Autor: Dania Quehl

El Cuerpo de Bomberos sofocó, en la madruga de este viernes, un incendio en un vehículo sobre la avenida Albert Einstein, en las cercanías del bulevar de Los Próceres, en el distrito de San Salvador, informó la institución a través de su cuenta de X.

De acuerdo con Bomberos, personas realizaron labores de extinción y enfriamiento del vehículo.

Sin embargo, no detallaron sí hubo personas lesionadas tras el siniestro ni las causas que pudieron haberlo originado.

Recientemente, el director de Bomberos, Baltazar Solano, brindó una serie de recomendaciones sobre qué hacer si se incendia un automóvil en movimiento.

Por otro lado, Bomberos atendió otro conato de incendio, pero esta vez reportado en una vivienda ubicada en la colonia El Milagro, pasaje 2, en el distrito de Lourdes Colón, en La Libertad.

“Refrescamos la zona afectada para evitar la propagación y proteger las estructuras cercanas”, indicó la institución en redes sociales.

Además, Bomberos sofocó durante la noche del jueves y madrugada del viernes dos incendios en predio baldío con abundante maleza seca. El primero ocurrió en la colonia Veracruz, pasaje Rosita, en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador Centro.

El segundo se reportó en la colonia Altos del Escorial, en el distrito de Ayutuxtepeque, siempre en San Salvador Centro.

Bomberos señaló que para ambos incidentes se realizaron labores de enfriamiento para detener el avance del fuego y evitar su propagación.

Durante el periodo del Plan de Fin de Año 2024, el Cuerpo de Bomberos registro del 12 de diciembre de 2024 al 1 de enero del presente año, al menos 251 incendios, de estos 112 se notificaron en maleza seca, en estructurales 66, en vehículos 36, en basurero 32 y cinco forestales.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves el requerimiento de acusación en contra de José Roberto Jiménez Arias, el conductor de un auto deportivo que fue detenido en carretera al Puerto de La Libertad en Navidad.

“Este día, la oficina fiscal de Santa Tecla ha presentado el requerimiento fiscal en contra del señor Jose Roberto Jiménez Arias, a quien se le está atribuyendo el delito de conducción peligrosa”, informó el fiscal del caso a través de la cuenta de X de la FGR.

Jiménez fue arrestado el 25 de diciembre de 2024, en un control antidoping ubicado cerca de un centro comercial en Santa Tecla, La Libertad Sur, con 143 miligramos sobre decilitro de aire aspirado y fue remitido al juzgado, 14 días después.

La FGR señaló que el conductor fue detenido posterior a las reformas a la Ley de Tránsito Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo que solicitan la aplicación de las nuevas normas en contra del detenido.

Con los cambios de ley, todos los niveles de alcohol son detenidos, multados con $150, pierden su licencia por 12 meses y deberán asistir a cursos de reeducación vial.

Además, los detenidos son procesados judicialmente por el delito de conducción peligrosa, que tiene penas que oscilan entre 2 y 5 años de prisión.

Ante ello, la Fiscalía solicitó que Jiménez permanezca detenido, mientras su proceso pasa a la siguiente etapa del proceso judicial.

Desde inicios de la semana, la División de Tránsito de la PNC ha presentado ante los Juzgados de Paz del país a los conductores detenidos durante el periodo navideño y fin de año 2024.

El sistema de fotomultas arrancó este 9 de enero de 2025 en el bulevar Monseñor Romero, una de las principales carreteras en el Área Metropolitana de San Salvador, y tiene como propósito identificar a aquellos conductores que infrinjan las normativas de tránsito, especialmente a los límites de velocidad.

Desde la mañana, a lo largo del referido bulevar, se pudo observar un tráfico vehicular moderado y sin ningún inconveniente, por lo que al parecer los automovilistas han comenzado a adaptarse a la presencia de los nuevos aparatos tecnológicos, ya que temen una sanción de $150.

El bulevar Monseñor Romero inicia en Las Delicias, Santa Tecla, y finaliza en la unión con el bulevar de Los Próceres, en San Salvador; ésta vía tiene un límite de velocidad de 90 kilómetros por hora (km/h) a excepción en las incorporaciones que se reducen a 60, y algunos sectores de 70 y 80 km/h.

