Autor: Jessica Guzman

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que el incremento al salario mínimo del 12 % informado ayer por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, «es positivo» pero que esa decisión debe acompañarse de medidas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y trabajo de gobierno, para que ese costo no se le traslade al final siempre a la población.

“Un aumento al salario mínimo siempre es bueno para la población, sin embargo, tiene que venir con medidas que ayuden a que el costo no se traslade a la población, esto también requiere que a la micro, pequeña y mediana empresa se le den facultades y apoyo para poder cubrir los gastos que implica esta decisión, así como revisar que los precios de los productos no aumenten. Por eso, deben hacerse medidas económicas efectivas y no sacadas bajo la manga”, señaló la diputada Villatoro.

La diputada consideró que la discusión sobre el incremento no fue a profundidad “porque fue una orden”, ya que el presidente Nayib Bukele fue quien publicó el 25 de abril que había enviado la propuesta del 12 % al Consejo. “Este día, hemos enviado la siguiente propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo”, escribió el mandatario en una publicación en redes sociales donde muestra una lámina con la propuesta de un 12 % para los rubros de maquila, industria, agrícola, y comercio y servicios.

“No se revisó incluso si podía darse más”, cuestionó Villatoro.

La diputada insistió en que es necesario “apoyar a las pymes con programas especiales con la banca estatal, entre otros, porque el aumento del salario hace que, de una u otra forma, deban sacar los costos y se lo trasladan al cliente».

«Por eso deben hacerse medidas económicas que ayuden a todos, como por ejemplo eliminar el IVA a productos de la canasta básica, que es algo que no beneficia únicamente a los que ganan el salario mínimo, sino a todos”, explicó.

Por su parte, la secretaria general del partido Vamos y diputada Suplente, Cesia Rivas, hace varios cuestionamientos: en principio, si ese aumento del 12 % responde a las necesidades de la población que gana el salario mínimo.

“El aumento al salario mínimo debería responder a las necesidades de los trabajadores, ¿será que el aumento del 12 % ayudará de forma significativa al trabajador?, si bien implica un aumento al salario actual, no olvidemos que la mesa del salario mínimo pidió más, al igual que el CDC (Centro para la Defensa del Consumidor)”, expresó.

Otro de los cuestionamientos que hace Rivas es que solo faltan cinco días para que entre en vigencia el incremento.

“¿Están preparados los patronos para realizar los aumentos? ¿Se han tomado medidas para evitar el alto costo de insumos o producción que pueden ocurrir por el aumento y que las empresas pequeñas, y medianas deben tomar en cuenta? ¿qué impacto va a tener este aumento en la economía del salvadoreño?”, cuestionó.

La secretaria general de Vamos señaló que se deben tomar las medidas necesarias para que este incremento no aumente los precios de la canasta básica y que, al final si los precios terminan subiendo, los trabajadores no perciben el beneficio.

“Los precios suben, los servicios también suben, el dinero de los trabajadores que tienen para comprar la canasta básica se reduce y esto definitivamente afecta la capacidad de los ciudadanos para cubrir sus necesidades básicas; el último aumento al salario mínimo fue en 2021 y, desde entonces, el costo de la canasta básica ha subido significativamente. Esto nos indica que el aumento del salario mínimo no ha logrado cubrir el incremento de la canasta básica y los ciudadanos cada vez más tienen menos poder adquisitivo”, señaló.

Los sindicatos habían propuesto un aumento del 40 %, sin embargo esa opción no fue tomada en cuenta. Se desconoce cómo fue la discusión del incremento dentro del Consejo. La diputada Villatoro dice que “hubiese sido pública” pues al final es a los trabajadores que menos ganan a los que se impactan.

El aumento del 12 % al salario mínimo se aplicará desde el 1 de junio, día en que se tiene previsto que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pronuncie un discurso en la Asamblea Legislativa, por su primer año del segundo periodo de gobierno.

