Autor: Dania Quehl

El Colegio Médico de El Salvador (Colmedes) realiza este miércoles las elecciones extraordinarias para elegir a su nueva Junta Directiva para el periodo 2025-2027, luego que se invalidaron las votaciones del año pasado.

«Este es un ejercicio cívico que muy pocas asociaciones efectúan en El Salvador. Las circunstancias que nos han llevado a este momento de una elección extraordinaria han sido diversas causas», indicó el presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya.

Para estas votaciones participa una única planilla que coloca al infectólogo, Iván Solano Leiva, como candidato a la presidencia del gremio, mismo que fue electo presidente en las elecciones del año pasado.

Bajo la planilla denominada «Identidad y Dignidad Gremial», los candidatos serán elegidos, y cada uno deberá, independientemente de la plaza, obtener 50 % de votos más uno para ser elegido, de no alcanzar el porcentaje se remitirá a la Asamblea General del Colmedes para someter a una nueva elección.

Montoya expuso que la gremial contabiliza alrededor de 2,500 médicos afiliados aptos para votar por la nueva Junta Directiva e instó a los miembros del Colegio Médico a participar en dicho proceso de elecciones.

El presidente de la gremial recordó que solo los socios activos con más de seis meses de haber ingresado a la asociación pueden participar en las votaciones.

¿Por qué se repiten las elecciones?

En enero de 2024, el Colegio Médico celebró elecciones donde resultó como ganadora la planilla presidida por el doctor Solano Leiva, sin embargo, en noviembre del mismo año fueron notificados por el Ministerio de Gobernación que no podían ser certificados legalmente.

Según explicó el presidente de Colmedes, dicha situación ocurrió debido a que no estaban inscritos en el libro de actas que certifica los nuevos cargos en la Junta Directiva y que no solicitaron libros foliados con anticipación.

«Cuando esta Junta Directiva que fue anulada su elección solicitó las credenciales en el Ministerio de Gobernación recibió posteriormente una observación, se solventó y se mandó de nuevo y después de mucho tiempo el Ministerio resolvió que no estaba inscrito en el libro de actas y esto ocurrió porque el libro de actas se había agotado y desgraciadamente no se solicitaron a tiempo los nuevos libros», detalló Montoya.

Ante ello, el asesor jurídico de Colmedes, Alexander Escolán, afirmó que se garantizará que de ser electos los candidatos propuestos en la planilla, se contará con un notario para que dé fe de los resultados que arrojen las votaciones de este miércoles.

El presidente de la gremial aseguró que el proceso de elecciones está definido en el estatuto de la asociación, por lo que la convocatoria para las elecciones iniciaron en noviembre de 2024, periodo que se habilitó para presentar las planillas postulantes.

La Junta Directiva del Colegio Médico se elige para un periodo de dos años, con posibilidad de reelección para dos años más en cada cargo.

¿Quiénes son los candidatos?

La planilla que se somete a votación esta conformada por 11 candidatos de la siguiente manera:

• Dr. Iván Solano Leiva, candidato a presidente
• Dr. Carlos Ramos Hinds, candidato a vicepresidente
• Dra. Gloria de Cativo, candidata a secretaria
• Dr. Guillermo Antonio Marroquín Aguilar, candidato a síndico
• Dr. Ricardo Franco Castillo, candidato a Tesorero
• Dr. Danilo Alfonso Arévalo Sandoval, candidato a director de actividades científicas
• Dr. Carlos Erwin Franco Portillo, candidato a director de defensa gremial
• Dr. Dalton González Pérez, candidato a director del comité de actividades sociales, culturales y deportivas,
• Dr. Raúl Alexander Hernández Najarro, candidato a director del comité de inscripción, archivos y escrutinio,
• Dr. José Francisco Quinteros Martínez, candidato a director del comité de finanzas y prestaciones sociales
• Dr. Jaime Ricardo Ávila, candidato a director del comité de ética médica.

Para ejecutar las votaciones se han habilitado urnas en diferentes puntos, entre la sede la gremial, la rotonda de la Universidad de El Salvador, Hospital de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”. Además de seis puntos en agencias Comedica, ubicados en el Área Metropolitana de San Salvador y en Santa Ana y San Miguel.

El horario de votación para emitir el sufragio se habilitó de 9:00 de la mañana y estarán disponibles hasta las 5:00 de la tarde en los centros de San Salvador, mientras que al oriente y occidente del país estará habilitado hasta las 2:00 p.m.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) ha negado información sobre el caso de allanamiento de vivienda de la periodista Mónica Rodríguez, que ocurrió en diciembre de 2024.

