Autor: Dania Quehl

  • Mil puestos fueron desmontados en el centro de San Salvador tras desalojo de vendedores

    Mil puestos fueron desmontados en el centro de San Salvador tras desalojo de vendedores

    Alrededor de mil puestos de trabajo que pertenecían a vendedores informales en el centro de San Salvador fueron desmontados el pasado fin de semana, informó este lunes el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.

    “En esta fase número cinco, en esta etapa dos son 2,500 vendedores (desalojados), 2.5 kilómetros de periféricos y 5 kilómetros lineales, todo esto realizado en seis manzanas urbanas, lo cual estamos hablando de un gran porcentaje del Centro Histórico”, indicó Durán en una conferencia de prensa.

    El alcalde señaló que con dicha intervención se cierra “un ciclo” de la comuna a tres años desde que empezaron las labores de desalojo de vendedores informales, específicamente en la Rubén Dario, y reveló que faltan sectores por intervenir.

    “Básicamente por la zona del Mercado Central, otra por la calle Arce que son pequeños lunares en nuestro sistema del centro de San Salvador de las 200 cuadras, estos se va a ir dando paulatinamente”, sostuvo el funcionario municipal.

    El último retiro de comerciantes forma parte de la quinta fase, etapa dos del Plan de Revitalización del Centro Histórico, en el cual se desmontaron negocios ubicados en la 4a calle Poniente, 5a avenida Sur y 7a avenida Sur, entre la calle Rubén Darío y la calle Gerardo Barrios. Así como, la 9a avenida Sur, en pasaje Guatemala y calle Gerardo Barrios y pasaje Colombia.

    En estos, el paso peatonal permanecerá cerrado durante esta semana, debido al retiro de escombros que quedaron de puestos intervenidos, donde más de 1,000 personas de limpieza serán los encargados de evacuar los restos de láminas.

    El edil aseguró que la movilización de vendedores se logró a través de diversas charlas informativas desde el año pasado, en las que “se estableció un periodo bien largo”, donde se llegaron a acuerdos con los comerciantes.

    Durán añadió que actualmente la comuna central cuenta con 32 mercados municipales, donde aseguró serán instalados los vendedores.

  • Estas son las calles con acceso peatonal en el Centro Histórico tras último desalojo de vendedores

    Estas son las calles con acceso peatonal en el Centro Histórico tras último desalojo de vendedores

    Luego de la movilización de vendedores informales ubicados en la 4a calle Poniente, de San Salvador, y sus alrededores, la alcaldía de San Salvador Centro, informó sobre las calles que pueden hacer uso las personas que circulen por el Centro Histórico.

    La comuna capitalina indicó el pasado fin de semana sobre un cierre temporal en al menos cinco calles cercanas al Mercado Hula Hula, por lo que recordó sobre los sectores que tendrán acceso peatonal.

    Según indicaron en su cuentra de X, las calles habilitadas son:

    • Calle Rubén Dario
    • Calle Gerardo Barrios
    • 4a calle Poniente
    • 6a calle Poniente
    • 1a avenida Sur
    • 3a avenida Sur
    • 7a avenida Sur
    • 9a avenida Sur
    • 11a avenida Sur
    • Avenida Cuscatlán

    El nuevo retiro de vendedores forma parte de la fase 5 del «Plan de Rehabilitación del Centro Histórico» que dio inicio el pasado fin de semana, donde fueron intervenidas al menos cinco calles, entre ellas, la 4a calle Poniente, calle Gerardo Barrios y el pasaje Colombia.

    Ante ello, las zonas que fueron intervenidas permanecen cerradas, debido a que personal de la municipalidad inició con la limpieza de aceras y calles donde hasta el pasado fin de semana se ubicaban vendedores informales.

    La semana pasada, los vendedores optaron por rematar sus productos para mitigar las pérdidas por el desalojo. La comuna ha asegurado que se ha reunido con los vendedores para explicarles el proceso para ingresar a los mercados municipales.

