Autor: Dania Quehl

El Juzgado Segundo de Cojutepeque, Cuscatlu00e1n, decretu00f3 en audiencia inicial que Josu00e9 Carlos Flores Hernu00e1ndez permanezca en prisiu00f3n provisional por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, ocurrido el 23 de abril en el barrio San Josu00e9 de Cojutepeque, Cuscatlu00e1n.

De acuerdo con la Fiscalu00eda General de la Repu00fablica (FGR) las primeras pruebas presentadas por la representaciu00f3n fiscal, el feminicidio ocurriu00f3 tras una discusiu00f3n entre Hernu00e1ndez y la vu00edctima. “El hombre la atacu00f3 con arma blanca en reiteradas ocasiones”.

“Esta representaciu00f3n fiscal presentó todos los elementos probatorios, testimoniales, periciales y documentales en el cual se comprueba la participaciu00f3n del imputado y la existencia del delito”, detallu00f3 el fiscal del caso.

El crimen ocurriu00f3 el 23 de abril de 2025, en el barrio San Josu00e9, distrito de Cojutepeque, en la casa de habitaciu00f3n de la vu00edctima.

La Fiscalu00eda añadiu00f3 que un vecino auxilió a la vu00edctima y alertu00f3 a las autoridades, quienes la trasladaron hacia un hospital, donde muriu00f3 por la gravedad a causa de las heridas.

Ante ello, la jueza del referido tribunal ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción y que se traslade a un Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia de Cojutepeque.

En lo que va del au00f1o, se contabilizan ocho feminicidios en El Salvador, de los cuales cuatro fueron cometidos por parejas o familiares, según los registros de la Organizaciu00f3n de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) informó que ha iniciado trabajos de impermeabilización «temporal» de taludes, en la carretera Panamericana, en el sector conocido como Los Chorros, tras el derrumbe de tierra que se registró el pasado fin de semana en la zona.

De acuerdo con el Mopt, dichos trabajos son una «medida esencial» para reducir las pendientes que se ubican en gran parte de la carretera para «alcanzar el diseño final» de los taludes en el proyecto de Los Chorros, que contempla la ampliación de la carretera y la construcción del viaducto Francisco Morazán.

«En esta primera fase lo que haremos es una protección en la zona donde ha ocurrido el derrumbe con shotcrete (concreto que se aplica a través de una manguera) para evitar el intemperismo para que este talud que ha quedado completamente descubierto no sufra los problemas de erosión tanto por la lluvia, ni por el viento», explicó Obras Públicas, a través de un video compartido en su cuenta de X.

Este fin de semana, un desprendimiento de tierra obstaculizó el paso vehicular, para quienes se conducían entre el área metropolitana con el occidente del territorio salvadoreño. El percance llevó más de 15 horas en ser retirado y su paso fue habilitado hasta la madrugada de este lunes, debido a trabajos de mitigación para evitar más deslaves.

Asimismo, Obras Públicas señala que trabajan en el retiro de sobrecarga de los taludes, que se han acumulado por la precipitaciones que afectan al país. «También estamos fabricando los accesos para una vez tener todas estas medidas de contingencia iniciar con la intervención definitiva».

Según detallaron, la intervención definitiva consiste en «acostar» todos los taludes para posteriormente agregar una protección de concreto lanzado con anclajes activos. «Estos anclajes reactivos reaccionan al terreno, en un mínimo movimiento ellos están tensando la masa del suelo para evitar posibles desprendimientos».

Esta tarde, la cartera de Obras Públicas informó este lunes por la tarde de un nuevo «cierre temporal» en el tramo de Los Chorros, en ambos sentidos de vía, debido a que se llevan a cabo trabajos de remoción de materiales.

En el sector, se ejecuta el proyecto de construcción de un viaducto y ampliación de carretera adjudicado a la empresa Dongbu Corporation por un monto de $411 millones.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reportó la tarde del domingo, la captura de dos hombres señalados como los presuntos responsables de vapulear a un joven en el distrito de Apopa, de San Salvador Oeste, el pasado 24 de abril y que murió dos días después.

De acuerdo con la información compartida por el ministro en su cuenta de X, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron la captura de José Ernesto Cárcamo Henríquez y Douglas Javier Salazar Martínez, luego de acatar a un joven de 19 años de edad.

“La víctima se había quedado sin gasolina y fue abordado por estos sujetos, quienes intentaron robarle su motocicleta y lo agredieron con objetos contundentes. Debido a las múltiples lesiones en la cabeza, el joven fue trasladado a un hospital, donde lamentablemente falleció (sic) el 26 de abril”, expuso Villatoro.

La PNC reportó el sábado 26 de abril, el homicidio del joven, quien fue agredido en la cabeza con un objeto contundente y fue movilizado a un hospital donde murió la madrugada del sábado.

