Autor: Jessica Guzman

Las diputadas de Arena y Vamos pidieron públicamente a la junta directiva de la Asamblea Legislativa que incluya en la agenda legislativa las iniciativas que han propuesto contra Ley de Minería Metálica y no ignoren las más de 150,000 firmas de la sociedad civil presentadas por la Iglesia Católica.

“Es un llamado para la junta directiva pidiéndole que agende a la comisión correspondiente la propuesta que nosotros hicimos el 14 de enero, en la que pedíamos que se derogara la Ley de la Minería”, fue el llamado que hizo la diputada Marcela Villatoro, del partido de oposición Arena.

Sostuvo que, con las firmas que ha presentado la Iglesia Católica, «ya es un expediente suficiente para que pueda ser estudiada dentro de la Comisión» Política.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, expresó que en la Asamblea Legislativa no se ha dicho nada sobre el tema, ni siquiera “por el clamor de las firmas que presentaron” contra de la minería. Ortiz dijo que su propuesta de reforma a la Constitución de la República para la prohibición de la minería metálica sigue en pie.

“Yo decidí activarme y por eso he puesto a disposición en mi oficina el proyecto de ley de reforma constitucional, para garantizar a nivel de la Constitución, la ley más importante, el derecho al agua y la prohibición de la minería, para que ninguna Asamblea Legislativa en ningún momento pueda volverla a aprobar”, aseveró la diputada.

El 14 de enero pasado, la diputada Villatoro pidió en sesión plenaria el ingreso de una petición de derogatoria de la Ley de Minería Metálica en El Salvador aprobada el 23 de diciembre y vigente desde el 7 de enero de 2025.

“Es una ley altamente inconstitucional, el artículo 117 de la Constitución establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales y el artículo 1 de la Constitución nos habla sobre el derecho a la vida y la protección a la misma. Es una ley altamente inconsulta”, argumentó. No recibió el apoyo de Nuevas Ideas y sus aliados; sino solo de su partido y de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

El 18 de marzo, día en que la Iglesia Católica presentó una carta respaldada por 150,000 firmas de la sociedad civil en contra de la minería metálica, la diputada Ortiz intentó introducir una iniciativa de reforma constitucional que contemplaba la prohibición de la minería metálica.

«Esta mañana quiero someter a consideración de este pleno legislativo y, en atención al clamor de la feligresía católica y de todo el pueblo salvadoreño que está pidiendo se derogue la Ley de la Minería, quiero someter a votación una pieza para que se derogue la Ley de la Minería y otra con reformas constitucionales”, fueron las palabras de la diputada de Vamos. La iniciativa ni siquiera fue sometida a votación, ya que debía contar con al menos 10 firmas de diputados por ser solicitud de reforma constitucional.

Las diputadas de los partidos opositores, Arena y Vamos, cuestionan la falta de medicamentos y en cierre de dos clínicas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y creen que la directora, Mónica Ayala, le debe una explicación a la población.

“Esto es delicado, mire, no hay medicinas, la gente le dan citas por muchos meses después, hasta un año después y la gente está pagando por tener su seguro social, entonces, ¿por qué el ISSS no le está respondiendo a los salvadoreños? Sería bueno que dé la cara la directora del Seguro y le explique a la gente por qué”, aseveró la diputada de Arena, Marcela Villatoro.

La diputada se quejó de que muchos pacientes, incluso con enfermedades crónicas, no reciben sus correspondientes medicamentos del ISSS.

“La gente no logra medicinas, le toca comprarlas aparte, el caso de una persona que tiene enfermedad en sus riñones y ha tenido que estar comprándolo él, ha tenido tres infartos y lo que hicieron fue mandarlo para la casa, es preocupante esta situación”, reclamó.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, atribuye este problema a una mala administración y corrupción. “Hemos tenido una mala administración en los últimos años, que en el pasado hubo también mala administración y corrupción, es cierto, es totalmente cierto, pero quienes lograron el poder mayoritario, casi absoluto, no están haciendo absolutamente nada para mejorar los servicios públicos que el Estado le tiene que dar a la población”, criticó la diputada de oposición.

