Autor: Jessica Guzman

  • Diputado Carballo propone a ministra de Educación «regresar al bachillerato de tres años»

    Diputado Carballo propone a ministra de Educación «regresar al bachillerato de tres años»

    El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aprovechó la reunión con la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, en la Comisión de Hacienda, para pedirle que implemente nuevamente en el sistema educativo salvadoreño un bachillerato diversificado de tres años y no dos, como es actualmente.

    «Hubo una reforma que, para mí, fue el peor pecado del gobierno de Arena y quizá que las maras, el haber mutilado el sistema educativo envidiable que tenía este país. Era un bachillerato de tres años y todos salíamos con una especialización, todos los bachilleres salíamos listos, con las competencias para insertarnos al campo laboral y al campo universitario. Y, como somos un país pobre, en la mayoría, no tenemos un papá que nos dé la universidad, por lo general tenemos que trabajar y costearnos la universidad, pero, si no tenemos la competencia para el campo laboral, ahí viene la frustración de muchos jóvenes», expresó el legislador.

    La reforma a la que se refirió el diputado fue la que se implementó en 1995, cuando era presidente, por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Armando Calderón Sol, y ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano. Se implementó el bachillerato general de dos años.

     

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    Carballo agregó que muchos estudiantes deben trabajar, ya que tienen que costearse la universidad, sin embargo, se les dificulta conseguir un trabajo porque no tienen capacidades; responsabilizó al sistema educativo.

    «Según Auprides (Asociación de Universidades Privadas de El Salvador) solo se están recibiendo 30,000 bachilleres en el sistema educativo superior, 10,000 que reciba ‘la nacional’ (Universidad de El Salvador, UES) y 20,000 los privados. El resto se nos queda sin ir al sistema educativo superior», recordó.

    El diputado sostuvo que esos bachilleres «tiene que buscar un trabajo» pero que no gozan de las competencias.

    «Cuando uno de empresario los entrevista y pregunta ¿de qué querés trabajar? La respuesta del joven es: de cualquier cosa. Pero de eso no hay trabajo. Y no es culpa del joven, ni del padre de familia, ni del maestro, es el sistema. Tenemos que generar un bachiller con las competencias para la universidad y para el campo laboral. Ese bachillerato general que nos impusieron los gobiernos de Arena es lo que más daño hizo a este pueblo», recalcó.

    El diputado puso como ejemplo que, cuando operó la maquila tecnológica Texas Instruments en El Salvador, entre 1973 y 1985, tenían una fuerza laboral de «mujeres salvadoreñas electrónicas».

    «Nos decían el Japón de Centroamérica, teníamos una mano de obra calificada porque el sistema educativo lo generaba. Y hoy le aseguro que, si viene una maquila tecnológica y llegan a pedirle a la ministra 100 mujeres tecnológicas, no las halla en todo el país, porque el sistema no las está generando. Pegar botones no necesita preparación, pero ensamblar aviones, ensamblar vehículos, computadoras, que es mejor pagado», subrayó el pedecista.

    «No pueden estar acreditados si no tienen las competencias»

    El diputado Reinaldo Carballo, quien es fundador del Instituto Técnico de Ex Alumnos Salesianos (ITEXSAL), enfatizó en la necesidad de regresar al bachillerato de tres años, pero también sugirió «aterrizar las carreras» universitarias.

    «No podemos estar graduando ingenieros eléctricos sin acreditarlos, por lo menos tienen que ser electricistas de primera categoría. Pero a mí me ha tocado entrevistar a ingenieros eléctricos que nunca han instalado un foco. Y la pregunta es ¿adónde está el fallo? Porque pueden terminar su carrera como ingenieros, pero no pueden ellos estar acreditados si no tienen las competencias», observó.

    «No podemos estar graduando a profesionales que salen engañados, es como sugerencia, habría que ver de cómo meterle un poco el diente», subrayó el diputado por San Miguel.

    Carballo también sugirió implementar filtros para seleccionar a los docentes, que «tengan la vocación» y la preparación adecuada para formarse y formar.

