Autor: Jessica Guzman

Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitieron este viernes un dictamen favorable para reformar el Código Municipal con el fin de eliminar la solvencia de pago de impuestos municipales como requisito para inscribir sociedades en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

El artículo 100 del Código Municipal actualmente exige la presentación de «la solvencia de impuestos municipales de los socios o de la sociedad» para su constitución como sociedad mercantil. Con la reforma, la solvencia de impuestos, tasas o contribuciones municipales seguirá siendo exigida para trámites de «modificación, transformación, fusión y disolución de sociedades».

«Uno de los requisitos que eran quizás de los que tomaban más tiempo para poder finalizar el registro de su empresa era la solvencia municipal, requisito que gracias a esta reforma quedaría totalmente eliminado, siendo así que la formalización de una SAS puede hacerse en un par de horas, ya que no todas las municipalidades tienen esa agilidad de brindar de manera rápida».

Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

El requisito de la presentación de la solvencia municipal «quedaría totalmente eliminado» según Dania González, diputada de Nuevas Ideas que preside la Comisión, aunque la lectura del proyecto de decreto no fue transmitida por la Asamblea Legislativa.

El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, dijo que ellos están «para apoyar al empresario en acelerar los procesos para que ellos rápidamente puedan desarrollar su actividad económica».

«Que mediante esta reforma nosotros podamos también eliminar el requisito de presentación de las solvencias municipales de sus otorgantes», reiteró.

Argumentó que servirá «para acelerar un procedimiento tan básico como es la inscripción de un negocio».

La diputada Gonzálz agregó que con el decreto transitorio para que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se inscriban de forma gratuita, desde febrero de 2024, se registraron 2,268 sociedades bajo esta modalidad hasta enero de 2025. De ese total, 35 % se realizó en línea en creaempresa.gob.sv.

Polémica por votación de proyecto distinto

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó que se hizo un lectura distinta al proyecto distribuido entre los diputados.

La diputada Dania González le respondió que «pronto» le harían llegar el texto del dictamen a ser aprobado. Luego de que le fuera entregado, Gonzálz sometió a votación el dictamen y proyecto de decreto leídos.

Después de la aprobación del dictamen, por mayoría, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, pidió la palabra para explicar que no dio su voto porque no tuvo acceso al documento de la reforma con tiempo prudencial: «Que se haga constar en acta que se hizo la votación mientras yo estaba comparando ambos textos, por lo cual no puedo emitir mi voto con la información suficiente, para poderlo hacer de manera responsable, muchas gracias», dijo Ortiz.

«Se toma nota, diputada», respondió Gonzálz, quien continuó con el desarrollo de la agenda de la sesión y la finalizó.

La

diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, propuso públicamente ayer que la Chivo Wallet se utilice para entregar subsidios, luego de que se conociera que desmantelar el monedero estatal a finales de julio es parte de los compromisos asumidos por El Salvador en el programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Con la Chivo Wallet, se usaron muchos fondos públicos y lo dijimos en su momento, hace tres, cuatro años, que eso no era algo que iba a generar un beneficio al país y el tiempo nos dio la razón. Pero Chivo Wallet es una aplicación en la que se invirtió dinero y no debe desperdiciarse, entonces la propuesta que yo ye hecho a la Asamblea Legislativa es que la infraestructura tecnológica de Chivo Wallet se transforme en una aplicación para entregar subsidios», expuso la diputada.

Según la diputada opositora, por medio de la Chivo Wallet, se podrían entregar los subsidios al transporte público, a la canasta básica, entre otros.

“Se podría utilizar esa infraestructura tecnológica, ya que tiene algún tipo de programación al respecto, para entregar subsidios al transporte público, subsidios a la canasta básica. Hoy que la gente tiene tantos problemas para acceder a los alimentos, subsidios para estudiantes, es decir, se podría aprovechar, en lugar de dejar tirado algo que se usó, no le sirvió a nadie, solo a unos pocos y ahora se va a desechar”.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el gobierno salvadoreño desmantelará el monedero estatal Chivo a finales de julio como parte de los compromisos asumidos en el programa de $1,400 millones.

