Autor: Dania Quehl

  • Tribunal sentenció a 82 años de cárcel a autor de masacre en barrio Santa Anita

    Tribunal sentenció a 82 años de cárcel a autor de masacre en barrio Santa Anita

    El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 82 años de cárcel a Ayrton Ricardo Villalta Vargas, tras ser declarado culpable de un cuádruple homicidio en el barrio Santa Anita, en San Salvador ocurrido en el año 2023.

    La sentencia fue impuesta la tarde de este lunes, luego que en las primeras horas del día se instalará el juicio en su contra, donde fue procesado de los delitos de homicidio simple, robo agravado y hurto de vehículo automotor.

    Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que el imputado junto a otras cuatro personas (las víctimas) se encontraba departiendo bebidas alcohólicas en una casa cuando Villalta Vargas disparó en contra de las personas.

    Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2023, cuando la corporación policial informó de la escena de un cuádruple homicidio ocurrido en una vivienda del barrio Santa Anita, en San Salvador. Tras cometer los asesinatos, el imputado huyó en el vehículo de una de las víctimas y condujo por las calles de la capital.

    Las víctimas fueron identificadas como: Noé Emmanuel Henríquez Ramírez, Joseline Magali López Rivas, Gloria Guadalupe Villalta Laines y William Antonio Hernández Villalta. Las últimas dos víctimas fueron reconocidas como tía y primo del condenado.

    Posteriormente, alrededor de las 7:00 de la noche en una cervecería, Villalta Vargas le robó a una mujer su celular y cartera al apuntarle en la cabeza un arma de fuego, según relató la víctima durante la vista pública.

    Por estos hechos, el juez del tribunal impuso una pena de 64 años de cárcel (16 años por cada uno de los asesinatos), 8 años por robo agravado y 10 años por el delito de hurto de vehículo automotor, sumando un total de 82 años de prisión.

    Ademas, se ordenó al imputado a pagar $3,000 en concepto de responsabilidad civil por cada homicidio, más $175 de compensación por robo a la otra víctima. La Fiscalía había solicitado una pena de 144 años de cárcel.

    La captura de Villalta Vargas se realizó el mismo día de los asesinatos tras una persecución policial, que finalizó en el Paseo General Escalón, cerca de la plaza Beethoven, en San Salvador, donde fue neutralizado por agentes de la PNC.

    El juicio

    Durante la vista pública, se presentaron exámenes forenses determinaron que las víctimas sufrieron heridas “penetrantes” de bala en las zonas de cráneo y tórax a causa de las heridas del arma de fuego utilizada. Además de exámenes toxicológicos revelaron que dos de las víctimas habían consumido drogas.

    Asimismo, se conoció la declaración de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes inspeccionaron la escena del crimen y participaron en la persecución policial en contra del condenado.

    Al igual, se presentó la declaración anticipada de una menor de edad que estuvo presente al momento del delito, quien identificó al imputado en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos.

  • Defensa de Catalino Miranda solicitará absolución de procesos judiciales tras su muerte

    Defensa de Catalino Miranda solicitará absolución de procesos judiciales tras su muerte

    La defensa del empresario del transporte colectivo, Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, informó que solicitará el sobreseimiento definitivo, es decir su absolución, de los procesos judiciales en su contra, una vez se acredite y formalice ante las instancias judiciales su fallecimiento.

    “Procede un sobreseimiento de carácter definitivo que corresponde con él”, afirmó el abogado defensor, Rolando Aparicio, quien explicó que se encuentran a la espera del acta de defunción oficial para presentar la petición ante las autoridades judiciales competentes.

    «Necesitamos un acta de defunción para establecer el fallecimiento del señor Miranda, y ya teniendo esa acta de defunción nos vamos a avocar a las instancias correspondientes solicitando el sobreseimiento definitivo que corresponda según derecho».
    Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda.

     

    Previo a su deceso, Miranda enfrentaba cargos en distintos procesos penales, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó del delito de falsedad material, por supuestamente haber falsificado una cancelación de hipoteca por un préstamo de $1,800,000.

