Autor: Dania Quehl

  • Finaliza juicio contra exempleada de comuna capitalina acusada de apropiación de fondos

    Finaliza juicio contra exempleada de comuna capitalina acusada de apropiación de fondos

    El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador finalizó este miércoles,

    el juicio en contra de Sandra Vanessa Villatoro Umaña, exempleada de la alcaldía de San Salvador,

    acusada de apropiarse de más de $7,000 provenientes de la comuna capitalina.

    Villatoro Umaña fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR), por los

    delitos de peculado y falsedad documental agravada, luego de presuntamente apropiarse de un total de $7,464.94.

    De acuerdo con la defensa, la acusada trabajaba en la alcaldía de San Salvador como asesora técnica de uno de los distritos de dicha comuna, por lo que las acciones por las que se le acusan

    no corresponden al delito señalado.

    “Se le acusa de que ella se apropió de fondos públicos de cuatro contribuyentes, pero se ha tratado de demostrar en el proceso que

    los fondos nunca ingresaron, sí hubo, no hubo peculado, sino estafa, entonces el delito a nuestro criterio se tipificó mal”, mencionó el abogado de la defensa.

    Según explicó, para que cumpla el delito de peculado, el empleado público debe tener dentro de sus funciones el recibir dinero, pero aseguran que dicha labor no era correspondiente a su cargo. Además aseguran que la acusada ya reintegró los fondos por los que es procesada.

    La Fiscalía expone que, entre los años 2017 y 2018, Villatoro Umaña se aprovechó de su cargo en la alcaldía para generar cobros de manera ilegal, proporcionando documentación falsa, desviando los fondos a cuentas personales.

    En diciembre de 2022, la Fiscalía giró orden de captura, sin embargo, la imputada llegó a la audiencia bajo medidas sustitutivas a la detención.

    La resolución del caso, donde se decidirá si es condenada o es absuelta de los cargos, está previsto que se emita mañana 13 de febrero. Según indicó la defensa, la FGR ha solicitado una responsabilidad civil en abstracto.

  • Gobierno adeuda $30 millones a UES desde 2023

    Gobierno adeuda $30 millones a UES desde 2023

    El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, informó el martes que el gobierno salvadoreño aún adeuda cerca de $30 millones, desde el año 2023, como parte de su presupuesto general de la nación.

    “Hasta esta fecha tenemos un acumulado de $30 millones de que están desde el 2023, 2024 y ya lo que va del 2025, sin embargo, hacemos un esfuerzo significativo desde la rectoría, vicerrectoría, decanatos para garantizar que el proceso de enseñanza – aprendizaje se de manera eficiente”, declaró Quintanilla en la entrevista de TVX.

    El rector señaló que a pesar de una serie de limitantes por la falta de asignación de recursos para la adquisición de bienes y recursos, la universidad no ha dejado de brindar el servicio de educación superior gratuita.

    En ese sentido, el rector Quintanilla aseguró que han solicitado una audiencia con el ministro de Hacienda, Jerson Posada, para tratar de paliar la crisis financiera que enfrenta la universidad con el fin de lograr una solución.

    “Precisamente porque hay proyectos de desarrollo físico que tenemos que darle seguimiento”, dijo.

    Entre ellos mencionó la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil, la cual ha quedado en pausa debido a que no cuentan con el financiamiento que garantice su finalización, expuso Quintanilla.

    “Estamos reiterando el pedido al gobierno, al presidente (Nayib) Bukele para que reconsidere el tema de la asignación de los recursos que por ley le corresponden a la Universidad de El Salvador para poder cumplir con los compromisos que tenemos”.
    Juan Rosa Quintanilla,
    Rector de la UES.

    Sin embargo, el rector manifestó que aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades de Hacienda.

    Quintanilla reiteró que desde el año pasado, en la “U” han aplicado una política de ahorro para enfrentar la crisis financiera que atraviesan, que implican la no adquisición de bienes, principalmente equipos para los laboratorios y vehículos se han suspendido.

    El rector dijo que a pesar de dicha limitante, se ha trabajado con los decanos y se han invertido recursos propios que la institución educativa genera para poder cumplir con los compromisos.

    “Por supuesto que llegará un momento que de seguro esos recursos propios terminarán dado que son finitos y a lo mejor la situación sea complicada, pero hoy por hoy hacemos un esfuerzo”, sostuvo.

    El titular de la UES destacó que pese a la situación financiera que enfrenta la universidad, continúan con el programa de becas remuneradas, las cuales en 2024 se destinaron $1.9 millones, beneficiando a más de 2,000 estudiantes.

