A un año de que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Fiscalía General de la República (FGR) revelaran el fraude millonario de $35 millones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L (COSAVI), un grupo de afectados expresó su descontento con el manejo del caso, la intromisión política y la lentitud en la devolución del dinero.
Julio Flores, presidente de la Directiva de los Afectados COSAVI expresó su descontento y reclamó, en las afueras de la única sucursal que está funcionando de la cooperativa, en San Salvador, a la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias por el dinero.
Ortiz dice que no hay pruebas de lo que dijo el fiscal general hace un año sobre que los $35 millones habían sido enviados a cuentas en Alemania y Estados Unidos.
«Nosotros enviamos cartas a ambas embajadas y la embajada de Alemania nos contestó diciendo que en Alemania no existe ninguna solicitud, de ninguna institución del gobierno del Estado salvadoreño relativo a reintegrar dinero desfalcado que se encuentre en territorio alemán».
Con todo eso, Ortiz sostiene que el partido de gobierno metió mano en la cooperativa.
«Entonces si bien las instituciones involucradas han mantenido que esto es un desfalco, nosotros, un año después hemos llegado a la conclusión que no hubo desfalco, aquí lo que hubo fue intromisión de manos políticas, particularmente del partido de gobierno que utilizaron el dinero de la cooperativa, para sus actividades electorales y políticas y no nos quieren devolver la cooperativa porque están borrando evidencia que en efecto la clase política metió las manos en la cooperativa», aseguró Ortiz.
«¿Señora Evelyn Gracias, dónde está el dinero. Ya pasó un año, queremos que nos regresen nuestro dinero, cuántas personas más tienen que fallecer para que nos regresen nuestros ahorros. Nosotros como afectados de COSAVI continuamos en la lucha de recuperar nuestros ahorros de 40 años de trabajo, en mi caso mis ahorros de pensión están aquí en COSAVI, y vamos a continuar hasta que estos señores del Estado Salvadoreño nos regresen hasta el último centavo que ellos gastaron en las dos últimas campañas políticas, documentado. El partido Nuevas Ideas y alcaldías utilizaron nuestros ahorros en sus campañas políticas», señaló Flores.
Gracias es la titular de la SSF.
El grupo de afectados colocaron una corona de flores en conmemoración de los cinco fallecidos que aseguran decayeron por sus enfermedades y sin poder tener una atención médica digna sin sus ahorros, debido al impacto de que no les devolvieran su dinero.
«Mi hermano murió, él sufrió un gran impacto que de pronto ya no podía tener acceso a sus ahorros y todos los días me preguntaba que cuándo nos iban a devolver el dinero, en nombre de él y otros fallecidos», expresó Eduardo Castaneda Soto, hermano del fallecido.
El 30 de abril la SSF habilitó una capa de hasta $45,000 para que los afectados que tengan hasta ese monto se acerquen a la cooperativa para el proceso de retirar sus fondos, sin embargo los afectados critican que hay muchos más asociados con montos más altos que eso y a un año de que COSAVI fuera intervenida no ven cuándo podrán retirar su dinero.
Este 9 de mayo se cumple un año que la Fiscalía Geneal de la República, junto a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) revelaron que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) había sido desfalcada con $35 millones, desvidados hacia Alemania y Estados Unidos.
El principal sospechoso, su gerente general, Manuel Coto Barrientos, quien huyó y luego murió en la la tragedia del helicóptero el 8 de septiembre 2024 .
La SSF intervino a COSAVI bajo un hermetismo total con reserva del caso, la Fiscalía tampoco ha dado información, y a un año, al menos 350 de los afectados siguen exigiendo se les devuelvan sus ahorros.
El vicepresidente de la Directiva de los Afectados afectados por el fraude de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de RL, Juan José Ortiz, hace un balance de este año bajo la sombra del desfalco.
¿Cuál es la evaluación que hace a un año tras sufrir el fraude en la cooperativa?
El balance que hacemos es negativo. El 9 de mayo de 2024, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Fiscalía General de la República hicieron público al país la intervención de la cooperativa, sin embargo la cooperativa había sido intervenida el 1 de marzo de 2024. Pero desde entonces a la fecha, lamentablemente ya llevamos cinco muertos, solo en el grupo que estamos organizados. Por otra parte el balance es negativo debido a que todas las instituciones involucradas en el caso, no se nos dan audiencia, no se nos quiere escuchar, hay un hermetismo total de las instituciones del Estado, intencional, creo yo, por cubrir que la clase política metió las manos en nuestra cooperativa.
