Autor: Jessica Guzman

La secretaria general del partido Vamos y diputada suplente, Cesia Rivas, calificó de «mentira» la política política del gobierno actual en educación y cuestionó la nueva promesa de Nayib Bukele sobre «Dos escuelas por día».

«A seis años del gobierno de Bukele, lo que queda evidenciado es que la mentira es una política pública en su gobierno. Los discursos y sus promesas en el momento son aplaudidas por muchos, pero la realidad demuestra que son palabras vacías, ejemplo, lo que ha pasado en educación. Dijo abrir nuevas escuelas, pero lo que pasó es que muchas fueron cerradas, dijo que se renovarían más de 5,000 escuelas, pero llegaban y dejaban a medias la renovación, por ello, no llegan ni a 500 las escuelas «renovadas», cuestionó Rivas.

El pasado jueves 22 de mayo, el presidente Bukele inauguró un centro escolar en San Luis Talpa, en La Paz Oeste, en cadena nacional, acto que le sirvió para anunciar el programa de «Dos escuelas por día» que, prometió, incluirá días no hábiles y festivos.

Para Rivas, esto es más de lo mismo, ya que asegura que esa promesa la hizo también el 7 de septiembre de 2022 cuando llegó hasta el Complejo Educativo «Doctor José Ciro Brito», en Nahuizalco, Sonsonate. «Son 5,150 centros escolares que serán remodelados totalmente, un promedio de dos por día», dijo Bukele en esa ocasión, calculando 1,000 escuelas cada año.

La diputada jefa de la fracción de Arena, Marcela Villatoro, también puso en duda la promesa del presidente.

«Bueno ojalá que sea cierto, porque así dijeron de las ganancias de bitcoin y a la fecha las seguimos esperando», cuestionó Villatoro, refiriéndose a la promesa que hizo Bukele en 2021, cuando inauguró la construcción del hospital veterinario: «Además, quiero anunciar que con unos millones que nos quedan de las ganancias de bitcoin vamos a construir las primeras 20 escuelas bitcoin, totalmente equipadas y modernas»,

«Lo realmente urgente acá es que se haga una mejora al sistema educativo, desde mejor infraestructura escolar hasta mejores condiciones laborales para los maestros y educación de calidad para los alumnos», señaló Villatoro.

Para Rivas, después de seis años, el gobierno «ya debería haber cumplido las muchas promesas que ha hecho, pero ha abusado de su popularidad y hace esperar a la gente, cuando sí ha contado con el dinero para resolverle, ejemplo, las escuelas y el Hospital Rosales. Son millones los otorgados, pero esa inversión no se ve, así que, más que creer lo que Bukele dice, quedémonos con lo que él hace», señaló Rivas.

El presidente explicó el jueves que era la única crítica que admitía, pero argumentó que nunca se imaginó la situación de las escuelas que se encontraría y mostró un centro escolar construido de láminas.

Organizaciones no gubernamentales mencionan los artículos

6, 7 y 22 de la Constitución de la República, la

Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como las disposiciones legales que viola la nueva Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo por la Asamblea salvadoreña.

El miércoles 21 de mayo, unas horas después de aprobada la Ley de Agentes Extranjeros por la Asamblea Legislativa, un grupo de representantes de las organizaciones, en conferencia de prensa, señalaron que están seguros que con la nueva normativa no solo se limitará el trabajo de las organizaciones, sino que

muchas se verán obligadas a cerrar.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, mencionó que los artículos 3, 4, 5 y 8 de la

nueva Ley de Agentes Extranjeros, que tienen que ver con los sujetos obligados, el quehacer y el registro obligatorio de personas y organizaciones, contravienen al artículo 7 de la Constitución de la República.

El artículo 7 de la Constitución de la República establece el derecho a la libre asociación en El Salvador: «Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación».

