Autor: Dania Quehl

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán instaló, el martes, el juicio en contra 16 personas acusadas de pertenecer a una red de distribución y comercialización de droga en el departamento de San Salvador y sectores del occidente del territorio salvadoreño.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), a los imputados se les atribuyen los delitos de tráfico ilícito, homicidio agravado, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con las investigaciones de la representación fiscal, entre los años de 2020 y 2021 los acusados se dedicaban al traslado y comercialización de la droga, mediante la utilización de vehículos y motocicletas e incluso por servicios de comida de la plataforma Uber.

«Esta droga se distribuía en el sector de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y San Salvador y durante la investigación se dieron diferentes tipos de detención que llevó a la incautación de la droga marihuana y metanfetamina», detalló el fiscal del caso.

En ese sentido, la Fiscalía aseguró que la estructura eran liderada por Saúl Natanael Velázquez Ríos y Adolfo Humberto Escobar Fuentes. Sin embargo, no se identificó a las otras 14 personas procesadas en el caso. En el operativo de captura, a los imputados se les incautaron diferentes tipos de drogas, vehículos automotores, armas de fuego y dinero en efectivo.

El Ministerio Público concluyó que durante el juicio se presentarán elementos probatorios, entre ellos testimonios que respaldan las acusaciones en contra de los imputados. Se prevé que el juicio termine el 26 de este mes con un fallo condenatorio para los imputados.

En otros casos, Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador enjuició a ocho extranjeros de nacionalidad ecuatoriana y mexicana por el delito de tráfico ilícito de drogas, específicamente de 1,550 kilogramos de cocaína con un valor monetario que asciende a $38,967,000.

Los extranjeros fueron detenidos el 29 de julio de 2024, en un procedimiento marítimo desarrollado por la Marina Nacional a 445 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque, San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 10 años de cárcel a un hombre identificado como Francisco Guzmán González, declarado responsable del delito de violación en modalidad continuada en perjuicio de una mujer con discapacidad en el departamento de La Libertad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Guzmán González agredió a la víctima de forma física, psicológica y sexualmente durante 10 años hasta el año 2021, cuando la mujer lo denunció y fue capturado. Las investigaciones revelaron que tras las agresiones, la mujer perdió la vista y movilidad en su cuerpo.

Durante el juicio, la representación fiscal presentó ante el tribunal pruebas documentales, periciales y testimoniales que determinaron la participación del imputado en el delito de violación en modalidad continuada en contra de la mujer.

Por otra parte, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 11 años de cárcel a un hombre identificado como Mauricio Antonio Salguero por el delito de violación agravada en contra de una menor de edad.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Tejutla, Chalatenango Centro, durante el año 2011. Salguero interceptó a la víctima cuando se dirigía a su vivienda.

En el año 2025, los delitos de violación ocuparon en tercer lugar de los hechos delictivos de mayor incidencia en El Salvador. Estos contabilizaron los 644 casos. Las autoridades del Gabinete de Seguridad aseguraron que este delito tuvo una reducción del 24 % con respecto al año anterior.

La Fiscalía General de la República (FGR) giró, durante la madrugada de este miércoles, órdenes de captura en contra de siete personas acusadas de participar en una estructura de estafa en contra una institución financiera ubicada en la zona oriental del país. El operativo se realizó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC).

Los detenidos fueron identificados como José Amílcar Flores, María Lorena Fuentes, Kenia Leticia Sánchez Fuentes, Carlos Alexis Sánchez Arévalo, Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez, Marvin Alexis Fuentes Flores y José Luis Ramos Díaz.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, los detenidos operaban bajo una modalidad organizada en distintas etapas. En una primera fase, un grupo de tres personas eran los encargados de recolectar documentos de identidad y elaborar documentación falsa que posteriormente era presentada ante la entidad financiera para gestionar créditos.

En una segunda etapa, los acusados reclutaban personas que colaboraban para obtener los financiamientos. Por último, los implicados se presentaban en la institución simulando ser clientes interesados en adquirir productos financieros, con el fin de completar el proceso fraudulento.

Las autoridades aseguraron que los acusados habrían obtenido al menos 19 créditos por un monto individual de $5,000, haciendo un total de lo defraudado de aproximadamente $95,000.

La Fiscalía añadió que del dinero obtenido, una parte era entregada a las personas que prestaban su identidad, mientras que en otros casos sólo recibían una compensación aproximada de $100 por facilitar sus documentos personales.

Ante los hechos expuestos, la representación fiscal aseguró que todos los detenidos enfrentarán cargos por los delitos de falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos y estafa.

Las detenciones se realizaron en distintos sectores de los departamentos de San Miguel y La Unión. Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron teléfonos celulares, documentos y otros elementos que serán incorporados como evidencia en el proceso de investigación.