¿Cómo evalúa el manejo que ha hecho la Superintendencia del Sistema Financiero y la Fiscalía tanto de los fondos como del caso?
En el caso de la Superintendencia, nosotros hemos sostenido que la intervención es abusiva, arbitraria e ilegal… y al día de hoy la Superintendencia nunca ha explicado quién la faculta para intervenir, dado que Cosavi estaba en proceso de convertirse en banco, pero ese proceso no se concretó, por tanto quien debió haber intervenido la cooperativa era el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop).
En el caso de la Fiscalía es penoso el accionar. Es el caso más emblemático por el cual no confiamos en la Fiscalía es cuando hizo público que el principal sospechoso del desfalco, el exgerente de Cosavi, Manuel Coto Barrientos había sido en Panamá, (en julio2024) es lo que llamo la mentira del año del 2024, y la llamo así porque el presidente de la República (Nayib Bukele) nunca se ha pronunciado en nuestro caso, excepto esa vez para felicitar al fiscal por la captura de Coto en Panamá, pero estaba en Honduras.
Qué luego se dio el hecho del helicóptero en el que era transportado capturado de regreso a El Salvador y custodiado por el mismo director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas…
Así es, y cuando el fiscal llega a la Asamblea Legislativa para ser interrogado en el proceso de reelección y cuando se le pregunta por el tema (pregunta hecha por la diputada Marcela Villatoro de Arena) la respuesta que dio fue que se habían dado esas declaraciones por estrategia. Uno se pregunta: si, por estrategia también falleció el director de la PNC. Entonces a un año nosotros no confiamos ni en el trabajo de la Fiscalía, ni en la Superintendencia, ni en ninguna institución del Estado, porque estamos convencidos que este accionar solo obedece a borrar evidendica de que el partido de gobierno metió las manos en la cooperativa.
Ustedes piden al Estado un fideicomiso, ¿cómo funcionaría?
Un fideicomiso es un préstamo, que nosotros los afectados le solicitamos al Estado. Le pedimos a la Asamblea que aprobara un Fideicomiso, no estamos pidiendo nada gratis, estamos pidiendo un préstamo. ¿Cuál es la base técnica y financiera y financiera para hacerlo? Pues, la misma superintendente (Evelyn Gracias) ha dicho que hay cerca de $230 millones en activos, para respondernos a los afectados, el problema que por el sistema de entrega por capas que la SSF implementa, los afectados podemos esperar hasta 10 o 15 años para recibir nuestro dinero, entonces cómo le pido a una persona de 85 años que espere 15 años para recibir su dinero. Entonces el fideicomiso es la solución más viable. La idea es que el Congreso apruebe que la banca estatal abra una cartera de $230 millones, se nos pague a todos los afectados, nosotros entregamos los certificados y se quede la banca estatal recuperando, así como lo está haciendo la SSF, con al diferencia que el Estado no se va a morir, pero en el caso COSAVI hay muchas personas de la tercera edad que no pueden esperar ni cinco años, por los serios problemas de salud que tienen.
El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, dijo que ¿por qué la Asamblea debía aprobar un fideicomiso si había sido un contrato entre privados?
Porque los mayores deudores de COSAVI son instituciones del Estado, en su gran mayoría municipalidades controladas por el partido de gobierno, también hay un reportaje que hizo la UCA en donde sale a la luz pública instituciones del Estado como la Dirección de Obras Municipales, el mismo partido de gobierno (Nuevas Ideas) como deudores de COSAVI, entonces es necesario recordarle al presidente del Congreso, que las instituciones de gobierno se metieron a adquirir compromisos con COSAVI.
¿Qué otra salida le ven para recuperar su dinero?
Lo que hemos pedido que se nos devuelva la cooperativa, nosotros estamos dispuestos a asumir las responsabilidades financieras del desfalco.
El proceso penal se ha alargado, ¿ustedes han pedido ser parte del proceso a través de una querella? ¿si, no? ¿por qué?
