Redacción DEM

Autor: Jessica Guzman

  • Construcción de planta potabilizadora de Ilopango lleva 50% de avance, asegura presidente de ANDA

    Construcción de planta potabilizadora de Ilopango lleva 50% de avance, asegura presidente de ANDA

    La construcción de planta potabilizadora de Ilopango, en San Salvador Este lleva un 50% de avance, aseguró presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), según publicó  la Secretaría de Prensa de la Presidencia, en la red social X.

    «Este día, estamos celebrando que llegamos, en conjunto con el trabajo coordinado, a un 50 % de avance en una obra que mejorará significativamente la calidad de vida de los salvadoreños», publicó la Secretaría, este martes 29 de julio.

    Una vista de la planta potabilizadora de Ilopango construida por China. /Secretaría de Prensa de la Presidencia.

    En la publicación, el presidente de la ANDA Jorge Castaneda aseguró que esta planta abastecerá a siete distritos del Área Metropolitana de San Salvador, beneficiando directamente a más de 250,000 habitantes de los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca.

    Este proyecto se desarrolla con recursos de la República Popular China. El embajador chino en El Salvador, Zhang Yanhu, aseguró que con esta planta potabilizadora las 250,000 personas tendrán aguan todos los días, las 24 horas.

    “Es un gran proyecto que va a ofrecer muchos beneficios a la vida diaria de la gente. Ahora, yo sé que mucha gente cuenta con agua un día sí, un día no, pero con este proyecto ellos van a tener agua 24 horas, permanentemente. Es un gran placer y alegría que nosotros podemos construir algo para el desarrollo de El Salvador”.
    Zhang Yanhu, embajador de la República Popular China en El Salvador.

    En la construcción labora exclusivamente personal traído de China. / Cortesía de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

    Castaneda explicó que “actualmente el agua llega de (la planta) Guluchapa y de la planta potabilizadora Torogoz. En esta zona hay un río, que con las lluvias se sedimenta y hay cortes de energía en la zona, eso afecta la producción de agua. Con la planta potabilizadora nueva, que tiene diferentes componentes. ¿Qué va a cambiar? Número uno, la fuente de agua que será producida por una batería de pozos, el agua será tomada del suelo y pasará por un proceso de tratamiento en esta planta. Una vez el agua esté potabilizada hay que impulsarla hacia sus hogares. El agua les va a llegar directamente de esta zona», añade”.

    A pesar que este día, Castaneda dijo que la construcción de la planta lleva 50% de avance, a mediados de enero de este 2025, el funcionario aseguró que la planta potabilizadora de Ilopango se encontraba en un 55 % de avance y que llevaba más de 500 metros de tubería, de 20 pulgadas cada una, colocada en el proyecto. Posteriormente, el pasado miércoles 2 de abril, el funcionario afirmó que el proyecto llevaba un 70% de construcción.

    La Secretaría de Prensa de Presidencia publicó fotos del avance de la construcción de la Planta Potabilizadora de Ilopango. /Secretaría de Prensa de la Presidencia.
    Según un anuncio hecho por ANDA en abril, la planta estará terminada a finales del año. / Secretaría de Prensa de la Presidencia.

     

     

     

     

  • Afectados COSAVI piden por tercera vez al FMI incluya su caso como criterio de transparencia en acuerdo con gobierno salvadoreño

    Afectados COSAVI piden por tercera vez al FMI incluya su caso como criterio de transparencia en acuerdo con gobierno salvadoreño

    Un grupo de afectados del desfalco millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (Cosavi de R.L.) han decidido enviar una tercera carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar, nuevamente, que la entidad tome en cuenta su caso como criterio de cumplimiento dentro del acuerdo de $1,400 millones con el gobierno salvadoreño.

    Esta es la tercera carta que los afectados Cosavi envían al FMI y específicamente solicitan “la inclusión de criterios de desempeño para transparencia y medidas anticorrupción en la administración financiera de Cosavi en la próxima revisión del acuerdo stand-by con El Salvador”.

    “Es nuestra tercera nota al Fondo, para que considere el caso Cosavi como un caso de corrupción, un caso de manejo oscuro desde la gestión pública, dado que la Superintendencia del Sistema Financiero tiene secuestrados nuestros ahorros; es el Estado salvadoreño a través de la SSF, y reiterarle al Fondo nuestra solicitud para que el caso Cosavi sea incluido como un indicador de cumplimiento, es decir, que si el Fondo finalmente decide incluirlo, entonces el gobierno tendrá que resolver el caso si quiere seguir recibiendo las erogaciones de los $137 millones que se han anunciado”, explicó Juan José Ortiz, vocero de los afectados.