    En este caso también son procesados José Braulio Miranda, Adalberto Antonio Miranda, y Josué Adalberto Segovia, quienes presuntamente junto al empresario de transporte público hicieron un préstamo por la referida cantidad donde pusieron como garantía dos inmuebles y 78 buses, y que en el año 2021 dejaron de pagar.

    Dicho proceso habría sido conocido este lunes por el Juzgado Cuarto de Instrucción en una audiencia de instrucción, sin embargo, ante el reciente fallecimiento del acusado principal se deberá proceder con la documentación para desestimar las acusaciones.

    Por otra parte, ante el Tribunal Quinto de Sentencia era ventilada una acusación por el delito de falsedad ideológica, por presuntamente utilizar una documentación financiera falsa con la intención de acceder a un crédito de $2,650,000. En este tambien son imputados José Braulio Miranda y a Josué Adalberto Segovia.

    Según la defensa, con la muerte de Miranda se altera significativamente el desarrollo de los casos e implica un giro en la estrategia de defensa, en la cual se tenía previsto la participación activa del empresario con la presentación de pruebas documentales, periciales y testimoniales durante las audiencias, «la cual no vamos a poder incorporar, entonces vamos a replantear esa defensa con los demás imputados».

    «Es un motivo que nos ha venido a distorsionar todo lo que eran los instructivos de defensa tanto técnica como material porque él iba hacer uso de ese derecho por mandato constitucional, sin embargo, nos ha venido a mover el escenario porque Fiscalia necesita tener por establecido el fallecimiento y eso tiene que ser documentado con un acta de defunción, la cual en razón de las horas no contamos con dichas actas», expuso el abogado Aparicio.

    Catalino Miranda falleció la madrugada del 29 de septiembre de 2025, luego que fuera ingresado para recibir tratamiento médico debido a su grave estado de salud por una insuficiencia renal grave y metástasis producto de un cáncer, condiciones que habían deteriorado su estado de salud.

    El empresario del empresario de las rutas de buses y microbuses 42 y 142 llevaba 25 días bajo libertad tras obtener medidas alternas a la detención de parte del Juzgado Cuarto de Instrucción y el Tribunal Quinto de Sentencia, el 3 y 4 del presente mes, debido a su misma situación de salud.

    Catalino Miranda fue detenido el 12 de marzo de 2022 en la noche,por incrementar ilegalmente el pasaje en las rutas 42 y 152, de su empresa Acostes de R.L., y por obstruir la vía pública con sus microbuses.

    Por este delito fue condenado a tres años de cárcel, en mayo de 2023, mediante un juicio abreviado, donde confesó que aumentó el costo del pasaje en las rutas 42 y 152. El empresario estuvo en prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona».

  • Catalino Miranda tuvo una recaída y permaneció hospitalizado una semana antes de morir

    Catalino Miranda tuvo una recaída y permaneció hospitalizado una semana antes de morir

    El empresario del transporte colectivo, Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, permaneció hospitalizado durante una semana antes de su fallecimiento, debido a una recaída relacionada con sus padecimientos crónicos de salud, informó su abogado Rolando Aparicio.

    De acuerdo con su abogado, Miranda fue ingresado para recibir tratamiento médico tras presentar complicaciones en su estado de salud, sin embargo, no respondió al tratamiento.

    «Él tuvo una recaída y se hospitalizo para darle tratamiento respectivo pero ya no reacciono al tratamiento razón por la cual ha fallecido este dia. Estuvo (hospitalizado) como una semana».
    Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda.

    El abogado también señaló que el empresario de las rutas de buses y microbuses 42 y 142  enfrentaba un cuadro clínico complejo desde antes de su liberación, cuando logró salir de prisión tras obtener medidas alternas a la detención de parte del Juzgado Cuarto de Instrucción y el Tribunal Quinto de Sentencia, el 3 y 4 de septiembre de 2025, debido a su misma situación de salud.