  • Organizaciones sociales respaldan decisión de acusados de Santa Marta de no presentarse al juicio

    Organizaciones sociales respaldan decisión de acusados de Santa Marta de no presentarse al juicio

    La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta, junto a otras organizaciones sociales manifestaron, este martes, que respaldan la decisión de los cinco ambientalistas, de no presentarse al juicio repetido, donde son acusados por el asesinato de una mujer durante el conflicto armado.

    El representante de ADES Santa Marta, Alfredo Leiva, señaló que se trata de un doble juzgamiento en contra de los ambientalistas de Santa Marta, quienes ya fueron señalados como inocentes en un primer juicio.

    “Debido a esta falta de garantías de respeto a su integridad y a su vida, decidieron no validar más un proceso viciado realizado por un sistema judicial cooptado por el gobierno de turno y al servicio de los interés extractivistas que están detrás de la reactivación de la minería metálica”, expresó Leiva en la lectura del comunicado.

    Las organizaciones condenaron el actuar de las autoridades judiciales y se sumaron a la decisión de los acusados como un acto de “resistencia contra la arbitrariedad y asumimos su llamado a cerrar filas contra la amenaza de la explotación minera”.

    “Al Estado no le interesa saber si son culpables o inocentes, lo que les interesa es callar estas voces de una manera, como en toda Latinoamérica se les esta dando tratamiento a todos los ambientalistas, que es el asesinato”, expresó Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud.

    Los ocho acusados del asesinato son: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.

    En el comunicado, enviado el pasado 3 de febrero de 2025, cuando estaba previsto la instalación del juicio en el Centro Judicial de Cuidad Delgado, los acusados aseguraron que no se presentaron al juicio debido a que no confían en el proceso judicial, “ya que no existe garantía de un juicio justo y legal, y exponernos a una decisión política arriesgando nuestras vidas”.

    Asimismo, manifestaron que en diciembre de 2024 tuvieron información que la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaba “en el montaje de un nuevo caso” donde se pretendían que personas de la comunidad de Santa Marta sirvieran “de testigos”, “para lo cual tienen un listado de posibles líderes a capturar entre los cuales estamos nosotros”, aseguran.

    En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio contra ocho personas por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

    La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

  • Gobernación sin entregar libros actas para consignar elecciones de Colegio Médico

    Gobernación sin entregar libros actas para consignar elecciones de Colegio Médico

    El presidente electo del Colegio Médico, el infectólogo Iván Solano, informó que el Ministerio de Gobernación aún no ha entregado el libro de actas para formalizar las elecciones extraordinarias de la nueva Junta Directiva 2025.

    “El proceso de elecciones que se realizó recientemente, debido a que no se tienen esos libros de actas foliados, un abogado notario puede dar fe de que el proceso se llevó a cabo, y efectivamente se llevó a un abogado notario que dio validez o certificación de que el proceso de elecciones se llevó a cabo”, explicó Solano a Diario El Mundo.

    Solano señaló que la gremial solicitó desde enero 2025 a las autoridades gubernamentales la entrega de estos documentos oficiales, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.

    Ante ello, aseguró que estarán pendiente que el libro de actas sea entregado a fin de poder consignar los resultados de las recientes elecciones.

    “Vamos a tener que asumir eso de estar nuevamente gestionando ante las autoridades de Gobernación para que nos agilicen ese proceso”.
    Iván Solano,
    Presidente electo del Colegio Médico.

    En enero de 2024, el Colegio Médico celebró elecciones donde resultó como ganadora la planilla presidida por el doctor Solano Leiva, sin embargo, en noviembre del mismo año fueron notificados por el Ministerio de Gobernación que no podían ser certificados legalmente.

    Dicha situación ocurrió debido a que no estaban inscritos en el libro de actas que certifica los nuevos cargos en la Junta Directiva y que no solicitaron libros foliados con anticipación, según explicó el mes pasado el presidente de la gremial Roberto Montoya.

    Ante ello, el pasado 22 de enero de 2025, se realizaron las elecciones extraordinarias, donde el infectólogo Solano fue elegido para ser el próximo presidente de la gremiall, y espera asumir el cargo el 1 de marzo.

  • Colegio Médico advierte que sistema de salud no está preparado ante los riesgos de la minería

    Colegio Médico advierte que sistema de salud no está preparado ante los riesgos de la minería

    El Colegio Médico de El Salvador (Colmedes) manifestó este lunes su postura con respecto a la reactivación de la minería metálica en el país, y advirtió que el sistema de salud no está preparado para atender una crisis ante los posibles impactos de la explotación minera.