    Los socios defraudados también reiteraron que el mecanismo de entregar el dinero por capas no funciona, en primer lugar, porque a penas van en la capa de $45,000, que fue anunciada el 30 de abril pasado, según dijo el presidente de la Junta Directiva de Afectados Cosavi, Julio Flores.

    “Lastimosamente, la información que fluye de la SSF para con nosotros los afectados Cosavi es mínima, por no decir nula, por tanto ni tenemos un dato exacto del número de beneficiados con esas famosas capas, ese sistema de capas no nos beneficia en nada. La cooperativa mantenía un margen arriba de los $50,000 en ahorros por socio. Exigimos a la SSF, al gobierno, a la Fiscalía información de qué pasó con nuestros ahorros, ya pasaron tres meses que la señora Evelyn Gracias anunciara esa capa de los $45,000, ¿cuántos han sido beneficiados? No lo sabemos”.
    Presidente de la Junta Directiva de Afectados Cosavi, Julio Flores

    El afectado también criticó que aunque la persona esté dentro de las capas, entre $1,000 y $45,000, no le entregan su dinero si no se le ha vencido el plazo, “peor si es certificado de aportación”, el otro cuestionamiento que hacen es que desde hace más de un año no están recibiendo intereses, cuando Cosavi sigue cobrando intereses “entonces ¿dónde está todo ese dinero”, pregunta Flores.

    ¿Qué piden al FMI?

    Dentro de esta solicitud específicamente le piden al Fondo que le condicione al gobierno, para la segunda revisión del acuerdo stand-by que haga una publicación periódica y transparente del avance en la resolución del caso Cosavi, garantizando la devolución efectiva de fondos a los ahorrantes.

    También la creación de un fideicomiso independiente para asegurar el pago rápido y efectivo a socios y tenedores de certificados de aportación, y que el gobierno quite la reserva de información por siete años, que han impuesto en el caso Cosavi.

    Como cuarto criterio, piden que el gobierno acceda al diálogo con los afectados, para que estos sean escuchados por la Superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, que a un año y dos meses de haberse revelado el desfalco nunca ha accedido a una reunión con los socios de la cooperativa.

    La carta será enviada este martes por la tarde, dirigida al señor José Torres, quien se encarga de políticas macroeconómicas y del sector fiscal del FMI.

    Los afectados tienen la “esperanza” de “convencer al fondo” que acepte incluirlos como criterio de cumplimiento dentro del acuerdo con el gobierno, sin embargo, aseguran que agotarán todas las instancias posibles para hacerse escuchar y lograr que el gobierno les devuelva su dinero “nosotros no vamos a desistir, vamos a seguir luchando por nuestros ahorros, no somos delincuentes, ni opositores, solo exigimos que nos devuelva nuestro dinero, es dinero lícito y es producto de una vida de trabajo de miles de personas”, recalcó Ortiz.

  • La nueva tasa de la visa Integrity Fee de $250 que pagarán los turistas que viajen a Estados Unidos

    La nueva tasa de la visa Integrity Fee de $250 que pagarán los turistas que viajen a Estados Unidos

    Millones de turistas y viajeros internacionales enfrentan incertidumbre por la nueva Visa Integrity Fee, una tasa adicional de $250 que se sumará al costo actual de $185 por la visa americana, elevando el total a $435 para quienes visiten Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o estudios.

    Aunque el gobierno de Estados Unidos aún no ha confirmado la fecha oficial de entrada en vigor, medios como The New York Times señalan que esta nueva tarifa podría aplicarse a partir del 1 de octubre de 2025, coincidiendo con el inicio del nuevo año fiscal estadounidense.

    ¿Quiénes deberán pagar la nueva tasa de visa?

    La Visa Integrity Fee afectaría principalmente a solicitantes provenientes de México, India, Brasil, Centroamérica y China. Sin embargo, quedarían excluidos los visitantes de Canadá y los beneficiarios del programa de exención de visado (Visa Waiver Program), que abarca a varios países de Europa, así como a naciones seleccionadas de Medio Oriente y Asia.

