Autor: Dania Quehl

  • Capturan a conductores con 35 y 73 grados de alcohol en aire espirado

    Capturan a conductores con 35 y 73 grados de alcohol en aire espirado

    En horas de la madrugada de este sábado, dos conductores fueron capturados en un control antidoping del Viceministerio de Transporte (VMT), por manejar habiendo consumido alcohol, según la nueva regulación de la Ley de Transporte.

    El primer detenido fue un motociclista que resultó en la prueba antidoping con 35 mg/dl de alcohol en aire espirado. El segundo se trató de que resultó con 73 mg/dl de alcohol.

    Un informe posterior de Presidencia detalló más tarde que las personas detenidas fueron Rigoberto Pérez Henríquez, que reporto 73 grados de alcohol; y Óscar Edgardo Rivera, con 35 grados.

    El director de Transporte Terrestre, Ismael Flores, informó este sábado que el VMT ha realizado nueve controles antidoping y en los últimos cinco días del periodo vacacional se han ejecutado cerca de 300 dispositivos vehiculares.

    «Hemos ejecutado 293 dispositivos en lo que va del plan navideño, desde el 23 hasta el 28 de diciembre», destacó Flores.

    Además, el funcionario aseguró que los controles antidoping instalados a nivel nacional tienen como propósito identificar a conductores que manejen en estado de ebriedad y con ello evitar los accidentes de tránsito. «En la carretera Troncal del Norte tenemos dos dispositivos con la finalidad de lograr una mayor cobertura y sacar de circulación a aquellas personas que resulten positivas en alcohol», detalló.

    Las pruebas de alcoholemia determinan si los conductores han ingerido bebidas alcohólicas; con la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se prohíbe la circulación absoluta de conductores que bajo los efectos de estupefacientes, medicamentos o de alcohol, siendo acreedor de una multa muy grave y la detención conforme a la legislación penal.

    El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta que del 1 de enero hasta el 27 de diciembre se detuvieron 2,270 personas por conducción peligrosa, las cuales 24.9% de aumento en comparación al año pasado que registró 1,818.

    Hasta el 27 de diciembre se registran 20,143 accidentes de tránsito y manejar en estado de ebriedad ha sido la séptima causa de dichos percances viales.

  • Cofappes ha acompañado a 133 personas en procesos judiciales: "son personas con un sentido de aporte al país"

    Cofappes ha acompañado a 133 personas en procesos judiciales: «son personas con un sentido de aporte al país»

    El Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) reveló que ha dado acompañamiento a 133 personas en procesos judiciales, y en su mayoría, considera que son «personas con un sentido de aporte al país».

    «En nuestros registros como Cofappes son 133 personas, donde el 96 % son personas con un sentido de aporte a este país progresista o de izquierda y esos opositores que ahora se quieren discriminar por razones ideológicas, sufren esa persecución política y por lo tanto se vulneran sus derechos humanos», declaró la coordinadora de Cofappes y exdiputada del FMLN, Lourdes Palacios, en una conferencia de prensa este viernes.

    La representante de Cofappes destacó que la organización ha ayudado a personas en diversas situaciones judiciales, entre ellas, casos de abusos de derechos humanos, detenciones arbitrarias y violaciones a la libertad de expresión.

    Uno de ellos corresponde al exdirigente del FMLN, Atilio Montalvo, quien desde mayo del presente año se encuentra privado de libertad. Según explicaron, Montalvo padece de problemas renales, en fase terminal, además de haber sufrido un derrame cerebral.

    Cofappes denunció que existe una deficiente atención médica hacia Montalvo, pese a la grave condición de salud, y que la decisión de extender por otros seis meses las investigaciones en su contra y con ello que continúe en arresto, violenta su derecho a la salud.

    «Si ya había una investigación por parte de Fiscalía porque ahora continúan otros seis meses detenidos a cumplir el año, si ya había una investigación no había porque hacer esa prórroga. La deficiente atención médica estu00e1 poniendo en riesgo su vida, ya que no tiene la atención especializada que su situación exige»,nu003cstrongu003eLourdes Palacios,nu003cstrongu003eCoordinadora de Cofappes.u003c/strongu003en

    Montalvo es procesado por el delito de actos de terrorismo y organizaciones terroristas, luego de ser detenido junto a otras ocho personas por supuestos atentados que se desarrollarían durante la toma de posesión de Nayib Bukele, el 1 de junio.

    A finales de noviembre, la defensa de Montalvo, solicitó al Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador una audiencia especial de revisión de medidas cautelares del procesado, debido al estado de salud.

    «Mi papá se puede morir en la cárcel, se puede morir en las manos del Estado si no es atendido en su salud como se debe y no le dan las medidas sustitutivas», expresó Silvia Montalvo, hija del exdirigente del FMLN.

    Otros casos

    Asimismo, Cofappes denunció la falta de cumplimiento por parte de Centros Penales con respecto a las medidas sustitutivas a favor de Francisco Hirezi, Dennis Córdova y Jaime Valdez otorgadas a raíz del Habeas Corpus.

