Autor: Jessica Guzman

Las diputadas de oposición, de los partidos Arena y Vamos, creen que la Asamblea Legislativa tiene una calificación promedio de 6.02 de la población –según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA– como resultado de su falta de independencia y de no aprobar leyes que beneficien a la población.

«La calificación de la población salvadoreña al trabajo de la Asamblea Legislativa en este primer año de gestión es de 6.02, por debajo del 6.07 del año anterior», señala la encuesta.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, manifestó que esa calificación se debe a que la población percibe que la Asamblea Legislativa no toma desiciones con independencia y la califica como pasapapeles.

«Por esa falta de independencia, no se toman decisiones que podrían ser beneficiosas para todos los salvadoreños… Entonces, lastimosamente, la Asamblea Legislativa se volvió un pasapapeles y, como se volvió un pasapapeles, la gente no le toma seriedad», criticó la diputada de Arena.

La diputada de oposición cree que la población percibe que los diputados no están haciendo el trabajo para el que fueron elegidos y critica que bloquean las iniciativas de oposición «porque son iniciativas que no son de partidos afines al gobierno», además de advertir que las comisiones de trabajo se redujeron a ocho comisiones y son suspendidas frecuentemente.

«No se estudia nada que no venga con dispensa de trámite y eso ha hecho que la población ya vea las cosas con ojos de verdad y ven que no se está haciendo el trabajo que debería de desempeñarse».

Marcela Villatoro (Arena).

La calificación a la Asamblea Legislativa tampoco le tomó por sorpresa a la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien argumentó que esto responde a que los diputados no han legislado para la población y en lo que más le afecta, como la economía. «¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa para solucionar esto? Casi nada, realmente», dijo Ortiz.

Ortiz aseguró que el partido que es mayoría en la Asamblea Legislativa «no usa ese poder para ayudar a la gente», por lo cual «no representa a la mayoría de la gente».

«Representan a un pequeño grupo de poder económico-político que está usando el Estado para tener mayores recursos, beneficios, exenciones fiscales. ¿Y a la gente qué le está quedando? La gente dice a gritos: ‘La economía es el problema’, y no se está haciendo nada al respecto». Claudia Ortiz (Vamos).

El gobierno ha sostenido que sí están enfrentando desafíos económicos, apostándole al turismo y disponiendo de los agromercados.

En la encuesta, se le preguntó a la población ¿a quién cree que representan los diputados de la Asamblea Legislativa cuando votan?, el 38.2% respondió que «al presidente» y un 19.9% «a ellos mismos». Al respecto, la diputada Villatoro señaló que «ninguno» de los diputados de Nuevas Ideas «tiene iniciativa propia».

La diputada Villatoro insistió en que «todas las iniciativas de ley que vienen a la Asamblea Legislativa vienen del Ejecutivo» y ninguna es presentada a iniciativa real de algún diputado de Nuevas Ideas. «Como por ejemplo cuando yo presenté reformas a la Ley de Salud Mental, que es tan importante en este país, pero no se permitió estudiarla en la Asamblea Legislativa y es una iniciativa personal que podía haber ayudado a los salvadoreños. Eso les pasa a ellos, no pueden presentar de manera personal ningún tipo de reforma que no venga del Ejecutivo y por eso la gente los ha visto como ‘pasapapeles’ o como muy vulgarmente se les conoce como puyabotones», criticó la diputada de oposición.

Diario El Mundo intentó conocer la visión de los diputados de Nuevas Ideas, específicamente a Frank Menjívar y Ricardo Rivas, pero pese a que se les pidió declaraciones sobre el estudio de opinión, optaron por pasar de largo.

Según la encuesta presentada el 19 de junio por el Iudop-UCA, el 12 % piensa que los diputados representan a su partido político, el 17.4% a toda la población y el 5.4%, a la gente que votó por ellos.

Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó este jueves la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos para establecer una pena entre 10 y 12 años de prisión para las personas que tengan acceso legítimo a información de personas, como en centros de contacto o «call centers», y los usen indebidamente para beneficio propio o de un tercero.

La reforma, que no solo incluye a call centers, se realizó al artículo 11 que castiga el delito de «fraude informático» y que actualmente castiga el uso indebido de bases de datos con cárcel de seis a diez años.

Con la reforma, sancionan con penas de 10 a 12 años de prisión a quienes por sus funciones tengan acceso a una base de datos o también a sistemas de relaciones con clientes, ventas o centros de contacto, sistemas de blockchain, subcontratación de negocios u otros, y que los consulten, los extraigan o los usen de manera ilegítima, o los manipulen indebidamente, para su beneficio o para el beneficio de un tercero.

La reforma agrega que el delito de «fraude informático» se cometería «en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos». La Cámara Americana de Comercio (AmCham) pidió a los diputados incluir la posibilidad para las empresas procesadoras de datos de mostrarse como víctimas, con el fin de poder procesar penalmente a los empleados que caigan en estas conductas. Actualmente, explicó, únicamente los pueden despedir.

Se agrega un inciso tercero al artículo 11 sobre fraudes informáticos: «Asimismo, será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a un sistema informático, base de datos, sistemas de gestión de relaciones con cliente, sistemas de plataformas de ventas, servicios de centros de contacto, servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados, eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos».

La reforma contó con los votos de la bancada cian y sus aliados del PCN y PDC; los partidos de oposición Arena y Vamos no votaron.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves un reconocimiento especial para el Alianza Women por haber alcanzado su

décimo campeonato

en la Liga Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador.

El 10 de junio también

aprobó

con 58 votos, incluidos los de Arena y Vamos, un reconocimiento para Alianza Fútbol Club por haberse coronado campeón nacional.

«Es un homenaje al esfuerzo disciplina y perseverancia de mujeres que han dejado huella en el fútbol salvadoreño. Su trayectoria inspira a nuevas generaciones a romper barreras y a soñar en grande, demostrando que el talento femenino requiere igual visibilidad apoyo y celebración… Este logro significa la lucha de la igualdad de género en el deporte, es demostrar que el fútbol también se escribe en femenino con garra, pasión y excelencia», según el dictamen favorable, leído por la

diputada Lorena Fuentes, de Nuevas Ideas.

En su uso de la palabra, la diputada

Suecy Callejas

, de

Nuevas Ideas

, expresó que este reconocimiento «honra la perseverancia, el talento y la disciplina de nuestras atletas que con su ejemplo están abriendo el camino a futuras generaciones de niñas, adolescente y mujeres».

El equipo femenino ha ganado 10 títulos de liga, además de haber alcanzado recientemente un subcampeonato a nivel centroamericano.

La Asamblea Legislativa definirá la fecha en la que llamen al equipo Alianza Women y a su cuerpo técnico, para otorgarles el reconocimiento especial por haberse consagrado campeonas nacionales por décima ocasión en la Liga Mayor Femenina de Fútbol.

La diputada arenera Marcela Villatoro cuestionó el miércoles a la secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas, por «falta madurez política» y le recordó el pasado del fundador de su instituto político.

«El orgullo y la falta de madurez política no abonan cuando la democracia está en detrimento. La unidad, respeto y ver el bien en las personas dejando de lado las diferencias y buscar lo mejor por la sociedad si… La soberbia es parte de lo que nos hunde como país», aseveró Villatoro, jefa de la fracción legislativa de su partido.

Villatoro reaccionó a lo dicho por Rivas en una entrevista a Diario El Mundo de que su partido «nunca han contemplado hacer alianza con ningún partido que tenga señalamientos por corrupción», al preguntársele si había contemplado hacer alianza opositora con Arena dentro de la Asamblea Legislativa.

