Autor: Dania Quehl

La Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidehc) presentó, este miércoles, ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal en contra del Juzgado Ambiental de San Salvador, con sede en Santa Tecla y su titular, por los presunto delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, en relación a la quema de ramadas en la Costa del Sol, en mayo de 2024.

«Se está presentando este aviso penal en contra de este juzgado debido a la falta de debido proceso que ha habido en este caso de la Costa del Sol. Hace un par de días se realizó precisamente el tema de la audiencia de vista pública que obviamente no lo conoció el proceso penal este Juzgado Ambiental, pero nació del juzgado Ambiental este caso de la Costa del Sol», informó el abogado y vocero de Unidehc, Rudy Joya.

El caso se relaciona con el desalojo y quema de ramadas de los comerciantes que ocurrió el 12 de mayo de 2024, donde más de 50 comerciantes perdieron sus pertenencias, entre ellas mesas, sillas y hamacas que formaban parte de los negocios de los vendedores de la zona costera.

Unidehc presentó este miércoles ante la FGR un aviso penal en contra del Juzgado Ambiental de San Salvador, con sede en Santa Tecla y su titular por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes en el caso Costa del Sol, por la quema de ramadas en dicha zona…. pic.twitter.com/cTcCdSZk0Z

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) February 5, 2025

Joya sostuvo que los comerciantes afectados esperan una indemnización por los daños causados a sus negocios cometidos por la alcaldía de La Paz Centro y el alcalde de dicha comuna, Armando Jirón, acusado de los delitos de incendio y actos arbitrarios.

«Nosotros lo que le estamos pidiendo a la jueza ambiental de que cumpla con lo dicho, que ella así como dijo de una reubicación, un reordenamiento, nosotros estamos esperando todavía esa reubicación», manifestó Elizabeth Jiménez, una de las vendedoras afectadas por la quema de ramadas en la Costa del Sol, en La Paz.

El vocero de Unidehc explicó que el delito de actos arbitrarios pudo haber dado inicio desde el Juzgado Ambiental, ya que los comerciantes aseguran que no fueron notificados que estaban siendo denunciados por contaminación ambiental.

«Los actos arbitrarios comienzan desde el proceso ambiental, desde el momento que no les notificaron a ellas que estaban siendo denunciadas por supuesta contaminación ambiental y que luego emiten un desalojo que es totalmente arbitrario o que la jueza de medio ambiente, no siguió el debido proceso como debe de ser», expuso Joya.

En mayo de 2024, la jueza ambiental de San Salvador con sede en Santa Tecla negó haber ordenado el desalojo de los vendedores y aseguró que hubo una «mala interpretación» por parte del personal de la alcaldía de La Paz Centro.

Ante ello, Joya señaló que junto al aviso penal, se presentó un escrito dirigido al fiscal general, Rodolfo Delgado, para conocer sobre los resultados de la vista pública en contra del edil de La Paz Centro.

El juicio se realizó en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, sin embargo, el abogado de Unidehc sostuvo que «no ha tenido el resultado que obviamente las comerciantes están esperando, que es el tema de resarcimiento», debido a que presuntamente se habría llegado a un acuerdo con la representación fiscal en el caso de la quema de las ramadas.

Según lo mencionado por el abogado, el alcalde de La Paz Centro reconoció en un 50 % los daños causados, pero no se abordó sobre las pérdidas materiales de los comerciantes de la zona.

El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador resolvió, en audiencia preliminar, que Ayrton Ricardo Villalta Vargas sea enviado a juicio por el homicidio de cuatro personas en una vivienda del barrio Santa Anita, en San Salvador, el 27 de diciembre de 2023.

“Se realizó la audiencia preliminar, en el cual se expuso todas las pruebas con la que cuenta la Fiscalía, que ha sido útil y pertinente y la cual ha sido muy basta para probar que el acusado fue la persona que realizó los homicidios a dos de sus familiares”, informó la fiscal del caso a través un video de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Villalta Vargas ingresó a la vivienda de las víctimas en donde se encontraban reunidos cuando cometió el crimen y posteriormente procedió a robar sus celulares y huyó en el vehículo de una de las víctimas.

“Los casquillos que se encontraron dentro de ese vehículo cuando obtuvo el disparo porque no quiso ser detenido con la policía concuerdan con los casquillos que se encontraron en la escena que fue en el barrio Santa Anita, casa #1031”, detalló la FGR.