    Según explicó, Catalino Miranda padecía de insuficiencia renal grave y metástasis producto de un cáncer, condiciones que habían deteriorado en su estado de salud.

    «Él desde antes que lo liberarán ya era una situación crítica, tenía insuficiencia renal grave, tenía una metástasis en razón de un cáncer, entonces el aparentaba estar bien pero por dentro ya sus órganos ya estaban bien dañados».
    Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda.

    Catalino Miranda murió la madrugada de este lunes, debido a los padecimientos crónicos que habían empeorado en prisión durante los últimos meses, confirmaron sus familiares y abogados de la defensa.

    La detención

    Catalino Miranda fue detenido el 12 de marzo de 2022 en la noche,por incrementar ilegalmente el pasaje en las rutas 42 y 152, de su empresa Acostes de R.L., y por obstruir la vía pública con sus microbuses.

    Por este delito fue condenado a tres años de cárcel, en mayo de 2023, mediante un juicio abreviado, donde confesó que aumentó el costo del pasaje en las rutas 42 y 152. Durante su detención, Catalino Miranda estuvo en prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona»,

    Ademas, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al empresario del delito de falsedad material, por supuestamente haber falsificado una cancelación de hipoteca por un préstamo de $1,800,000, delito presuntamente cometido junto a otras dos personas más.

    Paralelamente, Miranda enfrentaba otro proceso penal ante el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito de falsedad ideológica, en el que se le acusa de utilizar una documentación financiera falsa con la intención de acceder a un crédito de $2,650,000.

    Mientras estuvo en prisión, el empresario del transporte expuso a través de sus abogados las enfermedades que tenía como una insuficiencia renal y una metástasis pulmonar, razones por las que se solicitó medidas sustitutivas a la detención, las cuales fueron otorgadas hace 25 días.

    Entre las medidas que fueron impuestas eran que Miranda permaneciera en su casa, no salir del país y que una vez al mes la Policía Nacional Civil acudiría a su residencia para verificar su permanencia en el lugar.

  • Condenan a 66 años de cárcel a hombre por el feminicidio y violación de una niña en La Campanera

    Condenan a 66 años de cárcel a hombre por el feminicidio y violación de una niña en La Campanera

    El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de San Salvador condenó a 66 años de cárcel Edwin Mauricio Alvarado Lazo, responsable del asesinato de una niña de 7 años en reparto La Campanera, Soyapango en 2023.

    Alvarado Lazo fue procesado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de feminicidio agravado y agresión sexual en perjuicio de la niña Melissa H.

    El crimen ocurrió en el reparto La Campanera, Soyapango, municipio de San Salvador Este, el 10 octubre de 2023 y de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el imputado privó de libertad a la niña Melissa H., la trasladó a su vivienda para violarla y quitarle la vida.

    Las investigaciones del Ministerio Público también detallan que la menor se dirigía a un parque cercano para jugar cuando fue interceptada por Alvarado Lazo y tras cometer los crímenes antes mencionados, el cuerpo de la víctima fue encontrado abandonado en un saco, cerca de una zona verde.

    A raíz del hallazgo del cuerpo de la menor, se produjo la captura de Alvarado Lazo, el día 11 de octubre de 2023.

    Por estos hechos, el Juzgado impuso una pena de 50 años de cárcel por el  delito de feminicidio agravado y 16 por agresión sexual, que suman un total de 66 años de prisión.

    La niña fue reportada como desaparecida por sus familiares un día antes y fue encontrada a escasas viviendas donde residía junto a su hermano y su madre, en referida colonia de Soyapango.

  • Niños menores de 9 años de edad concentran el 65 % de los pacientes por neumonía, según Minsal

    Niños menores de 9 años de edad concentran el 65 % de los pacientes por neumonía, según Minsal

    Los niños menores de 9 años de edad concentran el 65 % de los pacientes identificados por neumonía en El Salvador, revelan los datos actualizados del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsal).

