Autor: Jessica Guzman

  • Oposición dice procuradora no debe ser reelecta y no ve elegibles al resto de candidatos

    Oposición dice procuradora no debe ser reelecta y no ve elegibles al resto de candidatos

    Los diputados de oposición, de los partidos Arena y Vamos, no están de acuerdo en que la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, busque la reelección, ya que señalan que no ha desempeñado su papel en defensa de los derechos humanos y que en la entrevista que le realizaron los diputados de la Comisión Política, el pasado 6 de septiembre, «ella mintió».

    «La Procuraduría debe ser una voz de denuncia fuerte ante las arbitrariedades del poder. Ella mintió al decir que no ha recibido ningún caso de tortura y aquí tenemos un caso de tortura muy claro, que es del señor José Leonidas Bonilla Torres, que es un sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, que fue capturado en abril de 2022 y muerto con tortura, en septiembre de 2022, hay un caso abierto, el número del caso es 01002022, bajo la vigencia del régimen de excepción. Este es uno de tantos casos de tortura, que no sé por qué ella mintió en la Comisión, además la ley indica que se puede investigar de oficio», cuestionó el diputado de Arena, Francisco Lira.

    El diputado dice que esta elección no busca la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, sino «tapar los abusos» del gobierno.

    «Lo que vimos en la comisión es que lo que busca esta elección no busca fortalecer la institución, sino que buscar garantizar todos los abusos del poder que está haciendo este gobierno y no garantizar la dignidad humana. Mi voto va a ser en contra de la reelección de la procuradora, porque este solo es un formalismo que está haciendo Nuevas Ideas para tener una persona ad hoc, para cubrir todos los abusos del poder que tiene este gobierno».

    Francisco Lira, diputado de Arena.

    Por su parte la diputada, Marcela Villatoro, también de Arena, quien es parte de la Comisión Política, le reprocha a Caballero de Guevara la denuncia por supuesto nepotismo que se le conoció en 2018 y por el que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por su silencio ante denuncias de violaciones de derechos humanos en régimen de excepción, de desaparición de personas y que «no está comprometida con el tema de los derechos humanos».

    «Le hicimos la pregunta sobre los gastos reservados dentro de la PDDH y fue una pregunta que no le gustó y que los puso en reserva porque le habían llegado muchas peticiones y que eso la incomodó, porque sintió con mala intención, pero le dijimos que todos los gastos deben ser transparentes y públicos. Por otro lado, le preguntamos sobre el caso de que ella había ascendido a una hija de su esposo dentro de la institución y que fue demanda por el TEG, su respuesta fue que sí, que fue condenada por ese hecho y que ella ya pagó la multa, pero eso no quiere decir que el hecho no se haya dado y que pagar la multa sea suficiente», señaló Villatoro.

    La diputada  también le preguntó por el seguimiento a personas capturadas bajo el régimen y con carta de libertad.

    «Su respuesta fue que sí, pero no dio ningún detalle, ni cuántas personas, nada; también, si le había dado seguimiento a personas desaparecidas, como el caso de Carlos Abarca y no supo dar respuesta; también sobre el caso COSAVI, que sí había recibido las cartas en la que los afectados le pedían audiencia, aceptó que sí, pero que no les había dado respuesta y que espera dar algún tipo de pronunciamiento», relató.

    Según Villatoro, «fue una entrevista donde se notó que ella no está comprometida en el tema de los derechos humanos de los salvadoreños y no está lista para continuar».

    Sobre los otros candidatos, la diputada de Arena cree que está «complicado» elegir a alguno, ya que no observaron en ninguno a un profesional que trabaje en defensa de los derechos humanos.

    «Los otros candidatos trataron de hacer sus propuestas, pero sí está complicado, es una decisión bastante difícil, porque no pudimos ver a una personas que realmente trabaje de forma fehaciente en defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, aunque parece ser que la reelegirán a ella. Creo que aquí vamos a tener un problema muy grande en los próximos años con respecto a la protección de los derechos».

    Marcela Villatoro (Arena).