El concejo de San Salvador Sur acordó dispensar las multas e intereses moratorios que adeuden los contribuyentes que sean propietarios de inmuebles en los distritos que integran el municipio, que son

Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

Esta dispensa se aplicará a las multas e intereses moratorios derivados de las tasas municipales por alumbrado público, aseo, servicio de pavimentación, cobro de mercados y otras en materia tributaria de ese municipio.

La ordenanza fue publicada en el Diario Oficial del 21 de mayo, por lo que inicia su vigencia este próximo 29 de mayo.

Esta ordenanza iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y tendrá validez hasta el 31 de agosto de este año.

Los contribuyentes tendrán ese tiempo para suscribirse a planes de pago para liquidar la deuda principal, sin multas ni intereses moratorios.

Los deudores deben tomar en cuenta que solo podrán gozar del beneficio los que realicen sus pagos de forma total y que cancelen el derecho administrativo en el tiempo oportuno, para programar sus pagos parciales, siempre y cuando estos se hagan en el plazo de seis meses.

Si el contribuyente incumple el pago, el beneficio será cesado de inmediato y se hará exigible la deuda en totalidad.

El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve) anunció este martes la entrega de $1.1 millón en créditos a 600 excombatientes según el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, quien junto al vicepresidente del país, Félix Ulloa, presidieron el evento.

“Solamente en esta entrega el gobierno del presidente Nayib Bukele les está otorgando $1.1 millones a más de 600 personas. Con estos créditos tienen las herramientas necesarias para dar un paso en la construcción de una nueva vida”, aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa, según publicó en sus redes sociales la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

En mayo, el Inabve llegará a los $2.3 millones en créditos entregados los veteranos y sus familias, según Castro, «que han logrado beneficios de $10 millones en total”.

Ulloa dijo que con esos recursos podrán «empezar con emprendimientos, con la asistencia técnica, el acompañamiento y la capacitación» que el Instituto «está brindando».

“Fue el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el que realmente abrió la puerta a los veteranos excombatientes y personas con discapacidad a consecuencias del conflicto armado, y nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa nos hemos sumado a ese proceso”, dijo Castro.

El presidente del Inabve, Juan Ortiz, elogió al gobierno de Bukele, señalando que hay “un antes y un después».

Los créditos que hoy reciben no tienen candados, pueden invertirlo en lo que ustedes quieran.”
Juan Ortiz, presidente del Inabve.

«No me van a dejar mentir, que hay una era, de dos partidos políticos que no vale la pena mencionar y esta era de nuestro presidente Nayib Bukele, antes recibían $50, hoy reciben $100, donde los créditos que ustedes tienen no tienen candado, pueden invertirlo en lo que ustedes quieran. Es un crédito común y corriente para la banca privada, para nosotros es sobrevivencia, porque muchos de ustedes ya no pueden tener crédito en la banca privada. Señores, no tienen nada que ir a hacer a la banca privada, para eso tienen el Instituto, es de ustedes”, les aseguró Ortiz.

El 11 de mayo, el Inabve también informó que entregó 273 créditos a beneficiaros de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate cuyo monto total suma $526,756.03.

El Inabve tiene un presupuesto programado de $191.9 millones para el año 2025, de los cuales ya devengó $43.6 millones. De ese total de fondos, $170 millones están programados para “Beneficios y prestaciones económicas y sociales 2025”, de los cuales ya se ejecutaron $40.5 millones. De la línea presupuestaria “Beneficios y prestaciones económicas y sociales”, son $164 millones los programados para “transferencias corrientes al sector privado”, es decir, aproximadamente de $13 a $14 millones mensuales. El Inabve no ha informado cuánto de este monto destina a créditos.

La secretaria general del partido Vamos y diputada suplente, Cesia Rivas, calificó de «mentira» la política política del gobierno actual en educación y cuestionó la nueva promesa de Nayib Bukele sobre «Dos escuelas por día».

