Autor: Dania Quehl

La Policía Nacional (PNC) informó, la noche del lunes, que la muerte de un hombre previamente reportada como suicidio el pasado 28 de marzo, en el departamento de Sonsonate, se trató de un homicidio.

De acuerdo con la corporación policial, la autopsia de Medicina Legal determinó que la víctima recibió una lesión del cuello, la cual fue alterada para fingir que se trató de un acto suicida.

«Pese a que la escena parecía un suicidio, la causa de muerte se determinaría en la autopsia, además de las investigaciones en torno al caso. Hoy se determinó que fue homicidio», publicó la PNC en su cuenta de X.

El crimen fue reportado el 28 de marzo en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este y según la Policía se capturó una mujer, identificada como Maura Alicia Bonilla Pérez, señalada como la presunta responsable del asesinato.

La PNC destacó que Bonilla Pérez era la compañera de la víctima, y ahora deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fraude procesal.

En el primer trimestre del año 2025, se contabilizaron 17 homicidios a nivel nacional, según los registros de la corporación policial, sin contar con la reciente información, con la que sumaría 18 asesinatos.

De acuerdo con los datos recabados, del total de homicidios 11 fueron hombres entre los 20 y 50 años de edad, mientras que los feminicidios alcanzaron los seis casos, de los cuales uno fue cometido por su pareja.

Sin embargo, en uno de los crímenes no se determinó el género de la víctima mortal.

El mes de marzo registró el mayor número de homicidios, con nueve muertes violentas, seguido de enero con seis y febrero con tres asesinatos.

El Socorro Juridico Humanitario (SJH) presentó, este martes, un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del director general de Centros Penales, «Osiris Luna «por los presuntos delitos de «actos arbitrarios cometidos por funcionario público, limitación indebida a la libertad individual y desobediencia,» tras incumplir la orden de liberación a favor de un joven portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), capturado en el régimen de excepción.

La directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, aseguró que Luna, así como el director del Centro Penal de Izalco, René Antonio Reyes «se niegan a liberar al joven identificado Anderson Stanley Argueta Rivera», quien el pasado 25 de febrero recibió la carta de orden de libertad por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado, Juez 2 de San Salvador.

«Tenemos a Anderson Stanley Argueta Rivera, que es un joven cuyo padecimiento de salud o condición de salud es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, desde su nacimiento este muchacho tiene esta condición de salud y en su corta edad, hasta los 19 años él había estado completamente saludable recibiendo su tratamiento en el hospital Bloom y demás centros médicos».

«Ingrid Escobar,
Abogada del Socorro Jurídico Humanitario.».

De acuerdo con Escobar, un peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal, el 17 de enero de 2025, indica que «adicionalmente de ser paciente del VIH, Argueta Rivera no ha recibido su tratamiento retroviral.»

Además que se le identificó una herida en la zona abdominal que está supurando, pérdida de visión total de uno de sus ojos y padece de ideas suicidas. Dicho peritaje se ordenó tras la solicitud que presentó su madre al tribunal que conoce del caso.

«Este muchacho que hace unos meses que su mamá lo logró identificar ¿cómo está este muchacho ahora? y con la pena de decir esto, ¿es que acaso el muchacho ya no está vivo? y que aunque haya órdenes de libertad en favor de él, esa es la razón por la que no dicen nada, no lo liberan, no lo encuentran, eso es lo que venimos a denunciar», argumentó Escobar.

«Argueta Rivera es una persona con VIH desde su nacimiento» y fue capturado el 15 de mayo de 2025 en San Bartolo, San Salvador, cuando regresaba de un viaje desde Costa Rica, como defensor de los derechos humanos de personas que tienen misma condición de salud. El joven se encuentra recluido en el centro penal de Izalco.

La madre del joven, Nelly Rivera, «pide a las autoridades que se cumpla con la orden de liberación que se otorgó a favor de su hijo», con el fin que pueda retomar su tratamiento.

«Yo nada más quiero hacer conciencia a las personas encargadas de poner en libertad a mi hijo, ya que cuenta con una orden de libertad desde aproximadamente 45 días; que pongan sumando en su conciencia, apelen a su dignidad humana y que le den libertad a mi hijo», manifestó Rivera.