Asimismo, agregó que cuentan con el barrido de manos y ropa que se le realizó al procesado al momento de su captura, dando positivo.

“Podemos probar que el acusado ese 27 de diciembre de 2023 aproximadamente a las 18:00 horas (6:00 p.m.) mató a cuatro personas, dos de ellas eran sus familiares, un amigo y la esposa de uno de sus primos”, sostuvo la representación fiscal.

En la audiencia se desarrolló el reconocimiento de personas, sobre las víctimas de robo agravado que hizo después que cometer el cuádruple homicidio, el cual señalaron dio positivo. Ante ello, se le suma el delito de hurto agravado.

La Fiscalía afirmó que Villalta Vargas es pandillero del Barrio 18 que operaba en el Barrio Santa Anita, San Salvador, por lo que también será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

El 27 de diciembre de 2023, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la escena de un cuádruple homicidio ocurrido en la casa #1031, en la 15 avenida Sur y 20 calle poniente, del barrio Santa Anita, en San Salvador.

La versión de la PNC fue que cinco personas (las víctimas y el acusado) estaban departiendo y tras una discusión, el imputado sacó su arma de fuego y les disparó a los demás.

Las víctimas fueron identificadas como: William Antonio Hernández, Noé Emmanuel Henríquez Ramírez, Gloria Guadalupe Villalta y Joseline Magali Rivas.

La captura de Ricardo Villalta se realizó tras una persecución policial, que finalizó en el Paseo General Escalón, cerca de la plaza Beethoven, donde para neutralizarlo los agentes de la PNC le dispararon a Villalta en su pierna izquierda.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador programó para el próximo 21 de febrero la lectura del fallo del caso en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por el delito de incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales.

Este martes se convocó a audiencia para dar a conocer si la Fiscalía General de la República obtuvo la certificación de un documento que el exdirector de Finanzas pidió fuera incorporado como prueba.

“La titularizadora respondió que el documento que se pretendió obtener este día está en poder de la Superintendencia del Sistema Financiero, entonces el Tribunal lo que va a optar es pedir el oficio para que se remita el documento”, explicó el abogado Jacobo Nolasco, defensor de Santos Omar Muñoz.

El documento corresponde a una titulación de la catalizadora de seguros que certificó a la Alcaldía con “grado A” en su gestión, lo cual se logró gracias al manejo que tuvo la comuna, según la argumentación de la defensa.

Ante ello, se ordenó que los fiscales remitan la certificación al Tribunal durante el tiempo de pausa, antes de que se emita una resolución del caso.

Con esto, los jueces del referido Tribunal dieron por finalizado este martes la vista pública del caso, donde son procesados el exedil junto con el exdirector de Finanzas, Santos Omar Muñoz; el extesorero, Fernando Portillo y el exrepresentante legal de Desechos Sólidos, Francisco Chacón.

Los cuatro exfuncionarios municipales son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.

Los jueces manifestaron que dicha fecha, donde se prevé conocer el resultado del caso, podría modificarse, debido a la extensa documentación a revisar antes de emitir una sentencia o absolución.

La semana pasada se realizaron los alegatos finales de parte de la defensa, con su respectiva réplica de parte de la Fiscalía, y están a la espera del fallo del Tribunal.

En su intervención, la FGR solicitó una condena de 22 años de cárcel, 16 por el delito de incumplimiento de deberes y 6 por el delito de retenciones tributarias.

En su derecho a la última palabra, el exalcalde Muyshondt denunció que la Fiscalía ejerció presiones sobre los tres procesados en el caso para que presentarán testimonios falsos.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

El Socorro Juridico Humanitario (SJH) expresó su rechazo a la reciente propuesta presentada en la Asamblea Legislativa, que busca permitir el encarcelamiento de menores de edad en prisiones de adultos.

La semana pasada, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro envió una iniciativa de reformas a la Ley Penal Juvenil, la cual pretende que los menores infractores en detención sean trasladados a centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales con «separación de pabellones».

“Cómo se les ocurre querer aprobar una reforma que sea capaz de llevar a un niño de 12, 13 años a estar mezclados con pandilleros como lo es en (el penal de) Izalco, a estar mezclados con pandilleros en el Cecot, donde sí están condenados”, cuestionó la directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, en una entrevista televisiva.

Escobar sostuvo que dicha medida viola los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.