El desmantelamiento del monedero estatal fue anunciado el 19 de diciembre de 2024 por Stacy Herbert, directora de la Oficina de Bitcoin, quien emitió un comunicado, en respuesta a las críticas de algunos bitcoiners sobre que el gobierno cedió a la presión del FMI para acceder a financiamiento.

Chivo Wallet fue lanzada por el gobierno salvadoreño en septiembre de 2021 como una medida para impulsar la adopción del bitcoin. Con la Chivo Wallet, hubo un periodo en el cual se regaló un bono de $30 para los nuevos usuarios, lo que provocó largas filas de salvadoreños en los cajeros de Chivo intentando sacar ese dinero en dólares.

La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, espera que el gobierno cumpla el acuerdo financiero que ha alcanzado con el «Fondo Monetario Internacional (FMI)» del programa de Servicio Ampliado (SAF) y cuya primera revisión liberaría $120 millones.

Una de las condiciones es aprobar una «Ley de Sostenibilidad Fiscal», para lo cual la diputada de oposición, dijo, votaría.

«El gobierno debe cumplir sus compromisos porque el «Fondo Monetario Internacional» es serio y se debe hacer lo posible por cumplir. Tengo entendido que se está esperando que se existiese una «Ley de Responsabilidad Fiscal», que eso ya venció el plazo que ellos habían pedido para poder ser aprobada en nuestra Asamblea Legislativa y vamos a ver si se presenta en los próximos días», dijo Villatoro.

La diputada advirtió que, en los próximos meses, se verán «recortes en presupuestos» y estarán a la expectativa si «hay despidos», ya que rebajar la grasa del Estado es parte de las condiciones que ha puesto el FMI.

En la información que difundió el Fondo, adelantó que el gobierno prepara planes para reformar el sistema de servicio civil (Ley de Servicio Civil) y los sistemas de pensiones, a fin de «apuntalar el ajuste más allá de este año». Estas medidas incluirán una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuya promulgación está «prevista próximamente».

«Creo que es importante una Ley de Responsabilidad Fiscal con la que se supervise cómo está funcionando el Estado y que los recursos ingresen de forma adecuada, que no se dispersen y que funcione todo económicamente bien para nuestro país. Por su puesto que una Ley de Responsabilidad Fiscal contará con nuestro apoyo», dijo Villatoro.

El 9 de mayo se venció el plazo para que El Salvador aprobara una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), una normativa que busca mejorar las finanzas públicas y que fue suspendida durante la pandemia por covid-19; aunque, el 27 de mayo, luego de la primera revisión del plan SAF, el FMI señaló que el programa ha tenido un sólido desempeño por parte de El Salvador.

Según el acuerdo, El Salvador debe incrementar los requisitos de liquidez bancaria, a la vez que se fortalecerá la supervisión bancaria y de cooperativas.

Con la «Ley Anticorrupción», el gobierno se ha comprometido a garantizar su «aplicación adecuada y oportuna» para «mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, incluidas las cuentas fiscales del sector público en general».

La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, pidió una reforma a la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes (ley del IVA) para quitar este impuesto a los alimentos de la canasta básica y además congelar sus precios.

La propuesta fue hecha en la sesión plenaria por Villatoro, quien dijo que el recién aprobado incremento al salario mínimo ha derivado en incrementos de precios de productos de la canasta básica.

“El 1 de junio inicia lo que se ha aprobado como el nuevo salario mínimo con el aumento que se ha hecho del mismo, sin embargo, mucha población salvadoreña nos ha comunicado que, a raíz de esto, se han estado aumentando los precios en algunos productos de la canasta básica y que siempre que se aumenta el salario mínimo es usual que aumentan los precios de los productos… No sirve que se aumente el salario mínimo, si los precios también suben. Consideramos oportuno congelar los precios de la canasta básica por un plazo de un año”, expuso la diputada de oposición.

