Redacción DEM

Autor: Dania Quehl

  • Educación destinó más de $6.7 millones para financiar a más de 5,000 becarios entre junio 2024 y mayo 2025

    Educación destinó más de $6.7 millones para financiar a más de 5,000 becarios entre junio 2024 y mayo 2025

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) destinó más de $6.7 millones para el financiamiento de programas de becas para beneficiar a 5,021 estudiantes de diferentes niveles educativos entre junio del año 2024 y mayo de 2025, según la última memoria de labores de la institución.

    De acuerdo con el informe de Educación, se designaron un total de $6,779,868.72 a través de cuatro programas específicos, estos son: becas bicentenario, apoyo a estudiantes del sector público en condiciones de discriminación o violencia, becas para educación técnica superior y becas mediante socios estratégicos con centros educativos privados sin fines de lucro.

    Al detallar cada uno de los programas, la cartera de Estado expone que el Programa Bicentenario, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), benefició a 75 estudiantes pertenecientes a cinco centros educativos públicos de tres departamentos del país.

    El programa tiene una duración proyectada de nueve años (2023–2031) y contempla la entrega de 1,000 dólares anuales por estudiante, durante cinco años. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, se entregaron becas a 50 estudiantes de las primeras dos series y se incorporaron 25 nuevos beneficiarios en una tercera serie, alcanzando una inversión de $125,000 durante el periodo evaluado. Los desembolsos se realizaron en dos etapas, la primera fue de $50,000 entre junio y diciembre de 2024, y $75,000 entre enero y mayo de 2025.


    Asimismo, otros 650 estudiantes de bachillerato técnico y general de 42 centros escolares del sector público fueron seleccionados para recibir apoyo económico, con prioridad para mujeres en condiciones de discriminación y violencia. En el programa se destinó la cantidad de $520,000, provenientes de los fondos del Estado, los cuales fueron divididos en dos partes de $260,00 entre finales de 2024 y en los primeros meses de 2025.

    En dicho programa cada becario recibió $400 anuales para cubrir transporte, alimentación, materiales educativos y conectividad. $1,200 en total por tres años para el estudiante de bachillerato técnico, y $800 por dos años para bachillerato general, según se describe en la memoria de labores.

    Por otra parte, mediante convenios con seis instituciones privadas sin ánimo de lucro ubicadas en los departamentos de San Salvador y La Libertad, el Ministerio de Educación destinó fondos a través de fundaciones y asociaciones aliadas. Durante el periodo de junio 2024 a mayo 2025, un total de 1,896 estudiantes recibieron becas que cubren matrícula, mensualidades y otros gastos relacionados con su formación académica. La inversión para este programa alcanzó los $4,288,130, también provenientes del presupuesto nacional.

    La cartera de Estado explicó que los fondos son administrados por tres fundaciones y tres asociaciones, y los montos de las becas son diferenciados por institución y nivel de estudio, cubriendo matrícula, mensualidades, diplomados y, ocasionalmente, alimentación, uniformes y materiales educativos.

    Por último, el programa de educación técnica superior benefició a 2,400 estudiantes, quienes recibieron apoyo económicos destinados a cubrir transporte, alimentación y conectividad, con el fin de asegurar su asistencia regular y culminación académica. Para este componente, se invirtieron $1,846,738.72 provenientes de fondos del Gobierno de El Salvador.

    Según las autoridades de Educación, los fondos dirigidos a los becarios forma parte de las estrategias institucionales para asegurar la permanencia escolar y garantizar el derecho a la educación de los jóvenes, especialmente entre poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social y económica.

    Las becas académicas cubren alimentación, transporte, materiales, tecnología, herramientas de especialidad y conectividad con el propósito de asegurar la asistencia regular y culminación académica de los jóvenes de educación básica y media.