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que tampoco apoyan reelección de Caballero de Guevara y que es «lamentable» que las posturas de los candidatos no están de lado de las víctimas de violación de derechos humanos.

    «Es lamentable que las posturas de los candidatos no están del lado de la defensa de los derechos humanos, sino que se vieron inclinadas hacia un régimen de excepción, hacia negar torturas, negar muertes, y negar todas las violaciones a los derecho humanos», criticó.

    Si es reelecta la actual procuradora, sin duda es porque le es útil al oficialismo, porque hemos tenido una PDDH ausente con las víctimas y asolapando toda la vulneración a los derechos humanos».

    Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    La diputada de Vamos tampoco ve a otro candidato idóneo dentro de los cinco aspirantes. «Lamentablemente en la presentación, en las preguntas que se les hicieron, había un sesgo determinado de más que acompañar a las víctimas, estar del lado del Estado, cuando la PDDH lo que debe buscar es ser ese intermediario para evitar abusos».

    La Asamblea Legislativa debe elegir al nuevo procurador antes del 15 de octubre, que es cuando finaliza el período de la actual procuradora.

  • Estos serán los sujetos obligados de la nueva ley antilavado. ¿Quiénes fueron excluidos?

    Estos serán los sujetos obligados de la nueva ley antilavado. ¿Quiénes fueron excluidos?

    En la nueva «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», que dictaminó favorablemente la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa este viernes 3 de octubre, los inversionistas, nacionales o extranjeros, quedan excluidos de los sujetos obligados de aplicación de la ley.

    En comparación con la actual normativa, en la lista del nuevo proyecto se excluye también «toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera».

    Además, se excluyen a importadores y exportadores de productos e insumos agropecuarios y de vehículos nuevos o usados.

    Así mismo, se dejan fuera a las empresas privadas de seguridad e importadoras y comercializadores de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares que están contemplados en la ley que será derogada.

    Además, excluyen a las droguerías, laboratorio farmacéuticos y cadenas farmacéuticas, empresas hoteleras, las agencias de viajes, empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y las empresas constructoras.

    Sobre los sujetos obligados, en la explicación que dio el fiscal Rodolfo Delgado, solo mencionó que se excluyen a los inversionistas extranjeros y que la supervisión que se dará a los sujetos obligados en la nueva ley tiene «un enfoque basado en riesgo».

    «Estas evaluaciones basadas en riesgo tienen como objetivo que cada uno de los sujetos obligados conozca adecuadamente con quién está decidido a realizar negocios», indicó el funcionario.

    Estos serán los sujetos obligados de la nueva ley antilavado en El Salvador

    1. Instituciones financieras:

    • Bancos comerciales o estatales constituidos en El Salvador o con oficinas en el extranjero y sus subsidiarias.
    • Bancos de Inversión.
    • Las sociedades que  integran los conglomerados financieros.
    • Las instituciones administradoras de fondos de ahorro provisional.
    • Las asociaciones de seguros, nacionales e internacionales.
    • Las bolsas de valores, corredoras de bolsa.
    • Bancos y sociedades de ahorro y crédito.
    • Cooperativas y sociedades de ahorro y crédito y bancos cooperativos.
    • Sociedades operadoras de sistemas de pago y liquidación de valores.
    • El Fondo Social para la Vivienda y Fonavipo.
    • Casas de cambio de monedas extranjeras.
    • Personas jurídicas que operan envíos o recepción de dinero.
    • Sociedades proveedoras de dinero electrónico.
    • Las titularizadoras.
    • Las gestoras de Fondos de Inversión.

    2. Sociedades de ahorro y crédito y cajas de crédito y las reguladas en el Código de Comercio.

    3. Personas naturales o jurídicas que se dedique a otorgar préstamos dentro o fuera del país. 

    4. Casinos.

    5. Personas o empresas que se dediquen a bienes raíces.

    6. Comerciantes de metales y piedras preciosas.

    7. Abogados, notarios, contadores y auditores que realicen para sus clientes:

    • Compra y venta de bienes inmobiliarios.
    • Administración del dinero, valores u otros.
    • Administración de las cuentas bancarias.
    • Coordinación para la contribución y creación de empresas.
    • Compra y venta de entidades comerciales.

