Autor: Dania Quehl

  • Fiscalía pide 18 años de cárcel para exalcaldesa de Soyapango por caso de incumplimiento de deberes

    Fiscalía pide 18 años de cárcel para exalcaldesa de Soyapango por caso de incumplimiento de deberes

    La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una pena de 18 años de cárcel para la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, acusada de apropiación o retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes en el pago de trabajadores.

    “El proceso ya está en la etapa de alegatos finales que son las conclusiones de cada una de las partes. La Fiscalía cómo es su trabajo está solicitando una sentencia condenatoria para todos los imputados, para la señora Nercy están pidiendo una sumatoria de penas de 18 años más una multa de 100 días por el delito de malversación”, expuso Miguel Ángel Cárcamo, abogado de la exedil.

    Según explicó, la representación fiscal solicita ocho años de prisión por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales; ocho años por incumplimiento de deberes y dos años por el delito de infracción de condiciones laborales o de seguridad social. Además de una multa de 100 días de trabajo por el delito de malversación.

    El abogado de la exalcaldesa de Soyapango manifestó su desacuerdo con las penas solicitadas, ya que sostiene que los delitos que se le acusan a la exfuncionaria son delitos de carácter doloso intencionacionales, “pero aquí se ha demostrado que la alcaldía pasaba por una situación financiera de impago que hacía imposible que se pudiera pagar a los trabajadores”.

    Cárcamo sostuvo que los informes financieros de los peritos de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), concluyeron que “la alcaldía no podía pagar salarios”.

    La vista pública siguió con la declaración de un perito que realizó dos informes sobre la autenticidad de firmas plasmadas en declaraciones juradas atribuidas a Ricardo Arturo Roque Baires, uno de los procesados.

    “Ahora lo que hizo el perito únicamente fue confirmar que los peritajes los hizo él (Roque Baires), que se los solicitó Fiscalía y que la conclusión es que las firmas no son de él. Para nuestra defensa que el mismo perito rectifique y concluya que las firmas no son de él”, indicó Jaime Cárcamo, abogado de Baires.

    La Fiscalía también solicitó que los procesados cumplan con una responsabilidad civil de más de $282,000 en atención a los gastado en las fiestas patronales y los demás procesados en el caso.

    La presentación de los alegatos finales continuará el viernes, donde también se dará el derecho a la última palabra a los imputados.

    La Fiscalía sostiene que la exalcaldesa de Soyapango realizó malversaciones de fondos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población.

    Según la declaración de un exconcejal, Montano hacía gastos excesivos como la contratación sin justificación de personal y el elevado monto aprobado para las festividades. Detalló que autorizaron $800,000 para las fiestas patronales y $150,000 por la presentación de un artista internacional en las fiestas patronales.

    En el caso también se procesa al abogado Ricardo Roque Baires, por falsedad ideológica y negociaciones ilícitas; y en calidad de ausentes, la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano.

    Así como el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez y el exgerente financiero, Francisco Hernández, por cargos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios.

    La Fiscalía ha documentado que los impagos a los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, provocando protestas de trabajadores sindicalizados.

    Montano fue capturada el 28 de diciembre de 2023, dentro de la comuna, luego de varios días de protestas por parte de los sindicatos que exigían el pago de salarios, bonos y aguinaldos atrasados.

  • Mar de fondo y mareas muertas afectarán a la costa salvadoreña desde el domingo

    Mar de fondo y mareas muertas afectarán a la costa salvadoreña desde el domingo

    El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó, este miércoles, que del domingo 1 al martes 3 de junio la costa salvadoreña estará afectada por el

    fenómeno de mar de fondo, que corresponde a olas fuertes y persistentes que pueden representar r

    iesgo para bañistas y embarcaciones pequeñas.

    Según explicó el Marn, la marea alta sería entre las 7:00 y 9:00 de la mañana y noche, mientras que la marea baja de 1:00 a 3:00 de la mañana y tarde.