Sí, pero los afectados en un primer momento no eramos parte querellante, la querella la conformaban los abogados defensores de los detenidos en calidad de sospechosos del desfalco y la Fiscalía, que en teoría nos debería de representar a los afectados. Desde que el caso se hizo público hay más de 600 avisos interpuestos en la FGR y el juez especializado que lleva el caso le dio a la Fiscalía un año, para documentar todas las pruebas e ir a juicio, el año se venció y ninguna de las 600 personas que dieron aviso ha sido citada por la Fiscalía a declarar y nos enteramos que han pedido otra prórroga. ¿Cómo es posible que ha pasado un año entero y a ninguno de los afectados se nos cite en calidad de afectados.
Ustedes han presentado denuncias ante organismos internacionales, en resumen ¿qué respuestas han tenido?
Hemos enviados dos cartas al Fodo Monetario Internacional (FMI), en la primera el Fondo nos respondió que desconocían el caso y eso nos llamó la atención porque el caso COSAVI es la punta del iceberg de la crisis del sistema fiananciero cooperativo y el FMI no se entera y está a punto de aprobar $1,400 millones para el Estado, eso nos motivó a solicitar en un segundo escrito solicitar en el préstamo ser indicador de cumplimiento. Sobre esa segunda nota no hubo respuesta directa para nosotros, pero sí nos llamó la atención que el informe del FMI decía que “COSAVI es el mejor ejemplo de las debilidades y fragilidades del sistema financiero del país.
¿Tienen miedo perder sus ahorros?
Bueno la posibilidad existe. No es la primera vez que en el país sucede un fenómeno como este. Uno podría pensar que casos como Finsepro-Insepro, Fomiexport, Crediclub y otros casos sonados de desfalco son cosas del pasado, y precisamente la SSF se creó para evitar este tipo de casos y ahí es donde vienen la desconfianza: La Fiscalía, hace un año, en la única conferencia de prensa que ha dado con la Superintendencia decía que COSAVI estaba siendo investigado desde el 2018, del 2018 al 2024 son seis años. ¿Cómo es que la Fiscalía no detectó?
… Y por supuesto que hay temor, y no solo temor de perder el dinero. Ahora que estamos viendo detenciones arbitrarias con este tema del transporte, no hemos descartado la posibilidad que se nos quieran imputar o inventar delitos con tal de callar la voz de los afectados, temor de los voceros que se nos quiera inventar un caso, meternos presos y que eso sirva de ejemplo para que el resto no diga nada y que este caso poco a poco se vaya apagando.
El director ejecutivo de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines de Responsabilidad Limitada (Coaspae de R.L.), Julio Alberto Linares, reconoció públicamente este jueves que la entidad atraviesa una crisis de liquidez, aunque aseguró que existen condiciones para superar la situación.
«Sí, en efecto, hay muchos asociados que están generando una corrida de retiros y eso no permite un normal funcionamiento de Coaspae», declaró Linares en conferencia de prensa. Agregó que «todo el dinero que está aquí no se ha perdido, porque si algo hubiéramos hecho mal, ya estuviéramos intervenidos».
Las declaraciones surgen un día después de que varios socios y exsocios denunciaran que la cooperativa se niega a devolver sus ahorros. Linares aseguró que la situación se originó por el pánico desatado tras el caso COSAVI, lo que llevó a cerca de 200 de los 1,260 socios a solicitar el retiro de sus fondos.
Linares explicó que Coaspae cuenta con $108 millones en activos y una trayectoria de 47 años, pero admitió que esta es «la primera vez que ve una crisis de este tipo» en sus 18 años al frente de la institución. Según dijo, se espera que la situación se estabilice en un plazo de 18 meses, y garantizó que «hay de dónde hacerle frente».
En relación con el caso de Margot Sánchez, una exsocia que denunció ante medios de comunicación que lleva dos años esperando la devolución de su dinero, a pesar de contar con una resolución del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop), Linares indicó que existe una calendarización para los pagos.
«Tenemos una política: usted presenta la renuncia, eso lleva un proceso, y llegado el año hay que pagarle. Pero como el dinero que entra se está yendo, se decidió postergar a 18 meses. Estamos abiertos a establecer pagos diferidos, pero muchos quieren todo de un solo», comentó el director ejecutivo.