«A seis años del gobierno de Bukele, lo que queda evidenciado es que la mentira es una política pública en su gobierno. Los discursos y sus promesas en el momento son aplaudidas por muchos, pero la realidad demuestra que son palabras vacías, ejemplo, lo que ha pasado en educación. Dijo abrir nuevas escuelas, pero lo que pasó es que muchas fueron cerradas, dijo que se renovarían más de 5,000 escuelas, pero llegaban y dejaban a medias la renovación, por ello, no llegan ni a 500 las escuelas «renovadas», cuestionó Rivas.

El pasado jueves 22 de mayo, el presidente Bukele inauguró un centro escolar en San Luis Talpa, en La Paz Oeste, en cadena nacional, acto que le sirvió para anunciar el programa de «Dos escuelas por día» que, prometió, incluirá días no hábiles y festivos.

Para Rivas, esto es más de lo mismo, ya que asegura que esa promesa la hizo también el 7 de septiembre de 2022 cuando llegó hasta el Complejo Educativo «Doctor José Ciro Brito», en Nahuizalco, Sonsonate. «Son 5,150 centros escolares que serán remodelados totalmente, un promedio de dos por día», dijo Bukele en esa ocasión, calculando 1,000 escuelas cada año.

La diputada jefa de la fracción de Arena, Marcela Villatoro, también puso en duda la promesa del presidente.

«Bueno ojalá que sea cierto, porque así dijeron de las ganancias de bitcoin y a la fecha las seguimos esperando», cuestionó Villatoro, refiriéndose a la promesa que hizo Bukele en 2021, cuando inauguró la construcción del hospital veterinario: «Además, quiero anunciar que con unos millones que nos quedan de las ganancias de bitcoin vamos a construir las primeras 20 escuelas bitcoin, totalmente equipadas y modernas»,

«Lo realmente urgente acá es que se haga una mejora al sistema educativo, desde mejor infraestructura escolar hasta mejores condiciones laborales para los maestros y educación de calidad para los alumnos», señaló Villatoro.

Para Rivas, después de seis años, el gobierno «ya debería haber cumplido las muchas promesas que ha hecho, pero ha abusado de su popularidad y hace esperar a la gente, cuando sí ha contado con el dinero para resolverle, ejemplo, las escuelas y el Hospital Rosales. Son millones los otorgados, pero esa inversión no se ve, así que, más que creer lo que Bukele dice, quedémonos con lo que él hace», señaló Rivas.

El presidente explicó el jueves que era la única crítica que admitía, pero argumentó que nunca se imaginó la situación de las escuelas que se encontraría y mostró un centro escolar construido de láminas.

Organizaciones no gubernamentales mencionan los artículos

6, 7 y 22 de la Constitución de la República, la

Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como las disposiciones legales que viola la nueva Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo por la Asamblea salvadoreña.

El miércoles 21 de mayo, unas horas después de aprobada la Ley de Agentes Extranjeros por la Asamblea Legislativa, un grupo de representantes de las organizaciones, en conferencia de prensa, señalaron que están seguros que con la nueva normativa no solo se limitará el trabajo de las organizaciones, sino que

muchas se verán obligadas a cerrar.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, mencionó que los artículos 3, 4, 5 y 8 de la

nueva Ley de Agentes Extranjeros, que tienen que ver con los sujetos obligados, el quehacer y el registro obligatorio de personas y organizaciones, contravienen al artículo 7 de la Constitución de la República.

El artículo 7 de la Constitución de la República establece el derecho a la libre asociación en El Salvador: «Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación».

El artículo 9 de la nueva Ley, que habla sobre las prohibiciones de los sujetos obligados y “que tiene que ver con la prohibición de actividades, influencia política y alteración del orden público», transgrede el artículo 6 de la Constitución, según Escobar.

El artículo 6 de la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión: «Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan».

Además, la organización Cristosal, en su análisis jurídico, consideró que la normativa viola también la

libertad de contratación, establecido en el artículo 22 de la Constitución.

«El Estado no puede imponer límites, ni censura previa a las actividades realizadas por ninguna persona natural o jurídica», consideró esta organización.

