Autor: Jessica Guzman

  • INCAF requiere $2.1 millones para su centro de formación en Ilopango

    INCAF requiere $2.1 millones para su centro de formación en Ilopango

    El ministro de Hacienda, Gerson Posada, solicitó a la Asamblea Legislativa incorporar $2.1 millones para que el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf), en el presupuesto estatal 2025, para que eche a andar un proyecto de equipamiento tecnológico especializado.

    Según la iniciativa, el INCAF «ha determinado la necesidad de fortalecer el talento humano salvadoreño», para lo cual ha formulado el proyecto de inversión «Equipamiento tecnológico especializado para el Centro de Desarrollo Profesional (CDP) del INCAF, en el distrito de llopango, San Salvador Este, el cual tiene un costo de US$2,177,000».

    La iniciativa explicó que el propósito del proyecto «no es otro» más que dotar al CDP en Ilopango de los equipos tecnológicos especializados para mejorar los servicios de capacitación y formación en «hidráulica, neumática, mantenimiento industrial, manejo de maquinaria pesada, electricidad y soldaduras«.

    Según el INCAF, que funge en lugar del desaparecido Instituto de Formación Profesional (Insaforp), identificó «recursos disponibles en la cuenta de saldos de años anteriores» por $2,177,000, según acuerdo del Consejo del INCAF de la sesión ordinaria Noo2/2025, del 3 de abril de este año.

    Para este año el INCAF tuvo una asignación de $25.7 millones, de los cuales utilizaría $19.9 millones para capacitación y formación a nivel nacional. En su último presupuesto, en 2024, el Insaforp contaba con $64.7 millones, de los cuales $51.4 millones se destinaban a formación profesional.

    La iniciativa será conocida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que fue convocada para el día lunes 23 de junio.

    El Incaf sustituyó al Insaforp, que fue disuelto por decreto. / DEM.

  • Una nueva Ley de Tecnologías Robóticas sería implementada por la Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA)

    Una nueva Ley de Tecnologías Robóticas sería implementada por la Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA)

    La ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidió el jueves a la Asamblea Legislativa la aprobación de una «Ley de Tecnologías Robóticas», iniciativa que fue conocida este viernes por los diputados de la Comisión de Tecnología Turismo e Inversión, que acordaron llamar al recién nombrado director de Inteligencia Artificial, José Flamenco Rivas, un exfuncionario de la Agencia Nacional Bitcoin dirigida por la bitcoiner Stacy Herbert.

    La institución competente para la aplicación de la Ley de Tecnologías Robóticas será la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y para ello se creará una División de Robótica, que implementará la ley. La ley busca establecer incentivos para fomentar la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías robóticas, además de lineamientos para su comercio, industria y la educación.

    Los diputados decidieron llamar a la Comisión al director de ANIA, Mario José Flamenco Rivas, “para que dé información sobre la propuesta”.

    “Me gustaría poder invitar al señor Mario José Flamenco Rivas, que es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, para nuestra próxima reunión, para que nos pueda dar un poquito más de detalle, de información acerca de esta propuesta, ya que esta agencia va a estar a cargo de poder ejecutar este proyecto de ley, que de hecho en América Latina es de los primeros en especializarse, en un tema tan importante, como es la robótica”, propuso Dania González, presidenta de la Comisión.

    Flamenco trabajó en la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador (ONBTC), cuya directora es Stacy Herbert, y habría trabajado con Jimmy Song, «educador de bitcoin». Fue nombrado por el presidente Nayib Bukele como nuevo director de la ANIA, según se conoció el 16 de junio pasado.

    La mayoría de los diputados votaron a favor de la propuesta, menos la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, pidió que se invitara a representantes de universidades e instituciones educativas como la Universidad Don Bosco y el Instituto Técnico Exal (Itexal). «Son pioneros en temas de robótica», indicó.

    Rivas señaló que el proyecto de ley no contenía «nada que hable sobre la ética», excepto un artículo sobre no causar daño a las personas humanas. «Ojalá a la hora que venga el encargado de la ANIA pueda hablar sobre ese aspecto… Considero que la ética va de la mano en todo el tema de inteligencia artificial, tecnología y robótica”, señaló Rivas.

    La diputada Dania González ignoró la propuesta de la diputada de Vamos y finalizó la Comisión.