    Esta medida fue aprobada como parte de la reciente ley presupuestaria promovida por el presidente Donald Trump, y se espera que afecte tanto a los nuevos solicitantes como a los que renueven su visado, aunque aún hay muchas preguntas sin responder.

    Reembolso condicionado a buen uso y vencimiento de visa

    Uno de los aspectos más polémicos es que la tasa de $250 sería reembolsable, pero únicamente al vencimiento del visado, y solo si el titular ha cumplido con todas las condiciones de uso adecuado. Esto significa que, por ejemplo, si la visa tiene una vigencia de 10 años, el reembolso solo podrá solicitarse al final de ese período.

    Según un informe de CNN, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el Departamento de Estado emitirá alrededor de 120 millones de visas de no inmigrante entre 2025 y 2034. No obstante, aún no está claro dónde ni cómo se realizará el cobro, quién lo gestionará, y si se aplicará también a visas ya emitidas.

    Debido a la falta de claridad en torno a esta nueva tasa de visa para Estados Unidos, las autoridades recomiendan a los interesados seguir únicamente información oficial, publicada por el Departamento de Estado de EE.UU., así como por las embajadas y consulados estadounidenses en cada país.

    El nuevo cobro podría representar una carga económica considerable para quienes planean viajar por trabajo temporal o estudios, sectores que ya enfrentan diversos desafíos migratorios.

  • Hacienda pide exoneración de impuestos para donativo de medicamentos para pacientes con cáncer

    Hacienda pide exoneración de impuestos para donativo de medicamentos para pacientes con cáncer

    El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una exoneración de impuestos para el ingreso al país de un donativo de medicamentos oncológicos destinado al Hospital Nacional Rosales, con el fin de fortalecer el tratamiento para pacientes con cáncer en El Salvador.

    El donativo, gestionado por la fundación internacional MaxAid, consiste en 950 cajas de Glivec FCT de 400 mg y 530 cajas de Glivec FCT de 100 mg, fármacos utilizados en el tratamiento de leucemia mieloide crónica y tumores del estroma gastrointestinal. Este ingreso está respaldado por la factura número 20250502-18287-CH-NVS-DIR, fechada el 6 de mayo de 2025.

    Según la petición enviada al Legislativo, el Ministerio de Salud estaría exento de pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), así como los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI)y costos de bodegaje que genere el ingreso de estos medicamentos al país.

    La fundación MaxAid, reconocida por brindar acceso a tratamientos a pacientes con cáncer en países en desarrollo, es la responsable de esta donación, dirigida especialmente a personas de escasos recursos que reciben atención en el Hospital Rosales, uno de los principales centros médicos públicos del país.

    La iniciativa de exoneración fiscal será conocida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que ha sido convocada para el próximo lunes 28 de julio. De ser aprobada, permitirá la entrega sin restricciones fiscales de estos medicamentos vitales.

    Este esfuerzo conjunto entre entidades nacionales e internacionales representa un paso importante para garantizar el acceso gratuito y oportuno a tratamientos oncológicos en la red pública de salud.

     

  • El gobierno daría estos beneficios fiscales a personas y empresas que contraten a salvadoreños retornados

    El gobierno daría estos beneficios fiscales a personas y empresas que contraten a salvadoreños retornados

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que incluye incentivos fiscales para empresas y personas que contraten a salvadoreños retornados. El objetivo principal es promover la reinserción laboral de connacionales que regresan al país.

    El anteproyecto contempla que el Ministerio de Trabajo creará un registro oficial denominado “Empleos para Salvadoreños Retornados”, con el fin de identificar oportunidades laborales dirigidas a quienes fueron deportados o decidieron regresar voluntariamente a El Salvador.

    Según el texto de la iniciativa, las personas naturales o jurídicas que contraten a salvadoreños retornados podrán acceder a deducciones del impuesto sobre la renta, dependiendo de la cantidad de empleados contratados bajo esta modalidad.

    Las empresas deberán cumplir con requisitos como estar al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y haber operado en el sector formal durante al menos seis meses previos a la solicitud.

    Entre los beneficios fiscales que contempla la ley se encuentran:

    • Deducción equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes si contratan entre dos y seis personas retornadas.
    • Deducción de cuatro salarios mínimos si contratan entre siete y doce.
    • Deducción de cinco salarios mínimos si emplean a más de trece personas retornadas.

    Estos incentivos solo aplicarán en el año fiscal en que se realicen las contrataciones y siempre que se compruebe el pago efectivo de los salarios acordados, ya que no serán acumulables para ejercicios fiscales posteriores.

