Autor: Jessica Guzman

El presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió a los transportistas de que enfrentarán las consecuencias si siguen «afectando al pueblo», luego de señalarlos de no prestar el servicio de transporte colectivo la mañana de este lunes y provocar que las terminales y paradas de buses estuvieran abarrotadas de personas sin poder llegar a sus destinos.

A su vez, el mandatario les recalcó que deben dar el servicio de transporte gratis toda la semana, y que el gobierno les pagará.

«Se acabaron los tiempos en los que los transportistas ponían a temblar a nuestro país con sus paros de transporte. El Salvador ha cambiado, y nadie volverá a aterrorizar a nuestro pueblo. Jamás. Brinden el servicio al 100% y de forma gratuita durante toda esta semana, en todo el país, tal como fue acordado. El Gobierno les pagará hasta el último centavo. No tienen motivo para no hacerlo. O bien, intenten seguir afectando al pueblo… y enfrenten las consecuencias. Ustedes deciden», publicó Bukele en su cuenta de Facebook.

La advertencia del mandatario ocurrió minutos después que la Policía Nacional Civil confirmara y publicara la detención de cinco empresarios de transporte público, asegurando que «no brindaron el servicio con normalidad o estaban cobrando el pasaje, a pesar de que el gobierno ya había cubierto ese pago».

Los detenidos son los empresarios Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), José Alejandro Arriaza, quien es vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate.

También detuvieron a los empresarios Nelson David Moreno, de la ruta 79, y Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín.

La PNC publicó que «serán remitidos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión».

Las detenciones fueron realizadas tras una orden de Bukele quien aseguró en X que la PNC debía «proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas», que no salieron a brindar servicio este día y los acusó de «un claro sabotaje al país».

Segunda advertencia

Temprano, Bukele ya había arremetido contra los empresarios del transporte luego que no sacaran sus unidades a trabajar este lunes. «Muchos transportistas creen que aún están en los tiempos de ARENA y del FMLN, cuando podían hacer paros de transporte con total impunidad. Pregúntenle a Catalino Miranda cómo le fue la última vez que intentaron algo similar. Se equivocaron de nuevo», escribió el mandatario en su red social de Facebook, la mañana del lunes.

El mandatario hizo referencia a la captura del empresario del transporte público, Catalino Miranda, una detención ocurrida en marzo del año 2022, por aumentar el cobro del pasaje; Miranda fue condenado a tres años de cárcel luego de haberse autoinculpado de delitos de venta a precio superior y desórdenes públicos. Sin embargo, la Fiscalía le inició un nuevo proceso por falsedad.

El día que Miranda fue detenido, el gobierno había iniciado una revisión de no incremento al pasaje como una medida contra la inflación. A partir de entonces, el gobierno tomó el control de la ruta 42 que tenía bajo concesión Miranda. Meses después se transformó en ruta 40, haciendo los mismos recorridos, pero con lentitud según lo expresado por los usuarios.

Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron este lunes dictámenes favorables para tres contratos de garantías para créditos que suman $240 millones que irán destinados a financiar vivienda social y para apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.

El primero por $50 millones es para que el Estado otorgue garantía soberana para un contrato de préstamo entre el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el «Programa de Financiamiento para Vivienda Social, Inclusiva y Sostenible».

El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda explicó que estos $50 millones son para viviendas de interés social de hasta $40,000, para poblaciones vulnerables.

“Una vez ya sea aprobada la garantía, el Fondo Social puede aprobar los créditos y el 50% de este crédito va destinado a hogares liderados por mujeres y un 10% destinado para personas con discapacidad y el resto a poblaciones vulnerables y estamos hablando de tasas que oscilan entre el 4% y 7%, dependiendo los ingresos, plazo de hasta 30 años y va con criterios de sostenibilidad en temas de construcción”, explicó el funcionario.

Herrera dijo que los créditos irán destinados por medio del fondo, para vivienda nueva, usada o recuperada.

Los otros dos son contratos de garantías para préstamos, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) uno por $130 millones y otro por $60 millones son para apoyar a las mipymes.