La legisladora dijo que buscan beneficiar a los dueños de micro y pequeñas empresas que tienen que hacer los ajustes de planillas y pagar esos incrementos.

La diputada @Villabull propuso eliminar el IVA a la canasta básica por un año, los diputados de la @BancadaCyan no votaron ni a favor, ni en contra, a pesar que recalcan que «hoy la votación es a favor o en contra» @ElMundoSV pic.twitter.com/nsZ0YjVdue

— Jessica Guzmán (@Jessmonic) May 29, 2025

“Les volvemos a pedir a esta Asamblea Legislativa que se le quite el IVA a los productos de la canasta básica por el plazo de un año, a modo también de beneficiar a las micro y pequeñas empresas y que necesitan busca ajustes para poder pagarle a sus empleados, porque lastimosamente no se han presentado medidas económicas para ver cómo los ayudamos a que ellos hagan un ajuste”, dijo en el pleno.

La iniciativa, que ya ha sido propuesta anteriormente, no tuvo votos de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió que incluyeran su voto a favor de la propuesta, pero Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, le dijo «no es posible ya que no se encontraba usted incorporada».

El precio de la canasta básica alimentaria (CBA) subió en abril por un mayor costo en las raciones de pan francés, tortillas y verduras, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec).

La última actualización señala que la CBA en la zona urbana se ubicó en $247.27 en abril, $1.38 en promedio más cara que los $245.89 de marzo. También la canasta básica rural se encareció, aunque a un menor ritmo, en $0.63, y se ubicó en $178.76.

La diputada Marcela Villatoro, jefa de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que no es la defensora de Norman Quijano y exhortó a que se le siga su debido proceso, luego de que se conociera que el actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) haya sido detenido el 6 de marzo y que que está recluido en el Centro de Inmigración y Aduanas.

«No estoy para defender a alguien, ni para acusar a nadie. Yo no soy la defensora de él, tampoco soy la Fiscalía, que siga su debido proceso, que muestre lo que tenga que mostrar, siguiéndole el juicio como debería de ser», dijo la diputada Villatoro.

También, dijo que no quería dar más declaraciones sobre la detención de Quijano, porque medios afines al gobierno «tergiversan» información, aseguró.

«Hay muchas páginas que son progobierno, personas progobierno y utilizan las palabras que uno dice para tergiversar información y yo no me voy a prestar a eso, por eso, mejor no opinar al respecto. No voy a prestarme a que se tergiverse información por parte de medios afines al gobierno», señaló.

Vamos: «Verdadera justicia»

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, dijo que espera «se garantice verdadera justicia». «Habrá que ver cómo se desarrollan los siguientes eventos alrededor de ese tema. Las acciones que se le señalan deben ser investigadas y juzgadas con un sistema que garantice verdadera justicia», dijo Ortiz.

Quijano fue condenado por los delito de agrupaciones ilícitas y fraude electoral a más de 13 años de prisión en abril del 2024, luego de haber sido hallado culpable de pactar con pandilleros en la campaña presidencial del año 2014, al prometer favores a cambio de votos. En la acusación, la Fiscalía aseguró que los hechos se habrían cometido cuando Norman Quijano era candidato para la presidencia en las elecciones del 2014 y 2015, específicamente, en días previos a la segunda vuelta del evento electoral, donde se supuestamente tuvo reuniones con las pandillas (Barrio) 18 y Mara Salvatrucha MS-13, y con quienes realizó negociaciones ilícitas haciendo ofrecimientos de beneficios a estas pandillas a cambio de votos.

Desde antes de haber sido condenado, en 2021, el Juzgado Quinto de Instrucción solicitó a la Oficina Central Nacional de la Interpol en El Salvador emitir la difusión roja en contra del diputado.

Según la Oficina de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Quijano está bajo custodia del ICE en el Centro de Detención del Servicio de Port Isabel de Texas, luego de ser detenido el 6 de marzo y de solicitar asilo a los Estados Unidos.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la 39a. prórroga del régimen de excepción, luego de recibir una solicitud que reporta y 86,400 personas detenidas desde el 27 de marzo de 2022.