    Dificultades

    Sin embargo, el Ministerio de Educación también expuso que se identificaron desafíos financieros que podrían afectar la continuidad de los programas de becas. Según información oficial, una de las principales dificultades radica en el «presupuesto no asignado oportunamente al socio estratégico para la entrega de becas y estipendios».

    Ante ello, señaló que se han implementado gestiones internas para asegurar la disponibilidad de fondos durante todo el año lectivo, así como acciones de seguimiento para evitar interrupciones en la entrega del beneficio.

    Las autoridades de Educación recalcaron que es importante mantener mecanismos de alerta temprana y coordinación interinstitucional para prevenir retrasos que puedan poner en riesgo la permanencia de los estudiantes beneficiados.

  • Educación pagó más de $52.9 millones a proveedores escolares entre junio 2024 y mayo 2025

    Educación pagó más de $52.9 millones a proveedores escolares entre junio 2024 y mayo 2025

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) pagó más de $52.9 millones a los proveedores de uniformes, zapatos y útiles escolares entre el periodo de junio 2024 y mayo de 2025, según detalla la Memoria de Labores de dicha cartera de Estado.

    De acuerdo con los datos del informe, el Ministerio de Educación canceló un monto de $52,992,176.06 para el pago de insumos escolares a los proveedores, de los cuales $22,294,045.60 fueron desembolsados entre junio y diciembre del año 2024, para el pago de paquetes escolares correspondientes a ese año, incluyendo el suministro de útiles, calzado, uniformes y tela para el segundo uniforme.

    Posteriormente, entre enero y mayo de 2025 se desembolsaron$30,698,130.46 entre enero y mayo de 2025, monto que también incluyó pagos por la adquisición de insumos para el primer lote de uniformes del año lectivo, así como tela para la confección de los respectivos uniformes.

    La cartera de Educación explicó que los fondos desembolsados en el presente año también incluye el primer desembolso del convenio entre Educación y la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA – FEPADE.

    Según el informe, un total de 1,026,970 estudiantes fueron beneficiados con la entrega de los insumos escolares, los cuales fueron financiados con fondos del Gobierno de El Salvador. De estos, 519,427 fueron destinados para niños y 507,543 a niñas inscritos en centros educativos públicos del país.

    «Se ha logrado que el programa tenga cobertura nacional al 100 % de los estudiantes inscritos en centros educativos oficiales y subvencionados por el Ministerio de Educación», indicó Educación en la Memoria de Labores.

    Los fondos fueron ejecutados en el marco del «Programa de Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares a Estudiantes de Centros Educativos Oficiales y Subvencionados», iniciativa que busca reducir las barreras económicas que enfrentan las familias salvadoreñas al momento de inscribir a sus hijos en el sistema educativo público, según explicó el Ministerio de Educación.

    Las autoridades de Educación añaden que el programa promueve el desarrollo de la economía local a través de compras públicas de los bienes y servicios que provee.

    El informe señala un avance del 94 % en la ejecución del programa, cuya finalización está programada para septiembre de 2025. Sin embargo, indican que entre junio y diciembre de este año, se desarrollan actividades logísticas y contractuales para garantizar la dotación del paquete escolar correspondiente al año lectivo 2026.

    Proveedores

    En febrero de 2024, los proveedores de insumos escolares denunciaron retrasos en los pagos por parte del Ministerio de Educación, momento en que señalaron que en algunos casos se acumulaban hasta ocho meses adeudados que sumaban hasta $100,000, situación que generó preocupación en el sector.

    Posteriormente, en julio del mismo año el director de Centros Penales, Osiris Luna informó que serían los privados de libertad quienes se encargarían de la confección de los uniformes que usarían los estudiantes para el año escolar 2025, como parte de los trabajos del Plan Cero Ocio que ejecuta el Estado salvadoreño.

    La medida sorprendió a los proveedores tradicionales del programa, quienes expresaron su inquietud ante la posibilidad de ser excluidos del proceso.