    Durante la marea alta prevén la ocurrencia de inundaciones en la parte altas de las playas con viviendas y estructuras, así como el volcamiento de embarcaciones durante el ingreso al mar.

    Mientras que en la marea baja, se señala un riesgo de mayor ahogamiento por corrientes de retorno y posible rompimiento de los amarres de las embarcaciones en los puertos.

    Ante esto, el director de Protección Civil dijo que “el mar de fondo no es primera vez que impacta en la costa salvadoreña, de hecho, es un fenómeno que ocurre básicamente una vez empieza el periodo lluvioso, una vez las condiciones, atmosféricas se tornan propicias para la ocurrencia de tormentas extra tropicales, esa es una amenaza latente en toda la costa salvadoreña”.

    Según las publicaciones del Marn en sus redes sociales, en el mar de fondo

    la diferencia entre marea alta y marea baja no es mucha, por ello, representa riesgo.

    Ayer,

    el director de Protección Civil reiteró que el fenómeno de

    las mareas vivas se mantendrá hasta el próximo sábado 31 de mayo, “de repente no tan altas ni rápido como se han tenido en estos primeros tres días, pero el hecho es que continúan”.

    En ese sentido hizo un llamado a la población a

    no ingresar al mar en horas de marea alta y acatar las indicaciones de los guardavidas,

    quienes están capacitados para la atención de emergencias en las costas salvadoreñas. El funcionario aseguró que la pesca artesanal no está prohibida.

    De los dos albergues habilitados, al menos uno se mantiene activo, luego que el fin de semana anterior, 33 personas resultaran lesionadas tras un fuerte oleaje. Según Protección Civil, el mar ingresó al menos unos 15 metros en la playa.

  • Desactivan albergue en El Majahual pero mantienen uno en Acajutla tras oleaje alto en la costa salvadoreña

    Desactivan albergue en El Majahual pero mantienen uno en Acajutla tras oleaje alto en la costa salvadoreña

    Ante la presencia de oleaje alto en las costas salvadoreñas, la Dirección de Protección Civil habilitó dos albergues a nivel nacional, sin embargo, solo uno permanece activo, informó el director de dicha institución, Luis Amaya, este miércoles.

    “Tenemos un albergue activo todavía en Acajutla (Sonsonate). En El Majahual las personas evacuaron en ese momento pero todas han vuelto a sus actividades, incluso debo decir a sus actividades comerciales, excepto donde la ramada sufrió daños considerables”, dijo Amaya en la entrevista matutina de canal 10.

    Según explicó, se resguardan a familias en las exinstalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES), en el distrito de Acajutla, en Sonsonate Oeste.

    “Todavía hay una personas albergadas a las que obviamente se les está dando toda la atención requerida y logística humanitaria que se activa cada vez que activamos un albergue”, detalló el funcionario.

    Las autoridades habilitaron el pasado domingo un albergue en el distrito de La Libertad, en La Libertad Costa, luego que bañistas y comerciantes fueran sorprendidos por fuertes olas que causaron el arrastre de personas y objetos de los vendedores del lugar.

    Hasta la tarde del lunes, se contabilizaron alrededor de 12 personas resguardadas de la playa Conchalío.

    Durante la emergencia se evacuó al menos a 50 personas, sin embargo, este miércoles, el director de Protección Civil dijo que se registraron 33 personas lesionadas de menor gravedad y que todos fueron atendidos y dados de alta.

    Amaya destacó que se calculó que las olas de la playa El Majahual reportaron un ingreso de al menos 15 metros desde la playa hasta las zonas de comercio, lo que mantuvo inundadas las calles.

    El director de Protección Civil reiteró que el fenómeno de mareas vivas continuará hasta el próximo sábado, por lo que hace el llamado a la población a no ingresar a la playa durante la marea alta y acatar las recomendaciones de los guardavidas.