    Las cifras compartidas en el portal de vigilancia epidemiológica detalla que, del 1 de enero al 13 de septiembre se registraron 10,502 personas con neumonía, de los cuales 6,838 casos fueron identificados entre menores de 0 a 9 años de edad, dato que equivale al 65 % del total de pacientes a causa de dicha enfermedad.

    En detalle, las autoridades de Salud indican que los niños entre el primer año de vida y los cuatro, contabilizan 3,132 casos con la enfermedad, mientras que los menores de un año de vida reportan 2,349 pacientes con neumonía y entre los 5 y 9 años de edad los casos por dicha enfermedad alcanzaron los 1,357.

    En el caso de las personas mayores de 60 años de edad, se contabilizaron 2,059 pacientes con neumonía. El resto de las personas que fueron identificados con dicho padecimiento rondan entre los 10 y 59 años de edad.

    La neumonía es una infección que ataca a uno o ambos pulmones, siendo una enfermedad que puede desarrollarse después de haber estado en contacto con agentes virales, es decir infecciones virales, como resfriados o gripe y que de no ser tratada en sus primeras etapas puede ser mortal, especialmente para niños menores de 5 años de edad y adultos mayores de 60 años.

    En su última actualización, el Ministerio de Salud informó que en las últimas tres semanas se han confirmado 829 casos de neumonía. Del 24 al 30 de agosto se registraron 285 pacientes, la semana siguiente fueron 278, y entre el 7 y el 13 de septiembre se contabilizaron 266 casos. El promedio semanal de casos por dicha enfermedad ronda los 270 casos.

    La cartera de Salud también contabiliza 9,726 egresos hospitalarios por la misma enfermedad, es decir, personas que estuvieron ingresadas. Asimismo, señala hasta la cuarta semana del mes de junio, una letalidad de pacientes por neumonía del 2.9 %, sin embargo, no detalla el número de fallecidos causados por la enfermedad.

    De igual forma, los datos señalan que al menos 15 municipios reportan una mayor afectación por la enfermedad, estos son: Santa Ana Oeste, Sonsonate Centro, La Libertad Centro, La Libertad Oeste, La Libertad Costa, Chalatenango Centro, Chalatenango Sur, San Salvador Norte, La Paz Centro, Usulután Norte, Usulután Este, Morazán Norte, Morazán Sur, La Unión Norte y La Unión Sur. Mientras que 27 de los municipios se ubican en «leve» y «moderada» afectación y solo dos no reportan afectaciones.

    Sin embargo, las autoridades de Salud afirman que el corredor endémico de las neumonías se encuentra en «zona de éxito».

    Enfermedades respiratorias

    Por otra parte, el Minsal reporta hasta el 13 de septiembre del presente año, 964,166 casos por infecciones respiratorias agudas y solo en las últimas tres semanas actualizadas se registraron que 79,912 salvadoreños fueron diagnosticados con padecimientos respiratorios.

    Asimismo, expone que en El Salvador, hasta la segunda semana de septiembre, han circulado otras enfermedades respiratorias como virus sincitial respiratorio con 55 pacientes identificados, rinovirus con 49 casos, influenza tipo A (H1N1) estacional con 40, parainfluenza con 21 pacientes, adenovirus con 10 casos e influenza tipo B con ocho casos confirmados.

    Según el corredor endémico, las infecciones respiratorias agudas se encuentran en «zona de éxito», al igual que infecciones respiratorias agudas graves.

  • Casos de dengue confirmados aumentan a 158 hasta primeras semanas de septiembre

    Casos de dengue confirmados aumentan a 158 hasta primeras semanas de septiembre

    El número de pacientes confirmados con dengue en El Salvador superan los 150 casos hasta las primeras dos semanas de septiembre de 2025, según la última actualización del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsal).

    Las cifras compartidas en el portal de vigilancia epidemiológica revelan que, desde el 1 de enero al 13 de septiembre del presente año se identificaron un total de 158 pacientes que resultaron positivos a dengue, mientras que 4,396 han sido casos sospechosos por dicha enfermedad.

