defensor de Zavala y de otros dos imputados, Jaime Ramírez, indicó que apelarán la decisión del tribunal.

«Vamos a esperar la sentencia y una vez tengamos la sentencia vamos a valorar una posible apelación en virtud de algunos hechos que se han vulnerado en el proceso que tienen que ver con la legalidad y legítima defensa y sobre todo la situación que no se ha valorado absolutamente lo que es toda la información vertida por la defensa en relación de cada uno de los que están siendo acusados por estos delitos», declaró Ramírez.

Por su parte, Óscar Góchez, uno de los propietarios de los terrenos de San Juan Opico aseguró que siempre buscó beneficiar a los residentes de la comunidad mediante obras humanitarias.

«Lo que nosotros veníamos realizando y todo lo que estas personas hicieron o siguen haciendo a través de los abogados que están publicando cosas contra nosotros poniendo cosas que no son ciertas. Nunca pensé que venir a El Salvador a hacer una buena obra me iba a traer estas consecuencias», expresó Góchez.

Según dijeron los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico.

En el caso están implicados 29 personas, 25 presentes, a quienes hoy se le dio a conocer la resolución de la audiencia y otros cuatro que están ausentes y tendrán audiencia separada la próxima semana.

Óscar Góchez, uno de los dueños del inmueble de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad aseguró que cuenta con la documentación que acreditan la adquisición de los terrenos. Señaló que adquirió los terrenos en 1992 junto a su esposa, los cuales fueron en más de una ocasión ocupados por otras personas.

En ese sentido, sostuvo que la legalidad de la parcela fue comprobada hace un año, cuando un tribunal condenó con penas de más de 80 años a varias personas que habían habitado sus terrenos de forma ilegal.

“Toda la estructura que estaban los agarraron”, afirmó Góchez.

Actualmente, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador procesa a 25 personas por vender de manera ilegal parcelas de dicha comunidad.

“Algunas son personas que ya residían allí y que se habían ganado un poco la confianza de nosotros y decidieron empezar a comercializar mi propiedad. Empezaron a vender parcelas de las que yo tengo conocimiento, empezaron a venderlas y después agarraron soporte de esta supuesta ONG que se llama Unidehc”, manifestó Góchez.

A esto, explicó que a finales de enero y principios de febrero de 2025 realizaron «una ocupación violenta».

“Yo estuve ahí y andaban como 40 personas con corvos de fuera que salieron de sus casas a buscarnos y se estaba dialogando con ellos pero tuvo que sacarnos porque no era seguro para nosotros”, relató.

Ante la acusación que enfrentan los residentes de La Floresta, Góchez sostuvo que a pesar que los ahora procesados vivían en dicho sector «no les da derecho de apropiarse de la parcela».

“Ellos vinieron violentamente y los ocuparon, les habían dicho que les iban a dar los lotes, están vendiendo lotes a $100, $200, les quitaban la medición, le cobraban por representación jurídica, o sea estaban haciendo un negocio redondo con mi propiedad”, declaró.

Góchez dijo que espera que «se haga justicia». Además aseguró que tiene un «plan humanitario» para las personas que han trabajado junto a él.

Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico, La Libertad.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló este jueves la audiencia especial de imposición de medidas en contra de un grupo de personas, acusados de comercializar terrenos de forma ilegal en San Juan Opico, La Libertad.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a 29 personas, de las cuales 25 están presentes y cuatro ausentes por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, a quien le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.

La acusación de la Fiscalía afirma que había una estructura organizada asesorada por Unidehc, quienes supuestamente coordinaban a personas que habitaban en los terrenos en la comunidad La Floresta, haciéndoles creer que podrían lograr la posesión de los terrenos con base a procesos legales.

Asimismo, señalaron que un testigo clave dijo que Zavala se identificaba ante los miembros de la comunidad como abogado y vocero de Unidehc, quien recibía instrucciones por parte del representante de la organización, Rudy Joya. A su vez, realizaba labores de medición de terrenos para la comercialización ilegal de propiedades que no les pertenecían.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que se apliquen medidas de detención provisional para 24 de los procesados, debido a que varios de los testigos de la Fiscalía son habitantes de La Floresta, por lo que temen que se podría atentar contra sus vidas.

Mientras que para una de las imputadas se otorga medidas sustitutivas a la detención, debido a que se encuentra en estado de embarazo.

Dueño de propiedad denuncia

Por su parte, en la audiencia asistió el señor Óscar Góchez, quien se identificó como uno de los propietarios de los terrenos desde 1992 y que ahora han sido ocupados por los imputados.

“Algunas son personas que ya residían allí y que se habían ganado la confianza de nosotros y decidieron empezar a comercializar mi propiedad. Empezaron a vender parcelas de las que yo tengo conocimiento empezaron a venderlas”, dijo el señor Góchez.

Defensa

Por su parte, la defensa de Zavala expuso que no existen pruebas que acrediten la participación del vocero de Unidehc en la venta ilegal de los terrenos. Asimismo, señaló que los habitantes de La Floresta estaban reunidos para realizar la legalización de los terreros a través de un proceso de prescripción.

Ante ello, los abogados defensores solicitaron que el tribunal se declare incompetente porque no se tratan de delitos de crimen organizado y que se pase a un juzgado común.

“Estos tribunales sólo se crearon para ver el tema pandilleril, extorsion, asesinato de pandillas, agrupaciones de la pandilla, para eso se crearon esos tribunales, pero resulta que en este contexto los tres delitos sobre los cuales nuestro cliente (Zavala) no tiene nada que ver con el tema pandilleril”, dijo Jaime Ramírez, abogado defensor de Zavala.

Previo a la audiencia, el vocero de Unidehc enfatizó sobre su inocencia y que no pertenece a ninguna agrupación delincuencial.

La audiencia se realizó con acceso a los periodistas y hasta las 8:00 de la noche continuaban los alegatos de la defensa.

Ausentes

En el proceso judicial están cuatro imputados ausentes, quienes enfrentarán una audiencia separada, la cual quedó programada para el próximo martes 18 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

La abogada de Unidehc, Ivania Cruz, afirmó que junto a su colega Rudy Joya que están implicados en el caso como dos de los imputados ausentes.

“‘Este día nos han informado sobre el caso de La Floresta, donde la Fiscalía ha mencionado una supuesta participación de las falsas acusaciones que ellos están realizando en contra de los voceros principales de Unidehc. Nosotros ahora nos consideramos perseguidos políticos de Bukele por decir la verdad, por alzar la voz”, declaró Cruz a medios de comunicación.

El caso

Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico, La Libertad.

Según la acusación, posteriormente, tras realizar intentos de volver a ingresar al inmueble, los acusados detenían la circulación de cualquier persona que intentara ingresar al sector.