Autor: Dania Quehl

  • Soldado que disparó arma "accidentalmente" y causó la muerte de mujer en Centro Histórico aún no ha sido remitido a juzgados

    Soldado que disparó arma «accidentalmente» y causó la muerte de mujer en Centro Histórico aún no ha sido remitido a juzgados

    A 15 días de la detención del soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), Derman Fernando Jorge Benítez, responsable de causar la muerte “accidental” de una mujer en el Centro Histórico de San Salvador, aún no ha sido presentado ante los juzgados correspondientes.

    La Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de presentar el requerimiento fiscal en contra de las personas que hayan sido detenidas, con el cual se inicia el proceso penal en su contra por los presuntos delitos cometidos.

    El pasado 6 de noviembre de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre una persona muerta por impacto de bala frente al Palacio Nacional, en la avenida Cuscatlán. Por este hecho, reportaron la detención de Jorge Benítez, como el responsable de la muerte a una mujer, quien supuestamente «accionó accidentalmente su arma de fuego».

    La víctima fue identificada como Yessica Solís, originaria del departamento de Chalatenango. La mujer habría viajado a la capital junto a otra persona para comprar medicinas, cuando decidieron ir a tomarse unas fotografías a la plaza frente al Palacio Nacional.

    Según el reporte policial, la bala le ocasionó «la muerte de manera inmediata» y que el soldado Jorge Benítez sería procesado por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, la PNC dijo al día siguiente de los hechos que la muerte de la mujer no calificaba como «homicidio intencional».

    Diario El Mundo consultó este viernes en la Oficina Distribuidora de Procesos del Centro Judicial Isidro Menéndez, sobre la presentación del requerimiento fiscal en contra de Jorge Benítez y aseguró que, hasta horas del mediodía, no había registro de una acusación formal.

    El Código Penal de El Salvador establece en su articulo 132 que el delito de homicidio culposo es penado con cárcel de dos a cuatro años.

    Tras la captura del miembro de la institución, la Fuerza Armada anunció que entregará $200,000 como compensación económica a la familia de la víctima. En su momento, la familia de Yessica dijo que se enteró de dicho apoyo por redes sociales, pero que por la falta de comunicación creía que podría ser falso.

  • Declaración de militar de EE.UU. reveló que periodistas holandeses fueron seguidos desde México porque eran "un objetivo"

    Declaración de militar de EE.UU. reveló que periodistas holandeses fueron seguidos desde México porque eran «un objetivo»

    Los cuatro periodistas holandeses que fueron emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982, en Santa Rita, Chalatenango fueron rastreados por inteligencia militar salvadoreña desde México tras ser considerados como «un objetivo», reveló la declaración del militar estadounidense John McKay, expuesta durante el juicio.

    Dicha información fue dada a conocer públicamente por el director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y abogado del caso, Pedro Cruz, durante el foro de la III Semana de la Memoria Histórica, organizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

    Según el abogado, la declaración del coronel McKay, quien era agregado naval de Estados Unidos en El Salvador en el periodo de la guerra, reforzó la tesis de que los asesinatos no fueron un evento fortuito en el contexto del conflicto armado, sino que se trató de un operativo planificado.

    Cruz explicó que, desde antes de los asesinatos, los periodistas holandeses habían realizado reportajes sobre la situación de El Salvador durante la guerra, donde se evidenciaban las violaciones de derechos humanos, causando «incomodidad al Gobierno de aquella época», razones por las que el asesinato de los periodistas siempre estuvo relacionado con su trabajo periodístico.

    «Los periodistas como equipo y de manera individual ya habían hecho reportajes de periodismo investigativo de la situación de El Salvador y habían determinado problemas graves de violaciones a derechos humanos, presos políticos y una serie de reportajes que ocasionaban incomodidad al gobierno de aquella época y eso lo sabíamos».
    Pedro Cruz, director de ASDEHU

    El abogado señaló que la declaración del coronel McKay proporcionó un giro significativo al caso, debido a que él fue el primero en llegar a la escena del crimen poco después de los hechos y con su testimonio se logró establecer que los periodistas fueron seguidos desde México, como una amenaza por su trabajo periodístico.

