Autor: Dania Quehl

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel instaló este jueves la audiencia preliminar en contra de 28 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) acusados de una serie de delitos, cometidos en el departamento de Usulután.

En el caso denominado como “Berlín”, los acusados son procesados por los delitos de extorsiones agravadas, proposición y conspiración para cometer homicidio, actos preparatorios, conspiración y asociaciones delictivas, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las víctimas de estos sujetos eran dueños de tiendas y pequeños comerciantes a quienes les exigían dinero a cambio de dejarlos vivir.

En ese sentido, aseguraron que se logró determinar la existencia de 10 casos de extorsiones agravadas, cinco casos de proposición y conspiración para cometer homicidio, así como el resto de los delitos, por lo que se les procesa.

Según la Fiscalía, los acusados pertenecían a las ciclas Norman y Locos Salvatrucho, Loco Salvatrucho, Ganser Loco Salvatrucho y Los Angeles Locos Salvatrucho, las cuales operaban en la zona norte del departamento de Usulután, entre abril del 2022 y abril del 2023.

En la audiencia preliminar, el Ministerio Público espera que el proceso judicial avance a la siguiente etapa de vista pública.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó este jueves a Hamlet Rafael de Paz Escobar, la tiktoker trans conocida como Romina, luego que fuera detenida por presuntamente dañar una patrulla policial y hurtar una gorra de un uniforme policial.

La tiktoker fue legalmente acusada por los delitos de hurto, daños y tenencia y uso indebido de traje o uniforme en el Juzgado Primero de Paz, que será el encargado de conocer el caso, según confirmaron fuentes judiciales.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina, el 23 de enero pasado, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.

Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, muestra una gorra de la PNC y activa la bocina del vehículo.

La acusada no fue remitida presencialmente al Centro Judicial “Isidro Menendez”, donde se llevará el caso.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Romina enfrenta un proceso judicial, en agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones de transporte privado.

En dicha ocasión, la acusada fue liberada luego que llegara a una conciliación con el conductor, quien también pasó en detención hasta la audiencia inicial, por lesiones hacía Romina.

Ocho exdirectivos de la Corporación Argoz S.A de C.V, acusados de vender de forma ilegal lotes en diferentes puntos del país, suman dos nuevos procesos penales en su contra por estafas de más de $300 mil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la Fiscalía, en una audiencia en el Juzgado de Paz de San Pedro Nonualco, en La Paz, se expuso sobre una estafa por un monto de $246,292.61 a 36 víctimas que adquirieron sus parcelas.

El Ministerio Público señaló que Argoz se dedicó a la comercialización de parcelas en proyectos de lotificación a nivel nacional, sin tener los permisos legales correspondientes y sin estar regulados por ninguna entidad competente.

“Hacían la promesa de entregar las escrituras públicas de compra venta cuando el valor total de la parcela estuviera cancelado, pero la sociedad nunca cumplió con ese compromiso”, dijo la FGR.

#Audiencia I Luego de dos audiencias iniciales, los exdirectivos de ARGOZ acumulan nuevos procesos penales por la venta ilegal de lotes ubicados en La Paz, por un monto de $361,710.00.

ARGOZ comercializaba parcelas en proyectos de lotificación a nivel nacional, sin estar… pic.twitter.com/prKkB3g33p

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 5, 2025

Mientras que en el Juzgado de Paz de San Juan Talpa, La Paz, se denunció sobre 44 víctimas que empezaron a pagar sus lotes en el año 2004 y a quienes estafaron con aproximadamente $115,419.00.

De acuerdo con la FGR, en los dos nuevos procesos se identificaron a 80 víctimas, quienes suman $361,711.61 como supuesto monto estafado.

Los imputados a los que se les decretó la instrucción formal con detención, y que tienen calidad de reos presentes son Rodrigo Javier Gómez de Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez y Edwin Omar Rivera López.

Mientras que los procesados ausentes que también se les decretó la instrucción formal con detención provisional son José Arturo Gómez Farfán, Natalia Gómez Farfán y Teodoro Portillo Pineda.

Estos dos procesos se suman al iniciado en diciembre del 2023 contra los ocho imputados en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador después de ser capturados.