La directora de Socorro Jurídico añadió que junto a la entrega del aviso penal pretenden dar el informe del registro de las personas que han fallecido al interior de los centros penales, los cuales señaló ya alcanzan los «383 víctimas mortales, donde el 40 % han muerto en el centro penitenciario de Izalco.»

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego que en tres días antes de su aplicación se reportaron 87 homicidios en El Salvador. Recientemente, se cumplieron tres años de vigencia, y desde entonces se contabilizan más de 85,000 personas capturadas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró en el cargo de juez suplente del Juzgado Cuarto de lo Contencioso Administrativo de San Salvador a Carlos Armando Avilés Dueñas, hijo de la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos.

Dicho nombramiento fue publicado en el sitio web de la CSJ y fue confirmado en el acta número 16 de la Corte Plena, del 27 de febrero de 2025, el cual fue aprobado con 12 votos de los magistrados, a excepción de Dueñas.

En el acta del 18 de febrero, la magistrada Dueñas presentó ante el resto de magistrados un escrito para abstenerse de participar en sesión de Corte Plena en la que se conoció el nombramiento de los Jueces de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, propietarios y suplentes, «en aras de garantizar la transparencia e imparcialidad del procedimiento, pues tiene un vínculo familiar con uno de los postulantes; en razón de ello, se considera un motivo serio y razonable que puede poner en duda su imparcialidad», según se lee en el acta.

Ante ello, en la votación del nombramiento de Avilés Dueñas no contó con la participación de su madre, y solo fue partícipe en la elección de la magistrada propietaria de la Cámara Primera de lo Contencioso Administrativo con sede en Santa Tecla y de la magistrada suplente de la Cámara Segundo de lo Contencioso Administrativo con sede en San Salvador.

La Ley de Ética Gubernamental expone en su artículo 6, literal h, que son prohibiciones éticas «nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley».

En la publicación de la Corte también se informó sobre otros nombramientos de lo Contencioso Administrativo, que corresponden a:

• Laura Ximena Polanco Manzano, magistrada propietaria de la Cámara Primera de lo Contencioso Administrativo, con sede en Santa Tecla.
• Mirna Jeannette Medrano Driottez, jueza propietaria del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana.
• Allison Yaneth Muñoz Burgos, jueza suplente del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla.
• Irma Joanna Henríquez González, magistrada suplente de la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo de San Salvador.
• Yoalma Teresa Iraheta Portillo, jueza suplente del Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador.
• Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo son los encargados de conocer de las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y, además, conocer de las pretensiones derivadas de actuaciones u omisiones de los concesionarios, según la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

¿Quién es Carlos Avilés Dueñas?

Carlos Armando Avilés Dueñas, de 34 años de edad, es graduado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Dr. José Matías Delgado.

Cuenta con un posgrado en Seguridad y Desarrollo Nacional del Colegio de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional y un diplomado en Derecho Administrativo y Constitucional impartido por la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura.

Avilés Dueñas ha ostentado otros cargos en los últimos años, entre ellos, gerente de asuntos jurídicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Se ha desempeñado como procurador adjunto de derechos laborales y derechos patrimoniales, coordinador nacional de la unidad contencioso administrativo y amparos, asistente legal en la Procuraduría adjunta en niñez y adolescencia.

Asimismo, como auxiliar jurídico en la Unidad de Familia, todos estos cargos dentro de la PGR y también ha sido colaborador judicial en el Juzgado Segundo de Menores en San Salvador.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará suministros de medicamentos para abastecer las clínicas empresariales del órgano judicial, para este año 2025, por un valor de $231,101.97, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

De acuerdo con el documento, el paquete de medicamentos incluye un total de 84 tipos diferentes y diseñado para cubrir una variedad de necesidades médicas, que serán financiados con fondos del Estado.

Entre los productos destacados en la compra se encuentran frascos de gotas oftálmicas, tabletas para el tratamiento del reflujo gástrico, fexofenadina para la rinitis alérgica, y productos para el cuidado de la piel, como dexpantenol.