  • Gasolina regular y diésel bajarán sus precios esta próxima quincena

    Gasolina regular y diésel bajarán sus precios esta próxima quincena

    El precio de la gasolina diésel bajará hasta $0.04 en la zona de occidente y centro del país para la próxima primera quincena de marzo de 2025, informó este lunes la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

    Según la última tabla de precios compartidos por la entidad, la gasolina diésel marcará una reducción de $0.04 en la zona central y occidente, donde su precio de referencia será de $3.60 y $3.61, respectivamente. Mientras que al oriente del país, tendrá una baja de $0.03 y costará $3.65.

    Por su parte, la gasolina regular tendrá una disminución de hasta $0.03 en la zona oriental con un precio de $3.73. En cambio, en el centro y occidente reflejará una reducción de $0.02 y su precio será de $3.69 y $3.70, respectivamente.

    En el caso de la gasolina superior, la institución indicó que su precio de comercialización será igual que la quincena pasada. Es decir que el galón rondará entre los $3.90 y $3.94 a nivel nacional.

    La Dirección General de Energía es la encargada de actualizar cada quincena el precio de referencia de los combustibles y estos estarán vigentes a partir del 3 al 17 de marzo de 2025.

    Razones

    La DGEHM dijo que los últimos informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) informó sobre un aumento en las reservas de gasolina y diésel de Estados Unidos.

    Según la Dirección de Energía, la situación ha permitido lograr una estabilidad en sus precios internacionales.

    Asimismo, está ligado a negociaciones impulsadas por Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, “generando expectativas sobre un posible aumento en la oferta mundial del petróleo y sus derivados.”

  • Defensa de Muyshondt dice que apelará condena por incumplimiento de deberes

    Defensa de Muyshondt dice que apelará condena por incumplimiento de deberes

    La defensa del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, anunció este viernes que apelará la sentencia impuesta por el delito de incumplimiento de deberes.

    “Vamos hacer uso de ese derecho para hacer ver la inconformidad que tenemos con esa resolución, la forma cómo valoraron el tribunal esa prueba”, informó el abogado Óscar Argueta, defensa del exalcalde.

    Muyshondt fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, sentencia que fue emitida por el Tribunal Quinto Sentencia de San Salvador.

    “Es la pena mínima de los parámetros que establece la disposición permanente a lo que establece el incumplimiento de deberes”, señaló el abogado de la defensa.

    El exalcalde de la comuna capitalina está detenido provisionalmente desde el 4 de junio de 2021, sin embargo, la defensa explicó que por el delito condenado, la detención cesó en 2023.

    “La detención por estos delitos cesó en agosto de 2023, osea que él solo tiene cumplido por este delito dos años y un mes”, agregó.

    El exedil también es procesado por otro caso de negociaciones ilícitas, donde presuntamente entregó dinero a las pandillas a cambio de votos para la elección presidencial del año 2015 y la segunda vuelta de 2015.

    El juicio

    En el caso también están implicados el extesorero, Fernando Portillo, quien fue condenado a cuatro años por retención de cuotas laborales, mientras que el exdirector de Finanzas, Santos Omar Muñoz, y el exrepresentante legal de Desechos Sólidos, Francisco Chacón fueron absueltos de los delitos.

    Los cuatro exfuncionarios municipales fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias por $887 mil.

    La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

  • Eugenio Chicas seguirá procesado bajo detención provisional por enriquecimiento ilícito

    Eugenio Chicas seguirá procesado bajo detención provisional por enriquecimiento ilícito

    El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó en audiencia inicial que el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas permanezca en prisión mientras el caso avanza a fase de instrucción, por el delito de enriquecimiento ilícito.

    La Fiscalía solicitó en la audiencia que el caso tenga reserva total, petición que fue concedida por el juzgado encargado del caso.

