Autor: Jessica Guzman

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este martes al Ministerio de Hacienda a que suscriba un préstamo con el Deuctsche Bank, S.A,E.U., por $71.8 millones para la “Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito y departamento de La Libertad”.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra. Los diputados de Arena votaron a favor.

El préstamo se pagará en un plazo de 10 años y seis meses, en 16 cuotas semestrales iguales y consecutivas, a una tasa integrada por la tasa de interés comercial de referencia más una tasa definida por el banco. El gobierno pagará una comisión de crédito 0.35 % sobre el principal del crédito, una comisión de gestión del 0.5 % y una comisión de compromiso de 0.5 %, además de una comisión de agencia.

El crédito incluye el costo de la oferta económica y una prima en concepto de Póliza de Seguro de Crédito Comprador, de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.

Los fondos se destinarán a “renovar la red de saneamiento en el núcleo urbano del Puerto de La Libertad, y la construcción de una nueva red de saneamiento, que recoja las aguas negras de todas las zonas mediante un sistema de colectores y estaciones de bombeo para dirigirla a una planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama”.

La diputada Norma Lobo, de la bancada de Nuevas Ideas, explicó que se construirán cinco plantas de bombeo en diferentes zonas del Puerto de La Libertad.

“Vamos a tener la construcción de cinco estaciones de bombeo, entre las cuales estarán desplazadas en el cementerio, en la Playa El Obispo, en la playa Conchalío, Chilama Oeste, Chilama II, que es la zona norte, y así también que es la planta de tratamiento de residuos. De esta manera también estamos mejorando la calidad de vida de los habitantes”.
Norma Lobo (Nuevas Ideas).

La diputada Sandra Interiano, de Nuevas Ideas, expresó que su voto estaba listo ya que este “proyecto va a venir a modernizar todo lo que es la conductividad de lo que es las aguas residuales». «Ahora estamos dando un paso más, teniendo una planta que nos va a garantizar que a futuro no vamos a tener contaminación ambiental”, auguró.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la Ley del Presupuesto 2025 para incorporar al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) un total de $5,428,944 millones en dos proyectos del «Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador», el cual fue aprobado desde el 3 de octubre de 2013 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $71 millones.

El monto se ha dividido en dos partes: $55.2 millones ejecutados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; y $15.7 millones por el MOPT.

De los $5,428,944 millones incorporados, se están asignando $1.4 millones para órdenes de cambio en el programa “Construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados a nivel nacional”.

Según el diputado Edgardo Mulato, con este proyecto buscan que 3,140 reos cocinen sus propios alimentos.

“Este tipo de proyectos para el fortalecimiento, construcción y equipamiento de estas zonas, es porque el sistema penitenciario, que ya son cerca de 3,140 reos los que estaríamos apoyando o para poder darles un sistema alimenticio diferente, son ellos mismos los que van a estar preparando sus propias comidas, sus propios alimentos, para que podamos ahorrar, para que sea un sistema autosostenible en el sistema penitenciario y es ahí donde estos proyectos toman vida”, aseguró Mulato.

Estos fondos servirán para cubrir órdenes de cambio de contratos de obra y supervisión, ya que en inicialmente el proyecto se ejecutaría por $3,653,275 y, con este refuerzo, el costo se eleva a $5,137,051. No se detalló si el costo se eleva por la cantidad de reos en fase de confianza a cubrir con el programa.

Los $3,945,168 restantes de los $5.4 millones se destinarán al proyecto “Suministro e instalación de un sistema de dispositivos electrónicos para privados de libertad” para comprar “3,108 brazaletes destinados al monitoreo de los privados de libertad del «programa Cero Ocio».

Mulato, el único diputado que pidió la palabra para opinar sobre la reforma presupuestaria, dijo que “el sistema penitenciario ha sido vital para poder albergar a una serie de delincuentes, una serie de convictos, además con el régimen de excepción, ya son más de 911 días sin homicidios en nuestro país». «Cuento esto en materia de fortalecer nuestro sistema de seguridad en El Salvador”, dijo.