    8. Personas naturales o jurídicas que se dediquen al transporte de dinero.

    9. Proveedores de servicios de activos digitales.

    10. Partidos políticos.

     

     

     

  • “No es posible que un inversionista extranjero sea sujeto obligado por ser inversionista. Eso le resta competitividad al país”, dice el fiscal

    “No es posible que un inversionista extranjero sea sujeto obligado por ser inversionista. Eso le resta competitividad al país”, dice el fiscal

    El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, llegó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar los cambios en el proyecto de “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, que sustituirá a la Ley contra el lavado de dinero y activos vigente desde 1998.

    El dictamen favorable fue aprobado por segunda vez, con modificaciones, este viernes.

    Entre los cambios que vienen en este proyecto de ley y que esta tarde los diputados dictaminaron favorable es la exclusión de los sujetos obligados a los inversionistas nacionales y extranjeros, actualmente sujetos obligados de la ley antilavado.

    El fiscal dijo que hay una «sobrerregulación» de sujetos obligados en la ley.

    «Otra de las novedades de esta ley es el tema de los sujetos obligados, actualmente tenemos una sobrerregulación de sujetos obligados. De conformidad con lo que establece la actual ley, todas las personas naturales y jurídicas en el país, sin ningún tipo de distinción, son sujetos obligados de la ley de lavado de dinero y activos. Eso lo que provoca son obstáculos para ser eficientes, crea una gran cantidad de información sin ningún tipo de metodología, sin ningún tipo de parámetros objetivos, para generar información de calidad que pueda ser analizada por la Unidad de Investigación Financiera», aseguró.

     

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    En este sentido, aseveró que en este nuevo proyecto, que podría ser aprobado el martes, se excluyen a las personas jurídicas que no se dediquen a a actividades de naturaleza financiera de los sujetos obligados.

    «No entiendo por qué en las anteriores legislaturas nunca se percataron de eso, no sé si era intencional y era orientado a simplemente considerar como sujetos obligados a determinados sectores de la economía nacional, con aras de proteger los diferentes intereses privados. Entonces, eso no lo podemos permitir, tenemos que definir quiénes son los sujetos obligados sobre criterios técnicos y es precisamente por eso que están orientado esta denominación a una reducción de los sujetos obligados de conformidad con la ley, de tal manera que se excluyen a las personas jurídicas, salvo a aquellos que se dediquen a actividades de naturaleza financiera o que conformen entre sí conglomerados», indicó el funcionario.

    Según el fiscal, los inversionistas extranjeros no tienen por qué ser sujetos obligados de una normativa contra el lavado de dinero si a lo que vienen es a explorar posibilidades de inversión en el país, ya que eso le resta competitividad al país y le genera costos al Estado, argumenta.

    «No es posible que en la actualidad, un inversionista extranjero que venga a explorar las posibilidades de negocio en nuestro país, sea, por el simple hecho de ser un inversionista, sea un agente obligado. Un emprendedor que recién inicie su negocio que decida conformar una SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas), conformar una S.A. de C.V. (sociedad anónima de capital variable), automáticamente es un sujeto obligado y tiene la responsabilidad de tener un oficial de cumplimiento o por lo menos un encargado de cumplimiento, lo cual significa costos que son un lastre inicial, que no se poseen en otros países, por lo menos de la región centroamericana. Eso le resta competitividad al país en términos de promoción de las inversiones, en términos de inclusión financiera y en términos de generar riqueza para todos los salvadoreños», defendió el funcionario.

    Los diputados estuvieron de acuerdo con este y otros cambios «necesarios» expuestos por el fiscal y al final aprobaron un dictamen favorable. El dictamen sería conocido en la plenaria del martes 7 de octubre.

