Autor: Iliana Cornejo

El nuevo obispo designado para la arquidiócesis de Nueva York, Ronald Hicks, expresó un mensaje en español en la misa del pasado 18 de diciembre donde el cardenal conservador, Timothy Dolan, lo presentó ante la feligresía en una misa de adviento.

«Quiero que ustedes sepan que no tienen un obispo que no solamente habla español si (no) que también tengo un corazón enorme para la cultura latina y la gente hispana».
Ronald Hicks, nuevo obispo de Nueva York. 

Monseñor Hicks es un misionero desde sus inicios, ha vivido en México, pero entre 2010 y 2015 radicó en El Salvador como director regional de los hogares Nuestros Pequeños Hermanos, dedicados al cuido de menores en abandono, con sede en Santa Ana.

Durante la misa celebrada en la catedral de San Patricio, el pasado 18 de diciembre, monseñor Hicks agradeció a la feligresía, en español, por su fe y acompañarlo.

En una rueda de prensa, tras la misa, el prelado sentó su postura y dijo que si bien es cierto quiere un país donde se respetan las leyes, también «un país que defienda la dignidad humana, el respeto, tratando bien a todos».

A través del sitio Buenanoticia.org el sacerdote, oriundo de Chicago, manifestó un mensaje: «Somos un pueblo, lo más importante es entender que todos nosotros somos hermanos y hermanas y tratar el uno al otro con respeto, con dignidad, con paz, con justicia, ese es el mensaje, no solamente para los migrantes sino para todos nosotros, es una manera de vivir».

El pasado 18 de diciembre, el papa León XIV designó a Hicks como nuevo obispo de Nueva York tras recibir la renuncia del cardenal Tomothy Dolan, quien alcanzó la edad designada por la iglesia para permanecer en el cargo.

«El padre Ron», como era conocido por su rebaño salvadoreño, es señalado como un prelado «tradicional» y de lado hacia los hispanos, los perdidos y pobres. Habla un español fluido y esperan que su experiencia en El Salvador sea valiosa en su nueva relación con los hispanos en Nueva York.

Según infocatólica, en 2015 fue nombrado vicario general arquidiocesano en Chicago y tres años más tarde, obispo auxiliar de esa misma diocésis natal.

Tras su partida de El Salvador, Hicks mantuvo el vínculo con NPH, aunque ahora menos por sus labores y responsabilidades, su pasó por el pulgarcito de América le dejó una huella, tanto así que su escudo episcopal lleva una rama de romero, en honor al obispo mártir salvadoreño, San Óscar Romero, de quién es seguidor.

El Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, urgió este miércoles a los palestinos desde la Plaza del Pesebre en Belén a celebrar y disfrutar de esta Navidad, tras dos años de ofensiva bélica en Gaza.

«Lo que vi en Gaza es un desastre (…) pero también vi allí el deseo de vivir», dijo el cardenal, que visitó el pasado fin de semana la ciudad de Gaza y su única parroquia católica, la iglesia de la Sagrada Familia.

«Es posible celebrar en Gaza, es posible celebrar en Belén. Necesitamos celebrar no solo hoy, sino todos los días del año», añadió el prelado, pese a que reconoció que aún quedan problemas por resolver.

Las palabras de Pizzaballa fueron escuchadas tan solo por decenas de familias palestinas, tras dos años sin festividades navideñas en solidaridad por Gaza y otros dos años antes debido a la covid.

Solo en estas Navidades, se volvieron a escuchar de nuevo los tambores y las gaitas de miles de ‘boys scouts’ palestinos procedentes de Beit Sahour, Birzeit y Jerusalén, entre otras ciudades.

Además, Pizzaballa aseguró que hoy veía «la luz de Belén» -donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús- y la luz en todos los que habían acudido allí, y de nuevo apeló al espíritu lúdico navideño.

«La luz de Belén es la luz del mundo», dijo el patriarca latino quien añadió que en Gaza, «en medio de la nada, pueden celebrar y disfrutar a pesar de la nada. Esto nos recuerda que es posible levantarnos de la devastación humana».