  • Seis de cada 10 salvadoreños tienen "más cuidado" al opinar sobre política dice encuesta de la UCA

    Seis de cada 10 salvadoreños tienen «más cuidado» al opinar sobre política dice encuesta de la UCA

    Seis de cada 10 salvadoreños tienen «más cuidado» al compartir su opinión sobre política, revela la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA) presentada este 19 de junio.

    De la población que teme expresar sus opiniones por consecuencias, el 48.3 % de la población dice que sería detenido o encarcelado, el 10.2 % prevé advertencias o amonestaciones, un 7.4 % prevé problemas laborales o podrían despedirlo, un 6.6 % cree que enfrentaría una denuncia o demanda, un 3.4 % prevé amenazas o persecución, y el 2.4 % señala que sería «acosado, intimidado» por las autoridades.

    Al consultarles a las diputadas de oposición su valoración sobre estos datos, Marcela Villatoro, jefa de fracción del partido Arena, dijo que todos han visto «lo que ha pasado en las últimas semanas con personas críticas».

    «Se ha buscado la forma de perseguírseles, de inventárseles casos políticos y todo un aparataje estatal haciéndoles un tipo de bullying en las redes sociales y eso hace que la gente tenga un poco de temor al momento de expresar sus opiniones y muchas personas deciden quedarse calladas y no decir lo que realmente piensan», expresó.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, expresó su preocupación y señaló que no se puede canjear la libertad por la seguridad. «Es preocupante… Y es que aquí nos han querido poner a elegir entre seguridad y libertad, y ese dilema es un falso dilema», dijo. Aseguró que es posible tener seguridad y libertad con «un Estado capaz de hacer su trabajo».

    «Si el Estado no es capaz de impartir justicia a criminales y a inocentes, si el Estado no es capaz de investigar a fondo delitos, si el Estado no es capaz de dar pronta y cumplida justicia, no es culpa de la gente que está viendo limitada su libertad de expresión y ese no es un secreto: mucha gente se autocensura por temor a represalias de quienes están en el poder, lo que es lamentable», agregó.

    El Iudop explica en su encuesta que «la percepción de que expresarse críticamente acarrea consecuencias negativas se ve reforzada por el hecho de que el 2.1 % de la población salvadoreña expresa que el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos constituyen parte de los principales problemas actuales del país».

    Pese a ese temor de opinar en política, según el mismo estudio el 24.6 % de los entrevistados respondió que, cuando piensa en el futuro de El Salvador, lo primero que siente es temor; pero el 73.6 % aún siente esperanza.

  • Vamos y Arena dudan sobre cómo se aplicará reforma a Ley contra delitos informáticos

    Vamos y Arena dudan sobre cómo se aplicará reforma a Ley contra delitos informáticos

    Los partidos de oposición Vamos y Arena no apoyaron las reformas que se aprobaron a la «Ley especial contra delitos informáticos y conexos». Las diputadas de ambos partidos expresaron dudas sobre cómo se aplicará la ley.

    La reforma fue solicitada por la Cámara Americana de Comercio (AmCham), cuyos representantes explicaron que busca fortalecer la confianza con los socios internacionales, en referencia a los call centers en donde empleados tienen acceso a datos personales de clientes de empresas que subcontratan sus servicios. La reforma, sin embargo, se aplica en general también a las personas que tengan acceso a bases de datos o sistemas informáticos de manera legítima.

    «El problema con este tipo de iniciativas o de leyes, muchas veces, no es el texto de las iniciativas o de los decretos, es el contexto en el que estamos viviendo y qué instituciones son las que van a aplicar y con qué discrecionalidad, con qué intencionalidad van a aplicar esas leyes», opinó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

    Agregó que debido a cómo ha visto que se aplican otras normativas sujetas, a discreción o a uso del poder del gobierno actual, no tiene la certeza de que la reforma se aplique correctamente.

    “Si bien una reforma en el texto puede estar bien estructurada, lo que podemos esperar en su aplicación, con la discrecionalidad que hemos visto que se usa del poder y de las instituciones, no nos deja del todo tranquilos que se use de la mejor manera”.
    Claudia Ortiz (Vamos).

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que se han cometido muchos ilícitos vulnerando los datos de las personas, sin embargo, aunque “la intención es buena, el problema es que no sabemos cómo este gobierno puede utilizarlo”, comentó.

    La reforma incrementa a 12 años de cárcel el castigo máximo para quienes tengan acceso a datos de manera legítima pero hagan uso indebido e ilegítimo de los mismos datos.

    “Así mismo será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados”, indica el decreto.