     

  • Dictaminan nueva ley antilavado: aumentan a $15,000 el umbral para la declaración de dinero en efectivo al ingresar a El Salvador

    Dictaminan nueva ley antilavado: aumentan a $15,000 el umbral para la declaración de dinero en efectivo al ingresar a El Salvador

    La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el dictamen favorable de «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva».

    Se trata del dictamen favorable que aprobó la Comisión en diciembre de 2023 pero con algunos cambios.

    La nueva normativa, que podría ser aprobada en la sesión plenaria del próximo martes 7 de octubre, sube el umbral de dinero en efectivo que es obligatorio declarar al ingresar a El Salvador. Actualmente, es obligatorio declarar dinero en efectivo arriba de $10,000. Se sube a más de $15,000.

    El fiscal general, Rodolfo Delgado, quien llegó a la Comisión a explicar el proyecto de ley, lo explicó así: «Hasta $15,000 no es necesario realizar ningún tipo de declaración, es decir, usted viene en el aeropuerto, usted trae $15,000 en efectivo, usted pasa y no tiene que rendir ningún tipo de declaración».

    «Si usted trae $15,001, usted solo tiene que llenar un formulario que se llena en cualquier frontera o cualquier aeropuerto», detalló.

    Luego, el fiscal reveló: «Usted puede transitar porque no es delito portar dinero en efectivo, porque no es delito tampoco traer $15,000, en adelante, en efectivo, siempre y cuando lo declare. Si usted trae menos de $15,000 y usted camina tranquilamente por nuestro país», aseguró Delgado.

    El fiscal explicó que la modificación no es «antojadiza», que lo hacen por «estándares internacionales».

    Nueva ley para la «inclusión financiera»

    En la Comisión, el fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que la nueva ley prohíbe «expresamente que una persona sea excluida» de los servicios financieros, dijo que «el cierre de cuentas» bancarias no puede ser discrecional, aseveró que alguien no puede ser Persona Expuesta Políticamente (PEP) «por el simple hecho de ser funcionario público» y que «no es posible que un inversionista extranjero sea sujeto obligado por ser inversionista».

    La propuesta de retomar el dictamen que había sido aprobado en diciembre de 2023 fue realizada por el diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad. Aseguró que era necesario actualizarlo «viendo las normativas internacionales» y que ha establecido también el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

    Los diputados aprobaron la moción del diputado Navarro y recibieron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, quienes defendieron el proyecto.

    «No podemos continuar con un marco normativo que está vigente desde 1999. Esta nueva ley pretende cumplir con estándares internacionales y lo que busca es la prevención, la detección, el combate de cada una de estas actividades criminales, sin necesidad de caer en una sobrerregulación ridícula en la que nos han tenido desde la vigencia de la ley actual», expuso el fiscal.

    Un Comité interinstitucional

    Señaló que se crea un «Comité interinstitucional para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva» como un organismo constitutivo de coordinación estratégica para diseñar y proponer al Órgano Ejecutivo las políticas y planes de acción.

    El Comité estará conformado por el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Seguridad Pública y Justicia, ministro de Hacienda, ministro de la Defensa Nacional, ministro de Economía, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales, presidente del Banco Central de Reserva y el superintendente del Sistema Financiero que conformarán el Consejo Directivo del organismo presidido por el fiscal general.

    El diputado Caleb Navarro pidió incluir en este Comité, que será conocido como Ciplav, al presidente de la Asamblea Legislativa; el fiscal respondió que no había inconveniente.

    Umbrales se definirán en reglamento

    El fiscal agregó que, sobre la información que los sujetos obligados deben trasladar a la Fiscalía, «se están estableciendo reglas claras» y que los umbrales «van a ser definidos posteriormente en el reglamento, pero la ley establece que siempre estarán basados en estándares internacionales».