Según el comunicado difundido por la APES en su cuenta de X, la orden judicial de allanamiento les fue mostrada parcialmente, por lo que aseguran que solo lograron percatarse que la orden no tenía los nombres de la periodista Rodríguez, ni de Steve Magaña, a quien también allanaron su casa.

“Los agentes de la PNC no fueron concretos en el motivo de allanamiento, pero mencionaron escuetamente que era por el delito de estafa, sin brindar mayores detalles. No nos dijeron quien denunciaba, ni contra quién era la denuncia, si para algunos de los dos o para ambos”.

Comunicado de la APES, que cita a la periodista.

Los hechos ocurrieron el 4 de diciembre del año pasado durante la noche, cuando se desarrolló un allanamiento en el inmueble del que Rodríguez era inquilina, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.

Según se dió a conocer en el allanamiento se decomisaron documentos y tarjetas de crédito de uso personal, equipos informáticos, teléfonos celulares y memorias externas que eran uso de la periodista y Magaña.

La asociación señaló que el 5 de diciembre fue la primera vez que su equipo legal consultó a la Fiscalía sobre el caso, sin embargo, fue negado. Posteriormente, el día 17 del mismo mes realizaron una nueva petición en conjunto con Rodríguez y Magaña, e indicaron que les dieron una cita para dos días después, la cual no se cumplió.

Ante ello, indicaron que el 16 de enero de 2025, se presentó un escrito para solicitar nuevamente una reunión con la fiscal del caso, la cual destacaron que aún no tienen respuesta.

Lo único que destacaron que se logró conocer fue el cambio de tipificación del delito, ya que según el comunicado a Rodríguez y Magaña se les acusa de revelación indebida de datos e información de carácter personal. En un inicio se decía que el allanamiento de la vivienda de la periodista fue por una supuesta estafa.

“Este cambio en la naturaleza del delito genera preocupaciones sobre la transparencia y la coherencia en la investigación. Además, las razones y causas siguen siendo secretas, incluso para los probables investigados, lo cual no proporciona garantía sobre la legalidad y veracidad de este proceso”.

APES.

Además, aseguró que hasta la fecha, la FGR sigue sin individualizar el caso y “se desconoce si la acusación es en contra de Rodríguez o Magaña”.

Según el artículo 80 del Código Procesal Penal es responsabilidad de las autoridades brindar información sobre el delito por el cual se recibe la acusación: “Quien tuviere conocimiento que se le está investigando o que se le puede imputar la comisión de un hecho punible, podrá presentarse ante la Fiscalía General de la República, debiendo ser escuchado e informado sobre la denuncia, querella o aviso. De este acto el fiscal levantará acta.”

La organización Justicia Social y Contraloria Ciudanana en conjunto con cuatro movimientos de derechos humanos presentaron, este martes, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de la Minería Metálica.

De acuerdo con la abogada de Justicia Social, Roxana Cardona, los diputados de la Asamblea Legislativa no siguieron el debido proceso para la conformación de una ley previo a su respectiva aprobación.

“El proceso de formación de ley aquí se violentó, primeramente el dia 21 de diciembre llegó a la comisión (de Tecnología, Turismo e Inversión) el licenciado Campos, director de la Dirección Hidrocarburos, él presentó cuatro diapositivas y de eso se basó la discusión, nunca leyeron el anteproyecto, entonces nos preguntamos ¿qué fue lo que aprobaron?”, manifestó Cardona.

Cardona señaló que si bien es cierto, en la sesión plenaria del 23 de diciembre de 2024 se dio lectura a la nueva ley, “pero en el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que cuando se vaya a aprobar una ley debe artículo por artículo y esto no se hizo”, sostuvo.

Según lo expuesto en el documento presentado, la ley vulnera al menos tres artículos de la Constitución: el 133 en relación al proceso de formación de ley, el artículo uno en relación al derecho a la vida, y el artículo 65 relacionado al derecho a la salud.

“La urgencia con que se aprobó la Ley General De La Minería Metálica la fue aprobada no fue razonada, ni oral ni por escrito. Esto significa que el proyecto no fue objeto de estudio en ninguna comisión legislativa a la que pudieran acudir los sectores sociales interesados en formular su opinión y propuestas, como se ha solicitado más por los grupos que será afectado: el pueblo Salvadoreño”, dice la demanda presentada este martes.

La demanda dice que esa urgencia no fue argumentada, pese a que fue requerido por diputados de oposición.

