Autor: Dania Quehl

Un exempleado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunció este jueves que dicha entidad no ha ingresado a los centros penitenciarios de El Salvador, desde que se instaló el régimen de excepción, en marzo de 2022 para verificar las condiciones de los privados de libertad.

Según expuso Guillermo García, la Procuraduría no ha cumplido con la labor de monitorear las condiciones de detención y asegurar que no se vulneren los derechos de las personas detenidas.

“Nos preocupa porque la institución que debe velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña es la que se queda callada”.

Guillermo García,
Exempleado de la PDDH, en una conferencia de prensa.

García señaló que como empleado de la Procuraduría se encargaba de tomar las denuncias de los salvadoreños y uno de los casos se trató de una persona que llegó a buscar información de un familiar que estaba preso en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, y que había sido trasladado sin saber dónde.

“En ningún lugar daban respuesta, solo hubo uno que se tomó su tiempo, ingreso al sistema y me pudo dar la información y me dijo que le dijera al usuario si ahí lo tiene, “dígale que su familiar no se encuentra en el sistema penitenciario y que se prepare para lo peor”, relató García.

El exempleado de la PDDH manifestó que la persona acudió a Medicina Legal y mediante fotografías encontró que su familiar había muerto y enterrado tres meses atrás. “Y en esos casos donde no se ha pronunciado la institución”, recalcó.

García aseguró que los empleados de centros penitenciarios temen dar información sobre los privados de libertad por temor a represalias, y enfatizó que desde que se dice que una persona no se encuentra en el sistema penitenciario, hay que darlo por muerto, “eso es como una regla”, situación que afirmó la PDDH conoce, pero cuestionó “¿por qué no se pronuncia?”.

La denuncia del extrabajador de la Procuraduría toma relevancia con reportes de organizaciones de derechos humanos que han manifestado su preocupación por la vulneración de los derechos de los presos.

Recientemente, Unidehc presentó un informe donde denunciaron que las personas privadas de libertad en El Salvador carecen de atención médica al interior de los centros penales, según un médico que estuvo en prisión y era el encargado de atender a los demás reos.

Según el testimonio del Dr. Henríquez, atendía a los reos del penal Mariona cuando inició el régimen de excepción y en su mayoría los internos no reciben la atención adecuada para tratar enfermedades graves, ni acceso oportuno a tratamientos médicos necesarios.

A su vez, Socorro Jurídico Humanitario informó que a inicios de diciembre ya registran 340 muertos al interior de los centros penales, durante el régimen de excepción, donde el penal de Izalco reportaba la mayor cantidad de muertes.

Al menos 400 manzanas de terreno boscoso de las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el distrito de Conchagua, La Unión Sur, han sido taladas para la construcción del Aeropuerto del Pacífico, denunció este jueves el Movimiento Indigena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa).

El representante de Milpa, Ángel Flores, señaló que la tala de árboles inició el pasado 23 de diciembre por la empresa contratada por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), encargada de la construcción del nuevo aeropuerto al oriente del país.

«Estamos hablando que el área intervenida hasta este momento son 360 hectáreas, estamos hablando que existe un promedio de 24 máquinas, es decir maquinaria pesada que está diseminada en esta área y están, prácticamente, interviniendo de manera generalizada, es decir, que no está yendo por partes, sino que toda el área y lamentablemente el área que ha sido intervenida, de forma mucho más agresiva, es donde están las fuentes de aguas», manifestó Flores.

Según explicó, en la comunidad Condadillo, las principales áreas afectadas son diversos nacimientos de manantiales que se encuentran cerca de la zona boscosa, así como el sector donde pasa el río Condadillo.

Mientras que en Flor de Mangle señalan que actualmente se ha ampliado las obras de terracería y se ha llegado a menos de 400 metros de la cercanía al manglar del Estero de Tamarindo, considerado como zona protegida, un sitio Ramsar que «está siendo depredado», así como algunos sectores de la comunidad Flor de Mangle.

Son alrededor de 225 familias directas afectadas, además de ocho comunidades aledañas que también se verían afectadas por la tala de árboles y con ello la Red Hídrica Sirama, que conduce desde Jucuarán hacia La Unión, enfatizó Flores.

«Va a ver un impacto fuerte a la accesibilidad del agua y por otro lado afectaciones hacia los trabajadores del campo, indígenas campesinos que ya no van a tener las condiciones para poder producir en este territorio que tenía la facultad de producir tanto en la época seca, como época de invierno», aseveró el vocero de Milpa.

En ese sentido, habitantes de dichas comunidades y sectores aledaños enfrentan una situación de incertidumbre y de preocupación, ya que aseguran se abastecen de las fuentes de agua de las zonas intervenidas.

Candelario Gavidia, de 63 años de edad, es uno de los habitantes de Condalillo y expresó su angustia por la destrucción de la tierra que se ejecuta en las comunidades de Conchagua, ya que, afirmó que al talar los árboles de la zona se corre el riesgo que los manantiales se sequen y con ello, se pierda el vital líquido que abastece a la comunidad junto a otras nueve.

Ante ello, solicitó que la entidad estatal realice una plantación de nuevos árboles para evitar una crisis hídrica que afectaría a los habitantes del sector.

«Nosotros queremos que nos apoyen y que vengan a sembrar árboles para que el ojo de agua no se vaya a secar, porque entonces nos están quitando la vida, nosotros sin agua no podemos vivir», dijo Gavidia.

Elmer Martínez, de 66 años, habitante de Flor de Mangle, señaló que las personas además de buscar agua, también se dedican a la siembra de cultivos, ganadería y a la pesca artesanal de moluscos, actividades que han dejado de hacer desde la intervención de la zona.

Agricultura y ganadería

El vocero de Milpa agregó que el área intervenida también era utilizada para los cultivos de hortalizas y el cuido de ganadería, como forma de trabajar de los habitantes del sector, sin embargo, con la tala de árboles las personas han perdido su producción agrícola.

«Somos agricultores ahí trabajamos la tierra, cortando hortalizas, con una ganadería, desde ahí íbamos a comprar cuajada y eso desapareció y todo eso nos tiene a nosotros como personas con depresión, que sienten que están quitando la vida de ahí», expresó Martínez.

Además que, los habitantes han recibido amenazas por parte de personal de Cepa que se abstuvieran de realizar tareas agrícolas y la obstaculización al Estero de Tamarindo, donde pescadores artesanales recolectaban moluscos para obtener ingresos económicos.

Sólo alrededor de Flor de Mangle son 10 nacimientos de agua que se temen desaparezcan si la tala de árboles continua, manifestó el habitante y líder la seccional de Milpa Flor de Mangle.

«A partir de esa intervención se está poniendo en riesgo, porque una característica que tienen ambas comunidades es que existe una serie de fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas que son abundantes con respecto al resto del territorio», sostuvo el representante de Milpa.