  • Protección Civil registró 33 personas lesionadas por oleaje alto de mareas vivas

    Protección Civil registró 33 personas lesionadas por oleaje alto de mareas vivas

    El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya informó, este miércoles, que el fuerte oleaje que azota las costas salvadoreñas desde el pasado domingo dejó

    33 personas lesionadas.

    «Si tuvimos lesionados, al final tuvimos 33 personas lesionadas, ninguno de gravedad. Ninguna persona ha salido lesionada de gravedad, no hemos tenido traumatismos que pudieran haber llegado hasta una situación de ingreso hospitalaria», dijo Amaya en la entrevista matutina de canal 10.

    De acuerdo con el director de Protección Civil,

    los bañistas lesionados fueron atendidos y remitidos a unidades de la zona para su debida atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

    Los turistas y comerciantes de la playa El Majahual, en La Libertad fueron sorprendidos la tarde del domingo cuando olas de gran tamaño ingresaron con fuerza hasta la zona de arena, arrastrando a varios bañistas, así como ramadas, sillas y mesas que pertenecían a los vendedores del lugar.

    Durante la emergencia, guardavidas de Protección Civil junto a personal de otras instituciones de socorro evacuaron a

    cerca de 50 personas de dicha playa.

    Amaya destacó que se calculó que las

    olas de la playa El Majahual reportaron un ingreso de al menos 15 metros desde la playa hasta las zonas de comercio, lo que mantuvo inundadas las calles.

    Evaluación de daños

    Ante dicha situación, el director de Protección Civil informó que actualmente realizan una evaluación de daños y análisis de necesidades, esto debido al arrastre de mobiliario y productos de los comerciantes que causaron las grandes olas.

    Según explicó los daños son aquellos que se observan en el preciso momento que impacta la ola, pero luego se da el análisis con respecto a la pérdida que enfrentará la persona en los próximos días por no estar vendiendo en la ramada, que son pequeños comerciantes.

    “Entonces lo que estamos procurando es hacer una evaluación de daños a fin de poder considerar no solamente daños materiales, sino pérdidas (económicas)”.

    Luis Amaya,

    Director de Protección Civil.

    Los comerciantes informaron a inicio de la semana que alrededor de 50 ranchos ubicados en dicha playa permanecerán cerrados esta semana debido al alto oleaje, una medida que impactará directamente en sus ingresos.

    Seguirá el fenómeno

    El director de Protección Civil reiteró que el fenómeno de

    las mareas vivas se mantendrá hasta el próximo sábado, “de repente no tan altas ni rápido como se han tenido en estos primeros tres días, pero el hecho es que continúan”.

    En ese sentido hizo un llamado a la población a

    no ingresar al mar en horas de marea alta y acatar las indicaciones de los guardavidas, quienes están capacitados para la atención de emergencias en las costas salvadoreñas. El funcionario aseguró que la pesca artesanal no está prohibida.

    «Lo que significa tener un aviso es mantener o llamar la atención de las personas que están llegando a la playa, a fin de que lo hagan con la protección debida y que no ingresen al mar en horas indebidas».

    Luis Amaya,

    Director de Protección Civil.

    El pasado domingo la

    institución emitió un aviso por el alto oleaje, sin embargo, ante la posibilidad que el oleaje baje en lo que resta de la semana, Amaya indicó que el aviso se mantendrá activo para evitar inconvenientes.

    “Estamos analizando que esto ya va decreciendo, en ese sentido, nos vamos a mantener con aviso, por lo menos hasta el día sábado, considerando que todavía el viernes 30 podríamos tener podríamos tener algunas olas”, manifestó el funcionario.

    Nuevo fenómeno

    El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó, esta mañana, que

    del 1 al 3 de junio, se tendrá el fenómeno de mar de fondo, que corresponde a olas fuertes y persistentes que pueden representar riesgo para bañistas y embarcaciones pequeñas.