La diputada de Arena agregó que ella sí está dispuesta a trabajar con quienes estén dispuestos a «trabajar por restablecer la justicia en este país».

«La desunión de los sectores y el elitismo solamente beneficia la narrativa gubernamental. Los que piensan en excluir a quienes no se sienten identificados con el gobierno es porque están con ellos de la mano. Yo apoyo lo bueno y no discrimino ni menosprecio, creo que esa es la gran diferencia», señaló Villatoro.

Además, la diputada arenera le recordó a la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, que su partido sí tiene un pasado, refiriéndose a uno de sus fundadores, Josué Alvarado.

«Parece que se les olvida, muy convenientemente, que su partido si tiene un pasado, ya que su fundador y candidatos presidencial fue un ferviente creyente del partido Arena y que incluso fue parte del mismo en apoyo a candidaturas presidenciales», expresó Marcela Villatoro a Diario El Mundo, en referencia a Alvarado.

«No, nunca estuvo contemplado, al contrario, siempre hemos sido claros en ese tema, que no podemos. Y este no es un tema personal, lo quiero aclarar, no es un tema personal, es un tema de partidos políticos, es un tema de que nosotros no podemos hacer alianzas con partidos señalados por corrupción, con partidos donde se le ha hecho mucho daño a mucha gente, así que nosotros no, no vemos esas alianzas, no las vimos antes, mucho menos ahora», fueron las declaraciones que dio la secretaria general de Vamos, a Diario El Mundo.

Alvarado, un pastor evangélico que fue uno de los fundadores y secretario general del partido Vamos y que «creía en Arena», tuvo que renunciar a Vamos ya que en septiembre de 2022 la Fiscalía lo procesó por una acusación por acoso sexual agravado.

En la legislatura actual, que inició el 1 de mayo de 2024, de oposición solo Arena con dos diputados y Vamos con una obtuvieron votos necesarios para ser parte de la Asamblea Legislativa, y aunque en votaciones dentro del pleno, se han apoyado, no forman alianza como bloque de oposición.

Los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron este miércoles un dictamen favorable para penalizar con hasta 12 años a quienes hagan uso ilegítimo de bases de datos.

Las reformas son a la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos que ya había sido estudiada el año pasado y a las que la Comisión les otorgó dictamen favorable en agosto de 2024, pero no se había aprobado en pleno. La tarde de este miércoles, diez meses después, la retomaron en Comisión y recibieron a representantes de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) para que dieran sus observaciones a las reformas.

Los representantes de AmCham explicaron a los diputados el esquema de fraudes que utilizan los estafadores de bases de datos a empresas y sugirieron se tomaran en cuenta para crear una verdadera seguridad jurídica.

Sergio Campos, coordinador legal de AmCham explicó que la intervención de ellos sobre las reformas es para «proteger la información sobre todo la confidencial de cada uno de los salvadoreños, como usuarios de servicios financieros, servicios de plataformas y que están alojados y procesados en estas bases de datos y que no tiene nada que ver con tema de coartar la libertad de expresión o cualquier tema de una libertad individual», aclaró.

Campos dijo que analizaron el marco normativo actual y han tomado en cuenta todos los ilícitos informáticos que las empresas han vivido «y se ha concluido lo que en derecho se conoce como laguna jurídica, precisamente para poder judicializar este tipo de ilícitos, por lo que hemos concluido que las reformas a esta ley de delitos informáticos y conexos resulta necesaria, para poder perseguir este tipo de delitos y que también las empresas tengan ese respaldo y esa seguridad jurídica para expandir sus negocios e invertir en el país», comentó.

Héctor Cuchilla, presidente del Comité de Tecnología y Ciberseguridad en la Cámara explicó a los diputados que la modalidad de estafa que ellos han detectado, y puso de ejemplo los servicios tercerizados, es decir los call center.