El crédito de $60 millones está destinado al «Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas», sobre esto Herrera explicó que “va destinado a las mipymes para apoyar sostenibilidad energética, entonces va destinado a las mipymes que buscan financiamiento para inversión en calderas, hornos de alta eficiencia, motores, iluminación y esto tiene que ver con mipymes que están en sector de restaurantes, panaderías que pueden acceder a esto”, explicó.

Y el préstamo por $130 millones servirá para financiar el «Programa de Apoyo a la Transformación Tecnológica y Digital de MIPYME en El Salvador».

Se otorgarán créditos bajo este programa para compra de equipos, maquinaria y programas informáticos, así como contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias; también para capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociado a la transformación tecnológica, detalló el funcionario de Hacienda.

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen favorable para incorporar $30 millones para el proyecto de «Construcción y Equipamiento del Área de Bandas de Equipaje Llegadas del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdamez.”

Los fondos provienen de una colocación de títulos según un plan presentado por Hencorp Valores Limitada, una tasa de interés del 8.25 % anual, con un plazo de siete años y dos años de gracia.

Marlon Herrera, director general de Inversión y Crédito Público, del Ministerio de Hacienda dijo que el proyecto es necesario por la cantidad de pasajeros que anualmente transitan por la terminal aérea que ya supera los cinco millones.

De los $30 millones, para este proyecto, tal como explicó el funcionario se utilizarán $27,174,372 «y la diferencia que complementa los $30 millones que corresponden a la titularización se destinarán para cubrir los gastos de interés, comisiones y otros gastos financieros en los que incurra CEPA”.

“Se construirá y equiparea un edificio de un área aproximada de 7,800 metros cuadrados que conectará con el edificio ya existente de la terminal de pasajeros dotado de elevadores, escaleras mecánicas y fijas, para disponer de mayores espacios que faciliten la atención de los servicios de migración, retiro de equipaje, aduanas, líneas aéreas y espacios para comercios”, explicó Herrera.

El funcionario detalló que el diseño y construcción del edificio incluirá el área destinadas para registro aduanal y migratorio, instalación de siete bandas de retiro de equipaje de llegada, área para oficinas de aerolíneas y para actividades comerciales de servicios que brindan los concesionarios.

En la parte externa se construirán calles de acceso para entrdas vehiculares con un anchode seis metros y una longitud de 240 metros de circulación.

Entre las obras complementarias se incluirán conexiones para redes informáticas y telefonía, sistedma de detección de incendios, nueva línea de aducción de agua potable y cisterna.

Los diputados emitieron dictamen favorable el cual será conocido en la sesión plenaria ordinaria de este martes 6 de mayo.

Marcela Villatoro y Francisco Lira, diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) creen que la Asamblea Legislativa cometió una inconstitucionalidad al registrar sus votos «en contra» del régimen de excepción el pasado jueves, ya que ellos pidieron no participar en la votación del decreto de prórroga.

Sin embargo, la diputada informó que no acudirán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

«Con Francisco analizábamos presentar un recurso de inconstitucionalidad y luego dijimos '¿y para qué?, si esta Sala de lo Constitucional es un apéndice de Nuevas Ideas', entonces, como son un apéndice de Nuevas Ideas, lo que van a hacer es buscar una forma para que esto se vuelva legal y resolver, con una resolución de la Sala, un acto claramente inconstitucional», respondió la diputada, al ser consultada al respecto.

El pasado 30 de abril, en la votación nominal y pública por la 38ª prórroga del régimen de excepción, Arena decidió no votar ni a favor ni en contra, pero sus votos fueron consignados «en contra» debido a una reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) que detalló que las dos formas de votación serán «a favor» y «en contra».

La reforma al RIAL fue aprobada el 8 de abril e inició su vigencia el 19 de abril de 2025. Antes de esa reforma, el RIAL no regulaba tipos de votación.

Para el abogado «Enrique Anaya», la reforma al RIAL es inconstitucional, ya que el artículo 125 de la Constitución de la República establece que “los Diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan».