    Según explicó el Marn, la marea alta sería entre las 7:00 y 9:00 de la mañana y noche y la marea baja de 1:00 a 3:00 de la mañana y tarde.

    Durante la marea alta prevén la ocurrencia de inundaciones en la parte altas de las playas con viviendas y estructuras, así como el volcamiento de embarcaciones durante el ingreso al mar.

    Mientras que en la marea baja, se señala un riesgo de mayor ahogamiento por corrientes de retorno y posible rompimiento de los amarres de las embarcaciones en los puertos.

    Ante esto, el director de Protección Civil dijo que

    “el mar de fondo no es primera vez que impacta en la costa salvadoreña, de hecho, es un fenómeno que ocurre básicamente una vez empieza el periodo lluvioso, una vez las condiciones, atmosféricas se tornan propicias para la ocurrencia de tormentas extra tropicales, esa es una amenaza latente en toda la costa salvadoreña”.

  • Presentan acusación contra capturados de la cooperativa El Bosque

    Presentan acusación contra capturados de la cooperativa El Bosque

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento de acusación en contra del presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Antonio Henríquez.

    El requerimiento fiscal fue presentado ante Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, en La Libertad, informaron fuentes cercanas al caso a medios de comunicación.

    Según indicaron, a los detenidos se les procesa por los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva.

    La audiencia está señalada para el próximo viernes 30 de mayo a las 9:00 de la mañana.

    El abogado defensor Oswaldo Feussier confirmó a Diario El Mundo que ya fue notificado sobre la presentación del requerimiento.

    El 12 de mayo de 2025, residentes de la Cooperativa El Bosque participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

    En dicha concentración fue detenido el líder comunitario, Ángel Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), según las imágenes difundidas por medios de comunicación en redes sociales.

    Un día después, se reportó la captura del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez en la afueras de las instalaciones de dicha organización, en la colonia Miramonte de San Salvador.

  • Detenidos de la cooperativa El Bosque siguen sin ser acusados ante juzgados después de 15 días, dice abogado

    Detenidos de la cooperativa El Bosque siguen sin ser acusados ante juzgados después de 15 días, dice abogado

    El pastor de la iglesia Elim y presidente de la cooperativa El Bosque, José u00c1ngel Pérez, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Antonio Henríquez, quienes fueron detenidos durante una concentración para que el presidente Nayib Bukele intercediera para detener el desalojo de varias familias de la cooperativa El Bosque, siguen sin ser acusados ante los juzgados, informó a primeras horas de este miércoles, el abogado Oswaldo Feussier.

    El abogado señaló que el requerimiento fiscal tendría que haberse presentado el martes, “por lo menos si lo pensaban presentar en horas de oficina, debido a que ayer se venció el plazo de 15 días para los detenidos de la cooperativa El Bosque, comunidad de La Libertad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de presentar el requerimiento fiscal en contra de las personas que hayan sido detenidas y a las que se les pretende acusar por los presuntos delitos cometidos.

    “Si el hecho se entiende que son delitos comunes como resistencia y desórdenes públicos que fueron realizados en la zona de La Libertad tendría que ser en los Juzgados de Paz de Santa Tecla”, explicó Feussier a Diario El Mundo.

    Sin embargo, el abogado expuso que si la Fiscalía pretende añadir delitos mayores como agrupaciones ilícitas, el caso pasaría a un Juzgado de San Salvador.

    Hasta la mañana del miércoles Feussier dijo que aún espera ser notificado que haya sido presentado el requerimiento fiscal en contra de sus defendidos.

    Los hechos

    El 12 de mayo de 2025, residentes de la Cooperativa El Bosque participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

    En dicha concentración fue detenido el líder comunitario, Ángel Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), según las imágenes difundidas por medios de comunicación en redes sociales.

    Un día después, se reportó la captura del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez en la afueras de las instalaciones de dicha organización, en la colonia Miramonte de San Salvador.