    «El maestro tiene que ser lo mejor, de lo mejor y tiene que pasar por filtros vocacionales, si viene del pueblo tiene que ser recomendado por el sacerdote, por el pastor o por el director del instituto, porque el maestro es un modelo a seguir y tiene que ser lo mejor de lo mejor, se deben seleccionar y darles becas completas, para que se conviertan en los mejores formadores de formadores», indicó.

    «Que no se puedan graduar si no saben inglés»

    Así mismo pidió que se exija inglés en las carreras universitarias.

    «Que en la currícula no se puedan graduar si no saben inglés. Tenemos que convertir a este país en un país bilingüe, pero tenemos que empezar con todos los maestros», concluyó.

    La ministra de Educación no respondió a la propuesta de aumentar el bachillerato a tres años ni tampoco de exigir inglés a los graduandos de carreras universitarias.

    La funcionaria indicó que tienen presupuesto para la formación docente y que buscan actualizar la currícula. «Si queremos actualizar un sistema educativo completo, tenemos que dar las herramientas, en todos lo niveles, desde primera infancia, hasta educación superior. Vamos a tener campamentos, capacitaciones, para explicarles los cambios en la currícula», aseguró.

    Para el año 2026, el Ministerio de Educación tiene una asignación presupuestaria de $1,641 millones, de los cuales el fortalecimiento de capacidades tecnológicas para estudiantes y docentes tendrá $76.8 millones.

    También, destinará $30.4 millones para construir, adecuar espacios educativos y dotar equipo para mejorar condiciones de aprendizajes en las especialidades de bachilleratos técnicos vocacionales.

    El apoyo a la profesionalización docente tiene asignación de $7.4 millones. Hay una asignación de $101 millones para el programa de Formación docente, innovación tecnológica y mejoramiento de centros educativos Mi Nueva Escuela, parte de los proyectos de inversión en la Reforma Educativa, detalla el documento de proyecto de presupuesto para 2026.

  • Presidente de la Asamblea: «Todos los Órganos de Estado trabajamos bajo la misma visión»

    Presidente de la Asamblea: «Todos los Órganos de Estado trabajamos bajo la misma visión»

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, participó este jueves en el 30.º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que se desarrolla en San Salvador, donde defendió las decisiones impulsadas desde el Congreso, entre ellas el régimen de excepción, y subrayó que los tres Órganos del Estado operan bajo una misma visión para garantizar la seguridad en el país.

    “Estamos brindando la gobernabilidad que se necesita, todos los órganos de Estado trabajamos bajo la misma visión. Aprobamos el régimen de excepción, para proteger a los salvadoreños, cambiamos las leyes y fortalecimos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, a fin de que combatieran a las pandillas. Hoy vivimos en un nuevo país”, afirmó Castro ante los asistentes al foro internacional.

    El titular del Congreso sostuvo que El Salvador ha transitado de una guerra civil a una guerra social, agravada por las pandillas, y acusó a gobiernos anteriores de haber fortalecido a estos grupos criminales.

    “Venimos de gobiernos que quisieron fortalecer a los delincuentes, formalizarlos y darles privilegios a quienes asesinaron niños y familias completas… Las pandillas funcionaban como un gobierno paralelo”, aseguró.

    Castro defendió que el presidente Nayib Bukele fue electo de forma democrática en dos ocasiones, gracias a su trayectoria política desde que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. También relató cómo en 2021, junto a otros ciudadanos sin carrera política previa, decidieron postularse como diputados para respaldar el proyecto presidencial.

    “En 2021 nos postulamos, la gran mayoría sin ningún pasado político… y en las elecciones libres y democráticas el pueblo tomó la decisión de darle la mayoría de diputados a este país, para un solo proyecto político, de 56 diputados”, recordó Castro.

    Con esa mayoría legislativa, dijo, aprobaron el régimen de excepción tras la “ofensiva de asesinatos” ocurrida el 26 y 27 de marzo de 2022. “Le dimos las herramientas legales, para poder salir de esa pesadilla… todos empezamos a trabajar, a eso llamamos gobernabilidad”, afirmó.

    El régimen de excepción fue aprobado inicialmente el 27 de marzo de 2022 y ha sido prorrogado 44 veces. En la más reciente solicitud, avalada el 29 de octubre, el Ejecutivo reportó la captura de 89,975 supuestos pandilleros.