    En respuesta, los representantes de los proveedores solicitaron en agosto reuniones con las autoridades del Ministerio de Educación para aclarar su participación. Según manifestaron posteriormente, se les aseguró que continuarían siendo contratados para la fabricación de uniformes escolares durante el presente año.

  • CSJ destinará $16,300 para encabezado del edificio del Centro Judicial contra el Crimen Organizado en Soyapango

    CSJ destinará $16,300 para encabezado del edificio del Centro Judicial contra el Crimen Organizado en Soyapango

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinará un total de $16,300 para la fabricación e instalación de un encabezado para el edificio del Centro Judicial contra el Crimen Organizado, con sede en el distrito de Soyapango.

    La licitación de compra fue publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros) el pasado 25 de agosto de 2025. En las especificaciones, la Corte indica que la empresa interesada en el proyecto debe de cumplir requisitos técnicos para la elaboración del nuevo rótulo.

    Según se detalla en el documento, el rótulo deberá ser elaborado en lámina de bronce virgen de origen alemán, con un espesor de 1.5 milímetros. Las letras formarán el texto “Centro Judicial contra el Crimen Organizado” y deberá tener una altura de 45 centímetros.

    Además, se indica que el letrero deberá tener un acabado en bronce brillante con iluminación LED, con el fin de garantizar visibilidad para la población, tanto de día como de noche.

    De igual forma, la oferta específica que en la parte superior del edificio se incluirá el logotipo institucional de la Corte Suprema de Justicia, cortado y fabricado también en lámina de bronce virgen, con un diámetro de 60 centímetros

    El logotipo del Órgano Judicial deberá ser montado sobre una pantalla redonda fabricada en lámina de aluminio con acabado automotriz, color bronce, acoplado a la medida de 3 centímetros y también con iluminación LED.

    La Corte también informa que la empresa que resulte adjudicada deberá encargarse de la desinstalación del rótulo anterior y de todos los trabajos necesarios para garantizar una instalación segura, estética y conforme a los lineamientos de la CSJ.

    La nueva sede de los tribunales especializados contra el crimen organizado será en el actual Centro Judicial Integrado de Soyapango, ubicado en calle Antigua al Matazano, Pasaje Marsella, contiguo al Centro Recreativo de Banco Agrícola de dicha jurisdicción, en San Salvador Este.

    Traslados

    Los tribunales contra el crimen organizado creados para la atención de casos relacionados a grupos pandilleriles, narcotráfico y agrupaciones ilícitas tenían su sede en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en la ciudad capital, sin embargo desde finales de julio de este 2025, empezaron sus traslados.

    A la fecha, los Tribunales Primero, Segundo y Tercero contra el Crimen Organizado ya han sido reubicados en las instalaciones judiciales de Soyapango. Mientras que el Tribunal Cuarto y Quinto contra el Crimen Organizado continúan sus funciones en el Centro Judicial Isidro Menéndez.

    El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado sigue funcionando en su sede original, sobre la 17 calle Poniente, en las cercanías de Cruz Roja. Dicho tribunal prevé su traslado a inicios de la próxima semana.

    En abril de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la transformación del Centro Judicial Integrado de Soyapango en un Centro Judicial especializado contra el crimen organizado, como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema judicial y optimizar el uso de los recursos institucionales.

  • Más de 2,870 casos sospechosos de dengue han sido detectados en menores y adultos jóvenes hasta agosto

    Más de 2,870 casos sospechosos de dengue han sido detectados en menores y adultos jóvenes hasta agosto

    Más de 2,870 casos sospechosos de dengue detectados en El Salvador han sido en menores de edad y adultos jóvenes, según los datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsal), actualizados hasta la primera semana de agosto de 2025.

    Las cifras compartidas en el portal de vigilancia epidemiológica detallan que, hasta el 9 de agosto del presente año (semana 32) al menos 3,568 salvadoreños resultaron sospechosos de padecer dengue, y de estos 2,876 casos corresponden a menores de edad y adultos jóvenes de hasta 19 años de edad. Dicho grupo representa el 80.6 % del total de casos identificados.