También, sostuvo que hay fallas en el servicio de salud pese a que ha habido recursos suficientes.

“Después de tantos préstamos, de tantos recursos no sabemos por qué están cerrando clínicas, por qué están cerrando escuelas, por qué no hay medicinas suficientes, los médicos no pueden ni recetar algo diferente porque les han prohibido decir que no hay medicina y no pasan de recetarle Acetaminofén», cuestionó.

El 13 de marzo pasado, el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre, aseguró que “el Seguro Social sigue con desabastecimiento de medicamentos” como Amoxicilina, Ibuprofeno, Diclofenac, Metocarbamol, Irbesartán, Verapamilo, Morfina y antidiabéticos, entre una lista de 50 medicamentos.

La diputada Claudia Ortiz, quien votó una vez más en contra en de una nueva prórroga del régimen de excepción, aseveró que se siguen capturando inocentes y reteniendo en las cárceles a personas pese a cartas de libertad.

«Necesitamos justicia sin margen de error. Si dejaron libre al «Crook» –cabecilla de pandilla que habría sido liberado en noviembre de 2021– y por otro lado hay inocentes, incluso personas fallecidas, eso no es justicia» –cuestionó la legisladora– «queremos justicia sin margen de error, justicia sin abusos, queremos seguridad y paz verdadera que no se base en ningún tipo de tregua ni acuerdos con grupos del crimen organizado», agregó.

La diputada dijo que, luego de tres años, se debe dar un «salto de calidad» con la medida para que no haya inocentes pagando crímenes que no cometieron.

Señaló que las instituciones de justicia deben ser «realmente independientes y que hagan investigaciones basadas en técnicas científicas» y «no solamente se hagan capturas masivas» y, en segundo lugar, que la verdadera justicia garantice que «quienes tienen responsabilidad por sus crímenes la paguen y quien no tiene nada que deber pueda mantenerse tranquilo, libre, trabajando, con su familia».

«Eso no lo tenemos y a tres años esta administración no ha corregido esos errores», insistió la legisladora de oposición.

Ortiz señaló que no se puede avanzar en una verdadera seguridad, si no se trabaja para eliminar las causas de la violencia como la pobreza y la «corrupción de gobiernos que han pactado con pandillas».

«Por otra parte hay que ir a las causas que han dado origen a la violencia en El Salvador, causa como la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a empleo, el ingreso insuficiente que tienen muchas familias, también la corrupción de gobiernos de diferentes partidos políticos que han hecho treguas con grupos de crimen organizado, de todo eso hay que ir a la raíz, para poder aspirar a una paz verdadera», aseguró.

La diputada de Vamos cuestionó también a la Dirección General de Centros Penales por negar la libertad a personas que tienen cartas de libertad emitidas por jueces. «Esto es muy grave para todos los salvadoreños, porque no puede existir un funcionario del Ejecutivo que tenga más poder que un juez en relación a la libertad ambulatoria de los salvadoreños», advirtió.

Después de tres años que el gobierno ha implementado el régimen de excepción, el gobierno registra más de 85,500 capturados, mientras, organizaciones de derechos humanos aseguran que han recibido, al menos 6,689 denuncias de capturas de «inocentes» y «380 muertes en manos del Estado».

Con los votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa prorrogó, por 37ª vez, el régimen de excepción después de que este cumpliera tres años de vigencia el pasado 27 de marzo, luego de que lo solicitara el vicepresidente, Félix Ulloa, encargado del Despacho del presidente Nayib Bukele.

La nueva prórroga inicia este domingo 6 de abril y finalizará el próximo lunes 5 de mayo de 2025.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó en abstención en la votación nominal y en la votación general no se encontraba en el pleno.