También sostienen que la nueva normativa viola la

Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de asociación y la libertad de expresión, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece el derecho a la participación de la sociedad civil en asuntos públicos y en la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública.

Según Cristosal, al prohibir actividades que

amenacen la estabilidad política o social, como indica la ley, «se estaría impidiendo que se investiguen actos de corrupción pública, violaciones a derechos humanos y cualquier otro acto que el Gobierno califique como dañino a la estabilidad política».

El director legal de la asociación Cristosal, Abraham Ábrego, explicó que la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros no solo es riesgo para defensores de derechos humanos, sino para cualquier ciudadano, ya que la ley establece como «sujetos obligados» a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y que reciban financiamiento extranjero para realizar alguna actividad que puede ser «un bien a la comunidad», pero que se le aplicaría el 30 % de impuesto.

Además, con esta ley, sobre estas personas u organizaciones que reciben «X» financiamiento «se debe conocer si se busca incidir en la opinión pública, en el resguardo a la seguridad, en la soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país».

“La Ley de Agentes Extranjeros es un riesgo para cualquier ciudadano, porque los sujetos obligados que establece la ley es un término bien amplio porque también son personas naturales, por lo que pueden ser juntas de vecinos, asociaciones civiles. Por ejemplo, si una junta de vecinos quiere arreglar una calle y recibe una donación de personas que están en Estados Unidos, eso ya puede configurar un sujeto obligado, entonces, ya tiene que cumplir las obligaciones de ley que son: no haga nada, no participe en actividades porque lo puedo acusar de que está desestabilizando”, respondió Ábrego en una entrevista a Diario El Mundo.

Para el abogado, el gobierno busca «reprimir» cualquier denuncia de personas comunes o defensores de derechos humanos: “Es una ley mordaza, una ley candado, de control, para que las organizaciones, ni las personas, tengan la posibilidad de denunciar, ni de protestar”, respondió.

“Sí, nosotros hemos sido testigos, porque hemos acompañado desde hace tres años a víctimas del régimen, unas de ellas defensoras de derechos humanos y el riesgo actual es que no tenemos un sistema judicial independiente y no tenemos ninguna institución de control, ni nacional, que esté protegiendo derechos humanos. Entonces, para cualquier persona, sea defensor de derechos o no, es un riesgo que sea acusado de un delito porque hemos observado acusaciones infundadas, sin mayores pruebas, avaladas por la Fiscalía, sin control judicial, cualquier persona debería de reflexionar que este es un régimen peligroso”, señaló.

El representante de Cristosal aseguró que no pueden dejar de trabajar en defensa de los derechos humanos ya que no están cometiendo ningún delito y, además, es parte de una democracia, si les impiden eso, ya no es democracia, apuntó.

“Sabemos que ahora el país es más riesgoso, para defender derechos humanos, pero seguimos en la lucha de defender derechos humanos porque no es un crimen, no es un delito, es decir, nosotros no estamos realizando ninguna actividad ilícita con lo que estamos haciendo, no tenemos nada que ocultar, entonces, deberíamos seguir trabajando, generando diálogo, pidiendo al Estado que rinda cuentas, eso es parte de una democracia, si no, ya no vivimos en una democracia”, enfatizó.

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado martes 20 de mayo, con dispensa de trámites, la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que aplicará un impuesto del 30 % sobre las donaciones, castiga con multas y puede suspender las actividades de las organizaciones o cancelar sus personerías jurídicas ante incumplimientos.

Hoy finaliza el período para aplicar a la segunda convocatoria de becas legislativas «Dagoberto Gutiérrez» financiadas con fondos que son asignados a la Asamblea Legislativa.

El link para aplicar y llenar el formulario es: becas.asamblea.gob.sv. y hasta este día, 23 de mayo, está habilitado.

En la primera convocatoria, la Asamblea Legislativa entregó, el 11 de enero pasado, 150 becas a jóvenes salvadoreños que aplicaron al programa «Dagoberto Gutiérrez».