La Fiscalía destacó que actualmente, Argoz funciona bajo una nueva administración con el fin de evitar ilegalidades en los procesos de legalización de lotes.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, informó este miércoles que la construcción del nuevo mercado San Miguelito, a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM), estará listo en el segundo trimestre del año 2025.

“En el segundo trimestre la DOM estará terminando ya el Mercado San Miguelito, realmente fue una espera un poco larga, hubieron algunas situaciones que se presentaron, pero lo que les puedo asegurar es que es un mercado de primer mundo”, declaró Durán durante el evento del primer ‘Encuentro de la Red de Ciudades Metropolitanas de Centroamérica y el Caribe 2025″.

De acuerdo con el alcalde, el nuevo mercado albergará a los comerciantes que se vieron afectados con la quema de la antigua edificación, así como a vendedores informales que antes de los reordenamientos ocupaban un lugar en la calles del Centro Histórico.

“Va a ayudar al tema histórico porque vamos a tener la posibilidad de llevar a personas que se encuentren en el centro histórico que van a tener también esa opción”, expresó Durán.

El edificio tendrá cuatro niveles y proyectan que beneficie a más de 1,000 comerciantes y tendrá un “food court”, para beneficio de los clientes.

Según detalló, los comerciantes podrán retornar a un espacio “todavía mejor” a la que se tenía y que fue consumida por las llamas en septiembre del año 2021, ya que contará con 200 puestos más de los 400 que fueron proyectados al inicio de la construcción.

“Se proyectó para ser todavía más grande, es decir después de la tragedia se planificó hacer algo mucho mejor”, destacó el edil de San Salvador Centro.

La edificación que se puede observar desde la avenida España de la capital, ya luce paredes y pisos de concreto, además de unas paredes de material transparente.

El pasado 30 de enero, la Dirección de Obras Municipales, informó a través de una publicación que se realizaron pruebas de la iluminación instalada en el primer nivel de la infraestructura.

El mercado San Miguelito fue consumido por un incendio, el 22 de septiembre del año 2021, producto de un cortocircuito en área de bazares y piñatas.

Cerca de 3,000 vendedores se quedaron sin un lugar fijo para comercializar sus productos, entre estos, abundan las flores, piñaterias, y de bazar; no obstante, también el mercado era conocido por su sector de cocina y venta de verduras.

La Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidehc) presentó, este miércoles, ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal en contra del Juzgado Ambiental de San Salvador, con sede en Santa Tecla y su titular, por los presunto delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, en relación a la quema de ramadas en la Costa del Sol, en mayo de 2024.

«Se está presentando este aviso penal en contra de este juzgado debido a la falta de debido proceso que ha habido en este caso de la Costa del Sol. Hace un par de días se realizó precisamente el tema de la audiencia de vista pública que obviamente no lo conoció el proceso penal este Juzgado Ambiental, pero nació del juzgado Ambiental este caso de la Costa del Sol», informó el abogado y vocero de Unidehc, Rudy Joya.

El caso se relaciona con el desalojo y quema de ramadas de los comerciantes que ocurrió el 12 de mayo de 2024, donde más de 50 comerciantes perdieron sus pertenencias, entre ellas mesas, sillas y hamacas que formaban parte de los negocios de los vendedores de la zona costera.

Unidehc presentó este miércoles ante la FGR un aviso penal en contra del Juzgado Ambiental de San Salvador, con sede en Santa Tecla y su titular por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes en el caso Costa del Sol, por la quema de ramadas en dicha zona…. pic.twitter.com/cTcCdSZk0Z

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) February 5, 2025

Joya sostuvo que los comerciantes afectados esperan una indemnización por los daños causados a sus negocios cometidos por la alcaldía de La Paz Centro y el alcalde de dicha comuna, Armando Jirón, acusado de los delitos de incendio y actos arbitrarios.

«Nosotros lo que le estamos pidiendo a la jueza ambiental de que cumpla con lo dicho, que ella así como dijo de una reubicación, un reordenamiento, nosotros estamos esperando todavía esa reubicación», manifestó Elizabeth Jiménez, una de las vendedoras afectadas por la quema de ramadas en la Costa del Sol, en La Paz.