“Quieren aprobar una reforma que sea capaz de llevar a un niño a mezclarse con pandilleros activos a donde hay un enorme hacinamiento, enfermedades, insuficiencia renal, gente que se está muriendo todos los días, cadáveres enterrados en fosas clandestinas dentro del centro penal de Izalco”, expresó.

En ese sentido, Escobar recalcó que los menores de edad tienen una protección especial, según los tratados internacionales, los cuales están por encima de la ley que buscan reformar.

La directora de Socorro Jurídico se refirió al caso de 11 menores de edad de Jiquilisco, Usulután, que son acusados por agrupaciones ilícitas.

Ellos fueron sentenciados por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel a cinco años en un centro de internamiento y cinco en libertad bajo medidas.

Escobar dijo que están en proceso de apelación de uno de los jóvenes y será denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Estamos en el proceso de apelación de esa sentencia. Vamos a casar la sentencia de ser necesario y vamos a ir a las Naciones Unidas”, expresó.

Recientemente, otros 10 menores de edad fueron enjuiciados por supuestas agrupaciones ilícitas, debido a un video divulgado en redes en el cual hacían señas alusivas a pandillas desde un centro escolar en Chalatenango.

De los 10 muchachos, los siete fueron absueltos y los tres condenados continuarán recluidos, cinco años de internamiento y cinco años de libertad asistida.

Escobar señaló que unos 3,200 menores de edad han sido capturados bajo el régimen de excepción, de los cuales al menos 1,800 han sido condenados.

A 34 meses de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, el Socorro Juridico Humanitario (SJH) denunció que al menos 366 privados de libertad han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño.

La representante de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, manifestó que se trata de una gran cantidad de reos que han muerto, pero que existen denuncias que las cifras podrían ascender a 1,000, «esto luego de ser víctimas de torturas y al ser negados de recibir atención médica».

«Son 366 víctimas mortales en centros penales actualizada a este día, pero quiero decir algo, 366 por lo menos porque son mas de 1,000 muertos, pero esta cifra puede ser el triple de personas fallecidas en centros penales, son más de 1,000 muertos y el gobierno lo sabe» declaró la directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, en una entrevista televisiva.

De acuerdo con los registros que la organización tiene sobre las muertes en centros penitenciarios, señalan que un 40 % fueron muertes violentas y un 30 % ocurrieron por negligencia médica.

Escobar señaló que la insuficiencia renal aparece constante en las causas de muerte, sin embargo, sostuvo que dicho padecimiento puede agravarse por el maltrato físico al interior de las cárceles.

Según expuso, la opinión de un médico forense del mandato de Muertes Extrajudiciales en Naciones Unidas indicó que una causa de la insuficiencia renal es una golpiza, razón por la que la mayoría de procesados que mueren por esa enfermedad, a pesar que sean jóvenes y tengan poco tiempo en prisión.

La directora de Socorro Jurídico aseveró que los detenidos que son enviados a centros penitenciarios sufren de golpizas, desde el primer día de internamiento.

¿Dónde se reportan las muertes?

El centro penal donde más han muerto personas detenidas del régimen de excepción ha sido la cárcel de Izalco, en Sonsonate, con un 40 %, el cual aseguró que «es el centro de muerte y tortura mas grande de este país».

Asimismo, Socorro Jurídico contabiliza que un 21 % de las muertes fueron en el Centro Penal La Esperanza, conocido como «Mariona», un 11 % fueron en Planteos y un 9 % en penal de Quezaltepeque.

Mientras que un 5 % de los decesos se reportaron en Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, en La Libertad, iguales porcentajes en penal de Santa Ana, y otras prisiones y un 4 % en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC).

Escobar enfatizó que en el Centro de Confinamiento contra el Terorismo (Cecot), donde los cabecillas de las pandillas están encarcelados, no se reportan muertes.

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 y sigue vigente a la fecha. Actualmente se reportan más de 85,000 personas detenidas señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas, bajo dicha medida.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, encargado del caso de difamación que involucra al exalcalde de San Miguel, Will Salgado, desestimó la juramentación de un perito propuesto por la defensa.

“Para este día había sido programada una diligencia relativa a tomar un juramento sobre una pericia que nosotros como defensa técnica habíamos solicitado para efectos contables y económicos”, informó el abogado del exalcalde migueleño, Luis Felipe Su00e1nchez.

El abogado señaló que las razones para no aceptar la juramentación del perito, se debe a que no cumplían con los requisitos necesarios para la aceptación de un nuevo peritaje.