    «Han nombrado una reserva extraña porque solo se está investigando a una persona natural, a una persona públicamente conocida por un caso de enriquecimiento ilícito que ya la cámara de lo civil manifestó que era lo que había sucedido en ese proceso. Este día le decretaron detención manejando que es una persona conocida y que viaja mucho», manifestó el abogado Fernando Meneses, a los periodistas al finalizar la audiencia.

    La audiencia se desarrolló a puertas cerradas con un fuerte dispositivo de seguridad para que el ingreso de Chicas no fuera captado por las cámaras.

    Previo a la audiencia, periodistas fueron retenidos por personal de seguridad del Centro Judicial Isidro Menéndez y miembros sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil, quienes en su momento dijeron que no había acceso a la prensa a las salas de audiencias.

    Tras gestiones con el área de comunicaciones del recinto judicial se permitió el acceso a la prensa para estar en el nivel de la audiencia, no así para el ingreso a la sala de audiencias.

    La esposa de Eugenio Chicas, Blanca Steffany Ayala, se mantuvo a las afueras del centro judicial hasta la finalización de la audiencia. / Dania Quelh.

    Por su parte, Blanca Steffany Ayala, esposa de Chicas junto a miembros del Bloque de Resistencia Popular y el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (Cofappes), se concentraron a las afueras del centro judicial de San Salvador para exigir la libertad del exfuncionario.

    Al terminar la audiencia, la Fiscalía General de la República no dio declaraciones a periodistas.

    Detención

    Eugenio Chicas fue detenido el pasado 13 de febrero, después de dejar a su hijo en el centro educativo donde asiste, y la Fiscalía afirmó que lo acusará por enriquecimiento ilícito de más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

    “Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días”, informó en su momento la Fiscalía en su cuenta de X.

    La familia defiende que Chicas siempre se ha mantenido en el país y que en ningún momento ha buscado huir a pesar de haber sido señalado de enriquecimiento ilícito y haber sido interpelado en dos ocasiones en la Asamblea Legislativa.

    Denuncia allanamiento

    Tras conocer la decisión judicial, Blanca Steffany Ayala, esposa de Eugenio Chicas, denunció que el 15 de febrero la Fiscalía General de la República hizo un allanamiento en su vivienda donde buscaban «maliciosamente» armas.

    «El pasado 15 de febrero se realizó un allanamiento en la vivienda que duró desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la madrugada, durante este procedimiento, los fiscales insistieron de manera maliciosa en preguntar de la supuesta existencia de armas y se llevaron documentos históricos, archivos personales y lo más indignante, la computadora de nuestro hijo, que por más que se les dijo que la revisaran, que vieran que no tenía nada, insistieron en llevársela», declaró Ayala.

    Ayala reiteró que se trata de una persecución política contra su esposo y que el patrimonio de él es fruto de sus años de trabajo.

  • Remiten a Eugenio Chicas a juzgados de San Salvador por acusación de enriquecimiento ilícito

    Remiten a Eugenio Chicas a juzgados de San Salvador por acusación de enriquecimiento ilícito

    El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas Martinez fue remitido la tarde de este jueves al Centro Judicial Isidro Menendez, en San Salvador para ser acusado por enriquecimiento ilícito, un delito por el que fue hallado responsable civilmente en noviembre de 2024.

    Al llegar a tribunales se declaró perseguido político.

    La remisión a los juzgados responde a que la Fiscalía General de la República (FGR) les lee el requerimiento de acusación con los cargos por los que enfrentarán el proceso penal.

    El requerimiento de acusación será entregado en el Juzgado Primero de Paz, donde se llevará el proceso judicial.

    “Somos presos políticos de (Nayib) Bukele. Esta es una persecución política, soy inocente, soy preso político de Bukele, libertad para los presos políticos”, gritó Chicas ante periodistas a su llegada al centro judicial custodiado por agentes policiales y de la Fiscalía.

    Eugenio Chicas fue detenido el pasado 13 de febrero, después de dejar a su hijo en el centro educativo donde asiste, y la Fiscalía afirmó que lo acusará por enriquecimiento ilícito de más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

    “Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días”, informó en su momento la Fiscalía en su cuenta de X.

