Autor: Dania Quehl

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador dejó en libertad a Mariano Fernando Herrera, un ciudadano estadounidense que había sido detenido por presuntamente manejar en estado de ebriedad a finales del año 2024.

El acusado enfrentó audiencia inicial el lunes 6 de enero, donde se decretó sobreseimiento definitivo, debido a que se presentaron exámenes toxicológicos, donde se determinó que Herrera no tenía alcohol en la sangre, ni drogas.

“La Fiscalía (General de la República) no pudo soportar el requerimiento fiscal y desde luego no había prueba. La jueza hizo justicia”, expresó Herrera a periodistas en los Juzgados de Paz, a la salida de la audiencia.

Herrera fue capturado el 28 de diciembre de 2024, y fue acusado por el delito de conducción peligrosa, bajo las reformas de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad, la cual prohíbe el consumo total de alcohol, de lo contrario son detenidos.

Herrera, residente de California, Estados Unidos denunció que había sido capturado de manera injusta, luego de haberse sometido a una prueba de alcohol en un dispositivo antidoping y que el examen saliera a cero.

Sin embargo, tras la publicación de la denuncia de Herrera, el Viceministerio de Transporte (VMT) publicó un video donde señalaron que la detención se debió a que Herrera se había negado a realizar el test de alcoholemia y posteriormente mencionó que no se había realizado de “manera adecuada.”

La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) ha presentado ante los Juzgados de Paz a 20 conductores, 13 el lunes y siete este martes para iniciar con el proceso judicial por el presunto delito de conducción peligrosa.

Entre otros de los conductores que enfrentaron este martes audiencia y fueron liberados está una mujer de nacionalidad guatemalteca, a quien se le encontró con 20 grados de alcohol en la sangre.

En este caso el Juzgado Primero de Paz otorgó la suspensión condicional del procedimiento, que conlleva a medidas alternas a la detención, entre ellas, abstenerse a ingerir bebidas alcohólicas y presentarse a firmar cada cierto tiempo al juzgado.

Oficiales de tránsito confirmaron a periodistas que todos los conductores que han sido presentados en los juzgados y tuvieron resolución del caso fueron puestos en libertad de forma inmediata.

Se espera que en lo que resta de la semana continúen presentando a más conductores que fueron detenidos durante el periodo festivo de Navidad y Fin de Año 2024.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador decretó suspensión temporal de nueve días del juicio en contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios municipales más, con el fin de realizar una investigación suplementaria.

El objetivo de dicha investigación es actualizar los datos de los estados de cuenta de las instituciones financieras relacionadas en el caso, donde se acusó al exedil por incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales.

«Lo que sucede es que como hay instituciones que efectivamente se ha registrado pago, entonces han hecho una suspensión de nueve días para acreditar si esos pagos están hechos o no», explicó el abogado Jacobo Nolasco, encargado de la defensa del exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz.

El proceso judicial continuará hasta el próximo viernes 17 de enero a las 8:30 de la mañana con la presentación de los alegatos finales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

En el caso se procesa al exalcalde de San Salvador, por los delitos de incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales a trabajadores de dicha alcaldía, así como por retenciones tributarias.

A estos se suman el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón; el exdirector de Finanzas de la Alcaldía, Santos Omar Muñoz; y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo.

En la jornada de este martes, se presentaron nueve empleados de la alcaldía de San Salvador y Desechos Sólidos, quienes manifestaron sobre el incumplimento del pago de cuotas Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como en instituciones bancarias donde tenían créditos.

Con ellos, la Fiscalía finalizó el desfile probatorio de testimonios y se espera que cuando se retome el juicio se continúe con los alegatos finales, debido a que la defensa señaló que no presentará declaraciones de testigos.

El abogado de Muyshondt, Óscar Argueta, solicitó que se agreguen como prueba documenta,l recortes de artículos periodísticos del año 2020, relacionado con la situación que enfrentaba la comuna capitalina durante la pandemia, los cuales servirán «para refrescar» la situación que enfrentó la comuna.