Ante ello, Sanchez dijo que procederá a la lectura de la resolución dada este lunes en horas de la mañana, para determinar el mecanismo a seguir.

El abogado señaló que no pueden detallar más información del caso, debido a que está bajo reserva total, pese a que se presentó una solicitud para que se cambiará a una reserva parcial, sin embargo, fue negada.

El abogado agregó que la vista pública está programada para el próximo 12 de febrero a las 2:00 de la tarde.

Will Salgado es acusado de difamación en perjuicio de la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (Itexsal) por declaraciones que hizo dónde pondría en duda el uso de los fondos estatales que recibe la institución.

La demanda interpuesta fue por $3 millones, monto que Salgado declaró desde el inicio del proceso judicial que no tenía problema con pagar si perdía el caso.

En septiembre de 2024, los abogados de la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos presentaron una demanda en contra del exalcalde de San Miguel, Will Salgado, por el delito de difamación, por emitir presuntas declaraciones que ponen en duda el uso de los fondos estatales que recibe la fundación.

Según los abogados, Salgado afirmó que el dinero es utilizado para fines políticos, y en su pretensión pide que sea condenado y que pague $3 millones en concepto de daños y perjuicios.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente suspendió este lunes la instalación del juicio en contra de los ocho acusados en el proceso judicial de Santa Marta.

La vista pública fue suspendida por la inasistencia de los acusados al juicio, que se haría en el Centro Judicial de Cuidad Delgado, en San Salvador.

“Se suspendió y se reprogramó. Desconocemos cuáles fueron las causas y el Tribunal fue garantista, en el sentido que se les ha dado un tiempo prudencial para que los señores puedan comparecer al Tribunal y acrediten cual fue el motivo por el cual ellos no comparecieron este día”,
Carolina Herrador,
Abogada de la defensa, a la salida del centro judicial.

Carolina Herrador, abogada de la defensa confirmó que el juicio por el caso de Santa Marta fue suspendido y se dio un plazo de 5 días para que los acusados notifiquen porque no se presentaron al Centro Judicial de Cuidad Delgado.

Además, indicó que por el momento no se dio… pic.twitter.com/b0RMkMltPS

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) February 3, 2025

El juicio repetido estaba programado para desarrollarse del 3 al 6 de febrero, en las instalaciones del referido Centro Judicial.

La abogada señaló que el Tribunal de San Vicente dió un lapso de cinco días para que los acusados justifiquen las razones de su ausencia.

Además, aseguró que por el momento no se decretó orden de captura en contra de los acusados, ya que, primero deben presentar el motivo de su falta de asistencia este lunes.

“Estamos en un Tribunal bastante garantista, entonces los señores jueces todavía establecieron un periodo para que ellos se presenten y justifiquen, pero todavía no se ha girado la orden de detención”, indicó Herrador.

Previamente, la comunidad Santa Marta se reunió en frente al Centro Judicial de Ciudad Delgado, donde voceros leyeron un comunicado que enviaron los acusados, en el cual, manifestaron que no confían en el proceso judicial, “ya que no existe garantía de un juicio justo y legal, y exponernos a una decisión política arriesgando nuestras vidas”. Por ello, decidieron no presentarse.

Los ocho acusados del asesinato son:

1. Fidel Dolores Recinos Alas
2. Saúl Agustín Rivas Ortega
3. Teodoro Antonio Pacheco
4. Miguel Ángel Gámez
5. Pedro Antonio Rivas Laínez
6. Alejandro Laínez García
7. José Eduardo Sancho Castañeda
8. Arturo Serrano Ascencio

Ante ello, el juicio se reprogramó hasta el próximo mes de abril, específicamente del 9 al 11 del referido mes.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio contra ocho personas por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

La Fiscalía General de la República sostenía que los acusados, excombatientes del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

En la lectura del fallo, el 18 de octubre del año pasado, el referido Tribunal resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, principalmente, porque el caso no configuraba los requisitos como crimen de guerra.

La comunidad de Santa Marta siempre ha defendido que sus cinco líderes ambientalistas son inocentes y que se trata de un caso político relacionado con la lucha en contra de la Minería Metálica.

En enero de 2025, más de la mitad de las muertes registradas en accidentes de tránsito fueron peatones, revelaron los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Del 1 al 31 de enero, el Observatorio reportó 82 fallecidos en accidentes de tránsito, de las cuales 43 fueron personas que transitaban a pie, lo que representa al 52% del total de las víctimas.