    El foro parlamentario continúa este viernes 14 de noviembre y reúne a representantes internacionales en temas de seguridad e inteligencia.

  • Veteranos de guerra del FMLN piden al gobierno aumento de $50 en su pensión

    Veteranos de guerra del FMLN piden al gobierno aumento de $50 en su pensión

    La Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (AnvegeFMLN) exigió este jueves al Gobierno una respuesta “urgente” ante su solicitud de aumentar la pensión mensual que reciben los excombatientes del FMLN y veteranos militares, de $100 a $150, a partir de enero de 2026.

    El presidente de la asociación, Mario Antonio Sibrián, lideró una concentración en la plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador, donde denunció que el monto actual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

    “Nadie sobrevive con $100 mensuales, eso es insuficiente para cubrir las necesidades”, afirmó.

    Sibrián explicó que el ajuste ya fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), pero aún esperan que la Asamblea Legislativa y el Gobierno agilicen su implementación.

    Otra de las principales preocupaciones de los veteranos es el traspaso de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (Conaipd) y del Consejo Nacional Integral para las Personas Adultas Mayores (Conaipam) al INABVE.

    “Las personas lisiadas de guerra son una cosa y las personas con discapacidades especiales es algo totalmente diferente… queremos que nos informen, que la Comisión que discutirá esos temas reciba nuestra comitiva”, señaló Sibrián.

    La asociación pidió además que el presupuesto del INABVE para 2026, estimado en $189.9 millones, sea incrementado en $60 millones adicionales, ante la ampliación de sus responsabilidades.

    Los veteranos también reclamaron la creación de un hospital especializado para brindar atención médica digna tanto a los excombatientes del FMLN como a los veteranos de la Fuerza Armada. En esa línea, exigieron al Estado la liberación inmediata de sus líderes detenidos.

    “Pedimos también la libertad inmediata para nuestros líderes injustamente procesados. Solicitamos al Órgano Judicial y a las autoridades competentes que realicen un juicio justo y apegado a derecho en el proceso penal que enfrentan nuestros compañeros José Santos Melara, Luis Rolando Alberto Menjívar y Julio Alfonso Mira Dimas y otros compañeros”, expresó el dirigente de la AnvegeFMLN.

    Sibrián aseguró que las peticiones ya fueron entregadas al presidente del INABVE, Daniel Platero, quien se comprometió a realizar las gestiones correspondientes ante las instituciones del Estado.

  • Marcela Villatoro: “Es en la Asamblea Legislativa que debemos enfocarnos para elecciones 2027”

    Marcela Villatoro: “Es en la Asamblea Legislativa que debemos enfocarnos para elecciones 2027”

    La diputada Marcela Villatoro, jefa de fracción de Arena en la Asamblea Legislativa, propone que el enfoque estratégico de su partido debe ser la elección legislativa de 2027, ya que es desde el parlamento donde se reforman y aprueban las leyes que impactan directamente a la población salvadoreña.

    “Es super importante que nosotros nos enfoquemos en la Asamblea Legislativa, es aquí donde se ve todo y donde se regula todo, por eso es importante que la diferencia que exista sea dentro de la Asamblea Legislativa. En el tema presidencial hay gente que tienen un gran contento con el presidente, pero en el tema legislativo por las actuaciones de los diputados”, afirmó Villatoro.

    A pesar de que el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (COENA), Carlos Saade, ha insistido en que el partido debe competir en todos los comicios —presidenciales, legislativos y municipales—, la diputada aseguró que será la Asamblea General del partido la que decida oficialmente su participación en las elecciones presidenciales de 2027.

    Villatoro adelantó que ha recibido diversas opiniones de las bases, entre ellas, voces que sugieren no postular candidato presidencial y concentrarse únicamente en obtener representación legislativa.

    “Así como a él le han dicho personas que deberíamos de participar como partido, yo también he conocido a varias personas que me han dicho que no, por eso es que tenemos que reunirnos con nuestras bases y tomar una decisión según la mayoría”, declaró.

    Además, la legisladora considera urgente visibilizar el trabajo de los diputados de oposición y denunciar las irregularidades que —según ella— se cometen desde el oficialismo.