    Las autoridades de salud registran un constante aumento en los casos de dengue, y es que solo entre las semanas epidemiológicas 35, 36 y 37 (del 24 de agosto al 13 de septiembre) se registraron 19 pacientes confirmados de arbovirosis;  siete casos en la última semana de agosto y seis en las dos semanas del presente mes, respectivamente. Entre estos casos se identificó uno en estado grave.

    Desde el mes de junio, las autoridades de Salud señalan en sus reportes que los pacientes confirmados con dengue rondan entre los cinco y siete casos por cada semana, a excepción de la semana 33 (del 10 al 16 de agosto) que se confirmaron ocho casos y desde entonces, las cifras no disminuyen del margen.

    El dengue es una infección causada por el zancudo Aedes aegypti, el cual utiliza los ambientes húmedos y recipientes con agua para depositar sus huevos y reproducirse, especialmente durante el periodo de invierno por la mayor ocurrencia de lluvias, un escenario idóneo para la proliferación del vector que propaga este virus.

    Las autoridades de Salud contabilizan 161 egresos hospitalarios por la misma enfermedad, es decir, personas que estuvieron ingresadas. Con respecto a las muertes por dicha enfermedad, el Minsal registra tres fallecidos, el último fue reportado en la semana 34 (del 17 al 23 de agosto), previo a la más reciente actualización del portal.

    Pese a la permanente identificación de casos positivos, el boletín actualizado hasta la segunda semana de septiembre indica que la situación del dengue está en «zona de seguridad».

    Casos sospechosos

    El boletín de Salud, también registra los casos sospechosos de dengue, los cuales en las últimas tres semanas reportan una leve disminución, ya que la semana epidemiológica 35 (del 24 al 30 de agosto) se contabilizaron 167 casos sospechosos de dengue, sin embargo, la siguiente semana bajaron a 166, mientras que la semana 37 (del 7 al 13 de septiembre) alcanzaron los 161 casos sospechosos.

    Es decir que, solo en las últimas tres semanas actualizadas por el Minsal, los casos sospechosos de dengue sumaron 494 a causa de dicha enfermedad.

    Sobre esto, los grupos vulnerables identificados son los menores de edad. Los datos, indican que los niños y adolescentes entre los 5 y 19 años de edad contabilizaron 2,823 del total de sospechas por la enfermedad. A estos le siguen los infantes entre 1 y 4 años, que reportó 559 casos, mientras que los adultos entre los 20 y 59 años de edad registró 804 casos sospechosos de dengue.

    Los otros grupos vulnerables menores al primer año de vida, que contabilizaron 145 y los adultos mayores de 60 años reportaron los 65 casos sospechosos de dengue.

    Por otra parte, el Minsal detalla que al menos 22 municipios del territorio salvadoreño reportan una «leve afectación» por del dengue, los cuales la mayoría corresponde a la zona centro y occidente del país. Según el mapa de estratificación de riesgo, los municipios afectados son:

    1. Ahuachapán Norte
    2. Ahuachapán Centro
    3. Sonsonate Centro
    4. Santa Ana Centro
    5. Santa Ana Este
    6. La Libertad Norte
    7. La Libertad Centro
    8. La Libertad Oeste
    9. La Libertad Sur
    10. La Libertad Este
    11. San Salvador Norte
    12. San Salvador Oeste
    13. San Salvador Centro
    14. San Salvador Sur
    15. San Salvador Este
    16. Cuscatlán Norte
    17. Cuscatlán Sur
    18. La Paz Oeste
    19. La Paz Este
    20. San Vicente Sur
    21. San Miguel Oeste
    22. San Miguel Centro

    Asimismo, la última actualización del boletín epidemiológico expone que 26 municipios reportan un índice larvario del 4% al promedio nacional, mientras que 16 municipios reportan un índice larvario arriba del promedio nacional y solo dos municipios reportan un índice larvario por debajo del 4 %.

    Las estadísticas también revelan que hasta la semana 37 del año lectivo se tuvieron 16 casos sospechosos de chikungunya y 31 sospechosos por zika, pero en la entidad señala en su boletín que no hay casos positivos por estas enfermedades.