El vocero de Unidehc explicó que el delito de actos arbitrarios pudo haber dado inicio desde el Juzgado Ambiental, ya que los comerciantes aseguran que no fueron notificados que estaban siendo denunciados por contaminación ambiental.

«Los actos arbitrarios comienzan desde el proceso ambiental, desde el momento que no les notificaron a ellas que estaban siendo denunciadas por supuesta contaminación ambiental y que luego emiten un desalojo que es totalmente arbitrario o que la jueza de medio ambiente, no siguió el debido proceso como debe de ser», expuso Joya.

En mayo de 2024, la jueza ambiental de San Salvador con sede en Santa Tecla negó haber ordenado el desalojo de los vendedores y aseguró que hubo una «mala interpretación» por parte del personal de la alcaldía de La Paz Centro.

Ante ello, Joya señaló que junto al aviso penal, se presentó un escrito dirigido al fiscal general, Rodolfo Delgado, para conocer sobre los resultados de la vista pública en contra del edil de La Paz Centro.

El juicio se realizó en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, sin embargo, el abogado de Unidehc sostuvo que «no ha tenido el resultado que obviamente las comerciantes están esperando, que es el tema de resarcimiento», debido a que presuntamente se habría llegado a un acuerdo con la representación fiscal en el caso de la quema de las ramadas.

Según lo mencionado por el abogado, el alcalde de La Paz Centro reconoció en un 50 % los daños causados, pero no se abordó sobre las pérdidas materiales de los comerciantes de la zona.

El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador resolvió, en audiencia preliminar, que Ayrton Ricardo Villalta Vargas sea enviado a juicio por el homicidio de cuatro personas en una vivienda del barrio Santa Anita, en San Salvador, el 27 de diciembre de 2023.

“Se realizó la audiencia preliminar, en el cual se expuso todas las pruebas con la que cuenta la Fiscalía, que ha sido útil y pertinente y la cual ha sido muy basta para probar que el acusado fue la persona que realizó los homicidios a dos de sus familiares”, informó la fiscal del caso a través un video de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Villalta Vargas ingresó a la vivienda de las víctimas en donde se encontraban reunidos cuando cometió el crimen y posteriormente procedió a robar sus celulares y huyó en el vehículo de una de las víctimas.

“Los casquillos que se encontraron dentro de ese vehículo cuando obtuvo el disparo porque no quiso ser detenido con la policía concuerdan con los casquillos que se encontraron en la escena que fue en el barrio Santa Anita, casa #1031”, detalló la FGR.

Asimismo, agregó que cuentan con el barrido de manos y ropa que se le realizó al procesado al momento de su captura, dando positivo.

“Podemos probar que el acusado ese 27 de diciembre de 2023 aproximadamente a las 18:00 horas (6:00 p.m.) mató a cuatro personas, dos de ellas eran sus familiares, un amigo y la esposa de uno de sus primos”, sostuvo la representación fiscal.

En la audiencia se desarrolló el reconocimiento de personas, sobre las víctimas de robo agravado que hizo después que cometer el cuádruple homicidio, el cual señalaron dio positivo. Ante ello, se le suma el delito de hurto agravado.

La Fiscalía afirmó que Villalta Vargas es pandillero del Barrio 18 que operaba en el Barrio Santa Anita, San Salvador, por lo que también será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

El 27 de diciembre de 2023, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la escena de un cuádruple homicidio ocurrido en la casa #1031, en la 15 avenida Sur y 20 calle poniente, del barrio Santa Anita, en San Salvador.

La versión de la PNC fue que cinco personas (las víctimas y el acusado) estaban departiendo y tras una discusión, el imputado sacó su arma de fuego y les disparó a los demás.

Las víctimas fueron identificadas como: William Antonio Hernández, Noé Emmanuel Henríquez Ramírez, Gloria Guadalupe Villalta y Joseline Magali Rivas.

La captura de Ricardo Villalta se realizó tras una persecución policial, que finalizó en el Paseo General Escalón, cerca de la plaza Beethoven, donde para neutralizarlo los agentes de la PNC le dispararon a Villalta en su pierna izquierda.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador programó para el próximo 21 de febrero la lectura del fallo del caso en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por el delito de incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales.