«Cuando una compañía en el exterior o local contrata a un call center o centro de contacto para que maneje todas sus interacciones de servicio al cliente, de ventas, de soporte técnico, este contrata empleados, los capacita y les da una cierta cantidad de permiso sobre esos datos, como datos financieros, nombres, direcciones, correos, saldos u otros, y el problema que hemos notado es que hay sindicatos de crimen organizado que buscan a los colaboradores de los centros de contacto, les ofrecen dinero, sobornos básicamente, para que les faciliten información que están en esas bases de datos y luego esa información es utilizada para secuestrar cuentas, hacer compras, desviar fondos, robar dinero y eso tiene toda una cadena de afectación, el cliente pierde su dinero, acceso a su cuenta, cualquier cantidad de ilícitos», detalló Cuchilla.

Pero la cadena de afectación no se queda ahí, continua el experto, «el cliente presenta su queja a la entidad que manejaba sus datos, esta entidad le reclama al centro de contactos y le va a pasar todos los costos de ese fraude, el centro de contactos los va a pagar, pero esto también conlleva pérdida de negocios, perdida de reputación, multas, sanciones y el problema legal que vemos que cuando queremos judicializar estos casos, el problema es que nosotros no somos la víctima. Ese es el tema principal: ¿A quién le robaron los datos? Pregunta la Fiscalía, se los robaron a un cliente final, entonces yo como centro de contacto, no puedo decir que me robaron datos que estaban a mi custodia, y eso me deshabilita para denunciarlos, ni puedo suministrar evidencia, según la legislación actual», explica Cuchilla.

Por lo que la reforma que pidió AmCham, según dijo Cuchilla es que se incorporara a todos los afectados en la cadena para que se les «permita se manifiesten como víctimas, en el artículo 11 de la Ley sobre fraudes en la industria».

Los diputados de la Comisión estuvieron de acuerdo y emitieron el dictamen favorable para la reforma, que podría ser conocido y aprobado en pleno este jueves 19 de junio.

La reforma

Reforma al artículo 11, el cual trata de penas sobre el fraude informático y que en la ley actual castiga el uso indebido de bases de datos con cárcel de seis a diez años.

Se modifica el inciso primero quedando de la siguiente manera:

«El que, por medio del uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas informáticos o componentes, datos, metadatos, configuraciones o la información en ellos contenida inserte instrucciones falsas o fraudulentas que resulten en un provecho para sí o para un tercero en perjuicio ajeno, será sancionado con prisión de seis a diez años».

Debido a la petición de AmCham se agrega el inciso tercero al artículo 11:

«Así mismo será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a un sistema informático, base de datos, sistemas de gestión de relaciones con cliente, sistemas de plataformas de ventas, servicios de centros de contacto, servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados, eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos.

Con esta reforma, expresó el diputado Raul Chamagua se va a tener más seguridad a las inversiones en el país. «Ganan las empresas porque su inversión se ve protegida y ganamos nosotros como Estado salvadoreño al tener más opciones de fuentes de empleo, que al final es lo que buscamos», aseguró.

Rodrigo Samayoa Rivas, quien fue candidato a alcalde por el partido Arena y luego de renunciar a ese partido se afilió a GANA, bandera con la que fue diputado en la Asamblea Legislativa, falleció el martes, según confirmaron fuente familiares y políticas.

El también ex diputado y fundador de GANA, Guillermo Gallegos expresó sus condolencias ante este fallecimiento.

Según Gallegos, Samayoa era laboratorista de profesión y tenía unos 75 años de edad. Sus restos están siendo velados este día y la misa de cuerpo presente se celebrará a las 4:00 p.m. en Montelena.

Rodrigo Samayoa tuvo una vida política en la fue miembro del partido Arena y por el que participó como candidato a alcalde de San Salvador en las elecciones del domingo 12 de marzo de 2006, en las que fue derrotado por Violeta Menjívar del FMLN.