  • Seguirá detenido un hombre acusado de intentar asesinar a un compañero de trabajo en San Salvador 

    Seguirá detenido un hombre acusado de intentar asesinar a un compañero de trabajo en San Salvador 

    El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, que un hombre identificado como Mario Elmer Alvarado Orellana, permanezca detenido provisional, luego que fuera acusado de intentar asesinar a un compañero de trabajo en el departamento de San Salvador.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Alvarado Orellana del delito de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de una persona.

    Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2025, cuando presuntamente el procesado salía de una reunión con su jefe cuando este pidió a la víctima que lo llamara nuevamente, situación que originó una discusión entre ambos trabajadores y que posteriormente, causó que el imputado sacó un arma de fuego y disparará contra el suelo.

    Tras el ataque, el Alvarado Orellana huyó, pero fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional Civil (PNC) por instrucciones del jefe. El acusado laboraba en una empresa ubicada en el complejo de Bodegas San Jorge, sobre la alameda Juan Pablo II y bulevar Constitución, en San Salvador, según detalló Centros Judiciales.

    Durante la audiencia, la jueza consideró que existen indicios suficientes para que el caso pase a la etapa de instrucción formal, periodo en el que continuarán las investigaciones en contra del acusado para determinar la culpabilidad o inocencia del imputado.

    Como parte de las primeras etapas de investigación, la Fiscalía allanó la vivienda de Alvarado Orellana y fue localizado un cráneo sobre un escritorio, así como tres casquillos calibre 9 milímetros, un chaleco táctico, un arnés con funda, tres porta cartuchos, dos portacargadores, un cinturón con funda y piernera, además, de tres celulares de diferentes marcas y una tableta.

    En su momento, el Ministerio Público informó en sus redes sociales que el cráneo fue remitido a especialistas para determinar si corresponde a restos humanos.

     

  • Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó otra vez el juicio en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

    La vista pública estaba prevista dar inicio el lunes 29 de septiembre, sin embargo, fue pospuesta hasta enero de 2026, debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el documento al cual Diario El Mundo tuvo acceso, la nueva suspensión se debe a que aún están pendientes trámites de un procedimiento abreviado “ligado al tema de la responsabilidad civil”, con respecto a los imputados Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y Milton Romeo Avilés Cruz.

    “Los hechos, objeto del juicio, son complejísimos, tomando en cuenta los elevados montos de dinero que refiere la parte fiscal en su acusación tanto respecto al delito base como los relativo al supuesto lavado de dinero que es el delito acusado, que lo relativo al resarcimiento civil, como la disponibilidad de bienes tienen sus complicaciones, resulta comprensible que hasta este momento no se hayan concluido, por lo que es razonable acceder a lo solicitado y programar el juicio”.
    Tribunal Sexto de Sentencia.

    La vista pública estaba agendada primeramente para el 11 de agosto de 2025 y posteriormente se notificó el cambio para el día 18 del mismo mes. Sin embargo, dicha fecha se modificó nuevamente y se pospuso para el 29 de septiembre y ahora, el tribunal resolvió que el caso se conozca hasta el próximo año.

    En ese sentido, la nueva fecha para que se desarrolle el juicio quedó del 12 al 16 de enero de 2026, según lo estipula el tribunal en la resolución escrita.

    A los dos imputados de apellido Mixco Sol junto a Lemus Zelaya y Funes Durán se les imputa el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico, y en el caso de Avilés Cruz se le atribuye el delito de casos especiales del delito de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia.

    Al proceso también se suma los imputados José Antonio Lemus Zelaya y José Antonio Lemus Zaldívar, a quienes también se les atribuye el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

    La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

    Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

    En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

  • Por esta duda el tribunal absolvió a todos los acusados del caso de Santa Marta

    Por esta duda el tribunal absolvió a todos los acusados del caso de Santa Marta

    El Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió el miércoles a los ocho acusados en el caso Santa Marta, una resolución que, según los jueces, fue una duda razonable relacionada a las pruebas y la confiabilidad de los testimonios presentados durante la vista pública.