El artículo 9 de la nueva Ley, que habla sobre las prohibiciones de los sujetos obligados y “que tiene que ver con la prohibición de actividades, influencia política y alteración del orden público», transgrede el artículo 6 de la Constitución, según Escobar.

El artículo 6 de la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión: «Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan».

Además, la organización Cristosal, en su análisis jurídico, consideró que la normativa viola también la

libertad de contratación, establecido en el artículo 22 de la Constitución.

«El Estado no puede imponer límites, ni censura previa a las actividades realizadas por ninguna persona natural o jurídica», consideró esta organización.

También sostienen que la nueva normativa viola la

Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de asociación y la libertad de expresión, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece el derecho a la participación de la sociedad civil en asuntos públicos y en la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública.

Según Cristosal, al prohibir actividades que

amenacen la estabilidad política o social, como indica la ley, «se estaría impidiendo que se investiguen actos de corrupción pública, violaciones a derechos humanos y cualquier otro acto que el Gobierno califique como dañino a la estabilidad política».

El director legal de la asociación Cristosal, Abraham Ábrego, explicó que la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros no solo es riesgo para defensores de derechos humanos, sino para cualquier ciudadano, ya que la ley establece como «sujetos obligados» a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y que reciban financiamiento extranjero para realizar alguna actividad que puede ser «un bien a la comunidad», pero que se le aplicaría el 30 % de impuesto.

Además, con esta ley, sobre estas personas u organizaciones que reciben «X» financiamiento «se debe conocer si se busca incidir en la opinión pública, en el resguardo a la seguridad, en la soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país».

“La Ley de Agentes Extranjeros es un riesgo para cualquier ciudadano, porque los sujetos obligados que establece la ley es un término bien amplio porque también son personas naturales, por lo que pueden ser juntas de vecinos, asociaciones civiles. Por ejemplo, si una junta de vecinos quiere arreglar una calle y recibe una donación de personas que están en Estados Unidos, eso ya puede configurar un sujeto obligado, entonces, ya tiene que cumplir las obligaciones de ley que son: no haga nada, no participe en actividades porque lo puedo acusar de que está desestabilizando”, respondió Ábrego en una entrevista a Diario El Mundo.

Para el abogado, el gobierno busca «reprimir» cualquier denuncia de personas comunes o defensores de derechos humanos: “Es una ley mordaza, una ley candado, de control, para que las organizaciones, ni las personas, tengan la posibilidad de denunciar, ni de protestar”, respondió.

“Sí, nosotros hemos sido testigos, porque hemos acompañado desde hace tres años a víctimas del régimen, unas de ellas defensoras de derechos humanos y el riesgo actual es que no tenemos un sistema judicial independiente y no tenemos ninguna institución de control, ni nacional, que esté protegiendo derechos humanos. Entonces, para cualquier persona, sea defensor de derechos o no, es un riesgo que sea acusado de un delito porque hemos observado acusaciones infundadas, sin mayores pruebas, avaladas por la Fiscalía, sin control judicial, cualquier persona debería de reflexionar que este es un régimen peligroso”, señaló.

El representante de Cristosal aseguró que no pueden dejar de trabajar en defensa de los derechos humanos ya que no están cometiendo ningún delito y, además, es parte de una democracia, si les impiden eso, ya no es democracia, apuntó.

“Sabemos que ahora el país es más riesgoso, para defender derechos humanos, pero seguimos en la lucha de defender derechos humanos porque no es un crimen, no es un delito, es decir, nosotros no estamos realizando ninguna actividad ilícita con lo que estamos haciendo, no tenemos nada que ocultar, entonces, deberíamos seguir trabajando, generando diálogo, pidiendo al Estado que rinda cuentas, eso es parte de una democracia, si no, ya no vivimos en una democracia”, enfatizó.

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado martes 20 de mayo, con dispensa de trámites, la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que aplicará un impuesto del 30 % sobre las donaciones, castiga con multas y puede suspender las actividades de las organizaciones o cancelar sus personerías jurídicas ante incumplimientos.

