Autor: Dania Quehl

Extrabajadores del área de salud pública aglutinados en la Unidad de Trabajadores del Hospital Rosales solicitaron al Ministerio de Trabajo que intercedan para el pago de las indemnizaciones, tras los despidos masivos, ocurridos a finales de 2025.

Los exempleados del área de salud denunciaron que muchas plazas fueron eliminadas de forma verbal, sin notificación escrita ni respaldo administrativo, por lo que piden la intervención de dicha cartera de Estado.

El representante de dicha organización, Juan Carlos Hernández, reiteró que ante dicha problemática existe necesidad de investigar las violaciones de los derechos laborales de los profesionales de la salud, motivo por el cual, acudieron al Ministerio de Trabajo la tarde de este lunes.

“Nosotros solicitamos (al Ministerio de Trabajo) que se investigue a todos los empleados que fueron despedidos, siendo la plaza suprimida verbalmente sin ningún documento que ampare a esa plaza suprimida y no hay entidad que se haga cargo para que nosotros podamos presentar nuestros documentos a seguir por una plaza suprimida”, expresó Hernández.

El gremio exigió el pago inmediato de las indemnizaciones tanto de las personas despedidas como de quienes aceptaron la renuncia voluntaria, asegurando que los fondos ya estaban contemplados en el presupuesto del año anterior.

“Exigimos a que se nos haga el pago de nuestras indemnizaciones o de aquellas personas que presentaron su renuncia que se nos haga en efecto el pago correspondiente que se puso en el presupuesto del año pasado y se haga efecto este año 2026 y que no vayan a salir con excusas”.

Juan Carlos Hernández, representante de la Unidad de Trabajadores del Hospital Rosales.

Por su parte, Antonio Ortiz hizo un llamado a las autoridades para instalar de manera urgente una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones al conflicto laboral

“Lo que buscamos es entablar un diálogo donde podamos encontrar una respuesta a la indemnización que nos corresponde y es lo que le hemos hecho solicitud al ministro de Trabajo (Rolando Castro)”, concluyó Ortiz.

La denuncia fue presentada por una comisión integrada por seis representantes de distintas áreas del hospital, entre ellas enfermería, laboratorio clínico, fisioterapia y servicios generales, quienes fueron atendidos por dos delegados del área de Inspección de Trabajo, quienes recibieron la denuncia formal, donde expusieron la necesidad de investigar las violaciones de los derechos laborales de los profesionales de la salud.

De acuerdo con los extrabajadores, los delegados del Ministerio de Trabajo aseguraron no tener conocimiento previo de la situación.

El 23 de diciembre de 2025, cientos de empleados del Hospital Nacional Rosales fueron despedidos de manera verbal, entre ellos médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza.

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), denunció la semana pasada que más de 7,700 trabajadores del sistema público de salud salvadoreño fueron despedidos durante el año 2025. Los empleados cesados eran del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Fosalud y hospitales nacionales, entre ellos el Hospital Rosales.

Ante ello, anticiparon que el personal despedido el año anterior no recibirán su compensación económica de forma inmediata, sino hasta dos años después, debido a que sostienen que el nosocomio de tercer nivel no cuenta con fondos, luego de pasar a ser parte de la Red Nacional de Hospitales.

Los exempleados denunciaron que las autoridades del Ministerio de Salud se han negado a atender las demandas del personal cesado, causando preocupación entre sindicatos que denuncian vulneraciones a los derechos laborales.

Los trabajadores despedidos recalcaron que la salida de personal con experiencia compromete la atención médica y puede poner en peligro la vida de los pacientes, especialmente de los sectores más vulnerables.

Los avances tecnológicos, el fortalecimiento de la normativa y una mejor comprensión del comportamiento de los suelos han permitido reducir los riesgos estructurales frente a eventos sísmicos en El Salvador en las últimas dos décadas, aseguraron especialistas en ingeniería estructural durante la entrevista radial de La Tribu.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Estructurales (ASIE), ingeniero Rodrigo Garay, uno de los mayores avances en el ámbito de ingeniería ha sido la tecnología y la incorporación de estudios preliminares sobre los suelos donde se proyecta construir con el objetivo de reducir riesgos ante un movimiento telúrico.

Entre los estudios se incluyen análisis de suelo, respuesta dinámica de los terrenos y revisiones geológicas específicas para cada obra, las cuales aseguró permiten procesar y analizar sobre sismos pasados que afectaron al territorio salvadoreño.