«Esto quiere decir que tienen mandato libre, entonces, no se puede imponer reglas de votación que signifique violación a ese mandato libre, por eso el diputado puede votar a favor, en contra o simplemente no votar y eso es legítimo, porque estar obligado a votar a favor o en contra eso implicaría que tuvieran mandatos imperativos».

«Enrique Anaya, abogado.».

Consideró que también es «inconstitucional” el hecho que les estén consignando los votos en contra, cuando ellos no votaron. “No solo la reforma es en sí inconstitucional, sino el hecho que les estén consignando como votos en contra cuando el diputado no ha votado, es una violación a un sistema democrático, porque en los sistemas democráticos pueden decir 'mire, no voto a favor, ni en contra porque no tengo la información adecuada»”, señaló.

El jurista advirtió que los diputados de Nuevas Ideas sí se abstuvieron de votar cuando tanto Vamos como Arena presentaron iniciativas de ley y, en esas ocasiones, no aplicó la aclaración de la diputada Elisa Rosales, quien el jueves le enfatizaba la reforma al diputado arenero Francisco Lira: “Ahora la votación es a favor o en contra”.

“Imponer el sentido del voto es una violación a un sistema democrático. Nuevas Ideas, en el caso de las propuestas de oposición, no votan, pues entonces están siendo contradictorios en sus acciones porque, si no votan, están reconociendo que se puede no votar”, aseveró el abogado.

El abogado «Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana» explicó que si la Asamblea Legislativa registrará la abstención como un voto «en contra», debería estar establecido en el RIAL y no lo está.

«En otros congresos, si un diputado se abstiene de votar, se le contabiliza como en contra, pero acá eso no está consignado, entonces no pueden. Si yo estoy presente en el pleno y no voto, no pueden contabilizar mi voto en contra. La alternativa que tenderían los diputados es ausentarse al momento de la votación».

«Eduardo Escobar, director de la AC.».

Miembros de los partidos Arena, el FMLN y Vamos participaron este miércoles en la marcha por el Día del Trabajo en San Salvador en la cual pidieron mejores políticas ante el alto costo de la vida y un incremento del salario mínimo de al menos un 25 %.

Por primera vez, diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) acompañaron la marcha de la clase trabajadora. La diputada Marcela Villatoro, jefa de fracción del partido tricolor, señaló que aumento del 12 % en el salario mínimo como ha propuesto el gobierno es «muy poco».

«Un aumento al salario mínimo es bueno, pero aumentar solo el 12% es muy poco y tampoco se han hecho medidas económicas que ayuden. El incremento al salario mínimo tiene que venir acompañado con incentivos para la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan sostener sus costos. Esperemos que, así como se va a analizar el incremento al salario mínimo, que lleguen un paquete de medidas para aliviar el bolsillo de la población», señaló la diputada.

Por su parte, el secretario general del FMLN también opinó que la propuesta que ha hecho el gobierno es insuficiente y sugirió una propuesta con mu00e1s estudio.

«Cuando fueron las campañas electorales, nosotros hicimos una propuesta de aumentar el 25 % al salario mínimo, todo aumento es bueno, pero este «12 %) es insuficiente. Organizaciones sindicales han manifestado que no es suficiente y nosotros estamos de acuerdo, ellos proponen el 40 % y también lo respaldamos», detalló Flores.

El secretario del FMLN señaló que El Salvador tendru00e1 menor crecimiento económico y que «es momento de que el gobierno presente propuestas mu00e1s serias y no sacadas de la manga para tapar temas como el de los sacos en Panamu00e1, como el de Los Chorros». «Por eso lo sacaron corriendo, ni siquiera lo pensaron. Esperemos que en la mesa del salario mínimo y que tomen las mejores decisiones», dijo.

Cesia Rivas, secretaria general del partido Vamos y diputada, recalcó que el aumento al salario mínimo debe responder a una serie de estudios y y para ello estu00e1 conformado el Consejo Nacional del Salario Mínimo, y que si las organizaciones estu00e1n pidiendo el 40% es por el alto costo de la vida.