Con esta aprobación, continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, y el artículo 24 de la Constitución de la República, relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones, para todos los salvadoreños.

“Las condiciones bajo las cuales fueron suspendidas las garantías constitucionales, decretadas el 27 de marzo de 2022 aún se mantienen”, expresó el documento enviado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en el documento basado en la sesión del Consejo de Ministros.

El gobierno reiteró en la petición de prórroga “que las medidas extraordinarias decretadas” desde el 27 de marzo de 2022 “han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85,500 individuos incluyendo principales líderes de pandillas”.

Argumentan que es necesario seguir prorrogando el régimen de excepción.

“Hay evidencia de participación de miembros de pandillas en la realización de los hechos vinculados al narcomenudeo, ingresando la droga al país vía terrestre, utilizando transporte pesado y otras modalidades… Se ha detectado que continúan desarrollándose acciones por parte de mujeres vinculadas a esas organizaciones criminales, quienes han adoptado posiciones de mando orientadas a mantener la comisión de hecho delictivos”, detalla la solicitud del Gobierno.

El diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, pidió la palabra para defender por qué es “necesario” seguir “cada mes» con el régimen.

“Estamos ya en el tercer aniversario de la ejecución del régimen de excepción y se sustenta desde el artículo 1 del a Constitución del a República. Hace un par de semanas, tuvimos declaraciones de nuestro ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, quien dijo que algunos menores de edad que recobraban su libertad, luego de estar internos por delitos, en la cárceles les ordenaban que, al salir, levantaran en las pandillas y les daban alguna posición para ser reconocidos como líderes de pandillas, estas situaciones nos ponen alerta y por eso se necesita la aprobación cada mes del régimen de excepción”, dijo el diputado cian.

Por su parte, el diputado Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas, aseguró que “el presidente Donald Trump ha felicitado este trabajo y ha agradecido el apoyo del país para que ellos también puedan fortalecer la seguridad en su país, y estas buenas relaciones benefician a muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos así como en el país”.

La diputada Helen Jovel, de Nuevas Ideas, habló de “oportunidades para jóvenes y de un Estado fuerte que no se doblega ante ningún criminal y de libertad”.

Walter Alemán, también legislador de Nuevas Ideas, aseguró que, con la nueva aprobación del régimen, están “demostrando que están comprometidos con todos los salvadoreños y que gracias a esta herramienta El Salvador se ha convertido en una nación segura.”

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró este martes que el salvadoreño deportado de Estados Unidos y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) por «un error administrativo», «debe tener derecho a un debido proceso».

«Aquí definitivamente es obligatorio que se le siga el debido proceso que se debería hacer constitucionalmente y lógicamente que, si es un migrante que no ha cometido delito, que salga libre», señaló la legisladora.

La diputada insistió en que el gobierno de El Salvador tuvo que haber negociado beneficios para los salvadoreños con estatus irregular en Estados Unidos y no traer criminales extranjeros en el país.

«Este es un tema delicado. Nosotros quisiéramos saber cuál es el acuerdo y que, de hecho, tuvo que haber pasado por esta Asamblea Legislativa para conocer la realidad de lo que está pasando. Esta situación es lamentable y ojalá se hubiera tenido una mejor negociación con los Estados Unidos para que hubiéramos logrado un mejor acuerdo para los salvadoreños en Estados Unidos, para su situación migratoria», opinó la diputada de oposición.

«¿Para qué queremos más delincuentes? No necesitamos más de los que están ahí. Recibir personas que vienen con otro nivel de maldad. ¿Para qué? Para que les enseñen a ellos a ser más malos. Yo creo que no es justo para los salvadoreños y no vale la pena», concluyó la legisladora.

«El error administrativo»

Se trata de Kilmar Ábrego García, un residente legal en Maryland, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un menor con discapacidad, también ciudadano. Según documentos judiciales, Ábrego había recibido una resolución favorable de un juez de inmigración para evitar su deportación, debido al riesgo de persecución en su país natal.

