La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, en La Libertad, instaló este martes la audiencia probatoria en el proceso civil de enriquecimiento ilícito contra el exsecretario privado de la Presidencia de Mauricio Funes (2009-2014), Francisco José Cáceres Zaldaña, y su grupo familiar, por un monto total de $3.8 millones.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Cáceres, quien ocupó el cargo entre 2009 y 2014 durante el gobierno de Funes, no pudo justificar el origen lícito de $3,541,407.87 detectados en 44 irregularidades, entre ellas depósitos en efectivo, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como una diferencia negativa entre sus ingresos y gastos.
La demanda también alcanza a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien se le atribuyen 11 inconsistencias relacionadas con depósitos bancarios, compra de vehículos e inmuebles por $346,553.85. Asimismo, incluye a su hija menor de edad, de quien no revelaron nombre, por depósitos por $6,133.74 en una cuenta corriente.
El caso tiene como base un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que certificó más de 6,000 folios de pruebas administrativas y bancarias remitidas a la Fiscalía.
La pretensión fiscal es que los demandados reintegren el dinero al Estado y que Cáceres sea inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años. El fallo de esta audiencia será notificado el próximo viernes.
En mayo de 2024, por unanimidad el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra Francisco Cáceres Saldaña por 57 irregularidades y días más tarde, la Fiscalía lo acusó ante la Cámara Ambiental de la Segunda Instancia de Santa Tecla.
En febrero de 2025, la misma cámara juramentó a un perito contable para que determinara la cantidad exacta con la que Cáceres y su grupo familiar se habrían enriquecido mientras él estuvo en el cargo. La Fiscalía no ha revelado el resultado de esa pericia.
El exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña también fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio del 2018 junto con 32 personas en el caso conocido como “Saqueo Público”, sin embargo, nunca fue judicializado, ni en el caso de los presentes ni ausentes.
Francisco Cáceres, en la vista pública contra los procesados presentes, declaró en calidad de testigo criteriado pero sin protección a su identidad, se desconoce a cambio de qué beneficio procesal.
Los abogados siempre sostuvieron que el encargado de manejar los gastos reservados de Casa Presidencial en la gestión Funes fue Cáceres Saldaña, y lo señalan como el responsable del desfalco de los $351 millones.
