Autor: Dania Quehl

Un grupo de 30 organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos y ambientalistas reiteraron este miércoles su rechazo al nuevo proceso penal que enfrentarán los líderes ambientalistas de Santa Marta, en Cabañas, y hacen presión para que sean absueltos en la siguiente vista pública programada para el próximo mes de febrero.

El pronunciamiento de los movimientos sociales resalta el descontento sobre la decisión de revertir el juicio, que dejó inicialmente absueltos a ocho excombatientes del FMLN, después de haber sido enjuiciados en octubre de 2024, por el presunto asesinato de una persona durante el conflicto armado.

Ante ello, enfatizaron su rechazo sobre la decisión de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, Cuscatlán, de repetir el juicio en un Tribunal de Sentencia de San Vicente, y revertir la absolución de los ocho acusados, bajo el argumento que las juezas de Sensuntepeque no resolvieron el fondo del caso sino que se abordó sobre la forma de proceso penal.

Representantes de las organizaciones señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una acusación “sin pruebas”, basada en un “testimonio contradictorio” de un testigo protegido y sin el cuerpo del delito, por lo que aseguraron que se trata de un “precedente nefasto” en el sistema judicial de El Salvador.

“Consideramos que la repetición de la vista pública, ordenada de manera arbitraria y subjetiva por la Cámara Penal de Cojutepeque representa un precedente nefasto en el sistema judicial salvadoreño porque en la práctica constituye un doble juzgamiento”, expresó Vicente Cuchillas, docente universitario de la Universidad de El Salvador (UES).

La nueva vista pública está programada para desarrollarse entre los días del 3 al 6 de febrero de 2025.

“Es la lucha para que nuestros compañeros queden en libertad definitiva y ellos ya tienen la libertad, pero claro aquí hay una necesidad de la fiscalía de querer seguir manteniendo este caso que ha sido insostenible hasta hoy”, manifestó Vidalina Morales, vocera de la comunidad de Santa Marta.

A la conferencia se unieron representantes de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), Asamblea de los Pueblos, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP), Caminata Ecológica, Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), Colectivo de Derechos Humanos «Herberth Anaya», Colectivo Universitario por la Democracia, Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador (COFAPPES), Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Coordinadora Nacional de Pueblos Originarios, Foro Ecuménico de las Iglesias de El Salvador y del Foro del Agua.

Así como miembros del Foro Nacional de Salud, Justicia Social y Contraloría Ciudadana, Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR), Mesa por el Derecho a Defender Derechos, Mesa por la Justicia Climática, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario (MODES), Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, Red Continental Cristiana por la Paz (REDCOMPAZ), Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador (UES), Socorro Juridico Humanitario (SJH) y Vía Campesina El Salvador.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio contra ocho personas por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

En el proceso penal eran acusados: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.

La Fiscalía sostenía que los acusados, excombatientes del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

En la lectura del fallo, el 18 de octubre del año pasado, el referido Tribunal resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, principalmente, porque el caso no configuraba los requisitos como crimen de guerra.

El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta, distrito de Victoria y de Guacotecti, en Cabañas. El proceso cobró relevancia porque de los detenidos, cinco son líderes ambientalistas que encabezaron la lucha antiminera.

La comunidad de Santa Marta siempre ha defendido que sus cinco líderes ambientalistas son inocentes y que se trata de un caso político relacionado con la reactivación de la minería metálica en El Salvador, aprobada en diciembre del año pasado.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó este miércoles que el territorio salvadoreño seguirá bajo la influencia de vientos nortes,

con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El meteorólogo del Marn, Roberto Gonzalez, señaló que para este día se prevén vientos nortes y Noroestes, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora (km/h).

Mientras que las ráfagas podrían alcanzar hasta los 50 km/h, con énfasis en las zonas altas del occidente y centro del país, así como algunos puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

“Se mantendrá el cielo mayormente despejado y solamente en horas de la tarde tendríamos un ligero incremento de nubosidad con mayor énfasis en la zona oriental del país y generar lluvias significativas”, informó Gonzalez en el reporte meteorológico.

Dichas condiciones son influenciadas por un sistema de Alta Presión ubicado en las cercanías de Texas, en Estados Unidos que empuja a un frente frío en la región del Caribe y orienta Vientos Nortes hacia el territorio nacional.