    El dengue es una infección causada por el zancudo Aedes aegypti, el cual utiliza los ambientes húmedos y recipientes con agua para depositar sus huevos y reproducirse, especialmente durante el periodo de invierno por la mayor ocurrencia de lluvias. El aumento de casos concuerda con el periodo lluvioso, que se convierte en el ambiente idóneo para la proliferación del vector que propaga este virus.

    Ante dicha enfermedad, los grupos de mayor vulnerabilidad son los menores de edad y adultos jóvenes. Al desagregar los datos del Minsal por rango de edad, se identificó que niños y adultos entre los 10 y 19 años de edad contabilizaron 1,167 del total de sospechas por la enfermedad, siendo el grupo más afectado en el territorio salvadoreño.

    A estos le siguen los infantes entre 5 y 9 años, que reportó 1,130 casos sospechosos de dengue, mientras que los menores entre 1 y 4 años de edad, se registraron 460 casos y en el caso menores al primer año de vida, se contabilizaron 119 casos sospechosos por la enfermedad.

    El resto de los pacientes señalados como sospechosos de dengue corresponde a adultos de 20 años en adelante, así como adultos mayores de 60 años de edad.

    Aumento de casos sospechosos

    El mismo boletín indica que los casos sospechosos incrementaron levemente, ya que en la semana epidemiológica 28 (del 6 al 12 de julio), se reportaron 164 casos sospechosos de dengue, no obstante, la siguiente semana subieron a 187; mientras que la semana 30 (del 20 al 26 de julio) alcanzaron los 191 casos y la siguiente semana pasaron a ser 190. El último dato es que en la semana epidemiológica 32 (del 3 al 9 de agosto) fueron 189 casos sospechosos de dengue.

    Solo en las últimas tres semanas actualizadas por el Minsal (30, 31 y 32), los casos sospechosos de dengue en El Salvador han sumando los 570.

    Con respecto a las muertes por dicha enfermedad, el Minsal solo reporta dos muertes, sin embargo, el sitio de vigilancia epidemiologia no da más información sobre los decesos, ya que no señala si se trata de menores de edad, ni cuándo ocurrieron. El 14 de julio, el ministro de dicha entidad, Francisco Alabí informó que el primer deceso por dengue se trató de una niña, sin mayor información.

    Hasta 9 de agosto del presente año las autoridades de Salud no han reportado más muertes a causa del dengue, no obstante reportes periodísticos hablan de más decesos a causa de la enfermedad.

    Por otra parte, el Minsal contabiliza 124 casos confirmados y 123 egresos hospitalarios por la misma enfermedad, es decir, personas que estuvieron ingresadas. Las estadísticas también revelan que hasta la semana 32 del año lectivo se tuvieron 12 casos sospechosos de chikungunya y 26 sospechosos por zika. La entidad señala en su boletín que no hay casos positivos por estas enfermedades.

  • CSJ comprará nuevo lote de medicamentos para clínicas del órgano judicial por más de $122,000

    CSJ comprará nuevo lote de medicamentos para clínicas del órgano judicial por más de $122,000

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará un nuevo lote de medicamentos para las clínicas del órgano judicial por más de $122,000, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    De acuerdo con la licitación publicada el pasado 26 de agosto de 2025, la Corte tiene previsto la adquisición de 20 tipos distintos de medicamentos para la atención de diversas necesidades médicas.