En detalle, entre los medicamentos que se contempla adquirir son:

2,900 frascos de 120 mililitros (ml) de acebrofilina de cinco miligramos (mg), en gel oral, para el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas como bronquitis obstructiva o asmática. Con un precio unitario de $18.19, que suman $23,751 del monto global.
1,902 frascos de 10 ml de polietilenglicol + propilenglicol + polidronio gotas oftálmicas, utilizados para aliviar el ardor y la irritación ocular. Cada unidad tiene un costo de $10.86, lo que da un total de $20,255.72.
5,451 frascos de 120 ml de clorhidrato de bencidamina, un medicamento para aliviar dolor e irritación de garganta. Con un precio de $2.99 por frasco, el costo total es de $16,298.49.
16,400 tabletas de amoxicilina de 875 mg + ácido clavulánico de 125 mg, para tratar infecciones causadas por bacterias por un costo de $0.96 y un total de $15,744.00.
36,570 tabletas de esomeprazol, para el tratamiento de reflujo gástrico, con un valor unitario de $0.33, lo que representa una inversión de $12,127.50.
15,504 tabletas de fexofenadina de 120 mg, para combatir la rinitis alérgica, con un costo unitario de $0.54, sumando $8,372.16.
1,500 tubos de 30 gramos de dexpantenol, para el cuidado de la piel, con un valor unitario de $5.33, lo que equivale a una inversión total de $8,055.00.

La oferta también incluye medicamentos para las alergias como la clorfenamina, azitromicina, ambroxol y loperamida, además de antidepresivos y anti inflamatorios musculares.

Según las especificaciones establecidas en el contrato de compra, los medicamentos adquiridos deben tener una vigencia o caducidad mínima de 18 meses, a partir de la entrega del producto y las empresas proveedoras deberán garantizar su efectividad durante el mismo período.

Si la vigencia o caducidad del producto supera los 18 meses, la garantía deberá ser de igual o mayor tiempo al de la caducidad.

La publicación de la oferta se realizó en enero de 2025 y la negociación formal comenzó el pasado 3 de marzo del mismo año, según el sitio web de Bolpros.

En lo que va del año, la Corte Suprema de Justicia ha publicado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

Además, que pretende comprar más de 4,572 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880 y otros $54,741 para la compra de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, de San Salvador, decretó en audiencia de imposición de medidas, que seis extranjeros ligados al caso de estafa mediante la agencia de carros Venicars, sigan en prisión preventiva, mientras el caso avanza a fase de instrucción.

La resolución de la audiencia inicial se emitió este viernes, luego que el jueves se iniciará el proceso judicial en contra de los acusados, según informaron equipo de prensa de la Fiscalía General de la República (FGR) a Diario El Mundo.

Los procesados son Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, de nacionalidad venezolana, además de Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Francis Dorelys Batson Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana.

Los seis sudamericanos son acusados de los delitos de estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas.

Durante el proceso de investigación, la Fiscalía señaló que en dicha empresa se ofrecían la venta de carros tras un pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, sin embargo, estos no eran entregados y alegaban que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.

Además, de que las víctimas entregaron diversas cantidades de dinero que iban desde los $5,000 a $10,000 y nunca recibieron el vehículo y tampoco la devolución del dinero.

El 18 de marzo de 2025, la entidad fiscal realizó un allanamiento en la agencia de Venicars, ubicada en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica; al igual que en la oficina administrativa de la empresa, en calle La Mascota, ambas en San Salvador, ante la denuncia de 10 personas que aseguraron haber sido estafadas por la empresa.

En dichos allanamientos se congeló la suma de $848,359.79 distribuidos en cinco cuentas en diferentes entidades bancarias de El Salvador y actualmente, se estima que el total de dinero estafado asciende a $2,500,000.

A la fecha, la Fiscalía señala que en el caso ya se contabilizan más de 1,000 denuncias de víctimas.

La agencia de carros operaba en el país desde octubre del año 2024 hasta marzo 2025, cuando se realizaron los operativos de allanamiento y detención.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta junto a otras organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron, este viernes, que el juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas se aparte del proceso judicial que enfrentan ocho personas de dicha organización, acusadas del asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.