Este martes se convocó a audiencia para dar a conocer si la Fiscalía General de la República obtuvo la certificación de un documento que el exdirector de Finanzas pidió fuera incorporado como prueba.

“La titularizadora respondió que el documento que se pretendió obtener este día está en poder de la Superintendencia del Sistema Financiero, entonces el Tribunal lo que va a optar es pedir el oficio para que se remita el documento”, explicó el abogado Jacobo Nolasco, defensor de Santos Omar Muñoz.

El documento corresponde a una titulación de la catalizadora de seguros que certificó a la Alcaldía con “grado A” en su gestión, lo cual se logró gracias al manejo que tuvo la comuna, según la argumentación de la defensa.

Ante ello, se ordenó que los fiscales remitan la certificación al Tribunal durante el tiempo de pausa, antes de que se emita una resolución del caso.

Con esto, los jueces del referido Tribunal dieron por finalizado este martes la vista pública del caso, donde son procesados el exedil junto con el exdirector de Finanzas, Santos Omar Muñoz; el extesorero, Fernando Portillo y el exrepresentante legal de Desechos Sólidos, Francisco Chacón.

Los cuatro exfuncionarios municipales son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.

Los jueces manifestaron que dicha fecha, donde se prevé conocer el resultado del caso, podría modificarse, debido a la extensa documentación a revisar antes de emitir una sentencia o absolución.

La semana pasada se realizaron los alegatos finales de parte de la defensa, con su respectiva réplica de parte de la Fiscalía, y están a la espera del fallo del Tribunal.

En su intervención, la FGR solicitó una condena de 22 años de cárcel, 16 por el delito de incumplimiento de deberes y 6 por el delito de retenciones tributarias.

En su derecho a la última palabra, el exalcalde Muyshondt denunció que la Fiscalía ejerció presiones sobre los tres procesados en el caso para que presentarán testimonios falsos.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

El Socorro Juridico Humanitario (SJH) expresó su rechazo a la reciente propuesta presentada en la Asamblea Legislativa, que busca permitir el encarcelamiento de menores de edad en prisiones de adultos.

La semana pasada, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro envió una iniciativa de reformas a la Ley Penal Juvenil, la cual pretende que los menores infractores en detención sean trasladados a centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales con «separación de pabellones».

“Cómo se les ocurre querer aprobar una reforma que sea capaz de llevar a un niño de 12, 13 años a estar mezclados con pandilleros como lo es en (el penal de) Izalco, a estar mezclados con pandilleros en el Cecot, donde sí están condenados”, cuestionó la directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, en una entrevista televisiva.

Escobar sostuvo que dicha medida viola los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.

“Quieren aprobar una reforma que sea capaz de llevar a un niño a mezclarse con pandilleros activos a donde hay un enorme hacinamiento, enfermedades, insuficiencia renal, gente que se está muriendo todos los días, cadáveres enterrados en fosas clandestinas dentro del centro penal de Izalco”, expresó.

En ese sentido, Escobar recalcó que los menores de edad tienen una protección especial, según los tratados internacionales, los cuales están por encima de la ley que buscan reformar.

La directora de Socorro Jurídico se refirió al caso de 11 menores de edad de Jiquilisco, Usulután, que son acusados por agrupaciones ilícitas.

Ellos fueron sentenciados por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel a cinco años en un centro de internamiento y cinco en libertad bajo medidas.

Escobar dijo que están en proceso de apelación de uno de los jóvenes y será denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Estamos en el proceso de apelación de esa sentencia. Vamos a casar la sentencia de ser necesario y vamos a ir a las Naciones Unidas”, expresó.

Recientemente, otros 10 menores de edad fueron enjuiciados por supuestas agrupaciones ilícitas, debido a un video divulgado en redes en el cual hacían señas alusivas a pandillas desde un centro escolar en Chalatenango.

De los 10 muchachos, los siete fueron absueltos y los tres condenados continuarán recluidos, cinco años de internamiento y cinco años de libertad asistida.

Escobar señaló que unos 3,200 menores de edad han sido capturados bajo el régimen de excepción, de los cuales al menos 1,800 han sido condenados.

