Redacción DEM

Autor: Jessica Guzman

  • Hacienda pide exoneración de impuestos para donativo de medicamentos para pacientes con cáncer

    Hacienda pide exoneración de impuestos para donativo de medicamentos para pacientes con cáncer

    El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una exoneración de impuestos para el ingreso al país de un donativo de medicamentos oncológicos destinado al Hospital Nacional Rosales, con el fin de fortalecer el tratamiento para pacientes con cáncer en El Salvador.

    El donativo, gestionado por la fundación internacional MaxAid, consiste en 950 cajas de Glivec FCT de 400 mg y 530 cajas de Glivec FCT de 100 mg, fármacos utilizados en el tratamiento de leucemia mieloide crónica y tumores del estroma gastrointestinal. Este ingreso está respaldado por la factura número 20250502-18287-CH-NVS-DIR, fechada el 6 de mayo de 2025.

    Según la petición enviada al Legislativo, el Ministerio de Salud estaría exento de pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), así como los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI)y costos de bodegaje que genere el ingreso de estos medicamentos al país.

    La fundación MaxAid, reconocida por brindar acceso a tratamientos a pacientes con cáncer en países en desarrollo, es la responsable de esta donación, dirigida especialmente a personas de escasos recursos que reciben atención en el Hospital Rosales, uno de los principales centros médicos públicos del país.

    La iniciativa de exoneración fiscal será conocida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que ha sido convocada para el próximo lunes 28 de julio. De ser aprobada, permitirá la entrega sin restricciones fiscales de estos medicamentos vitales.

    Este esfuerzo conjunto entre entidades nacionales e internacionales representa un paso importante para garantizar el acceso gratuito y oportuno a tratamientos oncológicos en la red pública de salud.

     

  • El gobierno daría estos beneficios fiscales a personas y empresas que contraten a salvadoreños retornados

    El gobierno daría estos beneficios fiscales a personas y empresas que contraten a salvadoreños retornados

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que incluye incentivos fiscales para empresas y personas que contraten a salvadoreños retornados. El objetivo principal es promover la reinserción laboral de connacionales que regresan al país.

    El anteproyecto contempla que el Ministerio de Trabajo creará un registro oficial denominado “Empleos para Salvadoreños Retornados”, con el fin de identificar oportunidades laborales dirigidas a quienes fueron deportados o decidieron regresar voluntariamente a El Salvador.

    Según el texto de la iniciativa, las personas naturales o jurídicas que contraten a salvadoreños retornados podrán acceder a deducciones del impuesto sobre la renta, dependiendo de la cantidad de empleados contratados bajo esta modalidad.

    Las empresas deberán cumplir con requisitos como estar al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y haber operado en el sector formal durante al menos seis meses previos a la solicitud.

    Entre los beneficios fiscales que contempla la ley se encuentran:

    • Deducción equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes si contratan entre dos y seis personas retornadas.
    • Deducción de cuatro salarios mínimos si contratan entre siete y doce.
    • Deducción de cinco salarios mínimos si emplean a más de trece personas retornadas.

    Estos incentivos solo aplicarán en el año fiscal en que se realicen las contrataciones y siempre que se compruebe el pago efectivo de los salarios acordados, ya que no serán acumulables para ejercicios fiscales posteriores.

    La fiscalización y control de las deducciones estará a cargo del Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley será evaluado por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

     

     

  • Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, con el fin de establecer un marco legal que incentive el retorno o establecimiento temporal de salvadoreños que residen en el exterior, mediante estímulos económicos y sociales de hasta $100,000.

    La normativa contempla la creación del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que será responsable de diseñar la Política Nacional sobre Movilidad Humana y coordinar programas públicos de asistencia, así como gestionar cooperación internacional en esta materia.

    Entre los principales beneficios que ofrece la iniciativa se encuentra la exención total de impuestos para la importación del menaje de casa del grupo familiar, por única vez, siempre y cuando el valor no supere los $100,000. Además, permite la importación libre de impuestos de dos vehículos livianos para uso personal, con la condición de que no sean considerados chatarra.

    También se contempla la importación de vehículos de trabajo, catalogados como herramientas laborales, y la exención de aranceles para bienes, insumos, equipos y herramientas relacionadas con el oficio o actividad productiva del retornado, dentro del primer año de su regreso al país.

    Para acceder a estos beneficios, los salvadoreños deberán presentar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, establecer un domicilio en El Salvador y realizar la modificación respectiva en su Documento Único de Identidad (DUI). Quedan excluidos quienes tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso.