    Ante ello, las organizaciones civiles y de derechos humanos junto a los demás habitantes de la comunidad se pronunciaron sobre las detenciones y exigieron la liberación de los detenidos, quienes en su momento señalaron que serían acusados por el delito de desórdenes públicos.

    A finales de la misma semana, se conoció que el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, en La Libertad había revocado el desalojo de los habitantes de la cooperativa El Bosque. La noticia se conoció luego de que la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se reuniera con ellos.

    El presidente Nayib Bukele, se pronunció sobre lo sucedido y dijo que los eventos de la noche del 12 de mayo fueron debido a “manipulaciones” de organizaciones hacia los residentes de la comunidad y dio paso para la creación de la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales.

  • Reos fabrican 2,000 pupitres por día para las escuelas que se reconstruyen

    Reos fabrican 2,000 pupitres por día para las escuelas que se reconstruyen

    Más de 2,000 privados de libertad del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana dedican sus jornadas a la fabricación de mobiliario escolar, elaborando diariamente cerca de 2,000 pupitres como parte del Plan Cero Ocio, una estrategia que impulsa el trabajo productivo y la reinserción social a través de la formación en oficios.

    En el área de soldadura, el constante sonido del metal siendo cortado, moldeado, soldado y embalsamado marca el ritmo del trabajo para los reos, quienes en sus estaciones de trabajo transforman barras de hierro en estructuras firmes que darán forma a pupitres, escritorios, columpios y juegos de mesa sensoriales.

    Gabriel Sánchez, encargado de mecánica industrial del área explicó que cada pieza se fabrica con precisión para abastecer a los centros educativos de todos los niveles, desde parvularia hasta bachillerato.

    «Lo que son mesas, sillas, escritorios y todo lo referente a la renovación de las escuelas, también como lo que se va a implementar en las cocinas, mobiliario para cafeteras y todo lo referente a hacer algo», indicó Sánchez al destacar la variedad de elementos que se producen.

    El mobiliario pretende ser utilizado para equipar las nuevas instalaciones educativas que se reconstruyen a nivel nacional, como parte del proyecto «Dos escuelas por día», que lanzó el pasado jueves el presidente Nayib Bukele, que busca renovar la infraestructura escolar.

    Para esta tarea, al menos 2,000 reos están asignados exclusivamente para la fabricación del mobiliario educativo, según se informó a Diario El Mundo durante la visita al Centro Industrial de Santa Ana.

    Parte del mobiliario escolar elaborado por los reos del plan Cero Ocio en el penal de Santa Ana./Francisco Valle

    Confección

    Paralelamente, en el área de textiles, alrededor de 2,050 privados de libertad trabajan en la confección de los uniformes que usarán las personas que participarán en las obras de reconstrucción de las escuelas del proyecto «Dos escuelas por día».

    En mesas organizadas por equipos de 24 personas y bajo la supervisión de 200 encargados, se producen diariamente 2,000 kits que incluyen dos pantalones, dos camisas, dos boxers, una sábana y una mochila transparente. «Ellos están encargados de que cada prenda vaya en excelente calidad».

    Las áreas de trabajo abarcan corte, confección, planchado, serigrafía y doblado, y operan bajo un sistema de empaque, detalló Miguel Medrano, uno de los coordinadores del área textil.

    Medrano reveló que a su debido tiempo también se encarguen de la confección de los uniformes escolares.

    El privado de libertad señaló que las personas que participan en los talleres al interior del centro penitenciario deben tener voluntad de superación. Medrano expresó que sueña con poder dedicarse a la confección de ropa cuando cumpla su sentencia.

    «Estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos brinda el Gobierno y poder retribuir con un poco de trabajo el daño que un día le causamos a la sociedad. Es una oportunidad bastante grande y espero algún día, si se me da la oportunidad hasta poder poner mi propio taller en vida libre», dijo Medrano.