    También se simplificó la lista de sujetos obligados y se dejaron: a instituciones (bancos comerciales, de inversión, sociedades, AFP, sociedades de seguros, gestores de fondos de inversión, entre otros), asociaciones de cajas de crédito, personas jurídicas que otorgan préstamos, casinos, personas dedicadas a la intermediación inmobiliaria, comerciantes de piedras o metales, abogados, auditores cuando atienden actividades inmobiliarias, de activos, cuentas, administración de empresas o creación de sociedades, transporte, proveedores de activos digitales y bitcoin, y partidos políticos.

    Se excluyen, entre otros, a: importadores de productos agropecuarios, empresas constructoras, empresas de seguridad, empresas hoteleras, organizaciones no gubernamentales, droguerías, inversionistas nacionales e internacionales.

    La ley integra la Evaluación Nacional de Riesgo para que «surjan políticas adecuadas para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo».

    La Superintendente dijo que los cambios se implementarán de manera expedita para «darle un servicio a la población de manera que logre todos los beneficios de que hablaba el señor fiscal y hagamos la gestión adecuada del riesgo de lavado de dinero, sin perjudicar la inclusión financiera y sobre todo evitar la discriminación de una persona que tiene todo el derecho a tener servicios financieros de calidad en el mercado formal».

    La ley deroga la normativa anterior de 1998, así como «cualquier otra norma que la contraríe».

  • Así quedó la calendarización para que titulares de gobierno expliquen el presupuesto

    Así quedó la calendarización para que titulares de gobierno expliquen el presupuesto

    La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto recibió este viernes la iniciativa del ministro de Hacienda, Jerson Posada, que contiene el proyecto del Presupuesto General del Estado 2026, por $10,555.6 millones, y programó la recepción de los ministros para que expliquen los gastos programados para el próximo año.

    El presidente de la Comisión, Christian Guevara, inició recalcando que deben recibir y discutir el presupuesto para el otro año y que «el gabinete, otras instituciones rindan cuentas» sobre los recursos públicos.

    Para el estudio, Guevara propuso una calendarización, para que los titulares de las instituciones públicas lleguen a defender los presupuestos de cada una. Guevara sometió, a votación la propuesta. Los diputados aprobaron la calendarización, que inicia con el ministro de Hacienda, el próximo 10 de octubre.

    Así quedó la programación

    • Día 1. 10 de octubre de 2025, recibir al ministro de Hacienda.
    • Día 2. 17 de octubre de 2025, recibir al ministro de Seguridad Pública, al ministro de la Defensa Nacional y al fiscal general de la República.
    • Día 3. 24 de octubre de 2025, recibir a representantes del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, al Fondo de Conservación Vial, a la Dirección de Obras Municipales y al Ministerio de Desarrollo Local.
    • Día 4. 31 de octubre de 2025, recibir al ministro de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
    • Día 5. 7 de noviembre de 2025, recibir al Ministerio de Turismo, junto con el ISTU, Corsatur, a la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y al Ministerio de Gobernación.
    • Día 6. 14 de noviembre de 2025, recibir al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y al Ministerio de Salud.
    • Día 7. 21 de noviembre de 2025, recibir al Ministerio de Economía, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
    • Día 8. 28 de noviembre de 2025, recibir al Ministerio de Cultura, a la Corte de Cuentas de la República y finalmente cerraríamos con el Órgano Judicial.

    «Hay que recordarle a los salvadoreños, que esta Comisión era de las más deseadas, disputada, negociadas en los años anteriores. En esta mesa se tomaron decisiones aberrantes para los salvadoreños, a cambio de prebendas a algunos amigos, a algunos financistas. Aquí se sentaban los diputados corporativos, pero detrás de ellos estaban los corruptores, gracias a Dios el pueblo salvadoreño decidió cambiar eso. Desde la primera reunión que tuvimos, nosotros sin experiencia, pero decidimos que iba a ser el presupuesto más transparente de la historia y así se ha ido ejecutando», aseguró Guevara.

