El Ejecutivo ha solicitado a la Asamblea que apruebe el contrato de garantía que respalda el crédito suscrito entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por $17.1 millones para construir una cúpula de una terminal del Aeropuerto del Pacífico.
El contrato de garantía suscrito el 31 de octubre de 2025 avala el convenio de crédito, del 14 de octubre, denominado «Proyecto de suministro e instalación de la cúpula envolvente de la Terminal Beta de pasajeros, del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador».
La cúpula envolvente de la terminal beta del Aeropuerto del Pacífico es “una casqueta esférica de aproximadamente de 21 metros de altura con una cubierta de 4,550 metros que presentará dos grandes aperturas acristaladas a los lados que funcionarán como acceso y como fuente principal de iluminación”.
Con los $17.1 millones, se fabricará, suministrará y realizará el montaje de dicha estructura envolvente.
De acuerdo con el anteproyecto del presupuesto 2026 de CEPA, la inversión en la terminal ascendería a $113.7 millones.
El Gobierno prevé que la primera etapa del aeropuerto se entregue en el segundo semestre de 2027. Incluirá una pista de 2,400 metros de largo con dos puertas de embarque, que atenderá 2,000 operaciones de vuelo y tendrá capacidad para trasladar a 300,000 pasajeros anuales.
El Ministerio de Hacienda ha pedido a los diputados que modifiquen la Ley del Presupuesto General de 2025 para incorporar un millón de dólares (1,133,610.20) al presupuesto de la Dirección de Integración para que ejecute programas en el marco del Plan Control Territorial.
Con los recursos, se pretende que la Dirección de Integración financie alimentación y transporte para los beneficiarios de programas que incluye atención a adultos mayores, servicios de salud en comunidades vulnerables del país, becas y otros.
Los fondos provienen de un excedente que reportó la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, del ingreso real acumulado a septiembre de este año en concepto de «contribuciones a la seguridad social», que son las aportaciones que da el sector privado al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf).
El acumulado de las contribuciones a la seguridad social alcanzó $45.4 millones, con un «excedente» de $7.2 millones en relación al monto programado para dicho periodo, que era de $38.2 millones según Hacienda.
Según la Ley del Incaf, el 40%, equivalente a $2.8 millones, le corresponde a la Dirección de Integración.
En ese sentido, mediante decreto 401 del 10 de septiembre pasado, se reforzaron las asignaciones de la Dirección de Integración por $1.7 millones, por lo que existe un excedente de $1.1 millón que se “requiere incorporar a la Dirección” para la ejecución de los programas sostiene Hacienda.
La iniciativa será conocida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que se reúne los días lunes.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha solicitado a la Asamblea Legislativa modificar la Ley del Presupuesto General para incorporar $344,917 al ramo de Obras Públicas para la construcción y equipamiento de sistema de alcantarillado sanitario en playas El Palmarcito y El Sunzal y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el cantón San Alfonso, todo en el distrito de Tamanique, La Libertad Costa.
Con estas obras se pretende “mejorar las condiciones sanitarias y el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo del turismo y otras actividades económicas; por lo que con los recursos asignados se financiará el proceso de contratación para la construcción de ambos proyectos», explica la iniciativa.
El proceso de contratación ha sido denominado «Diseño final del proyecto: construcción y equipamiento del sistema de alcantarillado sanitario en playas El Palmarcito y El Sunzal, y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en cantón San Alfonso, distrito de Tamanique, departamento de La Libertad».
Los fondos provienen de un préstamo, aprobado el pasado 25 de marzo, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $113.9 millones, para el «Programa Surf City Fase I».
Ese préstamo fue aprobado por la Asamblea Legislativa con el “objetivo de mejorar las condiciones de movilidad urbana, turística y logística y la gestión de los recursos naturales a través del saneamiento básico de aguas residuales en el corredor de la Carretera Litoral (CA02), estimulando los esfuerzos de desarrollo humano, productivo y turístico para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas; en el cual se designa como organismo ejecutor al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte”.
El gobierno ha solicitado a la Asamblea Legislativa que le apruebe o ratifique dos préstamos ya suscritos, uno con el Fondo OPEP por $70 millones y el otro Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $65 millones, ambos para Surf City fase II, cuya autorización fue aprobada el 1 y el 7 de octubre, respectivamente.
El gobierno suscribió el 9 de octubre de 2025, con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, un contrato de préstamo denominado «Programa Surf City fase II», por $70 millones.