    Con la aprobación de esta nueva ley, se derogará la actual Ley Especial Transitoria de Incentivos y Tratos Preferenciales, que otorgaba beneficios fiscales por hasta $70,000 en menaje de casa.

  • Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas de los partidos de oposición Arena y Vamos cuestionan la falta de transparencia en el funcionamiento de los agromercados que forman parte del plan económico de este gobierno para este quinquenio y además lo que consideran el nulo apoyo a los productores nacionales.

    El miércoles 23 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó orientar $20 millones al MAG, para crear y fortalecer nuevos agromercados y una nueva central de abastos, pero la iniciativa explica mayores detalles.

    “Lo legal es que en ese decreto que se aprobó, se especificara a cuáles agromercados se fortalecerá y cuáles se crearán, para que la población conozca y no hacer mal uso de los fondos asignados y otro problema es que no hay una política pública que desarrolle la agricultura en el país y no se les ha apoyado a los agricultores, no ha habido un apoyo real”, cuestionó la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, dijo que a un año que se anunciaron los agromercados como parte del despegue económico y con una asignación que ya suma más de $50 millones, no se puede dejar de lado que no ha habido una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

    “Falta esa rendición de cuentas, no sabemos en qué se está gastando el dinero, por un lado y por otro qué se está haciendo en favor de nuestros agricultores, porque si bien hay cierto alivio económico para la gente, pero debe haber claridad. Se debe transparentar, rendir cuentas, decir hacia dónde se está yendo el gasto público, el tiempo de ejecución”, aseveró Rivas.

    Toda esta problemática, aseguran las legisladoras que es una de las consecuencias de tener a un ministro de agricultura que “desconoce” del tema.

    “Esta es la importancia de tener un buen ministro que esté en la cartera de Agricultura, porque si conociera como funciona la producción nacional y mejorarla y apoyarla, no tendríamos la necesidad de estar buscando productos afuera, pudiendo nosotros producir en nuestro país”, señaló Villatoro.

    En esta misma sintonía Rívas critica que “qué se puede esperar de un ministerio donde han pasado varios ministros y que haya alguien sin competencias, sin claridad nos pasa factura a todos y por eso vemos que no se ataca la raiz del problema, que es no tener soberanía alimentaria ya que tenemos un ministerio que se preocupa más de publicidad y no de llegar con los agricultores y fomentar nuestra producción”, recalcó la diputada de Vamos.

    Actualmente, según datos del gobierno, existen en el país 61 agromercados a nivel nacional.

  • Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    El ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa autorizar una segunda modificación al crédito revolvente que mantiene el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el objetivo de incrementar en $150 millones los fondos disponibles para inversión vial.

    La nueva solicitud elevaría el monto autorizado del Contrato de Línea de Crédito Revolvente No. 2310 a $400 millones. Posada solicitó que se faculte al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que, en representación del Estado salvadoreño, suscriba la modificación al Contrato de Garantía Soberana del Estado, respaldo legal que permite la ejecución de esta operación financiera.

    El crédito fue originalmente firmado el 9 de diciembre de 2022 por un monto de hasta $100 millones. Posteriormente, el 14 de agosto de 2024, el FOVIAL y el BCIE acordaron una primera modificación para incluir un Tramo B por $150 millones, alcanzando entonces un total de $250 millones.

    El pasado 27 de mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del BCIE aprobó una segunda ampliación por hasta $150 millones, a solicitud del FOVIAL, para fortalecer la capacidad de respuesta del país en obras de infraestructura vial.

    Según el contrato, el crédito tiene un plazo inicial de 12 meses prorrogables desde su entrada en vigencia, y puede ser extendido por periodos adicionales de hasta tres años, si así lo determina el banco regional a petición del prestatario.

    La solicitud de Hacienda será analizada el lunes 28 de julio por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

     

     

  • Asamblea inicia proceso para elegir nuevo procurador de Derechos Humanos

    Asamblea inicia proceso para elegir nuevo procurador de Derechos Humanos

    La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles, con dispensa de trámite y con 59 votos a favor, el inicio del proceso de elección del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    La propuesta fue presentada por el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, y contó con el respaldo de diputados de Arena. El partido Vamos decidió no votar. La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, dejará el cargo el 15 de octubre, cuando concluye su período.

    Según el aviso aprobado, los interesados en postularse deberán presentar su hoja de vida y la documentación requerida en la recepción de correspondencia de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 15 de agosto, en horario hábil de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Para aspirar al cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se requiere ser salvadoreño, mayor de 35 años, pertenecer al estado seglar, contar con título universitario y una trayectoria comprobada en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como reconocida moralidad y competencia profesional.

    La actual procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, culmina su periodo el 15 de octubre.