    El presidente electo de la gremial, infectólogo, Iván Solano señaló que las personas que viven en las áreas con mayor posibilidad de extracción minera, son los más propensos a la inhalación de materiales tóxicos, los cuales afectan los pulmones, y con ello, causando silicosis, neumoconiosis.

    “No estamos preparados porque si ustedes ven el sistema de salud, actualmente no es capaz de solucionar los problemas de salud que afectan a la población salvadoreña, vemos que en el último presupuesto se ha disminuido el presupuesto para salud, para la atención de la salud a la población salvadoreña y si le agregamos ahora estas enfermedades que van a venir afectar, no solo a los trabajadores, sino a la población local”, expresó Solano en una conferencia de prensa.

    Ante ello, Solano cuestionó si el Estado está verdaderamente preparado para atender una emergencia ante posibles padecimientos que puedan generar la exposición de los tóxicos en el ambiente y en las aguas.

    “¿Será capaz el gobierno o el Ministerio de Salud de poder afrontar eso? consideramos que con los recursos y con lo que nosotros hemos visto hasta la fecha, no va a ser capaz de dar una atención en salud adecuada para la población, es por eso que como Colegio Médico, consideramos que la minería metálica es la principal amenaza a la salud pública de El Salvador”.
    Iván Solano,
    Presidente electo del Colegio Médico.

    El presidente del Colegio Médico, doctor Roberto Montoya, expresó que la minería puede generar riesgos graves para la salud de la población, tanto por la contaminación del agua como por la exposición a sustancias tóxicas.

    “La minería metálica es una actividad laboral de mucho riesgo a la salud, para realizar la extracción, se emplean sustancias químicas como plomo, cianuro, entre otros que son tóxicas para el ser humano, afectando directamente en las vías respiratorias y piel”, resaltó Montoya.

    El galeno explicó que las toxinas entran al sistema digestivo y llegan a afectar a todo el organismo, causando enfermedades crónicas pulmonares, insuficiencia renal y cáncer.

    Las autoridades de la gremial cuestionaron el “silencio” de las autoridades del Estado con respecto a los daños que a la que está “condenada» la población por la reactivación de la minería metálica en el país.

    Vigilancia epidemiológica

    Por otra parte, la gremial indicó que si se establece la minería en el país, el Ministerio de Salud (Minsal) debe de desarrollar un rol fundamental en crear una vigilancia epidemiológica de manera periódica y efectiva en la población que se encuentra en los alrededores donde se ejecute una actividad minera.

    “¿Qué significa esto? qué debe hacer exámenes médicos de forma periódica, exámenes de laboratorio y ahorita nuestro sistema está carente de muchos recursos e insumos, entonces nos preocupa como colegio médico que si se estable esto (la minería metálica) no se va a lograr cumplir, o si se va a lograr, en qué medida va a garantizar la protección de la población, estamos poniendo en riesgo no solamente la salud, sino que los derechos humanos y nuestro medio ambiente”, añadió la doctora, Patricia Argueta.

    En ese sentido, la gremial expresó su preocupación por los graves daños a la salud que ocasionará la explotación minera en el país.

    “Nuestro deseo, es advertir a la población, a las autoridades y a todas las partes interesadas sobre los riesgos significativos y muchas veces irreversibles para la salud de nuestras familias y nuestro medio ambiente derivadas de esta actividad.”

    En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele propuso levantar la prohibición total a la minería metálica para aprovechar riquezas en oro, que según él posee el territorio salvadoreño e hizo referencia a «los distritos de oro»: El Paisnal, Calera, Cerro Colorado, El Zapote, Potonico, Santa Rita, El Dorado, Potosí, Guapinol, Hormiguero, Montecristo, El Gigante, San Sebastián y Santa Clara, en El Salvador.

    El 23 de diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que avaló la minería metálica en el país luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, expresará sus intenciones de reactivarla para potenciar la economía salvadoreña.

    Desde su aprobación, diversas organizaciones han protestado en contra de la reactivación de la minería y exigen que sea prohibida cualquier actividad relacionada a la minería, de lo contrario el país sufrirá de una contaminación de la flora y fauna.

  • Juramentan perito contable en caso de enriquecimiento ilícito en contra del exalcalde d’Aubuisson

    Juramentan perito contable en caso de enriquecimiento ilícito en contra del exalcalde d’Aubuisson

    La Cu00e1mara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, La Libertad, juramentu00f3 un perito contable en el caso de enriquecimiento ilu00edcito en contra del exalcalde de Santa Tecla, Josu00e9 Roberto d’Aubuisson y su grupo familiar, acusados por mu00e1s de $992 millones.