«El tema del internet e inteligencia artificial nos hace un poco más fácil tener acceso a la información, procesarla y analizarla, en eso hemos mejorado mucho, en poder analizar mejor la información, ser más extensos en los estudios que realizamos y aprovechar el estado de la práctica en sociedades avanzadas y aprender de ellos».
Rodrigo Garay, presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Industriales.

El ingeniero señaló que el diseño estructural moderno en la construcción de edificios parte de anticipar el peor escenario posible, con el objetivo de que los daños sean mínimos o inexistentes ante un evento sísmico. Garay recordó los terremotos de 1986 y 2001, los cuales dejaron miles de pérdidas humanas y daños materiales.

En ese sentido, Garay manifestó que en los últimos años se comenzó a utilizar herramientas de diseño que permiten anticipar y controlar mejor el daño estructural. Estas tecnologías hacen posible decidir en qué partes de una edificación se concentrará la disipación de energía durante un sismo.

«Se está empezando a utilizar herramientas de diseño que anticipan más el daño, es decir, podemos decidir en la estructura donde va a concentrar la disipación de energía durante los sismos», detalló el ingeniero.

Entre estas soluciones destacan los sistemas de aislamiento sísmico y disipación de energía, que, afirmó, ayudan a reducir la fuerza que llega a las estructuras. El experto indicó que, desde el año 2010 estos sistemas se han aplicado en puentes de gran tamaño, con el objetivo de que, tras un sismo importante, puedan seguir operando sin daños significativos. Además, destacó que también son utilizados en edificios esenciales como hospitales y centros educativos.

En relación con la construcción en altura, el especialista explicó que los edificios más altos suelen ser «más flexibles» y, en teoría, enfrentan menores daños sísmicos. Sin embargo, advirtió que estos proyectos requieren análisis más complejos y una cuidadosa selección del tipo de suelo donde se cimentan.

«Entre más alto es un edificio es más flexible para sobrellevar un sismo y las aseveraciones que genera un sismo son mayores a estructuras más rígidas o de mediana altura».
Rodrigo Garay, presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Industriales.A

Por su parte, el jefe del área de Inteligencia Territorial de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Alex Chávez, destacó el uso de satélites e imágenes de radar, herramientas que permiten conocer con mayor precisión cómo se mueve el suelo antes y después de un sismo. “Hoy se puede identificar qué zonas se desplazaron y en qué magnitud, algo que antes no era posible”, indicó.

Ambos expertos coincidieron en que el carácter volcánico y tectónico del territorio salvadoreño representa un reto permanente. No obstante, aseguraron que los avances en tecnología, regulación y conocimiento técnico han mejorado el comportamiento de las edificaciones frente a los sismos.

A 25 años del terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter, el 13 de enero de 2001, que dejó cerca de 1,000 fallecidos y 1,150 edificios públicos dañados, expertos en ingeniería estructural afirmaron que la prevención y la innovación en infraestructura son claves para evitar daños severos y proteger la vida de las personas ante eventos sísmicos de grandes magnitudes.

Más de 1.3 millones de personas padecieron de infecciones respiratorias agudas durante el año 2025, según los datos estadísticos del sitio de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsal).

Las cifras del portal de enfermedades endémicas señala que, hasta la semana 52, que comprende datos del 1 de enero al 27 de diciembre del año anterior, se contabilizaron un total de 1,303,101 pacientes por enfermedades respiratorias agudas, donde el promedio semanal rondó entre los 22,000 y 27,000 casos.

Las estadísticas del Minsal revelaron que, en el último mes del año 2025, los casos por infección respiratoria disminuyeron levemente de manera consecutiva, debido a que en la semana epidemiológica 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre) se identificaron 22,397 personas con dicha enfermedad.

Por su parte, en la semana 50 (del 7 al 13 de diciembre) se registraron 21,788 casos, mientras que en la siguiente semana se contabilizaron 19,631 pacientes y en la semana 52 (del 21 al 27 de diciembre) se reportaron 16,505 casos por infecciones respiratorias agudas. Esta seria la única semana con menor cantidad de personas diagnosticas con la enfermedad durante todo el año 2025.

En las cuatro semanas de diciembre se contabilizaron un total de 80,321 pacientes a causa de las infecciones respiratorias agudas.

Las infecciones respiratorias son afecciones que afectan el sistema respiratorio, incluyendo la nariz, garganta, bronquios y pulmones que son causadas por microorganismos como virus, bacterias o hongos que invaden y se multiplican en estas áreas. Estas infecciones pueden manifestarse de diferentes formas, desde resfriados comunes hasta enfermedades más graves como la neumonía.

