Decenas de miles de personas marcharon este viernes por el centro de la capital chilena para conmemorar el Día Internacional de las y los Trabajadores, en una movilización convocada por los principales sindicatos del país en defensa de derechos sociales que consideran «amenazados» por las políticas de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast.
«Denunciamos la agenda antipopular y anti trabajadores del actual gobierno, que ha privilegiado a los más ricos buscando rebajar sus impuestos y traspasando el costo de la crisis del petróleo a la clase trabajadora», dijo a EFE el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos.
El dirigente aludió al incremento en el precio de las bencinas (32 % en gasolina y 62 % en diésel) impulsado a fines de marzo por la subida del petróleo tras la guerra en Oriente Medio, medida que generó las primeras protestas contra el Ejecutivo.
«Queremos frenar la angustia que han generado estos anuncios, los recortes de planes y dictámenes que permiten la aplicación abusiva en materia de rebaja de jornada laboral», subrayó.
En los últimos días, el Gobierno anunció recortes en distintas carteras, entre ellos la disminución de 32,721 millones de pesos (unos 35 millones de dólares) al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, afectando programas orientados a infancia y juventud, aunque ha insistido en que «no se tocarán los beneficios sociales».
La marcha, primera gran demostración de rechazo durante la era Kast, se extendió por cerca de dos kilómetros a lo largo de la Alameda y se desarrolló de forma pacífica.
Entre los asistentes hubo sindicatos del retail, trabajadores del cobre, construcción, salud, comercio, producción, sector público, educación, transporte y organizaciones de vivienda.
También participó el Sindicato de Trabajadores de Reparto de Chile, que busca representar a unas 200.000 personas de entrega de domicilio, un sector prácticamente desregulado.
«Nuestros pagos han disminuido desde la pandemia, es uno de los sectores más precarizados y absorbe la cesantía generada por el contexto local y global. Queremos avanzar hacia una regulación laboral fuerte», dijo a EFE su secretario, Emilio Vigner.
Para ello, añadió, es clave articularse con sindicatos del continente, al tratarse de una «actividad transnacional».
La informalidad laboral en Chile alcanzó un 26,5 % en el trimestre enero-marzo, con un alza de 0,7 puntos en doce meses.
Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en Domicilio (Conatrado), Patricia Coñumán, denunció la «desregulación extrema» que enfrenta su sector, que reúne a cerca de 100.000 personas.
«Somos mayoritariamente mujeres, sin seguridad social ni contrato de trabajo, los invisibles de los invisibles», afirmó a EFE.
En los próximos días, el Gobierno y la CUT continuarán negociaciones sobre el salario mínimo tras el fracaso de la primera ronda de conversaciones esta semana, uno de los más altos de la región, aunque aún por debajo de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
