Autor: Jessica Guzman

  • Defensores piden ante la Corte "habeas corpus" para Enrique Anaya

    Defensores piden ante la Corte «habeas corpus» para Enrique Anaya

    Defensores de Enrique Anaya presentaron este viernes una demanda de habeas corpus ante Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que concluya la detención del abogado constitucionalista y le permitan el derecho a la defensa.

    «Lo que se busca (con el habeas corpus) es el derecho a la libertad y, en el caso concreto de Enrique, es que cese la detención arbitraria y, lo otro, que se le permita el derecho a la defensa», explicó el defensor Jaime Quintanilla.

    El abogado explicó que recurrieron a una demanda de «habeas corpus» debido a que Anaya, a quien se le acusa de un delito común, «tuvo que haber sido puesto a la orden de los tribunales después de la detención administrativa», es decir, a las 72 horas, que se cumplieron la mañana del martes 10 de junio. «Pero no se hizo así, presumimos se le está aplicando el régimen de excepción», señaló Quintanilla. Anaya fue capturado durante la mañana del sábado 7 de junio.

    Quintanilla pidió públicamente a los magistrados resolver «con independencia» y «corregir un error» cometido en la acusación contra el abogado.

    «Hacemos el llamado a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional que van a conocer de este caso, que actúen de una forma y a lo mejor corrigiendo un error que se cometió, porque quieren hacer ver a Enrique Anaya como un delincuente, como un criminal que lava dinero, cosa que es falaz. Lo que queremos es que los magistrados resuelvan con principio de independencia, apegados a la ley y prevalezca el estado de derecho», expresó Quintanilla.

    Señalan «desaparición de corto plazo»

    La abogada Marcela Ramos, parte del equipo de defensores de Anaya, denunció que el acusado fue víctima de una «desaparición de corto plazo». Explicó que el martes por la noche se dieron cuenta que Anaya iba a ser trasladado a otro lugar pero que preguntaron en la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, donde se encuentra detenido, y les aseguraron que no sabían nada.

    «El día martes, Enrique fue víctima de una nueva desaparición forzada de corto plazo, nos movilizamos a la División de Tránsito y consultamos si iba a ser movilizado, dijeron que no había ninguna movilización, tampoco había orden de chequeo médico. Ante la incertidumbre, también preguntamos en Medicina Legal, no sabíamos nada», indicó el abogado.

    Lo trasladan vestidos de civil

    Al día siguiente, Anaya les comentó que lo habían trasladado al Hospital Nacional Zacamil para hacerle pruebas de sangre y de presión arterial.

    «Fue hasta el día siguiente que nos dimos cuenta que había sido llevado al Hospital Zacamil pero fue sacado sin decírsele nada, para dónde lo llevaban, por personas vestidas de civil. Imagínense la zozobra, incertidumbre, lo llevan al hospital, le hacen unas pruebas, lo mantienen ahí desde las 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche sin decirle nada y esto refuerza una nueva conducta de arbitrariedad, de ilegalidad. Por eso estamos presentando este día el recurso de habeas corpus», indicó la abogada.

    Por su parte, el abogado Alfredo García, también del equipo de defensores, reiteró que el delito imputado a Anaya es un delito común y no debió aplicársele el plazo máximo amparado en el régimen de excepción.

    El estado de excepción suprime el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa establecido en la Constitución de la República; según el decreto del régimen, esta medida busca combatir las pandillas y los grupos terroristas. Bajo el régimen de excepción el plazo aplicado es 15 días durante los cuales las personas permanecen detenidas sin ser puestas ante un juez.

  • Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad sigue sin reglamento, Cooperación Española lanza una propuesta

    Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad sigue sin reglamento, Cooperación Española lanza una propuesta

    A casi cinco años de haber sido aprobada, la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad aún no cuenta con un reglamento que permita su aplicación efectiva, y tampoco ha entrado en vigor el capítulo que crea el Tribunal Sancionador, cuya implementación ha sido prorrogada anualmente, la última vez en diciembre de 2024.