«Organizaciones como CDC (Centro para la Defensa del Consumidor) han hablado de aumento que debería ser por lo menos del 25 %, pero lamentablemente estamos viendo de qué no estu00e1 pasando, no se está escuchando a la gente que conoce del tema. Y, si los sindicatos piden el 40 % de aumento, esto obedece también al alto costo que hay de la vida en El Salvador; el dinero no le alcanza, aunque tenga trabajo formal, la gente no haya qué hacer», indicó.

En la marcha, las organizaciones pidieron un aumento del salario mínimo de un 40%, «tomando como paru00e1metro la canasta bu00e1sica ampliada y el alto costo de la vida en El Salvador, que, según estudios técnicos, es de $900 (mensuales)», expuso Silvia Navarrete, del Sindicato del Fondo Solidario para la Salud (Sitrasalud).

El 25 de abril, el presidente Nayib Bukele anunció que envió propuesta de aumento del 12 % al salario mínimo. El Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) sesionó este 30 de abril para discutir la propuesta. La sesión del consejo fue casi cuatro años después del último ajuste.

Este 1 de mayo se cumple un año desde que jurídicamente El Salvador pasó de tener 262 municipios a solo 44, una reducción sustancial que divide las opiniones en los concejos municipales.

Diario El Mundo buscó la valoración de algunos funcionarios municipales sobre si la reducción de municipios ha traído beneficios a la población, tal como se argumentó.

Alejandro Nóchez, exalcalde de Ayutuxtepeque, ahora concejal de San Salvador Centro, sugiere a «los tomadores de decisiones» evaluar la reestructuración que se hizo, para determinar si realmente cumple los beneficios prometidos a la población.

«Deberían evaluar los tomadores de decisión si ha sido perceptible para la población el recibir el beneficio o el servicio por parte de su municipalidad, y quizá no casarnos con un número específico de 262 o de 44, sino con el número que realmente sea necesario para poder dar la atención, para resolver con prontitud y para poder llegar a la mayoría. Yo sí creo que se debería evaluar, se debería revisar», sugiere Nóchez.

El exalcalde dice que no puede calificar de errónea en su totalidad la reestructuración, y pone de ejemplo a La Libertad Este, dirigida por la alcaldesa Milagro Navas, de Arena, que asegura sí está dando respuesta a los cinco distritos. Sin embargo, opina que en Ayutuxtepeque, distrito de San Salvador Centro, dirigido por Mario Durán, de Nuevas Ideas, los programas sociales «han decaído».

Por su parte, el alcalde del Partido de Concertación Nacional (PCN), Milton Serrano, en Chalatenango Sur —municipio que quedó integrado por 20 distritos— dice que no cuestiona la reducción, pero sí la falta de recursos, lo que no permite cubrir todas las necesidades de la gente.

«Nos topamos con un montón de problemas, porque por más que nosotros tratemos de hacer, los fondos son pocos y los compromisos son bastantes y no alcanzamos a salir. Con la reducción, yo soy respetuoso con las decisiones que tomen porque, aunque sean 20 distritos, se podría trabajar si tuviéramos mayor apoyo. No tenemos Fodes, no tenemos el Fondo de Apoyo Municipal. Sin apoyo económico es muy difícil; si hubiera apoyo económico, podríamos salir adelante», dijo el alcalde pecenista de Chalatenango Sur.

Serrano dijo que lo que hacen es pedir a la gente «que colabore con materiales para la reparación de calles, y nosotros vamos con personal; incluso nosotros ponemos, con los concejales, parte para comprar material». Expuso que de las mayores preocupaciones que tienen en Chalatenango Sur es «la falta de agua potable y las calles deterioradas».

Simón Paz, concejal por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en San Salvador Centro, fue enfático en calificar como un «rotundo fracaso» la reducción de municipios.

