Autor: Dania Quehl

  • Hombre acusado de asesinar a su pareja y simular suicidio seguirá detenido

    Hombre acusado de asesinar a su pareja y simular suicidio seguirá detenido

    El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó este miércoles, en audiencia inicial, detención provisional en contra de un hombre identificado como Pedro David Torres Hernández, de 31 años de edad, tras ser acusado de asesinar a su pareja y posteriormente simular un suicidio.

    Torres Hernández fue procesado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima y fraude procesal en perjuicio de la administración de justicia.

    Según el requerimiento fiscal, la noche del pasado 9 de agosto de 2025, el imputado llegó a la vivienda de la víctima identificada como Carlos Roberto B., ubicada en la colonia San Luis, en San Salvador, con quien mantenía una relación sentimental.

    El homicidio se habría cometido entre las 6:00 y las 7:30 del día siguiente, cuando colocó una cuerda en el cuello de su pareja hasta asfixiarlo.

    «Ambos ingirieron bebidas alcohólicas y presuntamente el procesado permaneció en el lugar con la intención de matarlo», indicó la cuenta de Centros Judiciales.

    Tras el crimen, el imputado habría simulado un escenario de suicidio, al colocar un lazo en unas gradas y acomodar el cuerpo de la víctima en una posición final y posteriormente avisó a los vecinos que se había quitado la vida.

    Según agrega Centros Judiciales, la Policía Nacional Civil, detuvo a Torres Hernández debido a que al llegar a la escena del crimen se identificaron «incongruencias», por lo que se procedió a ser detenido.

    En la audiencia inicial, se determinó que existen indicios suficientes para que el caso pase a la etapa de instrucción, por lo que el imputado deberá seguir en detención provisional mientras continúan las investigaciones en su contra.

  • Crean Mesa del Exilio Salvadoreño para promover el diálogo y lanzan campaña de liberación en favor de abogada Ruth López

    Crean Mesa del Exilio Salvadoreño para promover el diálogo y lanzan campaña de liberación en favor de abogada Ruth López

    Un grupo de salvadoreños en el exterior anunció la creación de la Mesa del Exilio Salvadoreño, una iniciativa que busca coordinar esfuerzos entre personas exiliadas y promover el “diálogo” sobre la situación democrática de El Salvador.

    “Hicimos una convocatoria para lanzar la Mesa del Exilio Salvadoreño, recordemos que en los últimos meses decenas de salvadoreños, hombres y mujeres que nos ha tocado abandonar el país por la dictadura, por la persecución, el amedrentamiento, las amenazas de encarcelamiento”, dijo la abogada Ingrid Escobar a través de un video compartido en redes sociales.

    La creación de la Mesa se realiza a 100 días desde que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenara la captura de la abogada de Cristosal, Ruth Eleonora López Alfaro, acusada de enriquecimiento ilícito.

    Según el comunicado emitido el martes, la Mesa surge como respuesta al contexto político actual en El Salvador, marcado por el régimen de excepción, el cual ha permanecido vigente desde marzo de 2022.

    “El establecimiento del régimen de excepción durante 3 años de vigencia y 40 prórrogas inconstitucionales, ha convertido en práctica cotidiana la persecución de líderes sociales, políticos, gremiales, religiosos, así como de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y de intelectuales que cuestionan al gobierno”.
    Comunicado de Mesa del Exilio Salvadoreño

    La organización señaló que entre sus principales objetivos plantea dar voz a la comunidad exiliada, visibilizar casos de persecución política y exigir el respeto a los derechos humanos.

    Como primera acción anunció el lanzamiento de una campaña permanente por la liberación de Ruth López, a quien consideran un “emblema” de más de 80 personas privadas de libertad por razones políticas.

    “Ruth López ha dedicado su vida a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales”, se expone en el comunicado.

    La organización considera que su arresto representa “una amenaza al libre ejercicio de la abogacía, a la democracia y a los principios universales de justicia”.

    Ruth López fue detenida la noche del domingo 18 de mayo de 2025 en su residencia, por presuntamente haber colaborado con el exmagistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio en la sustracción de fondos del Estado, según argumentó el Ministerio Público.

    En junio del presente año, el Juzgado Décimo Segundo de Paz decretó la detención provisional de Ruth López por un periodo de seis meses, mientras sigue su proceso.

    La Mesa también denunció que desde la aprobación del régimen de excepción, en marzo de 2022, al menos 435 personas han muerto bajo custodia en centros penitenciarios durante la aplicación, según los registros de organizaciones de derechos humanos.

  • Giran 82 órdenes de captura en contra de presuntos pandilleros del Barrio 18 acusados de homicidios, extorsión y posesión de drogas

    Giran 82 órdenes de captura en contra de presuntos pandilleros del Barrio 18 acusados de homicidios, extorsión y posesión de drogas

    La Fiscalía General de la República (FGR) giró el martes 82 órdenes de captura en contra de presuntos pandilleros del Barrio 18 acusados de cometer múltiples delitos, entre ellos homicidios, extorsión y posesión de drogas en el departamento de Santa Ana.