    “Nosotros tenemos que hacerle ver a la gente el trabajo de los diputados que no conformamos parte del gobierno, demostrarle a la gente todos esos abusos que se cometen aquí, para los ciudadanos, por parte de la Asamblea Legislativa”, afirmó.

    A su criterio, un contrapeso legislativo permitiría corregir el rumbo del país y frenar los atropellos del gobierno actual. “Buscar un equilibrio es la forma como nosotros podemos hacer un cambio estructural para el funcionamiento del país”, agregó.

    En cuanto al trabajo territorial, Villatoro indicó que mantiene un acercamiento activo con las bases del partido y los concejales recién electos, en busca de identificar liderazgos locales que puedan postularse como candidatos a alcaldes y diputados. “

    Estoy trabajando con las bases, en una reunión que tuve con miembros del Consejo Ejecutivo Nacional… la importancia es buscar líderes dentro de los departamentos para diputaciones y alcaldías”, apuntó.

    Finalmente, enfatizó que junto a su diputada suplente, Raquel Serrano, mantiene un trabajo de escucha en las comunidades, canalizando denuncias y trasladándolas al pleno legislativo. “Estamos en esa disposición de trabajo”, concluyó.

     

  • Gobierno pide reformar Ley especial de beneficios para veteranos militares y excombatientes del FMLN

    Gobierno pide reformar Ley especial de beneficios para veteranos militares y excombatientes del FMLN

    El Ejecutivo propuso a la Asamblea Legislativa una serie de reformas a la “Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN”, para convertir al Instituto Administrador de Beneficios de Veteranos y Excombatientes (INABVE) en el único ente rector encargado de administrar también los regímenes aplicables a personas adultas mayores y con discapacidad.

    La iniciativa se presentó en paralelo con la solicitud de disolver el Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), organismos que hasta ahora han sido responsables de velar por estos sectores vulnerables.

    Según el proyecto, el objetivo de la reforma es “optimizar la utilización de los recursos del Estado” y “aumentar la eficiencia técnica en la gestión pública”, concentrando la administración de todos estos regímenes en una sola institución.

    Entre los cambios más relevantes está la eliminación del término “preferencial” en la atención médica para personas con discapacidad y adultos mayores. Además, se aclara que la ejecución de programas de beneficios “queda supeditada a la capacidad financiera del Estado”, lo que implica que los apoyos dependerán de la disponibilidad de fondos públicos.

    Sobre las pensiones, se propone que aquellas autorizadas a cónyuges, convivientes, padres o madres sean vitalicias sin restricción de edad, mientras que las otorgadas a otros designados tendrán un límite de diez años desde su primer pago. Asimismo, se establece que la continuidad del beneficio estará condicionada a la comprobación periódica de sobrevivencia; de no cumplirse, el beneficiario será inhabilitado automáticamente hasta regularizar su situación.

    También se detalla que si un beneficiario realiza el trámite de sobrevivencia dentro del mismo ejercicio fiscal, podrá recuperar de forma retroactiva los pagos suspendidos. Pero si lo hace en un ejercicio fiscal posterior, solo se le reconocerán los beneficios desde el mes en que regularizó. El Instituto también tendrá facultades para recuperar pagos indebidos, según la normativa respectiva.

    En cuanto a los apoyos educativos, las reformas indican que quienes reciban becas o incentivos del INABVE para estudios superiores deberán mantener un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) igual o superior a 7, asistir a reuniones convocadas y cumplir con las normativas establecidas por la institución.

    La propuesta será analizada en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, mientras que las solicitudes de disolución del Conaipd y el Conaipam serán discutidas por la Comisión de Niñez e Integración Social el próximo lunes 17.

  • Diputadas opositoras califican de «retroceso» pasar funciones del Conaipd y del Conaipam al INABVE

    Diputadas opositoras califican de «retroceso» pasar funciones del Conaipd y del Conaipam al INABVE

    Las diputadas opositoras Claudia Ortiz, del partido Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron este miércoles la decisión del Ejecutivo de disolver el Consejo Nacional de Inclusión para Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y trasladar sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE).

    Ortiz afirmó que esta medida representa un retroceso en materia de derechos humanos, al considerar que el INABVE no tiene la especialización adecuada para atender las necesidades de personas con discapacidad ni de adultos mayores.