    «Les quiero presentar una propuesta de calendarización dividida por gabinetes, gabinete de seguridad, de infraestructura, gabinete social a excepción del primera día, que como es el que más debe dar explicaciones sobre todo el contexto general, que solo se reciba al Ministerio de Hacienda», dijo Guevara y procedió a leer la calendarización propuesta:

    «En esto, ya hemos tenido la costumbre que hay oeneges que ellas mismas dicen que quieren venir a rendir cuentas, cuando antes huían de eso, podrían haber algunas variantes, pero en términos generales esta es la propuesta de calendarización», dijo Guevara, quien pidió al equipo técnico que giren invitaciones «con el tiempo adecuado, y a todos los representantes de ministerios, carteras de Estado, de las instituciones que traigan los presupuestos con la debida presentación y las líneas generales de trabajo, así como una rendición de lo que se ha trabajado en el presente año».

  • Asamblea mantendrá sus gastos en $46.9 millones para 2026: aún no publica su presupuesto

    Asamblea mantendrá sus gastos en $46.9 millones para 2026: aún no publica su presupuesto

    La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa presentó el monto de presupuesto que proyecta para el 2026 por $46.9 millones, una cifra igual a la aprobada para el ejercicio fiscal del 2025.

    La Asamblea Legislativa aún no publica su proyecto de presupuesto, sino únicamente una carta de dos páginas dirigida a la Junta Directiva y firmada por cuatro diputados directivos de Nuevas Ideas y uno del PDC, quienes detallan el monto general y explican lineamientos presupuestarios.

    Entre los aspectos que destaca la Junta Directiva en el documento está la búsqueda de un presupuesto «con asignaciones esenciales» «que permitan la operatividad» para la aprobación de las leyes y confirma «el apoyo económico a estudiantes de recursos limitados mediante el programa de becas Dagoberto Gutiérrez, a nivel nacional, para el periodo 2024-2027», además promete la «mejora de la infraestructura física y tecnológica de la institución».

    En 2024, el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, proyectó bajar el gasto legislativo en $15 millones durante tres años, por la reducción de 84 a 60 diputados que componen la Asamblea Legislativa a partir de 1 de mayo de 2024.

    En 2023, la Asamblea, con 84 diputados, tenía un presupuesto de $57.6 millones. Con la reforma al Código Electoral, en junio de ese año, la Asamblea pasó a conformarse de 60 diputados, lo que supondría un cambio

    El 9 de enero de 2024, al consultarle al presidente del Legislativo, Ernesto Castro, sobre el presupuesto para el 2024, tomando en cuenta esa reducción de diputados, proyectó que el presupuesto del Legislativo tendría por esa reducción de escaños una baja de $15 millones en tres años.

    «En general la reducción está alrededor de $3.5 este año, pero en general van a ser $15 millones en tres años, cuando eso se estabilice», dijo Castro, el 9 de enero de 2024.

    Para 2024, el presupuesto aprobado fue de $54.1 millones, presentando una reducción de $3.5 millones.

    Para 2025, el presupuesto aprobado fue de $46.9 millones, con una baja de $7.2 millones. Por lo que siguiendo lo proyectado por Castro de la baja de $15 millones, para 2026, el presupuesto del Legislativo debería ser de $42.6 millones.

    Sin embargo, en julio de 2024, la Asamblea decidió reorientar parte de los fondos que asignan a cada diputado: $2,200 por cada uno de los 60 diputados para el programa de becas «Dagoberto Gutiérrez», a partir de julio de 2024, hasta abril de 2027, un monto que suma $4,488,000. Al final, se reorientaron $5 millones.

    La Asamblea Legislativa tendrá que publicar el documento del presupuesto 2026 con el detalle que especifique las asignaciones presupuestarias para cada rubro.

  • Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, le ha pedido a la Asamblea Legislativa modificar la Ley del Presupuesto General de la Nación para reforzar los presupuestos de 13 instituciones públicas, con un monto total de $113 millones.

    El monto mayor se destinaría a la Presidencia de la República, que ha solicitado $32 millones, únicamente se detalla que servirán para «compromisos impostergables» en lo que resta de 2025.

    Al Ministerio de Agricultura y Ganadería se le destinarán $26 millones y al Ramo de Seguridad Pública y Justicia se le reforzará con $17 millones, estas son las tres instituciones con los mayores montos.