    Ante esto, la cooperación española presentó el pasado 6 de junio una propuesta de reglamento elaborada durante un año en conjunto con asociaciones de personas con discapacidad, líderes comunitarios, madres cuidadoras y organizaciones sociales, quienes expusieron sus necesidades específicas durante el proceso.

    En el evento de presentación únicamente asistió, en representación del Legislativo, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, quien criticó duramente la falta de voluntad política para implementar la ley. “La ley fue aprobada en junio de 2020 y entró en vigencia en enero de 2021, pero desde entonces no ha tenido reglamento. No hay excusa para semejante irresponsabilidad por parte del Conaipd”, declaró.

    Rivas recalcó que, sin el reglamento y sin la operación del Tribunal Sancionador, la ley permanece como una norma inactiva, sin herramientas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, personas sordas, no videntes o con problemas de movilidad.

    Según la legisladora, el reglamento fue entregado al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y a representantes de otras instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Trabajo. “Lo que se espera ahora es que se tome en cuenta esta propuesta y que el Estado salvadoreño actúe como garante de los derechos de este sector históricamente vulnerable”, enfatizó.

    Rivas reprochó que el retraso en la implementación del reglamento, así como las repetidas prórrogas al capítulo del Tribunal Sancionador, evidencian una grave negligencia y una falta de empatía institucional hacia las personas con discapacidad. “Esta ley, sin reglamento, sigue siendo letra muerta”, lamentó.

  • Gobierno solicita préstamo de $75 millones para salud y respaldo fiscal

    Gobierno solicita préstamo de $75 millones para salud y respaldo fiscal

    El Gobierno solicitó este jueves a la Asamblea Legislativa la aprobación de un nuevo préstamo por $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar el «Programa Sectorial de Apoyo a la Gestión Integral para una Salud de Calidad».

    La solicitud fue presentada por el Ejecutivo con el objetivo de que el ministro de Hacienda pueda suscribir el contrato de financiamiento a nombre del Estado bajo la modalidad de Crédito de Enfoque Sectorial Amplio (SWAp), que permite un rápido desembolso y libre disponibilidad de los fondos.

    El contrato de préstamo establece que los fondos podrán utilizarse no solo para fortalecer la infraestructura hospitalaria y los servicios de atención primaria, sino también para proyectos tecnológicos y estratégicos del sistema de salud. Además, el documento habilita su uso en obligaciones generales del Estado, diversas transferencias y apoyo a la caja fiscal.

    El financiamiento tendrá un plazo de hasta 18 años, con un período de gracia de 24 meses. Asimismo, el Gobierno deberá pagar $40,000 a la CAF al momento del único desembolso, cantidad que será deducida del préstamo.

    Este nuevo crédito se suma al aprobado recientemente en la plenaria del martes 10 de junio, cuando la Asamblea autorizó otro préstamo por $75 millones, también con la CAF, para fortalecer el sistema educativo salvadoreño, bajo condiciones similares.

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa analizará la nueva solicitud el lunes 16 de junio, cuando se determine si el dictamen pasa al pleno para su votación.

  • Diputados aprueban otorgar reconocimiento especial al Alianza Women por sus 10 títulos

    Diputados aprueban otorgar reconocimiento especial al Alianza Women por sus 10 títulos

    La Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves un dictamen favorable para otorgar un reconocimiento especial al equipo de fútbol Alianza Women, por haber alcanzado su décimo campeonato en la Liga Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador, consolidándose como uno de los clubes más exitosos del balompié nacional femenino.

    La moción, presentada y respaldada por la presidenta de la comisión, Suecy Callejas, fue avalada sin observaciones por los diputados, quienes reconocieron la trayectoria destacada del equipo capitalino. La diputada destacó que Alianza Women ha hecho historia al conquistar cuatro títulos consecutivos, marcando un antes y un después en la liga femenina salvadoreña.

    “Este equipo ha mostrado carácter, talento y trabajo en equipo. Vamos a ser representados por el Alianza Women en la Copa de Campeones de Concacaf, torneo al que acceden los diez mejores equipos de la región”, expresó Callejas.

    Añadió que el homenaje también celebra la perseverancia, disciplina y talento de las jugadoras, convirtiéndose en ejemplo para las niñas salvadoreñas.