    De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía, entre los detenidos están tres hombres identificados como William Antonio Pacheco Morales, José Ernesto García Castro y Jonathan Mauricio Agreda Mendoza, a quienes se les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, así como a otra persona identificada como Carlos Antonio García Arévalo, a quien se procesa por el delito de homicidio agravado. Todos perfilados como ‘homeboys’ del Barrio 18.

    Según las acusaciones del Ministerio Público, a las personas con órdenes de captura se les procesará por los delitos de homicidio, desórdenes públicos, extorsión, amenazas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y feminicidio, cometidos entre los años de 2013 y 2019, en el distrito de Chalchuapa, en Santa Ana.

    Entre los hechos que se les atribuyen figura el asesinato de dos hermanos, ocurrido en el año 2019. «Las víctimas fueron señaladas como miembros de una pandilla contraria, por lo que fueron intervenidos por ocho sujetos, los golpearon y les dispararon con arma de fuego», dijo la FGR.

    La representación fiscal añadió que durante el operativo se realizaron diferentes allanamientos donde se incautó «evidencia que fortalecerá las investigaciones» de la entidad.

    Ademas, aseguró que les notificará a otros 38 pandilleros de la estructura delincuencial del nuevo delito que se les acumula.

     

  • Muyshondt admite reuniones con pandilleros pero niega pacto: las últimas palabras de los acusados en el juicio negociaciones con pandillas

    Muyshondt admite reuniones con pandilleros pero niega pacto: las últimas palabras de los acusados en el juicio negociaciones con pandillas

    En el último día del juicio por el caso de negociaciones con pandillas, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, admitió haber sostenido reuniones con miembros de estructuras criminales en nombre del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pero rechazó haber concretado algún pacto o entrega de dinero a favor de los grupos delincuenciales.

    “Yo siempre he aceptado que me reuní con representantes de las pandillas, nunca lo he negado, nunca he escondido mis motivaciones, ni de en nombre de quien lo hice, lo hice en nombre de Arena, así como en 2015 por la candidatura de Edwin Zamora para la alcaldía de San Salvador a quien estaba bloqueando las pandillas”, afirmó Muyshondt durante su intervención en los alegatos finales ante el Tribunal Primero de Sentencia.

    Muyshondt argumentó que el objetivo de las reuniones era para facilitar que la población salvadoreña fuera a votar en las elecciones presidenciales de 2014 y legislativas y municipales en 2015 sin ser acosados por las pandillas.

    “Mi motivación de todas las reuniones fue que la gente pudiera votar libremente, trabajar en el territorio libremente sin ser amenazado o coaccionado o intimidado por las pandillas”.
    Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.

    El exalcalde relató que sostuvo al menos siete reuniones con dichos grupos, dos en el año 2014 y cinco más en 2015, en las que el testigo criteriado con nombre clave “Noé” lideraba los encuentros mientras portaba un carnet de una organización no criminal.

    Según explicó, las personas con las que se reunió nunca se identificaron como líderes pandilleros, sino como «mediadores y miembros de un proceso de pacificación”. Además que ninguno portaba ningún tatuaje visible alusivo a las pandillas.

    El exedil capitalino afirmó que todas las reuniones eran del conocimiento del entonces presidente del partido tricolor, Jorge Velado.

    Por otra parte, manifestó que nunca ofreció cerrar el centro penitenciario de Zacatecoluca, en La Paz, y menos de prometer dinero a pandillas a cambio de un apoyo para las elecciones de 2014 y 2015, como fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR).

    “Lo que hicimos fue exponer el plan de gobierno de Arena, para que la gente lo conociera. Nunca les prometí beneficios carcelarios, ni cerrar ‘Zacatraz’, ni mucho menos les di dinero”, sostuvo Muyshondt ante los jueces de sentencia.

    Muyshondt también cuestionó la versión de la Fiscalía, que lo acusa de entregar $138,000 a las pandillas a cambio de votos electorales, a lo que Muyshondt respondió que eran mentiras. «Es mi palabra contra la palabra de un terrorista»

    “Yo no solo soy inocente como se ha demostrado en esta audiencia, sino además estoy orgulloso de lo que pude hacer para que la gente pudiera votar sin ser coaccionado por las pandillas”.
    Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.

    Además, Muyshondt negó haber tenido contacto con Raúl Mijango o Paolo Lüers, este último procesado en el mismo caso.

    El exfuncionario consideró que el caso tiene motivaciones políticas y que su detención ya supera los 50 meses y más de 1,500 días, violentando su derecho a la defensa.

    “No me fui porque decían que el que nada debe nada teme, por eso me quedé y siempre me presenté hasta que me dejaron detenido”, cerró Muyshondt.