En 2009, Samayoa participó en las elecciones de diputados, siempre por el partido Arena y se convirtió en uno de sus 32 legisladores, sin embargo el 7 de abril de 2010, el mismo Samayoa anunció su retiro del partido tricolor y pasó a usar la camisa naranja.

En 2012 se vio envuelto en una controversia por que fue acusado por “amenazas y expresiones de violencia” contra la que era su esposa en aquel entonces y fue desaforado. Samayoa regresó a la Asamblea en 2014 y se declaró diputado independiente.

El exdiputado de GANA, Guillermo Gallegos, lamentó su fallecimiento este miércoles.

“Pues, lamentando la muerte repentina del doctor Rodrigo Samayoa, un buen amigo, una persona con quien compartí por muchos años, como miembro del partido y como amigo. Expreso mi pesar y mi más sentido pésame a su familia”, manifestó Gallegos a Diario El Mundo.

Aunque no se tiene información oficial de la familia, Gallegos comentó que “al parecer”, Samayoa falleció de “un infarto”.

La secretaria general del partido opositor Vamos, Cesia Rivas, aseguró que desde el Legislativo y fuera de él, como partido política, nunca han contemplado hacer alianza con ningún partido que tenga señalamientos por corrupción.

Vamos es uno de los dos partidos de oposición en la Asamblea Legislativa con una curul, los otros dos escaños son ocupados por Alianza Republicana Nacionalista (Arena). «No las vimos antes, mucho menos ahora», dijo, cuando se le pregunta sobre alianzas.

En una entrevista con Diario El Mundo, Rivas aseveró que no tiene sentido que «algunos analistas del oficialismo» les quieran llamar oposición controlada pues, como Vamos, siempre han actuado «con transparencia».

En redes sociales hay comentarios o señalamientos de detractores que les llaman «oposición controlada». ¿Qué tiene que decir al respecto?

(Se ríe). Que eso no es cierto, y yo digo ¿de quién viene eso? ¿Quién lo está diciendo? Porque si algo se ha demostrado, si algo ha demostrado la fracción legislativa de Vamos ha sido la coherencia, la explicación y los argumentos que se dan a la hora de votar. Nosotros, con la diputada Claudia Ortiz, siempre ha dicho por qué vota a favor, por qué vota en contra. Por ejemplo, coherencia a la hora de votar en contra del régimen de excepción, porque no vamos a andar por un lado apoyando a las mamás que exigen los derechos de sus hijos, que son inocentes, que no tienen vínculos con pandillas, estarlas apoyando, pero por otro lado mejor no votar o ver qué hago, que no quede ahí que voté en contra. No, nosotros somos coherentes.

¿Pero por qué señalamientos de oposición controlada?

No entiendo, no entiendo el término, ni entiendo la intención de eso, la intención que hay atrás de quienes están diciendo eso. Lamento que haya analistas o cuentas en X que hablan de esos términos, pero no sabemos ni quiénes son. En caso de algunos analistas que repiten eso, cuando uno ya sabe que son del oficialismo. Para nosotros, eso no tiene ningún fundamento y, además, estamos para acompañar a la gente, no solo esperarlos aquí en la Asamblea para la foto y decir «nosotros somos propositivos», «nosotros no hacemos show», cuando en realidad por sus frutos se han de conocer y considero que como fracción legislativa hemos dado frutos a la ciudadanía y trabajar con ellos en las propuestas.

¿Ustedes contemplaron en algún momento hacer un bloque de oposición junto con Arena?

No, nunca estuvo contemplado, al contrario, siempre hemos sido claros en ese tema, que no podemos. Y este no es un tema personal, lo quiero aclarar, no es un tema personal, es un tema de partidos políticos, es un tema de que nosotros no podemos hacer alianzas con partidos señalados por corrupción, con partidos donde se le ha hecho mucho daño a mucha gente, así que nosotros no, no vemos esas alianzas, no las vimos antes, mucho menos ahora.