#Operativo | Durante la madrugada, la @FGR_SV en coordinación con @PNCSV capturaron a siete personas acusadas de desfalcar a una institución financiera de la zona oriental.

Según las investigaciones, los acusados operaban en diferentes etapas:

Durante la primera fase,… pic.twitter.com/X6UB7WwQjy

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 14, 2026

El titular del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro informó este miércoles que la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM) incautó 375 kilos de droga hallados a bordo de una embarcación interceptada en la zona costera del territorio salvadoreño.

Villatoro indicó, a través de su cuenta de X, que la embarcación fue intervenida en la bocana del Río Jiboa, entre el límite de los departamentos de San Vicente y La Paz, donde fueron capturados dos personas identificadas como Rony Eduardo Morales Fajardo, de nacionalidad guatemalteca y Ubaldo Reyes Juárez, un salvadoreño.

Según se detalló, la droga incautada tiene un valor comercial de aproximadamente de $9.4 millones. Durante el operativo, también se incautaron dos celulares y un Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

Las autoridades aseguraron que la lancha provenía del país de Nicaragua y su destino era Guatemala. Tras el operativo, el ministro Villatoro aseguró que «seguimos firmes, sepan que El Salvador no es ni será puente para el narcotráfico».

El Gabinete de Seguridad informó al inicio del año que durante el 2025 las autoridades incautaron 25 toneladas de droga, con un valor estimado de $620 millones.

Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, detalló que la Marina Nacional fue responsable de la incautación de 22.5 toneladas de este total, logradas a través de 16 operativos realizados en el mar.

El 24 de diciembre, dos hombres identificados como Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle fueron detenidos por el delito de tráfico ilícito de droga. Ambos pretendían movilizar 450 paquetes de cocaína con un valor económico de $11,313,000, en una embarcación de bandera guatemalteca procedente de Nicaragua.

En el decomiso también se localizaron dos equipos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), así como $50 en efectivo. Ambos fueron procesados y están detenidos. 

Nuestra Muralla del Pacífico es cada vez más solida y cada operación es un mensaje claro a las estructuras criminales: este país no será plataforma del crimen organizado.

Como resultado del trabajo ejecutado por la STORM de nuestra @PNCSV, se logró la incautación de 375 kilos de… pic.twitter.com/SPH9QgG6td

— Gustavo Villatoro ???????? (@Vi11atoro) January 14, 2026

Los trabajos de ampliación en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros lleva un 50 % de avance del proyecto, informó el titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt), Romeo Rodríguez.

«Ya llevamos más del 50 % de avance en la parte de la ampliación del proyecto y pues vamos hacer todo lo necesario para que pronto se pueda terminar, es decir, como mencionó prácticamente la ampliación estará en su mayor parte terminada este año», declaró Rodríguez en una conferencia de prensa.

Según explicó el ministro, la obra comprende un total de 14.7 kilómetros, de los cuales más de 13 kilómetros corresponden a la ampliación de la carretera, mientras que el tramo restante se trata de la construcción del viaducto Francisco Morazán.

El funcionario señaló que actualmente se avanzan en las obras de intervención de taludes en las zonas de la carretera con el fin de reforzar la seguridad vial de la zona, por lo que se espera que la mayor parte de la ampliación vial esté finalizada este año 2026.

«Estamos avanzando en las obras de taludes, principalmente en parte de la ampliación, en eso nosotros esperamos incluso terminarlo este mismo año y la idea es prácticamente terminar cerca de 13 km y únicamente nos vamos a quedar con la parte más compleja que es la construcción del puente», detalló Rodríguez.

Según las proyecciones del MOPT, el viaducto podría estar concluido a más tardar en el año 2027, conforme declaró el ministro ante la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, en noviembre de 2025.

La construcción de la carretera inició en octubre de 2023, a cargo de la empresa surcoreana Dongbu Corporation, periodo en el que se inició con los trabajos de terracería para ampliar la carretera.

En octubre de 2024, el ministro expuso en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que las obras de construcción del viaducto y la ampliación de la carretera serían más visibles y que se proyectaba concluir el proyecto en el año 2026.

Para mayo de 2025, Rodríguez dijo que la construcción del viaducto Francisco Morazán llevaba un 25 % de avance, que en ese momento se habían terminado dos de los 16 pilotes que sostendrán el viaducto y en la construcción del resto de las bases del puente.

El titular de Obras Públicas reconoció que los trabajos pueden generar congestión vehicular temporal, pero enfatizó que se trata de un proyecto es «clave» para mejorar el tránsito vehicular en uno de los tramos que conectan con el occidente del territorio salvadoreño.