Los jueces del Tribunal de Sentencia aceptaron la incorporación de dichos documentos, así como actas que realizó el exalcade donde se expone la solicitud del crédito no aprobado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L.Cosavi para paliar la crisis financiera que enfrentaba la comuna.

Un aparatoso accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta se registró la noche del lunes entre la Alameda Franklin Delano Roosevelt y avenida Baden Powell, de San Salvador, fue captado por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro.

El video difundido por medio de la cuenta de la Unidad de Prensa de la alcaldía de San Salvador Centro, en su cuenta de X, muestran el momento en que el motociclista impactó contra el vehículo al momento en que procedía a realizar el cruce de intersección.

Tras el accidente, el motociclista y su acompañante cayeron sobre el asfalto, luego de ser levantados por el impacto contra el vehículo.

De acuerdo a datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1 al 6 de enero de 2025, se registraron 231 accidentes de tránsito, en estos 153 personas resultaron lesionadas y 12 han muerto.

La distracción del conductor y la invasión del carril son las principales causas de los percances viales.

El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, denunció este lunes por segunda ocasión ante los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia que no ha recibido el chequeo médico por parte del Instituto de Medicina Legal (IML), pese haber sido aprobado en diciembre de 2024.

“Medicina Legal aún no ha venido, y si ha venido no se le ha permitido el ingreso”, manifestó Muyshondt vía remoto desde el penal de Ilopango, durante la reanudación del juicio.

El exalcalde de San Salvador solicitó el 16 de diciembre de 2024, una revisión médica de Medicina Legal; ya que afirmó que desde septiembre del año 2023 fue trasladado al hospital Psiquiátrico, en Soyapango, y que desde entonces no había recibido atención médica.

El 20 de diciembre, el exalcalde de San Salvador denunció por primera vez que no se permitió el acceso de los peritos con el argumento que estaba en desarrollo el juicio y no se podía interrumpir, por lo que los jueces acordaron enviar un aviso para que se cumpla la orden el 23 de diciembre del año pasado, sin embargo, según el exfuncionario no se cumplió.

Según el reporte dado en el juicio, el 23 de diciembre de 2024 los peritos llegaron al penal de Ilopango, pero se negó el acceso porque “no había autorización del director general de Centros Penales”.

Ante ello, la respuesta del organismo colegiado fue que solicitará información a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) sobre la negativa a acceso a los peritos de Medicina Legal y dependiendo de lo que respondan “veremos que medida se puede tomar”.

“La parte de Medicina Legal es sumamente importante porque he estado ilegalmente resguardado en un lugar donde se me ha tratado muy mal, sin ninguna justificación médica y sin orden judicial”, expresó Muyshondt.

El exalcalde de San Salvador también dijo que había solicitado libros judiciales y papel y lápiz para anotar y preparar su defensa, pero aseguró que no se le ha proporcionado, pese a que fue solicitado desde el inicio del juicio.

“Mi esposa me envió material para escribir y tampoco se permitió el ingreso, si se permitió el ingreso de algunas recopilaciones de ley que envió, pero no material para escribir. Si me permiten escribir acá (durante el juicio), pero cuando llego a mi celda no puedo escribir, ni tomar apuntes”, declaró el exfuncionario.

Muyshondt enfrenta juicio por supuesto incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales de la comuna capitalina y apropiación indebida de retenciones tributarias.

El exfuncionario aseguró que desde que se ordenó la revisión médica no ha llegado ningún perito al penal de Ilopango, donde guarda prisión.

El exalcalde acusó en diciembre de 2024 al director del hospital Psiquiátrico de haber ordenado torturarlo y posteriormente trasladado al penal de Ilopango, y aseveró que su traslado desde el penal de La Occidental a Ilopango no consta en su expediente.

El Juzgado Décimo Segundo de Paz, de San Salvador, ordenó este lunes en audiencia inicial, detención provisional en contra de Israel Francisco Jiménez, acusado por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), el 21 de diciembre de 2024, el acusado atropelló a una persona en la Avenida Juan Aberle de Mejicanos, mientras conducía en estado de ebriedad.