«Por error administrativo, Abrego García fue deportado de Estados Unidos a El Salvador. Esto fue un descuido, y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y en su presunta pertenencia a la MS-13», se lee en la declaración judicial. El caso fue revelado por la revista estadounidense The Atlantic, que cita los documentos judiciales.

Pese a reconocer el error, el Departamento de Justicia estadounidense se opone a la repatriación. En el documento judicial, el asistente del fiscal general, Yaakov M. Roth, sostuvo que la corte carece de competencia para ordenar acciones de política exterior y que no hay evidencia de que Ábrego corra un riesgo inminente de ser torturado o asesinado en el Cecot.

A la fecha, se conoce que Estados Unidos ha enviado a El Salvador, bajo un acuerdo carcelario, a 278 personas al Cecot, los primeros fueron enviados el 16 de marzo en tres vuelos –238 venezolanos supuestos miembros del Tren de Aragua; y 23 salvadoreños, supuestos miembros de la MS-13.

El pasado domingo 30 de marzo, Estados Unidos envió a otros 17 supuestos criminales entre miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador, también al Cecot.

La concejal de Arena en la alcaldía de La Libertad Sur, Beatriz Harrison, presentó una petición en la comuna para exonerar del pago de impuestos municipales, de forma temporal, a los 25 comerciantes afectados por el incendio sufrido el pasado 28 de marzo, frente al Mercado Central de Santa Tecla.

“He presentado formalmente al Concejo Municipal Libertad Sur y al alcalde (Henry Flores) una solicitud para exonerar, de manera temporal, el pago de la tasa municipal a los comerciantes afectados por el incendio que se registró en la placita conocida como Las Águilas, frente al Mercado Central, el pasado viernes 28 de marzo”, informó la concejal a Diario El Mundo.

La concejal de Arena presentó este día la petición de esa exoneración y espera que sea conocida y aprobada en la próxima reunión del concejo municipal.

“Sabemos que han perdido mucho y que su prioridad ahora es reconstruir sus negocios y recuperar su fuente de ingresos. Por eso, también he solicitado que no acumulen mora desde el día del siniestro y que la exoneración se aplique tanto a sus puestos originales como a los espacios temporales donde podrían ser reubicados”, solicita en la petición.

Luego del incendio en reunión exprés, el concejo aprobó dar un bono de $500 a cada comerciante afectado, de los 25, “15 tuvieron pérdidas total y de ahí viene mi propuesta, de, al darles el puesto provisional, exonerarlos de los impuestos y tasas que se les cobran entre cuatro y seis meses, para que ellos se puedan levantar”.

Los vendedores aún no han sido reubicados, aunque la concejal asegura que solicitó se les dieran puestos “en el mercado central, ya que hay muchos puestos vacíos, la mitad del mercado está vacía, pero no se ve claro, no me dijeron nada, yo propuse que fuera un lugar seguro, pues ya vienen las lluvias, pero sí me dijeron que estaban buscando la solución”.

Harrison aprovechó para señalar que también ha solicitado que en cuanto el Cuerpo de Bomberos tenga el informe del siniestros se les haga llegar.

“Me llamó muchísimo la atención que el CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos) horas después del incendio estaba removiendo escombros, cuando no había una presentación formal de Bomberos, ni de juzgados diciendo qué había pasado y cuál había sido la causa del fuego, entonces yo pedí que quedara en acta, que en cuanto tuvieran ese reporte nos lo hicieran llegar, pues no pueden remover nada antes que haya un informe oficial de lo que pasó, esta es hora que no lo han mandado”, cuestionó.

Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó este lunes que ya se cuenta con un informe preliminar sobre las posibles causas que originó el voraz incendio que destruyó parte del mercado de Santa Tecla, en La Libertad, pero que aún no pueden revelar la causa.