Según se detalla, las muertes en percances viales reportaron una disminución de 11 casos en el primer mes, ya que en 2024 se contabilizaron 93 y este año 82, una reducción del 12%.

El promedio diario de muertes en accidentes viales en enero fue de dos casos, uno menos comparado a los tres que se contabilizaba en enero de 2024.

El Observatorio ha establecido una clasificación de usuarios vulnerables en las carreteras, en donde los peatones ocupan el primer lugar.

El segundo grupo de usuarios vulnerables más numerosos, en cuanto a fallecidos, son los motociclistas. El portal señala 18 personas fallecidas mientras se conducían en una motocicleta.

Los ciclistas también son considerados usuarios vulnerables y, según las estadísticas, al menos dos fallecieron mientras se transportaban en una bicicleta.

La principal causa de muertes en los percances es la distracción al conducir, la cual dejó 33 muertos, seguido de la velocidad excesiva con 14 y no respetar las señales de tránsito con 6 fallecidos.

El Observatorio de Seguridad Vial registra hasta el 31 de enero, 1,482 percances viales, un 11% menos que los 1,657 casos contabilizados en el mismo período de 2024.

Estos accidentes también dejaron a 937 personas lesionadas al cierre del primer mes del año 2025, un 1% más que los 926 registrados en 2024.

Los datos también exponen que hasta dicho periodo se detuvieron a 185 personas por conducción peligrosa, un 5% más que el año anterior.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) pronostica para este lunes un ambiente calido y nula probabilidades de lluvias.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el cielo estaru00e1 despejado por la mañana.

Mientras que durante horas de la tarde y la noche se prevé un aumentó de la nubosidad.

Los vientos seru00e1n del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, y del sureste por la tarde, con velocidades de 10 a 20 km/h y rafagas entre 30 y 40 km/h para todos los periodos.

Se pronostica un ambiente muy cu00e1lido, refrescando únicamente en la madrugada.

Asimismo, Medio Ambiente indica que continua el flujo del este acelerado, que por la tarde interactúa con la brisa marina, manteniendo algo de nubosidad y el ambiente cu00e1lido.

Las temperaturas para este lunes seru00e1n:

– San Salvador, entre 31 grados Celsius como mu00e1xima y mínima de 21 grados.

– Santa Ana, mu00e1xima 32 y mínima 20 grados Celsius.

– Acajutla entre 34 y 25 grados Celsius.

– La Libertad, entre 33 y 23 grados Celsius.

– San Miguel, entre 38 y 23 grados Celsius.

– Nueva Concepción, entre 36 y 23 grados Celsius.

– La Uniu00f3n, entre 34 y 23 grados Celsius.

El departamento con las temperaturas más altas este domingo fue La Libertad con 38.8 grados Celsius, según el Ministerio Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

De acuerdo con el reporte de Medio Ambiente, el segundo lugar con mayor temperatura fue Santa Rosa de Lima, en La Unión con 38.6 grados.

La tercera zona fue Santa Cruz Porrillo, San Vicente con 38.2 grados centígrados.

Mientras que Puente Cuscatlán registró temperaturas máximas de 37.7 grados Celsius, seguido de Nueva Concepción, Chalatenango con 37.6.

Por su parte, Puerto Parada, en Usulután y San Miguel alcanzaron temperaturas de 37.5 grados.

Chalatenango y Jucuarán, en Usulután registraron 37.3 grados de temperaturas, respectivamente.

El sector con las temperaturas menos cálidas fueron Perquín, Morazán; Berlín, Usulután y Volcán de San Vicente reportaron 26.8, 27.9 y 28.3 grados centígrados, respectivamente.

¿Cuál fue el lugar más frío?

En el otro extremo, Medio Ambiente indicó que en las primeras horas del domingo, Finca Los Andes, en Santa Ana fue el lugar con más bajas temperaturas con 11.1 grados.

Otro de los puntos con temperaturas mínimas fue Las Pilas, en Chalatenango con 12.3 grados Celsius y Planes de Montecristo, en Santa Ana con 12.9.

Los Naranjos, San Andrés y Apaneca, al occidente del territorio salvadoreño registraron 15, 15.6 y 16 grados centígrados, respectivamente.

Medio Ambiente pronosticó para este domingo que durante la tarde y la noche, se espera un aumento de la nubosidad y con ello la probabilidad de lluvias puntuales a lo largo de la zona norte y la cadena volcánica en todo el país.