«Definitivamente, la reducción de municipios de 262 a 44 en la práctica ha demostrado que ha sido y es un tremendo fracaso… Lo que hay es un estancamiento municipal; se ve en el área metropolitana y en el interior de nuestro país un completo abandono de las autoridades municipales, y es la gente la que ha tenido que, por cuenta propia, darse respuesta», cuestionó el concejal del FMLN.

Para Beatriz Harrison, concejal de Arena por La Libertad Sur (Santa Tecla y Comasagua), se ha generado «un abandono en las comunidades más pequeñas. No se incrementaron los ingresos de los municipios grandes para poder solventar el desarrollo de todos los territorios que se deben atender. Se hizo sin profundizar en el impacto económico, social y productivo».

Xiomara Lazo, también concejal de La Libertad Sur por el partido Vamos, considera que ha sido una decisión «mal pensada… Las necesidades de la gente ya no son atendidas. Esto fue una decisión pensada electoralmente, no para beneficiar a la gente, y los alcaldes ya no escuchan a la gente, solo siguen decisiones de Casa Presidencial».

Por su parte, Cayetano Cruz, concejal de la alcaldía de San Salvador Este por el FMLN, lo calificó de «rotundo fracaso», ya que fue a la ligera, sin consultar con ningún sector, sin llevar el tema a una discusión más profunda. Está claro que se hizo con fines electorales a favor de Nuevas Ideas. Ha alejado la prestación de servicios a la población y ha generado confusión en la población sobre la atención de servicios», aseguró.

De los 44 municipios, 26 están gobernados por el partido Nuevas Ideas (NI), dos en coalición entre NI y Cambio Democrático (CD), 6 por Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), 4 por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 3 por el Partido de Concertación Nacional (PCN), 1 en coalición entre el PCN y el PDC, 1 por Fuerza Solidaria y 1 por Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la exclusión de la Ley de Compras Públicas de las federaciones y asociaciones deportivas registradas en el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), al Comité Olímpico de El Salvador (COES) y el Comité Paralímpico de El Salvador.

El Ejecutivo solicitó agregar a la Ley de Compras Públicas un literal o) en el artículo 3, que regula las exclusiones de la aplicación de la ley: o) “Las adquisiciones y contrataciones realizadas por el Comité Olímpico de El Salvador y el Comité Paralímpico de El Salvador, las federaciones y asociaciones deportivas reconocidas por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes)”.

También, solicitó que, ya que el decreto de reforma es de orden público, sus efectos “se retrotraerán al 11 de marzo del año 2023”.

Según el decreto, la reforma fue solicitada por el Ejecutivo para “apoyar el proceso de adquisiciones y contrataciones de las federaciones deportivas registradas en el Indes, Comité Olímpico y el Comité Paralímpico» para establecer «un sistema de compras ágil y transparente que optimice su funcionamiento» co «un marco legal simplificado». Indica que buscan eficiencia y efectividad «en la promoción del deporte a nivel nacional, como en sus representaciones internacionales”.

Ningún diputado hizo ninguna observación y la iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas, PCN y PDC, pero con los votos en contra de Arena y Vamos. El decreto fue solicitado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina.

La Asamblea Legislativa registró el miércoles como “votos en contra” del régimen de excepción la votación de los dos diputados de Arena, a pesar de que ambos pidieron no votar.

La diputada Marcela Villatoro les recalcó que dicho registro “es ilegal”.

El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, dijo que las votaciones “son a favor o en contra”. “Por tanto, se consigna a favor o en contra”, les dijo Castro.

Una reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), apoyada por Nuevas Ideas, sus aliados y Vamos, estableció como únicas posibles formas de votación a favor o en contra, dejando fuera la “abstención”.

“Hoy no solo no mandan a estudio nuestras propuestas, sino que ahora los «dipufocas puyabotones» ya votan por nosotros. Se ha dado orden que siempre se consignen nuestros votos en contra. Incluso, aunque les citamos el artículo 125 de la Constitución, que prevalece ante cualquier ley, y les dijimos que no estamos sujetos a mandato imperativo, ahora ellos votan por nosotros. Tremendos sinvergüenzas”, expresó Villatoro, jefa de fracción de Arena.