    «A los periodistas la inteligencia salvadoreña militar les monto seguimiento desde México y eso nos dio una grada más arriba de la planeación que no fue un tiroteo fortuito. Ellos venían siendo seguidos por agentes de inteligencia de El Salvador desde México, eran un objetivo», declaró el director de ASDEHU.

    Los periodistas Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper fueron emboscados y asesinados por soldados del Batallón Atonal que salían de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, en Santa Rita, Chalatenango, mientras documentaban el impacto de la guerra en El Salvador, como parte de su labor para una televisión holandesa.

    «Enemigo interno»

    Por otra parte, el abogado argumentó que la declaración del coronel Mckay se fortaleció con un peritaje especializado en fuerzas armadas, con el cual se comprendió sobre cómo era la doctrina de la Fuerza Armada en la toma de decisiones, y dentro de ello se consideraba el término «enemigo interno», y desde esa lógica doctrinaria, los periodistas fueron catalogados como una amenaza por su trabajo periodístico al exponer sobre las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

    «Ellos son perseguidos desde México ¿por qué?, según la doctrina militar de la época eran considerados enemigos internos por su trabajo periodístico que ya había puesto en riesgo la ayuda militar de Estados Unidos a El Salvador, porque Estados Unidos exigía mucho en esa época que se buscará la forma de respetar los derechos humanos»
    Pedro Cruz, director ASDEHU

    El abogado explicó que Estados Unidos brindaba apoyo económico al ejército salvadoreño, siempre y cuando se respetara el tema de derechos humanos, sin embargo, recibían múltiples reclamos sobre constantes violaciones de derechos humanos y eso «ocasionaba problemas políticos en el Congreso que podía ponerle freno a la decisión de seguir apoyando al Gobierno». Por ese motivo, Cruz aseguró que, “era una cuestión política”.

    «Queda claro que cuando los periodistas fueron a Santa Rita a terminar su reportaje se entiende más fácil porque fueron ametrallados», concluyó el abogado Cruz.

    Por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses, el Juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó a 30 años de cárcel al excoronel Mario Adalberto Reyes Mena; al exministro de Defensa, general José Guillermo García y al exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán.

    La condena fue resuelta por un jurado de conciencia, que tras analizar las pruebas, los declaró culpables. Al recibir el veredicto condenatorio, el juzgado analizó las penas a imponer y explicó, por escrito, que el Código Penal de 1973-1974 aplicado al caso establece que la pena máxima por el delito de asesinato es la pena de muerte, sin embargo, esta fue abolida por la Constitución vigente.

    El juicio por el asesinato de los periodistas holandeses fue el primer caso de crimen de guerra en llegar a etapa de vista pública por la vía penal a más de 43 años del crimen.

  • Pareja detenida con marihuana en la colonia IVU en San Salvador seguirá procesada

    Pareja detenida con marihuana en la colonia IVU en San Salvador seguirá procesada

    El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó, en audiencia inicial, que César Giovanni Cerón Catacho y Vanessa Andrea Rodríguez Andrade, pareja acusada de transportar droga para su comercio continúan bajo proceso penal y que el caso avance a etapa de instrucción.

    Ambos imputados fueron procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

    La pareja fue capturada el 15 de noviembre de 2025, en un operativo policial realizado en la colonia IVU, en el Centro Urbano Monserrat de San Salvador. Según el reporte, los agentes detuvieron a la mujer tras notar una actitud nerviosa y encontrarle una porción de material vegetal. Además, portaba una llave de vehículo presuntamente del imputado Cerón Catacho, donde posteriormente se localizó más droga.

    Tras la revisión del vehículo, el procesado manifestó que en la parte trasera tenía marihuana. Las pruebas confirmaron, con un pesaje de la droga era de 23.6 gramos, la cual tiene una capacidad para fabricar 47.2 cigarrillos.

    Durante la audiencia inicial, el juez determinó que existen suficientes indicios para mantener la acusación, por lo que el caso continuará a la etapa de instrucción.

    En el caso del procesado César Cerón, continuará bajo detención provisional, mientras que Vanessa Rodríguez seguirá bajo medidas sustitutivas a la detención.

    La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, establece en su artículo 34 que la posesión o tenencia de droga con el objeto de realizar cualquier actividad relacionada al tráfico ilícito de droga podría ser sancionado a una pena de seis a diez
    años de prisión; y multa de 10 a 2,000 salarios mínimos mensuales.