Mencionó trabajos que en 2022 realizaron los privados de libertad: en febrero de 2022 apoyaron la reconstrucción de hospitales, San Juan de Dios en Santa Ana, Santa Teresa de Zacatecoluca, el hospital en Metapán, el Saldaña en Los Planes, y el Hospital Zacamil, así como proyectos habitacionales en San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán, en julio de 2022. «Más de 300 reos ayudaron a la mitigación de riesgos por lluvias que afectaron al país, en recolección de desechos sólidos, en enero 2023 a borrar grafitis, este es El Salvador de hoy para fortalecer la seguridad”, concluyó. Se sometió el proyecto a votación y fueron 57 votos a favor, incluyendo los votos de Arena, Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, pidió este lunes una reforma al Código Penal para castigar, con prisión de tres a seis años, a funcionarios públicos, agentes de autoridad o miembros del cuerpo de seguridad que autoricen o usen la fuerza contra las manifestaciones pacíficas o impidan que las personas lleven a cabo una reunión pacífica.

Ortiz propone introducir un nuevo artículo en el Código Penal:

Art. 293-A Uso ilegítimo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas.
“El funcionario público, agente de autoridad o miembro de cuerpos de seguridad del Estado que ordenare, autorizare, ejecutare o participare en el uso de la fuerza pública contra personas que ejercen de manera pacífica el derecho de reunión o manifestación, sin causa legal justificada o de forma desproporcionada, o que impidan por distintos medios que las personas lleven a cabo o participen en una reunión o manifestación pacífica será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo por igual tiempo”.

Además, la legisladora sugirió incrementar la pena hasta una tercera parte del máximo indicado e inhabilitación en el cargo, si el uso de violencia se comete contra niños, personas mayores o con discapacidad, o si en el uso de la fuerza se usan armas letales, productos químicos o explosivos y, si el hecho fue parte de una política o patrón sistemático.

También, si en consecuencia de “uso ilegítimo de la fuerza se producen lesiones, detenciones arbitrarias, privación de libertad u homicidio», propone que se impongan las penas establecidas en el Código por dichos delitos, “en concurso legal con este artículo”.

Ortiz hizo esta propuesta después de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieran a líderes de la cooperativa El Bosque, quienes hacían una manifestación frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños donde reside el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y del arresto de la abogada Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal.

En una transmisión hecha por radio Bálsamo, que inició a las 8:39 de la noche en Facebook se ve a la comunidad cuando agentes policiales se acercaron a preguntar por “los líderes”. La comunidad respondió que todos eran representantes y que no habían líderes. “Vengan, no tengan miedo, solo queremos platicar con ustedes”, decía uno de los agentes de la Policía, quienes en medio de esos llamados empezaron a tomar por la fuerza entre cuatro a cinco hombres de la comunidad. Los policías arrestaron a cuatro habitantes y al abogado. Al día siguiente fue capturado Alejandro Henríquez, abogado de la cooperativa.

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes un dictamen favorable para autorizar un préstamo de $71.8 millones el proyecto denominado “Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito y departamento de La Libertad”.

El contrato de crédito se suscribió con el Deutsche Bank, S.A.E.U. por $71,847,393.66, incluye el costo de la oferta económica y una prima en concepto de Póliza de Seguro de Crédito Comprador, de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación.

Según Julio Alemán, jefe de Gestión de la Deuda, se. busca “renovar la red de saneamiento en el núcleo urbano del Puerto de La Libertad, y la construcción de una nueva red de saneamiento, que recoja las aguas negras de todas las zonas mediante un sistema de colectores y estaciones de bombeo para dirigirla a una planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama”.

Alemán detalló que buscan mejorar la conducción de las aguas residuales en La Libertad, contribuir a la reducción de la contaminación ambiental en los ríos de la zona, principalmente en el río Chilama, y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de La Libertad.

El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, dijo que el proyecto «viene a fortalecer aún más en materia de turismo», «en tema de cómo hemos traspasado países como Costa Rica, en materia de turismo El Salvador está dando grandes pasos y eso le está generando ingresos directos, tanto al Ministerio de Hacienda como a la misma población, aquellos emprendedores”.

Por su parte, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que el financiamiento se da gracias a la “nueva imagen como país” que tiene el país para poder “modernizar todas las zonas que tienen mucho que dar en cuanto al turismo, ya que el turismo, hoy por hoy, es una de las fuentes que mantienen nuestra economía”.