El ministro de Justicia aseguró que ambos detenidos están involucrados en más de 10 casos de hurto y robo en diferentes zonas del departamento de San Salvador.

“Aquellos tiempos donde se cometían actos de violencia y eran olvidados quedaron en el pasado, ahora a todo aquel que atente contra la integridad de otro salvadoreño le caerá el peso de la ley”, aseveró el ministro de Justicia.

La muerte del joven se convierte en la víctima número 23 de hechos violentos en El Salvador en lo que va del año 2025, y es la quinta víctima solo del mes de abril.

El primer homicidio del presente mes se registró el día 9, en el distrito de Masahuat, municipio de Santa Ana Norte, donde un hombre de 42 años fue vapuleado el 28 de marzo y falleció 12 días después en un hospital en la ciudad de San Salvador. La Policía dijo que el responsable ya había sido capturado.

El segundo asesinato se reportó el 18 de abril, en San Salvador, sobre la 20 avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, luego de que Moisés Acosta Lemus, de 44 años, atacara a otro hombre con un arma blanca.

En Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este, un hombre de 47 años fue asesinado el 19 de abril. La PNC indicó que el responsable del homicidio fue el vecino de la víctima, identificado como Elmer Antonio Ayala Solórzano, con quien departía bebidas alcohólicas.

El 23 de abril, una mujer de 55 años fue atacada por su pareja en el distrito de Cojutepeque, municipio de Cuscatlán Sur. La PNC dijo que el responsable identificado como Juan Carlos Flores Hernández fue capturado.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, la noche del domingo, que una mujer y su hijo fueron localizados sin vida, luego que fueran arrastrados por las corrientes del río Lempa.

Según el reporte policial, el incidente ocurrió cuando la mujer identificada como Flor Yasmin Guerra, de 22 años de edad y su hijo de dos años, cuando «al parecer estaban en el río y hubo un remolino o una repunta de agua que los arrastró donde fallecieron ahogados».

Los cuerpos fueron localizados en jurisdicción del distrito de Mercedes Umaña, en Usulután Norte. Asimismo, la PNC indicó que junto a la madre y el menor se encontraba el compañero de vida de la mujer, quien sigue desaparecido.

Ante ello, la corporación policial aseguró que «equipos mantienen un dispositivo de búsqueda en la zona» para localizar a la tercera persona.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) junto a Resistencia Digital, creadores de contenido y familiares de personas capturadas en el régimen de excepción convocaron a un “plantón digital”, con el objetivo de exigir la liberación de personas detenidas bajo el régimen de excepción.

La protesta en línea tiene como propósito visibilizar en redes sociales los casos de cientos de salvadoreños que fueron capturados arbitrariamente y enfrentan procesos judiciales, por presuntas conexiones con pandillas.

«Son más de 40 creadores de contenido que se están sumando a esta lucha. Han tomado conciencia que la lucha de Movir es justa, noble y se han comprobado las violaciones a los derechos humanos. Aquí el régimen no escucha a nadie, tenemos compañeras con carta de libertad, dos años luchando por la libertad de esa persona y simplemente no las escuchan, no las ignoran”, expuso el representante de Movir, Samuel Ramírez.

El plantón consistirá en la publicación masiva de mensajes, fotografías y videos de familias que piden la liberación de sus seres queridos con las etiquetas #LibertadALosInocentes y #NoALaMineria, desde las 7:00 de la noche de este viernes hasta la noche del domingo 27 de abril. Además, que se transmitirá en medios de comunicación de Estados Unidos, Suecia, Argentina y otros países.

Entre los creadores de contenido que participará en dicha actividad será el creador de contenido Roque 503 (@donroque503), quien acompañó a los familiares de detenidos y expresó la importancia de luchar por las “personas inocentes”.

“Nosotros hemos visto que han querido criminalizar el movimiento y la lucha de estas personas. Medios pagados y youtubers pagados han dicho que están defendiendo a criminales cuando no es así, están defendiendo a sus familiares que no tienen parte con los grupos delictivos. Hay personas que tienen carta de libertad y las autoridades brillan por su ausencia y como todo está en reserva, no se sabe si están vivos o están muertos. Aquí se está luchando por las personas inocentes», dijo Roque 503.

Los familiares de los detenidos estuvieron el viernes frente las bartolinas conocido como “El Penalito”, donde expresaron su pesar por no saber si sus seres queridos siguen con vida.

“Siempre que vamos a dejar paquetes le ponemos un poquito de dinero para supuestamente saber si está vivo, es un aliento que nosotros tenemos, que si agarran el dinero es porque ellos están vivos, pero no se sabe, ellos son tan pícaros que todo le quitan a uno”, dijo una madre de familia que no quiso ser identificada.