Esta nueva prórroga, en la votación nominal y pública, contó con los 53 votos de Nuevas Ideas, dos del Partido de Concertación Nacional y uno del Partido Demócrata Cristiano. Los diputados de Arena estaban ausentes y Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

«Tal como se ha indicado en cada uno de los decretos esta forma de delincuencia tiene una naturaleza compleja y su combate en la actualidad requiere de medios excepcionales que tengan la capacidad de lograr su total desarticulación», establece la prórroga.

El gobierno reportó que «durante el mes de mayo de 2025 se ha registrado una variedad de eventos delictivos que generaron significativas detenciones por ejemplo la captura de un cabecilla de la MS 13 fundador de una de las clicas en Texas Estados Unidos en el departamento de Sonsonate, la captura en el Aeropuerto Internacional de Salvador de cinco miembros de la MS».

El decreto de prórroga entra en vigencia el 5 de junio de 2025, dura un plazo de 30 días hasta el 4 de julio.

La diputada Evelyn Merlos, de la bancada cian, pidió la palabra para recordarle a la población las garantías suspendidas desde que se aprobó la medida excepcional el 27 de marzo de 2022.

«Quiero recordarle al pueblo salvadoreño las garantías constitucionales que están suspendidas desde que aprobamos la primera vez el régimen de excepción y sus 38 prolongaciones derecho a la defensa, se encuentra contemplado en el artículo 12, inciso segundo de la Constitución, el plazo de la detención provisional, se encuentra contemplado en el artículo 13, inciso segundo de la Constitución; también tenemos la inviolabilidad de la correspondencia que está contemplado en el artículo 24 de la Constitución. ¿Cuál es la base legal para seguir aprobando el régimen de excepción? se encuentra en el artículo 30 de la Constitución, que establece que se puede seguir prorrogando por 30 días y qué pasaría si no aprobamos el régimen de excepción volveríamos a la época de zozobra en el país», dijo Merlos.

El concejo de La Libertad Sur, de los distritos de Santa Tecla y Comasagua, acordó perdonar las multas e intereses por mora a los contribuyentes dueños de inmuebles, incluidos los propietarios de puestos en mercados y de espacios en los cementerios.

“Las ordenanza tiene por objeto que todo contribuyente que se encuentre en mora con esta municipalidad respecto al pago de tributos municipales solvente su situación mediante la dispensa de multas e intereses moratorios que existieran”, indicó el concejo.

Al beneficio podrán aplicar personas naturales y jurídicas, incluso «los arrendatarios ubicados en el interior y en la periferia de los centros comerciales municipales (Central, Dueñas y Comasagua) y cementerios municipales”. Para mercados y cementerios, podrán aplicar quienes tengan derecho sobre un local o puesto que se encuentran en mora.

Quienes tengan un plan de pago vigente podrán crear un nuevo plan de pago con la deducción de los intereses aplicados.

Así, los contribuyentes podrán pagar su deuda de forma total o a través de pagos parciales en un plazo de hasta 60 días a partir del 29 de mayo.

¿Quiénes no aplican?

No podrán aplicar a esta dispensa las multas por inscripción extemporánea de inmueble y establecimientos, de obligaciones tributarias formales y las impuestas en proceso de fiscalización por incumplimiento de obligación formal.

También, quedaron excluidos los procesos regulados bajo la ordenanza reguladora de medios de pago permitidos emitida en 2007, que se ha venido reformando y que permite pagos como “dación de pago” para saldar deudas mayores a $1,000 con el distrito de Santa Tecla, mediante “obras físicas, servicios, bienes”.

Las exoneraciones: del 50 % al 100 %

Para esta ordenanza de dispensa de multas e intereses moratorios, tanto en Comasagua como en Santa Tecla, si el contribuyente hace el pago total, de contado, cheque certificado, tarjeta de debido o crédito, la exoneración de pago de intereses y multas será al 100%.