“Nosotros ya tenemos alguna información de cuál fue el origen, sin embargo, nos hace falta poder determinarlo con algunas otras, así que no podemos dar ahorita un dictamen, cuál fue la causa, la fuente de este incendio”, indicó Solano en la entrevista radial de YSKL.

Diputados aprobaron este lunes un dictamen favorable que prorrogará por cinco años más un decreto que le permite al Estado legalizar inmuebles para que pasen a ser administrados por el Ministerio de Educación y Tecnología (Mineducyt).

Se trata de reformas a la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación», que en primer lugar reforma el nombre de la normativa, quedando «Ley especial transitoria para la legalización de inmuebles a favor del Estado y gobierno en el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología».

En la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, el ministro de Educación, Mauricio Pineda, explicó que se extenderán «los procesos de legalización a todos los inmuebles necesarios para el desarrollo de servicios educativos y aquellos en los que el Ministerio tenga interés«.

«Son 1,636 inmuebles que están todavía pendientes de legalizar de los cuales van a afectar a 1,232 centros educativos que en este momento todavía no están los terrenos en administración del Ministerio de Educación.
Mauricio Pineda, ministro de Educación.

Además, se declara de utilidad pública todos los inmuebles donde operan los Centros Educativos Oficiales (CEO), sus anexos y aquellos destinados a servicios educativos no administrativos.

Además, se incluyen inmuebles propiedad del ISTA que albergan CEO, sus anexos y los destinados a servicios educativos y uso administrativo.

«Se respeta la voluntad de los dueños», promete ministro

Aunque el ministro aseguró que «las reformas no contemplan expropiaciones«, la ley establece que «será aplicable a todos los inmuebles donde funcionan centros educativos oficiales y sus anexos, así como aquellos inmuebles destinados al desarrollo de servicios educativos de uso administrativo por el Ministerio, como también en los que tenga interés el Ministerio que sean propiedad de personas naturales o jurídicas de carácter público o privado».

«Algunos medios han querido hacer notar que lo que buscamos es la expropiación del inmueble, si eso buscáramos pues el decreto fuera otro, solo se hace la medición, se llega y se inicia el proceso de expropiación, pero no. Aquí se respeta la voluntad de los dueños, es necesario que la población tenga claro estamos respetando la voluntad del dueño», dice Pineda.

El funcionario explicó que la ley permitirá «hacer el levantamiento topográfico sin autorización de propietario».

Esta ley no procederá sobre inmuebles que estén en procesos litigiosos al momento de la vigencia de la ley y de inmuebles propiedad de niños.

Plazo de 60 días para «solución amistosa»

El decreto establece que el Ministerio de Educación publicará el listado de los inmuebles por legalizar por una sola vez en el Diario Oficial para que terceros puedan intentar una solución amistosa, ejercer acciones de dominio u otros derechos reales y oponerse a la legalización.

Cuando se trate de inmuebles con gravámenes, medidas cautelares y restricciones, los titulares o cualquier otro interesado tendrán un plazo de 60 días, para que se presenten ante el Ministerio a ejercer las acciones y derechos para la solución amistosa, ejercer acciones de dominio u otros derechos reales y oponerse a la legalización.

Transcurrido el plazo, el Ministerio procederá con saneamiento registral.

Esta ley será aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria ordinaria de este martes 1 de abril.

Los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron el lunes el dictamen favorable para la ratificación de la adhesión a la «Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales».

La jefa de negociación de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Margaret Meza, explicó a los diputados de la Comisión que esta adhesión busca emplear las comunicaciones electrónicas en la formación o el cumplimiento de contratos entre partes o sujetos cuyos establecimientos estén ubicados en distintos Estados.

También, explicó que hay exclusiones “para los contratos personales, las operaciones bursátiles, los instrumentos financieros y documentos transferibles como letras de cambio o conocimientos de embarque» y por principio de autonomía.

«Las comunicaciones electrónicas tienen la misma validez que las físicas, en ese sentido le da la certeza jurídica a las partes».
Margaret Meza, jefa de negociación de tratados, Cancillería.