Asimismo solicitaron que las autoridades avances con las investigaciones de sus familiares, “ya dos, tres años que no los investigan ya significa mucho. Si uno tiene su cara limpia, su cara levantada de que nuestros hijos son inocentes porque si fueran delincuentes nosotros estuviéramos escondidos”.

El régimen de excepción cumplió tres años de vigencia en El Salvador el 27 de marzo de 2025. La Asamblea Legislativa aprobó la 37ª prórroga del régimen el pasado 1 de abril, periodo en el que el Gobierno registra más de 85,500 capturados bajo dicha medida.

El juicio en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez y cuatro exempleados municipales

continuará el próximo lunes con la declaración de cinco peritos financieros contables.

“La declaración de los peritos es el punto central del debate, de si hay o no apropiación o retención de cuotas laborales o si es que la alcaldía no tenía dinero para pagar”, informó Miguel Ángel Carcamo, abogado de Nercy Montano.

La vista pública en contra de Nercy Montano se instaló el pasado miércoles, ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador y este viernes, continuó con la declaración de un perito de extracción y resguardo de documentación, con respecto a tres pericias que realizó referente a supuestos hechos de corrupción cometidos por el representante legal de la sociedad Lex Support, Ricardo Roque Baires.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Roque Baires por presuntamente haber recibido la suma de $187,530.12 por la prestación de servicios profesionales para la recuperación de mora tributaria que su sociedad brindaba a la municipalidad.

Según se dijo en el juicio, el contrato tenía ventajas económicas, ya que contemplaba el pago del 24.97% del monto recuperado.

Por su parte, el abogado de la defensa se Baires dijo que “las pericias que él (perito) hizo, que fueron tres, no han involucrado a nuestro cliente, lo cual no nos perjudica en eso”.

La Fiscalía alegó que el 15 de enero de 2023, una persona denunció hechos de corrupción cometidos por el abogado y notario Roque Baires, quien mantenía una relación de confianza con la exedil Montano.

Acusación

A la exalcaldesa se le procesa por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social y negociaciones ilícitas.

La Fiscalía sostiene que la exalcaldesa de Soyapango realizó malversaciones de fondos por $271,760.43, recursos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población.

Junto a Montano se procesa al abogado, Ricardo Roque Baires por los delitos de falsedad ideológica y negociaciones ilícitas; así como a la extesorera de la comuna, Ruth Raquel Aguilar de Montano y el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez, acusados de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes y malversación.

Además del exgerente financiero de la alcaldía, Francisco Hernández, por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios.

Los últimos tres imputados son procesados en calidad de ausentes, mientras que Nercy Montano y Roque Baires guardan prisión preventiva.

Según la FGR, la situación de impago fue expuesta por los trabajadores de la municipalidad de Soyapango, quienes dejaron de percibir sus salarios, ni las transferencias de las retenciones para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a algunos créditos ni a las cuotas sindicales, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2022.

Nercy Montano fue detenida la noche del 28 de diciembre de 2023, al interior de la comuna, luego de varios días de protesta de los sindicalistas, quienes pedían se les pagarán sus salarios atrasados, además de un bono y aguinaldo.

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, que Gabriel Eliezar Palacios Rivera y Kevin José Acevedo Cubías, acusados del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública, sigan detenidos provisionalmente mientras el caso pasa a fase de instrucción.

El pasado 10 de abril de 2025, Palacios Rivera y Acevedo Cubías fueron detenidos junto a dos mujeres identificadas como Melissa Susana Hidalgo Quintanilla y Evelin Yajhaira Chávez Martel, por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, mientras se encontraban dentro de un vehículo en el parqueo techado de un centro comercial en San Salvador.

Durante el operativo a los procesados se les incautaron 17 porciones de marihuana distribuidas en bolsas y un frasco, así como cuatro celulares y $118 en efectivo.

«Las pruebas de campo realizadas confirmaron que la sustancia era marihuana, con un peso total de 2,016.4 gramos y un valor aproximado de $6,758.35 en el mercado ilícito», de acuerdo con la información compartida en la cuenta de X de Centros Judiciales.

Las medidas de detención se ordenaron debido a que en la audiencia el juzgado concluyó que existen indicios suficientes sobre la existencia del delito y la presunta participación de los imputados en el hecho, por lo que el caso seguirá en fase de investigación.

En el mismo proceso, se resolvió aplicar medidas sustitutivas a la detención para Melissa Susana Hidalgo Quintanilla, al acreditar arraigos suficientes.

Asimismo, se impuso una condena de tres años de prisión sustituibles para Evelin Yajhaira Chávez Martel, mediante un juicio abreviado.