En el documento de solicitud de suscripción del préstamo que hizo el gobierno al Legislativo, establece que los $70 millones se utilizarán para «la gestión en referencia tiene el propósito de continuar realizando esfuerzos alineados a las prioridades estratégicas para el crecimiento económico del país, a través de la inversión en infraestructura pública en algunas zonas focalizadas con potencial económico y turístico; de igual manera se busca garantizar la conectividad vial en la red de carreteras de forma eficiente y segura, permitiendo la movilidad de bienes y personas», establece el decreto.
El otro contrato de préstamo fue suscrito el 30 de octubre de 2025 con el BCIE por $65 millones, «recursos que serán utilizados para financiar el Programa Surf City Fase II», en el departamento de La Libertad.
Con estos $65 millones, se hará mejora en infraestructura pública en el Litoral del departamento de La Libertad mediante obras viales y sistemas de saneamiento; también, la ampliación de la carretera CA-2 de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la residencial Xanadú hasta El Zonte, sobre la vía costera Surf City de La Libertad, además de la construcción de aceras, miradores, ciclovías, y la construcción de puentes sobre el río Huiza, en el cantón Melara, así como en El Palmar y en El Zonte.
Este también incluye el mejoramiento de sistema de alcantarillado y sanitario, el tratamiento de aguas residuales en las playas El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera, la construcción de sistema de alcantarillado y sanitario, y el tratamiento de aguas residuales en San Diego, Cangrejera, y caseríos Melara, Santacruz y San Alfredo.
El plazo de financiamiento de ambos préstamos, con ambas entidades financieras, ha sido establecido por 20 años.
El 2 de abril de 2025, Nayib Bukele, quien gobierna El Salvador, inauguró el proyecto Surf City II, en el oriente del país, con la construcción de una carretera de 13 kilómetros por un monto de $41 millones.
El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, defendió el trabajo del Ejecutivo en torno a las recientemente inauguradas 70 escuelas y señala que la oposición «critica por criticar».
«La oposición se ha quedado con un rol, de solo criticar por criticar, de ver lo malo y no ven lo bueno y nosotros, desde la Comisión de Hacienda, vamos a seguir trabajando para garantizar que el presupuesto cumpla con todas las promesas que el presidente ha hecho», señaló Soriano.
Agregó que el gobierno ha avanzado y que la oposición no puede negarlo y cuestionó al FMLN y a Arena sobre la herencia de sus gobiernos en cuanto a Educación.
«Y eso es lo que no puede negar la oposición y que la misma población está defendiendo esas transformaciones. Y van a criticar, que falta por aquí, que falta por allá. Sí, falta mucho. Pero, de que ya avanzamos, eso no lo pueden negar», insistió.
«Puede salir el partido Vamos a oponerse como siempre lo hace, puede salir el partido Arena a oponerse como siempre lo hacen. Pero pregúntenles ¿cuál fue el legado en materia educativa que dejó el partido Arena?, ¿cuál fue el legado en infraestructura que dejó el FMLN? Nosotros estamos demostrando con números, con hechos, cómo estamos transformando el sistema educativo de El Salvador», aseguró.
Francisco Lira: «Nunca hemos dicho que la construcción de escuela no es buena»
Por su parte, el diputado Francisco Lira, de Arena, sí celebra que haya reconstrucción de escuelas, pero espera que lo que hace el actual gobierno con la reconstrucción de escuelas no sea puramente maquillaje.
«Nosotros nunca hemos dicho que la construcción de escuelas no son buenas, en ningún momento tu servidor Francisco Lira ha dicho que no son buenas, las escuelas, lo importante va a ser que no solo sea maquillaje, porque en la zona rural de mi departamento en La Libertad, hay escuelas desmontadas, destruidas, ejemplo concreto es el Kínder Nacional del Distrito de Ciudad Arce, yo llevo más de mes y medio visitándolo y ni siquiera materiales de construcción», cuestionó Lira.
El pasado domingo, 2 de noviembre, el presidente Nayib Bukele inauguró 70 centros educativos que según dijo han sido reconstruidos con el programa «Dos escuelas por día» que lanzó el 22 de mayo de este año, día que inauguró dos escuelas, por lo que han reconstruido 72.
Según el presidente, «están en construcción 254 escuelas más”, ya que en total son 324 escuelas en intervención, aseguró.