    Además, los aspirantes deberán presentar constancias emitidas por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Dirección General de Centros Penales, y la Policía Nacional Civil. También se exige una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredite la no afiliación partidaria, así como una solvencia del Ministerio de Hacienda.

    El procurador de Derechos Humanos tiene como función principal velar por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, además de investigar casos de violaciones, asistir a las víctimas, supervisar a la administración pública, emitir informes, promover reformas legales, realizar inspecciones, y educar a la ciudadanía sobre el respeto a los derechos humanos.

    Entre sus atribuciones también figura la vigilancia del trato a personas privadas de libertad y la potestad de promover recursos judiciales o administrativos en defensa de los derechos humanos.

  • Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este miércoles únicamente a dos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que al inicio del proceso, el oficialista partido Nuevas Ideas propuso candidatos para los siete cargos vacantes, algo de lo que luego se retractó.

    Durante la sesión plenaria, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso inicialmente siete nombres para ocupar cargos como magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional y otras salas del máximo tribunal.

    Entre ellos figuraban Juana Corvera de Meléndez, Lila Margarita Rosa González, Oscar Antonio Canales para la Sala de lo Constitucional, así como a Linda Jacel Peraza Fuentes, Marta Alicia Ochoa Aragón, Raymundo Alirio Carballo Mejía e Ivonne Lizzette Flores González, para el resto de salas de la CSJ.

    Los primeros seis perfiles recibieron 57 votos favorables por parte de Nuevas Ideas y sus aliados. Sin embargo, previo a la votación por la última aspirante, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, decretó un receso cerca de las 5:30 p.m.

    Al retornar del receso, Guevara presentó una modificación de agenda, solicitando anular las propuestas anteriores y dejar sin efecto la votación realizada.

    Basándose en el artículo 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), propuso elegir únicamente a Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández como magistrados suplentes de la CSJ, para un período que concluirá el 23 de septiembre de 2033.

    “Queremos dejar sin efecto las siete propuestas que esta bancada hiciera y proponemos (…) a los profesionales Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández”, expresó Guevara, sin dar mayores explicaciones sobre el cambio repentino.

    Ni Serafín Orantes del Partido de Concertación Nacional (PCN), ni Reinaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes inicialmente respaldaron la primera lista, se pronunciaron sobre la nueva moción.

    La votación nominal y pública aprobó la elección de Iglesias Majano y Cardoza Hernández, quienes fueron juramentados de inmediato como magistrados suplentes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. La Corte Plena será la encargada de asignarlos a las salas correspondientes.

    Guevara no explicó cuándo se retomará el proceso de elección para cubrir los otros cuatro cargos restantes de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ni ofreció razones para revertir la votación de los seis aspirantes inicialmente aprobados.

  • Diputada arenera cree que “fue innecesario” que El Salvador participara en canje de prisioneros entre EEUU y Venezuela

    Diputada arenera cree que “fue innecesario” que El Salvador participara en canje de prisioneros entre EEUU y Venezuela

    La diputada de Arena, Marcela Villatoro, reiteró este miércoles su rechazo a que El Salvador recibiera a más de 250 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos, como parte de un canje diplomático con el régimen de Nicolás Maduro, y aseguró que el país no debía involucrarse en conflictos bilaterales ajenos.

    “Nunca estuvimos de acuerdo con que vinieran personas deportadas de otros países. Bastantes problemas tenemos como para que nos enviaran individuos de los que no sabemos si eran pandilleros o si estaban condenados”, expresó Villatoro.

    El intercambio ocurrió el pasado 18 de julio, cuando Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses y un grupo de presos políticos. A cambio, Estados Unidos trasladó a 252 venezolanos a El Salvador, donde permanecen en cárceles salvadoreñas, como parte del acuerdo alcanzado entre ambas naciones.

    “Esto fue una negociación entre Venezuela y Estados Unidos. El Salvador solamente albergó a estas personas en sus cárceles y las entregó como parte de ese trato. No debimos participar”, reiteró la legisladora opositora.

    Villatoro también señaló que el tema no pasó por el debido proceso dentro del país, ya que, según dijo, fue el presidente Nayib Bukele quien obedeció directamente lo que decidiera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Venezuela y Estados Unidos tomaron la decisión. Hubiéramos preferido que este tema no se manejara en territorio salvadoreño. Fue innecesario”, sentenció.

    Por su parte, la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, coincidió en que el acuerdo fue entre gobiernos extranjeros, y que El Salvador simplemente actuó como ejecutor del pacto entre Estados Unidos y Venezuela, quienes retomaron relaciones diplomáticas para favorecer a sus connacionales.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo fue posible “gracias al liderazgo” del presidente Donald Trump, y agradeció también al presidente Bukele por facilitar el traslado de los venezolanos detenidos.