A 34 meses de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, el Socorro Juridico Humanitario (SJH) denunció que al menos 366 privados de libertad han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño.

La representante de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, manifestó que se trata de una gran cantidad de reos que han muerto, pero que existen denuncias que las cifras podrían ascender a 1,000, «esto luego de ser víctimas de torturas y al ser negados de recibir atención médica».

«Son 366 víctimas mortales en centros penales actualizada a este día, pero quiero decir algo, 366 por lo menos porque son mas de 1,000 muertos, pero esta cifra puede ser el triple de personas fallecidas en centros penales, son más de 1,000 muertos y el gobierno lo sabe» declaró la directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, en una entrevista televisiva.

De acuerdo con los registros que la organización tiene sobre las muertes en centros penitenciarios, señalan que un 40 % fueron muertes violentas y un 30 % ocurrieron por negligencia médica.

Escobar señaló que la insuficiencia renal aparece constante en las causas de muerte, sin embargo, sostuvo que dicho padecimiento puede agravarse por el maltrato físico al interior de las cárceles.

Según expuso, la opinión de un médico forense del mandato de Muertes Extrajudiciales en Naciones Unidas indicó que una causa de la insuficiencia renal es una golpiza, razón por la que la mayoría de procesados que mueren por esa enfermedad, a pesar que sean jóvenes y tengan poco tiempo en prisión.

La directora de Socorro Jurídico aseveró que los detenidos que son enviados a centros penitenciarios sufren de golpizas, desde el primer día de internamiento.

¿Dónde se reportan las muertes?

El centro penal donde más han muerto personas detenidas del régimen de excepción ha sido la cárcel de Izalco, en Sonsonate, con un 40 %, el cual aseguró que «es el centro de muerte y tortura mas grande de este país».

Asimismo, Socorro Jurídico contabiliza que un 21 % de las muertes fueron en el Centro Penal La Esperanza, conocido como «Mariona», un 11 % fueron en Planteos y un 9 % en penal de Quezaltepeque.

Mientras que un 5 % de los decesos se reportaron en Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, en La Libertad, iguales porcentajes en penal de Santa Ana, y otras prisiones y un 4 % en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC).

Escobar enfatizó que en el Centro de Confinamiento contra el Terorismo (Cecot), donde los cabecillas de las pandillas están encarcelados, no se reportan muertes.

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 y sigue vigente a la fecha. Actualmente se reportan más de 85,000 personas detenidas señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas, bajo dicha medida.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, encargado del caso de difamación que involucra al exalcalde de San Miguel, Will Salgado, desestimó la juramentación de un perito propuesto por la defensa.

“Para este día había sido programada una diligencia relativa a tomar un juramento sobre una pericia que nosotros como defensa técnica habíamos solicitado para efectos contables y económicos”, informó el abogado del exalcalde migueleño, Luis Felipe Su00e1nchez.

El abogado señaló que las razones para no aceptar la juramentación del perito, se debe a que no cumplían con los requisitos necesarios para la aceptación de un nuevo peritaje.

Ante ello, Sanchez dijo que procederá a la lectura de la resolución dada este lunes en horas de la mañana, para determinar el mecanismo a seguir.

El abogado señaló que no pueden detallar más información del caso, debido a que está bajo reserva total, pese a que se presentó una solicitud para que se cambiará a una reserva parcial, sin embargo, fue negada.

El abogado agregó que la vista pública está programada para el próximo 12 de febrero a las 2:00 de la tarde.

Will Salgado es acusado de difamación en perjuicio de la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (Itexsal) por declaraciones que hizo dónde pondría en duda el uso de los fondos estatales que recibe la institución.

La demanda interpuesta fue por $3 millones, monto que Salgado declaró desde el inicio del proceso judicial que no tenía problema con pagar si perdía el caso.

En septiembre de 2024, los abogados de la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos presentaron una demanda en contra del exalcalde de San Miguel, Will Salgado, por el delito de difamación, por emitir presuntas declaraciones que ponen en duda el uso de los fondos estatales que recibe la fundación.

Según los abogados, Salgado afirmó que el dinero es utilizado para fines políticos, y en su pretensión pide que sea condenado y que pague $3 millones en concepto de daños y perjuicios.