    «En la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para lo que resta del presente año 2025», argumenta el ministro, en la petición enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 1 de octubre, «cumpliendo especiales instrucciones del presidente de la República».

    Según explica Posada en el proyecto de decreto, los recursos para reforzar las 13 instituciones saldrán del Fondo General, ya que «el Ministerio de Hacienda ha identificado las asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente de 2025, que pueden reorientarse para reforzar a las instituciones mencionadas en el proyecto que se presenta».

    Así se distribuirán los $113 millones en las 13 instituciones del Estado para cubrir compromisos en lo que resta del 2025

    Presidencia de la República: $32 millones.
    Agricultura y Ganadería: $26 millones.
    Seguridad Pública y Justicia: $17 millones.
    Relaciones Exteriores: $10 millones.
    Fiscalía General de la República: $8 millones.
    Economía: $6.5 millones.
    Cultura: $3.8 millones.
    Turismo: $2.6 millones.
    Educación, Ciencia y Tecnología: $2.5 millones.
    Procuraduría General de la República: $2 millones.
    Obras Públicas y de Transporte: $2 millones.
    Medio Ambiente y Recursos Naturales: $500,000.
    Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $190,000.

    La solicitud no detalla para qué son estos requerimientos presupuestarios en cada entidad. El proyecto de decreto será visto en la Comisión de Hacienda convocada para este viernes 3 de octubre a las 9:30 de la mañana.

  • Seguridad pide incorporar $785,600 de préstamo aprobado en 2022 para programa de atención a jóvenes en riesgo

    Seguridad pide incorporar $785,600 de préstamo aprobado en 2022 para programa de atención a jóvenes en riesgo

    El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia recibirá este año $785,600 de un préstamo para atender a jóvenes en riesgo del departamento de San Salvador, según la solicitud del ministro de Hacienda, Jerson Posada, para reformar la Ley del Presupuesto General vigente.

    Los fondos provienen de un acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Italia con la entidad financiera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por $6,136,079.67 ($6.1 millones) para el «Programa de prevención y de rehabilitación de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley».

    El préstamo fue aprobado el 18 de enero de 2022; en ese entonces, Nuevas Ideas reclamó el atraso en la aprobación del acuerdo suscrito en 2016. El préstamo se deberá pagar en un plazo de 26 años y tiene un periodo de gracia de 16 años.

    Seguridad planea utilizar los $785,600 para un «Programa de apoyo a jóvenes en situación vulnerable en distritos priorizados del departamento de San Salvador » y «actividades integradoras dirigidas a jóvenes».

    ¿Para qué se usarán los fondos?

    -Servicios profesionales en medicina general.

    -Programas de formación técnica para el trabajo.

    -Cursos laborales-vocacionales en las áreas de panadería, electricidad, fontanería, elaboración de productos artesanales.

    -Contratación de consultores técnicos y administrativos para la gestión del Programa.

    Estas actividades serán dirigidas y ejecutadas por la Dirección de Integración, dependencia del Ministerio de Gobernación, para lo cual firmó un convenio con Seguridad el 27 de junio de 2025.

    Seguridad proyecta «promover estrategias integrales de prevención y reinserción social, dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad» y «fortalecer el tejido social y generar oportunidades de inclusión económica, educativa y comunitaria».

     

  • Arena y Vamos dudan de que ministro cumpla promesa de no usar deuda para gasto corriente

    Arena y Vamos dudan de que ministro cumpla promesa de no usar deuda para gasto corriente

    Diputados de Arena y Vamos no creen en la promesa del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, de no emitir nueva deuda para usarla en gasto corriente, realizada durante la entrega del proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 por un monto de $10,555.6 millones.

    «El Presupuesto 2026 tendrá una asignación total de $10.555.6 millones. Es un presupuesto formulado de manera balanceada, en el que los ingresos estimados van a  financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales, lo que nos permite, por segundo año consecutivo presentar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria», prometió el ministro.