Hoy finaliza el período para aplicar a la segunda convocatoria de becas legislativas «Dagoberto Gutiérrez» financiadas con fondos que son asignados a la Asamblea Legislativa.

El link para aplicar y llenar el formulario es: becas.asamblea.gob.sv. y hasta este día, 23 de mayo, está habilitado.

En la primera convocatoria, la Asamblea Legislativa entregó, el 11 de enero pasado, 150 becas a jóvenes salvadoreños que aplicaron al programa «Dagoberto Gutiérrez».

El programa se financia en parte con $792,000 que la Asamblea destinó de su propio presupuesto del presente año.

Dentro de los requisitos básicos para aplicar están ser de nacionalidad salvadoreña, haber concluido el bachillerato, presentar constancia de buenas conducta, haber tenido un rendimiento académico mayor a 7 (en escala del 1 al 10), presentar nota obtenida en la prueba Avanzo. Otro requisito importante es no tener antecedentes penales, ni policiales.

El vicepresidente, Felix Ulloa, representó a El Salvador en la ceremonia de posesión de mando presidencial de Daniel Noboa, reelecto presidente de Ecuador.

Momentos antes del acto de posesión, Ulloa y Noboa se reunieron para hablar sobre los desafíos comunes que enfrentan en materia de seguridad y combate al crimen organizado. «Hemos asumido, ambos gobiernos, la decisión de colaborar», expresó Ulloa.

Durante la reunión, Ulloa «trasladó los saludos y felicitaciones del presidente Nayib Bukele, reiterando la voluntad del Gobierno de El Salvador de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y diálogo político con la nueva administración ecuatoriana».

Según el comunicado de prensa, ambos líderes «destacaron los desafíos comunes que enfrentan en materia de seguridad y combate al crimen organizado».

Según información, Ulloa «instó» a posicionarse de forma conjunta contra el crimen organizado y expresó que han «tenido una buena relación con el presidente Noboa, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo». «Enfrentamos desafíos similares y hemos asumido, ambos gobiernos, la decisión de colaborar», informó.

Recientemente, dos funcionarios del Ecuador, el ministro del Interior del Ecuador, John Reimberg, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, visitaron a El Salvador, para «observar de cerca el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño, en el marco del intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad y el Plan Control Territorial».

«El crimen organizado no conoce fronteras, por lo que se requiere una respuesta coordinada entre países, no solo en el plano bilateral, sino también en los foros internacionales», señaló el vicepresidente Ulloa.

Exportación y agro

Por su parte, el presidente de Ecuador «ofreció explorar mecanismos de cooperación en materia económica, particularmente en áreas vinculadas a la exportación de cacao, el desarrollo agrícola, la pesca y la industria camaronera, sectores clave de la economía ecuatoriana».

Aseguró que mantienen interés en establecer alianzas sobre una estrategia conjunta para la seguridad alimentaria como componente esencial del desarrollo regional.

Antes del encuentro con el presidente del Ecuador, se llevó a cabo un saludo protocolar a la bandera y un recorrido por el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, en el centro histórico de Quito y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, en reconocimiento a su riqueza arquitectónica y valor histórico.

En esta actividad, también participaron la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el embajador de El Salvador en Ecuador, Carlos Brizuela.