Además, aclaró que todos los pagos están ordenados cronológicamente y documentados. «Si la señora no ha alcanzado el lugar que le toca, tiene que esperar», dijo.
Coaspae realizará este viernes 9 de mayo su 58ª Asamblea General, donde propondrán una reforma a los estatutos para dar mayor certeza jurídica y prevenir futuras crisis. Linares adelantó que se someterá a votación una propuesta para establecer un sistema más equitativo en los pagos a los socios.
«Hay quienes se han ido a quejar diciendo que no se les ha dado nada, pero si revisamos sus estados de cuenta, han recibido más que otros que aún esperan», concluyó Linares.
La organización Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentaron este miércoles un escrito ante la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar lo que calificaron como «deficiente atención» a víctimas y familiares afectados por el régimen de excepción.
El abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, informó que el documento fue dirigido al procurador general José Gustavo Escobar, a quien señalan de no garantizar una adecuada defensa de derechos humanos.
«Este día venimos a presentar un escrito al procurador general de la República… a tres años del régimen, la atención que brinda la Procuraduría a las víctimas es deficiente», declaró Díaz.
El abogado advirtió que, ante los juicios masivos que proyecta realizar la Fiscalía General de la República, podrían condenarse a personas inocentes. Por ello, solicitaron al procurador agilizar procesos y fortalecer los servicios de la institución. Además, exigieron celeridad en la entrega de antecedentes penales y policiales a los familiares de los detenidos, así como la unificación de criterios para presentar arraigos, y la liberación de personas que aseguran son inocentes.
El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, fue más enfático al acusar a la institución de omitir su rol constitucional.
«Más bien parece cómplice de quienes están reprimiendo a la población… haciendo capturas arbitrarias, capturas ilegales, torciendo la ley, inventando delitos a las personas», denunció.
Mauricio también criticó los procesos colectivos impulsados por el sistema judicial: «Un principio del derecho penal es probar la responsabilidad individual. ¿Por qué hacer procesos colectivos? Porque no tienen pruebas».
Según datos oficiales del gobierno, desde que entró en vigor el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, han sido capturadas más de 85,900 personas en todo el país.
Sin embargo, Tutela Legal y el Movimiento de Víctimas del Régimen sostienen que al menos 4,000 personas habrían muerto bajo custodia del Estado durante la aplicación del régimen, por lo que piden frenar las detenciones arbitrarias y garantizar el debido proceso para los capturados.
Cerca de 30 unidades de transporte de la Alcaldía de San Salvador continúan brindando servicio gratuito entre la capital y Santa Tecla, como parte del apoyo a los usuarios afectados por el derrumbe en el tramo de Los Chorros.
Así lo confirmó el director de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), Manuel Rodríguez.
«La comuna tiene cerca de 30 unidades de transporte que son puestas a disposición de la población… estamos abarcando un recorrido desde la Plaza Simón Bolívar hacia Santa Tecla», sostuvo Rodríguez, quien explicó que estas unidades refuerzan los recorridos de las rutas 42 y 101-B, cubriendo horarios de mañana y noche.
La medida fue tomada tras la orden del presidente Nayib Bukele de establecer transporte público gratuito del 5 al 11 de mayo, como compensación por los inconvenientes ocasionados por el cierre del tramo de Los Chorros.
Rodríguez añadió que la alcaldía mantendrá el servicio mientras sea necesario.
«En principio pensamos que una vez que se solucione el transporte en Los Chorros, vamos a poder poner a descansar las unidades de transporte», declaró.
El 4 de mayo, a las 6:41 a.m., Bukele anunció a través de su cuenta de Facebook que el transporte público sería gratuito durante una semana como medida de mitigación.
«Esto incluye buses y microbuses, tanto urbanos como interdepartamentales, especiales y ordinarios. Todos… Como compensación económica por las molestias causadas…», escribió el mandatario.
La comuna capitalina se sumó a la medida el lunes 5 por la mañana, y según Rodríguez, el apoyo continuará conforme lo disponga el Ejecutivo.
Ahorrantes de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines de Responsabilidad Limitada (Coaspae de R.L.) denunciaron este miércoles que la entidad se niega a devolverles el dinero que ellos tenían ahorrado.