De acuerdo con Ades Santa Marta, el motivo principal de dicha petición corresponde al presunto pasado militar del juez Flores Alas, quien habría sido miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, entre 1980-1992, según una información publicada esta semana en plataformas digitales y redes sociales por el comunicador, César Fuentes.

Según expresaron, Fuentes, quien estu00e1 radicado en Estados Unidos, declaró que fue compañero del juez de sentencia de San Vicente en la Guardia Nacional y que éste estuvo bajo su mando.

“El comunicador asegura que el ahora juez fue su subalterno en dicho cuerpo de seguridad estatal, lo cual consideramos que constituye una gran explicación ética y un conflicto de intereses al juzgar a (un) excombatientes que fueron sus adversarios en la guerra. Mu00e1s claramente, un exintegrante de la Guardia Nacional no puede juzgar a un grupo exmiembros de una organización beligerante del conflicto armado por un supuesto delito de la guerra”, manifestó representante de Ades, Alfredo Leiva, en una conferencia de prensa.

Ante ello, las organizaciones exponen que el proceso judicial tendría un conflicto de intereses grave, y cuestionan que la nueva vista pública próxima a desarrollarse en contra de los ambientalistas de San Marta sea objetiva, por lo que hacen el llamado al juez que se abstenga de conocer el caso y se retire de este.

“Creemos que el juez no tiene condiciones para actuar de manera imparcial y justa, por tanto exigimos al juez Alas Flores que por decencia y dignidad se abstenga de conocer el proceso penal contra los defensores ambientalistas de Santa Marta y Ades, se retire del caso inmediatamente y que un juez suplente asuma su función en la nueva vista pública”, declaró Leiva.

De igual forma, solicitan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue los posibles conflictos de intereses que el juez Flores Alas pueda en el proceso judicial en contra de los ambientales de Cabañas.

Las organizaciones también pidieron al presidente, Nayib Bukele, que permita el acceso a los archivos militares para verificar qué jueces y magistrados formaron parte de los cuerpos militares durante la guerra, y que podrían afectar la imparcialidad de los juicios relacionados con crímenes de guerra. “El presidente Bukele debe cumplir su compromiso de abrir esos archivos de la A a la Z”, subrayaron.

Las organizaciones reiteraron su rechazo a la repetición del juicio y denunciaron lo que consideran una “nueva fase de persecución” en contra los ambientales de Santa Marta.

Repetición del juicio

Del 9 al 11 de marzo de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente tiene previsto la instalación del juicio repetido del caso Santa Marta, luego que el 3 de febrero del presente año los acusados decidieron no acudir al juicio y éste fuera suspendido por la inasistencia de los procesados.

Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel u00c1ngel Gu00e1mez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, acusados del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Esta semana, el referido tribunal declaró en rebeldía a seis procesados en el caso de Santa Marta, quienes son acusados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cu00e1mara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

Al menos tres personas murieron y otras 10 resultaron lesionadas en diferentes accidentes de tránsito reportados en diferentes puntos del territorio salvadoreño, durante la noche del jueves y las primeras horas de este viernes.

Alrededor de las 7:00 de la noche del jueves, la PNC notificó un múltiple accidente de tránsito, en el cual tres personas murieron y otras cuatro resultaron lesionadas, entre ellas menores de edad.

Según detallaron, un conductor a bordo de un pick up transitaba sobre el km 162 de la carretera Ruta de Paz, caserío El Foco, en San Carlos, Morazán Sur y chocó contra dos vehículos parqueados en la zona.

Posteriormente, informaron que un motociclista y su hijo de 12 años fueron auxiliados por el personal policial después de colisionar con un pick up. El accidente ocurrió sobre la carretera que conduce de Salcoatitán hacia Sonsonate, en Nahuizalco.

Y Comandos de Salvamentos junto con Protección Civil, atendieron un percance vial en el km 91 ½, jurisdicción del cantón El Canelo, distrito de Nahuizalco, Sonsonate Norte, donde un vehículo volcó. Se reportó una persona lesionada, quien fue atendida en el lugar.