    El equipo femenino ha ganado 10 títulos de liga, además de haber alcanzado recientemente un subcampeonato a nivel centroamericano.

    La iniciativa solicita además llamar al equipo Alianza Women y a su cuerpo técnico a la Asamblea Legislativa para otorgarles el reconocimiento especial por haberse consagrado campeonas nacionales por décima ocasión en la Liga Mayor Femenina de Fútbol.

    Según el dictamen aprobado, el reconocimiento será presentado ante el pleno legislativo el próximo jueves 19 de junio, fecha en la que se espera definir el día exacto para rendir homenaje al equipo que ha inscrito su nombre con letras doradas en la historia del deporte femenino salvadoreño.

  • CIDH expresa preocupación por detención de Enrique Anaya y defensores de derechos en El Salvador

    CIDH expresa preocupación por detención de Enrique Anaya y defensores de derechos en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó en X su preocupación por la detención del abogado constitucionalista Enrique Anaya e instó al Estado salvadoreño a brindarle protección y garantías judiciales según las obligaciones internacionales y a «evitar el uso injustificado de prisión preventiva».

    La CIDH hizo este llamado en X el 10 de junio, reiterando la preocupación externada en un comunicado emitido el 6 de junio por el organismo internacional en el cual externan su preocupación por las capturas de defensores de derechos humanos, como Ruth Eleonora López, el 18 de mayo; el pastor José «Ángel Pérez, el 12 de mayo; Alejandro Henríquez, el 13 de mayo; además de Fidel Zavala y las órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).

    La organización manifiesta su «preocupación por detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos, y por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que puede limitar el funcionamiento legítimo de organizaciones de la sociedad civil y el espacio cívico en el país».

    Pide no usar el derecho penal para intimidar

    La CIDH señaló que «la revisión judicial de una detención debe ser inmediata». «Frente las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica, y asegurar que las personas defensoras puedan ejercer sus labores en un ambiente libre de cualquier tipo de intimidación», sugirió.

    La CIDH hace referencia directa a la detención de la jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, que la Policía realizó el 18 de mayo.

    “Desde entonces, el equipo legal y familiares de Ruth López reportaron dificultades para conocer el lugar de reclusión y denunciaron que los cargos que se le imputan serían una forma de persecución política por su actuación como defensora. La CIDH urgió a las autoridades del país informar el paradero de la defensora, que fue confirmado posteriormente según información pública”, indicó.

    La CIDH cuestionó la detención del líder comunitario y pastor José «Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, y de Alejandro Henríquez, abogado de dicha cooperativa. Ambos fueron detenidos «en flagrancia», acusados por los delitos de «desórdenes públicos» y «resistencia». El 30 de mayo, el Juzgado de Primero de Paz de Santa Tecla decretó la detención provisional de ambos defensores de derechos humanos por 6 meses.

    “A estos casos se suman la detención de Fidel Zavala y órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios. Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles. Adicionalmente, las organizaciones denuncian la detención de Félix «Ángel López Cañas, en febrero, sin orden administrativa o judicial, como un intento para amedrentar a su padre, Félix López, defensor laboral de exfuncionarios públicos despedidos”, indica la organización.

    La Comisión también ha observado que se estaría “aplicando un plazo más largo que 15 días para presentar las personas detenidas a autoridad judicial”, utilizando el régimen de excepción, en el que vive el país desde el 27 de marzo de 2022.

    CIDH critica Ley de Agentes Extranjeros

    La Comisión enfatizó su preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros a iniciativa del presidente de la República.

    “La normativa establece obligaciones a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades en El Salvador son financiadas desde el exterior, entre las cuales destaca la inscripción en un Registro en el Ministerio de Gobernación y la retención de 30 % de impuesto sobre todos los recursos recibidos… La CIDH expresa su preocupación por la tributación establecida, que puede inviabilizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación alternativos o comunitarios que actúan en defensa de derechos humanos y que dependen de los fondos de la cooperación internacional», aseveró la organización.