Sin embargo, algo peculiar ocurría, los conductores reducían la velocidad en las zonas donde las cámaras estaban ubicadas, pero una vez pasaban esos puntos, la velocidad aumentaba nuevamente.

En un recorrido realizado por Diario El Mundo se evidenció este comportamiento entre los automovilistas, quienes ajustaban su velocidad conforme se acercaban a las cámaras, solo para reanudar su marcha rápida, una vez habían pasado el punto de control, una situación que no pasó desapercibida.

Juan Carlos Salazar, conductor habitual del bulevar, manifestó que el funcionamiento del nuevo sistema de cámaras fotomultas son una buena opción, siempre y cuando sea para resguardar la seguridad vial de los conductores.

“Yo pienso que están bien, siempre y cuando vayan en concepto de la seguridad vial de todos los conductores. Yo he visto bastantes accidentes en este lugar y es necesario porque han habido varios accidentes en vehículos de carga, e igual con motos”.
Juan Carlos Salazar,
Conductor a Diario El Mundo.

El conductor opinó que también es necesario regular a los conductores de vehículos de carga y motociclistas, ya que asegura que en muchos de los incidentes viales, dichos tipo de automotor son los más involucrados.

Además, señaló que el sistema de fotomultas no debe limitarse solo a ciertos puntos, sino que debe ser una estrategia integral que abarque otras zonas de gran carga vehicular como el bulevar Venezuela y bulevar El Ejército.

Vehículos de carga

Los vehículos de carga, que suelen transitar el bulevar Monseñor Romero también están bajo la mirada del nuevo sistema de fotomultas. La mayoría respetaba las indicaciones de transitar por el carril derecho, sin embargo, se identificó al menos a un conductor que no respetó dicha norma.

Según lo anunciado por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) serán al menos tres infracciones que empezarán a revisar en esta vía, con el objetivo de reducir los siniestros viales y la muertes en accidentes de tránsito.

La primera de ellas es conducir a excesiva velocidad, seguido de es el peso de los vehículos de carga y la tercera es que este tipo de vehículos circulen al lado derecho de la vía. No obstante, la mañana de este jueves, el ministro de Obras Públicas enlistó otras infracciones que estarán vigiladas en el bulevar.

Señalizaciones viales

Ismael Mayén, vendedor en el sector, considera que la poca visibilidad de los rótulos y señalizaciones referentes de máxima velocidad podría dificultar que los automovilistas bajen anticipadamente la velocidad establecida en la zona.

“A lo que yo veo diariamente no disminuyen la velocidad, no creo que vayan a 90 (km/h) como dice ahí (en el asfalto) pero como esta en el pavimento donde dicen 90, no lo ven y si van llegando a las cámaras la velocidad no la van a disminuir”, manifestó Mayén.

Ante ello, aseguró que con la instalación de rótulos más visibles y a una cierta distancia de donde han sido colocadas las nuevas cámaras, los conductores conozcan los puntos con los límites de velocidad establecidos.

“La verdad es que si la gente no logra ver el rótulo, no va a disminuir la velocidad”, enfatizó el peatón en la zona.

A pocos pasos donde él se encontraba hay un letrero que dice: “Carretera con vigilancia automática”, previó a donde fueron puestos los nuevos aparatos.

Educación vial

Un tercer conductor en el sector identificado como Omar García dijo que la regulación de la velocidad es algo que los conductores desde un inicio se deben acoplar, ya que asegura que en el país no existe una “buena educación vial», por lo que considera que con el nuevo sistema se pueden evitar la ocurrencia de accidentes.

“Aquí, básicamente en el país no nos habíamos educado como tal, pero relativamente si es muy bueno (las fotomultas) porque a la larga evitamos accidentes”, dijo García.

Hasta las primeras horas de la mañana de este jueves, las autoridades de de Obras Públicas informaron que se habían identificado a 12 conductores que fueron captados por las cámaras fotomultas incumpliendo la normativa de tránsito.