    Por último, cuestionó que no se haya procesado a otras figuras políticas mencionadas por el testigo, como el excandidato Edwin Zamora y el extesorero del partido Arena, quien sería el encargado de conocer los desembolsos del partido de derecha.

    Al exedil se le procesa por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en los años de 2014 y 2015. La Fiscalía solicitó 24 años de cárcel por dichos delitos.

    Benito Lara: “Ni cinco centavos» para las pandillas

    Por su parte, el exministro de Justicia Benito Lara, también acusado en el caso, expresó que no entregó «ni un cinco» a las pandillas a cambio de apoyo electoral, sino que en su periodo como diputado de la Asamblea Legislativa promovió leyes en favor de la población.

    “Por mis manos no pasaron nunca ni cinco centavos para la delincuencia. Nunca ha pasado una idea en mi mente, ni ninguna iniciativa en el caso legislativo que haya favorecido a la delincuencia, mi conducta ha sido distinta», dijo el exministro Lara previo a la audiencia del martes.

    El exministro alegó que como diputado por el partido FMLN votó para la aprobación de la Ley de Contra las Pandillas, así como para la implementación de escuchas telefónicas para una mejor investigación e iniciativas para aumentar penas y combatir a los grupos criminales en el país.

    “Como ministro hicimos acciones en centros penales, eso debe valorarse. Estoy con la frente en alto porque estoy convencido que por mis manos no ha pasado ni cinco centavos para las pandillas”, aseguró Lara.

    En su declaración final, el exministro de Justicia negó haber tenido vínculos con pandillas y haber cometido fraude electoral, así como agrupaciones ilícitas, como lo acusa la Fiscalía.

    La defensa

    Durante los alegatos finales, las defensas de los acusados insistieron en la falta de pruebas materiales, la dudosa autenticidad de los videos presentados por la Fiscalía y las contradicciones en los testimonios del testigo “Noé”, con respecto a las presuntas reuniones.

    Según destacaron peritos señalaron que los videos que forman parte de la prueba documental del Ministerio Público fueron descargados de internet y no pueden verificarse su autenticidad por presuntas alteraciones.

    La defensa sostuvo que no se comprobó la participación activa de los acusados con estructuras criminales, ni que sus acciones hayan influido directamente en los resultados electorales de 2014 y 2015, ya que el sufragio de ambos años se desarrolló sin irregularidades.

    En el caso también se procesa al exministro de Gobernación Arístides Valencia, Wilson Alvarado y Paolo Lüers, a quienes se les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    El Tribunal de Sentencia programó la lectura del fallo para el próximo 19 de septiembre a las 10:00 de la mañana, mientras mantiene la detención provisional en el caso del exministro Benito Lara, quien habría solicitado la sustitución por arresto domiciliario.

  • Arena y FMLN entregaron más de $550,000 a pandillas en 2014 y 2015, según FGR

    Arena y FMLN entregaron más de $550,000 a pandillas en 2014 y 2015, según FGR

    Los partidos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), entregaron más de $550,000 a estructuras criminales durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales y legislativas de 2015, como parte de las negociaciones para conseguir votos, reveló la Fiscalía General de la República (FGR) en etapa final del juicio de negociaciones con pandillas.

    En el caso se procesa al exministro de Justicia, Benito Lara; al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; y el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, así como el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado, este último señalado de ser el enlace entre los partidos y las pandillas. Todos acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Durante los alegatos finales, la Fiscalía expuso que el testigo con nombre clave “Noé”, afirmó que los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, participaron en al menos 18 reuniones con el FMLN y al menos siete con Arena, además de otras con fines locales en favor de candidatos a alcaldes.

    De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, basado en la declaración del testigo, Lara, Valencia y Alvarado, representaban al partido del FMLN y entregaron en diferentes reuniones alrededor de $312,500 a las pandillas, a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta, así como para legisladores y alcaldes.

    Según detallaron en la vista pública, en dos reuniones relacionadas a las elecciones presidenciales de primera vuelta, Wilson Alvarado entregó $24,500 y posteriormente $35,000, que se dividieron en ambas estructuras delincuenciales. Mientras que para elecciones de segunda vuelta, el procesado entregó otros $35,000 y $5,000, montos que según dijo la FGR se corroboró en escuchas telefónicas que forman parte de las pruebas.

    Por su parte, la Fiscalía dijo en el juicio que Arístides Valencia entregó las cantidades de $35,000 y $7,000, este último establecidos en concepto de «viáticos», para las pandillas. En el caso del exministro Lara, habría entregado junto con Valencia la cantidad de $21,000 y posteriormente otros $150,000. 

    La Fiscalía afirmó que se realizaron múltiples entregas de dinero en efectivo, además de recibir alertas sobre órdenes de captura, disminución de operativos policiales y traslados de líderes detenidos del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz a centros penitenciarios «comunes».