Uno es el caso de Margot de Sánchez, quien aseguró que ha denunciado a la entidad financiera ante el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop, que está en proceso de disolución) y ante la Fiscalía General de la República (FGR) por negarse a devolverles sus ahorros, pues la única respuesta que le dan es que «no hay dinero».
La afectada llegó este miércoles, 7 de mayo, a Coaspae, ya que el Consejo de Administración de la cooperativa había convocado a la 58a Asamblea General, y al reclamar la devolución de sus ahorros fue «sacada con los agentes de seguridad».
«Yo soy socia de esta cooperativa (Coaspae), pero hace dos años puse mi renuncia porque necesitaba que me devolvieran mi dinero y ellos me han tenido con mentiras que me lo van a devolver, incluso tengo una resolución de Insafocoop en donde ellos ordenan que se me devuelva íntegro sin ninguna restricción, mi dinero, y me dan un montón de excusas». Margot de Sánchez,
Ahorrante de Coaspae y afectada.
Otro ahorrante, quien pidió reserva de su identidad, relató que a él la cooperativa le tiene retenidos $50,000 y no se los quiere entregar.
«Yo me asocié en 2022, el año pasado vi que había problemas en la cooperativa, cuando vine estaban entregando $300 diarios, después solo $300 cada semana, después que no podía, entonces que había que anotarse para que nos llamaran, yo me retiré, para no seguir aportando, y prometieron a seis meses entregar los depósitos de $30,000, pero de eso no me han entregado nada de mis $50,000, ahora ni lo dejan entrar a uno, yo he venido tres veces este año y lo que hacen es ofrecerme que me van a denunciar con la Policía», denunció el salvadoreño.
Otro afectado manifestó que él y su familia hicieron dos depósitos «grandes», uno se vencía en octubre del año pasado y el otro en marzo de este año.
«Y cuando vinimos a darnos cuenta, esto es un rebote de lo que pasó con la otra cooperativa, Cosavi, nos dijeron que tenían problemas de solvencia, pero nos han tenido que nos van a entregar el dinero. Nunca lo entregan. Llamamos y no contestan, nos hicieron firmar un documento para entrar en una lista de espera, para calendarizar el pago, pero nunca nos dicen cuándo nos van a pagar y aquí mucha gente tienen los ahorros de su vida y si la gente viene aquí y reclama, porque ni tienen cómo comer, lo sacan, hay nula información», detalló el afectado, quien pidió también anonimato.
Asamblea General de Coaspae fue suspendida
Ayer, varios de los afectados no pudieron entrar a la Asamblea General; «convocan, pero uno viene y no puede entrar y la comunicación es pésima, la gente viene, está aquí afuera y espera que les solventen y nada», reclamó uno de los afectados.
La Asamblea fue suspendida y reprogramada para el viernes 9 de mayo a las 9:00 de la mañana para establecer quorum que se establece con la mitad más uno de los, supuestamente 13,000 socios, pero como ellos mismos denuncian «lo hacen en un local donde solo caben 40». Varios socios no pudieron entrar al edificio de Coaspae.
La convocatoria de la asamblea de este miércoles fue enviada a medios de comunicación, quienes al llegar al lugar fueron sacados por la seguridad del lugar, alegando que se trataba de un evento privado.
Si el viernes a las 9:00 de la mañana y no se cuenta con quorum requerido, se celebrará una hora más tarde con la asistencia de no menor a un 20 % de los socios hábiles, publicó el Consejo de Administración de Coaspae.
Dentro de la agenda de la Asamblea General está la presentación de informes de los directivos, presentación y aprobación de estados infanciero del ejercicio 2024, presentación y aprobación del plan de trabajo 2025 y nombramiento del auditor externo, financiero y fiscal de la cooperativa.
Coaspae se desliga
En abril reciente, la cooperativa publicó un comunicado en sus redes sociales donde señaló que las denuncias publicadas con anterioridad «no representa la realidad del accionar de nuestra cooperativa» y calificó la información de «tendenciosa», por tener un declarante anónimo.
La cooperativa invitó a sus cooperantes a acercarse a sus oficinas «para conocer de primera mano sobre el quehacer de Coaspae».