Violación del derecho a la vida y a la salud

Por su parte, el representante de Víctimas Demandantes (Vidas), Benjamín Cuéllar, aseveró que la explotación de la minería en El Salvador afectaría considerablemente al medio ambiente y también sería el causante de una escasez hídrica.

“La Constitución plantea que el fin del Estado es la persona humana, por lo que se plantea estos derechos a la vida y la salud por encima de los derechos económicos. La forma en cómo se aprobó (la ley) y para plantear la inconstitucionalidad refuerza el reclamo por estos dos derechos”, sostuvo Cuéllar.

En ese sentido, aseguró que la Ley de la Minería viola el derecho a la vida y el derecho a la salud, por lo que exige que se declare inconstitucional la referida ley.

Asimismo, el vocero de la Mesa Permanente para una Pensión Digna, Patricio Pineda, agregó que las aguas que se verían más afectadas por la explotación minera son las aguas subterráneas que son las que abastecen a más del 80 % de la población salvadoreña.

“A eso se refiere cuando se dice que se va a matar a la gente, porque son aguas subterráneas que van a ser afectadas, ya que estas son las que tienen mejor calidad y consistencia para distribuirla para el consumo humano, esa estamos defendiendo”, declaró Pineda.

Pineda enfatizó que debido a la naturaleza geológica y geográfica del país “no da paso que ninguna metodología, ningún medio, ninguna tecnología que exista hasta este momento permite la posibilidad de explotación minera metálica en El Salvador.”

Las organizaciones que participaron en la presentación formal de la demanda fueron la Mesa Permanente para una Pensión Digna, Victimas Demandantes (Vidas), Excombatientes de Democracia y el Movimiento Dónde está Carlos.

Nueva ley

En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele propuso levantar la prohibición total a la minería metálica para aprovechar riquezas en oro, que según él posee el territorio salvadoreño e hizo referencia a «los distritos de oro»: El Paisnal, Calera, Cerro Colorado, El Zapote, Potonico, Santa Rita, El Dorado, Potosí, Guapinol, Hormiguero, Montecristo, El Gigante, San Sebastián y Santa Clara, en El Salvador.

El 23 de diciembre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que avaló la minería metálica en el país luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, expresó sus intenciones de reactivarla para potenciar la economía salvadoreña.

La nueva ley fue aprobada en medio de la oposición de ambientalistas, la iglesia católica y diversas organizaciones, quienes manifestaron que no existe la minería sustentable y que las prácticas mineras contaminan las zonas acuíferas de El Salvador.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró un total de 39 feminicidios ocurridos en El Salvador, según datos recopilados por la organización de monitoreo de medios de comunicación.

De acuerdo con las cifras compartidas por la organización, de las 39 muertes violentas, 18 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que 21 fueron perpetrados por otros agresores. Estas equivalen al 46% y 53% de las muertes respectivamente.

Del total de feminicidios, 16 ocurrieron al interior de los hogares de las víctimas, cuatro reportaron en un hospital, cuatro en la calle y en siete de los casos no se determinó el lugar del crimen. El resto se cometieron en sectores como vía pública, predio baldío, fuera de casa, cañal, quebrada, hotel o al interior de un apartamento.

“Este hecho debe ser analizado por las autoridades para dar una respuesta efectiva a la violencia machista que viven las mujeres en sus hogares o en relaciones conyugales o de confianza, promoviendo servicios de prevención y atención especializada,”. Ormusa, en su informe anual.

Con respecto al tipo de arma usada, Ormusa señala que 12 de las mujeres fueron atacadas y asesinadas con un arma blanca, siete murieron debido a golpes, cinco se cometieron con armas de fuego, dos por estrangulación y en ocho de los casos no se identificó el tipo de arma usada. El resto de los asesinatos de mujeres fueron por asfixia, golpe contuso, lapidación y atropellamiento.

La mayoría de los crímenes se registraron en el departamento de San Salvador con 11 muertes, seguido de Ahuachapán, La Libertad y San Miguel con cuatro feminicidios por cada uno. El resto de departamentos del país reportaron entre uno y dos feminicidios.

El mes más violento fue agosto con ocho casos, seguido de marzo, mayo y noviembre que registraron cuatro feminicidios, por cada mes.

Según el rango de edad de las víctimas, de las 39 muertes, en 10 de los casos no se determinó un grupo de edad, sin embargo, cinco tenían entre 21 y 25 años de edad, cuatro entre 26 y 30 años, y entre 66 y 70.