El u003Cstrongu003EMinisterio de Saludu003C/strongu003E pidió a la u003Cstrongu003EAsamblea Legislativau003C/strongu003E reformar la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria para agregarle la nueva facultad, 42, al superintendente de Regulación Sanitaria, de u0022emitir y reformar la política nacional farmacéutica, así como cualquier otra política nacional relacionada con el objeto, competencia y finalidadu0022 de la ley.nnCon la reforma, también se agregaría al Consejo de la Superintendencia de Regulación Sanitaria u0022un representante designado por la máxima autoridad de la u003Cstrongu003EDefensoría del Consumidoru003C/strongu003Eu0022.nnTambién, se agregaría la obligación de colaborar con la Superintendencia en el artículo 33, que regula la colaboración entre entidades: u0022Toda persona natural o jurídica, pública o privada deberá colaborar con Superintendencia cuando sea requerida de acuerdo al objeto, competencia y finalidad de la presente leyu0022.nnLa reforma busca también facultar al superintendente la fijación de remuneraciones, dietas, prestaciones y compensaciones a los empleados de la institución y habilitaría a la Superintendencia a donar productos decomisados aptos para su consumo y a publicar los tarifarios.nnSon diez artículos los que sufren modificaciones.nnTambién, se agregan dos nuevos artículos 41-A y 41-B: nnu003Cstrongu003Eu0022Exención de pago de tarifau0022u003C/strongu003EnArt. 41-A.- Los organismos internacionales que proporcionan ayuda humanitaria у promueven el desarrollo de El Salvador, estarán exentos del pago de las tarifas por los trámites y servicios que preste la Superintendencia.nnu003Cstrongu003Eu0022Pago de serviciosu0022u003C/strongu003EnArt.- 41-B.- El Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cualquier otra institución pública que cuente con laboratorio o infraestructura para realizar análisis de control de calidad podrá prestar los servicios de análisis a la Superintendencia y percibir las tarifas establecidas para tal efecto.nnLa reforma establece un plazo de 30 meses –dos años y medio– para obtener la certificación anti-soborno: u0022La Superintendencia deberá obtener la certificación anti-soborno establecida en el artículo 16 de la Ley de Compras Públicas, en un plazo no mayor a 30 meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decretou0022.nnLa u003Cstrongu003ELey de la Superintendencia de Regulación Sanitariau003C/strongu003E inició su vigencia el 9 de agosto de 2024 y, para el ejercicio fiscal de 2025, la Asamblea Legislativa le aprobó un presupuesto de $22.6 millones. La iniciativa pasó a estudio a la Comisión de Salud, Agricultura y Medioambiente, que se reunirá el lunes 26 de mayo.

Diputados de Nuevas Ideas argumentaron la falta de transparencia de las organizaciones no gubernamentales para aprobar la nueva Ley de Agentes Extranjeros, mientras, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aseguró que entregan reportes cada año al Ministerio de Gobernación.

“Lasociedad civil siempre ha rendido cuentas, entregamos a Gobernación cada año nuestros estados financieros, todas nuestras transacciones son bancarizadas y los cooperantes siempre nos someten a auditorías”, dijo, el miércoles, en una conferencia de prensa.

El representante de la organización no gubernamental aseveró que en El Salvador “no se desconoce quiénes son los que nos financian” a las oenegés. “Nosotros sí somos transparentes”, aseguró, en rechazo a los señalamientos de diputados de Nuevas Ideas a las oenegés.

El martes en sesión plenaria, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, manifestó que hasta la fecha no había existido un marco jurídico que regulara las actividades que hacen en El Salvador «las personas naturales o jurídicas financiadas por una persona o agente extranjero».

«Quiere decir que aquí toda la vida se creó un sistema donde ciertas organizaciones recibían dinero a saber de quién y a saber para qué. Pongan atención quiénes son los que están reclamando, son aquellos que nunca han querido decir quiénes son, quiénes los han financiado y para qué han ocupado y ocupan el dinero», señaló Castro sin mencionar a una ONG en específico.

“¿Por qué no son ellos transparentes con quienes financian sus campañas? ¿Por qué no son transparentes con la información de obras y compras públicas que niegan todos los días a la ciudadanía?”, dijo el representante de la AC.

La AC es una organización que ha investigado el financiamiento de los partidos políticos realizando solicitudes de información a los mismos partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ha indagado las adjudicaciones de contratos del Estado y su relación con las empresas financistas de los partidos de Gobierno.

Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, considera que la nueva Ley de Agentes Extranjeros es una “estrategia” del gobierno para “callar voces críticas”, “evitar señalamientos por corrupción” e “inmovilizar, destruir el tejido social”.

“La ley es un candado. Están vendiendo la idea de que a los que están procesando son criminales, son defensores de pandilleros, pero en realidad atacar a defensores de derechos humanos es atacar a toda la población”, afirmó.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que reviviría la Ley de Agentes Extranjeros, de la cual desistió en 2021, el pasado martes 13 de mayo. La Asamblea Legislativa aprobó la normativa el 20 de mayo minutos después de que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, enviara el proyecto a la Asamblea Legislativa.

Representantes de unas 70 organizaciones nacionales e internacionales exigieron este miércoles al cuerpo diplomático acreditado que se pronuncien contra la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el martes, ya que creen que la normativa permitirá la «discrecionalidad del gobierno» en el trabajo de las organizaciones que reciben fondos del extranjero.

Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), señaló que esta normativa no obedece a la transparencia sino a «un intento de castigar y reprimir el trabajo de denuncia, de exigencia de derechos, de exigencia de rendición de cuentas, de denuncia de corrupción, de violaciones a derechos humanos» y, por tanto, la considera «un ejercicio represivo, autoritario».

La representante del SSPAS dijo que, como organizaciones, estaban exigiendo al cuerpo diplomático que se pronuncie de manera «contundente».

«Estamos exigiendo una respuesta contundente del cuerpo diplomático, porque no vamos a vernos afectados únicamente las organizaciones, no vamos a vernos afectadas únicamente las poblaciones, las víctimas, la niñez, la juventud, sino que también la misma cooperación».

Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

La representante advirtió que, con la Ley de Agentes Extranjeros, el cuerpo diplomático estará «condicionado en la forma que puede cooperar tanto con el gobierno como con las oenegés».

«El mismo gobierno va a condicionar y le va a decir al cuerpo diplomático en qué se puede meter, en qué puede aportar y en qué no. En lo que sea crítico, en lo que denuncie, en lo que sea incómodo, evidentemente, va a haber una restricción», auguró.

Política | Organizaciones sobre Ley de Agentes Extranjeros: «Este es un intento de reprimir la denuncia de la corrupción, la denuncia de violaciones a derechos humanos… exigimos respuesta contundente del cuerpo diplomático»

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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) May 21, 2025

Las organizaciones señalan que están seguros que no solo se limitará el trabajo de las organizaciones, sino que muchas se verán obligadas a cerrar.

«Esto es un tema muy complejo, van a criminalizar nuestro trabajo, la ayuda, todavía no se tiene claro», expresó Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Suchit Chávez, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), también manifestó preocupación ante la Ley de Agentes Extranjeros. La normativa obliga a que «cualquier material informativo» sea transmitido «con la etiqueta que indique que el mismo se transmite de un mandante extranjero o es financiado por este».

También, rechazó que el argumento de la aprobación de la ley es la transparencia es falso. «Si alguien ha informado son las organizaciones, eso ya lo hacía la prensa independiente y no se debe olvidar que gracias a la prensa independiente se evidenció que organizaciones como la de la esposa del exdiputado Guillermo Gallegos recibió $750,000», expresó.

La Ley de Agentes Extranjeros prohíbe a personas y entidades realizar actividades políticas o que se consideren desestabilizadoras y les exige informar de todas las actividades que realizan a un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Los sujetos obligados de la normativa incluyen no solo personas y entidades que reciben fondos extranjeros sino personas o entidades extranjeras.

«Preocupación internacional»

En la conferencia, participaron de forma remota representantes de organizaciones internacionales que manifestaron su preocupación con todo lo que sucede en El Salvador.

Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, aseguró que este tipo de leyes no busca transparentar la acción de la sociedad civil sino «perseguir cualquier voz crítica».