En esta ocasión, las personas que han otorgado su declaración a Diario El Mundo han mostrado documentos de denuncias formales a la Fiscalía y a Insafocoop donde constan los procesos seguidos en contra de la cooperativa, que aún no han tenido respuesta.
El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Jorge Castaneda aseguró este martes que el 65 % de las tuberías están obsoletas y que solo en lo que va del año han reparado 20,000 fugas de agua.
«Heredamos una tubería obsoleta, una estructura de asbesto, cemento, que es importante recalcar que ese tipo de materiales ya están prohibidos, porque son cancerígenos y muchas de las tuberías que aún hay en algunas zonas del país siguen siendo de asbesto, cemento, y esas son las que estamos sustituyendo. Solo este año van más de 20,000 acciones de reparación de fugas y derrames», aseguró, en una entrevista televisiva.
También aseveró que hacen cambio de tuberías y reparaciones en el que invertirán más de $200 millones.
«Hemos iniciado con el cambio de tuberías que ya dieron su vida útil. Estamos transformando el sistema hidráulico con una inversión histórica de más de $200 millones». Jorge Castaneda,
Presidente de ANDA.
Sobre la construcción de la planta potabilizadora de Ilopango, Castaneda dijo que hay diferentes fases de avance, pero en términos generales de los ocho pozos dijo que ya construyeron dos, y afirmó que en general «el 40% de la obra está terminada».
Sobre el estrés hídrico que vive el país, el funcionario dijo que al año «el país tiene 21,000 millones de metros cúbicos de agua», pero por las tuberías dañadas «ahí podríamos hablar que en la red no hay suficiente agua, por eso hay que aprovechar las aguas lluvias», concluyó.
En el segundo día de la gratuidad en el transporte colectivo por el cierre en Los Chorros, el presidente Nayib Bukele acusó a los empresarios del transporte cometer “irregularidades”, a pesar de haber recibido el dinero por adelantado, por ello, los acusó de peculado.
“Este día, a pesar de que ayer se realizó el pago por adelantado correspondiente a los siete días de transporte público gratuito, se registraron múltiples irregularidades por parte de algunos transportistas”, publicó el mandatario.
Según Bukele “algunas unidades no realizaron sus recorridos; otras sí circularon, pero no permitieron que los usuarios abordaran, a pesar de ir vacías; y en varios casos se cobró el pasaje, aun cuando el Gobierno ya había cubierto ese costo”, aseguró.
“Además de los delitos señalados anteriormente, en esta ocasión se suma el delito de peculado (es decir, robo de fondos públicos), ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron. Se hará cumplir la ley”. Nayib Bukele,
Presidente salvadoreño.
Sin embargo no explicó qué empresarios son los que habrían cometido las irregularidades, cuáles con exactitud, y si ya recibieron los fondos.
El lunes cinco empresarios de transporte fueron capturados, luego que Bukele diera la orden a la Policía Nacional Civil (PNC), acusándolos de “un claro sabotaje al país”, al no brindar el servicio.
Por la noche, de ese mismo día, el presidente publicó en su cuenta de Facebook que el gobierno había hecho “el pago de $12 millones a los dueños de las unidades de transporte público”, para cubrir todos los días de gratuidad, por lo que no había “ninguna justificación para no brindar el servicio” y que tampoco tenían excusas “para no pagar el salario a los más de 12,000 motoristas”.
También aprovechó para amenazarlos nuevamente, recalcándoles que “como gobierno ya hemos cumplido, incluso por adelantado. Ahora les corresponde a los transportistas cumplir también. De lo contrario, se tomarán medidas sumamente drásticas.”
El servicio y gratuidad del transporte colectivo es verificado por militares, policías y miembros del Viceministerio de Transporte, en el segundo día donde los buses dan el servicio gratuito, subsidiado por el gobierno.
La madrugada de este martes, el gobierno compartió videos donde los militares abordan los buses en terminales y paradas: «Buenos días, perdonen la molestia ¿a alguno de ustedes le ha sido cobrado el pasaje, que me pueda levantar la mano?», preguntó un militar con uniforme azul adentro de uno de los buses. Los usuarios respondieron moviendo la cabeza: No. «Muchas gracias, que les vaya bien», se despidió el militar.