A su vez, tres de las víctimas rondaban los 46 y 50 años, otras tres entre los 0 y 10 años de edad, el resto eran adolescentes y mujeres adultas.

“En conclusión, la diversidad de edades de las víctimas es un indicador de que las mujeres enfrentan violencia en todo el curso de vida,” expone Ormusa en su informe.

En enero de 2024, la Policía Nacional Civil (PNC) notificó de dos feminicidios en menores de edad, el primero ocurrió el día 4 de referido mes, donde una niña de tres años murió a golpes por su padrastro en Usulután.

El segundo se reportó el 21 de enero del año pasado, en el cantón Los Magueyes, del municipio de Ahuachapán fue asesinada una niña de 7 años, tras recibir golpes de su papá como castigo. El padre de la menor fue identificado como Neftalí Antonio Martínez Pimentel.

Y un tercer feminicidio en menores fue reportado por la entidad policial el 25 de abril, donde una niña de cinco años de edad murió tras una golpiza propinada por la mamá.

La organización añadió que según reportes de la PNC, se contabilizaron 42 agresores, de estos 31 fueron capturados, cinco cometieron suicidio luego del crimen, dos están prófugos, mientras que otros cinco no se tienen reportes de capturas.

Ormusa destaca que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil reportaron 114 homicidios en 2024, por lo que los feminicidios representan el 34% de los crímenes reportados por el Gabinete de Seguridad al cierre del año 2024.

Los feminicidios del año pasado registraron una leve disminución del 15 % con respecto a los contabilizados en 2023, que alcanzaron los 46 casos, según la organización.

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad informó a inicios del 2025 que se registraron 804 casos de violaciones sexuales en 2024, una baja del 58%, respecto al 2023 cuando se registraron 1,915 delitos por violación.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a René Francisco Salazar Castro, por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de ser detenido a inicios del año 2025.

La acusación se efectuó ante el Juzgado Onceavo de Paz de San Salvador, donde se pretende iniciar el proceso judicial en contra del acusado.

Salazar Castro fue detenido el pasado 11 de enero, durante un allanamiento a su vivienda luego de haber sido denunciado anónimamente por almacenar drogas, según dio a conocer la Fiscalía en sus redes sociales.

De acuerdo con la FGR, la entidad recibió una denuncia anónima en contra de Salazar Castro y allanó su vivienda ubicada en el bulevar Constitución, donde se encontraron porciones de marihuana.

Ante ello, fueron incautadas 75 porciones de marihuana, 58 de medianas porciones y 17 pequeñas. Además se le decomisaron 18 vapeadores de marihuana, dos balanzas, tres celulares y $2,680 en efectivo.

Más de 326,000 licencias de conducir se emitieron en el año 2024, cifra que refleja una disminución del 3% en comparación al 2023, según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que dirige el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).

De acuerdo con el Observatorio, el número de salvadoreños que tramitaron su licencia en 2024 fue de 326,972, una cifra que reporta una disminución de 11,804 permisos frente a los 338,776 que se realizaron en 2023, dato que reporta una baja del 3.4% del total de licencias en el último año.

Del total de permisos tramitados para conducir un automotor el año pasado, 252,750 fueron solicitados por hombres, mientras que en 2023 se contabilizaron 259,647 del mismo género.

Por su parte el sector femenino en 2024, emitió 74,222 licencias frente a 79,129 en 2023.

Previamente, en el año 2023 reportó las cifras más altas de permisos por grupo etario en los últimos 10 años, siendo el 2024 el segundo año mayor número de licencias emitidas.

¿Para qué tipo de vehículo?

Con referencia a las licencias por automotor, el Observatorio indica que del total de licencias tramitadas en 2024, 250,110 (76.49%) fueron para el manejo de un vehículo y 78,862 (23.51%) fueron para motocicletas.

Si se detalla el tipo de permisos emitidos el año anterior, los datos muestran que de 326,972 licencias, 141,576 fueron de tipo liviana, 76,514 para motocicleta, 71,593 particular, 22,897 pesada, 12,721 pesada-T, mientras que 1,323 fueron de tipo juvenil-V y 348 juvenil-M.

Con respecto a los tres departamentos que registraron mayor número de licencias en 2024, San Salvador encabeza la lista con 104,878, a este le sigue La Libertad con 45,836 y como tercer sector se encuentra Santa Ana con 30,133 permisos tramitados.