Una comunicación electrónica es la que se establece por email, fax, EDI, entre otros, de información generada o archivada electrónicamente.

Con esta adhesión, buscan darle «un mensaje a inversionistas del exterior» que El Salvador «es un Estado moderno, a la vanguardia de todos los mecanismos para darle una estabilidad jurídica a las empresas».

«Se ha comprobado que en los Estados que han aprobado estas convenciones hay un aumento en el sector de tecnologías y de la información y hay reducción de costos transaccionales, porque el gobierno está muy enfocado también a simplificar los trámites y ser un gobierno más electrónico», expuso Alba Sánchez, miembro de la Dirección de Relaciones Económicas de Cancillería.

Sánchez aseguró que, con la adhesión al convenio, se van “a generar oportunidades para este 90 % del empresariado», lo cual ayudaría a que incursionen en un «sector más formal y sean beneficiarios de los incentivos y de todos los beneficios que trae el comercio exterior».
Agregó que “el Estado le brinda ese aparataje legal a los comerciantes, para que puedan tener la tutela de sus derechos».

Los diputados emitieron dictamen favorable para que la Convención sea ratificada en pleno este martes.

Los u003cstrongu003etribunales y cu00e1maras contra el crimen organizadou003c/strongu003e seru00e1n los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de la u003cstrongu003eejecuciu00f3n de las penasu003c/strongu003e que impongan a los u003cstrongu003econdenados por delitos en la Ley Contra el Crimen Organizadou003c/strongu003e, según dictamen favorable emitido este lunes por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.nnSe trata de la u003cstrongu003ereforma a la Ley contra el Crimen Organizadou003c/strongu003e para regular lo relativo a la autoridad judicial competente que controla la fase de ejecución de la pena impuesta.nnu003cstrongu003eEsta reforma ya había sido conocida en la Comisión el 11 de febrero, pero los diputados decidieron dejarla pendiente, aunque no hicieron ningún cambio a la misma.u003c/strongu003ennLa primera reforma introduce un inciso entre el tercero y cuarto del artículo 3 que indica: “u003cstrongu003eLos tribunales y cu00e1maras contra el crimen organizado seru00e1n los encargados de vigilaru003c/strongu003e y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas que impongan en el ejercicio de sus competencias, así como las demu00e1s atribuciones impuestas a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en la ley penitenciaria, en lo que sea aplicable».nnLa segunda reforma es una disposición transitoria: “Los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que en la actualidad se encuentren conociendo en la fase de penas impuestas en base a esta ley continuaru00e1n con el control de las mismas hasta su cumplimiento total”.nnEl presidente de la Comisión, u003cstrongu003ediputado Caleb Navarrou003c/strongu003e, de Nuevas Ideas, explicó que, el 11 de febrero, conocieron la reforma y recibieron al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien explicó “que el juez se hace especialista en el caso del crimen organizado, de cómo se van conformando las estructuras pandilleriles y ellos tienen la capacidad de darle seguimiento en la fase de la ejecución de la pena”.nnTambién, señaló que habían consultado en ese momento si esto no iba a provocar congestionamiento en el trabajo de los jueces y fue el magistrado u003cstrongu003epresidente de la Sala de lo Penalu003c/strongu003e, u003cstrongu003eAlejandro Antonio Quinterosu003c/strongu003e, quien sugirió que se necesitaría de apoyo.nn“Esta comisión preguntó si no iba a causar algún tipo de congestionamiento judicial, es decir, si iban a poder los jueces contra el crimen organizado poder llevar la ejecución de la pena y poder llevar su día a día con el trabajo y la carga judicial; y si ustedes se recuerdan que el magistrado presidente de la Sala de lo Penal dijo que sí era posible, pero bajo un apoyo, solicitando un apoyo. Ya seru00e1 la Corte Suprema de Justicia la que haga las gestiones pertinentes si ellos desean un apoyo a este asunto, él explicaba de meter uno o dos jueces de refuerzo”, recordó Navarro.nnEl u003cstrongu003ediputado Walter Coto, de Nuevas Ideasu003c/strongu003e, recalcó que con esta reforma se garantiza que seru00e1n los mismos juzgados especializados que impongan la pena los que le den seguimiento a la ejecución de la misma.nnu003cblockquoteu003enu003cpu003e“Ahora lo que se va a hacer, que los mismos juzgados de las cu00e1maras de vigilancia, ellos van a imponer la pena y a la vez van a estar vigilando que la pena correspondiente se dé conforme a la ley, debemos recordar que estamos hablando de terroristas».nu003cstrongu003eWalter Coto, de Nuevas Ideas.u003c/strongu003eu003c/pu003enu003c/blockquoteu003ennLos diputados emitieron dictamen favorable a la reforma y sería aprobada en la sesión plenaria ordinaria número 50 de este martes 1 de abril.