    Los tres acusados del partido de izquierda habrían acudido a la mayoría de las reuniones, donde también acordaron los beneficios que las pandillas podían recibir si lograban que la población salvadoreña votará a favor de dicho partido político. En una de las reuniones se ofreció una dieta mensual de $400 para miembros de pandillas a cambio de votos, así como la propuesta de líneas de crédito para las estructuras delictivas.

    Según el testimonio de «Noé», el exministro Lara aseguró a los miembros de pandilla que se había coordinado con policías para permitir la libre movilización de sus miembros sin ser detenidos por la policía y en una de las reuniones el exfuncionario solicitó apoyo político para ser nombrado ministro de Seguridad.

    En las declaraciones también se mencionó al fallecido Raúl Mijango, quien habría participado como facilitador entre el partido y los miembros de las estructuras criminales.

    Arena también pactó

    En el caso del partido de Arena, la Fiscalía señaló que las reuniones se entregó la cantidad de $238,000 a las pandillas, en las que participó el exedil Ernesto Muyshondt y el periodista Paolo Lüers, según el testigo “Noé».

    Según los datos de la Fiscalía, Paolo Lüers entregó $100,000 en efectivo a las pandillas, el cual se dividiría entre ambas estructuras. Mientras que el exalcalde de San Salvador habría entregado el monto de $138,000, de los cuales $69,000 fueron entregados directamente a “Noé”, quien usó parte del dinero para comprar droga y la otra mitad fue entregado al Barrio 18.

    En el testimonio también se indicó que en una de estas reuniones, el candidato presidencial Norman Quijano se presentó personalmente y prometió eliminar restricciones a pandilleros, invertir $100 millones en programas de rehabilitación para pandilleros y utilizar cuarteles militares como granjas.

    El Ministerio Público destacó que en el testimonio del criteriado, los pandilleros se organizaron para ir casa por casa exigiendo votos a favor del partido y en algunos casos robaban los Duis de las personas.

    Además, se anexó el acta de declaración del expresidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), el fallecido Jorge Velado, quien fue entrevistado en 2019. De acuerdo con lo expuesto por FGR, Velado advirtió a Muyshondt sobre las reuniones y confirmó que en una ocasión le entregó $30,000 que habrían sido parte del dinero entregado a las pandillas.

    La Fiscalía General de la República aseguró en el juicio que los fondos negociados por los dos partidos políticos fueron usados por las pandillas para adquirir armas de fuego, drogas y vehículos, lo que incrementó su capacidad delictiva en el territorio salvadoreño.

    Por estos hechos, la representación fiscal considera que imputados son responsables de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, y que estos están «plenamente configurados».

    El Ministerio Público solicitó 24 años de cárcel para el exalcalde Muyshondt, así como para Paolo Lüers y Wilson Alvarado; 12 años por agrupaciones ilícitas y 12 por fraude electoral. Mientras que para los exministros Benito Lara y Arístides Valencia se solicitó una pena de 18 años, 10 por fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas.

    La vista pública se encuentra en su fase final y se espera que este martes los abogados de la defensa presenten sus alegatos finales y se pueda conocer la fecha para la lectura del fallo.

    Este proceso penal nació en la lectura del fallo del caso Operación Cuscatlán, cuando el entonces juez especializado de sentencia A, Godofredo Salazar, ordenó a la Fiscalía General de la República investigar a los políticos que habían negociado con pandillas, y que habían sido expuestos en los testimonios de los pandilleros con régimen de protección clave «Noé» y «Salomón».

  • Fiscalía pide 24 años de cárcel para exalcalde Muyshondt y 18 años para exministro Lara en caso de negociaciones con pandillas

    Fiscalía pide 24 años de cárcel para exalcalde Muyshondt y 18 años para exministro Lara en caso de negociaciones con pandillas

    La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este lunes ante el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador una pena entre 18 y 24 años de cárcel en contra de tres exfuncionarios y dos personas más, acusadas de negociar votos electorales a cambio de beneficios para las pandillas en los años 2014 y 2015.

    Los imputados procesados en el caso son el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, el exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Todos acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Durante los alegatos finales del juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 24 años de cárcel en contra del exalcalde Muyshondt, 12 años por el delito de agrupaciones con pandillas y 12 años por fraude procesal. Misma pena se solicitó para el periodista Paolo Lüers y para Wilson Alvarado por los mismos delitos.

    Para ellos tres, la representación fiscal les atribuyen los delitos en «concurso real», ya que alegan que  los delitos se cometieron en dos ocasiones: la primera en las elecciones presidenciales en 2014 y la segunda en los comicios de alcaldes y Asamblea Legislativa en 2015. Por lo que, la pena de 6 años de cárcel solicitada para cada delito se duplicó para cada caso, quedando 12 por cada uno de ellos y un total de 24.

    Mientras que para el exministro de Seguridad Benito Lara y el exministro de Gobernación Aristides Valencia, la Fiscalía pidió 18 años de prisión, 10 por fraude procesal y 8 por agrupaciones ilícitas, por cada uno.