    El Plan Cero Ocio es una política que involucra a la población penitenciaria de El Salvador y que pretende promover el trabajo productivo al interior de las cárceles con el fin de apoyar en la reinserción social de los privados de libertad.

    «El Gobierno ha dado la oportunidad de poder hacer todo desde cero, hacer todas las cosas de una forma nueva, hacer todas las cosas e ir mejorando, todo lo que había antes» expresó Sánchez.

    Reos del plan Cero Ocio en el penal de Santa Ana en labores de confección de uniformes./Francisco Valle

    El privado de libertad destacó que en el centro penitenciario ha aprendido diferentes labores como la mecánica, vocación que espera desempeñar cuando finalice su pena. «Yo no podía hacer lo que puedo hacer hoy como mecánica y en el transcurso del tiempo tratar de esforzarme y superarme y saber que si puedo desempeñar ese trabajo acá también lo puedo hacer cuando esté fuera».

    El Centro Industrial de Santa Ana registra un aproximado de 8,500 privados de libertad cuenta con una amplia variedad de talleres, entre ellos textilería, pintura industrial y artística, metalurgía, carpintería, tapicería y arte en barro e hilo.

    Así como áreas dedicadas a la ganadería, producción agrícola e incluso crianza de tilapia. En cada uno de estos espacios, los privados de libertad desarrollan oficios que fortalecen sus habilidades y promueven su reinserción social.

    Un reo hace labores de soldadura en la armazón metálica de un pupitre en el penal de Santa Ana./Francisco Valle.

  • Reos fabrican 2,000 pupitres por día para las escuelas que se reconstruyen

    Reos fabrican 2,000 pupitres por día para las escuelas que se reconstruyen

    Más de 2,000 privados de libertad del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana dedican sus jornadas a la fabricación de mobiliario escolar, elaborando diariamente cerca de 2,000 pupitres como parte del Plan Cero Ocio, una estrategia que impulsa el trabajo productivo y la reinserción social a través de la formación en oficios.

    En el área de soldadura, el constante sonido del metal siendo cortado, moldeado, soldado y embalsamado marca el ritmo del trabajo para los reos, quienes en sus estaciones de trabajo transforman barras de hierro en estructuras firmes que darán forma a pupitres, escritorios, columpios y juegos de mesa sensoriales.


    Gabriel Sánchez, encargado de mecánica industrial del área explicó que cada pieza se fabrica con precisión para abastecer a los centros educativos de todos los niveles, desde parvularia hasta bachillerato.

    “Lo que son mesas, sillas, escritorios y todo lo referente a la renovación de las escuelas, también como lo que se va a implementar en las cocinas, mobiliario para cafeteras y todo lo referente a hacer algo”, indicó Sánchez al destacar la variedad de elementos que se producen.

    El mobiliario pretende ser utilizado para equipar las nuevas instalaciones educativas que se reconstruyen a nivel nacional, como parte del proyecto “Dos escuelas por día”, que lanzó el pasado jueves el presidente Nayib Bukele, que busca renovar la infraestructura escolar

    Para esta tarea, al menos 2,000 reos están asignados exclusivamente para la fabricación del mobiliario educativo, según se informó a Diario El Mundo durante la visita al Centro Industrial de Santa Ana.

    Parte del mobiliario escolar elaborado por los reos del plan Cero Ocio en el penal de Santa Ana./Francisco Valle
    Parte del mobiliario escolar elaborado por los reos del plan Cero Ocio en el penal de Santa Ana./Francisco Valle

    Confección
    Paralelamente, en el área de textiles, alrededor de 2,050 privados de libertad trabajan en la confección de los uniformes que usarán las personas que participarán en las obras de reconstrucción de las escuelas del proyecto “Dos escuelas por día”.

    En mesas organizadas por equipos de 24 personas y bajo la supervisión de 200 encargados, se producen diariamente 2,000 kits que incluyen dos pantalones, dos camisas, dos boxers, una sábana y una mochila transparente. “Ellos están encargados de que cada prenda vaya en excelente calidad”.