En septiembre de 2022, Bukele prometió que en 12 meses harían 1,000 escuelas. “Son 5,150 centros escolares que serán remodelados totalmente, un promedio de dos por día. En 12 meses vamos a hacer 1,000 y esas ya están financiadas con fondos propios, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con fondos del Banco Mundial y con fondos del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)», prometió en septiembre de 2022.
La cámara de la Asamblea Legislativa no enfocó a la diputada de oposición, Claudia Ortiz, en su intervención en la plenaria de este miércoles 5 de noviembre. Esta es la vez que sucede este hecho, ya que la primera vez fue en la plenaria 81, del pasado 29 de octubre.
“Diputado presidente, quiero consultarle cuál es la razón, mientras estaba haciendo la propuesta, la cámara en ningún momento enfocó el curul de esta servidora. Quiero preguntarle a usted, como presidente de esta Asamblea Legislativa y también como autoridad garante de los derechos de cada uno de los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, ¿cuál es la razón”, preguntó la diputada Ortiz.
Castro ignoró la pregunta de la legisladora y siguió con el desarrollo de los puntos en la agenda de la plenaria.
“Continuando con el desarrollo de la plenaria: romano IX, convocatorias…”, siguió el presidente del Legislativo.
Diputada Claudia Ortiz, de Vamos. / Jessica Guzmán.
En la plenaria del 29 de octubre pasado, la diputada Ortiz reclamó sobre el hecho y pidió quedara registrado en acta que la cámara no la enfocó, esa vez Castro sí respondió:
Claudia Ortiz: “Quiero que quede en acta y me llama la atención que en ningún momento la cámara ha enfocado a esta servidora, para que la imagen de esta diputada pueda verse en la televisión legislativa. Quiero que quede en acta ese hecho que me parece una especie de discriminación, porque a todos los demás colegas diputados, la cámara siempre los enfoca”.
Ernesto Castro: «¿Está solicitando que quede en acta o está solicitando que la cámara siempre la enfoque para su imagen?»
Claudia Ortiz: «Le estoy solicitando que quede en acta y le estoy solicitando que no se cometa este tipo de discriminación, señor presidente».
Ernesto Castro: «¿La discriminación es, solo para dejarlo claro, que la cámara no la enfocó, para su imagen?»
Claudia Ortiz: «Diputado presidente, la cámara lo enfoca a usted, ¿cuál es el problema también en eso?»
Ernesto Castro: «No, no hay ningún problema, solo estamos hablando sobre su solicitud. ¿Usted solicita que la cámara la enfoque, para su imagen?»
Claudia Ortiz: «Lo que estoy solicitando es que la cámara me enfoque, así como enfoca a cualquier otro diputado del oficialismo. No es un tema de la imagen de alguien, es un tema de representación política que implica ese hecho y es, además, que los medios públicos, como el Canal Legislativo, porque es un canal público, que está financiado con los impuestos de todos los salvadoreños, estén en esta Asamblea Legislativa a la disposición de todos los grupos parlamentarios que existen en esa Asamblea Legislativa y no en función de un partido político».
Ernesto Castro: «Ah, de acuerdo diputada, es que yo mencioné lo de la imagen, porque fue lo que usted dijo. Pero, bueno, se toma nota”.
Así concluyó la discusión ese día.
Ante esto, la secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas, expresó desde su cuenta de X que este es un acto “de violencia política e institucional hacia una diputada electa que ejerce representatividad al igual que el resto”.
“Me pregunto si el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, habla de estas prácticas en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. La Ley Especial Integral para las mujeres (LEIV) es clara, pero qué esperar de los que no cumplen ni la Constitución», expuso Rivas.
La diputada de oposición pidió a ONU Mujeres y a la Unión Europea en El Salvador que “tome nota” y calificó la acción de “abusiva”.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, defiende los préstamos que se han aprobado este año, asegurando que todos se destinarán a proyectos de inversión y ninguno para gasto corriente, tal como prometió el ministro de Hacienda, Jerson Posada que se haría.
«Se dijo que no iba a ser deuda para gasto corriente y lo hemos mantenido, no hay deuda para gasto corriente, lo que sí hay es inversión, para infraestructura pública en Salud y, de eso sí, el gobierno ha solicitado financiamiento a multilaterales para invertir, no para gasto corriente», aseguró Soriano.