Al menos 15 viviendas sufrieron daños y dos familias fueron albergadas luego de un fuerte sismo de 6.3 grados que afectó a El Salvador el pasado 5 de enero en horas de la mañana, informó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

«Alrededor de unas 10 o 15 viviendas han resultado con daños. También, en la zona de Cuscatlu00e1n Norte, hemos tenido al menos tres viviendas con alguna afectación», declaró Amaya en la entrevista televisiva de Diu00e1logo 21.

El director de Protección Civil señaló que hay algunas viviendas que sufrieron daños entre los «mu00e1s críticos», dos casas en San Juan Opico, La Libertad, que registraron daños de consideración, pero aseguró que «no ha llegado al punto de declararse no habitable».

Debido a los daños reportados en ambas viviendas de la zona costera, el funcionario reveló que dos familias se encuentran albergadas.

Sin embargo, el funcionario enfatizó que continúan realizando evaluaciones a varias infraestructuras, así como aquellas de interés cultural, como la torre de San Vicente.

«Aunque el sismo tuvo su epicentro frente a la costa de La Paz, toda la zona sur del país tuvo algún grado de intensidad», resaltó Amaya.

El director de Protección Civil recalcó que es importante aclarar a la población que fenómenos sismológicos, como el sucedido el pasado domingo, son parte de «la dinu00e1mica geológica» que tiene el territorio nacional. «Es una situación normal en cuanto a esto se refiere», expresó.

Ademu00e1s, Amaya manifestó que muchas personas que realizan mejoras en sus viviendas suelen cometer «errores» al remover estructuras clave, lo que puede volverlas inseguras para habitar.

Ante ello, afirmó que la institución cuenta con un plan de contingencia ante terremotos, con respecto a la coordinación de respuesta de un evento sísmico.

«Hemos creado, de forma paralela al plan de contingencia, un protocolo de actuación de todas las instituciones del sistema. En el último año, hemos logrado constituir la Comisión Especial de Gestión de Riesgo Sísmico», dijo el funcionario.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) registró hasta las 7:00 de la mañana de este jueves 184 réplicas tras el fuerte sismo del pasado domingo de magnitud 6.3 originado en las costas de La Paz.

Según Medio Ambiente, 25 réplicas han sido percibidas por la población, con magnitudes de hasta 4.2.

La mañana del 5 de enero, un fuerte sismo fue sentido en El Salvador y parte de Guatemala, a las 11:18 de la mañana, con una magnitud de 6.3 en la escala de Richter, y una intensidad IV en escala de Mercalli Modificada, frente a las costas de La Paz, con una profundidad de 33.1 kilómetros.

Medio Ambiente reiteró que la causa de estos sismos es la acomodación de la placa de Cocos y de El Caribe, conocido como proceso de subducción, y no hay posibilidad de tsunamis.

La explotación minera realizada en San Isidro, en el departamento de Cabañas, causó un daño irreparable en los ecosistemas acuáticos de la zona, aseguró el investigador internacional en temas de minería metálica, Andrés McKinley.

McKinley expuso que entre los años 2007 y 2009, cuando era permitida la exploración minera en El Salvador, provocó la desaparición de al menos 20 espejos de agua.

“Aquí en El Salvador en el periodo de 2007, 2008 y 2009 sólo la exploración de minería de oro causó secar más de 20 fuentes naturales de agua para las comunidades de San Isidro, en Cabañas”, manifestó McKinley, en una conferencia de prensa de ADES Santa Marta.

El investigador señaló que la minería metálica utiliza grandes cantidades de agua y para un país como El Salvador, que ya sufre de una crisis hídrica, representa una amenaza para los salvadoreños y que fue catalogada por Estados Unidos como “la mayor amenaza al recurso hídrico en nuestro planeta”.

Según explicó, la mina promedio en Centroamérica utiliza más de un millón de litros de agua diarios; y la mina en Guatemala, considerada como la más “moderna en Centroamérica”, utiliza más de seis millones de litros de agua diarios.

“El agua es necesaria para hacer la minería, es la sangre de la minería y la minería compite con la humanidad por ese recurso. Esa es una implicación que tendrá El Salvador”, aseveró.