    La organización sostuvo que a la fecha son 13 meses de retraso, ya que las medidas fueron aprobadas en noviembre de 2023, tampoco se le permite la visita de sus abogados y ellos desconocen la situación jurídica del caso.

    Hirezi fue condenado en mayo del 2023 por dos delitos de negociaciones ilícitas y cohecho por el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, pero la defensa apeló dicha sentencia.

    Cofappes destacó que actualmente la Cámara de San Vicente tiene la apelación presentada por sus defensores, la cual lleva un año sin tener resolución.

    Otro de los casos que Cofappes dió seguimiento fue en contra del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde y el exinspector de Centros Penales, Ramón Roque, implicados por delitos arbitrarios en el desvío de fondos de tiendas penitenciarias.

    El caso concluyó con la condena a tres años de prisión excarcelables para Landaverde y dos años de prisión para Roque, sin embargo, la organización defensora de derechos humanos, resaltó que ambas personas pasaron bajo prisión provisional ocho meses más del tiempo establecido, pese a que se contaban cartas de libertad con medidas sustitutivas.

    «Nunca le permitieron a Mauricio Ramirez Ramon Roque las atenciones de salud pese a tener una orden en marzo del Instituto de Medicina Legal que ordenaba atención médica», dijo la coordinadora del Comité.

    Pese a que ya se emite una resolución del caso en el mes de octubre, Cofappes afirmó que aún falta la entrega de la resolución judicial por escrito del caso.

    Otro de los procesos que brindaron seguimiento fue de la exprimera dama, Vanda Pignato, quien fue condenada a tres años excarcelables por el delito de simulación de delito y absolvió por el delito de lavado de dinero.

    Cofappes señaló que se trató de un proceso «plagado de irregularidades» y que los retrasos y prórrogas, así como el arresto domiciliar fueron una forma de tortura.

    En el caso, fueron condenados Manuel Rivera, expresidente del Banco Hipotecario y David Rivas, exsecretario de comunicaciones de Casa Presidencial del gobierno de Mauricio Funes.

    «Una decisión arbitraria ya que quedó demostrado que los fondos utilizados en dicha instancia gubernamental contaban con todos los respaldos legales registrados en documentación de 327 proveedores de servicios», concluyó la vocera de Cofappes.

  • Exempleado de PDDH denuncia que Procuraduría no entra a los penales desde el inicio del régimen

    Exempleado de PDDH denuncia que Procuraduría no entra a los penales desde el inicio del régimen

    Un exempleado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunció este jueves que dicha entidad no ha ingresado a los centros penitenciarios de El Salvador, desde que se instaló el régimen de excepción, en marzo de 2022 para verificar las condiciones de los privados de libertad.

    Según expuso Guillermo García, la Procuraduría no ha cumplido con la labor de monitorear las condiciones de detención y asegurar que no se vulneren los derechos de las personas detenidas.

    “Nos preocupa porque la institución que debe velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña es la que se queda callada”.

    Guillermo García,
    Exempleado de la PDDH, en una conferencia de prensa.

    García señaló que como empleado de la Procuraduría se encargaba de tomar las denuncias de los salvadoreños y uno de los casos se trató de una persona que llegó a buscar información de un familiar que estaba preso en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, y que había sido trasladado sin saber dónde.

    “En ningún lugar daban respuesta, solo hubo uno que se tomó su tiempo, ingreso al sistema y me pudo dar la información y me dijo que le dijera al usuario si ahí lo tiene, “dígale que su familiar no se encuentra en el sistema penitenciario y que se prepare para lo peor”, relató García.

    El exempleado de la PDDH manifestó que la persona acudió a Medicina Legal y mediante fotografías encontró que su familiar había muerto y enterrado tres meses atrás. “Y en esos casos donde no se ha pronunciado la institución”, recalcó.

    García aseguró que los empleados de centros penitenciarios temen dar información sobre los privados de libertad por temor a represalias, y enfatizó que desde que se dice que una persona no se encuentra en el sistema penitenciario, hay que darlo por muerto, “eso es como una regla”, situación que afirmó la PDDH conoce, pero cuestionó “¿por qué no se pronuncia?”.

    La denuncia del extrabajador de la Procuraduría toma relevancia con reportes de organizaciones de derechos humanos que han manifestado su preocupación por la vulneración de los derechos de los presos.

    Recientemente, Unidehc presentó un informe donde denunciaron que las personas privadas de libertad en El Salvador carecen de atención médica al interior de los centros penales, según un médico que estuvo en prisión y era el encargado de atender a los demás reos.

    Según el testimonio del Dr. Henríquez, atendía a los reos del penal Mariona cuando inició el régimen de excepción y en su mayoría los internos no reciben la atención adecuada para tratar enfermedades graves, ni acceso oportuno a tratamientos médicos necesarios.

    A su vez, Socorro Jurídico Humanitario informó que a inicios de diciembre ya registran 340 muertos al interior de los centros penales, durante el régimen de excepción, donde el penal de Izalco reportaba la mayor cantidad de muertes.