En otro hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana un percance vial sobre el kilómetro (km) 6½ de la calle antigua a Zacatecoluca, jurisdicción del distrito de San Marcos, en San Salvador Sur, donde una motociclista resultó lesionada.

Según el reporte policial, la mujer perdió el control del automotor al esquivar a un peatón que se le atravesó sobre la vía. Ante ello, señalaron que socorristas trasladaron a la motociclista a un centro hospitalario.

Por su parte, Comandos de Salvamento notificó de un choque entre un vehículo particular y una motocicleta en la carretera que conduce de Nejapa a Quezaltepeque, en La Libertad, donde al menos una persona resultó lesionada.

La alcaldía de San Salvador también informó, este viernes, de otro accidente, el cual fue captado a través de las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro, donde se observa el choque de una camioneta y un motociclista, en el bulevar Los Próceres, luego que ambos intentarán cruzar al carril contrario.

#Accidente | Esta mañana, las cámaras del Sistema de Videovigilancia #SívarSeguro registraron el choque de una camioneta y un motociclista, en el bulevar Los Próceres, Zona 4 del Distrito Capital. pic.twitter.com/jZocu4J8r2

— Prensa San Salvador Centro (@PrensaAMSSC) April 4, 2025

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra del 1 de enero al 3 de abril de 2025 un total de 5,027 accidentes de tránsito, en los cuales 3,094 personas han resultado lesionadas y 297 han muerto.

Según el Observatorio, la principal causa de siniestros viales es la distracción del conductor, seguido de la invasión del carril y no guardar la distancia reglamentaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) giró, el jueves, 19 órdenes de captura contra de miembros de la pandilla 18 sureños y personas particulares por homicidio agravado, limitación a la libertad de circulación, agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial, estafa y apropiación indebida.

Durante el operativo se capturó a cinco personas identificadas como Martha Elena Quinteros Lemus, José Antonio Chacón Merino, David Bladimir Torres Murga, Juan Antonio González Molina y Jaime Eduardo Del Cid Pichinte.

Asimismo, la FGR señaló que giró órdenes contra cuatro miembros de la pandilla 18 sureños, identificados como Waldo Henry Herrera López, Ricardo Adalberto Ramírez Pérez, Emerson Jehovany Morales Vásquez y Jerry Alfredo Pérez Mejía, quienes aseguraron se encuentran en prisión y fueron notificados que serán procesados por un doble homicidio, cometido en 2019.

«Las víctimas de este crimen laboraban en la extracción de arena del río El Arenal de San Pedro Perulapán y fueron asesinados con arma de fuego el 1 de febrero de 2019, en el cantón El Limón, del distrito de San Pedro Perulapán, de Cuscatlán Norte», detalló la Fiscalía.

Ante ello, indicaron que otros integrantes de la pandilla también serán notificados de los nuevos procesos en su contra por el delito de agrupaciones ilícitas, cometidos entre 2021 y 2023 en el cantón Espino de San Pedro Perulapán.

El operativo se desarrolló en diferentes zonas del departamento de Cuscatlán y del distrito de Sensuntepeque, en Cabañas.

Por otra parte, la Fiscalía emitió una orden administrativa en contra José Neftalí Rodas Reyes, acusado de asesinar con un arma de fuego a su hermano, el 17 de marzo de 2025.

El crimen ocurrió cuando la víctima estaba descansando en una hamaca frente a la casa del imputado, ubicada en cantón El Niño, del distrito de San Miguel y según la investigación fiscal, el móvil del crimen está relacionado con temas económicos.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel sentenció a 40 años de cárcel a José David Bonilla, alias «Zancudo», perfilado como miembro de la pandilla MS-13, por el homicidio de dos hombres en el departamento de San Miguel en el año 2016.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR), Bonilla es miembro activo de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS, y según las investigaciones, él junto a Balmores Edenilson Vigil Guzmán, alias «Frijol», ya condenado, dispararon a las víctimas hasta matarlos.

«La FGR estableció que el móvil del crimen fue por la supuesta pertenencia de las víctimas a la pandilla contraria», dijo la representación fiscal.

El crimen ocurrió el 22 de marzo de 2016, en la cancha de fútbol de la colonia Monte María, de la ciudad de San Miguel, al oriente del país.