El diputado Francisco Lira, de Arena, aseveró en X que le consignaron sus votos “en contra” cuando ellos no acompañaron la votación y lo calificó de una “peligrosa señal de autoritarismo”.

“Ya no basta con que bloqueen nuestras propuestas sin darles trámite, ahora los diputados oficialistas están votando en nuestro nombre, irrespetando nuestra voluntad y violando flagrantemente el procedimiento legislativo… Han decidido imponer votos falsos como si fuéramos marionetas del oficialismo. Esto es una peligrosa señal de autoritarismo y desprecio total por la institucionalidad democrática”, expresó Lira.

En otras votaciones realizadas en la plenaria del jueves, algunos diputados optaron por no participar en la votación y sus votos no fueron registrados “en contra”.

La polémica

Se procedió a la votación nominal y pública por el régimen de excepción, cuando la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, preguntó al diputado Lira, él no votó y ella lo anotó “en contra”, Lira reclamó.

“Disculpe, diputado, me puede aclarar, no se le escucha, la votación es a favor o en contra”, le dijo Rosales, quien volvió a anotar “en contra” a lo que Lira gritó: “No, no es así”. Rosales le dijo: “Disculpe diputado, ahora la votación es a favor o en contra”.

El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, le dio la palabra a Lira, quien dijo: “Yo quiero que se consigne que no iba a votar ni nominal, ni pública”, a lo que Castro respondió: “Le recuerdo que estamos en la votación nominal y pública del régimen de excepción y la votación es a favor o en contra”, Lira reiteró “no acompañaré”. Castro insistió en que debe ser “a favor o en contra”.

“Bueno, no apoya, vamos a consignar el voto en contra”, respondió Castro.

Rosales lo confirmó: “El voto del diputado Francisco Lira Alvarado es consignado en contra”.

Cuando le tocó el turno a la diputada Marcela Villatoro, tampoco votó pero le consignaron el voto en contra.

Ella pidió la palabra para recalcarles que Nuevas Ideas “no puede consignar el voto en contra”.

“Claramente dice no votaré… Nuestro voto y la consignación del mismo no es a favor”, expresó. Citó el artículo 125 de la Constitución que indica que los diputados no están sujetos a mandato imperativo y tienen autonomía. “Ustedes no nos pueden obligar a votar a favor o en contra porque lo que ustedes quieren es tomar este videíto, como los videítos bayunquitos que les gusta hacer, para que a la hora de las elecciones decir que nosotros estamos en contra de la población salvadoreña y de las medidas que se están tomando. El diputado Francisco Lira fue muy claro en decir no votaré”, reclamó.

La diputada Villatoro dijo que observaron que la bancada cian y aliados no votaron por las propuestas de oposición y no se les consignaron sus votos en contra o a favor.

“En las propuestas que nosotros presentamos ustedes no las votaron y las propuestas que presentó la diputada Claudia Ortiz no las votaron y no solo en esta sesión plenaria, sino en varias sesiones plenarias. Ustedes no pueden consignar el voto en contra, ¿acaso no entienden el español?”, cuestionó.

Villatoro aseveró que no acompañan el régimen por varias razones: “Por las violaciones constantes a los derechos humanos, porque no se hace a las personas el debido proceso, por las cartas de liberación que no se han respetado, por las constantes muertes en las cárceles, y ustedes sabiendo eso siguen como que nada ha pasado. Los delincuentes y mareros tienen que estar presos, pero las personas inocentes no tienen porqué estar presas”, dijo.

Agregó que no votaron por el procurador porque “no ha hecho su trabajo en defensa de los derechos humanos”. “Por eso no vamos a votar y por tanto el voto se debe consignar, como no votaron”, pidió.

Castro tomó la palabra y leyó el artículo 125 de la Constitución y el 86 que trata de forma de votaciones del Reglamento Interno de la Asamblea que se reformó para que la votación sea a favor o en contra.