  • Unos 184,000 motociclistas circulan sin licencia de conducir en El Salvador, según Observatorio

    Unos 184,000 motociclistas circulan sin licencia de conducir en El Salvador, según Observatorio

    Más de 184,000 motociclistas que circulan en El Salvador no cuentan con una licencia de conducir, según los datos estadísticos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi).

    De acuerdo con el sitio web del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), desde 2015 el parque de motocicletas ha reflejado un crecimiento desde el año 2015. Hasta octubre de 2025, se registran 667,657 motocicletas en circulación; sin embargo, solo 483,538 conductores cuentan con una licencia que las habilite legalmente para manejarlas.

    Esto significa que 184,119 motociclistas en el territorio salvadoreño manejan sin el permiso correspondiente, una situación que expone tanto a conductores como a peatones a sufrir un accidente vial.

    Dicha cifra equivale al 30 % de los conductores de motocicleta en el país, un porcentaje que preocupa a las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), debido al aumento de percances viales relacionados con motocicletas.

    La licencia certifica que la persona está capacitada para conducir un vehículo automotor. Ley de Tránsito Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que conducir sin licencia constituye una infracción leve, sancionada con una multa de $50, según las nuevas reformas aprobadas a finales del año 2024.

    Solo de enero a octubre de 2025, el Observatorio detalla que se han emitido 237,785 licencias de conducir, de estas 51,866 fueron para el manejo de motocicletas.

    Accidentabilidad

    El Viceministerio de Transporte (VMT) califica a motociclistas como uno de los usuarios vulnerables en las carreteras. Entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2025, el Observatorio reporta 19,200 accidentes viales, de los cuales 3,929 han involucrado a motociclistas. Estos percances han dejado 3,704 lesionados y 420 fallecidos, cifras que confirman la vulnerabilidad de quienes se desplazan en este tipo de vehículo.

    Los accidentes viales de motociclistas reflejan un aumento del 20 % con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 3,276 percances.

    El titular del VMT, Nelson Reyes aseveró que la distracción es la primera causa de fallecidos por siniestros viales y que afecta principalmente a los usuarios más vulnerables, como los motociclistas y peatones, debido a la falta de equipo y las condiciones de tráfico.

    “La distracción al conducir es la principal causa de muertes. Hoy por hoy, el enemigo público número uno de la seguridad vial se llama celular. La segunda causa es la excesiva velocidad y cuando se combinan estos factores, incrementan de forma crítica el riesgo de siniestros que son totalmente evitables», dijo Reyes en una entrevista radial la noche del lunes.

    A inicios del mes, el viceministro de Transporte recordó que, a partir del 29 de diciembre de este año los motociclistas tendrán la obligación de portar cascos certificados, de lo contrario será sancionado con una multa de $150. El VMT indicó que esta medida busca disminuir la gravedad de las lesiones en caso de accidente vial.

    En lo que va del año, se registra un promedio diario de 12 percances viales, donde se involucran a motociclistas, y al menos una persona muere por día.

    La semana pasada, El Salvador fue sede del XI Asamblea General del OISEVI, donde se abordó el tema: “Estrategias de Movilidad Segura para Motociclistas”, en el que se expuso sobre la problemática de la movilidad en motocicletas con el fin de promover el uso de equipo de protección y mejorar el control del tránsito.

  • Hombre es condenado a 14 años de cárcel por agresión sexual a menor en Chalatenango

    Hombre es condenado a 14 años de cárcel por agresión sexual a menor en Chalatenango

    El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 14 años de cárcel a un hombre identificado como Salvador Vivas Maldonado, tras ser declarado culpable del delito de agresión sexual en contra de una niña de 10 años de edad, ocurrido en el año 2024.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones comprobaron que Maldonado agredió a la menor en el mes de diciembre de 2024, cuando estaba al cuidado de ella. El imputado había amenazado a la niña para que guardara silencio.

    «Cuando llegó su familiar a casa, observó a la menor asustada y al indagar, ella confesó lo que le había hecho el sujeto», indicó la FGR.

    Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que fueron clave para determinar la participación del imputado en los hechos de agresión sexual en menor e incapaz agravada.