Si el pago es mediante la suscripción de un plan de pagos de 2 a 6 cuotas, la exoneración de pago de intereses y multas será al 75%.

Si el pago es mediante suscripción de un plan de pagos de 7 a 12 cuotas, la exoneración de pago de intereses y multas será al 50%.

Si el contribuyente incumple el plan de pagos, se cancelará dicho plan y tendrá que pagar la totalidad de la deuda incluyendo los intereses moratorios.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que el incremento al salario mínimo del 12 % informado ayer por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, «es positivo» pero que esa decisión debe acompañarse de medidas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y trabajo de gobierno, para que ese costo no se le traslade al final siempre a la población.

“Un aumento al salario mínimo siempre es bueno para la población, sin embargo, tiene que venir con medidas que ayuden a que el costo no se traslade a la población, esto también requiere que a la micro, pequeña y mediana empresa se le den facultades y apoyo para poder cubrir los gastos que implica esta decisión, así como revisar que los precios de los productos no aumenten. Por eso, deben hacerse medidas económicas efectivas y no sacadas bajo la manga”, señaló la diputada Villatoro.

La diputada consideró que la discusión sobre el incremento no fue a profundidad “porque fue una orden”, ya que el presidente Nayib Bukele fue quien publicó el 25 de abril que había enviado la propuesta del 12 % al Consejo. “Este día, hemos enviado la siguiente propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo”, escribió el mandatario en una publicación en redes sociales donde muestra una lámina con la propuesta de un 12 % para los rubros de maquila, industria, agrícola, y comercio y servicios.

“No se revisó incluso si podía darse más”, cuestionó Villatoro.

La diputada insistió en que es necesario “apoyar a las pymes con programas especiales con la banca estatal, entre otros, porque el aumento del salario hace que, de una u otra forma, deban sacar los costos y se lo trasladan al cliente».

«Por eso deben hacerse medidas económicas que ayuden a todos, como por ejemplo eliminar el IVA a productos de la canasta básica, que es algo que no beneficia únicamente a los que ganan el salario mínimo, sino a todos”, explicó.

Por su parte, la secretaria general del partido Vamos y diputada Suplente, Cesia Rivas, hace varios cuestionamientos: en principio, si ese aumento del 12 % responde a las necesidades de la población que gana el salario mínimo.

“El aumento al salario mínimo debería responder a las necesidades de los trabajadores, ¿será que el aumento del 12 % ayudará de forma significativa al trabajador?, si bien implica un aumento al salario actual, no olvidemos que la mesa del salario mínimo pidió más, al igual que el CDC (Centro para la Defensa del Consumidor)”, expresó.

Otro de los cuestionamientos que hace Rivas es que solo faltan cinco días para que entre en vigencia el incremento.

“¿Están preparados los patronos para realizar los aumentos? ¿Se han tomado medidas para evitar el alto costo de insumos o producción que pueden ocurrir por el aumento y que las empresas pequeñas, y medianas deben tomar en cuenta? ¿qué impacto va a tener este aumento en la economía del salvadoreño?”, cuestionó.

La secretaria general de Vamos señaló que se deben tomar las medidas necesarias para que este incremento no aumente los precios de la canasta básica y que, al final si los precios terminan subiendo, los trabajadores no perciben el beneficio.

“Los precios suben, los servicios también suben, el dinero de los trabajadores que tienen para comprar la canasta básica se reduce y esto definitivamente afecta la capacidad de los ciudadanos para cubrir sus necesidades básicas; el último aumento al salario mínimo fue en 2021 y, desde entonces, el costo de la canasta básica ha subido significativamente. Esto nos indica que el aumento del salario mínimo no ha logrado cubrir el incremento de la canasta básica y los ciudadanos cada vez más tienen menos poder adquisitivo”, señaló.

Los sindicatos habían propuesto un aumento del 40 %, sin embargo esa opción no fue tomada en cuenta. Se desconoce cómo fue la discusión del incremento dentro del Consejo. La diputada Villatoro dice que “hubiese sido pública” pues al final es a los trabajadores que menos ganan a los que se impactan.