    La fiscalización y control de las deducciones estará a cargo del Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley será evaluado por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

     

     

  • Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, con el fin de establecer un marco legal que incentive el retorno o establecimiento temporal de salvadoreños que residen en el exterior, mediante estímulos económicos y sociales de hasta $100,000.

    La normativa contempla la creación del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que será responsable de diseñar la Política Nacional sobre Movilidad Humana y coordinar programas públicos de asistencia, así como gestionar cooperación internacional en esta materia.

    Entre los principales beneficios que ofrece la iniciativa se encuentra la exención total de impuestos para la importación del menaje de casa del grupo familiar, por única vez, siempre y cuando el valor no supere los $100,000. Además, permite la importación libre de impuestos de dos vehículos livianos para uso personal, con la condición de que no sean considerados chatarra.

    También se contempla la importación de vehículos de trabajo, catalogados como herramientas laborales, y la exención de aranceles para bienes, insumos, equipos y herramientas relacionadas con el oficio o actividad productiva del retornado, dentro del primer año de su regreso al país.

    Para acceder a estos beneficios, los salvadoreños deberán presentar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, establecer un domicilio en El Salvador y realizar la modificación respectiva en su Documento Único de Identidad (DUI). Quedan excluidos quienes tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso.

    Con la aprobación de esta nueva ley, se derogará la actual Ley Especial Transitoria de Incentivos y Tratos Preferenciales, que otorgaba beneficios fiscales por hasta $70,000 en menaje de casa.

  • Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas de los partidos de oposición Arena y Vamos cuestionan la falta de transparencia en el funcionamiento de los agromercados que forman parte del plan económico de este gobierno para este quinquenio y además lo que consideran el nulo apoyo a los productores nacionales.

    El miércoles 23 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó orientar $20 millones al MAG, para crear y fortalecer nuevos agromercados y una nueva central de abastos, pero la iniciativa explica mayores detalles.

    “Lo legal es que en ese decreto que se aprobó, se especificara a cuáles agromercados se fortalecerá y cuáles se crearán, para que la población conozca y no hacer mal uso de los fondos asignados y otro problema es que no hay una política pública que desarrolle la agricultura en el país y no se les ha apoyado a los agricultores, no ha habido un apoyo real”, cuestionó la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, dijo que a un año que se anunciaron los agromercados como parte del despegue económico y con una asignación que ya suma más de $50 millones, no se puede dejar de lado que no ha habido una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

    “Falta esa rendición de cuentas, no sabemos en qué se está gastando el dinero, por un lado y por otro qué se está haciendo en favor de nuestros agricultores, porque si bien hay cierto alivio económico para la gente, pero debe haber claridad. Se debe transparentar, rendir cuentas, decir hacia dónde se está yendo el gasto público, el tiempo de ejecución”, aseveró Rivas.

    Toda esta problemática, aseguran las legisladoras que es una de las consecuencias de tener a un ministro de agricultura que “desconoce” del tema.

    “Esta es la importancia de tener un buen ministro que esté en la cartera de Agricultura, porque si conociera como funciona la producción nacional y mejorarla y apoyarla, no tendríamos la necesidad de estar buscando productos afuera, pudiendo nosotros producir en nuestro país”, señaló Villatoro.

    En esta misma sintonía Rívas critica que “qué se puede esperar de un ministerio donde han pasado varios ministros y que haya alguien sin competencias, sin claridad nos pasa factura a todos y por eso vemos que no se ataca la raiz del problema, que es no tener soberanía alimentaria ya que tenemos un ministerio que se preocupa más de publicidad y no de llegar con los agricultores y fomentar nuestra producción”, recalcó la diputada de Vamos.

    Actualmente, según datos del gobierno, existen en el país 61 agromercados a nivel nacional.

  • Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    El ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa autorizar una segunda modificación al crédito revolvente que mantiene el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el objetivo de incrementar en $150 millones los fondos disponibles para inversión vial.

    La nueva solicitud elevaría el monto autorizado del Contrato de Línea de Crédito Revolvente No. 2310 a $400 millones. Posada solicitó que se faculte al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que, en representación del Estado salvadoreño, suscriba la modificación al Contrato de Garantía Soberana del Estado, respaldo legal que permite la ejecución de esta operación financiera.