    La condena de cárcel fue impuesta en ausencia del imputado en cumplimiento a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar y condenar a prófugos de la justicia.

    Por otra parte, el referido tribunal de sentencia condenó a 13 años de cárcel a Lennin Ernesto Menéndez Osorio por el delito de abuso sexual de una adolescente, en el departamento de Chalatenango, durante septiembre de 2023.

    Las investigaciones de la FGR detallaron que, Osorio contactó a la joven por medio de la red social Facebook y manipuló a la menor para verse, «luego la llevó a un motel del sector y utilizando la fuerza la violó».

    Las pruebas comprobaron la culpabilidad del imputado, por lo que fue condenado en ausencia por el delito de violación agravada.

    A estos, se sumó un hombre identificado como José Silvio Quijada Landaverde, quien fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer con discapacidad intelectual en Chalatenango.

    Según consta en las investigaciones, Landaverde abusó sexualmente de la mujer de 27 años y en el 2018 la embarazó. Los abusos se cometieron en el cantón San José El Carao, La Reina, jurisdicción del municipio de Chalatenango Centro.

    La fiscalía señaló que fue notificada de los abusos mediante aviso hospitalario y el imputado fue capturado durante el régimen de excepción.

    La condena fue impuesta tras valorar la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio por el delito de violación en menor o incapaz.

  • Pandilleros de la MS reciben penas de hasta 500 años por más de 20 casos de extorsión en San Miguel

    Pandilleros de la MS reciben penas de hasta 500 años por más de 20 casos de extorsión en San Miguel

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, juez 2 de San Miguel, impuso penas de hasta 500 años de prisión a 28 pandilleros de la Mara Salvatrucha, declarados responsables de los delito extorsión agravada, por 27 casos, todos ocurridos en el departamento de San Miguel.

    La Fiscalía General de la República (FGR), señaló que entre los condenados se identificó a Douglas Mauricio Vásquez Martínez, alias «Snyper», con el rango ranflero de la clica Pinos Locos Salvatruchos, quien recibió la pena más alta de 500 años de prisión por cometer 24 casos de extorsión agravada. Vásquez Martínez fue declarado culpable en rebeldía.

    De igual forma, Roberto Carlos Coca Zelaya, alias «Espectro» , fue sentenciado a 160 años de cárcel por ocho casos de extorsiones agravadas. Mientras que al pandillero Cristian Josué Marenco, alias «El bandido», recibió una condena de 80 años de cárcel por cuatro casos de extorsión.

    En el caso de Brayan Antonio Alvarado Chávez, alias «El sospechoso» fue sentenciado a 60 años de cárcel por tres casos de extorsión agravada.

    Según expuso la FGR, los pandilleros forman parte de una estructura conformada por 28 criminales con rango de ranflero, chequeo, corredores, homeboys y paro, quienes fueron procesados por el Ministerio Público por cometer extorsiones agravadas entre los años de 2011 y 2016.

    Las investigaciones determinaron que los pandilleros exigían a sus víctimas distintas cantidad de dinero, semanal, quincenal o mensual, a cambio de dejarlos trabajar. Entre las víctimas figuraron taxistas de la colonia Las Mercedes, transportistas y comerciantes del centro de San Miguel.

    LA Fiscalía señaló que la estructura criminal tenía su base de operación en los cantones El Borbollón, San Antonio Silva, las colonias Nueva Belén, Las Mercedes, Milagro de la Paz, Los Ángeles, barrio San Nicolás, urbanización Los Pinos, barrio La Merced y el sector sur del Mercado San Miguel.

    En vista pública estuvieron presente vía remoto 18 pandilleros, mientras que 10 fueron condenados como reos ausentes.

  • Reprograman hasta abril de 2026 el juicio en contra exfiscales ligados a caso "Corruptela"

    Reprograman hasta abril de 2026 el juicio en contra exfiscales ligados a caso «Corruptela»

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó hasta abril de 2026 la instalación del juicio en contra de cuatro exfiscales y dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos de omisión de investigación y sustracción de fondos, vinculados al caso denominado “Corruptela”.

    La realización de la vista pública estaba prevista para desarrollarse del 18 al 28 de noviembre de 2025, sin embargo, fue reagendado debido a que aún hace falta la obtención de unas pruebas con respecto a unos audios, según informaron abogados del proceso penal a Diario El Mundo.