    También, se sancionará “eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos”, establece la reforma aprobada este jueves.

  • Oposición dice baja calificación de Asamblea se debe a que "se volvió un pasapapeles"

    Oposición dice baja calificación de Asamblea se debe a que «se volvió un pasapapeles»

    Las diputadas de oposición, de los partidos Arena y Vamos, creen que la Asamblea Legislativa tiene una calificación promedio de 6.02 de la población –según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA– como resultado de su falta de independencia y de no aprobar leyes que beneficien a la población.

    «La calificación de la población salvadoreña al trabajo de la Asamblea Legislativa en este primer año de gestión es de 6.02, por debajo del 6.07 del año anterior», señala la encuesta.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, manifestó que esa calificación se debe a que la población percibe que la Asamblea Legislativa no toma desiciones con independencia y la califica como pasapapeles.

    «Por esa falta de independencia, no se toman decisiones que podrían ser beneficiosas para todos los salvadoreños… Entonces, lastimosamente, la Asamblea Legislativa se volvió un pasapapeles y, como se volvió un pasapapeles, la gente no le toma seriedad», criticó la diputada de Arena.

    La diputada de oposición cree que la población percibe que los diputados no están haciendo el trabajo para el que fueron elegidos y critica que bloquean las iniciativas de oposición «porque son iniciativas que no son de partidos afines al gobierno», además de advertir que las comisiones de trabajo se redujeron a ocho comisiones y son suspendidas frecuentemente.

    «No se estudia nada que no venga con dispensa de trámite y eso ha hecho que la población ya vea las cosas con ojos de verdad y ven que no se está haciendo el trabajo que debería de desempeñarse».

    Marcela Villatoro (Arena).

    La calificación a la Asamblea Legislativa tampoco le tomó por sorpresa a la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien argumentó que esto responde a que los diputados no han legislado para la población y en lo que más le afecta, como la economía. «¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa para solucionar esto? Casi nada, realmente», dijo Ortiz.

    Ortiz aseguró que el partido que es mayoría en la Asamblea Legislativa «no usa ese poder para ayudar a la gente», por lo cual «no representa a la mayoría de la gente».

    «Representan a un pequeño grupo de poder económico-político que está usando el Estado para tener mayores recursos, beneficios, exenciones fiscales. ¿Y a la gente qué le está quedando? La gente dice a gritos: ‘La economía es el problema’, y no se está haciendo nada al respecto». Claudia Ortiz (Vamos).

    El gobierno ha sostenido que sí están enfrentando desafíos económicos, apostándole al turismo y disponiendo de los agromercados.

    En la encuesta, se le preguntó a la población ¿a quién cree que representan los diputados de la Asamblea Legislativa cuando votan?, el 38.2% respondió que «al presidente» y un 19.9% «a ellos mismos». Al respecto, la diputada Villatoro señaló que «ninguno» de los diputados de Nuevas Ideas «tiene iniciativa propia».

    La diputada Villatoro insistió en que «todas las iniciativas de ley que vienen a la Asamblea Legislativa vienen del Ejecutivo» y ninguna es presentada a iniciativa real de algún diputado de Nuevas Ideas. «Como por ejemplo cuando yo presenté reformas a la Ley de Salud Mental, que es tan importante en este país, pero no se permitió estudiarla en la Asamblea Legislativa y es una iniciativa personal que podía haber ayudado a los salvadoreños. Eso les pasa a ellos, no pueden presentar de manera personal ningún tipo de reforma que no venga del Ejecutivo y por eso la gente los ha visto como ‘pasapapeles’ o como muy vulgarmente se les conoce como puyabotones», criticó la diputada de oposición.

    Diario El Mundo intentó conocer la visión de los diputados de Nuevas Ideas, específicamente a Frank Menjívar y Ricardo Rivas, pero pese a que se les pidió declaraciones sobre el estudio de opinión, optaron por pasar de largo.

    Según la encuesta presentada el 19 de junio por el Iudop-UCA, el 12 % piensa que los diputados representan a su partido político, el 17.4% a toda la población y el 5.4%, a la gente que votó por ellos.

  • Hasta 12 años de prisión a empleados de "call centers", entre otros, que participen en fraudes con información personal de clientes

    Hasta 12 años de prisión a empleados de «call centers», entre otros, que participen en fraudes con información personal de clientes

    Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó este jueves la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos para establecer una pena entre 10 y 12 años de prisión para las personas que tengan acceso legítimo a información de personas, como en centros de contacto o «call centers», y los usen indebidamente para beneficio propio o de un tercero.

