Hoy se cumplen tres años desde que el gobierno impuso, el 27 de marzo de 2022, el régimen de excepción como respuesta a un fin de semana violento que sumó más de 80 fallecidos a manos de pandillas.
El gobierno asegura que, con el régimen de excepción, ha capturado a más de 85,000 personas, según datos conocidos el 4 de marzo pasado, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la 36.ª prórroga.
Rafael Francisco Góchez, analista, es uno de los defensores del régimen, asegurando, según proyecciones de inteligencia artificial, que gracias a la medida se han salvado de morir unos 4,000 salvadoreños.
«El régimen de excepción en El Salvador habría salvado entre 3,000 y 4,000 vidas en 3 años, según proyecciones de Grok IA basadas en la década previa, sin contar el daño social evitado por la reducción de la violencia de las pandillas.»
También el pastor Toby Jr., del Tabernáculo Bautista, señala cambios positivos en la sociedad a partir del régimen.
«Si no estuviera el régimen, estaríamos con un ‘negocio’ floreciente de funerarias, como lo estuvimos por muchos años. Las tiendas en las colonias no estarían creciendo ahora. Después de tres años del régimen, las iglesias han decrecido. Lo que pasa es que la gente está cómoda en su colonia y puede ir a la iglesia de su colonia. Agradecidos estamos todos», asegura Toby Jr.
Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Cristosal, Fespad, Idhuca, Servicio Social Pasionista, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Asociación Azul Originario y Amate, presentaron un informe de violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción y contabilizan 6,689 denuncias de inocentes capturados. Solo 36 casos lograron libertad con medidas sustitutivas.
Según expuso Gabriela Santos, del Idhuca, los datos recogidos por denuncias sobre personas inocentes capturadas por el régimen han dejado en evidencia condiciones precarias que sufren en los centros penales, como hacinamiento, escasez de agua, y negación de atención médica y medicamentos, incluso para mujeres embarazadas, y tratos crueles, según el informe de violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción que presentaron las organizaciones.
El informe fue elaborado a partir de testimonios de inocentes que fueron capturados y han logrado su libertad, aunque con medidas sustitutivas, y de familiares que han denunciado las capturas y lo que han logrado indagar sobre lo que ocurre en los penales.
Según los testimonios, hay celdas diseñadas para diez personas, pero hasta 30 personas llegaron a estar en grupos de hasta 60. En muchos casos, celdas para diez personas llegaron a ser ocupadas por 60 y hasta 100.
Entre los derechos humanos más vulnerados en los centros penitenciarios se denuncia la negación al derecho de acceso a la justicia, es decir, no les dan derecho a un abogado, tampoco derecho a la salud, y «los testimonios evidencian la grave situación de abuso y explotación que enfrentan las mujeres en los centros penales, la falta de acceso a productos de higiene de primera necesidad, que incluso se convierte en un medio de violencia sexual por parte de custodios», explicó Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.
«El agua también era escasa. Ponían una cubeta, de esas de pintura, afuera de la celda. Y solo un vaso. Con ese vasito nos tocaba tomar 4 onzas de agua en la mañana y 4 onzas de agua en la noche. Solo para eso nos alcanzaba», testimonio de una mujer embarazada.
También denuncian que la alimentación era insuficiente. «El primer alimento que me dieron fue una cucharada de frijoles, dos tortillas y una cucharada de arroz. El siguiente alimento nos lo dieron al día siguiente, hasta las dos de la tarde. Era un solo tiempo de comida al día», testimonio de un joven.
Según los datos recogidos por las organizaciones, al 52.94 % se les negó su derecho a la salud, ya que no les brindaron tratamiento para sus enfermedades.
Un 82.4 % padeció enfermedades de la piel, el 38.2 % presenta deterioro en la salud mental, el 26.5 % desarrolló anemia, además de enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias y el agravamiento de sus enfermedades crónicas.
Las organizaciones piden a la Asamblea Legislativa derogar el régimen de excepción, restableciendo las garantías y derechos fundamentales de las personas.
Exigen a la Fiscalía General de la República que cumpla con su obligación de investigar de oficio cualquier posible delito cometido, principalmente, si el responsable es algún agente del Estado.