Hemos logrado estabilizar el gasto corriente del Estado, reduciendo muchas de las áreas, lo vamos a seguir haciendo, porque parte de las recomendaciones que hemos venido trabajando con diferentes multilaterales». William Soriano, de Nuevas Ideas.
Soriano señaló que, aunque en el decreto del préstamo diga que es para “cubrir obligaciones generales del Estado, eso es “inversión” y prometió que se mantendrán en lo que dijeron. «No vamos a seguir emitiendo deuda, para gasto corriente, y eso lo hemos demostrado”, reiteró.
Al consultarle a los diputados de oposición sobre la postura de Soriano, tanto Arena como Vamos le pidieron al diputado de Nuevas Ideas que no mienta.
“Ellos pueden decir misa, pero la realidad es otra, ustedes lo pueden ver, cuando se aprueban esos decretos, lo pueden ver en el momento del desembolso de los mismos, que no es cierto, así, pues, que digan lo que quieran, la realidad es otra y la gente está viendo esa realidad. Si ellos quieren seguir engañando a la gente, pues, que sigan con su retórica”. Marcela Villatoro, de Arena.
La diputada de Arena agregó que la población es consciente de lo que sucede en la Asamblea, aunque el oficialismo les mienta, dice.
“La población ya se dio cuenta que le están mintiendo y que en esta Asamblea se están aprobando préstamos para gasto corriente, disfrazados de un montón de cosas. Entonces, es problema de él que siga mintiendo y que siga dañando a la gente”, dijo Villatoro respecto a Soriano.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz le pidió a la ciudadanía que no se deje engañar, ya que todas las semanas se aprueban préstamos y que, si bien unos son para inversión, de muchos no se sabe para qué son.
“En primer lugar, quiero pedirle a la ciudadanía que no se deje engañar por diputados representantes del gobierno, que les quieren hacer cree que ya no se están endeudando», sostuvo.
«Todas las semanas en la Asamblea Legislativa se aprueban préstamos, en primera o segunda vuelta. Claro, algunos de estos préstamos van para proyectos de inversión, pero estamos viendo en un Estado donde no hay transparencia, todo bajo reserva, entonces, ¿cómo se va a usar ese dinero en esos proyectos”. Claudia Ortiz, de Vamos.
También, le dijo al diputado Soriano que incluso el préstamo de los $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional es para gasto corriente y lo que él sostiene de cero deuda es “absolutamente mentira”.
«Pero también ha habido préstamos para gasto corriente, o sea, para el funcionamiento normal del Estado. El primero es el del Fondo Monetario Internacional que va acompañado de dos o tres préstamos que son para gasto corriente, para gasto ordinario y otros préstamos. ¿Y cómo los vamos a identificar? Porque dice que son para obligaciones generales del Estado, porque dice que son para manejo de pasivos, entonces, es absolutamente mentira, porque la Asamblea Legislativa ha aprobado préstamos para gasto corriente, cuando hace un año el ministro de Hacienda dijo que no se iba a endeudar el país, para gasto corriente”, insistió la diputada Ortiz.
El Ministerio de Hacienda no ha explicado cómo está integrando y distribuyendo los préstamos de refuerzo presupuestario durante 2025.
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, pidió este miércoles disminuir el plazo máximo de reserva que puede tener la información pública según ley alegando que ocurrieron irregularidades en las compras durante la pandemia por covid-19 y la reserva de información sobre los agromercados por siete años.
“Esta semana se han conocido dos noticias muy preocupantes: una es que una persona vinculada al hijo de la comisionada presidencial (Carolina Recinos) fue contratista durante la pandemia en esquemas de contratación muy cuestionables. Todos sabemos que durante la pandemia hubo abusos en el tema de compras públicas y que poco a poco va saliendo a la luz; y, la segunda noticia, es que esta semana se supo que toda la información relacionada con los agromercados está en reserva”, expresó Ortiz en su intervención.
Después de sus argumentos, solicitó se modificara la agenda para introducir una pieza de correspondencia que proponía reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para que el plazo máximo de reserva a una información público sea tres y no siete años.
“Queremos solicitar que se incorpore esta pieza de correspondencia y se conozca en comisión, para hacer reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Este es un tema estructural del país. Este gobierno tiene ya demasiadas cosas bajo reserva. La propuesta que hacemos, entre otras cosas, es que la reserva de información sea nada más de tres años y que tenga que estar rigurosamente documentada y justificada”, explicó Ortiz.