McKinley destacó que la mina San Martín, en Honduras, en 9 años de operación provocó que un promedio de 19 a 23 ríos se secarán en el valle de Siria, ubicado al norte de la capital de Tegucigalpa.

McKinley es experto en Administración de Salud y ha trabajado junto a organizaciones internacionales en temas de desarrollo sostenible y justicia social. En 2015, publicó su investigación: “La amenaza de la minería metálica en un mundo con sed”.

Actualmente trabaja como especialista de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

De acuerdo con McKinley, la exploración de la minería es la responsable de la contaminación de los ríos, lagunas, manantiales y otros espejos de agua que impacta las comunidades aledañas, debido al uso de sustancias como cianuro.

“Estamos enfrentando una industria que utiliza enormes cantidades de agua, también es una industria que contamina el agua con una variedad de sustancias, lo más importante, lo más conocido por muchos es el cianuro”.

El experto afirmó que el cianuro es un químico tóxico que en cantidades menores, “un granito de arroz” puede matar a una persona o animal. “Destruye la vida en las zonas donde se está aplicando”.

“Las empresas mineras utilizan miles de galones de agua mezclados con cianuro diariamente para separar el oro de la roca, no hay otra manera de hacerla”, detalló McKinley.

El investigador denunció que en San Sebastián, San Vicente, hay 19 barriles llenos de cianuro de las empresas mineras que operaban antes de la prohibición en 2017 y que a la fecha es un peligro para los habitantes del sector, pese a que un juez ambiental ordenó hace cinco años al actual Gobierno retirarlos.

En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele propuso levantar la prohibición total a la minería metálica para aprovechar riquezas en oro, que según él posee el territorio salvadoreño e hizo referencia a «los distritos de oro»: El Paisnal, Calera, Cerro Colorado, El Zapote, Potonico, Santa Rita, El Dorado, Potosí, Guapinol, Hormiguero, Montecristo, El Gigante, San Sebastián y Santa Clara, en El Salvador.

El 23 de diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que avaló la minería metálica en el país luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, externara sus intenciones de reactivarla para potenciar la economía salvadoreña. El mandatario aseguró que hay estudios -que no detalló- que revelan reservorios de oro, litio y al menos 16 metales más.

La normativa aprobada dice que el Estado es el único que podrá ejecutar el ciclo minero, sin embargo, también dice que lo podrán hacer sociedades, incluidas las de economía mixta.

Un grupo de 30 organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos y ambientalistas reiteraron este miércoles su rechazo al nuevo proceso penal que enfrentarán los líderes ambientalistas de Santa Marta, en Cabañas, y hacen presión para que sean absueltos en la siguiente vista pública programada para el próximo mes de febrero.

El pronunciamiento de los movimientos sociales resalta el descontento sobre la decisión de revertir el juicio, que dejó inicialmente absueltos a ocho excombatientes del FMLN, después de haber sido enjuiciados en octubre de 2024, por el presunto asesinato de una persona durante el conflicto armado.

Ante ello, enfatizaron su rechazo sobre la decisión de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, Cuscatlán, de repetir el juicio en un Tribunal de Sentencia de San Vicente, y revertir la absolución de los ocho acusados, bajo el argumento que las juezas de Sensuntepeque no resolvieron el fondo del caso sino que se abordó sobre la forma de proceso penal.

Representantes de las organizaciones señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una acusación “sin pruebas”, basada en un “testimonio contradictorio” de un testigo protegido y sin el cuerpo del delito, por lo que aseguraron que se trata de un “precedente nefasto” en el sistema judicial de El Salvador.

“Consideramos que la repetición de la vista pública, ordenada de manera arbitraria y subjetiva por la Cámara Penal de Cojutepeque representa un precedente nefasto en el sistema judicial salvadoreño porque en la práctica constituye un doble juzgamiento”, expresó Vicente Cuchillas, docente universitario de la Universidad de El Salvador (UES).

La nueva vista pública está programada para desarrollarse entre los días del 3 al 6 de febrero de 2025.