¿Vamos no comulga con Arena, ni con…?

No. Este es el tiempo de las personas, es el tiempo que la ciudadanía entienda el valor que tiene su decisión de elegir. La gente tiene razón de estar enojada con los partidos, si les falló el Frente, les falló Arena, les ha fallado este, que es la combinación de los dos. Entonces, al final, nosotros no solo decimos ser diferentes, somos diferentes, entonces, no podemos tener prácticas o pensar que la gente va a percibir algo diferente, si nosotros estamos haciendo cosas que no.

Cuando se dio la polémica sobre las asignaciones presupuestarias y se supo que Vamos no tenía asignados $14,000 como los otros partidos, sino $20,000, ¿considera que eso pudo influir negativamente en la imagen de la diputada Ortiz, o del partido mismo?

Una cultura en Vamos es la transparencia, cuando nos piden información pública la damos y cuando la diputada Claudia Ortiz habla de presupuesto asignado lo hizo por transparencia, transparentó lo que se había asignado y ¿quién asigna esos fondos? No es la diputada, es la junta directiva y sin duda ellos quisieron hacer todo, para que esto nos restara, para que esto afectara en temas de credibilidad, pero si algo hicimos fue ser transparentes. Claro, trajo grandes consecuencias: se redujo el presupuesto y hubo parte del equipo que se tuvo que retirar.

Ah, pero también todo eso provocó que les exigieran cuentas desde sus planillas, algo que nosotros ya hacíamos, desde el día 1 de 2021.

¿Pero no afectó esa polémica al partido?

No, porque nosotros siempre hemos sabido lo que hacen nuestros funcionarios y en el tema de asignaciones. Pero esa intención de causar daño fue revertida para ellos, porque la gente les empezó a exigir e incluso siguen muchos diputados sin dar a conocer quiénes son sus empleados, cuánto ganan, incluso diputados que están en puestos de Junta Directiva, que tienen ciertos privilegios y solo no dicen nada, como son aliados del oficialismo (en referencia a diputados del PCN y del PDC que nunca transparentaron sus planillas).

Por otro lado, ¿tiene Vamos financistas extranjeros?

No, no tenemos hermanos en el exterior que estén donándonos, pero si fuera el caso, sí nos tocaría someternos a la nueva Ley de Agentes Extranjeros, porque esa ley es tanto para persona natural y jurídica. Cada mes, estamos obligados a presentar a nuestros donantes. El financiamiento que tiene el partido es de personas que dan desde $3, $5, $50, $100.

¿Cómo analiza el estado de democracia en El Salvador actualmente y si se hace más dificultoso el trabajo con la gente desde el partido?

Sin duda, el entorno que tenemos lo que busca provocar es miedo y estamos ante una narrativa de mentiras, es mentir, mentir, engañar, engañar, y hay todo un aparataje para ello. Pero, también hay mucha gente que, aunque se le pidió que cerrara los ojos, los tiene bien abiertos, aunque se le pidió que no se quejara, está hablando, lo vemos en las redes sociales. Entonces, sin duda, en los contextos donde hay más oscuridad es cuando debe salir más la luz, y hay muchos salvadoreños que han entendido que no es opción claudicar, no es opción retroceder, sino avanzar para reconstruir una democracia en pedazos y que el Estado de Derecho pueda ser funcional. Porque lo que vivimos es un régimen autoritario, donde todo el poder recae en una persona, y eso no debe ser así, el poder es de un soberano y es el pueblo, y debe ser el pueblo el que ponga límites al Estado y no al revés.

Las remodelaciones en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa que continuaron en enero de este año aún no finalizan según algunos trabajadores del Legislativo.

El 22 de enero de este año, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, en sesión plenaria, pidió con dispensas de trámite que a partir de la siguiente semana se realizaran las sesiones plenarias en la Cancillería, debido a que seguirían trabajos de remodelación en el Salón Azul.