    En ese sentido, el referido tribunal estableció que el caso se ventile del 13 al 24 de abril del próximo año, cinco meses más para que se termine con la recolección de las pruebas y se avance a la etapa de juicio.

    En julio de este año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó la designación del juez del tribunal que presidirá la vista pública, luego de una resolución emitida por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.

    El juicio ha sido aplazado desde el año 2024, cuando se tenía previsto que se realizaría entre el 18 y 27 de junio de ese año. En un inicio el caso sería enjuiciado por el Tribunal Primero de Sentencia, sin embargo, una de las juezas se excusó del caso por ser amiga de una de las exfiscales procesadas.

    Los acusados

    En este proceso penal están acusadas las exfiscales Yesenia Carolina Aguilar y Caroline Janette Nóchez, por los delitos de omisión de investigación y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.

    También enfrentan cargos los exfiscales Mauricio Alberto Aguilar, acusado de omisión de investigación, y Marta Cecilia Colindres, por privación de libertad por funcionario o empleado público.

    A ellos se suman dos empleados de la Fiscalía: Edwin Geovanny Hernández, acusado del delito de peculado por culpa y falsedad documental agravada, y Damián Cabrera Bernal, por peculado por culpa.

    De acuerdo con la acusación fiscal, los empleados administrativos habrían colaborado con el exfiscal general Luis Martínez para sustraer aproximadamente $400,000 de la institución.

    Por su parte, los exfiscales habrían incurrido en múltiples irregularidades procesales, como la omisión de investigaciones, el archivo injustificado de diligencias y la creación de casos con documentos falsos.

    La Fiscalía también les atribuye la emisión de órdenes de captura presuntamente ilegales, promovidas por el empresario Enrique Rais.

    Entre las personas afectadas se encuentra el abogado Mario Calderón, quien participó como querellante en el proceso penal contra el exfiscal general Luis Martínez, recién condenado a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación.

  • Masacre de la UCA: el juicio sigue sin fecha a un año de haberse ordenado

    Masacre de la UCA: el juicio sigue sin fecha a un año de haberse ordenado

    A un año de que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenara enviar a juicio al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y nueve exmilitares por la masacre de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA), ocurrida el 16 de noviembre de 1989, el proceso sigue sin una fecha definida para la instalación de la vista pública.

    El 18 de noviembre de 2024, dicho juzgado resolvió -tras la audiencia preliminar- que existían indicios suficientes para procesar a los 11 imputados por su presunta participación en la planificación y ejecución del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos  colaboradoras en el campus universitario. Con esta resolución, el tribunal ordenó abrir un juicio en su contra.

    Los imputados en el caso son el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker; los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal.

    El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos. El crimen fue perpetrado por un comando militar en el contexto del conflicto armado salvadoreño.

    Tras la resolución judicial en etapa de instrucción, el caso fue remitido al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia que será la encargada de conocer la causa y desarrollar el juicio.

    Además, se ratificó la orden de captura y difusión roja en contra del expresidente Cristiani, el exdiputado Parker y los exmilitares Joaquín Cerna, Juan Orlando Zepeda y Juan Bustillo, tras su ausencia durante el desarrollo de la audiencia.

    Pese a que el caso llegó al Tribunal de Sentencia, la fecha para la vista pública aún no ha sido establecida. Diario El Mundo consultó con el área de prensa de Centros Judiciales y confirmó que todavía no existe una programación definida para la instalación del juicio.

    La Universidad Centroamericana conmemoró el pasado sábado el 36 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y las dos mujeres. La comunidad académica, junto a feligreses y organizaciones sociales, pidieron justicia y recordaron el legado de los mártires.

    La guerra civil salvadoreña dejó más de 75,000 muertos y entre 8,000 y 10,000 desaparecidos. La masacre en la UCA fue uno de los crímenes más emblemáticos del conflicto armado salvadoreño, durante la ofensiva final.