    Tra conocer las peticiones de Fiscalía, el exministro de Seguridad, Benito Lara, expresó a la prensa que «no están apegados a derecho». El exministro se encuentra en detención provisional en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, luego que fuera revocada las medidas sustitutivas a su favor,

    Según explicó la Fiscalía, las penas solicitadas son las máximas por cada delito, y en caso de Muyshondt, Lara y Valencia se les señala agravante especial por ser funcionarios al momento de cometer los delitos.

    El exministro Benito Lara en el juicio en su contra por negociaciones con pandillas. Dania Quehl

    Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que los imputados pertenecían a los partidos políticos del FMLN y Arena, quienes presuntamente sostuvieron al menos 17 reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, para las elecciones presidenciales y de alcaldes en 2014 y 2015.

    En dichas reuniones presuntamente se acordó que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios. Además de coaccionar a la población de diferentes comunidades para votar por un partido definido.

    De acuerdo con la representación fiscal, las negociaciones se realizaron cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.

    El juicio continuará mañana con la presentación de los alegatos finales de la defensa y se espera se conozca la fecha para la lectura del fallo.

    En febrero de 2025, el exalcalde Muyshondt fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, una pena impuesta por el Tribunal Quinto Sentencia de San Salvador.

    El exedil fue declarado culpable de no gestionar de la mejor manera la situación del impago de las cuotas laborales y tributarias a los empleados de la municipalidad,

  • Protección Civil analizará nuevos lugares de inundación en Chalatenango

    Protección Civil analizará nuevos lugares de inundación en Chalatenango

    La Dirección General de Protección Civil realizará un análisis técnico en los distritos del departamento de Chalatenango, luego que las fuertes tormentas de la noche del miércoles 20 de agosto de 2025 causará inundaciones severas, informó el director de dicha entidad, Luis Alonso Amaya.

    El funcionario indicó dichas evaluaciones tienen como propósito determinar las causas y fortalecer las medidas de prevención en zonas vulnerables, como las ya mencionadas. Así como tener una información más amplia sobre los escenarios de riesgo que enfrenta El Salvador a causas de las tormentas.

    Amaya señaló que las recientes lluvias han puesto en evidencia varios escenarios de riesgo que enfrenta el país, siendo uno de los más preocupantes el de las inundaciones urbanas.

    “Uno de los escenarios de riesgo más puntuales y bien definido es el escenario de inundaciones urbanas, que en estos últimos días realmente ha sido el que más se ha materializado”, afirmó el funcionario.

    Entre las zonas más afectadas recientemente están Santa Tecla y Chalatenango, esta última considerada como un escenario de riesgo emergente, por lo que el director de Protección Civil aseguró que se requiere de un análisis detallado para comprender qué está provocando estos eventos en la zona.

    “Hemos tendido inundaciones en Santa Tecla, Chalatenango, que es un escenario que se está constituyendo, es un escenario relativamente nuevo y habrá que hacer todo un análisis para establecer que lo está provocando”,
    Luis Amaya, director de Protección Civil

    El pasado miércoles, Protección Civil reportó afectaciones en al menos 50 viviendas dañadas por las lluvias de ese 20 de agosto, de las cuales, 40 se encuentran anegadas y 10 con daños críticos a causa de las fuertes tormentas que azotó los distrito de Santa Rosa de Lima, en La Unión Norte y en el departamento de Chalatenango. Dicha situación provocó la evacuación de personas que ahora se encuentran en albergues.

    Escenarios de riesgos

    El director de Protección Civil expuso que en El Salvador, a partir de eventos meteorológicos, ocurren al menos cuatro escenarios principales de riesgo a causa de las fuertes precipitaciones. El primero, y más evidente corresponde a las inundaciones en zonas urbanas, especialmente en áreas como la parte baja de San Salvador, donde ya se han producido afectaciones significativas.

    Un segundo escenario lo constituyen las zonas de planicie al sur del territorio salvadoreño, donde el agua que cae en las zonas altas inevitablemente fluye hacia las cuencas bajas, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones severas en esas regiones.

    «Toda el agua que pueda llover en las zonas altas si o si llega a la zona a la zona baja y entonces esa es una de las razones por las que toda la zona sur de El Salvador tiene una alta probabilidad de inundaciones», explicó Amaya.

    El tercer escenario está relacionado con el aumento de escorrentía en las zonas montañosas y en la cadena volcánica por la topografía accidentada del país, debido a que en algunos lugares se presentan una alta vulnerabilidad a deslizamientos, derrumbes y deslaves, incluso con lluvias de intensidad moderada.

    «Entonces un tercer escenario es todo aquello que tiene que ver con la probabilidad de derrumbes, deslaves y deslizamientos»
    Luis Amaya, director de Protección Civil

    Finalmente, el cuarto escenario tiene que ver con los arrastres de personas o vehículos, los cuales ocurren principalmente cuando la población no atiende las recomendaciones de no cruzar ríos crecidos o calles inundadas.