Según el corredor endémico, las infecciones respiratorias agudas se mantuvieron en «zona de éxito», mientras que aquellas infecciones respiratorias agudas graves se reportaron en «zona de seguridad».

El Ministerio de Salud también reportó la circulación de otras enfermedades respiratorias como la influenza tipo A H1N1, que contabilizó un total de 46 casos, y en el caso de la influenza H3N2 con cuatro casos en el año anterior.

Casos de neumonía

Con respecto a las neumonías, la cartera de Salud registró al cierre del año 2025, un total de 13,440 pacientes identificados por dicha enfermedad, donde 13,138 requirieron hospitalización debido a la gravedad de la enfermedad, es decir el 97 % de los casos.

Los menores de edad hasta los 9 años de edad, contabilizaron el mayor número de casos con 8,558 pacientes, así como los adultos mayores de 60 años que reportaron 2,765 casos. El resto de pacientes corresponden a adultos en edad productiva.

El Minsal no especifica un número exacto de fallecidos causa de la neumonía, sin embargo las cifras señalan que el 2.80 % de los pacientes atendidos murieron por la enfermedad.

Personal de salud aglutinados en la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) advirtieron esta semana a empleados despedidos por el Ministerio de Salud (Minsal) que podrían recibir su indemnización económica hasta el año 2027, debido a la falta de fondos.

La representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud), Silvia Navarrete, aseguró que las autoridades del Ministerio de Salud se han negado a atender las demandas del personal cesado, causando preocupación entre sindicatos que denuncian vulneraciones a los derechos laborales.

«Las autoridades del Ministerio de Salud se niegan dar respuesta a los extrabajadores del hospital Rosales. Para el año 2026, el hospital Rosales ya no tiene presupuesto, entonces va a haber que dar una gran batalla legal por los trabajadores para obligar a este gobierno a que les reconozca sus derechos a los trabajadores y a las trabajadoras».
Silvia Navarrete, sindicalista de Sitrasalud.

Conadesa denunció que más de 7,700 trabajadores del sistema público de salud salvadoreño fueron despedidos durante el año 2025. Los empleados cesados eran del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Fosalud y hospitales nacionales, entre ellos el Hospital Rosales.

Ante ello, Navarrete anticipó que el personal cesado el año anterior no recibirán su compensación económica de forma inmediata, sino hasta dos años después, debido a que sostienen que el nosocomio de tercer nivel no cuenta con fondos, luego de pasar a ser parte de la Red Nacional de Hospitales.

«Los que han sido despedidos o que sus plazas han sido suprimidas en otras instituciones del Ministerio de Salud, van a esperar a recibir su compensación económica hasta el 2027. ¿Por qué? Porque al 2025 les van a pagar a los compañeros que despidieron en el 2024, porque esos fondos supuestamente tenían que agregarles al presupuesto para poderles cumplir con ese derecho a los trabajadores. Entonces, trabajadores despedidos del 2025 van a recibir su compensación económica hasta el 2027 si es que se la dan».
Silvia Navarrete, sindicalista de Sitrasalud.

La dirigente sindical adviertió que además del retraso, los pagos se realizarán de manera fraccionada, «entonces, es realmente preocupante la situación en que se encuentran ahorita los compañeros extrabajadores del Hospital Rosales».

Los médicos sostuvieron que aunque el Hospital Rosales no cuente con recursos económicos, la responsabilidad de cumplir con las obligaciones laborales recae en el Ejecutivo. No obstante, lamentan que los extrabajadores del área de salud no cuenten con un documento escrito donde se conste su destitución.

«El Gobierno central tiene que responder ante las demandas de los extrabajadores del hospital Rosales y es preocupante el hecho de que, por ejemplo, los trabajadores que han sido despedidos en el 2025, y que dicho sea de paso, el Ministerio de Salud ha ejecutado la peor forma de despedir a los trabajadores, porque ni siquiera les ha entregado un acuerdo, un documento escrito donde diga que dejan de ser trabajadores, que están despedidos o que sus plazas han sido suprimidas», señaló.

El 23 de diciembre de 2025, cientos de empleados del Hospital Nacional Rosales fueron despedidos de manera verbal, entre ellos médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza. Los trabajadores despedidos recalcaron que la salida de personal con experiencia compromete la atención médica y puede poner en peligro la vida de los pacientes, especialmente de los sectores más vulnerables.