Según el relato de la acusación, posteriormente, arrastró el cuerpo de la víctima aproximadamente cuatro kilómetros.

El percance vial fue atendido por miembros de Cruz Verde Salvadoreña, quienes presenciaron el hecho y al intentar detener al conductor, éste se dio a la fuga.

Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades solo encontraron rastros de sangre y fragmentos del bómper de un vehículo sedán marca BMW.

El imputado fue localizado posteriormente en la colonia Santa Rosa, en el distrito de Cuscatancingo, donde fue detenido y a la prueba de alcoholemia practicada arrojó un resultado positivo de 127 miligramos de alcohol en la sangre.

Ante ello, el caso pasará a fase de instrucción, por lo que el imputado seguirá detenido hasta que se determine la siguiente etapa del proceso judicial.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un conductor identificado como William Alexander Domínguez Hernández, quien presuntamente es responsable de trasladar aproximadamente un kilo de marihuana y más de $900 que no pudo testificar.

De acuerdo con la corporación policial, Domínguez Hernández fue detenido la noche del lunes sobre la prolongación de la 10 avenida Norte y 39 calle Oriente, en la colonia Jardínes de Monpegón, en el municipio de San Salvador Norte.

La PNC aseguró que el detenido será procesado por tráfico ilícito de drogas.

La detención se realizó mediante el trabajo de Inteligencia Policial en conjunto con elementos de las Fuerzas Especiales de la institución policial.

Por otra parte, la PNC informó la mañana de este martes la captura de Jorge Antonio Rodríguez Serpas, de 42 años, quien es reclamado por un juzgado de San Miguel desde el 2013 por el delito de homicidio agravado.

La captura se realizó mediante orden judicial en la colonia Guayacán, en el distrito de Soyapango, en San Salvador Este.

“Sus días de impunidad terminaron, ahora deberá pagar con cárcel su delito”, afirmó la PNC en su cuenta de X.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador reanudó este lunes el juicio contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y tres exfuncionarios municipales por el delito de incumplimiento de deberes y retenciones tributarias.

En la jornada del día, seis empleados y exempleados de Desechos Sólidos testificaron que las cuotas laborales eran descontadas, pero no aparecían reflejadas en las cuentas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como en instituciones bancarias donde tenían créditos.

Uno de los testigos aseguró que para el año de 2019, cuando era empleado de Desechos Sólidos, tenía vigente un crédito con una cooperativa, el cual se cancelaba con los descuentos que se efectuaban a su sueldo, situación que se agravó cuando dejaron de transferirse.

“Me afectó el hecho que tuve que prestar un monto mayor para solventar intereses que el préstamo anterior, que no había sido pagado, me había generado”, manifestó el extrabajador de Desechos Sólidos.

Otro de los testigos declaró que la falta de pago afectó económicamente con los préstamos bancarios que tenía en esa época, por lo que tuvo que recurrir a otras formas para recurrir a un préstamo y cancelar los intereses que habían adquirido el primer crédito. “Tuve que prestar a los usureros directamente para sobrevivir y comer”, dijo.

A su vez, otro exempleado de Desechos Sólidos aseguró que para paliar la problemática con la cooperativa donde tenía un préstamo vigente tuvo que realizar un refinanciamiento para solventar las deudas que se acumulaban. A esto último, el testigo expresó que la entidad donde laboraba no retribuyó ningún monto por los atrasos generados.

El 4 de diciembre de 2024, el referido Tribunal de Sentencia instaló el juicio contra el exalcalde de San Salvador, por los delitos de incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales a trabajadores de dicha alcaldía, así como por retenciones tributarias.

A estos se suman el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón; el exdirector de Finanzas de la Alcaldía, Santos Omar Muñoz; y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

La defensa enfatizó que la mora por la que son procesados los exfuncionarios municipales ya fue cancelada, por lo que resaltan debe ser considerada cuando se emita la resolución del juicio.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó estudiar una propuesta para crear un tercer juzgado de instrucción especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres en San Salvador, luego que debiera suspender por seis meses, la recepción de expedientes en el juzgado primero de instrucción en esa materia, por la sobrecarga de trabajo.