Cerca del 1 de junio, algunos trabajadores de la Asamblea decían que el objetivo era que estuviera listo para el 1 de junio, día en que el lugar sería utilizado para la entrega del informe del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a su primer año de su segundo mandato gubernamental.

El 14 de mayo, la jefatura de prensa de la Asamblea Legislativa envió las indicaciones para las acreditaciones de periodistas para la cobertura del 1 de junio e informó que la entrega del informe se daría en el Salón Azul.

Sin embargo, el lugar del evento fue trasladado al Teatro Nacional. “Aquí (en la Asamblea) ya habían traído varias cosas para montar todo, hasta la alfombra, pero parece que algo no estaba bien”, dijo una fuente interna del Legislativo que pidió anonimato.

Las modificaciones continúan, pero no se conoce qué realmente están reestructurando, ya que la adecuación de 80 curules a 60, como es conformada la Asamblea desde el 1 de mayo de 2024, se hizo entre febrero y abril de 2024. Se desconoce en qué consisten las actuales modificaciones, cuando finalizarán y de cuánto ha sido el presupuesto.

El partido opositor Vamos está buscando llevar candidatos a alcaldes en los 44 municipios, para las próximas elecciones municipales y legislativas que se realizarán el 28 de febrero de 2027, informó la secretaria general del partido, Cesia Rivas.

“»La gente quiere tener representación de Vamos en los 14 departamentos y en los 44 municipios; la gente quiere tener funcionarios de Vamos en sus territorios y representándolos también en la Asamblea»”, aseguró.

Según Rivas, el partido Vamos ha crecido un 400 %, ya que en las últimas elecciones alcanzó 165,745 votos, incluidas las elecciones municipales.

En las elecciones legislativas de 2024, Vamos logró 91,675.45 votos, de los cuales 67,235.44 los obtuvo en San Salvador, 16,678.73 en La Libertad, y el resto en Santa Ana, La Paz y San Vicente.

En votación legislativa, Vamos fue el séptimo partido con más votos. En 2024, Nuevas Ideas quedó en primer lugar con 2.2 millones, seguido de Arena, con 227,357.3 votos; el FMLN, con 195,919.98; el PCN, con 101,641.43; Gana, con 99,343.89; y PDC, con 93,107.56. Después de Vamos se ubicó Fuerza Solidaria con 51,021.1 y Nuestro Tiempo, con 41,060.48.

“»Esa apertura ciudadana que hemos tenido, de mucho ciudadano que cree en este proyecto, que se siente representado por este proyecto. Hemos crecido, sí, hemos avanzado, a pesar de que estamos en un contexto no democrático, en el que cada vez más se busca arrancar de raíz el pluralismo, que va en contra de lo que dice la Constitución»”, indicó la dirigente.

Al consultarle cómo están trabajando para que la gente no se quede con la percepción de que Vamos solo es la diputada Claudia Ortiz, respondió que la representación legislativa les ha ayudado a nivel nacional no solo en San Salvador, pero que sí están trabajando en ello.

“»Ahí es donde nosotros estamos buscando que se conozca el proyecto y eso lo hacemos a través de los funcionarios públicos, de quienes forman parte activa del partido. Vamos sumando, sin duda hay mucho por hacer y, aunque puedan decir que solo es la diputada Claudia Ortiz y no vemos a nadie más, pues necesitamos más referentes como ella, con esos principios, con esa visión de país, con esa integridad»”, indicó.

Mencionó a los funcionarios que tienen en los municipios: Xiomara Lazo, concejal propietaria, Alejandra Gallardo, suplente, ambas en La Libertad Sur; y Marvin Menjívar, concejal en la Libertad Centro.

En las elecciones de 2024, Vamos solo participó en cinco departamentos: San Salvador, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Vicente. Para las elecciones de alcaldes y diputados que se realizarán el 28 de febrero de 2027 recalcó que el reto es participar a nivel nacional.