    La CIDH advierte «la discrecionalidad sobre qué sujetos podrán beneficiarse de una eventual exención de estas obligaciones y, en particular, la ambigüedad de los conceptos que determinan las actividades que son prohibidas de ser financiadas con recursos extranjeros», como fue redactada la ley.

    El comunicado señala que en 2021, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortaron al Estado de El Salvador pidieron no aprobar o derogar una normativa similar. La Comisión reiteró el rol de la libertad de asociación como una herramienta fundamental ejercer la labor de defensa de derechos humanos.

  • Asamblea autoriza préstamo de $75 millones del CAF para educación y que podrá usarse para caja fiscal

    Asamblea autoriza préstamo de $75 millones del CAF para educación y que podrá usarse para caja fiscal

    La Asamblea Legislativa autorizó el martes al Ministerio de Hacienda a que suscriba un nuevo préstamo por $75 millones originalmente destinado a fortalecer la educación de El Salvador pero que podrán destinarse para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

    Este contrato de préstamo aprobado por el CAF se denomina «Programa sectorial de apoyo al Fortalecimiento Integral de la educación en El Salvador», pero detalla que los recursos pueden destinarse a pago de deudas, transferencias o a la caja fiscal, así como proyectos estratégicos.

    La CAF lo «otorgaría al país en reconocimiento de las políticas, acciones y gestiones prioritarias del Gobierno de El Salvador en cuanto al fortalecimiento integral de la educación», detalla el documento.

    El plazo del préstamo será de hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta 24 meses, ambos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo.

    La solicitud de autorización para la suscripción del contrato de préstamo fue recibida por la Asamblea el lunes 9 de junio y aprobada al día siguiente, con dispensa de trámite, con 57 votos, de Nuevas Ideas y aliados. Vamos votó en contra y Arena se abstuvo.

  • Diputadas de oposición cuestionan redadas y maltratos a migrantes en EEUU

    Diputadas de oposición cuestionan redadas y maltratos a migrantes en EEUU

    Las redadas de inmigrantes que comenzaron el viernes 6 de junio agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en vecindarios del condado de Los Ángeles, han provocado reacciones de diputadas de oposición de El Salvador.

    Las diputadas se Arena y Vamos lamentaron que el gobierno salvadoreño no se haya pronunciado.

    “Esto debemos verlo con preocupación, la migración no es un delito, son personas que buscan mejores oportunidades, que buscan un futuro mejor y ayudar a sus familias. Es lamentable cómo los están maltratando con el uso de la fuerza. La migración es un derecho humano debería verse como tal”, expresó Marcela Villatoro, de Arena.

    Agregó que los salvadoreños deben apoyar a los migrantes salvadoreños en Estados Unidos y presionar para que se busque una solución para ellos. «Que no vengan deportados hacia nuestro país, para que puedan mantenerse en EE.UU. con mejores oportunidades, aprovechando la comunicación que actualmente se ve entre ambos gobiernos”, señaló Villatoro.

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que es preocupante porque “hay muchas detenciones que se están haciendo donde no hay respeto a la dignidad, a la integridad de las personas». «Pero más que eso lamentamos el silencio y lamentamos la falta de acción del gobierno del Estado Salvadoreño”, cuestionó.

    Rivas dijo que es necesario conocer cuál es la situación de los migrantes, qué se está haciendo desde el gobierno salvadoreño, cuáles son las condiciones y si los consulados y embajadas están haciendo su labor a favor de ellos.

    “Esperemos que no se recuerden de ellos solo para tema electoral, solo para el voto en el exterior, sino que recuerden que una familia está pasando una situación de humillación, denigrante para ellos y sobre todo de preocupación, la situación para ellos es tan alarmante, unos han dejado de trabajar, sus hijos han dejado de ir a estudiar, otros estás escondidos», indicó.

    Según las fuentes federales, esa operación dejó alrededor de un centenar de personas detenidas la comunidad migrante que protestaba el fin de semana en Paramount, Compton y el centro de la ciudad, en medio de enfrentamientos violentos con la Policía. La presidente de México, Claudia Sheinbaum, dijo “no es con redadas ni con violencia como se atiende el tema migratorio”.