    El funcionario agregó que existe un quinto riesgo adicional, relacionado con la caída de árboles y estructuras como vallas publicitarias que son susceptibles a tormentas con fuertes rafagas de viento.

    Ante ello, el director de Protección Civil reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones durante las lluvias, especialmente evitar cruzar ríos crecidos o refugiarse bajo árboles. Actualmente, el país se encuentra bajo alerta verde por el acercamiento de una onda tropical.

  • "Voy a cumplir mi pena y voy a salir, lo prometo": abogado Francisco Grimaldi condenado junto al exfiscal general

    «Voy a cumplir mi pena y voy a salir, lo prometo»: abogado Francisco Grimaldi condenado junto al exfiscal general

    El abogado Héctor Francisco Grimaldi fue condenado por Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador a seis años de prisión por el delito de fraude procesal en el caso denominado Rais-Martínez.

    Al finalizar la lectura del fallo, Grimaldi dio declaraciones a la prensa y manifestó que enfrentará la condena con serenidad con la fé puesta en Dios, ya que sostiene que ninguno de los actos atribuidos fueron cometidos por su persona.

    «Voy a salir, simplemente voy a cumplir mi pena, yo estoy con Dios y les deseo lo mejor, les deseo lo mejor a ustedes porque Dios sabe la verdad. Saben lo que han hecho, saben lo que han hecho ustedes, no tienen techo de cristal, pero esta bien voy a cumplir mi pena», expresó Grimaldi señalando al abogado de la querella Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera, quien fue víctima en el caso.

    En su intervención Grimaldi señaló directamente al abogado Calderón a quien se refirió que «ha cometido más delitos que cualquiera».

    «Voy a salir Claudia Herrera. Voy a cumplir mi pena y voy a salir, te lo prometo. Es injusto, él Mario Calderón ha cometido más delitos que cualquiera y ella igual (señaló a Claudia Herrera)».
    Francisco Grimaldi, abogado condenado.

    Grimaldi aseguró que acatará la pena impuesta por el juez del Tribunal de Sentencia a pesar de no estar de acuerdo con el resultado. «La afronto con humildad  porque se que Dios está conmigo y va a estar siempre, yo no soy traidor».

    El Tribunal Tercero de Sentencia lo encontró responsable de colaborar en la intervención de peritajes en contra de personas procesadas en los años 2014, uno de ellos fue en contra de Claudia Herrera, a quien se le acusó de supuestamente realizar amenazas en contra del empresario Enrique Rais.

    Según expuso el juez, Grimaldi junto a Julio Arriaza, tambien procesado y condenado en el mismo caso, intervinieron directamente en el peritaje que se realizaría a Enrique y Hugo Blanco Rais por las supuestas amenazas realizadas por la mujer.

    Así como tambien manipular peritajes en un caso de violencia intrafamiliar, donde una persona identificada como Balmore García fue acusada injustamente.

    Luego de escuchar el fallo, Grimaldi dijo que «el juez es un juez justo, es un buen juez ha hecho una reflección de la valoración de la prueba, no es la pena que esperaba o la resolución que esperaba como imputado pero conforme a Dios voy a afrontar esto».

    Asimismo, sostuvo que «nunca he huido, nueve años estado presente, no voy a huir, no lo he hecho hasta ahora porque se que Dios me va a absolver en su momento».

    ¿Que contestó la querella?

    Por su parte, el abogado de la querella Mario Calderón calificó como amenaza directa las palabras de Grimaldi tras conocer su condena.

    «Se atrevió ante las cámaras a emitir amenazas en contra de mi esposa que un día va a salir y sabemos que un día va a salir, y obviamente, nosotros presentaremos las denuncias respectivas también porque esa fue una amenaza, de como alguien dice ‘cuando yo salga vamos a vernos las caras’, mi esposa es una mujer, son agresiones hacia la mujer que él está haciendo desde un ámbito de molestia donde se logró destruir la inocencia que se les respetó», afirmó el querellante.

    El abogado Calderón expresó que su esposa fue víctima de un proceso manipulado por personas que estaban al alto mando de la Fiscalía General de la República, como el exfiscal general Luis Martínez y el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza, quienes fueron condenados a 10 y 5 años de cárcel, respectivamente.

    «Los hechos por los que acusaron a mi esposa Claudia con unas supuestas amenazas fueron fabricadas por Enrique Rais, Wilfredo Gutiérrez y Grimaldi apoyados desde el exfiscal de la República, Luis Martínez y Julio Arriaza para llevarla y someterla a un proceso de lo más bajo que pudo sufrir un ser humano».
    Mario Calderón, querellante

    Claudia Herrera, esposa de Calderón, expresó que con esta condena se confirma la existencia de una red que intentó evadir la justicia.