La propuesta también plantea que, un año antes del término de la gestión de un gobierno, este ponga toda la información del mismo a disposición de la población.
“Ya no más reserva de información que oculta cómo se está ocupando el dinero de la gente, en temas tan importantes y tan sensibles como la alimentación, como la educación, como la salud, como la agricultura, como el medio ambiente. Ya no más reserva de información en las compras públicas, en la construcción de obras, de mercados. Entonces, colegas diputados y diputadas, lo dejo a disposición y que esta pieza se incorpore a la sesión plenaria y pase a la comisión respectiva”, expuso.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la solicitud de Ortiz y, sin sorpresa, solo obtuvo tres votos a favor y uno en contra de un diputado de Nuevas Ideas. Los otros 56 diputados no votaron. “Con tres votos a favor, no hay resolución”, dijo Castro.
Votación por agendar una solicitud de reforma a la LAIP en la sesión plenaria de este miércoles, con el fin de que pasara a estudio de comisión. / Jessica Guzmán.
Momentos antes de su petición, la diputada de oposición también cuestionó que “no hay transparencia ni cuido adecuado en los recursos públicos».
«Acto 3, la Asamblea Legislativa refuerza el programa de agromercados, llegando este a tener $114 millones… Acto 4, el Ministerio de Hacienda pone en reserva toda la información del programa de los agromercados durante siete años, es decir que hay $114 millones que están en reserva y que la población no va a saber qué se hace con estos recursos, a quién se le compra, quién se beneficia con estos contratos, hasta el año 2032”, criticó la diputada de Vamos.
La propuesta incluiría una reforma al artículo 4 para agregar el literal «i» para que no revertir el carácter público de alguna información. “No debe restringirse, detener o interrumpirse la divulgación de un determinado dato o información pública que ya haya sido divulgada”.
También, pidió que se declare “información de interés nacional toda la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad, relativa al derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente y demás derechos fundamentales y que, de conformidad con el principio de máxima publicada, será información oficiosa los planes, procesos, proyectos, propuestas, informes, permisos, compras, protocolos, políticas públicas, leyes, reglamentos”.
El concejo de La Unión Sur aprobó una ordenanza transitoria para perdonar intereses por mora y multas a comerciantes para que renueven licencias de negocios. La ordenanza inicia su vigencia este miércoles 5 de noviembre y finaliza el miércoles 31 de diciembre.
Según el decreto municipal, hay un incremento de negocios que funcionan de manera irregular en el municipio, integrado por los distritos de Conchagua, El Carmen, Intipucá, La Unión, Meanguera del Golfo, San Alejo, Yayantique y Yucuaiquín. Este funcionamiento irregular se debe a la falta de requisitos, lo que ha vuelto imposible la legalización de algunos negocios.
«Existe una gran cantidad de contribuyentes que, por diferentes factores, adeudan al municipio varios tributos y, por su situación de morosidad, les imposibilita regularizarse, además que, en consecuencia de lo anterior, no han renovado sus autorizaciones», explica el decreto.
El concejo señaló que existe una serie de contribuyentes que continúan ejerciendo su actividad económica sin haber inscrito sus comercios o sin haber renovado sus licencias, matrículas y permisos, pero que cuentan con la disposición de regularizarse.
Si la municipalidad les iniciara el procedimiento administrativo sancionatorio con las sanciones correspondientes, “podría generarles una grave afectación en su actividad y un impacto desfavorable al desarrollo local del municipio”, pero que el objetivo es «fomentar la actividad económica”, no frenarla.
En ese sentido, el concejo decretó la “Ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tributos municipales, que incluye el otorgamiento de facilidades, para el fomento y la obtención de licencias de funcionamiento y/o renovación de licencias, matrículas y/o permisos de los contribuyentes a favor del municipio de La Unión Sur”.
La ordenanza transitoria estará vigente desde este 5 de noviembre y finaliza el 31 de diciembre de 2025.
Los beneficios no se aplicará en caso de multas o contravenciones impuestas por el Departamento Administrativo Tributario Municipal y tampoco en multas pendientes de pago impuestas por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) o la delegación contravencional.
¿A quiénes aplicará el beneficio?
El beneficio se dará a quienes paguen en su totalidad la deuda líquida o se acuerde un plan de pagos, con una prima inicial del 30 % de la deuda, con un plazo no mayor a 12 meses.