  • Asamblea aprueba $20 millones para nuevos agromercados y central de abastos en Usulután

    Asamblea aprueba $20 millones para nuevos agromercados y central de abastos en Usulután

    Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva modificación al Presupuesto General de la Nación para destinar $20 millones al Ministerio de Agricultura, con el objetivo de fortalecer los agromercados existentes y construir una nueva Central de Abastos en el departamento de Usulután.

    Durante la sesión plenaria, el único legislador que intervino fue el diputado oficialista Ricardo Rivas, presidente de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, quien aseguró que esta inversión permitirá que más de medio millón de familias tengan acceso a productos agrícolas de calidad a precios accesibles.

    “Con esta incorporación de estos $20 millones se va a permitir que los agricultores en pequeño puedan ser beneficiados y puedan ir y vender sus productos directo a los consumidores. Más de medio millón de familias van a ser beneficiadas con esta nueva central de abastos en el departamento de Usulután y no solo en Usulután, sino en departamentos aledaños”, afirmó Rivas.

    El diputado de Nuevas Ideas destacó que los agromercados ofrecen precios competitivos y representan un alivio para el bolsillo de los salvadoreños. Reiteró el respaldo de su bancada al presidente de la República para continuar impulsando proyectos de este tipo.

    “Nosotros como diputados de la bancada cian vamos a seguir dándole gobernabilidad a nuestro presidente, para que estos megaproyectos sigan avanzando”, añadió Rivas.

    Actualmente, según el Ejecutivo, en El Salvador funcionan 61 agromercados y con esta asignación se echarán a andar otros,  aunque no se especificó el número ni ubicación.

    Durante la exposición técnica ante la Comisión de Hacienda, la subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce de Aguilar, detalló que la Central de Abastos de Usulután será el primer mercado mayorista de este tipo en la zona oriental del país. El proyecto pretende conectar de forma directa a productores e importadores con los comerciantes.

    Dentro de los objetivos de la orientación de los recursos se “espera mejorar el sistema de distribución de alimentos y beneficiar tanto a los productores como a los consumidores”, según había explicado Arce.

     

  • Nuevas multas de hasta $450 por faltas ciudadanas en La Paz Este

    Nuevas multas de hasta $450 por faltas ciudadanas en La Paz Este

    La alcaldía del municipio de La Paz Este —que abarca los distritos de Zacatecoluca, San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo— implementó nuevas sanciones a través de su actualizada Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, vigente desde el 12 de julio, tras su publicación oficial un día antes.

    Entre los principales cambios destacan aumentos y reducciones en las multas municipales. Por ejemplo, orinar o defecar en espacios públicos o terrenos privados a la vista del público será sancionado con multas de $100 a $150.

    En casos de consumo de bebidas alcohólicas o escándalos en estado de ebriedad en lugares no autorizados, la penalización sube a rangos entre $151 y $300.

    La venta de licor en sitios no autorizados ahora tendrá una sanción económica de $300 a $450, además de la suspensión del permiso comercial. Colocar propaganda sin autorización en bienes públicos o privados también será castigado con multas de $301 a $401, excepto cuando se trate de propaganda electoral en los plazos legales.

    El ofrecimiento de servicios sexuales y el hostigamiento en espacios públicos ahora tendrá una multa de entre $100 y $150.

    En cuanto al abandono de vehículos automotores en mal estado en vías públicas, retornos, pasajes, aceras, predios e ingresos a viviendas esto será sancionado con multa de $301 hasta $450; anteriormente la sanción era de hasta cuatro salarios mínimos.

    Los vendedores ambulantes que incumplan la normativa podrán pagar hasta $150 y en caso de reincidencia se les decomisará la mercadería.

    Superar los 65 decibeles de ruido —incluidos cantos religiosos, pregones o cultos— será motivo de sanción de entre $301 y $450. Exhibir animales peligrosos sin precauciones será castigado con entre $10 y $25, y dejar animales de granja sueltos en la vía pública conllevará sanciones de $51 a $100, más el pago de estadía en un tiangue. Las multas por maltrato animal también oscilarán entre $51 y $100 y podrían subir si se trata de animales ajenos.

    Sobre perros guardianes, los dueños deben informar con rótulos en lugares visibles, si no será sancionado con $10 a $25. Además, queda prohibida la organización, realización, fomento o publicidad de peleas de animales en lugares públicos y privados o se multará con $51 hasta $100.