“»Pues la idea es participar en todos. La gente nos está pidiendo que participemos en todos los departamentos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos formando ciudadanía. Este año se inició el Instituto de Formación Política y lo que se busca es (pasar) de la participación ciudadana a la incidencia política, estamos formando a personas que entiendan cuáles son sus derechos, cómo deben exigir, qué instituciones están obligadas a ser garantes»”, relató.

Vamos realizará sus elecciones internas del partido se realzarán el otro año, las últimas internas que tuvieron fueron en 2023.

Defensores de Enrique Anaya presentaron este viernes una demanda de habeas corpus ante Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que concluya la detención del abogado constitucionalista y le permitan el derecho a la defensa.

«Lo que se busca (con el habeas corpus) es el derecho a la libertad y, en el caso concreto de Enrique, es que cese la detención arbitraria y, lo otro, que se le permita el derecho a la defensa», explicó el defensor Jaime Quintanilla.

El abogado explicó que recurrieron a una demanda de «habeas corpus» debido a que Anaya, a quien se le acusa de un delito común, «tuvo que haber sido puesto a la orden de los tribunales después de la detención administrativa», es decir, a las 72 horas, que se cumplieron la mañana del martes 10 de junio. «Pero no se hizo así, presumimos se le está aplicando el régimen de excepción», señaló Quintanilla. Anaya fue capturado durante la mañana del sábado 7 de junio.

Quintanilla pidió públicamente a los magistrados resolver «con independencia» y «corregir un error» cometido en la acusación contra el abogado.

«Hacemos el llamado a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional que van a conocer de este caso, que actúen de una forma y a lo mejor corrigiendo un error que se cometió, porque quieren hacer ver a Enrique Anaya como un delincuente, como un criminal que lava dinero, cosa que es falaz. Lo que queremos es que los magistrados resuelvan con principio de independencia, apegados a la ley y prevalezca el estado de derecho», expresó Quintanilla.

Señalan «desaparición de corto plazo»

La abogada Marcela Ramos, parte del equipo de defensores de Anaya, denunció que el acusado fue víctima de una «desaparición de corto plazo». Explicó que el martes por la noche se dieron cuenta que Anaya iba a ser trasladado a otro lugar pero que preguntaron en la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, donde se encuentra detenido, y les aseguraron que no sabían nada.

«El día martes, Enrique fue víctima de una nueva desaparición forzada de corto plazo, nos movilizamos a la División de Tránsito y consultamos si iba a ser movilizado, dijeron que no había ninguna movilización, tampoco había orden de chequeo médico. Ante la incertidumbre, también preguntamos en Medicina Legal, no sabíamos nada», indicó el abogado.

Lo trasladan vestidos de civil

Al día siguiente, Anaya les comentó que lo habían trasladado al Hospital Nacional Zacamil para hacerle pruebas de sangre y de presión arterial.

«Fue hasta el día siguiente que nos dimos cuenta que había sido llevado al Hospital Zacamil pero fue sacado sin decírsele nada, para dónde lo llevaban, por personas vestidas de civil. Imagínense la zozobra, incertidumbre, lo llevan al hospital, le hacen unas pruebas, lo mantienen ahí desde las 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche sin decirle nada y esto refuerza una nueva conducta de arbitrariedad, de ilegalidad. Por eso estamos presentando este día el recurso de habeas corpus», indicó la abogada.

Por su parte, el abogado Alfredo García, también del equipo de defensores, reiteró que el delito imputado a Anaya es un delito común y no debió aplicársele el plazo máximo amparado en el régimen de excepción.

El estado de excepción suprime el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa establecido en la Constitución de la República; según el decreto del régimen, esta medida busca combatir las pandillas y los grupos terroristas. Bajo el régimen de excepción el plazo aplicado es 15 días durante los cuales las personas permanecen detenidas sin ser puestas ante un juez.