La Ley Especial para la Contratación de Obra Pública para el proceso de Contratación, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) determinó que las ofertas técnica y económica presentadas por la Sociedad ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. cumplen con criterios y puntajes establecidos por dicho Ministerio.

El préstamo incluye el costo de la oferta económica y una prima en concepto de Póliza de Seguro de Crédito Comprador (Póliza de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). El Salvador, por intermedio del MOPT, aportará recursos por un monto de hasta $2,165,490.51.

El dictamen favorable y proyecto de decreto sería conocido y aprobado en pleno este martes 20 de mayo.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes la autorización para que el Ejecutivo firme un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el proyecto de “Modernización del Sistema Educativo de El Salvador

Julio Alemán, jefe de gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, explicó que, con los recursos «se beneficiará a la población estudiantil y docentes de un aproximado de 125 centros educativos de los departamentos de San Vicente, San Salvador y La Libertad, priorizados en función de estado de infraestructura y cantidad de aulas”.

Argumentó que, con la ejecución de estos $100 millones, beneficiarán a una población estudiantil en su mayoría de niveles básico y medio, y también capacitarán a un estimado de 2,000 docentes sobre herramientas tecnológicas y apoyo pedagógico.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, intervino para preguntar si los 125 centros escolares serán reconstruidos.

“¿Podríamos podríamos confirmar entonces que incluye la reconstrucción de 125 centros escolares? Pregunta Soriano.

El funcionario de Hacienda le respondió que “en efecto incluye la rehabilitación, la reconstrucción de centros educativos, llámese paredes, techos, pisos, etcétera”.

Soriano solicitó más información sobre los centros escolares que serían beneficiados: “como ahorita estamos iniciando el proceso, si nos podrían detallar en la siguiente reunión cuáles son los centros escolares que serían beneficiados directamente a través de esta inversión, por favor”.

El diputado Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), se sumó a la solicitud de Soriano.

“Como es primera vuelta del préstamo de los $100 millones, para la reconstrucción de los centros educativos, si nos trae el detalle por escuela, porque son $100 millones y son 125 escuelas, entonces cuánto va a costar la reparada de cada escuela ¿Casi un millón de dólares? Entonces para que nos traiga el detalle, ya que el diputado (Soriano) lo pidió, quisiera que lo profundicen un poco”, solicitó López Cardoza.

“Tomamos nota” respondió el funcionario de Hacienda.

Los diputados de la Comisión de Hacienda decidieron emitir dictamen favorable para la suscripción del contrato de deuda.

Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes una reforma a la Ley del Presupuesto 2025 para incorporar al Ministerio de Obras Públicas $5,428,944 millones con el fin de ejecutar dos proyectos dentro del «Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador», aprobado el 3 de octubre de 2013 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $71 millones.

De ese monto, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ejecutó $55.2 millones y el resto ($15,750,000.00), según autorización del BCIE, será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), detalló Laura Arce de Aguilar, subdirectora general del Presupuesto.

«En esta oportunidad se solicita que se incorpore a la Ley del Presupuesto la cantidad de $5,428,944 millones», dijo la funcionara, y explicó que el primer proyecto es la «Construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados a nivel nacional» por $1,483,776. Estos fondos servirán para cubrir órdenes de cambio de contratos de obra y supervisión, ya que en un inicio el proyecto se ejecutaría por $3,653,275 y con este refuerzo el costo se eleva a $5,137,051.

La otra parte de los $5.4 millones, que es por $3,945,168, Obras Públicas lo requiere para el proyecto «Suministro e instalación de un sistema de dispositivos electrónicos para privados de libertad».

Con esto, se dotará a la Dirección de Centros Penales de un sistema de dispositivos electrónicos que conectará los brazaletes a un centro de monitoreo con tecnología que permita mayor control de los privados de libertad que participan en el programa Cero Ocio.

Se pretende «adquirir 3,108 brazaletes destinados al monitoreo de los privados de libertad que realizan actividades de apoyo en la construcción de escuelas a nivel a nivel nacional, limpieza de playas, mantenimiento de infraestructura turística, entre otras», asegura el proyecto.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, expresó que las cocinas industriales «son útiles, se ocupan, yo diría que son indispensables, así que vamos a apoyarlo».