    En detalle, entre los medicamentos que se contempla adquirir son:

    • 2,309 spray nasal de solución salina hipertónica que sirve para descongestionar y limpiar las vías nasales ante padecimiento de sinusitis o rinitis por un costo individual de $15.84 y un total de $36,574.56.
    • 16,400 tabletas de amoxicilina con ácido clavulánico, antibiótico utilizado para el tratamiento de infecciones respiratorias, urinarias y cutáneas a un precio unitario de $0.99 y un total de $16,236.
    • 9,655 sobres de que sirve para aliviar el dolor de articulaciones. Dicho producto contempla un costo de cada sobre a $1.15, sumando un total de $11,103.25.
    • 3,000 cajas de dos ampollas dexametasona, utilizada para aliviar dolores neuropáticos e inflamaciones a un precio individual de $2.59 y un total de $7,770.
    • 2,216 tubos de crema o gel de nitrato de miconazol, que se medica para el tratar la aparición de infecciones por hongos en la piel. Su precio individual es de $3.16, sumando un total de $7,002.56.
    • 16,950 tabletas de azitromicina, que sirve para el tratamiento de infecciones respiratorias, genitales y oídos a un precio unitario de $0.28 y total de $4,746.

    Además, en la compra también se incluye medicamento para el tratamiento de alergias como la clorfeniramina, dimenhidrinato para aliviar náuseas y Loperamida que sirve para tratar casos de diarreas, así como productos para el tratamiento de enfermedades pulmonares y pomadas antihemorroidales.

    En total, se pretende la inversión de $122,668.24, que serán financiados con fondos del Estado.

    Según las especificaciones establecidas en el contrato de compra, los medicamentos adquiridos deben tener una vigencia o caducidad mínima de 18 meses, a partir de la entrega del producto y las empresas proveedoras deberán garantizar su efectividad durante el mismo período.

    Si la vigencia o caducidad del producto supera los 18 meses, la garantía deberá ser de igual o mayor tiempo al de la caducidad. Además de ser presentadas en la Coordinación de Clínicas Médicas, ubicada en el segundo nivel del Edificio de las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia.

    Esta sería la tercera ocasión en que la Corte lanza a licitación la compra de medicamentos para las clínicas del órgano judicial, en enero del presente año se ofertó dos veces, la primera fue por un valor de $635,195.72 y posteriorme para la adquisición de más de 80 tipos de fármacos por $231,101.97.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

    La compra de vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por más de $182,000 y otros $54,000 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,000 financiados con fondos del Estado; la adquisición de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1.8 millones.

    Así como la compra de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución por más de $2.4 millones y más de $355,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco de sus dependencias.

  • Giran órdenes de captura en contra de nueve personas acusadas de agresión sexual en contra de menores

    Giran órdenes de captura en contra de nueve personas acusadas de agresión sexual en contra de menores

    La Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra de nueve personas acusadas de cometer en delitos de exhibiciones obscenas y agresión sexual en contra de menores de edad.

    De acuerdo con la información compartida por la FGR, los primeros detenidos fueron identificados como Wendy Carolina Araniva Mercado y Víctor Manuel Herrera Ruiz, a quienes se les atribuye del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.

    La representación fiscal sostiene en su acusación que en junio 2024, Herrera Ruiz comenzó a abusar de la hija de su pareja cuando ella no se encontraba en la casa. La menor le contó a su mamá, Araniva Mercado, quien le habría ordenado que no volviera a hablar sobre tema.

    «La menor alertó a sus compañeras de escuela porque había cambiado su actitud y ellas le contaron a sus maestros, quienes activaron los protocolos adecuados para ayudarla», indicó la Fiscalía.

    De igual forma, se procedió con la captura de un hombre identificado como Carlos Alexander Gómez Molina, quien fue detenido por el delito de exhibiciones obscenas. Presuntamente, el 2 de julio del año 2025, dos menores de edad esperaban el transporte colectivo en San Salvador, y Gómez Molina iba desnudo dentro de su vehículo, cuando les mostró sus partes íntimas a los menores.

    Otra de las personas capturadas fueron Xenia Elizabeth Paises Martínez, acusada por el delito de violación agravada tentada en su modalidad de cómplice y hurto; y Edwin Antonio Chávez Vásquez, quien es pareja de la otra imputada. A Chávez Vásquez se le atribuye el delito de violación agravada tentada.