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) denegó información sobre los deportados, sus condenas y su vinculación con la pandilla «Tren de Aragua», luego de una solicitud de información de la asociación Cristosal, informó dicha oenegé.

La organización aseveró, luego de la denegación de información, que esta denegatoria de información puede implicar detenciones secretas, desapariciones forzadas y posibles delitos de «lesa humanidad».

El 16 de marzo recién pasado, el gobierno salvadoreño publicó la deportación de al menos 261 personas provenientes de Estados Unidos que fueron trasladadas al sistema penitenciario salvadoreño e internadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El gobierno de Donald Trump ha señalado que 238 de estos deportados son miembros del Tren de Aragua, declarada como organización terrorista el primer día de su gobierno, aunque ha dicho que deportó a 111 de ellos bajo la norma migratoria Título 8.

Cristosal relató ayer que solicitó información a la DGCP sobre: «La cantidad exacta de las personas venezolanas que fueron deportadas a El Salvador desde EE.UU que se trasladaron al CECOT, el listado con sus nombres, cuántas tenían una condena previa en Estados Unidos, y quiénes están vinculadas a la pandilla denominada Tren de Aragua».

Sin embargo, cuenta que, el 27 de marzo, la DGCP resolvió denegar el acceso a la información solicitada, argumentando que “se trata de datos personales (confidenciales) y porque se ha establecido una reserva en virtud del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en sus literales b, d, f y g; relativos a información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.

La organización no gubernamental consideró que «las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos» sobre la deportación y el ocultamiento de datos «ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales» viola el derecho internacional de los Derechos Humanos y «pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados».

En su análisis jurídico, Cristosal recalcó que el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada establece que ninguna persona será detenida en secreto y que norma obligaciones estatales para prevenir que las personas en custodia de autoridades penitenciarias sean víctimas de desaparición forzada.

También, advirtió que las personas sometidas a custodia del Estado tienen derecho a comunicarse con sus familiares, abogados o cualquier persona de su elección, así como a recibir visitas. «Lo anterior presupone que los Estados deben mantener registros públicos oficiales de las personas detenidas y ponerlos a disposición de las distintas entidades y autoridades que puedan tener interés en la identificación de personas que pueden ser víctimas de desaparición forzada«, señaló.

La organización citó que el artículo 20 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada reconoce que el acceso a la información sobre personas en custodia del Estado solo puede restringirse bajo supervisión judicial y por causas excepcionales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece, en el artículo 7, que la deportación o traslado forzoso y la desaparición forzada son delitos de lesa humanidad que habilitan la competencia de la Corte.

El gobierno salvadoreño llegó a un acuerdo con la administración Trump para recibir criminales extranjeros de los Estados Unidos, recluyéndolos en el CECOT, a cambio de una tarifa que asegura podrá sostener parte del costo del sistema penitenciario salvadoreño. Por los 238 venezolanos, EE.UU. pagaría $6 millones anuales. La reclusión es por un año renovable.