El programa se financia en parte con $792,000 que la Asamblea destinó de su propio presupuesto del presente año.

Dentro de los requisitos básicos para aplicar están ser de nacionalidad salvadoreña, haber concluido el bachillerato, presentar constancia de buenas conducta, haber tenido un rendimiento académico mayor a 7 (en escala del 1 al 10), presentar nota obtenida en la prueba Avanzo. Otro requisito importante es no tener antecedentes penales, ni policiales.

El vicepresidente, Felix Ulloa, representó a El Salvador en la ceremonia de posesión de mando presidencial de Daniel Noboa, reelecto presidente de Ecuador.

Momentos antes del acto de posesión, Ulloa y Noboa se reunieron para hablar sobre los desafíos comunes que enfrentan en materia de seguridad y combate al crimen organizado. «Hemos asumido, ambos gobiernos, la decisión de colaborar», expresó Ulloa.

Durante la reunión, Ulloa «trasladó los saludos y felicitaciones del presidente Nayib Bukele, reiterando la voluntad del Gobierno de El Salvador de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y diálogo político con la nueva administración ecuatoriana».

Según el comunicado de prensa, ambos líderes «destacaron los desafíos comunes que enfrentan en materia de seguridad y combate al crimen organizado».

Según información, Ulloa «instó» a posicionarse de forma conjunta contra el crimen organizado y expresó que han «tenido una buena relación con el presidente Noboa, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo». «Enfrentamos desafíos similares y hemos asumido, ambos gobiernos, la decisión de colaborar», informó.

Recientemente, dos funcionarios del Ecuador, el ministro del Interior del Ecuador, John Reimberg, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, visitaron a El Salvador, para «observar de cerca el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño, en el marco del intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad y el Plan Control Territorial».

«El crimen organizado no conoce fronteras, por lo que se requiere una respuesta coordinada entre países, no solo en el plano bilateral, sino también en los foros internacionales», señaló el vicepresidente Ulloa.

Exportación y agro

Por su parte, el presidente de Ecuador «ofreció explorar mecanismos de cooperación en materia económica, particularmente en áreas vinculadas a la exportación de cacao, el desarrollo agrícola, la pesca y la industria camaronera, sectores clave de la economía ecuatoriana».

Aseguró que mantienen interés en establecer alianzas sobre una estrategia conjunta para la seguridad alimentaria como componente esencial del desarrollo regional.

Antes del encuentro con el presidente del Ecuador, se llevó a cabo un saludo protocolar a la bandera y un recorrido por el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, en el centro histórico de Quito y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, en reconocimiento a su riqueza arquitectónica y valor histórico.

En esta actividad, también participaron la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el embajador de El Salvador en Ecuador, Carlos Brizuela.