    La familia defiende que Chicas siempre se ha mantenido en el país y que en ningún momento ha buscado huir a pesar de haber sido señalado de enriquecimiento ilícito y haber sido interpelado en dos ocasiones en la Asamblea Legislativa.

    Ante la detención, la comunidad Santa Marta señaló que Chicas es un testigo clave del juicio contra los líderes comunitarios que han denunciado la reactivación de la minería y que ahora, la Fiscalía procesa por un caso de asesinato del conflicto armado.

    Proceso Civil

    La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador encontró responsable, en noviembre de 2024, a Chicas y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito y lo sentenció a reintegrar más de $202 mil.

    Según el fallo de la Cámara, Chicas debe devolver la suma de $173,705.57; su esposa Blanca Ayala Martínez, la suma de $11,282; su hijo Carlos Chicas González, $1,080.44; y su excónyuge Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50.

    En la sentencia se inhabilitó a Chicas para ejercer un cargo público durante los próximos diez años.

    Sin embargo, dicha resolución fue apelada ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que aún no hay respuesta definitiva del caso.

  • Presentan requerimiento contra exempleado administrativo de la PNC acusado de soborno

    Presentan requerimiento contra exempleado administrativo de la PNC acusado de soborno

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves el requerimiento de acusación en contra de Luis Roberto Quezada Cuestas, un exempleado administrativo de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de cohecho impropio, es decir, soborno.

    “Por estos hechos, ocurridos en diciembre del año pasado, se le procesa por el delito de cohecho impropio en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente a una víctima”, explicó la Fiscalía General de la República (FGR).

    El ente fiscal explicó que Quezada “exigía dádivas a cambio de otorgar alguna licitación a la víctima”.

    El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, donde enfrentará audiencia inicial.

    Quezada fue detenido en el interior de la Subdirección de Administración y Finanzas de la Policía. Las instituciones no dieron más información sobre el caso.

  • Decretan medidas sustitutivas para conductora que causó accidente en La Cima

    Decretan medidas sustitutivas para conductora que causó accidente en La Cima

    El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, decretó, en audiencia inicial que, Laura Isabel Moreira de Ramírez, conductora que protagonizó un accidente en la colonia La Cima tenga medidas sustitutivas a la detención mientras el caso pasa a fase de instrucción.

    “Por el momento se pasa a la siguiente etapa procesal con medidas sustitutivas a la detención que pidió la Fiscalía (General de la República)”, informó Francisca Elba Morán Zepeda, abogada de Silvia Patricia de Moreno, esposa de la víctima mortal, César Moreno.

    Las medidas corresponden a presentarse a los juzgados a firmar, no cambiar de residencia y no salir del país.

    La abogada Morán señaló que en la audiencia se buscó conciliación con la familia de la víctima fallecida, sin embargó, no se logró.

    “Mo hay conciliación de parte de la ofendida, la esposa de la persona que falleció, no hay conciliación, talvez en la siguiente etapa ya que esta muy baja la parte que ellos manifestaron están de acuerdo de conciliar”, dijo la abogada.

    Según detalló la presentación de la imputada ofrecía un monto de $3,000, pagados en dos pagos, el cual no fue aceptado por la familia de la víctima.

    “Nosotros por el momento solicitamos $20,000, puede haber una negociación más allá”, sostuvo Morán y añadió que el proceso será remitido al Juzgado de Tránsito.

    La imputada fue acusada por los delitos de conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas luego que impactará contra un vehículo rojo al que arrastró varios metros, en la colonia La Cima.

    Moreira de Ramírez, de 70 años de edad, protagonizó el 20 de febrero un accidente de tránsito en calle antigua a Huizucar, en la colonia La Cima, frente a la gasolinera de Loma Linda, en San Salvador.

    En el percance murió César Arquímedes Moreno, de 35 años, y dos personas resultaron lesionadas.