A pesar de los vientos, Medio Ambiente advierte de un ambiente caluroso en las primeras horas de la mañana, con temperaturas máximas de 35 para la zona occidental, en la zona central con 36 grados de calor y para el oriente del país, advierten que las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados Celsius.

Una rastra chocó contra los separadores de vía en la carretera Panamericana, a la altura de la incorporación al bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, informaron este miércoles usuarios en redes sociales.

De acuerdo con la información compartida, el accidente ocurrió debido a que el vehículo de carga sufrió desperfectos en su llanta delantera e impactó con los separadores de la vía, en la incorporación al bulevar Santa Elena.

En el percance no se reportaron personas lesionadas.

Ante ello, gestores del Viceministerio de Transporte, (VMT) acudieron al lugar para reorientar el paso vehicular a fin de agilizar el tránsito en la zona.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra del 1 al 6 de enero de 2025, un total de 231 accidentes de tráfico, en los cuales 153 personas resultaron lesionadas y 12 han muerto.

Según los datos, en los primeros seis días del año se contabilizaron 32 percances viales que ocurrieron debido a un choque.

Destacar que en el acumulado del año 2024, se reportaron 20,301 accidentes de tránsito, de estos 1,640 fueron relacionados con transporte de carga.

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador dejó en libertad a Mariano Fernando Herrera, un ciudadano estadounidense que había sido detenido por presuntamente manejar en estado de ebriedad a finales del año 2024.

El acusado enfrentó audiencia inicial el lunes 6 de enero, donde se decretó sobreseimiento definitivo, debido a que se presentaron exámenes toxicológicos, donde se determinó que Herrera no tenía alcohol en la sangre, ni drogas.

“La Fiscalía (General de la República) no pudo soportar el requerimiento fiscal y desde luego no había prueba. La jueza hizo justicia”, expresó Herrera a periodistas en los Juzgados de Paz, a la salida de la audiencia.

Herrera fue capturado el 28 de diciembre de 2024, y fue acusado por el delito de conducción peligrosa, bajo las reformas de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad, la cual prohíbe el consumo total de alcohol, de lo contrario son detenidos.

Herrera, residente de California, Estados Unidos denunció que había sido capturado de manera injusta, luego de haberse sometido a una prueba de alcohol en un dispositivo antidoping y que el examen saliera a cero.

Sin embargo, tras la publicación de la denuncia de Herrera, el Viceministerio de Transporte (VMT) publicó un video donde señalaron que la detención se debió a que Herrera se había negado a realizar el test de alcoholemia y posteriormente mencionó que no se había realizado de “manera adecuada.”

La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) ha presentado ante los Juzgados de Paz a 20 conductores, 13 el lunes y siete este martes para iniciar con el proceso judicial por el presunto delito de conducción peligrosa.

Entre otros de los conductores que enfrentaron este martes audiencia y fueron liberados está una mujer de nacionalidad guatemalteca, a quien se le encontró con 20 grados de alcohol en la sangre.

En este caso el Juzgado Primero de Paz otorgó la suspensión condicional del procedimiento, que conlleva a medidas alternas a la detención, entre ellas, abstenerse a ingerir bebidas alcohólicas y presentarse a firmar cada cierto tiempo al juzgado.

Oficiales de tránsito confirmaron a periodistas que todos los conductores que han sido presentados en los juzgados y tuvieron resolución del caso fueron puestos en libertad de forma inmediata.

Se espera que en lo que resta de la semana continúen presentando a más conductores que fueron detenidos durante el periodo festivo de Navidad y Fin de Año 2024.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador decretó suspensión temporal de nueve días del juicio en contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios municipales más, con el fin de realizar una investigación suplementaria.

El objetivo de dicha investigación es actualizar los datos de los estados de cuenta de las instituciones financieras relacionadas en el caso, donde se acusó al exedil por incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales.

«Lo que sucede es que como hay instituciones que efectivamente se ha registrado pago, entonces han hecho una suspensión de nueve días para acreditar si esos pagos están hechos o no», explicó el abogado Jacobo Nolasco, encargado de la defensa del exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz.

El proceso judicial continuará hasta el próximo viernes 17 de enero a las 8:30 de la mañana con la presentación de los alegatos finales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

En el caso se procesa al exalcalde de San Salvador, por los delitos de incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales a trabajadores de dicha alcaldía, así como por retenciones tributarias.

A estos se suman el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón; el exdirector de Finanzas de la Alcaldía, Santos Omar Muñoz; y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo.