    “Van a trasladar todas sus funciones, su patrimonio y todo lo que tenga que ver con su actuar al INABVE, que es el instituto nacional de los beneficios de los veteranos de guerra… y francamente, es un retroceso en los derechos”, afirmó la legisladora.

    La diputada agregó que es “preocupante” el retroceso que representa esta decisión, al señalar que “este gobierno no ha avanzado en nada en los derechos de personas con discapacidad, una amplia gama de población que sufre discriminación y que no ha tenido instituciones que defiendan sus derechos y los protejan”.

    Por su parte, Villatoro advirtió que la decisión vulnera los derechos fundamentales tanto de personas con discapacidad como de adultos mayores, y contraviene convenios internacionales ratificados por El Salvador, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

    “Con esto se vuelven inaplicables, pues los principales organismos que se encargan de velar por los derechos de ambos sectores van a desaparecer”, afirmó.

    La legisladora tricolor consideró que la medida responde a una intención del Ejecutivo de debilitar instituciones que garantizan derechos a sectores históricamente vulnerables.

    “Pasar todas las funciones al INABVE… es solo la muestra de la búsqueda continua de debilitar las verdaderas instituciones que velan por el respeto y los derechos de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores”, sostuvo.

    Ortiz también criticó el argumento oficial, que justifica la medida por razones de eficiencia y ahorro de recursos.

    “Ese es el gran argumento, y me parece inmoral e ilegal, porque violenta las obligaciones del Estado. Hago un llamado a las personas con discapacidad, a sus familias y amigos, a alzar la voz para que el gobierno no siga dando pasos hacia atrás”, dijo.

    El gobierno presentó las solicitudes de disolución de ambos consejos el pasado 11 de noviembre. La propuesta será discutida por la Comisión de Niñez e Integración Social el próximo lunes 17.

     

  • El Gobierno propone disolver el CONAIPD y tendrá un plazo de seis meses para liquidarlo

    El Gobierno propone disolver el CONAIPD y tendrá un plazo de seis meses para liquidarlo

    El gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para disolver el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd), institución creada por Decreto Legislativo No. 672 en junio de 2020, cuya publicación oficial se realizó el 3 de septiembre de ese mismo año.

    La iniciativa, denominada “Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, establece que todas las atribuciones de la institución pasarán al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE).

    El proyecto contempla la creación de una Comisión Liquidadora, que asumirá la administración y representación legal del Conaipd durante el proceso de cierre institucional, el cual se extenderá por seis meses una vez aprobado y publicado el decreto en el Diario Oficial.

    Dicha comisión estará compuesta por el presidente del Conaipd o su delegado, el presidente de la Junta Directiva del INABVE o su delegado, y un representante del Ministerio de Hacienda. Este equipo podrá recibir apoyo técnico de ambas instituciones para ejecutar el proceso de liquidación.

    Entre sus funciones, la Comisión deberá realizar un inventario general de derechos, obligaciones, activos tecnológicos, financieros e informativos, bienes muebles e inmuebles, personal y pasivos laborales, además de presentar un plan de liquidación y de traspaso de funciones al INABVE.

    También deberá asumir todos los procesos judiciales y administrativos en curso, así como transferir su gestión y seguimiento al INABVE, el cual podrá hacer uso de los recursos y bienes disponibles durante el procedimiento.

    Sobre las obligaciones derivadas del proceso, como indemnizaciones, contratos pendientes o arrendamientos, estas serán responsabilidad del Conaipd. En caso de no poder cubrirlas dentro del plazo, el Ministerio de Hacienda deberá asumirlas, previa solicitud de refuerzo presupuestario. El decreto establece que ninguna obligación incumplida será transferida al INABVE.

    La iniciativa también aclara que el INABVE no tendrá la obligación de continuar relaciones laborales existentes ni asumir compromisos colectivos del Conaipd. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad será transferido, incluyendo sus expedientes e información correspondiente.

    El INABVE estará exento del pago de derechos registrales y del impuesto por transferencia de bienes raíces, tanto muebles como inmuebles, tangibles e intangibles, durante el proceso de traspaso.

    Esta propuesta será analizada por la Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa, la cual ha sido convocada para el lunes 17 de noviembre a las 2:00 p.m.