    En el caso de las personas lesionadas, se mencionó que se encuentran hospitalizadas, una de ellas en estado en coma, “y no se sabe aún si puede vivir o morir”.

    La abogada añadió que no se acordó conciliación en representación de las víctimas heridas.

    La detenida conducía una camioneta, a la cual mencionaron que se le fueron los frenos en un sector donde la calle tiene una pendiente, lo que propició el fuerte accidente.

    Sin embargo, la abogada de la familia de la víctima mortal aseguró que el vehículo no presentaba fallas mecánicas, como alega la defensa de la procesada.

    “Ningún desperfecto porque ahí traen las pericias que se han realizado en Grupo Q, en donde ha llegado el requerimiento que no tenía desperfectos mecánicos”, destacó la abogada Morán

    Por su parte, los abogados de la Moreira de Ramírez señalaron que lograron conciliar con una de las víctimas en el lugar del accidente.

    “Un acuerdo económico en el que se ha resarcido a la persona que ha resultado lesionada”, dijo Carlos Menjivar, abogado de la procesada.

    Dicha conciliación fue de $300 a una persona que se encontraba entregando un pedido de comida cerca de la vía cuando ocurrió el percance.

    La defensa de la imputada sostiene que se trató de un hecho “involuntario” que se dio debido a fallas mecánicas “que pasa de forma continua aún en aparatos de alta tecnología”.

    Además, confirmaron que la conductora estaba “bajo un control médico”.

    “Para el derecho penal no hay comisión de hechos delictivos, ya que la persona estaba cumpliendo con todas las recomendaciones, con toda las prescripciones médicas y respetando la normativa de tránsito”.

    El video del accidente fue compartido por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, el 20 de febrero a las 6:49 de la noche.

  • Acusan a conductora que causó accidente en La Cima

    Acusan a conductora que causó accidente en La Cima

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer la acusación formal en contra de Laura Isabel Moreira de Ramírez, de 70 años de edad, quien protagonizó un accidente de tránsito en calle a Huizucar, en la colonia La Cima, frente a la gasolinera de Loma Linda, en San Salvador.

    La información fue confirmada por fuentes de Centros Judiciales a Diario El Mundo e indicaron que la audiencia inicial está programada para mañana, 27 de febrero a las 10:00 de la mañana en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.

    Moreira de Ramírez fue acusada por los delitos de conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas luego que impactará contra un vehículo rojo al que arrastró varios metros, en la colonia La Cima.

    La detenida conducía una camioneta, a la cual el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo se le fueron los frenos en un sector donde la calle tiene una pendiente, lo que propició el fuerte accidente.

    Ayer, el ministro Rodríguez, aseguró en una entrevista televisiva que la conductora está detenida y deberá seguir el proceso legal.

    El múltiple accidente de tránsito ocurrió el pasado jueves 20 de febrero, en el cual resultaron involucrados seis vehículos sobre la antigua calle a Huizúcar frente a la gasolinera de Loma Linda, en San Salvador.

    En el percance murió César Arquímedes Moreno, de 35 años, y dos personas resultaron lesionadas.

    La Policía Nacional Civil (PNC) identificó un día después del incidente a Moreira de Ramírez, como la conductora de la camioneta, que conducía a excesiva velocidad.

    El video del accidente fue compartido por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, el 20 de febrero a las 6:49 de la noche.

  • Unidehc denuncia captura de Fidel Zavala y persecución política contra sus miembros

    Unidehc denuncia captura de Fidel Zavala y persecución política contra sus miembros

    La abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidehc), Ivania Cruz, denunció este martes la «captura arbitraria» contra Fidel Zavala, quien en julio de 2024 denunció torturas en las cárceles y luego se convirtió en vocero de Unidehc, una organización dedicada a asesorar víctimas de violaciones de derechos humanos.

    De acuerdo con la vocera de Unidehc, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Zavala en oficinas jurídicas privadas de la organización.