Sobre el otro proyecto, Caleb Navarro dijo: «Sabemos nosotros, hemos podido observar las actividades que realizan estas personas que están en fase de confianza, personas que han ganado algún tipo de confianza y salen a hacer este tipo de actividades comunitarias y esto ayudará también para que pueda existir monitoreo constante de estas personas que siguen todavía purgando una pena en las diferentes cárceles de nuestro país, así que estamos siempre en la disponibilidad de dar nuestro voto para este tipo de iniciativas».

Los diputados emitieron dictamen favorable para la incorporación de los fondos, que sería conocido en el pleno este martes 20 de mayo.

Cuatro decretos que establecen una nueva regulación del sistema cooperativo en El Salvador y uno más que disuelve el Instituto Salvadoreño del Fomento Cooperativo (Insafocoop) «aún están en proceso de formación de ley» y por tanto no han iniciado su vigencia.

Los cinco decretos fueron aprobados el 22 de noviembre de 2022. Para que inicien su vigencia, debieron ser enviados al presidente de la República, Nayib Bukele, quien los debe sancionar para ser publicados en el Diario Oficial. Sin embargo, el presidente también tiene poder para observar los decretos o incluso vetarlos.

Uno de los decretos, que es la Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop), otorgaba seis meses para completar el proceso de disolución y liquidación.

Tampoco han sido publicados como decretos aprobados en el portal de la Asamblea Legislativa.

En contexto: Así quedó el ecosistema de regulación a las cooperativas luego de paquete de leyes en El Salvador

Una fuente legislativa, quien pidió su anonimato, se limitó a decir que lo único que sabe es que «están en proceso de formación de ley todavía, pero no sé dónde». Señaló que desconoce si están en manos del Ejecutivo para ser modificados o si los decretos volvieron al Legislativo con observaciones del presidente Bukele.

Las iniciativas para regular el sistema cooperativo llegaron a la Asamblea el 23 de julio, dos meses después de que la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) decidieran revelar un desfalco de $35 millones cometido contra los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (COSAVI) que lleva más de un año sin resolverse.

El 16 de agosto de 2024, los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobaron los dictámenes favorables para las cinco proyectos de ley, estos fueron conocidos y aprobados en pleno el 22 de noviembre de 2024.

En marzo de 2025, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló avances de El Salvador en la lucha contra el lavado de dinero, pero advierte sobre deficiencias en supervisión y aplicación de la ley. El informe de EEUU señaló que, a pesar de los avances, la legislación actual no otorga suficiente autoridad para supervisar y sancionar a sectores de alto riesgo como cooperativas financieras, agentes inmobiliarios y negocios no bancarios.

Además, no existen sanciones penales para empresas involucradas en lavado de dinero.

Los cinco decretos que prometen una nueva regulación a las cooperativas en El Salvador (a la fecha aún no son ley)

1. Ley de bancos cooperativos (aprobado por mayoría).
2. Ley especial de sociedades de ahorro y crédito (aprobado con mayoría).
3. Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) (aprobado con mayoría).
4. Ley de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito (aprobado por mayoría).
5. Ley para la estabilidad del sistema financiero y garantía de depósitos (aprobado por mayoría).

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó este viernes que ella y su equipo se reunieron con las familias de la Cooperativa El Bosque para trabajar en la problemática que rodea a las familias amenazadas por un desalojo ordenado por un tribunal laboral debido a una demanda de Luis Antonio Palomo Urbina, propietario de Proyin, S.A. de C.V.

«Nos reunimos con las familias de la Cooperativa El Bosque para llevarles un mensaje de apoyo y tranquilidad. Hemos formado un equipo técnico, social y legal que trabajará de la mano con otras instituciones y con las familias», publicó Sol.

Son unas 300 familias de la Cooperativa El Bosque, en el Triunfo, en Santa Tecla, que el pasado 7 de mayo recibieron notificación de desalojo de sus viviendas si no se retiran el 22 de mayo a las 9:00 de la mañana por orden del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla.

Las familias acusan de estafa a Palomo Urbina, con quien firmaron un contrato con el cual buscaban resolver una deuda que arrastraban con el Banco Agrícola que finalmente fue pagada por la alcaldía de Santa Tecla a cambio de tierras.

«No es un caso fácil porque, como lo explicó nuestro Presidente Nayib Bukele, hay una serie de antecedentes y como muchas familias en el país fueron víctimas de un sistema de corrupción. Este es uno de los muchos casos que atenderemos y le daremos seguimiento», señaló la funcionaria.