La captura de las cuatro personas fue compartida en la cuenta de X del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien en su momento señaló que fueron detenidos en flagrancia gracias a una denuncia ciudadana.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló, este jueves, el juicio en contra de Carlos Francisco Jiménez Rivera, acusado de asesinar con 63 puñaladas a un hombre e intentar matar a una mujer, en un hecho ocurrido en la colonia Altos del Bulevar, en Soyapango, en octubre de 2022.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Jiménez Rivera atacó con un cuchillo a una mujer dentro de una vivienda. Durante el incidente, otra persona intervino para detener la agresión y fue herida, lo que generó su muerte.

La víctima mortal fue identificada como Ricardo Antonio Cruz Villalta, quien recibió al menos 63 puñaladas, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).

El ataque ocurrió la noche del 18 de octubre de 2022, alrededor de las 10:00 de la noche en el pasaje Las Pascuas, final de la 9a calle Oriente, según reportes de Comandos de Salvamento. La mujer agredida, identificada como Roxana Hernández, de 31 años, fue trasladada a un centro hospitalario con heridas graves en el abdomen y otras partes del cuerpo.

Vecinos relataron que escucharon una fuerte discusión en la vivienda antes del crimen, y señalaron que el procesado habría reaccionado tras descubrir una supuesta infidelidad.

La Fiscalía señala que ha realizado las diligencias iniciales de investigación del hecho, donde “se establece que las víctimas no tenían ningún vínculo entre sí ni con el imputado. Únicamente, alquilaban habitaciones en el lugar del crimen”, indicó.

Jiménez Rivera fue capturado por agentes de la PNC el mismo día del crimen y enfrenta cargos por homicidio agravado e intento de homicidio. Sin embargo, el juzgado de paz puso reserva al caso.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) registró 32 casos de vulneraciones de derechos fundamentales en El Salvador, durante los primeros dos meses del año 2025, reveló la fundación a través de su primer boletín “Sistema de monitoreo de libertades cívicas en El Salvador”.

Según el reciente informe, del 1 de enero al 28 de febrero del presente año, se registraron un total de 32 casos de violaciones de derechos, de los cuales 22 fueron dirigidos a la libertad de expresión, seis casos fueron relacionados a la libertad de reunión pacífica y cuatro a la libertad de asociación.

La libertad de expresión representa el 68.8 % del total de vulneraciones a los derechos fundamentales de los salvadoreños contabilizadas en dicho periodo por Fespad.

“La libertad de expresión, refleja un entorno en el que se mantiene la criminalización, acoso u hostigamiento y descrédito a las personas periodistas y medios de comunicación, generando autocensura y restricciones a la libre circulación de información”, expone el informe de Fespad.

Las violaciones a la libertad de reunión pacífica y cuatro a la libertad de asociación representan el 18.8 y el 12.5 %, respectivamente.

En el monitoreo se incluye la revisión de los derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión pacífica, las cuales, Fespad señala que “continúan las graves restricciones a la libertad de información, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y una limitada participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y leyes que afectan profundamente a la población”.

El informe expone que del total de vulneraciones, se registraron 11 casos en contra de personas defensoras, otras 10 violaciones en contra de periodistas, cuatro fueron contra personas manifestantes, tres casos en contra ciudadanos, dos casos en contra de activistas, uno hacia liderazgos sociales y un caso fue tipificado como “otro” tipo de vulneración.

“Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas representan las mayores restricciones registradas. Una de las formas más frecuentes de ataque contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es la estigmatización de su trabajo, así como el descrédito en las redes sociales por parte de funcionarios de gobierno, entre otros”, según la fundación.

Asimismo, Fespad registró 15 casos de vulneración de derechos en contra de organizaciones de la sociedad civil, 10 casos contra medios de comunicación y un caso en contra de organizaciones religiosas.

Los agresores

En el otro extremo, el informe revela que los funcionarios públicos lideran el número de agresores en 19 de los casos, seguido de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en siete casos, dos por personal de la Fiscalía General de la República (FGR). En cuatro casos no se determinó a su agresor.

“Se destaca particularmente ataques por parte de diputados y funcionarios públicos, quienes, desde sus cuentas de redes sociales, emiten discursos estigmatizantes contra periodistas, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”, dice la fundación.

Con respecto al tipo de hecho registrado, Fespad indicó que en 21 de los casos fueron ataques, nueve fueron vulneración de medidas violatorias y dos casos fueron por acoso.

“De los datos registrados para este periodo destaca la constante estigmatización, descrédito y detenciones arbitrarias contra periodistas, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; actores claves en el mantenimiento de una democracia saludable”, afirmó Fespad.

En concreto, Fespad sostiene que las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación están siendo criminalizados, en vez de recibir protección.