    La reforma, que no solo incluye a call centers, se realizó al artículo 11 que castiga el delito de «fraude informático» y que actualmente castiga el uso indebido de bases de datos con cárcel de seis a diez años.

    Con la reforma, sancionan con penas de 10 a 12 años de prisión a quienes por sus funciones tengan acceso a una base de datos o también a sistemas de relaciones con clientes, ventas o centros de contacto, sistemas de blockchain, subcontratación de negocios u otros, y que los consulten, los extraigan o los usen de manera ilegítima, o los manipulen indebidamente, para su beneficio o para el beneficio de un tercero.

    La reforma agrega que el delito de «fraude informático» se cometería «en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos». La Cámara Americana de Comercio (AmCham) pidió a los diputados incluir la posibilidad para las empresas procesadoras de datos de mostrarse como víctimas, con el fin de poder procesar penalmente a los empleados que caigan en estas conductas. Actualmente, explicó, únicamente los pueden despedir.

    Se agrega un inciso tercero al artículo 11 sobre fraudes informáticos: «Asimismo, será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a un sistema informático, base de datos, sistemas de gestión de relaciones con cliente, sistemas de plataformas de ventas, servicios de centros de contacto, servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados, eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos».

    La reforma contó con los votos de la bancada cian y sus aliados del PCN y PDC; los partidos de oposición Arena y Vamos no votaron.

  • Asamblea Legislativa aprueba reconocimiento especial para el Alianza Women

    Asamblea Legislativa aprueba reconocimiento especial para el Alianza Women

    Con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves un reconocimiento especial para el Alianza Women por haber alcanzado su

    décimo campeonato

    en la Liga Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador.

    El 10 de junio también

    aprobó

    con 58 votos, incluidos los de Arena y Vamos, un reconocimiento para Alianza Fútbol Club por haberse coronado campeón nacional.

    «Es un homenaje al esfuerzo disciplina y perseverancia de mujeres que han dejado huella en el fútbol salvadoreño. Su trayectoria inspira a nuevas generaciones a romper barreras y a soñar en grande, demostrando que el talento femenino requiere igual visibilidad apoyo y celebración… Este logro significa la lucha de la igualdad de género en el deporte, es demostrar que el fútbol también se escribe en femenino con garra, pasión y excelencia», según el dictamen favorable, leído por la

    diputada Lorena Fuentes, de Nuevas Ideas.

    En su uso de la palabra, la diputada

    Suecy Callejas

    , de

    Nuevas Ideas

    , expresó que este reconocimiento «honra la perseverancia, el talento y la disciplina de nuestras atletas que con su ejemplo están abriendo el camino a futuras generaciones de niñas, adolescente y mujeres».

    El equipo femenino ha ganado 10 títulos de liga, además de haber alcanzado recientemente un subcampeonato a nivel centroamericano.

    La Asamblea Legislativa definirá la fecha en la que llamen al equipo Alianza Women y a su cuerpo técnico, para otorgarles el reconocimiento especial por haberse consagrado campeonas nacionales por décima ocasión en la Liga Mayor Femenina de Fútbol.

  • Marcela Villatoro critica "falta de madurez política" de Secretaria General de Vamos

    Marcela Villatoro critica «falta de madurez política» de Secretaria General de Vamos

    La diputada arenera Marcela Villatoro cuestionó el miércoles a la secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas, por «falta madurez política» y le recordó el pasado del fundador de su instituto político.

    «El orgullo y la falta de madurez política no abonan cuando la democracia está en detrimento. La unidad, respeto y ver el bien en las personas dejando de lado las diferencias y buscar lo mejor por la sociedad si… La soberbia es parte de lo que nos hunde como país», aseveró Villatoro, jefa de la fracción legislativa de su partido.

    Villatoro reaccionó a lo dicho por Rivas en una entrevista a Diario El Mundo de que su partido «nunca han contemplado hacer alianza con ningún partido que tenga señalamientos por corrupción», al preguntársele si había contemplado hacer alianza opositora con Arena dentro de la Asamblea Legislativa.

    La diputada de Arena agregó que ella sí está dispuesta a trabajar con quienes estén dispuestos a «trabajar por restablecer la justicia en este país».

    «La desunión de los sectores y el elitismo solamente beneficia la narrativa gubernamental. Los que piensan en excluir a quienes no se sienten identificados con el gobierno es porque están con ellos de la mano. Yo apoyo lo bueno y no discrimino ni menosprecio, creo que esa es la gran diferencia», señaló Villatoro.