Según lo ordenado por corte plena en octubre del año pasado, el Juzgado Primero Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador pidió a los magistrados una salida para reducir la mora en sus expedientes, y propuso que se designará un juez de apoyo con su respectivo secretario de actuaciones y tres colaboradores judiciales temporales, por seis meses para que se encargarán del trabajo ordinario, mientras la jueza propietaria se encargaría de los casos pendientes.

Sin embargo, uno de los magistrados opinó que de asignar un juez de apoyo y colaboradores sería tardado, porque se debería incluir en el presupuesto general y ser aprobado por el Ministerio de Hacienda, y el trámite tardaría aproximadamente tres meses, retrasando más la atención a los expedientes de los Juzgados de Violencia contra la Mujer.

“Por temas presupuestarios el juez de apoyo más el personal que se necesita llevaría en el Ministerio de Hacienda un aproximado de tres meses y respecto a la reconversión podría considerarse en enero del 2025”, se lee en el acta número 74 de la Corte Plena.

Por ello, prefirieron la opción de suspender la asignación de nuevos expedientes por seis meses, empezando desde noviembre del año pasado. Durante ese periodo quedó ordenado por los magistrados que no asignen nuevos expedientes al referido Juzgado de Violencia contra la Mujer, mientras libera la mora.

Además, aprobaron que la jueza entregue informes periódicos de los casos atendidos y se realice informes periódicos.

No obstante, se le encomendó de forma inmediata al director de Planificación Institucional, realizar la propuesta de conversión del Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador a Juzgado Tercero Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador, con el fin de balancear la carga laboral.

Además, establecieron que durante seis meses, basados en la Ley de Violencia Intrafamiliar, a los Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador no se les asignen casos de violencia intrafamiliar, y que estos sean remitidos a los Juzgados de Paz de San Salvador.

Los Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres fueron creados para atender los casos ligados especialmente establecidos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que fue aprobada en el año 2010. No obstante, los juzgados y tribunales en 2016 y tuvieron prórroga hasta 2017.

El Centro Judicial Isidro Menendez, en San Salvador, comenzó el viernes 3 de enero a recibir a los primeros detenidos durante la temporada de fin de año 2024, donde enfrentarán cargos y el respectivo proceso por delitos que hayan cometido.

“Vienen de diversidad de delitos, van desde lesiones, agresiones, violencia intrafamiliar, hurto, amenazas y hasta intento de homicidio”, expuso uno de los abogados que se encontraba en el centro judicial.

La remisión a los juzgados responde a que la Fiscalía General de la República (FGR) les lee el requerimiento de acusación con los cargos por los que enfrentarán el proceso penal.

Uno de los detenidos fue identificado como Óscar Orlando Salazar, quien es acusado del delito de violencia intrafamiliar y lesiones culposas, luego de atacar a su compañera de vida.

Salazar fue detenido el 26 de diciembre de 2024 y está a la espera de la fecha para la audiencia inicial.

Sin embargo, hasta el viernes los conductores que fueron detenidos durante las fiestas navideñas y fin de año 2024 por manejar en aparente estado de ebriedad siguen sin ser remitidos a los juzgados.

Fuentes de la FGR informaron a Diario El Mundo que los conductores detenidos durante las vacaciones de Navidad y Fin de Año serán presentados hasta el próximo lunes 6 de enero de 2025.

De acuerdo con las autoridades de la Comisión de Protección Civil al menos 152 conductores peligrosos fueron detenidos entre el 12 de diciembre de 2024 al 1 de enero del presente año.

Y a partir de las reformas a la Ley de la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, el 20 de diciembre del año pasado, las autoridades reportaron más de 73 conductores detenidos.

Con los cambios de ley, todos los niveles de alcohol son detenidos, multados con $150, pierden su licencia por 12 meses y deberán asistir a cursos de reeducación vial. Además son procesados judicialmente por el delito de conducción peligrosa, que tiene penas que oscilan entre 2 y 5 años de prisión.