    Según la fiscal del caso, la diligencia tiene como objetivo que el especialista sea el encargado de analizar y verificar toda la documentaciu00f3n agregada al expediente de acusaciu00f3n del exedil y su familia.

    “Va a examinar toda la prueba documental que hemos presentado para poder realizar un peritaje y que se pueda determinar el enriquecimiento ilu00edcito que estamos solicitando que se declare en contra del seu00f1or roberto d’Aubuisson”, detallu00f3 la fiscal a travu00e9s de un video de la Fiscaliu00eda General de la Repu00fablica (FGR) en su cuenta de X.

    La Fiscaliu00eda seu00f1alu00f3 que solicitu00f3 61 puntos de pericia los cuales seru00e1n analizados con el objetivo de determinar el origen del dinero y el presunto incremento injustificado del patrimonio del exalcalde d’Aubuisson.

    Al exfuncionario se le atribuyen 26 irregularidades en depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de cru00e9dito que suman un total de $450,851.01.

    En la demanda tambiu00e9n se procesa a su esposa, Jackeline Janet Lu00f3pez d’Aubuisson, a quien se le seu00f1alan 24 irregularidades por un monto de $513,428.64. De igual forma, a su hija Johanna d’Aubuisson, acusada de ocho irregularidades que suman $12,939.87.

    Por u00faltimo, a su hijo Roberto Josu00e9 d’Aubisson Lu00f3pez, por tres irregularidades de $15,480.00. En total, al exalcalde d’Aubuisson Munguu00eda y su grupo familiar se les demanda por $992,699.52.

    “En este caso es que se declare el enriquecimiento ilu00edcito civil por la cantidad total de $992,699.52 y que se inhabilite al funcionario pu00fablico por 10 au00f1os”, destacu00f3 la fiscal del caso.

    En noviembre de 2024, la Cu00e1mara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla aceptu00f3 las pruebas presentadas por el Ministerio Pu00fablico, en contra del exalcalde de dicha zona y su grupo familiar.

  • Incendios incrementaron un 10 % en 2024

    Incendios incrementaron un 10 % en 2024

    En 2024, la Dirección General de Protección Civil registró más de 4,900 incendios a nivel nacional, un incremento del 10 % comparado con el año anterior, según los datos estadísticos de cuatro informes del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT).

    Los datos compartidos en el portal de Transparencia de dicha institución revelan que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 se contabilizaron un total de 4,930 incendios, cifra que si se compara con el año 2023 muestran un alza de 449 incidentes con 4,481, que equivalen a un aumento del 10 %.

    De acuerdo con los 4,930 siniestros atendidos el año pasado, 2,608 fueron reportados en maleza seca, los cuales representan el 52.9% de los incendios a nivel nacional.

    Los incendios en maleza seca son aquellos que se propagan sin control, especialmente en zonas rurales, afectando la vegetación como árboles, matorrales y pasto, que de no ser controlados pueden avanzar y convertirse en incendios de interfaz que puede afectar una estructura.

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    Los meses de mayor actividad fueron entre enero y abril, cuando las condiciones climáticas, con altas temperaturas y bajos niveles de lluvia, los cuales favorecen a la propagación de las llamas.

    Según se detalla por mes, marzo encabezó la lista con 720 incendios en vegetación seca, seguido de febrero con 653, mientras que el mes de abril contabilizó 538 siniestros de fuego y enero alcanzó los 389 siniestros.

    En reiteradas ocasiones, el Cuerpo de Bomberos resalta que los incendios forestales y en maleza seca afectan directamente al medio ambiente y que la mayoría son provocados por el "factor humano", ya sea de manera accidental o intencional.

    Asimismo, los informes exponen que de 4,930 incendios atendidos por Protección Civil, 771 se contabilizaron de tipo estructurales, 533 en vehículos, 312 en basureros, 165 fueron de tipo forestal y 44 fueron relacionados con tambos de gas.

    Además, se reportaron 32 conatos de incendios y uno relacionado con "materiales peligrosos". Destacar que la entidad también clasificó como "otros incendios" 464 incidentes de fuego.

    Los incendios reportados por la Dirección General de Protección Civil entre enero y diciembre de 2024 dejaron al menos 15 personas quemadas, cuatro con intoxicación por el humo, cuatro fallecidos y tres lesionados tras incidentes.