    Además, la diputada arenera le recordó a la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, que su partido sí tiene un pasado, refiriéndose a uno de sus fundadores, Josué Alvarado.

    «Parece que se les olvida, muy convenientemente, que su partido si tiene un pasado, ya que su fundador y candidatos presidencial fue un ferviente creyente del partido Arena y que incluso fue parte del mismo en apoyo a candidaturas presidenciales», expresó Marcela Villatoro a Diario El Mundo, en referencia a Alvarado.

    «No, nunca estuvo contemplado, al contrario, siempre hemos sido claros en ese tema, que no podemos. Y este no es un tema personal, lo quiero aclarar, no es un tema personal, es un tema de partidos políticos, es un tema de que nosotros no podemos hacer alianzas con partidos señalados por corrupción, con partidos donde se le ha hecho mucho daño a mucha gente, así que nosotros no, no vemos esas alianzas, no las vimos antes, mucho menos ahora», fueron las declaraciones que dio la secretaria general de Vamos, a Diario El Mundo.

    Alvarado, un pastor evangélico que fue uno de los fundadores y secretario general del partido Vamos y que «creía en Arena», tuvo que renunciar a Vamos ya que en septiembre de 2022 la Fiscalía lo procesó por una acusación por acoso sexual agravado.

    En la legislatura actual, que inició el 1 de mayo de 2024, de oposición solo Arena con dos diputados y Vamos con una obtuvieron votos necesarios para ser parte de la Asamblea Legislativa, y aunque en votaciones dentro del pleno, se han apoyado, no forman alianza como bloque de oposición.

  • Diputados emiten dictamen favorable para penalizar con hasta 12 años a quienes hagan uso ilegítimo de bases de datos

    Diputados emiten dictamen favorable para penalizar con hasta 12 años a quienes hagan uso ilegítimo de bases de datos

    Los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron este miércoles un dictamen favorable para penalizar con hasta 12 años a quienes hagan uso ilegítimo de bases de datos.

    Las reformas son a la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos que ya había sido estudiada el año pasado y a las que la Comisión les otorgó dictamen favorable en agosto de 2024, pero no se había aprobado en pleno. La tarde de este miércoles, diez meses después, la retomaron en Comisión y recibieron a representantes de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) para que dieran sus observaciones a las reformas.

    Los representantes de AmCham explicaron a los diputados el esquema de fraudes que utilizan los estafadores de bases de datos a empresas y sugirieron se tomaran en cuenta para crear una verdadera seguridad jurídica.

    Sergio Campos, coordinador legal de AmCham explicó que la intervención de ellos sobre las reformas es para «proteger la información sobre todo la confidencial de cada uno de los salvadoreños, como usuarios de servicios financieros, servicios de plataformas y que están alojados y procesados en estas bases de datos y que no tiene nada que ver con tema de coartar la libertad de expresión o cualquier tema de una libertad individual», aclaró.

    Campos dijo que analizaron el marco normativo actual y han tomado en cuenta todos los ilícitos informáticos que las empresas han vivido «y se ha concluido lo que en derecho se conoce como laguna jurídica, precisamente para poder judicializar este tipo de ilícitos, por lo que hemos concluido que las reformas a esta ley de delitos informáticos y conexos resulta necesaria, para poder perseguir este tipo de delitos y que también las empresas tengan ese respaldo y esa seguridad jurídica para expandir sus negocios e invertir en el país», comentó.

    Héctor Cuchilla, presidente del Comité de Tecnología y Ciberseguridad en la Cámara explicó a los diputados que la modalidad de estafa que ellos han detectado, y puso de ejemplo los servicios tercerizados, es decir los call center.

    «Cuando una compañía en el exterior o local contrata a un call center o centro de contacto para que maneje todas sus interacciones de servicio al cliente, de ventas, de soporte técnico, este contrata empleados, los capacita y les da una cierta cantidad de permiso sobre esos datos, como datos financieros, nombres, direcciones, correos, saldos u otros, y el problema que hemos notado es que hay sindicatos de crimen organizado que buscan a los colaboradores de los centros de contacto, les ofrecen dinero, sobornos básicamente, para que les faciliten información que están en esas bases de datos y luego esa información es utilizada para secuestrar cuentas, hacer compras, desviar fondos, robar dinero y eso tiene toda una cadena de afectación, el cliente pierde su dinero, acceso a su cuenta, cualquier cantidad de ilícitos», detalló Cuchilla.