«El Salvador está ahora en el centro de la preocupación internacional, muchos actores en Washington ven con alarma la aprobación de esta ley y que se dé en contexto de detenciones arbitrarias y que no hay un debido proceso, ni democracia, ni libertades, sino que es un paso más a quienes no están de acuerdo con las políticas del presidente Nayib Bukele«, señaló.

Por su parte, Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura, señaló a El Salvador de incumplir tratados internacionales. Ve la ley como «represalia» por las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las ONG como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia y brutalidad policial.

«Gracias a ese trabajo, hoy sabemos que en El Salvador se cometen crímenes atroces, que el modelo de seguridad que ha implementado el presidente Bukele es contrario a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Esta Ley constituye un profundo retroceso para el país», aseveró.

El domingo a las 11:00 p.m., la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, un hecho que también es visto por las organizaciones como un ataque contra su trabajo. López dirigió 15 investigaciones relacionadas a la corrupción del gobierno actual según Cristosal y era una reconocida crítica de las políticas del gobierno.

Las organizaciones ven la normativa como una profundización de la persecución y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos.

«¿Quiénes de los que estamos en esta mesa, o aquí atrás, vamos a ser el siguiente en ser capturados en el régimen de esta dictadura? Y más allá de eso, a partir de la aprobación de esta ley, cualquier persona que defienda derechos humanos va a ir a parar a una cárcel si así lo determina el presidente inconstitucional», preguntó.

«Por fin llegó el día», así inició el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, su intervención, antes de someter a votación este martes la Ley de Agentes Extranjeros, que aplicará un 30% de impuesto a las personas u organizaciones que puedan incidir en la opinión pública en El Salvador con fondos extranjeros.

«Estas oenegés, que se han aprovechado de la gente, y es tan justa y tan bonita la decisión que estamos tomando que, ahora, hasta estos maleantes disfrazados de oenegés van a tener la oportunidad de ayudar al pueblo, al fin, con lo que paguen se va a ayudar al pueblo», aseveró el diputado del partido oficial.

El diputado de Nuevas Ideas calificó de falso que con esta ley se prohíba el funcionamiento de algunas organizaciones, aseguró que únicamente deben pagar el 30%, informar de sus financistas y sus actividades, y aseguró que en El Salvador no hay censura.

La nueva normativa obliga a las organizaciones o personas que reciben fondos extranjeros para actividades en El Salvador inscribirse en un registro y faculta al director del Registro a fiscalizar sus actividades y entregar un informe semestral a la Fiscalía salvadoreña.

Dirán algunos que esto es censura, ¿censura por qué?, si pueden seguir gritando lo mismo, si les mandaban un millón de dólares mensuales, pidan que les manden tres o cinco, lo único que tienen que decir quién se los manda, quién los recibe y para qué lo ocupan, ‘ocupamos el dinero para hacer protestas en todas las calles’, tienen derecho, lo único que van a pagar el 30 %.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

«Hay que dejar claro para todas esas voces que están queriendo vender una imagen en el extranjero de que aquí se están prohibiendo las cosas y con esta ley vamos a prohibir que algunas oenegés puedan funcionar y puedan realizar su trabajo y que puedan recibir financiamiento. No. Nada de eso. Eso es totalmente falso», afirmó.

Según el funcionario las oenegés no informaban quién les enviaba dinero y para qué lo gastaban, pero opinó que «ellos pueden seguir exactamente igual y pueden dedicarse a lo que quieran, incluyendo aquellas que sigan queriendo dedicarse a actividades políticas, solo que ahora van a pagar el 30%», fueron sus palabras. La nueva ley prohíbe que los agentes extranjeros realicen actividades políticas.

«No estén queriendo hablar de censuras, lo peor es que mucha gente habla de censuras, ¿y cuál es la censura que hay en este país?, vivimos en un país libre y democrático», exclamó, luego de hacer referencia al financiamiento de periodistas que según el funcionario hacen «novelas», «cuentos de caricaturas» o «fantasías».