    Según el fallo leído por el tribunal, la declaración del testigo protegido con nombre clave «Soriano», no fue suficiente para establecer de forma clara la participación directa de los acusados en el asesinato de María Inés Alvarenga. El testigo afirmó haber presenciado la captura, tortura y posterior asesinato de la víctima en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta, pero su versión entró en contradicción con documentos y otros testimonios.

    Sin embargo, los jueces explicaron que una certificación de defunción emitida por el Juzgado de Familia de Sensuntepeque, Cabañas a solicitud de la familia de la víctima, establecía que María Alvarenga murió el 22 de agosto de 1989, en el cantón Santa Marta. En ese sentido, dicho documento contradice lo expuesto por «Soriano», quien aseguró que la víctima fue sacada de su vivienda y 15 días fue asesinada por un disparo.

    «Entonces, ¿cómo pudo ‘Soriano’ observar el hecho de que sacan de la casa a la víctima hacia la hacienda Guayabal y después quedarse cerca de 15 días siendo torturada y posteriormente escuchar un disparo cuando ella ya se encontraba fallecida?», cuestionó el juez.

    El tribunal destacó que, aunque el testigo con régimen de protección habló de al menos 100 asesinatos cometidos en la Hacienda Guayabal, ocho excavaciones arqueológicas autorizadas y realizadas en el lugar no arrojaron ningún hallazgo, por lo que la Fiscalía no logró presentar evidencias físicas o pruebas documentales que respaldarán dichos casos.

    «Entonces, esa versión de ‘Soriano’ de haber presenciado algo sistemático y cinco muertes en ese lugar no pudo ser corroborada. Era obligación de la representación fiscal corroborar y no se hizo, y por esa razón viene a reforzar esa duda en la credibilidad», expusieron los jueces.

    A raíz de estas contradicciones, el tribunal consideró que no se podía establecer la participación directa de los acusados en los hechos, por lo que decidió absolver de manera unánime a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, y Arturo Serrano Ascencio, fueron absueltos por mayoría por el delito de asesinato.

    «Esto no concuerda y entonces esto genera duda y esa duda a estos juzgadores es insuperable y por ello se va a emitir una sentencia de absolución en ese sentido», declaró el juez.

    Ante ello, los jueces del tribunal ordenaron retirar de forma inmediata todas las órdenes de captura en contra de los ocho procesados.

    Asociaciones ilícitas

    Con respecto al delito de asociaciones ilícitas, por el cual los imputados eran acusados de integrar estructuras delictivas durante el conflicto armado, el tribunal determinó que la sola pertenencia a la Resistencia Nacional, que era parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no puede considerarse un delito en sí mismo.

    «Para este tribunal esas circunstancias de pertenecer a la Resistencia Nacional y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no puede ser considerada por sí, una asociación civil, porque se trataba de grupos comunicantes de reconocidos en circunstancias que se oponían a ciertas políticas estructurales del sistema político de El Salvador y ellos no pueden estar considerados como sociedades civiles», argumentó el juez.

    En consecuencia, los jueces también absolvieron por unanimidad a los imputados por este cargo, reiterando que no existía suficiente prueba para configurar el proceso de tipo penal.

    No obstante, en el ámbito civil, los jueces sí establecieron que existe responsabilidad abstracta en los hechos. Por ello, las víctimas deberán acudir al juzgado civil competente para determinar el monto de una eventual indemnización por daños y perjuicios.

    Asimismo, como medida de justicia restaurativa, el tribunal también ordenó que los ofendidos Abel Antonio y Sandra Luz Alvarenga reciban atención psicológica especializada, la cual deberá ser proporcionada por la Secretaría Nacional de la Mujer.

    Esta es la segunda vez que los acusados del caso Santa Marta son absueltos por el sistema de justicia salvadoreño, luego que en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declarara libre de delitos por el mismo caso.