“Es la lucha para que nuestros compañeros queden en libertad definitiva y ellos ya tienen la libertad, pero claro aquí hay una necesidad de la fiscalía de querer seguir manteniendo este caso que ha sido insostenible hasta hoy”, manifestó Vidalina Morales, vocera de la comunidad de Santa Marta.

A la conferencia se unieron representantes de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), Asamblea de los Pueblos, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP), Caminata Ecológica, Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), Colectivo de Derechos Humanos «Herberth Anaya», Colectivo Universitario por la Democracia, Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador (COFAPPES), Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Coordinadora Nacional de Pueblos Originarios, Foro Ecuménico de las Iglesias de El Salvador y del Foro del Agua.

Así como miembros del Foro Nacional de Salud, Justicia Social y Contraloría Ciudadana, Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR), Mesa por el Derecho a Defender Derechos, Mesa por la Justicia Climática, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario (MODES), Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, Red Continental Cristiana por la Paz (REDCOMPAZ), Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador (UES), Socorro Juridico Humanitario (SJH) y Vía Campesina El Salvador.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio contra ocho personas por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

En el proceso penal eran acusados: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.

La Fiscalía sostenía que los acusados, excombatientes del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

En la lectura del fallo, el 18 de octubre del año pasado, el referido Tribunal resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, principalmente, porque el caso no configuraba los requisitos como crimen de guerra.

El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta, distrito de Victoria y de Guacotecti, en Cabañas. El proceso cobró relevancia porque de los detenidos, cinco son líderes ambientalistas que encabezaron la lucha antiminera.

La comunidad de Santa Marta siempre ha defendido que sus cinco líderes ambientalistas son inocentes y que se trata de un caso político relacionado con la reactivación de la minería metálica en El Salvador, aprobada en diciembre del año pasado.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó este miércoles que el territorio salvadoreño seguirá bajo la influencia de vientos nortes,

con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El meteorólogo del Marn, Roberto Gonzalez, señaló que para este día se prevén vientos nortes y Noroestes, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora (km/h).

Mientras que las ráfagas podrían alcanzar hasta los 50 km/h, con énfasis en las zonas altas del occidente y centro del país, así como algunos puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

“Se mantendrá el cielo mayormente despejado y solamente en horas de la tarde tendríamos un ligero incremento de nubosidad con mayor énfasis en la zona oriental del país y generar lluvias significativas”, informó Gonzalez en el reporte meteorológico.

Dichas condiciones son influenciadas por un sistema de Alta Presión ubicado en las cercanías de Texas, en Estados Unidos que empuja a un frente frío en la región del Caribe y orienta Vientos Nortes hacia el territorio nacional.

A pesar de los vientos, Medio Ambiente advierte de un ambiente caluroso en las primeras horas de la mañana, con temperaturas máximas de 35 para la zona occidental, en la zona central con 36 grados de calor y para el oriente del país, advierten que las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados Celsius.

Una rastra chocó contra los separadores de vía en la carretera Panamericana, a la altura de la incorporación al bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, informaron este miércoles usuarios en redes sociales.

De acuerdo con la información compartida, el accidente ocurrió debido a que el vehículo de carga sufrió desperfectos en su llanta delantera e impactó con los separadores de la vía, en la incorporación al bulevar Santa Elena.

En el percance no se reportaron personas lesionadas.

Ante ello, gestores del Viceministerio de Transporte, (VMT) acudieron al lugar para reorientar el paso vehicular a fin de agilizar el tránsito en la zona.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra del 1 al 6 de enero de 2025, un total de 231 accidentes de tráfico, en los cuales 153 personas resultaron lesionadas y 12 han muerto.

Según los datos, en los primeros seis días del año se contabilizaron 32 percances viales que ocurrieron debido a un choque.

Destacar que en el acumulado del año 2024, se reportaron 20,301 accidentes de tránsito, de estos 1,640 fueron relacionados con transporte de carga.

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador dejó en libertad a Mariano Fernando Herrera, un ciudadano estadounidense que había sido detenido por presuntamente manejar en estado de ebriedad a finales del año 2024.