«Se adueñaron ya del Hospital Rosales y de todo su patrimonio, y el pueblo lo han dejado en el aire. Y eso, yo creo que muchos de nosotros ya lo vivimos, pero nadie nos va a venir a defender nuestros derechos, somos nosotros los que tenemos que defenderlo», concluyó la sindicalista.

Ante dicha situación, trabajadores despedidos de hospitales públicos, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud y el cese a la supresión de más plazas.

En 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, la cual establece que los inmuebles, muebles e instalaciones del Hospital Nacional Especializado Rosales y del Hospital de Consulta Externa Especializada, así como los pertenecientes a los hospitales adscritos al Ministerio de Salud pasen a ser parte de dicha red.

El año anterior, al Hospital Rosales le fueron aprobados $70.9 millones de presupuesto, incluida una asignación de $28.8 millones para sus 1,818 plazas. La Red Nacional de Hospitales, al absorber al Rosales, estaría contando con 1,411 plazas más, según se dio a conocer.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó nuevamente la vista pública en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

El juicio estaba previsto iniciar el lunes 12 de enero de 2026, sin embargo, fue pospuesto a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que aún no se han concluido trámites necesarios para formalizar el proceso abreviado a favor de los acusados.

Según la resolución emitida el 9 de enero de 2026, la representación fiscal solicitó una nueva ampliación, ya que «todavía requieren de presupuestos para poder concretizar y garantizar el paso de responsabilidad», y así poder continuar el proceso bajo un proceso abreviado.

«Dada la complejidad del caso, y las múltiples acciones que se encuentran pendientes de realizar por parte del Ministerio Fiscal, para efecto de culminar con la tramitación efectiva de la autorización de los procedimientos abreviados, por lo que es necesario concluir con las diligencias que den cumplimiento a la responsabilidad civil».
Documento de reprogramación del juicio.

En ese sentido, el tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía y reprogramó la instalación de la vista pública para el periodo del 15 al 19 de junio de 2026. La realización del juicio en contra de Ana Ligia de Saca se ha pospuesto en reiteradas ocasiones desde el año 2023, cuando la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena.

En el caso también se procesa a Óscar Edgardo Mixco Sol (hermano de la exprimera dama), José Antonio Lemus Zaldívar, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya y Gerardo Antonio Funes Durán, acusados del delito de lavado de dinero y activos. Además, se acusa a Milton Romeo Avilés Cruz del delito de casos especiales del delito de encubrimiento.

Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

Con respecto al acusado Lemus Zaldívar, la defensa solicitó la suspensión del proceso en su contra, alegando que padece múltiples enfermedades crónicas y por la disminución de volumen cerebral relacionado al Alzheimer, sin embargo, los peritajes médicos concluyeron que «no presenta ninguna enfermedad mental de relevancia médico-legal» y «es competente para comprender y participar adecuadamente en el proceso penal en que se encuentre», por lo que el tribunal ordenó su comparecencia a la vista pública.

La obligatoriedad del uso de sillas de retención infantil en vehículos ha generado inquietud entre usuarios de transporte privado, quienes se preguntan si los taxis o vehículos que brindan servicio por medio de plataformas digitales como Uber e Indriver están obligados a contar con este dispositivo de seguridad.

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes señaló que la responsabilidad de garantizar la seguridad de los menores recae en los padres de familia. En ese sentido, explicó que las personas con niños, que desean utilizar un servicio privado de transporte, deben tener una silla de retención infantil para trasladar a sus hijos

«Este es un caso entre privados, quien tiene al menor de edad son los padres y quien se tiene de preocupar de siempre andarlo llevando en su silla de retención si lo sube a un vehículo».
Nelson Reyes, viceministro de Transporte en la entrevista radial de YSKL.

El funcionario señaló que las empresas de transporte privado que deseen incorporar sillas infantiles como parte de su oferta pueden hacerlo, «pero quien debe buscar proteger la vida de sus hijos son los padres».

El viceministro de Transporte reiteró que la implementación de la medida se encuentra actualmente en un proceso de transición con el propósito de evitar un incremento en los costos de los aparatos ante el incremento de la demanda para su adquisición.

«Sabemos que es una transición, no es que se esté haciendo una cacería de todos los que no anden silla de retención, pero sabemos que es un cambio que se tiene que hacer con tiempo».
Nelson Reyes, viceministro de Transporte en la entrevista radial de YSKL.