  • Denuncian tala de árboles en 400 manzanas de comunidades Condadillo y Flor de Mangle por Aeropuerto del Pacífico

    Denuncian tala de árboles en 400 manzanas de comunidades Condadillo y Flor de Mangle por Aeropuerto del Pacífico

    Al menos 400 manzanas de terreno boscoso de las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el distrito de Conchagua, La Unión Sur, han sido taladas para la construcción del Aeropuerto del Pacífico, denunció este jueves el Movimiento Indigena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa).

    El representante de Milpa, Ángel Flores, señaló que la tala de árboles inició el pasado 23 de diciembre por la empresa contratada por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), encargada de la construcción del nuevo aeropuerto al oriente del país.

    «Estamos hablando que el área intervenida hasta este momento son 360 hectáreas, estamos hablando que existe un promedio de 24 máquinas, es decir maquinaria pesada que está diseminada en esta área y están, prácticamente, interviniendo de manera generalizada, es decir, que no está yendo por partes, sino que toda el área y lamentablemente el área que ha sido intervenida, de forma mucho más agresiva, es donde están las fuentes de aguas», manifestó Flores.

    Según explicó, en la comunidad Condadillo, las principales áreas afectadas son diversos nacimientos de manantiales que se encuentran cerca de la zona boscosa, así como el sector donde pasa el río Condadillo.

    Este es el antes y después de una pileta de agua en Condadillo, Conchagua. / Cortesía / I.Cornejo.

    Mientras que en Flor de Mangle señalan que actualmente se ha ampliado las obras de terracería y se ha llegado a menos de 400 metros de la cercanía al manglar del Estero de Tamarindo, considerado como zona protegida, un sitio Ramsar que «está siendo depredado», así como algunos sectores de la comunidad Flor de Mangle.

    Son alrededor de 225 familias directas afectadas, además de ocho comunidades aledañas que también se verían afectadas por la tala de árboles y con ello la Red Hídrica Sirama, que conduce desde Jucuarán hacia La Unión, enfatizó Flores.

    «Va a ver un impacto fuerte a la accesibilidad del agua y por otro lado afectaciones hacia los trabajadores del campo, indígenas campesinos que ya no van a tener las condiciones para poder producir en este territorio que tenía la facultad de producir tanto en la época seca, como época de invierno», aseveró el vocero de Milpa.

    En ese sentido, habitantes de dichas comunidades y sectores aledaños enfrentan una situación de incertidumbre y de preocupación, ya que aseguran se abastecen de las fuentes de agua de las zonas intervenidas.

    El antes y después de una laguneta en Condadillo tras la tala de árboles. / Cortesía / I. Cornejo.

    Candelario Gavidia, de 63 años de edad, es uno de los habitantes de Condalillo y expresó su angustia por la destrucción de la tierra que se ejecuta en las comunidades de Conchagua, ya que, afirmó que al talar los árboles de la zona se corre el riesgo que los manantiales se sequen y con ello, se pierda el vital líquido que abastece a la comunidad junto a otras nueve.

    Ante ello, solicitó que la entidad estatal realice una plantación de nuevos árboles para evitar una crisis hídrica que afectaría a los habitantes del sector.

    «Nosotros queremos que nos apoyen y que vengan a sembrar árboles para que el ojo de agua no se vaya a secar, porque entonces nos están quitando la vida, nosotros sin agua no podemos vivir», dijo Gavidia.

    Elmer Martínez, de 66 años, habitante de Flor de Mangle, señaló que las personas además de buscar agua, también se dedican a la siembra de cultivos, ganadería y a la pesca artesanal de moluscos, actividades que han dejado de hacer desde la intervención de la zona.

    El antes y después del río Condadillo, donde los habitantes construyeron una especie de represa para abastecerse de agua. / Cortesía / I.Cornejo.

    Agricultura y ganadería

    El vocero de Milpa agregó que el área intervenida también era utilizada para los cultivos de hortalizas y el cuido de ganadería, como forma de trabajar de los habitantes del sector, sin embargo, con la tala de árboles las personas han perdido su producción agrícola.

    «Somos agricultores ahí trabajamos la tierra, cortando hortalizas, con una ganadería, desde ahí íbamos a comprar cuajada y eso desapareció y todo eso nos tiene a nosotros como personas con depresión, que sienten que están quitando la vida de ahí», expresó Martínez.

    Además que, los habitantes han recibido amenazas por parte de personal de Cepa que se abstuvieran de realizar tareas agrícolas y la obstaculización al Estero de Tamarindo, donde pescadores artesanales recolectaban moluscos para obtener ingresos económicos.

    Sólo alrededor de Flor de Mangle son 10 nacimientos de agua que se temen desaparezcan si la tala de árboles continua, manifestó el habitante y líder la seccional de Milpa Flor de Mangle.

    «A partir de esa intervención se está poniendo en riesgo, porque una característica que tienen ambas comunidades es que existe una serie de fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas que son abundantes con respecto al resto del territorio», sostuvo el representante de Milpa.