  • Enjuician a presuntos pandilleros de privar de libertad a una persona para exigir su vivienda

    Enjuician a presuntos pandilleros de privar de libertad a una persona para exigir su vivienda

    El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador instaló este lunes el juicio en contra de tres presuntos pandilleros pertenecientes a la estructura Mara Salvatrucha, acusados por el delito de limitación ilegal a la libertad en contra de un habitante del distrito de Cuscatancingo, en San Salvador Centro.

    Los imputados fueron identificados como Óscar Ernesto Rodríguez, alias «El Oso»; Evelyn Xiomara Ramírez, alias «La Gorda» y Josué David Martínez, alias «El Cazador», perfilados como miembros de la MS. Los primeros dos procesados se encuentran detenidos en el Centro Penal La Esperanza, conocido como «Mariona» y Apanteos, respectivamente. Mientras que Martínez es procesado en ausencia.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en mayo de 2022, cuando la víctima presuntamente fue interceptada por cuatro personas, tres de los imputados, y llevado a un callejón de dicho distrito, para amenazarlo con que se fuera de su vivienda y esta fuera entregada a la estructura pandilleril.

    Durante la vista pública, la víctima con régimen de protección testificó que los imputados junto a una cuarta persona lo retuvieron en contra de su voluntad para exigirle que abandonara su casa o de lo contrario atentaría con su vida.

    El testigo afirmó a la jueza encargada que conocía a Rodríguez y a Ramírez desde hace 15 años, y que era de su conocimiento que ambos eran miembros de la MS, debido a que vivían en la misma zona. La víctima agregó en su declaración que, la acusada era una activista de un partido político cuando sucedieron los hechos.

    Por dichos hechos, la Fiscalía solicitó a la jueza 12 años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la libertad para cada uno de los imputados.

    Por su parte, la defensa técnica alegó que, de emitir una sentencia condenatoria se debería de considerar el cambio en la tipificación de la limitación ilegal a la libertad por el delito de amenazas.

    El Código Penal de El Salvador, en su artículo 152-A establece que “el que, mediante violencia, intimidación o amenaza sobre las personas o los bienes, impida a otro circular libremente, ingresar, permanecer o salir de cualquier lugar del territorio de la República, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

    Sin embargo, también añade que «cuando la violencia, intimidación o amenaza sobre las personas o los bienes se realizaren para obligar a otro a abandonar su lugar de domicilio, residencia, trabajo, estudios o de realización de cualquier actividad lícita, se impondrá la pena de ocho a doce años de prisión”.

    La lectura del fallo está previsto para ser entregado a las 2:30 de la tarde de este día.

  • Gobernación comprará uniformes, medicamentos e insumos para clínicas empresariales por más de $30,000

    Gobernación comprará uniformes, medicamentos e insumos para clínicas empresariales por más de $30,000

    El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial comprará uniformes, medicamentos y equipos médicos para el equipamiento de las clínicas empresariales de la cartera de Estado y sus dependencias por más de $30,000, según consta en la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La oferta de compra, publicada el 29 de octubre de 2025, contempla la adquisición de 82 uniformes, de los cuales 15 serán blusas de enfermería, 15 pantalones de enfermería, 22 camisas para pijama quirúrgica, 22 pantalones para pijama quirúrgica y ocho gabachas para doctor, estos por un costo de $1,902.45.

    El documento, detalla sobre las especificaciones que los uniformes deben cumplir, como su color, el tipo de tela y detalles del mismo, los cuales las empresas que estén interesadas deberán cumplir.

    Asimismo, se compraría 54 diferentes tipos de herramientas médicas para equipar las clínicas empresariales de la entidad, entre ellas se prevé la compra de vendas, jeringas, catéter intravenoso, curitas, algodón, hilo de sutura, agua oxigenada, gorros quirúrgicos y toallas femeninas por un valor total de $4,249.90. La licitación detalla en el caso de las jeringas y curitas que no debe exceder de un periodo de vencimiento mayor de 6 meses.

    De igual forma, se compraría 68 diferentes tipos de medicamentos para las clínicas empresariales, entre ellas acetaminofén, diclofenaco, lansoprazol, ranitidina, ambroxol y azitromicina, así como ungüentos y sales de rehidratación oral. Estos por un precio de $24,716.00.

    En total, se estima una inversión de $30,868.35, de los cuales $17,446.27 serán financiados con fondos del Gobierno y $13,422.08 por la Fuerza Armada de El Salvador.