Desde el 29 de diciembre de 2025, la Ley de Tránsito ordena que los conductores de vehículos porten silla infantil al viajar con niños menores de 5 años de edad, de no cumplirlo puede ser acreedor a una multa de $150. La reforma busca reducir el riesgo de lesiones graves o muertes en menores de edad en accidentes viales.

La aplicación Uber, a través de sus guías comunitarias, señala que «al viajar con niños, es tu responsabilidad llevar un asiento infantil. Los menores que deben viajar en un asiento infantil tienen que hacerlo con el cinturón de seguridad colocado durante todo el viaje», agregando que el conductor puede brindar su ayuda para la instalación.

Sin embargo, advierte que «el Socio Conductor puede rechazar el viaje si no tienes un asiento infantil adecuado o si no está de acuerdo con que lo instales», al mismo tiempo que indica que «si el usuario no tiene un asiento infantil adecuado o no estás de acuerdo con que lo instale en el auto, puedes cancelar el viaje». 

El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó nuevamente la entrega de la sentencia escrita donde absolvieron a ocho personas de la comunidad Santa Marta, en Victoria, departamento de Cabañas, procesadas por el asesinato de una mujer en agosto de 1989.

Ahora, el tribunal estableció que la nueva fecha para la entrega del escrito será el próximo 30 de enero a las 2:00 de la tarde.

El nuevo cambio de fecha fue confirmado por el abogado de la defensa, Pedro Cruz, a Diario El Mundo, quien señaló fque ueron notificados hasta la mañana de este 9 de enero, día que estaba prevista la entrega del escrito.

Esta es la cuarta ocasión donde los jueces del referido tribunal reprograman la entrega del escrito donde constan los argumentos de la absolución de los procesados, y que habilita el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda apelar si lo desean.

Tras el juicio celebrado en julio y el fallo que fue revelado en septiembre de 2025, donde los acusados fueron exonerados del delito de asesinato y asociaciones ilícitas, se agendó la entrega de la sentencia escrita el 8 de octubre del año anterior, sin embargo, se mencionó que el documento aún estaba en etapa de redacción y fue reprogramado para el 19 de diciembre de 2025.

Posteriormente, el tribunal argumentó que la sentencia no fue entregada en la fecha que se había pactado, debido a que se encontraba en revisión, por lo que se estipulo como nueva fecha este 9 de enero de 2026.

La Fiscalía General de la República acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado de El Salvador.

Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

Según las acusaciones, los exguerrilleros del FMLN sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.

Tras la lectura del fallo, miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) revelaron que los ambientalistas involucrados en el caso se encuentran fuera del país, y que no tienen pensado regresar hasta que la sentencia absolutoria quede firme.

Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró inocentes de los delitos por el mismo caso.

Dos hombres acusados de transportar droga en lancha valorada en más de 11.3 millones seguirán en detenidos provisionalmente mientras continúan las investigaciones, ordenó el Juzgado de Paz de San Luis la Herradura, en La Paz.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados identificados como Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle fueron procesados por el delito de tráfico ilícito de droga. Según las acusaciones, pretendían movilizar 450 paquetes de cocaína con un valor económico de $11,313,000.

Los acusados fueron detenidos el 24 de diciembre de 2025, a la altura de Isla de Méndez, en Usulután, mientras que encontraban en una embarcación de bandera guatemalteca procedente de Nicaragua, según informó el ministro de Seguridad Pública Gustavo Villatoro.

En el decomiso también se localizaron dos equipos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), así como $50 en efectivo.

El Gabinete de Seguridad informó, a través de una conferencia de prensa, que durante el año 2025 las autoridades incautaron 25 toneladas de droga, con un valor estimado de $620 millones.

El ministro de Defensa, René Merino, detalló que la Marina Nacional fue responsable de la incautación de 22.5 toneladas de este total, logradas a través de 16 operativos realizados en el mar.

Dos sujetos fueron capturados por el delito de tráfico ilícito de drogas durante un operativo realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento de La Libertad.

Los sujetos fueron identificados como Carlos Enrique Solís, de 35 años de edad y Miguel Alfredo Casanga Girón, de 19 años.

De acuerdo con el reporte policial, las detenciones se realizaron sobre la 1a calle Oriente, en Santa Tecla, La Libertad Sur, donde se le incautó varias porciones de marihuana, dos celulares y dinero en efectivo.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial, donde enfrentarán cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas establece en el artículo 33 que cualquier persona que tenga en su poder cualquier sustancia con la que se pueda fabricar y distribuir drogas será sancionado con prisión de diez a quince años y multa de 55,000 salarios mínimos mensuales.