En el segundo día de gratuidad del transporte público, a las 7:00 de la mañana en algunas paradas de buses de San Salvador, los usuarios abordan con normalidad. Que el pasaje no sea pagado es verificado por militares y personal del VMT.
Video: Jessica Guzmán y Secretaría de… pic.twitter.com/quGJsBNb4T
Este martes, Diario El Mundo constató que en diferentes paradas de buses y microbuses del transporte colectivo de San Salvador se encuentran militares, policías y personal del VMT tratando de agilizar el abordaje de pasajeros, ya que hay algunos lugares en las que se aglutinan muchas personas.
La mañana de este martes, la ruta 30B que conduce desde Ayutuxtepeque hacia la Zona Rosa mostró normalidad en el servicio, la parada que hace frente a Metrosur no estaba abarrotada.
En cambio, la parada a un costado de Metrosur, sobre la alameda Juan Pablo II, estaba llena de personas que esperaban la ruta 16 que conduce hacia la colonia Escalón, ya que según una usuaria tenía “como media hora de no pasar”.
La parada en la zona del Salvador del Mundo con sentido hacia la Escalón y Santa Tecla lucía abarrotada, en su mayoría, de personas que buscaban abordar la ruta 101, la 101-B, la 42-B hacia Santa Tecla y Merliot, además de la ruta 30-B hacia la colonia Escalón y Zona Rosa.
Esta situación continuará, supuestamente, hasta el 11 de mayo, ya que el gobierno declaró gratuidad en el transporte colectivo a nivel nacional, debido al cierre en el tramo de Los Chorros, en dónde se construye para el proyecto del viaducto.
También aprovechó para amenazarlos nuevamente, recalcándoles que “como gobierno ya hemos cumplido, incluso por adelantado. Ahora les corresponde a los transportistas cumplir también. De lo contrario, se tomarán medidas sumamente drásticas”.
Este lunes cinco empresarios de transporte fueron capturados este lunes, luego que Bukele diera la orden a la PNC, acusándolos de “un claro sabotaje al país”, al no salir a brindar el servicio.
La PNC publicó que “serán remitidos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión”.
La situación del transporte fue causada por el cierre de la carretera a Los Chorros donde dos grandes derrumbes han provocado la restricción.
Diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente dictaminaron favorablemente una iniciativa de reforma a ley especial de trasplante de células, tejidos y órganos humanos.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, explicó a los diputados que se necesitan las reformas para «continuar desarrollando el trabajo de trasplantes a nivel nacional y para ello se requiere ajustar aspectos técnicos de la ley, que en su mayoría son de forma y las de contenido para armonizar con la mejor evidencia científica disponible».
Dentro de las reformas queda establecido que cada hospital donde se realice un trasplante deberá contar con el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante.
Se modifican conceptos como el de aloinjerto y alogénico, se cambia el concepto de donante cadavérico por donante fallecido quedando de la siguiente forma: A quien se le realiza la extracción de órganos u otras piezas anatómicas posterior a la comprobación de muerte cuando se basa en la existencia de irreversibilidad de muerte encefálica o muerte circulatoria, certificadas por personal capacitado; Además, se consideran aquellos que tienen como máximo cinco minutos de paro cardio respiratorio, que se ha revertido, pero se mantiene el criterio anterior.
En la reforma se elimina que «si el paciente no ha expresado su voluntad de donar, la familia hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podrá autorizar la donación».
También se reforma el artículo 21 que habla sobre Donación en muerte encefálica que se establecerá basándose en valoración por estudio de imágenes iniciales, por criterio clínico que refleje ausencia de reflejos del tallo encefálico y por estudios de imágenes o estudio electrofisiológico ambos en caso de ser necesario.
También se reforma el artículo 23 que se refiere a la cantidad de personas que pueden autorizar el trasplante del fallecido cuando el en vida hubiera expresado su voluntad explícita de donante y solo podrán ser los padres, hijos, hermanos y cónyuges, explicó el ministro de Salud.
El funcionario dijo que la población de pacientes con insuficiencia renal crónica llega a 52,102 personas, «en el país una de las complicaciones más complejas es la insuficiencia renal y es donde el trasplante puede llegar a dar solución a la calidad de vida».