    Este lunes 9 de junio la Administración del presidente Donald Trump decidió movilizar a 700 marines a Los Ángeles desde la base de Twentynine Palms, ubicada en el sur del condado de San Bernardino, California, para apoyar a la Guardia Nacional en la protección de instalaciones y personal federal, mientras llegan refuerzos adicionales, para las redadas antimigrantes.

  • Oposición critica que nueva ley limite deuda a partir de 2030 y no antes

    Oposición critica que nueva ley limite deuda a partir de 2030 y no antes

    Diputados de oposición criticaron que la nueva «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas», aprobada el martes con 59 votos, establezca límites de deuda hasta el año 2030 y no antes.

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, aseveró que su partido no acompañó la aprobación porque le parece un descaro, en primer lugar, que se apruebe con dispensa de trámites y no haya sido estudiada y que se impongan obligaciones hasta el 2030.

    “Una ley tan importante, que lo que hace es ponerle el cincho al gasto público, donde va la medicina amarga para el salvadoreño… Que no tenga el debate que debería tener, que no haya llegado el ministro de Hacienda a explicarla y sobre todo que se están imponiendo obligaciones hasta el 2030, es un descaro lo que se está haciendo”, expuso Rivas.

    También, la jefa de fracción de Arena, Marcela Villatoro, cuestionó que la normativa imponga límites de endeudamiento a largo plazo y no al actual gobierno. «En el artículo 7, habla de límites (de deuda) pero con base a los tres futuros gobiernos siguientes, pero no con respecto al gobierno actual», señaló.

    Villatoro observó que en la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, había meta cada dos años y se había regulado un balance primario. La diputada también preguntó si cuando se regula la suspensión de la ley solo se le va a informar a la Asamblea Legislativa para suspenderla.

    La ley, que establece límites de endeudamiento del 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, 75% del PIB en 2035 y del 70 % en 2045, fue aprobada con 59 votos, de Nuevas Ideas, Arena, PCN y PDC. Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.

    «Ojalá no sea un candado simbólico»

    Los tres diputados de oposición criticaron la falta de discusión, ya que la ley fue aprobada con dispensa de trámites, es decir, sin pasar por estudio de una comisión de trabajo. También, mostraron desconfianza en que se cumpla.

    El diputado Francisco Lira, de Arena, manifestó que es claro que esta aprobación obedece a uno de los cumplimientos que debe realizar El Salvador por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, aunque aseguró que sí apoyarían, cuestionó que se hiciera con dispensa de trámites.

    “Nosotros como Arena lo vemos con seriedad y vamos a apoyarla, pero ojalá que no sea un candado simbólico más que le está poniendo Nuevas Ideas al presupuesto general de la nación, ni tampoco al endeudamiento, porque después de aprobar esta ley, viene otro endeudamiento de $75 millones. Ojalá sea una verdadera herramienta de control, donde ustedes se ajusten el cincho y podamos llevar un rumbo correcto para El Salvador”, expresó Lira.

    Destaca la transparencia

    La diputada Marcela Villatoro, sin embargo, destacó la transparencia que ordena la nueva normativa.

    «Parte de la transparencia es conocer estos informes para que sepamos realmente adónde están yendo las finanzas de este país, algo que no se ha estado dando en los últimos años, porque se le ha puesto reserva de información a lo que sucede con las finanzas», indicó.

    Agregó que con la normativa «no pueden dar excusas de ponerle reserva» y que, con la presentación de estos informes, «todos los salvadoreños debemos conocer cómo están las finanzas”.

    Aseveró que la normativa es necesaria para que “no haya abusos de gastos corrientes y aprobación de préstamos sin medida”.

  • ¿Por qué Vamos votó contra el acuerdo militar de El Salvador y Turquía?

    ¿Por qué Vamos votó contra el acuerdo militar de El Salvador y Turquía?

    La diputada de oposición Cesia Rivas, de Vamos, votó contra el «Acuerdo sobre Cooperación en la Industria de la Defensa entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Turquía», aprobado el martes por la Asamblea Legislativa.