    Pero la cadena de afectación no se queda ahí, continua el experto, «el cliente presenta su queja a la entidad que manejaba sus datos, esta entidad le reclama al centro de contactos y le va a pasar todos los costos de ese fraude, el centro de contactos los va a pagar, pero esto también conlleva pérdida de negocios, perdida de reputación, multas, sanciones y el problema legal que vemos que cuando queremos judicializar estos casos, el problema es que nosotros no somos la víctima. Ese es el tema principal: ¿A quién le robaron los datos? Pregunta la Fiscalía, se los robaron a un cliente final, entonces yo como centro de contacto, no puedo decir que me robaron datos que estaban a mi custodia, y eso me deshabilita para denunciarlos, ni puedo suministrar evidencia, según la legislación actual», explica Cuchilla.

    Por lo que la reforma que pidió AmCham, según dijo Cuchilla es que se incorporara a todos los afectados en la cadena para que se les «permita se manifiesten como víctimas, en el artículo 11 de la Ley sobre fraudes en la industria».

    Los diputados de la Comisión estuvieron de acuerdo y emitieron el dictamen favorable para la reforma, que podría ser conocido y aprobado en pleno este jueves 19 de junio.

    La reforma

    Reforma al artículo 11, el cual trata de penas sobre el fraude informático y que en la ley actual castiga el uso indebido de bases de datos con cárcel de seis a diez años.

    Se modifica el inciso primero quedando de la siguiente manera:

    «El que, por medio del uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas informáticos o componentes, datos, metadatos, configuraciones o la información en ellos contenida inserte instrucciones falsas o fraudulentas que resulten en un provecho para sí o para un tercero en perjuicio ajeno, será sancionado con prisión de seis a diez años».

    Debido a la petición de AmCham se agrega el inciso tercero al artículo 11:

    «Así mismo será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a un sistema informático, base de datos, sistemas de gestión de relaciones con cliente, sistemas de plataformas de ventas, servicios de centros de contacto, servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados, eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos.

    Con esta reforma, expresó el diputado Raul Chamagua se va a tener más seguridad a las inversiones en el país. «Ganan las empresas porque su inversión se ve protegida y ganamos nosotros como Estado salvadoreño al tener más opciones de fuentes de empleo, que al final es lo que buscamos», aseguró.

  • Fallece el exdiputado Rodrigo Samayoa

    Fallece el exdiputado Rodrigo Samayoa

    Rodrigo Samayoa Rivas, quien fue candidato a alcalde por el partido Arena y luego de renunciar a ese partido se afilió a GANA, bandera con la que fue diputado en la Asamblea Legislativa, falleció el martes, según confirmaron fuente familiares y políticas.

    El también ex diputado y fundador de GANA, Guillermo Gallegos expresó sus condolencias ante este fallecimiento.

    Según Gallegos, Samayoa era laboratorista de profesión y tenía unos 75 años de edad. Sus restos están siendo velados este día y la misa de cuerpo presente se celebrará a las 4:00 p.m. en Montelena.

    Rodrigo Samayoa tuvo una vida política en la fue miembro del partido Arena y por el que participó como candidato a alcalde de San Salvador en las elecciones del domingo 12 de marzo de 2006, en las que fue derrotado por Violeta Menjívar del FMLN.

    En 2009, Samayoa participó en las elecciones de diputados, siempre por el partido Arena y se convirtió en uno de sus 32 legisladores, sin embargo el 7 de abril de 2010, el mismo Samayoa anunció su retiro del partido tricolor y pasó a usar la camisa naranja.

    En 2012 se vio envuelto en una controversia por que fue acusado por “amenazas y expresiones de violencia” contra la que era su esposa en aquel entonces y fue desaforado. Samayoa regresó a la Asamblea en 2014 y se declaró diputado independiente.

    El exdiputado de GANA, Guillermo Gallegos, lamentó su fallecimiento este miércoles.

    “Pues, lamentando la muerte repentina del doctor Rodrigo Samayoa, un buen amigo, una persona con quien compartí por muchos años, como miembro del partido y como amigo. Expreso mi pesar y mi más sentido pésame a su familia”, manifestó Gallegos a Diario El Mundo.

    Aunque no se tiene información oficial de la familia, Gallegos comentó que “al parecer”, Samayoa falleció de “un infarto”.