Pizzaballa, de la orden franciscana, es la máxima autoridad católica en Tierra Santa. Su título de Patriarca Latino de Jerusalén, que le fue otorgado en 2020, le convierte en el representante del papa en la zona y quien supervisa las iglesias de rito latino (católicas) en Israel, Palestina, Jordania y Chipre.

Las autoridades de Panamá informaron este miércoles del decomiso de 916 paquetes de droga hallados a bordo de una lancha interceptada en las costas del Pacífico del país centroamericano.

La sustancia ilícita fue incautada durante el «allanamiento y registro a una embarcación que fue localizada de manera sospechosa al Sur de Punta Coco» por el Servicio Nacional Aeronaval, indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en un mensaje en sus redes sociales.

En esta operación se aprehendieron a dos hombres, cuya identidad no fue rebelada. El peso total del alijo y el tipo de droga no fue precisada por las autoridades, aunque los paquetes pesan generalmente al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

Israel acusó este miércoles al grupo islamista Hamás de violar el alto el fuego después de que un artefacto explosivo hiriera a un soldado israelí durante una operación en Rafah, sur de la Franja, según un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que afirma que «Israel responderá en consecuencia».

«La continua negativa pública (de Hamás) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel», recoge la nota oficial.

«Israel responderá en consecuencia», advierte el comunicado.

El Gobierno reiteró en su mensaje que Hamás debe cumplir lo pactado en el marco de la tregua, lo que «incluye su salida del gobierno en Gaza, la desmilitarización del enclave y un proceso de desradicalización».

Por su parte, los portavoces del Ejército israelí informaron este miércoles en un comunicado de que el artefacto explosivo fue detonado contra un vehículo blindado durante una operación «para despejar la zona de Rafah de infraestructuras terroristas».

Como resultado, un oficial de combate sufrió «heridas leves» y fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico.

La segunda fase del acuerdo en Gaza, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a países mediadores, recoge la retirada total de las tropas israelíes; además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

La primera etapa del acuerdo, que entró en vigor el 10 de este octubre, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás (queda aún un último cuerpo) y de los detenidos palestinos, en el lado israelí.

Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, que ha aumentado pese a que continúan las restricciones.

Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a los palestinos que consideran se acercan demasiado a la denominada ‘línea amarilla’.

El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70,900 -la mayoría civiles, entre ellos más de 20,000 menores de edad- mientras que los heridos ascienden a más de 171,000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva y los bombardeos de Israel, tras el ataque de Hamás en el que murieron 1,200 personas.

El documental que el programa estadounidense ’60 minutes’ tenía previsto emitir sobre las condiciones en el CECOT, la prisión de máxima seguridad salvadoreña, revela que prácticamente ninguno de los venezolanos enviados ahí por el Gobierno estadounidense de Donald Trump había cometido crímenes violentos y que casi la mitad de ellos no tenía antecedentes penales.

El segmento, de casi 14 minutos y que denuncia la violencia y condiciones inhumanas dentro del CECOT, apareció en diferentes plataformas online después de que la cadena CBS, argumentando que requería mayor investigación periodística, lo aplazara el domingo antes de su emisión.

Uno de los expertos entrevistados, Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch, participó en la redacción de un informe que revela que un 48.8 % de los hombres venezolanos encarcelados no tenían antecedentes penales y que solo el 3,1 % de ellos cometieron crímenes violentos.

Esto contradice las afirmaciones de la Administración Trump, que argumentó que estaba deportando criminales violentos ligados a bandas organizadas como Tren de Aragua cuando trasladó, sin el debido proceso, a unos 200 venezolanos a esta prisión levantada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en 2022.

Pappier afirmó que el estudio se ha basado en información obtenida de los propios registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de los arrestos y deportaciones de indocumentados en EE.UU.