  • Instalan audiencia preliminar contra 28 pandilleros de la MS acusados por varios delitos cometidos en Usulután

    Instalan audiencia preliminar contra 28 pandilleros de la MS acusados por varios delitos cometidos en Usulután

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel instaló este jueves la audiencia preliminar en contra de 28 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) acusados de una serie de delitos, cometidos en el departamento de Usulután.

    En el caso denominado como “Berlín”, los acusados son procesados por los delitos de extorsiones agravadas, proposición y conspiración para cometer homicidio, actos preparatorios, conspiración y asociaciones delictivas, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las víctimas de estos sujetos eran dueños de tiendas y pequeños comerciantes a quienes les exigían dinero a cambio de dejarlos vivir.

    En ese sentido, aseguraron que se logró determinar la existencia de 10 casos de extorsiones agravadas, cinco casos de proposición y conspiración para cometer homicidio, así como el resto de los delitos, por lo que se les procesa.

    Según la Fiscalía, los acusados pertenecían a las ciclas Norman y Locos Salvatrucho, Loco Salvatrucho, Ganser Loco Salvatrucho y Los Angeles Locos Salvatrucho, las cuales operaban en la zona norte del departamento de Usulután, entre abril del 2022 y abril del 2023.

    En la audiencia preliminar, el Ministerio Público espera que el proceso judicial avance a la siguiente etapa de vista pública.

  • Acusan a tiktoker Romina de hurto y daño de patrulla

    Acusan a tiktoker Romina de hurto y daño de patrulla

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusó este jueves a Hamlet Rafael de Paz Escobar, la tiktoker trans conocida como Romina, luego que fuera detenida por presuntamente dañar una patrulla policial y hurtar una gorra de un uniforme policial.

    La tiktoker fue legalmente acusada por los delitos de hurto, daños y tenencia y uso indebido de traje o uniforme en el Juzgado Primero de Paz, que será el encargado de conocer el caso, según confirmaron fuentes judiciales.

    La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina, el 23 de enero pasado, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.

    Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, muestra una gorra de la PNC y activa la bocina del vehículo.

    La acusada no fue remitida presencialmente al Centro Judicial “Isidro Menendez”, donde se llevará el caso.

    Sin embargo, esta no es la primera vez que Romina enfrenta un proceso judicial, en agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones de transporte privado.

    En dicha ocasión, la acusada fue liberada luego que llegara a una conciliación con el conductor, quien también pasó en detención hasta la audiencia inicial, por lesiones hacía Romina.

  • Exdirectivos de Argoz seguirán detenidos por estafa de más de $300 mil

    Exdirectivos de Argoz seguirán detenidos por estafa de más de $300 mil

    Ocho exdirectivos de la Corporación Argoz S.A de C.V, acusados de vender de forma ilegal lotes en diferentes puntos del país, suman dos nuevos procesos penales en su contra por estafas de más de $300 mil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con la Fiscalía, en una audiencia en el Juzgado de Paz de San Pedro Nonualco, en La Paz, se expuso sobre una estafa por un monto de $246,292.61 a 36 víctimas que adquirieron sus parcelas.

    El Ministerio Público señaló que Argoz se dedicó a la comercialización de parcelas en proyectos de lotificación a nivel nacional, sin tener los permisos legales correspondientes y sin estar regulados por ninguna entidad competente.

    “Hacían la promesa de entregar las escrituras públicas de compra venta cuando el valor total de la parcela estuviera cancelado, pero la sociedad nunca cumplió con ese compromiso”, dijo la FGR.

    Mientras que en el Juzgado de Paz de San Juan Talpa, La Paz, se denunció sobre 44 víctimas que empezaron a pagar sus lotes en el año 2004 y a quienes estafaron con aproximadamente $115,419.00.

    De acuerdo con la FGR, en los dos nuevos procesos se identificaron a 80 víctimas, quienes suman $361,711.61 como supuesto monto estafado.

    Los imputados a los que se les decretó la instrucción formal con detención, y que tienen calidad de reos presentes son Rodrigo Javier Gómez de Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez y Edwin Omar Rivera López.

    Mientras que los procesados ausentes que también se les decretó la instrucción formal con detención provisional son José Arturo Gómez Farfán, Natalia Gómez Farfán y Teodoro Portillo Pineda.

    Estos dos procesos se suman al iniciado en diciembre del 2023 contra los ocho imputados en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador después de ser capturados.

    La Fiscalía destacó que actualmente, Argoz funciona bajo una nueva administración con el fin de evitar ilegalidades en los procesos de legalización de lotes.