El acusado enfrentó audiencia inicial el lunes 6 de enero, donde se decretó sobreseimiento definitivo, debido a que se presentaron exámenes toxicológicos, donde se determinó que Herrera no tenía alcohol en la sangre, ni drogas.

“La Fiscalía (General de la República) no pudo soportar el requerimiento fiscal y desde luego no había prueba. La jueza hizo justicia”, expresó Herrera a periodistas en los Juzgados de Paz, a la salida de la audiencia.

Herrera fue capturado el 28 de diciembre de 2024, y fue acusado por el delito de conducción peligrosa, bajo las reformas de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad, la cual prohíbe el consumo total de alcohol, de lo contrario son detenidos.

Herrera, residente de California, Estados Unidos denunció que había sido capturado de manera injusta, luego de haberse sometido a una prueba de alcohol en un dispositivo antidoping y que el examen saliera a cero.

Sin embargo, tras la publicación de la denuncia de Herrera, el Viceministerio de Transporte (VMT) publicó un video donde señalaron que la detención se debió a que Herrera se había negado a realizar el test de alcoholemia y posteriormente mencionó que no se había realizado de “manera adecuada.”

La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) ha presentado ante los Juzgados de Paz a 20 conductores, 13 el lunes y siete este martes para iniciar con el proceso judicial por el presunto delito de conducción peligrosa.

Entre otros de los conductores que enfrentaron este martes audiencia y fueron liberados está una mujer de nacionalidad guatemalteca, a quien se le encontró con 20 grados de alcohol en la sangre.

En este caso el Juzgado Primero de Paz otorgó la suspensión condicional del procedimiento, que conlleva a medidas alternas a la detención, entre ellas, abstenerse a ingerir bebidas alcohólicas y presentarse a firmar cada cierto tiempo al juzgado.

Oficiales de tránsito confirmaron a periodistas que todos los conductores que han sido presentados en los juzgados y tuvieron resolución del caso fueron puestos en libertad de forma inmediata.

Se espera que en lo que resta de la semana continúen presentando a más conductores que fueron detenidos durante el periodo festivo de Navidad y Fin de Año 2024.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador decretó suspensión temporal de nueve días del juicio en contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios municipales más, con el fin de realizar una investigación suplementaria.

El objetivo de dicha investigación es actualizar los datos de los estados de cuenta de las instituciones financieras relacionadas en el caso, donde se acusó al exedil por incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales.

«Lo que sucede es que como hay instituciones que efectivamente se ha registrado pago, entonces han hecho una suspensión de nueve días para acreditar si esos pagos están hechos o no», explicó el abogado Jacobo Nolasco, encargado de la defensa del exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz.

El proceso judicial continuará hasta el próximo viernes 17 de enero a las 8:30 de la mañana con la presentación de los alegatos finales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

En el caso se procesa al exalcalde de San Salvador, por los delitos de incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales a trabajadores de dicha alcaldía, así como por retenciones tributarias.

A estos se suman el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón; el exdirector de Finanzas de la Alcaldía, Santos Omar Muñoz; y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo.

En la jornada de este martes, se presentaron nueve empleados de la alcaldía de San Salvador y Desechos Sólidos, quienes manifestaron sobre el incumplimento del pago de cuotas Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como en instituciones bancarias donde tenían créditos.

Con ellos, la Fiscalía finalizó el desfile probatorio de testimonios y se espera que cuando se retome el juicio se continúe con los alegatos finales, debido a que la defensa señaló que no presentará declaraciones de testigos.

El abogado de Muyshondt, Óscar Argueta, solicitó que se agreguen como prueba documenta,l recortes de artículos periodísticos del año 2020, relacionado con la situación que enfrentaba la comuna capitalina durante la pandemia, los cuales servirán «para refrescar» la situación que enfrentó la comuna.

Los jueces del Tribunal de Sentencia aceptaron la incorporación de dichos documentos, así como actas que realizó el exalcade donde se expone la solicitud del crédito no aprobado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L.Cosavi para paliar la crisis financiera que enfrentaba la comuna.