  • Comunidad Santa Marta pide a Fiscalía no apelar juicio que absolvió a ambientalistas de Cabañas

    Comunidad Santa Marta pide a Fiscalía no apelar juicio que absolvió a ambientalistas de Cabañas

    La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) y habitantes de la comunidad Santa Marta solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que no apele la resolución judicial del Tribunal de San Vicente que absolvió a ocho personas, acusados del asesinato de una mujer durante el conflicto armado.

    La comunidad celebró el fallo emitido por el referido tribunal, el cual determinó que no existían pruebas suficientes para vincular a los acusados con los hechos. Los señalados, todos miembros de Santa Marta y líderes comunitarios vinculados a luchas ambientales en contra de la minería.

    «Nosotros aplaudimos la posición del tribunal porque es lo que hemos esperado desde hace más de 2 años en el que hemos venido demandando la libertad de los compañeros ya que hasta este momento la fiscalía no ha podido demostrar ni siquiera que el caso existió mucho menos vincular a los compañeros y eso nos satisface y celebramos como comunidad que el caso se cierre», expresó Alfredo Leiva, representante de ADES a las afueras del Juzgado Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, donde se realizó el juicio y se conoció el veredicto.

    El Tribunal de San Vicente absolvió, por segunda vez a los procesados del caso Santa Marta, que fueron acusados por la Fiscalía General de la República por el asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989.

    En ese sentido, las organizaciones comunitarias instaron al Ministerio Público a no apelar la decisión judicial, la cual en segunda ocasión exonera de los cargos a los ambientalistas de Santa Marta.

    «Llamamos a la fiscalía que no apele esta decisión de este tribunal y que respete esta decisión y que ya no siga consumiendo recursos del Estado para financiar esta farsa»
    Alfredo Leiva, representante de ADES

    Según la valoración de los jueces, las pruebas presentadas en la vista pública fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de estos acusados, motivo por el que fueron absueltos de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas. Mencionar que la representación fiscal solicitó agregar un tercer delito, por privación de libertad, sin embargo, los jueces dijeron que no aplicaba porque no fue el fin del supuesto crimen y que al agregarlo sería tergiversar la exposición de la Fiscalía.

    Los procesados en el caso fueron Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, todos exonerados de todos los delitos. Para ellos, la Fiscalía pedía hasta 41 años de cárcel.

    «Creo que no ha sido nada fácil para la familia pasar todo esto. Me emociona mucho que la respuesta ha sido favorable para nosotros», dijo Vanessa Laínez, hija de Alejandro Laínez, uno de los acusados que fue absuelto por segunda vez en caso Santa Marta.

    Proceso civil

    No obstante, pese a fallo absolutorio, los jueces emitieron una condena por responsabilidad civil de manera abstracta en el sentido de que serán los ofendidos, los que deberán liquidar la cantidad correspondiente ante el juzgado de civil competente, «para que sean efectiva porque hay que establecer la indemnización en daños y perjuicios».

    Ante ello, los representantes de Santa Marta manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se inicie un proceso civil contra los ambientalistas, ya que afirman que no existe razones para que los ambientalistas enfrentes un nuevo proceso, cuando ya fueron exonerados de los delitos de manera penal.

    «Para nosotros es un sin sentido que los hayan absuelto, no haya encontrado pruebas sobre la acusación penal de los compañeros y se abra esa posibilidad para que pueda haber un proceso civil en contra de ellos, sabemos que al no existir el delito o los delitos por los que se les acusaba es un sin sentido de que se abra la posibilidad de un proceso civil»
    Alfredo Leiva, dirigente de ADES

    La organización sostuvo que la repetición del juicio se trató de una persecución en contra de los ambientalistas de Santa Marta, quienes encabezaron la lucha en contra de la minería metálica en El Salvador.

    Asimismo, los observadores internacionales que participaron en la vista pública declararon recientemente que no existían evidencias sólidas en contra de los acusados, y que las acusaciones eran vinculadas a una criminalización en contra de los defensores ambientales del país.