El u003Cstrongu003EMinisterio de Saludu003C/strongu003E pidió a la u003Cstrongu003EAsamblea Legislativau003C/strongu003E reformar la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria para agregarle la nueva facultad, 42, al superintendente de Regulación Sanitaria, de u0022emitir y reformar la política nacional farmacéutica, así como cualquier otra política nacional relacionada con el objeto, competencia y finalidadu0022 de la ley.nnCon la reforma, también se agregaría al Consejo de la Superintendencia de Regulación Sanitaria u0022un representante designado por la máxima autoridad de la u003Cstrongu003EDefensoría del Consumidoru003C/strongu003Eu0022.nnTambién, se agregaría la obligación de colaborar con la Superintendencia en el artículo 33, que regula la colaboración entre entidades: u0022Toda persona natural o jurídica, pública o privada deberá colaborar con Superintendencia cuando sea requerida de acuerdo al objeto, competencia y finalidad de la presente leyu0022.nnLa reforma busca también facultar al superintendente la fijación de remuneraciones, dietas, prestaciones y compensaciones a los empleados de la institución y habilitaría a la Superintendencia a donar productos decomisados aptos para su consumo y a publicar los tarifarios.nnSon diez artículos los que sufren modificaciones.nnTambién, se agregan dos nuevos artículos 41-A y 41-B: nnu003Cstrongu003Eu0022Exención de pago de tarifau0022u003C/strongu003EnArt. 41-A.- Los organismos internacionales que proporcionan ayuda humanitaria у promueven el desarrollo de El Salvador, estarán exentos del pago de las tarifas por los trámites y servicios que preste la Superintendencia.nnu003Cstrongu003Eu0022Pago de serviciosu0022u003C/strongu003EnArt.- 41-B.- El Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cualquier otra institución pública que cuente con laboratorio o infraestructura para realizar análisis de control de calidad podrá prestar los servicios de análisis a la Superintendencia y percibir las tarifas establecidas para tal efecto.nnLa reforma establece un plazo de 30 meses –dos años y medio– para obtener la certificación anti-soborno: u0022La Superintendencia deberá obtener la certificación anti-soborno establecida en el artículo 16 de la Ley de Compras Públicas, en un plazo no mayor a 30 meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decretou0022.nnLa u003Cstrongu003ELey de la Superintendencia de Regulación Sanitariau003C/strongu003E inició su vigencia el 9 de agosto de 2024 y, para el ejercicio fiscal de 2025, la Asamblea Legislativa le aprobó un presupuesto de $22.6 millones. La iniciativa pasó a estudio a la Comisión de Salud, Agricultura y Medioambiente, que se reunirá el lunes 26 de mayo.

Diputados de Nuevas Ideas argumentaron la falta de transparencia de las organizaciones no gubernamentales para aprobar la nueva Ley de Agentes Extranjeros, mientras, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aseguró que entregan reportes cada año al Ministerio de Gobernación.

“Lasociedad civil siempre ha rendido cuentas, entregamos a Gobernación cada año nuestros estados financieros, todas nuestras transacciones son bancarizadas y los cooperantes siempre nos someten a auditorías”, dijo, el miércoles, en una conferencia de prensa.

El representante de la organización no gubernamental aseveró que en El Salvador “no se desconoce quiénes son los que nos financian” a las oenegés. “Nosotros sí somos transparentes”, aseguró, en rechazo a los señalamientos de diputados de Nuevas Ideas a las oenegés.

El martes en sesión plenaria, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, manifestó que hasta la fecha no había existido un marco jurídico que regulara las actividades que hacen en El Salvador «las personas naturales o jurídicas financiadas por una persona o agente extranjero».

«Quiere decir que aquí toda la vida se creó un sistema donde ciertas organizaciones recibían dinero a saber de quién y a saber para qué. Pongan atención quiénes son los que están reclamando, son aquellos que nunca han querido decir quiénes son, quiénes los han financiado y para qué han ocupado y ocupan el dinero», señaló Castro sin mencionar a una ONG en específico.

“¿Por qué no son ellos transparentes con quienes financian sus campañas? ¿Por qué no son transparentes con la información de obras y compras públicas que niegan todos los días a la ciudadanía?”, dijo el representante de la AC.

La AC es una organización que ha investigado el financiamiento de los partidos políticos realizando solicitudes de información a los mismos partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ha indagado las adjudicaciones de contratos del Estado y su relación con las empresas financistas de los partidos de Gobierno.

Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, considera que la nueva Ley de Agentes Extranjeros es una “estrategia” del gobierno para “callar voces críticas”, “evitar señalamientos por corrupción” e “inmovilizar, destruir el tejido social”.

“La ley es un candado. Están vendiendo la idea de que a los que están procesando son criminales, son defensores de pandilleros, pero en realidad atacar a defensores de derechos humanos es atacar a toda la población”, afirmó.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que reviviría la Ley de Agentes Extranjeros, de la cual desistió en 2021, el pasado martes 13 de mayo. La Asamblea Legislativa aprobó la normativa el 20 de mayo minutos después de que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, enviara el proyecto a la Asamblea Legislativa.