«Sabemos que normalmente cualquier proyecto de carretera puede generar congestión vehicular, es decir, cualquier intervención humana donde ya hay tráfico puede generar complicaciones pero ya estamos haciendo todo lo posible para que esas complicaciones sean las menores posibles», afirmó Rodríguez.

El primer tramo consiste en la ampliación desde Las Delicias, en Santa Tecla, de cinco a ocho carriles en 4.8 kilómetros de vía, hasta después del turicentro los Chorros. El segundo tramo es el viaducto con ocho carriles, que iniciará inmediatamente después de la ampliación y terminará en La Pedrera.

Mientras que el tercer tramo iniciará en La Pedrera y terminará en el desvío de San Juan Opico, donde también ampliarán 8.5 kilómetros de la carretera a ocho carriles al inicio y luego se reducirán a seis.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso reserva a los procesos de investigación judicial en contra de funcionarios del Órgano Judicial, según consta en el acta 85 de la Corte Plena.

La decisión fue aprobada con 11 votos de los magistrados, durante la sesión del 18 de noviembre de 2025, y se refiere a los documentos, informes y análisis que se formen parte de las investigaciones en contra de los empleadores del sistema judicial.

La reserva fue aprobada por los magistrados Henry Alexander Mejía, Elsy Dueñas Lovos, Óscar López Jeréz, Alex David Marroquín Martínez, Lidia Patricia Castillo Amaya, José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero, José Fernando Marroquín Galo, Miguel Elías Martínez Cortez, Héctor Nahum Martínez García y Ramón Iván García.

Según explicó un abogado especialista, la reserva cubre las investigaciones que se abren en contra de jueces, magistrados, secretarios y otros empleados públicos, cuando son denunciados por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Estas denuncias pueden estar relacionadas con maltrato al personal, mala administración de procesos judiciales, faltas a la ética profesional o incluso casos de soborno, entre otras conductas que podrían considerarse ilegales.

El abogado advirtió que, al mantenerse los procesos en reserva, no se podrá conocer públicamente si un funcionario del Órgano Judicial ha sido denunciado mientras la investigación esté en curso, lo que impide, por ejemplo, solicitar la separación de un juez de un caso judicial.

La Corte estableció que, en cada caso, la información será reservada hasta que la resolución final quede firme, con el objetivo de proteger el desarrollo de las investigaciones y evitar la divulgación de información preliminar.

«Se verificó que la propuesta encaja en la normativa, se fundamenta y se analiza que la información sea atinente a opiniones o procesos deliberativos, cuya divulgación podría poner en riesgo la investigación».
Corte Plena.

Durante la sesión, la Corte argumentó que la reserva se ajusta a la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información preliminar y deliberativa, cuya divulgación anticipada podría generar confusión o afectar el desarrollo de las investigaciones.

Además, se avaló una declaratoria general de reserva sobre este tipo de información, la cual tendrá una vigencia de siete años como criterio institucional.

En 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, la cual ordenó el retiro obligatorio de jueces y magistrados mayores de 60 años de edad, afectando a más de un tercio de los juzgadores de ese entonces. En su lugar, fueron nombrados nuevos jueces.

La medida fue criticada por organismos internacionales, quienes consideraron que se trataron de reformas inconstitucionales con el propósito de atentar en contra de la independencia judicial. Los señalamientos también iban enfocados en que los nuevos jueces fueron impuestos, con órdenes desde el Ejecutivo.

El Juzgado Primero de Paz de Santiago de María, en Usulután sentenció a 10 años de cárcel a un hombre identificado como Óscar René Gómez Rodríguez por el delito de hurto agravado, ocurrido en el departamento de Usulután.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado fue captado a través de una cámara de seguridad cuando se llevó una motocicleta estacionada frente a un negocio. La víctima interpuso la denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC) y en las grabaciones se logró visualizar las características físicas del procesado.

Posteriormente, Gómez fue ubicado en un control de la PNC en la 3a calle Oriente, de la colonia 9 de noviembre, donde fue identificado al interior de un taller con la motocicleta que tenía reporte de hurto.

El Gabinete de Seguridad informó, a través de una conferencia de prensa, que durante el año 2025 se contabilizaron 4,638 delitos de mayor incidencia, de los cuales el hurto encabezó la lista con 1,997 casos y 100 por hurto agravado.

Otras condenas

Por otra parte, Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 8 años de cárcel a un hombre identificado como Mario Ernesto Rodríguez Rodríguez por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Durante el juicio se determinó que Rodríguez, junto a otros pandilleros de la clica Normandies Locos Salvaruchos, extorsionaron a tres empresarios en el distrito de Berlín, en Usulután, en el año 2015.