El lunes 12 de mayo por la noche, un grupo de habitantes de la cooperativa El Bosque, cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad Sur, se manifestaban frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia presidencial, para exigir que el Gobierno interceda ante la orden de desalojo.

Bukele subrayó en un largo hilo en X que el caso «ya fue judicializado en 2008 con sentencia firme en todas las instancias a favor del acreedor» y que «la persona que ganó el juicio», en referencia a Luis Antonio Palomo Urbina, «incluso fue acusada de estafa por el fiscal actual pero el acreedor volvió a ganar en todas las instancias penales».

Este 15 de mayo por la noche, Bukele publicó que la problemática de El Bosque no es la única en el país.

«Lastimosamente, sabemos que este caso de la comunidad El Bosque no es el único en nuestro país y nuestro deber como Gobierno es trabajar para que gradualmente todas las personas tengan las condiciones para acceder a una vivienda, sin importar su situación. Sin embargo, no podemos solucionar los problemas basados en quién «grita» más fuerte», dijo.

El mandatario aprovechó para arremeter contra las oenegés a quien acusa de manipular a «gente humilde» y recalcó que impondrá impuestos a las ONG para resolver el problema entre la cooperativa El Bosque y Palomo Urbina.

El concejo municipal de La Libertad Sur, integrado por los distritos de Santa Tecla y Comasagua, aprobó el pasado 12 de marzo, una Política Anticorrupción, según una publicación del Diario Oficial del 5 de mayo.

Esta aprobación la hizo la municipalidad un mes después de que la Asamblea Legislativa aprobara una Ley Anticorrupción, la cual creó un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta Política Anticorrupción de La Libertad Sur es de «obligatorio cumplimiento» para el concejo, el alcalde y todos los servidores públicos municipales y sus entes descentralizados.

Indica que todo servidor público deberá firmar una «declaración de compromiso» con la ética y transparencia y combate a la corrupción, la negativa de hacerlo será motivo de pérdida de confianza y generará las sanciones correspondientes.

Esta política es aplicable a todos los proveedores, socios de negocio, aliados estratégicos, usuarios, clientes y terceros interesados.

También, la municipalidad deberá implementar una función antisoborno y un canal de denuncias para recibir, gestionar e investigar toda denuncia fundada sobre actos de corrupción y delitos asociados. Los servidores públicos, proveedores, socios de negocio, aliados estratégicos, usuarios, clientes y terceros interesados podrán hacer denuncias incluso anónimas.

La Política también incluye un programa de integridad municipal para establecer políticas sobre conflictos de intereses, debida diligencia, obsequios y hospitalidades, y otras necesarias para el sistema de gestión antisoborno; e implementará un sistema transversal de cumplimiento penal para la gestión de riesgos de delitos de corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos asociados.

Esta política entrará en vigencia el 28 de mayo próximo.

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa que lo autorice a suscribir un contrato de crédito con el Deutsche Bank, S.A.E.U., hasta por $71,847,393.66, para construir una

planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama

y ampliar el sistema de alcantarillado sanitario en el Puerto de La Libertad, municipio de La Libertad Costa, departamento de La Libertad.

Según el proyecto, los fondos se necesitan para renovar la red de saneamiento «en el núcleo urbano» del Puerto de La Libertad, construir una nueva red de saneamiento, que recoja las aguas negras de todas las zonas mediante un sistema de colectores y estaciones de bombeo para dirigirla a una planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama, «con lo cual se estará contribuyendo con la limpieza y recuperación del mismo».

Siguiendo la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública para el proceso de Contratación, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) determinó que las ofertas técnica y económica presentadas por la

Sociedad ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A.

cumplen con los criterios y puntajes establecidos por dicho Ministerio.

El préstamo incluye el costo de la oferta económica y una prima en concepto de Póliza de Seguro de Crédito Comprador (Póliza de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). El Salvador, por intermedio del MOPT, aportará recursos por un monto de hasta $2,165,490.51.

El plazo total y amortización del préstamo será hasta 10 años con seis meses; la amortización del préstamo se realizará en 16 cuotas semestrales, iguales y consecutivas.

La iniciativa será conocida el lunes 19 de mayo, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.