    Segun las acusaciones de Fiscalía, en marzo de 2025, la víctima era amiga de la mujer y se quedó en la casa de habitación de la imputada luego de una reunión que mantuvieron, cuando Paises Martínez le dijo a la víctima que se desnudara para dormir más cómoda, y Chávez Vásquez intentó abusar de ella.

    «Cuando la víctima logró salir, fue intervenida por su amiga, quien aparentó que no sabía que qué había sucedido. Posteriormente, la víctima recibió una llamada de la imputada para explicarle que ella únicamente la estaba cuidando», describió la FGR.

    Por otra parte, se reportó la detención de dos hombre identificado como Germán Alexander García y Jeremy Adonay Barrera Guzmán, señalados de cometer el delito de agresión sexual en menor e incapaz por aprovecharse de los lazos de confianza que tenían con unos menores de edad para cometer sus ilícitos.

    Además la FGR notificó la captura de Melquisedec Gamaliel Martínez Martínez, acusado del delito de violación en menor e incapaz agravada continuada, así como la detención de William Armando Mejía Rodríguez por el delito de violación.

    En total, fueron a nueve personas capturadas, a quienes se les procesa por los delitos de exhibiciones obscenas, agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada, violación, violación menor e incapaz agravada continuada, violación agravada tentada violación, agravada tentada en su modalidad de cómplice y hurto.

  • Imponen penas de hasta 354 años de cárcel para pandillero de la MS por agrupaciones ilícitas y 16 casos de extorsión

    Imponen penas de hasta 354 años de cárcel para pandillero de la MS por agrupaciones ilícitas y 16 casos de extorsión

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juez 2, de San Miguel condenó a 243 años de cárcel a Julio César Vásquez Flores, miembro de clica Los Coronados Little Saycos de la MS-13, a quien se le declaró responsable por los delitos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

    Según indicó la Fiscalía General de la República (FGR), a Vásquez Flores se le comprobó como responsable de cometer al menos 16 casos extorsiones agravadas, así como un caso de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, en el departamento de Morazán. El imputado fue sentenciado en calidad de rebelde.

    El Ministerio Público aseguró que el imputado tenía la función de «paro» en la estructura pandilleril. De igual forma, se sentenció a otros dos pandilleros identificados como Santos Maximino Orellana Vásquez (rebelde) y Mario Ernesto Vargas Argueta (presente) a 14 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y de agrupaciones ilícitas.

    «Las víctimas de estos terroristas eran comerciantes que en 2015 pagaron la extorsión por miedo a que los imputados cumplieran sus amenazas», agregó.

    La Fiscalía señaló que los imputados fueron declarados culpables de cometer graves delitos en el distrito El Divisadero, en el sector conocido como kilómetro 18, y en los cantones Santa Anita y Las Conchas, todos pertenecientes al departamento de Morazán.

    Otras penas

    En otras condenas, el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de cárcel a Sharon Maderick Escobar Cerón y Laura Liseth Flores Hernández, miembros de la clica Miraflores Locos Salvatruchos de la MS-13, declaradas culpables del delito de extorsión agravada continuada en perjuicio de una persona en el departamento de La Paz.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Escobar Cerón y Flores Hernández interceptaron a la víctima cuando se encontraban en un vehículo automotor y la obligaron a subirse para exigirle dinero a cambio de no atentar en contra de su vida. Los hechos ocurrieron en abril de 2022, en el distrito de San Pedro Masahuat de La Paz Oeste

    «Con intimidaciones de hacerle daño, le demandaron una considerable suma de dinero. La víctima por temor se comprometió a entregarles el efectivo, pero en cuotas, comenzando desde el mes de abril hasta septiembre», agregó la FGR.