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, La Libertad resolvió este viernes en una audiencia preparatoria admitir las pruebas en contra del exdiputado del FMLN, Guillermo Francisco Mata Bennett y su familia, quienes son acusados de enriquecimiento ilícito por más de $271 mil.

En la audiencia, se determinó aceptar en la totalidad las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y se ordenó la realización de un peritaje financiero – contable, con el propósito de que se analicen las irregularidades en el patrimonio de los imputados, planteadas por la Fiscalía.

El Ministerio Público demandó a Mata Bennett y sus dos hijos por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios en efectivo, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito y compras de vehículos.

Según un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se identificó un aumento injustificado de $271,313.75 en el patrimonio de Mata Bennett y su familia.

De acuerdo con la acusación, el exdiputado del FMLN no pudo justificar el incremento de su patrimonio por una cantidad de $13,270, durante los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, y entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2018.

De igual forma, se procesa a sus hijos Guillermo Eduardo Mata Mayorga y Jorge Alberto Mata Mayorga, a quienes se les solicita que justifiquen las sumas de $251,685.80 y $6,357.85, respectivamente.

En total, a Mata Bennett y su grupo familiar se le demanda por un total de $271,313.75, monto que la Fiscalía solicitó que sea retribuido al Estado salvadoreño.

En ese sentido, se establece que una vez finalice la elaboración del peritaje ordenado, se programará la audiencia probatoria, en la que se analizarán las pruebas y se determinará la responsabilidad de los involucrados.

La FGR solicita que de comprobarse el delito de enriquecimiento ilícito, se ordene al exdiputado la devolución de los fondos al Estado y se inhabilite para ocupar cargos públicos por un período de 10 años.

El Tribunal Quinto de Sentencia de Salvador

suspendió por 11 días más el juicio contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios municipales, acusados de incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales.

El motivo de la nueva pausa de la vista pública se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no cuenta con la documentación completa de los estados de cuenta actualizados de las instituciones financieras relacionadas en el caso.

Según explicó la Fiscalía, se realizó la petición de la información a 44 entidades financieras, sin embargo, señalaron que sólo 20 brindaron lo solicitado.

Mientras que otras tres pidieron una prórroga de cinco días, a partir del pasado 15 de enero para entregar la actualización de los datos financieros.

Además, indicaron que una de las solicitudes hechas a la alcaldía de San Salvador también está pendiente, así como el resto de las instituciones financieras relacionadas en el caso.

A su vez, la querella dijo que también esperan actualización de los estados financieros de las entidades a quienes representan.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador reanudará este viernes el juicio contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios municipales más por el delito de incumplimiento de deberes y retenciones tributarias.
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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) January 17, 2025

En un inicio, el referido Tribunal de Sentencia aplazó el pasado 7 de enero por nueve días la vista pública, con el fin de que Fiscalía solicitará a las entidades la actualización de los estados de cuenta, lo cual estaba previsto conocer en el juicio programado para este viernes.

Ante ello, el proceso judicial continuará hasta el próximo martes 28 de enero a las 8:30 de la mañana, donde se espera conocer los estados de cuenta actualización con respecto a las moras que la comuna, en la gestión de Muyshondt tenía con las instituciones relacionadas en el caso.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

En el caso se procesa al exalcalde de San Salvador, por los delitos de incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales a trabajadores de dicha alcaldía, así como por retenciones tributarias.

A estos se suman el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón; el exdirector de Finanzas de la Alcaldía, Santos Omar Muñoz; y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo.

La defensa enfatizó que la mora por la que son procesados los exfuncionarios municipales ya fue cancelada, por lo que resaltan dicha información de las instituciones financieras es esencial para la resolución del juicio.

Tres organizaciones de derechos humanos presentaron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) un escrito para exigir a las autoridades que investiguen sobre el presunto motín, reportado en el penal de Izalco, en Sonsonate, el 8 de enero, que dejó heridos y al menos tres muertos.

El escrito presentado por la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidech) en conjunto con el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular contiene la firma de más de 20 personas que solicitan información de sus parientes recluidos en dicho penal y saber si fueron víctimas de los hechos.

“En este escrito viene documentado 25 casos donde vienen las firmas de las madres, de las representantes de cada uno de estos casos de los procesados. Con estas 25 firmas lo que estamos haciendo es pedirle al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que bajo esa competencia que la Fiscalía tiene, esos hechos notorios ya los vimos…puede investigar de oficio sin estar esperando un aviso penal», declaró el abogado de Unidehc, Rudy Joya.