Los pandilleros le exigieron a los comerciantes el pago mensual de la renta, a cambio de dejarlos trabajar y no asesinarlos.

Según la acusación fiscal, el 18 de febrero de dicho año, la PNC realizó un operativo de entrega de dinero controlada y logró la detención de Rodríguez y otros pandilleros, ya condenados, cuando recogían el dinero de la extorsión.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló, el lunes, el juicio en contra de ocho personas de nacionalidad de Ecuador y México, tras ser acusados de tráfico ilícito de drogas valorada en más de $38 millones.

Los imputados fueron identificados como Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas, de nacionalidad ecuatoriana, así como Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz, de nacionalidad mexicana. Todos son acusados del delito de tráfico ilícito de drogas.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados fueron acusados de traficar 1,550 kilogramos de cocaína. La representación fiscal estiman que el valor de la droga  asciende a $38,967,000.

Los extranjeros fueron detenidos el 29 de julio de 2024, en un procedimiento marítimo desarrollado  por la Marina Nacional a 445 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque, San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

En el operativo fueron incautadas tres embarcaciones, donde transportaban las drogas en 52 bultos, de acuerdo con las autoridades.

El Gabinete de Seguridad informó, a través de una conferencia de prensa, que durante el año 2025 las autoridades incautaron 25 toneladas de droga, con un valor estimado de $620 millones.

Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, detalló que la Marina Nacional fue responsable de la incautación de 22.5 toneladas de este total, logradas a través de 16 operativos realizados en el mar.

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 11 años de cárcel a un hombre identificado como Mauricio Antonio Salguero por el delito de violación agravada en contra de una menor de edad en el departamento de Chalatenango.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en el distrito de Tejutla, Chalatenango Centro, durante el año 2011. Salguero interceptó a la víctima cuando se dirigía a su vivienda.

«La víctima intentó huir, pero este la tomó por la fuerza y la llevó hacia una habitación de la vivienda y procedió a abusarla sexualmente. La amenazó para que guardara silencio y por miedo calló un tiempo», describió la FGR.

Durante el juicio se presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la representación fiscal que determinaron la participación del imputado en los hechos de violación agravada, razón por la que se impuso dicha pena.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas denunció este martes el retraso en la entrega de la sentencia escrita por parte del Tribunal de Sentencia de San Vicente, que absolvió a ocho personas acusadas del asesinato de una mujer durante el conflicto armado de El Salvador.

De acuerdo con el representante de ADES Santa Marta, Alfredo Leiva, dicha demora corresponde a una “estrategia de dilatación” por parte del referido tribunal que a pesar de haber exonerado a los acusados, aún no se hace efectiva la entrega de la documentación que podría cerrar el proceso definitivamente.

«Nosotros estamos preocupados en la comunidad por esta estrategia de dilatación que solo alarga el proceso y no permite que los compañeros se puedan integrar en plenas condiciones a las labores que realizaban en defensa de los bienes comunes. Consideramos que esto es una manera de mantener la zozobra tanto para los compañeros, la familia y la comunidad, y que eso no permite que gocen de pleno su libertad».
Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó en cuatro ocasiones la entrega de la sentencia escrita por el caso denominado Santa Marta, el cual se tenía previsto entregar desde octubre de 2025, debido a que aún se encuentra en etapa de revisión del documento. La nueva fecha de la entrega del escrito fue señalada para el próximo 30 de enero a las 2:00 de la tarde.

En la sentencia escrita constan los argumentos de la absolución de los procesados, y que habilita el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda apelar si así lo desean.

Ante este posible panorama, la comunidad de Santa Marta exigió a la Fiscalía a que se abstenga de apelar la resolución del tribunal, debido a que sostienen que no existen elementos de que incriminen a los procesados y habitantes de dicha comunidad en Cabañas.

«Exigimos a la Fiscalía que en caso de que se entreguen las copias (de la resolución) se abstengan de apelar y de esa manera se cierre el proceso y que los compañeros no solo se incorporen a la comunidad, sino que gocen de la libertad que les corresponde», indicó el representante de la comunidad Santa Marta.

Además, miembros de la comunidad expresaron que de no hacerse la entrega de la sentencia escrita, el próximo 30 de enero, considerarán denunciar al tribunal por los retrasos en el proceso. «Nosotros estamos preocupados y a partir de esa preocupación pensamos recurrir a las instancias correspondientes para denunciar a este tribunal por estos retrasos».

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.

Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.

Tras la lectura del fallo, miembros de ADES Santa Marta revelaron que los ambientalistas involucrados en el caso se encuentran fuera del país, y que no tienen pensado regresar hasta que la sentencia absolutoria quede firme.

Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró inocentes de los delitos por el mismo caso.