El aumento del 12 % al salario mínimo se aplicará desde el 1 de junio, día en que se tiene previsto que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pronuncie un discurso en la Asamblea Legislativa, por su primer año del segundo periodo de gobierno.

El concejo de San Salvador Sur acordó dispensar las multas e intereses moratorios que adeuden los contribuyentes que sean propietarios de inmuebles en los distritos que integran el municipio, que son

Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

Esta dispensa se aplicará a las multas e intereses moratorios derivados de las tasas municipales por alumbrado público, aseo, servicio de pavimentación, cobro de mercados y otras en materia tributaria de ese municipio.

La ordenanza fue publicada en el Diario Oficial del 21 de mayo, por lo que inicia su vigencia este próximo 29 de mayo.

Esta ordenanza iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y tendrá validez hasta el 31 de agosto de este año.

Los contribuyentes tendrán ese tiempo para suscribirse a planes de pago para liquidar la deuda principal, sin multas ni intereses moratorios.

Los deudores deben tomar en cuenta que solo podrán gozar del beneficio los que realicen sus pagos de forma total y que cancelen el derecho administrativo en el tiempo oportuno, para programar sus pagos parciales, siempre y cuando estos se hagan en el plazo de seis meses.

Si el contribuyente incumple el pago, el beneficio será cesado de inmediato y se hará exigible la deuda en totalidad.

El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve) anunció este martes la entrega de $1.1 millón en créditos a 600 excombatientes según el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, quien junto al vicepresidente del país, Félix Ulloa, presidieron el evento.

“Solamente en esta entrega el gobierno del presidente Nayib Bukele les está otorgando $1.1 millones a más de 600 personas. Con estos créditos tienen las herramientas necesarias para dar un paso en la construcción de una nueva vida”, aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa, según publicó en sus redes sociales la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

En mayo, el Inabve llegará a los $2.3 millones en créditos entregados los veteranos y sus familias, según Castro, «que han logrado beneficios de $10 millones en total”.

Ulloa dijo que con esos recursos podrán «empezar con emprendimientos, con la asistencia técnica, el acompañamiento y la capacitación» que el Instituto «está brindando».

“Fue el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el que realmente abrió la puerta a los veteranos excombatientes y personas con discapacidad a consecuencias del conflicto armado, y nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa nos hemos sumado a ese proceso”, dijo Castro.

El presidente del Inabve, Juan Ortiz, elogió al gobierno de Bukele, señalando que hay “un antes y un después».

Los créditos que hoy reciben no tienen candados, pueden invertirlo en lo que ustedes quieran.”
Juan Ortiz, presidente del Inabve.

«No me van a dejar mentir, que hay una era, de dos partidos políticos que no vale la pena mencionar y esta era de nuestro presidente Nayib Bukele, antes recibían $50, hoy reciben $100, donde los créditos que ustedes tienen no tienen candado, pueden invertirlo en lo que ustedes quieran. Es un crédito común y corriente para la banca privada, para nosotros es sobrevivencia, porque muchos de ustedes ya no pueden tener crédito en la banca privada. Señores, no tienen nada que ir a hacer a la banca privada, para eso tienen el Instituto, es de ustedes”, les aseguró Ortiz.

El 11 de mayo, el Inabve también informó que entregó 273 créditos a beneficiaros de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate cuyo monto total suma $526,756.03.

El Inabve tiene un presupuesto programado de $191.9 millones para el año 2025, de los cuales ya devengó $43.6 millones. De ese total de fondos, $170 millones están programados para “Beneficios y prestaciones económicas y sociales 2025”, de los cuales ya se ejecutaron $40.5 millones. De la línea presupuestaria “Beneficios y prestaciones económicas y sociales”, son $164 millones los programados para “transferencias corrientes al sector privado”, es decir, aproximadamente de $13 a $14 millones mensuales. El Inabve no ha informado cuánto de este monto destina a créditos.