    En el juicio, se comprobó con diferentes pruebas documentales, testimoniales y periciales que ambas mujeres cometieron el delito que se les atribuye, por lo que se les impuso la pena de 30 años de prisión, a cada una. Además, se les ordenó pagar un total de $2,500 dólares en concepto de responsabilidad civil.

    Por otra parte, en un procedimiento abreviado, el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel impuso una pena de 10 años de cárcel en contra de Armando Romeo Martínez Gutiérrez y José Enrique Bonilla Ayala, luego de aceptar que extorsionaron a un comerciante del centro de la ciudad migueleña.

    La representación fiscal indicó que ambos imputados tienen el rango de «paro» en la clica calle Amargura Salvatruchos de la MS-13 y el 18 de mayo de 2022, le exigieron al propietario de un negocio el pago inmediato de la extorsión y por miedo a las amenazas la víctima denunció el crimen en la Policía Nacional Civil (PNC).

    «Los pandilleros le hablaron por teléfono a la víctima y le exigieron dinero, así como producto de su negocio a cambio de dejarlo trabajar en la zona y no asesinarlo», detalló la Fiscalía.

  • Primeros tribunales especializados contra crimen organizado ya fueron trasladados a nueva sede en Soyapango

    Primeros tribunales especializados contra crimen organizado ya fueron trasladados a nueva sede en Soyapango

    El proceso de traslado de los tribunales especializados contra el crimen organizado de San Salvador hacia el Centro Judicial Integrado de Soyapango comenzó oficialmente a finales de julio de 2025, y varios ya operan la nueva sede judicial.

    «Estimado usuario se le informa que a partir del 28 de julio le estaremos atendiendo en el Centro Judicial contra el Crimen Organizado sede en Soyapango», se lee en un aviso colocado en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.

    Afiche de los cambios colocado en las oficinas de los tribunales de crimen organizado en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Foto Dania Quehl

    A la fecha, los Tribunales Primero y Segundo contra el Crimen Organizado ya han sido reubicados en las instalaciones judiciales ubicadas sobre calle Antiguo Matazano, pasaje Marsella, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, según confirmaron fuentes judiciales a Diario El Mundo.

    En el caso del Tribunal Tercero, solo permanece en funciones el juez 3, mientras que los jueces 1, 2 y 4 ya se encuentran atendiendo desde el nuevo centro judicial. Se prevé que el único juez en funciones en los juzgados de San Salvador se traslade por completo este jueves.

    Por su parte, el Tribunal Cuarto y Quinto contra el Crimen Organizado continúan sus funciones en el Centro Judicial Isidro Menéndez, a excepción del juez 1, del ultimo tribunal mencionado.

    Mientras tanto, el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado sigue funcionando en su sede original, aunque se prevé que puedan iniciar su traslado a inicios de la próxima semana.

    El Juzgado de Menores de Soyapango y el Juzgado de Instrucción de Soyapango han sido trasladados al Centro Judicial Isidro Menéndez, ocupando ahora las oficinas que anteriormente pertenecían a los jueces 1, 2 y 4 del Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado.

    Asimismo, el Juzgado de lo Civil de Soyapango, juez 1 y 2, se encuentra actualmente ubicado en el espacio que ocupaba el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, como parte de una reestructuración interna del sistema judicial.

    En abril de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la transformación del Centro Judicial Integrado de Soyapango en un Centro Judicial especializado contra el Crimen Organizado, como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema judicial y optimizar el uso de los recursos institucionales.

    Actualmente, el personal técnico continúa adecuando oficinas y áreas de atención, mientras avanza el proceso de reorganización institucional.

    En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó a la Asamblea Legislativa que 21 juzgados de paz y de instrucción sean convertidos para ser incorporados a Tribunales de Crimen Organizado de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, como parte de la reforma a la Ley Orgánica Judicial.

    De igual forma, se dijo que los empleados de los juzgados que fueran absorbidos podrían ser reubicados de acuerdo a la propuesta de reforma de dicha ley.