La Fiscalía añadió que actualmente Bonilla está internado en un centro penal del país, donde cumplirá la sentencia de 20 años de cárcel por cada víctima.

Más condenas

En otros hechos, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso una pena de 16 años de prisión a tres pandilleros de la MS, por el delito de extorsión en contra de un comerciante de la misma zona distrital.

Los imputados son Luis Enrique Rodríguez Hernández, Kevin Ernesto Ascencio Colocho y Jeremías Alexander Guillen Fuentes, este último en calidad de ausente.

Según las investigaciones de Fiscalía, a principios de julio de 2021, la víctima se encontraba en su negocio ubicado en El Congo, Santa Ana, cuando llegó uno de los imputados junto a otro pandillero qué le exigieron dinero bajo amenazas.

«El dinero debía entregarlo el 15 de julio del 2021 o lo matarían. Ese día llegaron tres sujetos a recoger la extorsión y luego la víctima decidió interponer la denuncia en la Policía Nacional Civil», señaló la FGR.

Ante ello, la entidad destacó que con las pruebas presentadas demostraron la culpabilidad de los tres miembros de la Mara Salvatrucha y fueron sentenciados por el delito de extorsión agravada.

Por otra parte, el Tribunal de Sentencia La Unión condenó a 15 años de prisión a Luis Alonso Pérez Velásquez, alias «Loncho», de nacionalidad hondureña, por extorsionar a un transportista en el distrito de Concepción de Oriente del departamento de La Unión.

La Fiscalía señaló que Pérez Velásquez tenía la función de «paro traquetero» en la clica Brentwood Locos Salvatruchos de la MS y el 24 de febrero de 2023 fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando recibía el dinero de la extorsión a un transportista.

Según la acusación, la víctima pagó a la MS la renta entre el primer trimestre de 2022 y febrero de 2023 para que lo dejaran trabajar. «Al transportista le hablaba por teléfono un pandillero que se identificaba como «coca» y este le indicaba el día y lugar donde debía llevar el dinero de la renta».

Pérez Velásquez está recluido en un centro penal del país, donde cumplirá la condena impuesta por el referido tribunal.

El caso de estafa vinculado a la agencia de carros “Venicars” ya acumula

más de 1,000 denuncias de víctimas, informó, el martes, la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se ha hecho referencia a la cantidad de personas afectadas que hasta este momento ascienden a la

cantidad de 1,100 denuncias que se han recibido y a partir de los movimientos bancarios y financieros se ha logrado determinar que ellos han estado realizando movimientos financieros por todo este negocio”, declaró el fiscal del caso a prensa de la Fiscalía.

El martes, la FGR presentó ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, la acusación formal en contra de seis extranjeros, por los delitos de estafa agravada, lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y agrupaciones ilícitas, quienes presuntamente operaban en dicha empresa de vehículos.

Los acusados son Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Urbano Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, de nacionalidad venezolana, así como Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Francis Dorelys Batson Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana, para quienes la Fiscalía solicitó que permanezcan en detención provisional.

Durante el proceso de investigación, la FGR señaló que en dicha empresa se ofrecían la venta de carros tras un pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, sin embargo, estos no eran entregados y alegaban que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.

Además, de que las víctimas entregaron diversas cantidades de dinero que iban

desde los $5,000 a $10,000 y nunca recibieron el vehículo y tampoco la devolución del dinero.

El 18 de marzo de 2025, la entidad fiscal realizó un allanamiento en dos instalaciones de la agencia, ubicada en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica y en calle La Mascota, ambas en San Salvador, ante la denuncia de 10 personas que aseguraron haber sido estafadas por la empresa.

En dichos allanamientos se congeló la suma de $848,359.79 distribuidos en cinco cuentas en diferentes entidades bancarias de El Salvador y actualmente, se estima que el total de

dinero estafado asciende a $2,500,000.

La agencia de carros operaba en el país desde octubre del año 2024 hasta marzo 2025, cuando se realizaron los operativos de allanamiento y detención.

La FGR reiteró el llamado a las personas que hayan sido víctimas a que presenten su denuncia ante la oficina fiscal.