El equipo de ’60 minutes’ contrastó esta información y confirmó los hallazgos a pesar de la falta de datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

En una conversación con la reportera Sharyn Alfonsi, Luis Muñoz, estudiante venezolano que ahora vive en Colombia, recuerda los abusos sufridos en el centro: «Lo primero que nos dijeron fue ‘bienvenidos al infierno’ y que nunca más volveríamos a ver la luz del día ni de la noche».

El reportaje documenta el hacinamiento y las brutales condiciones que sufren los prisioneros: literas de cuatro pisos sin sábanas ni colchones, la luz siempre encendida, temperaturas extremas y ni siquiera acceso a agua limpia.

Otro de los entrevistados, William Losada, relata cómo les obligaban a permanecer de rodillas las 24 horas del día: «Nos vigilaban para que no nos moviésemos. Si lo hacíamos nos llevaban a ‘la isla’. Una habitación sin luz y sin ventilación donde nos pegaban cada media hora y golpeaban la puerta con palos para traumatizarnos».

La propia Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal que hizo el reportaje, ha rechazado que el documental necesitara más investigación y ha tachado de «censura» la decisión de CBS, cuyo editor jefe, según la periodista, se mostró preocupado por el hecho de que la Casa Blanca, pese a haber sido consultada al respecto, no ofreciera su versión de los hechos en el documental.

Ayer mismo, un juez federal dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez, alegando que el Gobierno negó el debido proceso a cerca de los 200 venezolanos deportados al CECOT.

Una coalición de estados demócratas celebra este martes una victoria en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por haber recortado millones de dólares destinados a la lucha contra el terrorismo, tras negarse a usar fondos del estado para apoyar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Los demandantes alegaron ante un tribunal federal de Rhode Island que el recorte del DHS les colocó en «riesgo de sufrir daños irreparables» por los fondos que se asignaban a gobiernos estatales y locales para mejorar la preparación ante amenazas como el terrorismo, desastres naturales y otras emergencias.

En concreto, los fondos pertenecían al Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP) y fueron reasignados a otros estados.

«El tribunal no tiene ninguna duda en concluir que los demandantes corren el ‘riesgo de sufrir un daño irreparable’ porque el efecto de la pérdida de los fondos de emergencia y para casos de desastre no puede ser reparado posteriormente, y las consecuencias a largo plazo para la respuesta ante desastres y la seguridad pública son reales e irreparables», señaló la jueza Mary McElroy.

McElroy ordenó al DHS modificar las adjudicaciones del HSGP emitidas a los estados demandantes para reflejar los niveles de financiación que esta agencia había declarado previamente que asignaría, antes de los cambios de último momento en su decisión.

Igualmente, dictó que otros cambios significativos en los programas de preparación para emergencias, también implementados a última hora al final del año fiscal en septiembre, eran ilegales, y los anuló.

«Dado que el tribunal ha determinado que las acciones de los demandados son ilegales, el interés público favorece la adopción de medidas cautelares, ya que generalmente no existe interés público en la perpetuación de acciones ilegales por parte de una agencia gubernamental», indica el documento legal.

Los demandantes argumentaron que desde el comienzo de la segunda administración de Trump, el poder ejecutivo ha intentado repetidamente vincular la financiación federal de programas a la colaboración de los gobiernos estatales y locales con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El pasado 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional que «garantizara que las jurisdicciones denominadas ‘santuario’ no recibieran fondos federales».

Otra orden ejecutiva del 19 de febrero ordenó además a todos los departamentos ejecutivos que «garanticen, de conformidad con la legislación aplicable, que los pagos federales a los estados y las localidades no fomenten las llamadas políticas de ‘ciudades santuario’».

«Dado que los demandantes han prevalecido en sus reclamaciones, dado que se enfrentan a un daño irreparable y dado que el equilibrio de intereses y el interés público les favorecen, el tribunal considera que procede dictar una medida cautelar permanente», afirmó la jueza McElroy.

La demanda fue presentada por los fiscales de California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, y el gobernador de Pensilvania.