Podrán aplicar los contribuyentes que quieran resolver sus deudas en el pago de servicio de agua potable, el pago en cementerios municipales, el pago por servicios en mercados, espacios públicos y «en general cualquier contribuyente que se encuentre en calidad de mora y obligado a pagar a la municipalidad en concepto de tributos municipales».
También, quienes posean multas por presentación extemporánea de solicitudes de renovación de permisos, licencias y matrículas distritales, balances o declaraciones juradas, cuyas tasas están tipificadas en las ordenanzas de cada uno de los ocho distritos.
Así mismo, pueden aplicar quienes no hayan presentado escrituras de cualquier naturaleza a inscripción en el Registro Tributario y Catastro Municipal, después de 30 días de la escrituración; quienes no hayan obtenido o renovado licencias, permisos o matrículas de funcionamiento de sus negocios por falta de requisitos.
Podrán obtener una autorización temporal y ya no les impondrían sanciones.
Las personas naturales o jurídicas del sistema de mercados o del sistema de la Administración General de Cementerios, y comerciantes en espacios públicos también podrían aplicar.
El consejero político nacional de Nuevas Ideas, Silvio Aquino, consideró que enfrentan «riesgos» en las elecciones de diputados que se desarrollarán el 28 de marzo de 2027 y se refirió a «reglas complejas» del sistema que les pueden «jugar en contra».
Luego de hacer un breve recuento sobre el desenlace electoral impulsado por Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que actualmente cumple su segundo quinquenio de gobierno continuo y domina la Asamblea Legislativa, Aquino aseveró que dentro del sistema hay “reglas complejas” y habla de los riesgos que corrió la población al elegir a Bukele como presidente. “Fue un salto al vacío”, agregó, pero que “terminó dando frutos”.
“Pero cuidado: incluso con resultados tan favorables, nuestro sistema tiene sus propias reglas complejas que nos pueden jugar en contra. Como sociedad decidimos hace unos años concentrar el poder en un liderazgo fuerte; le dimos la presidencia y, luego la Asamblea, movidos por una confianza nacida de reiteradas demostraciones de parte del líder en quien terminamos poniendo gustosos en sus manos el futuro del país. Fue una apuesta al límite, un salto al vacío que terminó dando frutos que nadie esperaba. Rompimos el molde y ganamos”, aseveró.
Silvio Aquino es actualmente consejero político nacional de Nuevas Ideas.
Luego, advierte que, para las elecciones 2027, puede que la oposición ni siquiera presente candidato a la presidencia, y se enfocarán en ganar más curules en la Asamblea Legislativa.
“Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo que el sistema tiene sus reglas? Hoy, con el país en paz y mejorando día con día, alguien podría pensar que ya no es necesario esforzarse tanto. La oposición, sin deuda política, probablemente ni siquiera presente un candidato presidencial; concentrará sus energías en un solo objetivo: ganar dieciséis diputados. A estas alturas, todos comprendemos lo que eso significa y por qué lo buscan con tanta desesperación”, señaló Aquino, en X.
Y llamó a todos a mantener “un equilibrio satisfactorio” en el Legislativo, ya que “el verdadero riesgo”, según su percepción, es que Nuevas Ideas no logre convencer a la población o que partidos de oposición sí lo logren.
“Y quiero subrayar algo: no es obligación de la población apoyar a un partido que no la convence; es obligación de los partidos convencer a la población. Ese es, precisamente, el verdadero riesgo. Si no alcanzamos un equilibrio satisfactorio, podemos perder todos —el país entero”, posteó Aquino el 2 de noviembre y reitera que Bukele “necesita una mayoría en la Asamblea”.
Luego de disminuir la cantidad de diputados de 84 a 60, y modificar la fórmula de cálculo de escaños, Nuevas Ideas, con sus aliados PCN y PDC, logró casi la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa con 54 de los 60 diputados. La oposición la conforman solo tres diputados: dos diputados de Arena y una de Vamos.
Hacia las elecciones de 2027, se experimentará un cambio más: las elecciones legislativas de 2027 serán ahora acompañadas de las presidenciales, ya que estas fueron adelantadas debido a una reforma constitucional que aparejó los periodos de tres años legislativos y municipales con los presidenciales de seis años, en una reforma cuyo fin central era habilitar la reelección presidencial indefinida. El 3 de julio de 2021, la Sala de lo Constitucional que sustituyó a la destituida Sala desde el 1 de mayo de 2021 ya había permitido la reelección presidencia continua «por una sola vez».