“Por tanto se consigna a favor o en contra”, le insistió Castro. Villatoro pidió la palabra nuevamente y le recalcó “eso que están haciendo es ilegal”.

Al final, la 38ª prórroga del régimen de excepción, en la votación nominal y pública, tuvo 57 votos a favor, un voto «en contra» por parte de Claudia Ortiz, de Vamos, y consignaron los dos votos de Arena como «en contra», a pesar que ellos reiteraron que no acompañarían la votación.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la trigésima octava (38a.) prórroga del régimen de excepción, que inicia este domingo 6 de mayo y finalizará el próximo lunes 4 de junio de 2025.

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, expresó que, tras dos años de implementación del régimen de excepción, «se ha recuperado el país del control de las pandillas».

«Los salvadoreños hemos vivido 370 días tranquilos… Este no es un momento para pensar en titubeos ni para otro tipo de cálculos políticos… Aprobar un mes más del régimen de excepción no es un favor a nadie, es un deber moral con cada niño, niña, adolescente, con cada madre, con cada padre, con cada familia».
Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, manifestó que, si se sale a las calles a preguntarle a los salvadoreños si quieren volver al pasado, «todos» dirán que no. Mencionó que, gracias a la implementación del régimen de excepción, El Salvador cuenta con el apoyo de Estados Unidos y que hace tres años «se tomaron decisiones acertadas» que «hoy colocan a El Salvador como referente en seguridad en la región».

«El Salvador ahora recibe el respaldo de la primera potencia mundial: Estados Unidos… Los resultados permiten que el modelo de seguridad del presidente se convierta en un modelo exportable para otros países… Por eso, El Salvador ahora goza del respaldo rotundo de los Estados Unidos en materia de seguridad».
William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.

Por su parte, el diputado de ARENA, Francisco Lira, comentó que es un mes más que los diputados de la bancada cian y sus aliados prorrogan el régimen de excepción y que, si bien es cierto «se han combatido las pandillas», hay otros temas que se están dejando de lado como las capturas sin evidencias y de personas inocentes.

«Sí, hay que combatir el crimen, a las pandillas, con firmeza, pero con justicia y con un Estado de derecho claro. El régimen de excepción fue, en su origen, una medida extraordinaria que respaldamos todos los partidos políticos. Todos lo respaldamos el primer mes y la narrativa del oficialismo dice que nosotros nunca lo hicimos», indicó.

«Una cosa muy distinta es combatir el crimen y otra muy distinta es castigar a un inocente. Hay señales alarmantes: capturas sin órdenes judiciales ni evidencias, ausencia de legalidad, y lo más grave: miles de personas inocentes recluidas junto a criminales».
Francisco Lira, diputado de Arena.

Lira informó que Arena no «acompañarían la votación nominal y pública», ya que la prórroga no tiene base en un Estado de derecho.

En respuesta, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, declaró: «Los que ahora quieren dar soluciones y fórmulas mágicas, en sus administraciones llenaron de luto y sangre nuestro país. Unos diciendo ‘mano dura’, otros ‘súper mano dura’ y otros inventándose planes de seguridad… Y, aunque les duela y se retuerzan, y hablen y caigan en la vulgaridad, seguiremos apoyando el régimen de excepción».

La polémica por la votación de Arena

Durante la votación general, a mano alzada, la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor; Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra; y Arena no votó.

En la votación nominal, es decir, de cada diputado, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, preguntó al diputado Francisco Lira cuál era su posición; como él no respondió, ella lo anotó como «en contra».

Lira reclamó: «Disculpe diputada, ¿me puede aclarar? No se le escucha. ¿La votación es a favor o en contra?». Rosales repitió la pregunta y volvió a anotar «en contra», a lo que Lira gritó: «¡No, no es así!». Rosales replicó: «Disculpe, diputado, ahora la votación es a favor o en contra».

El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, le concedió la palabra a Lira, quien dijo: «Yo quiero que se consigne que no iba a votar ni de forma nominal ni pública», a lo que Castro respondió: «Le recuerdo que estamos en la votación nominal y pública del régimen de excepción, y la votación es a favor o en contra». Lira reiteró: «No acompañaré».