Capturamos a dos sujetos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Los identificamos como:

-Carlos Enrique Solís, de 35 años de edad.
-Miguel Alfredo Casanga Girón, de 19 años.

Se les incautó:

-Varias porciones de marihuana
-2 celulares
-Dinero en efectivo

Fueron… pic.twitter.com/2PKzf7EA36

— PNC El Salvador (@PNCSV) January 9, 2026

Ante el aumento de casos de la enfermedad panleucopenia felina, un virus que ataca a los gatos, especialistas en medicina veterinaria recomiendan a los propietarios de dichas mascotas a reforzar las medidas de higiene dentro del hogar, debido a la capacidad del virus de sobrevivir por largos periodos en el ambiente.

El médico veterinario zootecnista, Alonso Guardado explicó, a Diario El Mundo, que la panleucopenia felina es una enfermedad de fácil contagio, que puede producirse de forma indirecta a través de objetos de usos cotidianos como ropa, zapatos, bolsos o carteras, y al tener contacto con el felino puede facilitar la infección, «ya que el virus puede sobrevivir por mucho tiempo en el ambiente».

La panleucopenia felina es una enfermedad viral causada por un parvovirus que afecta principalmente el sistema digestivo de los gatos. El especialista detalló que el virus presenta una alta resistencia al calor y sequías, por lo que advierte sobre su facilidad de adhesión y propagación en cualquier objeto móvil o inmóvil.

«Es muy resistente al calor, a la desecación, a desinfectantes comunes por lo tanto tiene la facilidad de adherirse a cualquier objeto, entonces por ese motivo es necesario implementar un protocolo con desinfectantes comunes».
Alonso Guardado, médico veterinario zootecnista.

Ante ello, recomienda el uso de desinfectantes, así como el uso de dilución de lejía con agua, que son de fácil acceso para la población. «Lo ideal es que se podría utilizar que está al acceso de todos es una dilución de lejía con agua». A su vez, indicó que se pueden utilizar productos de uso veterinario, como el glutaraldehído, aunque aclaró que su acceso es más limitado.

Guardado señaló que entre los errores más frecuentes de los propietarios de gatos se encuentra la falta de un protocolo de limpieza antes de ingresar al hogar, debido a que se recomienda no tocar a las mascotas de manera inmediata mientras no se realice una limpieza de manos, cambio de ropa y desinfección de la suela de los zapatos.

«Uno puede llevar el virus a la casa, por lo tanto es recomendado no tocar a las mascotas, principalmente a los gatos al nomas llegar a casa, por lo que se recomienda realizar un cambio de ropa, lavarse las manos para evitar así que el gato entre en contacto con zonas u objetos con el virus».
Alonso Guardado, médico veterinario zootecnista

De acuerdo con el especialista, los gatos en sus primeros años de vida y los de edad joven son los más vulnerables a desarrollar cuadros graves, debido a que el virus ataca células en reproducción, propias de etapas de crecimiento. No obstante, reconoció que la  gravedad de la enfermedad también depende del estado de salud del animal al momento de la infección, la presencia de otras enfermedades y su historial de vacunación.

«Depende mucho también del sistema inmunológico del gatito, si el gatito ha tenido un buen desarrollo durante toda su vida y es un gato adulto, ha recibido un protocolo vacunación adecuado desde que era cachorro muy probablemente pueda que tenga las defensas adecuadas para enfrentarse al virus y de esta forma desarrollar la enfermedad un nivel muy bajo o lograr superar la infección viral», expuso Guardado.

El veterinario recordó que entre las primeras señales de alarma de la enfermedad se identifica la pérdida del apetito y la apatía, por lo que recalcó que si el gato deja de comer durante un periodo máximo de 24 horas, se recomienda acudir de manera inmediata a una clínica veterinaria. Además, dijo que síntomas como vómitos y diarrea líquida indican un estado más grave que requiere una atención urgente.

El especialista afirmó que el virus de la panleucopenia puede afectar a algunos animales silvestres como mapaches y zorros grises, los cuales se encuentran en El Salvador, pero enfatizó que «no se considera zoonosis, que significa que no afecta a los seres humanos».

Desde las últimas semanas, veterinarios advirtieron de un repunte de la enfermedad en las diferentes veterinarias, así como en el hospital de mascotas Chivo Pets.