En la jornada de este martes, se presentaron nueve empleados de la alcaldía de San Salvador y Desechos Sólidos, quienes manifestaron sobre el incumplimento del pago de cuotas Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como en instituciones bancarias donde tenían créditos.

Con ellos, la Fiscalía finalizó el desfile probatorio de testimonios y se espera que cuando se retome el juicio se continúe con los alegatos finales, debido a que la defensa señaló que no presentará declaraciones de testigos.

El abogado de Muyshondt, Óscar Argueta, solicitó que se agreguen como prueba documenta,l recortes de artículos periodísticos del año 2020, relacionado con la situación que enfrentaba la comuna capitalina durante la pandemia, los cuales servirán «para refrescar» la situación que enfrentó la comuna.

Los jueces del Tribunal de Sentencia aceptaron la incorporación de dichos documentos, así como actas que realizó el exalcade donde se expone la solicitud del crédito no aprobado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L.Cosavi para paliar la crisis financiera que enfrentaba la comuna.

Un aparatoso accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta se registró la noche del lunes entre la Alameda Franklin Delano Roosevelt y avenida Baden Powell, de San Salvador, fue captado por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro.

El video difundido por medio de la cuenta de la Unidad de Prensa de la alcaldía de San Salvador Centro, en su cuenta de X, muestran el momento en que el motociclista impactó contra el vehículo al momento en que procedía a realizar el cruce de intersección.

Tras el accidente, el motociclista y su acompañante cayeron sobre el asfalto, luego de ser levantados por el impacto contra el vehículo.

De acuerdo a datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1 al 6 de enero de 2025, se registraron 231 accidentes de tránsito, en estos 153 personas resultaron lesionadas y 12 han muerto.

La distracción del conductor y la invasión del carril son las principales causas de los percances viales.

El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, denunció este lunes por segunda ocasión ante los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia que no ha recibido el chequeo médico por parte del Instituto de Medicina Legal (IML), pese haber sido aprobado en diciembre de 2024.

“Medicina Legal aún no ha venido, y si ha venido no se le ha permitido el ingreso”, manifestó Muyshondt vía remoto desde el penal de Ilopango, durante la reanudación del juicio.

El exalcalde de San Salvador solicitó el 16 de diciembre de 2024, una revisión médica de Medicina Legal; ya que afirmó que desde septiembre del año 2023 fue trasladado al hospital Psiquiátrico, en Soyapango, y que desde entonces no había recibido atención médica.

El 20 de diciembre, el exalcalde de San Salvador denunció por primera vez que no se permitió el acceso de los peritos con el argumento que estaba en desarrollo el juicio y no se podía interrumpir, por lo que los jueces acordaron enviar un aviso para que se cumpla la orden el 23 de diciembre del año pasado, sin embargo, según el exfuncionario no se cumplió.

Según el reporte dado en el juicio, el 23 de diciembre de 2024 los peritos llegaron al penal de Ilopango, pero se negó el acceso porque “no había autorización del director general de Centros Penales”.

Ante ello, la respuesta del organismo colegiado fue que solicitará información a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) sobre la negativa a acceso a los peritos de Medicina Legal y dependiendo de lo que respondan “veremos que medida se puede tomar”.

“La parte de Medicina Legal es sumamente importante porque he estado ilegalmente resguardado en un lugar donde se me ha tratado muy mal, sin ninguna justificación médica y sin orden judicial”, expresó Muyshondt.

El exalcalde de San Salvador también dijo que había solicitado libros judiciales y papel y lápiz para anotar y preparar su defensa, pero aseguró que no se le ha proporcionado, pese a que fue solicitado desde el inicio del juicio.

“Mi esposa me envió material para escribir y tampoco se permitió el ingreso, si se permitió el ingreso de algunas recopilaciones de ley que envió, pero no material para escribir. Si me permiten escribir acá (durante el juicio), pero cuando llego a mi celda no puedo escribir, ni tomar apuntes”, declaró el exfuncionario.

Muyshondt enfrenta juicio por supuesto incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales de la comuna capitalina y apropiación indebida de retenciones tributarias.

El exfuncionario aseguró que desde que se ordenó la revisión médica no ha llegado ningún perito al penal de Ilopango, donde guarda prisión.

El exalcalde acusó en diciembre de 2024 al director del hospital Psiquiátrico de haber ordenado torturarlo y posteriormente trasladado al penal de Ilopango, y aseveró que su traslado desde el penal de La Occidental a Ilopango no consta en su expediente.