Castro insistió al diputado de Arena en que debía pronunciarse a favor o en contra de la prórroga.

«Bueno, no apoya. Vamos a consignar el voto en contra», concluyó Castro. Rosales confirmó: «El voto del diputado Francisco Lira Alvarado es consignado en contra».

Cuando fue el turno de la diputada Marcela Villatoro, de Arena, tampoco votó, pero se le consignó el voto en contra. Ella pidió la palabra para recalcar que Nuevas Ideas «no puede consignar el voto en contra».

«Claramente dije ‘no votaré’. Nuestro voto y la consignación del mismo no es a favor», dijo. Citó el artículo 125 de la Constitución, que establece que los diputados no están sujetos a mandato imperativo y gozan de autonomía. «Ustedes no nos pueden obligar a votar a favor o en contra», aseveró.

Castro tomó la palabra y leyó el artículo 125 de la Constitución y el artículo 86 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa reformado para que las votaciones sean únicamente «a favor» o «en contra». Le dijo: «Por tanto, se consigna a favor o en contra». Villatoro pidió la palabra nuevamente y recalcó: «Eso que están haciendo es ilegal».

Al final, en la votación nominal y pública, la 38ª prórroga fue aprobada con 57 votos a favor, un voto en contra (Claudia Ortiz de Vamos) y la consignación de los dos votos de Arena (Villatoro y Lira) como «en contra» a pesar de que ambos manifestaron su decisión de no participar en la votación.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reeligió y juramentó este miércoles a René Gustavo Escobar Álvarez como procurador general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo de 2025 y concluirá el 1 de mayo de 2028.

Escobar Álvarez fue propuesto públicamente hasta este miércoles por el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, los diputados de los partidos PCN y PDC coincidieron inmediatamente en la propuesta. Luego de la votación nominal y pública, de manera inmediata el procurador Escobar Álvarez, quien ya se encontraba en el Salón de Honor de Cancillería, fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa.

Los diputados de Arena y de Vamos votaron en contra de la elección.

“En el régimen de excepción la Procuraduría siempre puso el pecho para seguir adelante, con la representación legal de las personas y es una institución que lleva buen rumbo y por eso, presidente Ernesto Castro, es nuestra propuesta de Nuevas Ideas”.
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

El diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), fiel aliado del gobierno, coincidió en Escobar Álvarez. Dijo que Escobar Álvarez es el indicado por su “capacidad y entrega al frente de dicha cartera de Estado”. Inmediatamente el diputado Reinaldo Carballo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) coincidió en Escobar Álvarez.

La diputada Claudia Ortiz señaló falta de transparencia y que el actual procurador no cumple los requisitos necesarios en derechos humanos.

El actual procurador ha quedado debiendo seriamente a la garantía de los derechos humanos, la garantía de la protección de los derechos humanos, de la niñez y adolescencia y a las mujeres”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada de oposición recordó que “el actual procurador acompañó al comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán», durante el Examen Periódico Universal de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde consideró que “el Estado salvadoreño» hizo un «papel vergonzoso» por cuestionamientos sobre el régimen de excepción «y las masivas violaciones de derechos humanos a personas que injustamente han sido detenidas, en ese sentido consideramos no ha garantizado el derecho de defensa técnica”.

“Se toma nota”, le respondió el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, quien aseguró que sí hubo un proceso “transparente”.

“En lo particular mi voto está listo para apoyar esta propuesta, ya que el licenciado René Gustavo Escobar Álvarez cumple todos los requisitos”, aseguró Castro.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el procurador general?

-Honradez y competencias notorias, integridad, honestidad y vocación de servicios, separación de diversos órganos e instituciones como de los partidos políticos y rectitud necesaria para el cargo, formación técnica y profesional.

-No afiliación política, posibles expresiones de despartidización institucional que impide cualquier conexión del candidato a funcionario a cualquier partido político.

-Independencia e imparcialidad, característica fundamental de la jurisdicción.