     

  • Diputado López Cardoza pide reforma de pensiones justa y cuestiona «pensiones de hambre»

    Diputado López Cardoza pide reforma de pensiones justa y cuestiona «pensiones de hambre»

    El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) Reynaldo López Cardoza dice que aún no tienen ninguna información sobre los parámetros para la reforma de pensiones que prepara el gobierno y que debe ser presentada a más tardar en febrero de 2026, lo que sí recalca el legislador es que las pensiones actuales son «de hambre».

    «No sabemos como está el tema de las pensiones, lo único que sabemos es que tenemos unas pensiones de hambre. Hay muchas maestras y maestros que no se retiran de los centros educativos, porque las pensiones las tenemos super bajas y no de este gobierno, sino que ha venido de años atrás. Si se recuerda, el FMLN dejó las pensiones a $243, una pensión de $243, es algo con lo que de verdad no vive en este tiempo con eso una persona, mucho menos si tienen familia», dijo el diputado.


    El pecenista puso de ejemplo el caso de su hermana, quien comentó es maestra y no se jubila, porque la pensión que le tocaría es muy baja y no podría sobrevivir con ella.

    «Yo le puedo decir a título personal, que yo tengo mi hermana, que es subdirectora en el centro educativo Dulce Nombre de María y no se retira porque tiene una pensión que no le va a ajustar, entonces ha seguido trabajando», comentó el legislador pecenista.

    Esto, explicó el diputado, tiene varias implicaciones, tanto en el mercado laboral para las nuevas generaciones, como el impacto personal en una persona mayor que tiene que seguir trabajando.

    “Esto tiene varias implicaciones: primero que nole da chance a una persona nueva que ha salido de la universidad a poder trabajar; segundo, mi hermana ya tiene sus añitos y no se retira, porque de nada le sirve retirarse si no va a poder vivir ¿Cómo va a poder vivir si ahora que ya está mayor?, si no va a poder trabajar, esos son de los temas que se tienen que arreglar en este país”, señaló el diputado.

    López Cardoza espera que el presidente Nayib Bukele haga una valoración consciente respecto a las afectaciones que puede percibir la población con la reforma de pensiones.

    “El presidente tiene que hacer una valoración consciente con el pueblo, considerando que es el pueblo trabajador el que ha luchado para sacar adelante a este país y qué hagamos una valoración de cuál es en realidad el tema de pensiones. ¿Cómo se va a pensionar usted cuando ya deje de trabajar? Una pensión de $400, una pensión de $500, de $600 o de $243 como la había dejado el FMLN”, dijo el legislador.

    López Cardoza reiteró que su postura es a título personal, ya que no puede hacerlo como partido, porque no conocen el proyecto.

    “Lo que sí es importante decirle al pueblo trabajador que las pensiones hay que revisarlas. Hay que ver como personas del sistema de Salud, Educativo, se pueden retirar ya, que no se van porque no pueden retirarse con una pensión como se las están dejando”, dijo.

    La deuda total del Estado con el Fondo de Pensiones alcanzó al final de septiembre los $11,070.62 millones según datos publicados el 31 de octubre, por el Banco Central de Reserva (BCR) de cifras preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

  • Claudia Ortiz: «Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum»

    Claudia Ortiz: «Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum»

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos dice, que, aunque aún no se conocen los parámetros que el gobierno está tomando en cuenta para la propuesta de reforma de pensiones que deberá publicar en febrero, el proyecto debe ser discutido en la Asamblea Legislativa, consultado con la ciudadanía e incluso habla de un referéndum.

    “Va a ser hasta que tengamos el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones que podamos saber cuáles van a ser los parámetros que se van a tocar… Cada uno de los impactos que toque, cada variable, tiene que discutirse, aquí, en la Asamblea Legislativa, y tiene que haber una discusión con la población. Una reforma de pensiones es un tema que da para hacer un referéndum, para que se le pregunte a la gente qué opina y que se le dé la información de qué pasa si se hace esta reforma”, asevera la diputada.

    Ortiz habló de los parámetros “más importantes” como la edad de jubilación ya que, si se sube, se cotiza más tiempo y entra más dinero al sistema; también, como la tasa de cotización, que, si se sube, también entra más dinero al sistema. Pero siempre hay consecuencias, consideró.