Unidehc en conjunto con Movir y el Bloque de Resistencia presentaron este martes ante la FGR un escrito para exigir que se investigue el presunto amotinamiento reportado en el penal de Izalco, el pasado 8 de enero.

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El vocero de la organización recalcó que las autoridades deberían de ser los encargados de brindar información exacta sobre lo sucedido, y ordenar una investigación para determinar la razón de los sucesos.

Según planteó Joya, entre las posibles razones por las que se pudo haber originado la trifulca están un motín entre los detenidos o una rebelión de los reos que son torturados por los custodios. “Si ese es uno de los motivos, ¿a quien le toca investigar? pues al fiscal”, añadió.

“Entonces, el que no den esa información de que fue lo que pasó claramente en el centro penal de Izalco hace unos días atrás pone en zozobra a las familias sobre qué ha pasado con sus familiares detenidos”, manifestó Joya.

Sandra Cruz, madre de uno de los detenidos dijo que el nombre de su hijo, Roberto Carlos Ascencio Cruz, apareció en publicaciones de redes sociales entre los presuntos lesionados en el penal y que está ingresado en el hospital Zacamil.

Cruz expresó que luego de ver la noticia solicitó información de su hijo a los custodios del penal de Izalco, sin embargo, aseguró que obtuvo una respuesta negativa, donde se le manifestó que no tenían autorización para dar información, misma situación ocurrió en el hospital donde se supone está internado.

“Yo traté la manera de entrar (al hospital), llegué a emergencias y me dijeron que no estaban dando ninguna información y que si no me iba ellos podían llamar a una patrulla para que me llevaran”, dijo la madre de familia.

Ante ello, las organizaciones esperan que la Fiscalía responda con prontitud y les brinde información sobre los hechos y el estado de salud de los detenidos. El pasado 8 de enero, circuló en redes sociales la noticia de que al menos 15 privados de libertad fueron lesionados en un presunto amotinamiento al interior del penal de Izalco.

Muertos

Por otra parte, la abogada de Unidehc, Ivania Cruz, señaló que el lunes presentaron ante el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador un escrito para que se ordene a Centros Penales y Medicina Legal que brinden información sobre Erick Mauricio Umanzor Sánchez, quien presuntamente murió en el motín del centro penitenciario de Izalco, y que está siendo representado legalmente por la organización.

La abogada explicó que la familia recibió llamada que se identificó como un empleado de una funeraria de Sonsonate para informarles que Umanzor era una de las personas fallecidas, y que en la esquela de medicina legal, habían puesto que por su padecimiento de diabetes había muerto, pero que él fue una de las personas muertas que sacaron el 8 de enero pasado, por los disturbios sucedidos.

Ante dicha situación, agregó que la familia del joven, fue al centro penal de Izalco, el sábado 10 de enero del presente año, donde no quisieron brindar ninguna información, asimismo visitó el Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”, y le expresaron que ninguna persona con el nombre de Erick Umanzor había sido registrado y por último visitaron Medicina Legal, donde les dijeron que no podían dar información.

Por ello, la organización de derechos humanos exige que el referido Tribunal de Crimen Organizado emita un oficio para que las autoridades de Centros Penales y Medicina Legal confirme la muerte de la persona y de ser así, que entreguen el cuerpo a su familia para su respectiva despedida.

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, La Libertad, realizó este martes una audiencia preparatoria en contra del exdiputado del FMLN, Guillermo Francisco Mata Bennett y su familia, quienes son acusados de enriquecimiento ilícito por más de $271 mil.

La Fiscalía General de la República (FGR) demandó a Mata y sus dos hijos por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios en efectivo, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito y compras de vehículos por una cantidad de $13,270.

De acuerdo con Centros Judiciales, el exdiputado no pudo justificar el incremento de su patrimonio durante los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, y entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2018.

De igual forma, se procesa a sus hijos Guillermo Eduardo Mata Mayorga y Jorge Alberto Mata Mayorga, a quienes se les solicita que justifiquen las sumas de $251,685.80 y $6,357.85, respectivamente.

En total, a Mata Bennett y su grupo familiar se le demanda por un total de $271,313.75, monto que la Fiscalía solicite que sea retribuido al Estado salvadoreño.

En la audiencia de este día, la FGR solicitó a la Cámara que admita las pruebas y, en caso que se compruebe el delito, se ordene la devolución total de los fondos. Además de que se inhabilite a Mata Bennett para ejercer cualquier cargo público por 10 años.

La Cámara Ambiental informará el próximo viernes 17 de enero, si admite las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa o las rechaza.