    «Ha quedado evidenciado de la trama de la cual se quería evadir la justicia Luis Martínez comenzó desde su inicio y terminó con una condena de 10 años, así como tambien para Francisco Grimaldi y Julio Arriaza., quedan en detención», dijo Herrera.

    Ademas, aseguró que actualmente aún existen otros procesos judiciales en lo que tambien estarían implicados los condenados, como el caso «Corruptela», del cual se está a la espera de una audiencia preliminar.

    «Todavía estamos en otros procesos de otros casos que los involucren y esperamos que este caso sea el pilar para que los otros puedan apoyarse en cuanto se ha dictaminado en esta resolución», indicó Herrera.

    El caso Rais-Martínez data desde el año 2016, cuando el fiscal Martínez junto a otros dos imputados fueron procesados por ocasionar daños a varias personas mediante la fabricación de procesos judiciales falsos.

  • Juez concluyó que exfiscal Martínez permitió falsificar pruebas e ignoró delitos de corrupción cometidos en Fiscalía

    Juez concluyó que exfiscal Martínez permitió falsificar pruebas e ignoró delitos de corrupción cometidos en Fiscalía

    El exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, fue condenado a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación en el caso denominado Rais-Martínez.

    En la lectura del fallo, el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador determinó que el exfiscal facilitó información, permitió falsificar las pruebas en procesos judiciales en beneficio de Enrique Rais y Hugo Blanco Rais, y que a su vez ignoró sobre actos de corrupción que se cometieron en el Ministerio Público Fiscal durante su gestión en la institución.

     

    Ver esta publicación en Instagram

     

    Una publicación compartida de Diario El Mundo (@elmundosv)

    Uno de los casos fue en el año 2014, en contra de una mujer identificada como Claudia Herrera, quien fue acusada del delito de amenazas por el empresario Enrique Rais, uno de los hombres con quien el exfiscal mantuvo una frecuente comunicación mientras se desarrollaba el proceso judicial en contra de la supuesta agresora.

    «Aprovechó de su posición como fiscal general para la utilización de los aparatos de poder para beneficiar a terceros en procesos judiciales»,
    Juez del Tribunal Tercero de Sentencia sobre el exfiscal Martínez.

    Las pruebas vertidas en el juicio determinaron que a través de intervenciones telefónicas, se identificaron varios mensajes y llamadas entre Martínez y el empresario Rais, donde se mencionaban detalles sobre el proceso que enfrentaba la mujer por el supuesto delito de amenazas.

    Según la resolución, los informes psicológicos que supuestamente demostraban las afectaciones de Enrique y Hugo Blanco Rais fueron fabricados sin ellos presentes, debido a que nunca se presentaron al Instituto de Medicina Legal (IML), donde debían ser realizados, sino que estos fueron hechos con indicaciones de cómo debían ser respondidos.

    El exfiscal Julio Arriaza también fue condenado a cinco años de prisión. / Alexander Montes.

    Asimismo, se manipuló un segundo caso de violencia intrafamiliar en contra de un hombre identificado como Balmore García, en donde también se crearon peritajes falsos que beneficiaban a la pareja de la víctima. Un trabajador de Fiscalía de nombre clave «Troya» confesó durante el juicio que recibió $1,500 y $250 por su participación en estos peritajes.

    En las intervenciones de los peritajes se demostró que participaron el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza González y el abogado Hector Franciso Grimaldi, según declaró el juez al momento de dar a conocer el fallo verbal. Ambos fueron condenados en el juicio a 5 y 6 años de cárcel respectivamente por el delito de fraude procesal.

    Omisión de investigación

    Con respecto al delito de omisión de la investigación, el juez del Tribunal consideró que el exfiscal ignoró sobre delitos vinculados a corrupción cometidos por exfuncionarios y no iniciar los procesos de investigación en contra de un juez y abogados con actos de corrupción, entre otros.

    En las pruebas y declaraciones de testigos ofertados por Fiscalía, se conocieron de escuchas telefónicas en las que surgieron nombres de exfuncionarios, entre ellos el exjuez Romeo Aurora Giammattei, la exalcaldesa de San Rafael Cedros, Dina Arévalo y el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano.

    El exfiscal ignoró diferentes llamados del director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para poder procesar al exjuez Noveno de Paz de San Salvador, Giammattei, quien mantenía llamadas con el empresario Rais en el caso de la víctima Claudia Herrera.

    En ese sentido, el juez concluyó que el exfiscal no busco detener delitos de corrupción de los que conoció y fue notificado, ni de iniciar los procesos de investigación en contra de Giammattei y abogados, debido a que la Fiscalía ya rastreaba llamadas entre el exjuez Giammattei y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.

    «Sabe su deber, sabe que si no lo puede cumplir como titular, lo puede delegar y no lo hizo porque no hay evidencia que lo compruebe».
    Juez del Tribunal Tercero de Sentencia.