El Juzgado Décimo Segundo de Paz, de San Salvador, ordenó este lunes en audiencia inicial, detención provisional en contra de Israel Francisco Jiménez, acusado por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), el 21 de diciembre de 2024, el acusado atropelló a una persona en la Avenida Juan Aberle de Mejicanos, mientras conducía en estado de ebriedad.

Según el relato de la acusación, posteriormente, arrastró el cuerpo de la víctima aproximadamente cuatro kilómetros.

El percance vial fue atendido por miembros de Cruz Verde Salvadoreña, quienes presenciaron el hecho y al intentar detener al conductor, éste se dio a la fuga.

Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades solo encontraron rastros de sangre y fragmentos del bómper de un vehículo sedán marca BMW.

El imputado fue localizado posteriormente en la colonia Santa Rosa, en el distrito de Cuscatancingo, donde fue detenido y a la prueba de alcoholemia practicada arrojó un resultado positivo de 127 miligramos de alcohol en la sangre.

Ante ello, el caso pasará a fase de instrucción, por lo que el imputado seguirá detenido hasta que se determine la siguiente etapa del proceso judicial.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un conductor identificado como William Alexander Domínguez Hernández, quien presuntamente es responsable de trasladar aproximadamente un kilo de marihuana y más de $900 que no pudo testificar.

De acuerdo con la corporación policial, Domínguez Hernández fue detenido la noche del lunes sobre la prolongación de la 10 avenida Norte y 39 calle Oriente, en la colonia Jardínes de Monpegón, en el municipio de San Salvador Norte.

La PNC aseguró que el detenido será procesado por tráfico ilícito de drogas.

La detención se realizó mediante el trabajo de Inteligencia Policial en conjunto con elementos de las Fuerzas Especiales de la institución policial.

Por otra parte, la PNC informó la mañana de este martes la captura de Jorge Antonio Rodríguez Serpas, de 42 años, quien es reclamado por un juzgado de San Miguel desde el 2013 por el delito de homicidio agravado.

La captura se realizó mediante orden judicial en la colonia Guayacán, en el distrito de Soyapango, en San Salvador Este.

“Sus días de impunidad terminaron, ahora deberá pagar con cárcel su delito”, afirmó la PNC en su cuenta de X.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador reanudó este lunes el juicio contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y tres exfuncionarios municipales por el delito de incumplimiento de deberes y retenciones tributarias.

En la jornada del día, seis empleados y exempleados de Desechos Sólidos testificaron que las cuotas laborales eran descontadas, pero no aparecían reflejadas en las cuentas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como en instituciones bancarias donde tenían créditos.

Uno de los testigos aseguró que para el año de 2019, cuando era empleado de Desechos Sólidos, tenía vigente un crédito con una cooperativa, el cual se cancelaba con los descuentos que se efectuaban a su sueldo, situación que se agravó cuando dejaron de transferirse.

“Me afectó el hecho que tuve que prestar un monto mayor para solventar intereses que el préstamo anterior, que no había sido pagado, me había generado”, manifestó el extrabajador de Desechos Sólidos.

Otro de los testigos declaró que la falta de pago afectó económicamente con los préstamos bancarios que tenía en esa época, por lo que tuvo que recurrir a otras formas para recurrir a un préstamo y cancelar los intereses que habían adquirido el primer crédito. “Tuve que prestar a los usureros directamente para sobrevivir y comer”, dijo.

A su vez, otro exempleado de Desechos Sólidos aseguró que para paliar la problemática con la cooperativa donde tenía un préstamo vigente tuvo que realizar un refinanciamiento para solventar las deudas que se acumulaban. A esto último, el testigo expresó que la entidad donde laboraba no retribuyó ningún monto por los atrasos generados.

El 4 de diciembre de 2024, el referido Tribunal de Sentencia instaló el juicio contra el exalcalde de San Salvador, por los delitos de incumplimiento de deberes, en el pago de cuotas laborales a trabajadores de dicha alcaldía, así como por retenciones tributarias.

A estos se suman el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón; el exdirector de Finanzas de la Alcaldía, Santos Omar Muñoz; y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo.

La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.

La defensa enfatizó que la mora por la que son procesados los exfuncionarios municipales ya fue cancelada, por lo que resaltan debe ser considerada cuando se emita la resolución del juicio.