    “Es como que se le está dando un contrato en blanco a toda la transferencia de conocimientos y sobre todo que se habla de tecnología militar. Estamos en un país donde ya sufrimos un conflicto armado, estamos en un país donde hay represión y es temor para el salvadoreño que la Fuerza Armada tenga tal poder, que ya lo tiene», señaló.

    La legisladora de oposición además se preguntó contra quiénes se quieren usar esas herramientas militares, advirtiendo posibles violaciones de derechos humanos. «¿Contra quién se quiere usar eso? Porque ya sabemos cuál es el respeto que tiene para los derechos humanos y esto debe ser preocupante para los salvadoreños”, fueron sus palabras.

    El acuerdo militar incluye apoyo técnico, logístico, formación, intercambio de tecnología y documentos, fortalecer sus capacidades mediante el desarrollo, producción, adquisición y mantenimiento de bienes y servicios de defensa.

    El acuerdo fue aprobado con 59 votos, incluidos dos votos de Arena. Por Vamos, la diputada suplente Cesia Rivas votó en contra.

    Con este acuerdo se crea una comisión bilateral responsable de ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento, con reuniones periódicas y participación de expertos de las Fuerzas Armadas y del sector defensa. Además, define mecanismos para la protección de la información clasificada, incluyendo su tratamiento, transmisión, custodia y sanciones en caso de «divulgación no autorizada», entre otros.

    Sobre los beneficios que se esperan con el convenio, están el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Fuerza Armada de El Salvador; acceso a tecnología avanzada y transferencia de conocimiento técnico científico en defensa, entre otros.

  • Solo dos votos tuvo propuesta de Claudia Ortiz para cobrar $1 por boleto aéreo de salida para un fondo de migrantes

    Solo dos votos tuvo propuesta de Claudia Ortiz para cobrar $1 por boleto aéreo de salida para un fondo de migrantes

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió el martes modificar agenda para introducir una propuesta de reforma y crear un fondo a favor de los migrantes retornados a partir de un cobro de $1 por boleto aéreo de salida desde El Salvador.

    La propuesta es una reforma a la «Ley de integración de funciones del Consejo nacional para la protección y desarrollo de la persona migrante y su familia (Conmigrantes) al Ministerio de Relaciones Exteriores«.

    “Quiero solicitar que se modifique esta ley para que en el cobro de viaje de salida en el viaje aéreo de cada pasajero que salga del país, se le cobre $1, de una tasa que sea destinada para crear un fondo de apoyo a los migrantes retornados”.
    Claudia Ortiz (Vamos).

    Ortiz explicó que el fondo serviría para brindar a las personas retornadas “diferentes programas de apoyo y protección y también un capital semilla, luego de una evaluación y diagnóstico realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores” con el fin de que inicien un negocio y salgan adelante económicamente.

    La propuesta de modificación de agenda fue sometida a votación. Tuvo dos votos: Ortiz y la diputada Marcela Villatoro, de Arena. “Con dos votos a favor, no hay resolución”, dijo el diputada presidente, Ernesto Castro.

    La propuesta de reforma

    Art. 1.- Refórmase el inciso primero e incorpórese un inciso segundo del artículo 7 de la siguiente manera:
    Otros ingresos
    «Art. 7.- La distribución por el cobro de tasa por salida de cada pasajero vía aérea, que corresponde a un dólar de los Estados Unidos de América, que establece el artículo 326 literal a) de la Ley Especial de Migración y Extranjería, serán destinados para la constitución de un Fondo Especial para la Atención a Migrantes Retornados, el cual será administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tendrá por objetivo la atención integral a los salvadoreños en situación de migrantes irregulares para que sean incorporados a la economía de país.»
    «El total de lo recaudado por el Fondo Especial para la Atención a Migrantes Retornados, será asignado para que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice un programa especial para otorgamiento de capital semilla para salvadoreños retornados que de conformidad a un diagnóstico que se realice, y que, además se determine que ellos pueden y quieren quedarse en el país y realizar un emprendimiento.»
    «Con la finalidad de garantizar un efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la presente disposición, se faculta al Ministerio de Hacienda para que emita las disposiciones administrativas y financieras que sean necesarias.