    La intervención telefónica inició en el año 2014 por otro caso, en el que rastreaban llamadas para investigar una supuesta conspiración de asesinato en contra de Luis Martínez. Sin embargo, estas escuchas no arrojaron ningún resultado relacionado con el delito que se investigaba.

    El abogado Francisco Grimaldi es abrazado por familiares tras ser condenado a seis años. / Alexander Montes

    Por los hechos del caso Rais-Martínez, el exfiscal general fue condenado como autor directo del delito de fraude procesal a 5 años de cárcel y 5 más por el delito de omisión de investigación, sumando un total de 10 años de cárcel. En un inicio la Fiscalía había solicitado la pena máxima de 15 años en total.

    En diciembre de 2018, el exfiscal general fue condenado a 5 años de prisión por divulgar conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez, mejor conocido como “Padre Toño”.

    Posteriormente, en diciembre de 2024, el exfiscal Luis Martínez fue condenado civilmente por la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, por el delito de enriquecimiento ilícito de $71,736.62.

    Claudia María Herrera, quien ha sido víctima en el proceso, junto a su esposo y abogado de la querella, Mario Calderón. / Alexander Montes.

    Antecedentes judiciales

    Este caso inició el 22 de agosto de 2016, cuando la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República capturaron al empresario Enrique Rais, a Julio Arriaza y al exfiscal Luis Martínez, tras un citatorio en la sede fiscal. En total detuvieron a ocho personas y tres estaban en calidad de ausentes.

    Días más tarde, la Fiscalía los acusó de fabricar pruebas en los casos donde Claudia María Herrera y Mario Calderón aparecían como imputados.

    Como pruebas, al inicio, la Fiscalía presentó escuchas telefónicas donde se evidenciaba la planificación que se hizo para hundir a Herrera, además de documentación que vincula a los procesados en este caso.

    Algunos casos en los que se creó prueba son un proceso de lavado de dinero que se judicializó en el extinto Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, en el año 2015, cuando la Fiscalía acusó a Herrera y a Calderón de lavar $10 millones.

    Otro caso fraguado con pruebas falsas fue el de amenazas donde la acusación fiscal decía que Herrera y su equipo de seguridad había interceptado a Rais y le habían apuntado con armas de fuego.

    Mario Calderón fue el apoderado de Enrique Raís y luego de ser despedido por el empresario fue el abogado de los canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale. Los canadienses tuvieron problemas legales con el empresario Rais, en una disputa por quedarse con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides S.E.M. de C.V.).

    Cuando el caso bautizado como Rais-Martínez inició, fueron imputados 11 personas, los tres ahora condenados incluídos, pero además:

  • Una mujer murió en Santa Ana tras caerle un árbol mientras se refugiaba en una champa

    Una mujer murió en Santa Ana tras caerle un árbol mientras se refugiaba en una champa

    Una mujer falleció la semana pasada en el departamento de Santa Ana, luego de que un árbol cayera sobre una champa donde intentaba protegerse de las intensas lluvias, informó este viernes el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

    «Infortunadamente, la semana anterior falleció una señora en Santa Ana porque estaba resguardándose debajo de una champa y un árbol cayó sobre la champa y lastimosamente falleció la señora», indicó Amaya en la entrevista de canal 10.

    Pese a informar sobre la muerte de la mujer, el funcionario no especificó cuántos salvadoreños han muerto a causa del invierno, desde que inicio a finales del mes de mayo de 2025. El hecho ocurrió la noche del pasado jueves 14 de agosto, cerca de las 8:30 de la noche, según reportes periodísticos y la mujer fue identificada como Ana Luz Morán.

    Tras dicho incidente, el director de Protección Civil hizo un llamado a la población para evitar refugiarse en zonas susceptibles o en estructuras precarias durante tormentas.

    Amaya recordó que las condiciones climáticas seguirán siendo inestables en varias zonas del país, debido a la influencia de ondas tropicales que causan el incremento de las precipitaciones sobre el territorio nacional.

    En ese sentido, señaló que las lluvias pueden provocar inundaciones en las calles que no duran más de dos horas, por ello, pide a los conductores no arriesgarse y evitar transitar mientras dura la anegación en las vías.

    «No llevamos ni un tan solo fallecimiento por ese tipo de fenómeno, la causa principal ha sido no haber seguido las recomendaciones de no cruzar ríos cuando estos están creciendo»
    Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil

    La noche del miércoles, las intensas lluvias provocaron la inundación en el distrito de Santa Rosa de Lima, en La Unión Norte y en el departamento de Chalatenango, lo cual dejó al menos 50 viviendas dañadas, de estas 40 anegadas y 10 en estado crítico. Además, en el sector de La Unión Norte se notificó la muerte de un hombre de 78 años, quien pereció por una falla cardiorrespiratoria y no a causa de las lluvias.

    La Dirección de Protección Civil emitió ayer alerta verde en todo el país, debido al pronóstico de abundantes lluvias por la influencia de una vaguada que generará tormentas de moderada a fuerte intensidad.