    “Podría haber un tipo de distorsión del mercado laboral, la gente joven va a tener, quizá, menos oportunidades de acceder a empleos o el costo de la vida; o más bien, el ingreso de la gente se vería afectado si tiene que cotizar más de lo que está cotizando actualmente, si las empresas también tienen que dar un aporte mayor”, son los temas que deben estudiarse, dijo.

    Pero la diputada de oposición tiene varias interrogantes, que considera el Estado debería responder:

    “La gran pregunta es qué va a hacer el Estado. ¿Va a dejar de tomar prestado el dinero de las pensiones? ¿Va a hacer público cuál es la situación de endeudamiento con pensiones que ha tomado el Estado? O vamos a seguir igual: todo el mundo pagando los costos, apretándose el cincho y tragándose la medicina amarga, mientras los que tienen el poder siguen sirviéndose con cuchara grande de los fondos de las pensiones”. Claudia Ortiz (Vamos).

    Para Ortiz, el estudio de la reforma de pensiones debe ser «a conciencia», ya que puede llegar a constituirse la llamada “medicina amarga” aunque, opina, se hubiese podido anticipar cuando se comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Acuerdo Ampliado del Fondo.

    “Es como la medicina amarga que nos anunciaron pero, si el Estado hubiese sido más responsable en las finanzas públicas, en 2021, cuando comenzaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional, quizá si hubiese cedido en derogar la Ley Bitcoin, quizá las condiciones que el FMI ha puesto hubiesen sido menos duras”, señala.

    En julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el Estado de El Salvador debe reducir su «dependencia de los fondos de pensiones» como parte del acuerdo de $1,400 millones en busca de la estabilidad financiera del país cuando la deuda estatal de pensiones alcanzó los $10,789.19 millones.

    A finales de septiembre, la deuda total del Estado con el Fondo de Pensiones alcanzó los $11,070.62 millones según el Banco Central de Reserva (BCR) que cita cifras preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026. El estudio actuarial, que debió haberse publicado a finales de septiembre según el acuerdo con el FMI, no se ha publicado.

  • Inyectan $11 millones para personal y equipo de Telemedicina

    Inyectan $11 millones para personal y equipo de Telemedicina

    La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos a favor, la incorporación de $11,097,000 al presupuesto del Hospital Nacional El Salvador para que ejecute el “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”, cuya plataforma lanzada por el Gobierno fue suspendida recientemente.

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, leyó el dictamen favorable, que establece la petición del Ministro de Hacienda para que “se incorporen $11 millones de los Estados Unidos de América con el objeto de transferirlos al Hospital Nacional El Salvador, con el objeto de mejorar la eficiencia del sistema de Salud Pública y ampliar las coberturas de accesibilidad de las consultas médicas nacional”.

    El financiamiento es gracias a un préstamo de $77 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”.

    Los $11 millones se destinarán a la contratación de médicos, administrativos, operadores y desarrolladores de Telemedicina, almacenamiento en la nube y ampliación de conectividad en la red, consultorías sobre protocolos clínicos y logísticos “para la operación masiva del programa”.

    El programa está conformado por tres componentes:

    Infraestructura digital física y fortalecimiento de capacidades en telemedicina; dos, gestión del programa y tres, gastos financieros.

    “El objetivo del programa consiste en mejorar el acceso y cobertura en la atención de pacientes de El Salvador, mediante la mejora de la eficiencia de salud del sistema público a través de la implementación de una plataforma tecnológica y de recursos humanos que permita la plegación de la telemedicina”, explica el dictamen.

    Salud programó, para el ejercicio fiscal 2025, fondos por $35.7 millones para “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”.

    Con los $11 millones, el Hospital El Salvador tendrá que «contratar personal médico, administrativo, operadores y desarrolladores de la plataforma de Telemedicina, servicios de almacenamiento en la nube y ampliación de conectividad en la red, consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos, para la operación masiva del programa, también comprende la compra de mobiliario y equipo informático, así como gastos en auditoría externa”, leyó Soriano.

    El dictamen fue aprobado después de leído sin sugerencias ni observaciones de los diputados. Vamos votó en contra y los diputados de Arena no votaron.