    El crédito fue originalmente firmado el 9 de diciembre de 2022 por un monto de hasta $100 millones. Posteriormente, el 14 de agosto de 2024, el FOVIAL y el BCIE acordaron una primera modificación para incluir un Tramo B por $150 millones, alcanzando entonces un total de $250 millones.

    El pasado 27 de mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del BCIE aprobó una segunda ampliación por hasta $150 millones, a solicitud del FOVIAL, para fortalecer la capacidad de respuesta del país en obras de infraestructura vial.

    Según el contrato, el crédito tiene un plazo inicial de 12 meses prorrogables desde su entrada en vigencia, y puede ser extendido por periodos adicionales de hasta tres años, si así lo determina el banco regional a petición del prestatario.

    La solicitud de Hacienda será analizada el lunes 28 de julio por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

     

     

  • Asamblea inicia proceso para elegir nuevo procurador de Derechos Humanos

    Asamblea inicia proceso para elegir nuevo procurador de Derechos Humanos

    La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles, con dispensa de trámite y con 59 votos a favor, el inicio del proceso de elección del nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    La propuesta fue presentada por el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, y contó con el respaldo de diputados de Arena. El partido Vamos decidió no votar. La actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, dejará el cargo el 15 de octubre, cuando concluye su período.

    Según el aviso aprobado, los interesados en postularse deberán presentar su hoja de vida y la documentación requerida en la recepción de correspondencia de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 15 de agosto, en horario hábil de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Para aspirar al cargo de procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se requiere ser salvadoreño, mayor de 35 años, pertenecer al estado seglar, contar con título universitario y una trayectoria comprobada en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como reconocida moralidad y competencia profesional.

    La actual procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, culmina su periodo el 15 de octubre.

    Además, los aspirantes deberán presentar constancias emitidas por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Dirección General de Centros Penales, y la Policía Nacional Civil. También se exige una certificación del Tribunal Supremo Electoral que acredite la no afiliación partidaria, así como una solvencia del Ministerio de Hacienda.

    El procurador de Derechos Humanos tiene como función principal velar por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, además de investigar casos de violaciones, asistir a las víctimas, supervisar a la administración pública, emitir informes, promover reformas legales, realizar inspecciones, y educar a la ciudadanía sobre el respeto a los derechos humanos.

    Entre sus atribuciones también figura la vigilancia del trato a personas privadas de libertad y la potestad de promover recursos judiciales o administrativos en defensa de los derechos humanos.

  • Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este miércoles únicamente a dos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que al inicio del proceso, el oficialista partido Nuevas Ideas propuso candidatos para los siete cargos vacantes, algo de lo que luego se retractó.

    Durante la sesión plenaria, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso inicialmente siete nombres para ocupar cargos como magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional y otras salas del máximo tribunal.

    Entre ellos figuraban Juana Corvera de Meléndez, Lila Margarita Rosa González, Oscar Antonio Canales para la Sala de lo Constitucional, así como a Linda Jacel Peraza Fuentes, Marta Alicia Ochoa Aragón, Raymundo Alirio Carballo Mejía e Ivonne Lizzette Flores González, para el resto de salas de la CSJ.

    Los primeros seis perfiles recibieron 57 votos favorables por parte de Nuevas Ideas y sus aliados. Sin embargo, previo a la votación por la última aspirante, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, decretó un receso cerca de las 5:30 p.m.

    Al retornar del receso, Guevara presentó una modificación de agenda, solicitando anular las propuestas anteriores y dejar sin efecto la votación realizada.

    Basándose en el artículo 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), propuso elegir únicamente a Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández como magistrados suplentes de la CSJ, para un período que concluirá el 23 de septiembre de 2033.

    “Queremos dejar sin efecto las siete propuestas que esta bancada hiciera y proponemos (…) a los profesionales Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández”, expresó Guevara, sin dar mayores explicaciones sobre el cambio repentino.

    Ni Serafín Orantes del Partido de Concertación Nacional (PCN), ni Reinaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes inicialmente respaldaron la primera lista, se pronunciaron sobre la nueva moción.

    La votación nominal y pública aprobó la elección de Iglesias Majano y Cardoza Hernández, quienes fueron juramentados de inmediato como magistrados suplentes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. La Corte Plena será la encargada de asignarlos a las salas correspondientes.

    Guevara no explicó cuándo se retomará el proceso de elección para cubrir los otros cuatro cargos restantes de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ni ofreció razones para revertir la votación de los seis aspirantes inicialmente aprobados.