    Agregó que policías se presentaron a la casa de la familia de Zavala, «donde supuestamente tienen orden de allanamiento pero no quieren entregar dicha orden y amenazan con abrir a la fuerza», dijo Cruz.

    La abogada de la organización lo calificó como persecución política, «un caso que están fabricando en contra de los miembros de Unidehc, criminalizando las organizaciones». El 9 de febrero, también fueron arrestados dos integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad, que eran asesorados por Unidehc y que ayer fueron acusados de venta ilegal de terrenos ante juzgado de paz.

    Cruz expresó que se han aprovechado de su ausencia en el territorio salvadoreño, así como del abogado Rudy Joya, también de Unidech, para cometer realizar los allanamientos en las oficinas de la organización y en las viviendas de sus miembros. «Denuncio la captura arbitraria de Fidel Zavala», dijo.

    Zavala fue acusado en 2022 del delito de estafa y pasó detenido 13 meses en los centros penales de Mariona y la Granja de Santa Ana; cuando salió libre, denunció en Fiscalía General de la República maltratos y torturas por las autoridades durante su proceso penal. En 2024, el Tribunal determinó que no hubo delito y fue absuelto, sin embargo, la FGR pidió que se repita el juicio. Hasta el momento, dicho proceso se encuentra pendiente.

    En ese entonces, el abogado Rudy Joya informó que iniciaron los trámites para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene medidas de protección contra Zavala, debido a que es testigo de casos de tortura en las cárceles. El caso en la CIDH aún no tiene respuesta.

    Denuncian «persecución»

    La vocera de Unidehc informó la tarde del martes que su vivienda estaba siendo allanada arbitrariamente en donde se encuentra su madre, quien indicó padece de diabetes.

    «En estos momentos, mi casa está siendo allanada arbitrariamente, es de conocimiento público que yo no me encuentro en el país, en estos momentos está mi madre que es una persona adulto mayor diabética y que únicamente no se opuso al procedimiento y que solicitó hacer una espera en lo que el abogado llegaba para la revisión de los documentos que supuestamente llevan», dijo Cruz, en un video compartido a las 4:56 p.m. de este martes.

    Alma Cruz, madre de Ivania, dijo en grupos de WhatsApp de medios de comunicación: «En estos momentos, se ha presentado la Policía a mi casa y quieren hacer un allanamiento a mi casa, dicen que traen orden para hacerla, así que están empujando las puertas de mi casa y van a votar todo».

    La vocera de Unidehc informó que se encuentra en España presentando denuncias sobre violaciones a los derechos humanos ante congresos, movimientos y organizaciones que velan por el bienestar de las personas capturadas.

    Allanamiento por caso La Floresta

    La abogada informó posteriormente que el allanamiento de las oficinas de la organización durará cinco días y «han expresado que es por el caso La Floresta», por lo que los asistentes jurídicos «están pendientes que no tengan que tocar que no tengan nada que ver con el caso» ni oficinas privadas que se encuentran en el mismo recinto.

    «Si se llevan un documento de otros casos que nosotros representamos sería un acto arbitrario», dijo Ivania Cruz.

    Cruz denunció que «quebraron la puerta principal» para ingresar a su vivienda en donde su madre pidió «la asistencia de un abogado sin obstruir la justicia» y le quitaron el celular. La abogada aseguró que «quieren fabricar un caso» a miembros de Unidehc y que están aprovechando su ausencia para usar el aparato estatal para realizar «este tipo de abusos».

    «He recibido llamadas a nivel internacional, estoy expresando toda la situación, he documentado, tengo videos y fotos de lo acontecido en las oficinas, de mi vivienda, voy a seguir alzando la voz pase lo que pase. Este es un motivo más para seguir denunciando, alto a la persecución política de El Salvador», expresó.

    Organizaciones, como el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (Cofappes) y el Movimiento Universitario de Pensamiento Critico, manifestaron su apoyo a Unidehc y consideraron que se trata de una «persecución política».