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseveró que le llama la atención la aseveración del ministro sobre un presupuesto equilibrado.

    «Quizá piensan que el pueblo salvadoreño no ve los millones de millones que aprueban en cada sesión plenaria y en la letra chiquita habla de que lo van a poder utilizar para los gastos que tiene el gobierno, entonces, realmente va a ser importante el análisis en la Comisión de Hacienda y si cumplen con un Presupuesto equilibrado, sostenible y transparente», criticó.

    Así, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, también señaló que, según las palabras del ministro, va a ser un presupuesto «sin brecha, sin deuda, en la práctica no es así, es un presupuesto lleno de promesas destinadas a romperse», cuestionando que lo mismo prometió para este 2025 «y a partir de enero comienzan las modificaciones».

    El diputado Lira agregó que en el proyecto de presupuesto se verán las prioridades del gobierno, ya que «el ministro no mencionó a Agricultura en su presentación, pero sí el incremento que viene para Seguridad y Defensa» con Seguridad y Defensa de $1,037.2 millones, incremento de 14.8 % respecto a 2025.

     

  • Oposición dice falta de vigilancia por parte de juntas médicas en permisos a privados «abre ventana a la corrupción»

    Oposición dice falta de vigilancia por parte de juntas médicas en permisos a privados «abre ventana a la corrupción»

    Diputados de Arena y Vamos cuestionaron las reformas a la Ley del Consejo Superior de Salud Pública y al Código de Salud, que permiten que el Consejo autorice a establecimientos de salud privados sin un informe previo de la junta de vigilancia de la profesión médica respectiva, aunque con requerimientos técnicos exigidos por el mismo Consejo.

    «Ellos están concentrando y centralizando las decisiones en una sola institución, en el Consejo Superior, va a ser juez y parte, sin transparencia, sin controles, sin rendir cuentas. Al final, ellos saben a qué empresarios sacarán del mercado y a qué nuevos empresarios ellos van a introducir, y aquí queda una ventana abierta para abusos y arbitrariedades y que puede llegar a actos de corrupción administrativos», expuso el diputado de Arena, Francisco Lira, sobre la reforma.

    La presidencia del Consejo ha prometido reducir el trámite para la autorización de 30 a 5 días hábiles, lo que también cuestiona Lira, quien duda que en tan poco tiempo se establezca y se constate que esa empresa privada cuenta con lo necesario en lo administrativo y lo técnico para funcionar con transparencia y calidad.

    «Lo que va a permitir es preparar el terreno para dar las concesiones a privados en la nueva Ley de Red Nacional de Hospitales», auguró.

    «Aquí no estamos discutiendo la burocracia administrativa, ni los tiempos, aquí lo que estamos discutiendo es si tendrán los controles, ¿tendrán transparencia? ¿Las empresas que participen tendrán las reglas claras? ¿Habrán todos esos controles sanitarios necesarios para darle mayor calidad a los usuarios en el tema de salud? Si antes eran 30 días y ahora lo van a reducir a cinco días, algún proceso, algún procedimiento, no hay que ser tan experto para indicar que lo van a saltar», cuestionó el diputado.

    Para el legislador, esto provocará que los servicios públicos «van a ir en detrimento».

    Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, señaló que le llama la atención por qué el gobierno quiere agilizar los permisos para los privados.

    «Los médicos del Sindicato del Seguro Social ya lo advirtieron, quitar el control de las juntas de vigilancia lo que va a permitir es permisos a conveniencia y qué casualidad que, después de aprobar la Ley de la Red de Hospitales, ahora están haciendo reformas que para nada busca controlar o busque la calidad de servicios, y esto nos preocupa, porque no se trata de simples negocios, de simples mercancías, estamos hablando de la salud de los salvadoreños», indicó.

    La diputada de Vamos también prevé que se podría «dañar la salud» de la población.

    Las reformas fueron aprobadas en la sesión plenaria de este miércoles, con 57 votos a favor de Nuevas Ideas, PCN y PDC, y tres votos en contra, por parte de Arena y Vamos.