    Las áreas de trabajo abarcan corte, confección, planchado, serigrafía y doblado, y operan bajo un sistema de empaque, detalló Miguel Medrano, uno de los coordinadores del área textil.

    Medrano reveló que a su debido tiempo también se encarguen de la confección de los uniformes escolares.

    El privado de libertad señaló que las personas que participan en los talleres al interior del centro penitenciario deben tener voluntad de superación. Medrano expresó que sueña con poder dedicarse a la confección de ropa cuando cumpla su sentencia.

    “Estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos brinda el Gobierno y poder retribuir con un poco de trabajo el daño que un día le causamos a la sociedad. Es una oportunidad bastante grande y espero algún día, si se me da la oportunidad hasta poder poner mi propio taller en vida libre”, dijo Medrano.

    El Plan Cero Ocio es una política que involucra a la población penitenciaria de El Salvador y que pretende promover el trabajo productivo al interior de las cárceles con el fin de apoyar en la reinserción social de los privados de libertad.

    “El Gobierno ha dado la oportunidad de poder hacer todo desde cero, hacer todas las cosas de una forma nueva, hacer todas las cosas e ir mejorando, todo lo que había antes” expresó Sánchez.

    Reos del plan Cero Ocio en el penal de Santa Ana en labores de confección de uniformes./Francisco Valle
    Reos del plan Cero Ocio en el penal de Santa Ana en labores de confección de uniformes./Francisco Valle

    El privado de libertad destacó que en el centro penitenciario ha aprendido diferentes labores como la mecánica, vocación que espera desempeñar cuando finalice su pena. “Yo no podía hacer lo que puedo hacer hoy como mecánica y en el transcurso del tiempo tratar de esforzarme y superarme y saber que si puedo desempeñar ese trabajo acá también lo puedo hacer cuando esté fuera”.

    El Centro Industrial de Santa Ana registra un aproximado de 8,500 privados de libertad cuenta con una amplia variedad de talleres, entre ellos textilería, pintura industrial y artística, metalurgia, carpintería, tapicería y arte en barro e hilo.

    Así como áreas dedicadas a la ganadería, producción agrícola e incluso crianza de tilapia. En cada uno de estos espacios, los privados de libertad desarrollan oficios que fortalecen sus habilidades y promueven su reinserción social.

    Un reo hace labores de soldadura en la armazón metálica de un pupitre en el penal de Santa Ana./Francisco Valle.
    Un reo hace labores de soldadura en la armazón metálica de un pupitre en el penal de Santa Ana./Francisco Valle.

  • Caso Santa Marta: piden a CSJ que investigue a juez de sentencia por pasado militar

    Caso Santa Marta: piden a CSJ que investigue a juez de sentencia por pasado militar

    La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, junto a familiares de uno de los acusados en el caso conocido con el mismo nombre,

    presentaron este miércoles un escrito ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investiguen al juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas,

    señalado de pertenecer a la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño.

    “Nosotros como familiares hemos venido a presentar un escrito para que investiguen al juez que lleva el caso de los ambientalistas y nuestro familiar para que se revise si de verdad él (juez) tuvo implicaciones durante el conflicto armado como miembro activo de la Guardia Nacional”, manifestó Milton Rivas, hijo de Pedro Rivas, uno de los ocho procesados.

    Según información difundida en plataformas digitales y redes sociales por el comunicador, César Fuentes, el juez Alas Flores fue su compañero dentro de la Guardia Nacional, por lo que ahora familiares de los acusados exigen que se investigue.

    “Si eso es así, debe ser corroborado y apartado del caso porque esto genera un conflicto de intereses, ya que haría de juez y parte en esta investigación y podría tener hasta cierto punto un anticipo de juicio, entonces desde ese punto de vista la imparcialidad se pierde”, indicó el hijo de uno de los procesados.