Algunas no pagarán el 30 %

El diputado presidente dijo que hay asociaciones «dignas» que han y están haciendo un gran trabajo social, y que esas no van a pagar ese 30 % de impuesto sobre las donaciones que reciban. Mencionó a algunas que atienden a personas con VIH, emergencias, autismo, hogar de niños, enfermos de cáncer, entre otros.

«¿Ustedes creen que estas oenegés van a pagar el 30 %? No. Estamos seguros Y estos que están diciendo de que esto atenta contra la democracia y que la decisión que estamos a punto de tomar es incompatible con la democracia y yo les pregunto ¿A qué democracia se refiere? A esa democracia que dejó nuestro país en ruinas», expresó.

Aseguró que, con este 30% que van a pagar «ciertas oeneges» y utilizó el ejemplo de la comunidad El Bosque, «las familias van a saldar sus deudas y van a mantener sus viviendas».

Recalcó que con la Ley se creará el Registro de Agentes Extranjeros que dependerá del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en el que se deben inscribir todas las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras que realicen en El Salvador actividades controladas o financiadas por extranjeros.

«El registro es sencillo, simplemente deben decir a qué se dedican, qué proyectos tienen, y en qué utilizan los recursos que recién del extranjero y de donde vienen sus fondos», reiteró.

Comentó, para asegurar que esto no generará problemas a las «buenas organizaciones» y a quienes se quejan de censura que sus quejas son el mejor ejemplo que «vivimos en libertades».

La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados, Arena y Vamos votaron en contra.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó que la nueva Ley de Agentes Extranjeros no establece criterios «taxativos» para que el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) defina qué organizaciones o personas estarán «excluidos» del nuevo impuesto del 30 % sobre todas sus donaciones del extranjero, incluso si son en especie.

Ortiz indicó que, aunque la normativa establece exclusiones para algunas entidades o personas, “los criterios para excluir a una organización como agente extranjero son absolutamente discrecionales y ambiguos». «Básicamente va a ser el gobierno el que va a decidir qué organización receptora de cooperación o solidaridad internacional va a estar sujeta a controles o al impuesto el 30% y cuáles no”, expresó.

Para la diputada de Vamos, las afectadas serán las organizaciones que denuncian actos de corrupción del gobierno.

“No sorprenderá, así como ustedes actúan, así como su gobierno actúa, que esos criterios se han aplicados solamente aquellos a quienes a ustedes les convienen y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder, a los que tratan de establecer límites al abuso que ustedes generan, a esos que no les son cómodos, entonces, se le va a aplicar discrecionalmente”, auguró la diputada de oposición.

«Herramienta autoritaria para la censura»

La legisladora consideró que la nueva Ley de Agentes Extranjeros es una “herramienta autoritaria para la censura”.

Aseguró que el artículo 20 de la ley genera inseguridad jurídica, ya que establece: “El presidente de la república podrá aprobar Cuántos reglamentos aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones cumplimiento de sus fines atribuciones y competencias”.

“El artículo 20, mejor lo hubieran titulado «artículo de la inseguridad jurídica» porque el artículo establece que el Ejecutivo puede desarrollar cualquier tipo de reglamentación, para poder implementar esta ley. Esto le da una habilitación legal amplia y sin límites al Ejecutivo para desarrollar reglamentos… Esta no es una herramienta de cualquier país democrático, no trate de engañar a la gente. Esta es una herramienta evidentemente de control, de censura y muy característica de gobiernos autoritarios”, aseveró Ortiz.

“Es una ley incompatible con la democracia con el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión la libertad, de asociación. Pone límites y condiciones inaceptables a las diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil».
Claudia Ortiz (Vamos).

También, cuestionó la vigilancia gubernamental a las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional. La Ley fue aprobada con 57 votos de la bancada de Nuevas Ideas, y los votos de sus aliados PDC y PCN.