  • Defensa de Eugenio Chicas dijo que está delicado de salud pese a recibir medicamentos

    Defensa de Eugenio Chicas dijo que está delicado de salud pese a recibir medicamentos

    Los abogados de la defensa del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, informaron que el exfuncionario se encuentra en estado de salud «delicado», pese a estar recibiendo medicamentos dentro del centro penal donde guarda prisión provisional.

    Según explicó el defensor a Diario El Mundo, Chicas padece de enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes, condiciones que, según dijo, han afectado su estado general. «Está bien delicado. Él padece de presión arterial alta y diabetes», afirmó el abogado.

    El exfuncionario se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, conocido como La Occidental, ubicada en el departamento de Santa Ana.

    Eugenio Chicas fue fue arrestado el pasado 13 de febrero, luego de dejar a su hijo en un centro educativo. La Fiscalía General de la República (FGR), quien sostuvo que será acusado por enriquecimiento ilícito por un monto superior a los $200,000, en perjuicio de la administración pública.

    En una publicación en la red social X, la FGR señaló al momento de su captura que el exfuncionario “deberá enfrentar responsabilidad penal ante los tribunales”.

    El 28 del mismo mes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó su detención provisional y remitió el proceso a la etapa de instrucción. A petición de la Fiscalía, el caso fue declarado en reserva total.

    Chicas ya había sido declarado culpable por enriquecimiento ilícito de manera civil, en noviembre de 2024, cuando la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador lo sentenció a reintegrar más de $202 mil, junto a su núcleo familiar.

  • Juramentan a peritos financieros en caso de enriquecimiento ilícito del exmagistrado Eugenio Chicas

    Juramentan a peritos financieros en caso de enriquecimiento ilícito del exmagistrado Eugenio Chicas

    El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador juramentó este miércoles a dos peritos financieros, que tendrán a su cargo el análisis de los movimientos patrimoniales del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República (FGR).

    La diligencia forma parte del proceso penal en contra del exfuncionario, quien enfrenta cargos por presuntamente haber incrementado su patrimonio de manera injustificada durante su gestión como magistrado del TSE.

    Los abogados de la defensa confirmaron a Diario El Mundo que, los expertos serán los responsables de realizar los análisis técnicos de cerca de 40 puntos de pericia ofrecidos por el Ministerio Público y la defensa. Entre ellos figuran ingresos, egresos y bienes adquiridos por Chicas.

    «Se va a contabilizar los ingresos de él (Eugenio Chicas) por mes y por año», dijo el abogado.

    Los informes periciales serían clave para determinar si existió o no incremento patrimonial no justificado por parte del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral.

    La defensa del exfuncionario aseguró que en los análisis periciales se sumará los $50,000 que el exmagistrado recibió de indemnización por parte del presidente Nayib Bukele, en el caso de calumnias en el año 2019.

    El 18 de octubre de 2017, Chicas demandó a Bukele en el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla, debido a que dos días antes, el entonces alcalde de San Salvador en una entrevista de televisión dijo que el exmagistrado violó a su hija de crianza y luego se casó con ella para no ir a la cárcel.

    Proceso penal

    Eugenio Chicas fue detenido el pasado 13 de febrero, después de dejar a su hijo en el centro educativo; la Fiscalía afirmó que lo acusaría por enriquecimiento ilícito de más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

    “Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días”, informó la Fiscalía en su cuenta de X, al momento de la captura.

    El 28 del mismo mes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó la detención provisional en contra del exmagistrado mientras el caso se remitió a fase de instrucción. El caso tiene reserva total a petición de la Fiscalía.

    En noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador encontró responsable a Chicas y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito y lo sentenció a reintegrar más de $202 mil.

    Según el fallo, el exmagistrado debe reintegrar la suma de $173,705.57; mientras que a su esposa Blanca Ayala Martínez, la suma de $11,282; su hijo Carlos Chicas González, $1,080.44; y su excónyuge Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50.