    Desde inicios de abril, organizaciones de derechos humanos solicitaron al juez Flores Alas que se apartará del proceso judicial que enfrentan ocho personas de la comunidad Santa Marta acusados del asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.

    El representante de Ades Santa Marta, Alfredo Leiva, consideró que el caso se ha visto “contaminado” y existe la posibilidad que haya manipulado a los otros dos jueces que conforman el Tribunal de Sentencia de San Vicente, que conocerán el caso.

    “Por lo tanto, es importante para la aplicación de una verdadera justicia que la Sección de Investigación realice la investigación y de esa manera determine si el juez puede o no actuar en el caso de nuestros compañeros”.
    Alfredo Leiva,
    Representante de ADES.

    A ellos se sumó el abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, quien expresó su apoyo a la comunidad Santa Marta y que el proceso penal ha sufrido de “atropellos” y “dilataciones” con el fin de “criminalizar” a las ocho personas acusadas.

    “Ningún exguerrillero que haya participado en el conflicto armado debería de ser juez de ningún exmiembro de la Fuerza Armada o de los cuerpos de seguridad que participaron en el conflicto, así como a la inversa”, recalcó Díaz.

    En el caso Santa Marta se acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de asesinar a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

    El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

    El juicio repetido está previsto para el próximo 3 de junio de 2025, luego que fuera suspendido por tercera vez por carga laboral del Tribunal de Sentencia de San Vicente con otros procesos agendados.

    El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

    Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una persecución en contra los ambientalistas de Santa Marta.

  • Enjuician a exmiembros de escuadrón de la muerte por masacre de San Andrés

    Enjuician a exmiembros de escuadrón de la muerte por masacre de San Andrés

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel instaló, el lunes, el juicio en contra de cuatro hombres a quienes se les acusa del asesinato de cinco personas, en el caso conocido como masacre de San Andrés, en el departamento de San Miguel durante el conflicto armado.

    Los procesados fueron identificados como José Inés Benavides, alias «Necho»; José de la Cruz Orellana, alias «Chepe proyecto»; Aníbal Alvarado Benítez, alias «Chele Aníbal» y Luis Alonso Benavides Polio. Dos de los acusados tiene medidas alternas a la detención y dos guardan prisión.

    Según la Fiscalía General de la República (FGR) a los imputados se les procesa el asesinato de cinco víctimas que fueron privadas de libertad en el cantón San Andrés, de San Miguel, el 7 de abril de 1981 y sus cadáveres fueron localizados un día después en el cantón Caulotillo, del municipio de San Alejo, La Unión.

    La Fiscalía atribuye los delitos en perjuicio de Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, quienes residían en el referido cantón y fue durante la noche que fueron sacados de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.

    En su momento, la Fiscalía aseguró que una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa «pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado».

    Supuestamente un «oreja» dio información sobre ellos al C2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato. Cuando encontraron los cuerpos algunos estaban mutilados. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.

    A los procesados se les atribuye los delitos de asesinato, privación de libertad, robo y asociaciones ilícitas, así como aquellos delitos contra las leyes o costumbres de guerra, es decir no atentar contra civiles. La FGR asegura que todos los delitos fueron cometidos durante el conflicto armado.

    La vista pública está prevista para realizarse durante cinco días, donde la Fiscalía presentará pruebas periciales antropología, psicológica, físico-química y social. Además de la declaración de 15 testigos y ocho peritos con los que sustentarán su acusación en contra de los imputados.

    Los cuatro exmilitares se convierten en la primera estructura que conformó un escuadrón de la muerte, durante el conflicto armado en el país, que son judicializados por un crimen de guerra, declarado como de lesa humanidad por un juez de paz.

    En marzo pasado, Estados Unidos expulsó a Ángel Aníbal Alvarado Benítez de 75 años, quien residía en ese país de manera irregular.