Autor: Jessica Guzman

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este miércoles introducir una pieza de correspondencia para modificar el decreto 333 que establece el régimen de excepción, poco después de que la Asamblea Legislativa prorrogara el régimen de excepción.

“El régimen de excepción es un mecanismo claro que se ha convertido en una política de seguridad ciudadana en nuestro país de carácter permanente. Y de acuerdo a la información proporcionada por este gobierno, ha dado importante reducción al índice de homicidios… Pero además dichas acciones del régimen han privado de libertad a muchas personas inocentes y una gran cantidad de ellas ya cuentan con cartas de libertad”, planteó Lira.

El diputado de Arena mencionó que fue el presidente de la República quien, en una entrevista con una revista internacional, “ante la pregunta «¿es sostenible la seguridad, puede existir sin un estado de excepción?, él respondió: “Sí, es sostenible, sí puede existir sin un estado de excepción”.

Con este contexto, el legislador pidió una reforma para restablecer los derechos y garantías suspendidas por el decreto.

“Esto vuelve prioritario, reformar el decreto 333, para crear una comisión de alto nivel que pueda estar conformada por un representante del Ministerio de Justicia, un representante de la Fiscalía General de la República, un representante de la Procuraduría General de la República, uno de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y uno de la academia, y un representante de la sociedad civil, para ir adoptando las medidas necesarias, para garantizar el respeto a los derechos humanos y la pronta liberación para que aquellas personas inocentes que dentro del régimen han sido privadas de libertad y volviendo paulatinamente a un estado de derecho”, expuso Lira.

El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, sometió al pleno la modificación de agenda, solo obtuvo tres votos, dos de Arena y el voto de Vamos; “por tanto no hay resolución”, dijo.

El diputado explicó que, con su solicitud, la comisión buscaría «resolver las 20,000 cartas de libertad de personas que no salen libres». «Nosotros estamos claros que no estamos defendiendo a ningún pandillero, pero se necesita resolver ese error de las capturas arbitrarias”, expuso.

Lira dijo que ya preveía la falta de apoyo de Nuevas Ideas, ya que esta “Asamblea Legislativa se ha caracterizado por no tomar en cuenta las iniciativas de la oposición».

«Siguen siendo sumidos apretando el botón, diciéndole no a una solicitud que no viene de Francisco Lira, sino una solicitud que viene de las comunidades, de personas inocentes que están pagando un pecado que no han cometido”, criticó.

Según esta última prórroga del régimen, desde el 27 de marzo se han capturado a más de 85,000 personas. Hace un mes, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que al menos 366 privados de libertad han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño y de ellas, según los datos de la organización, el 94 % de las personas fallecidas no tenían relación con estructuras criminales.

El régimen de excepción en El Salvador cumplirá tres años el próximo 27 de marzo luego de que la Asamblea Legislativa aprobara este martes su 36ª prórroga, con un informe oficial de más de 85,000 individuos capturados.

El régimen implica la suspensión de tres derechos constitucionales en el país por 30 días más, del 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2025.

Con esta aprobación, continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13 y el artículo 24 de la Constitución de la República relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

El gobierno mantiene el argumento de que es necesario seguir prorrogando el régimen de excepción por 30 días más a partir de este 7 de marzo.

«Se ha logrado determinar que a estos grupos criminales, en su intento por sobrevivir, han adoptado nuevas estrategias, entre ellas, el reclutamiento de niños, niñas o adolescentes, especialmente en instituciones educativas intentando que resurjan las pandillas; también se ha detectado que están evitando el uso de vestimenta distintiva de estos grupos y tatuajes que los identifiquen», advirtió el gobierno en su petición.

Durante la aprobación, la diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, explicó que son tres los derechos constitucionales suspendidos con el régimen de excepción, reiterando que el primero tiene que ver con el derecho a saber la razón de la detención, a no estar obligado a declarar y a tener un defensor; el segundo con el límite de detención hasta 72 horas; y el tercero, con la privatización de las telecomunicaciones.

La prórroga fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC); los diputados de Arena se abstuvieron; y la diputada de Vamos votó en contra.

El 1 de diciembre de 2024, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que “probablemente pronto podamos relajar las medidas, no creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar”.

En la sesión plenaria de este martes, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de disposiciones transitorias que permitu00e1 que el Ministerio de Educación adjudique los proyectos de construcción o remodelación de escuelas a contratistas, sin tener que pasar por un proceso de licitación y con la sola aceptación y comunicación con el contratista seleccionado.

Las disposiciones transitorias tendru00e1n una vigencia de dos años, en las que el Ministerio de Educación podru00e1 elegir de «una lista corta», según palabras del ministro Mauricio Pineda, a los contratistas para que modifiquen o reconstruyan centros educativos en mal estado.

El titular de Educación había explicado a los diputados de la Comisión de Hacienda, este lunes, el objetivo de reducir los tru00e1mites administrativos y saltarse al proceso de licitación.

El objetivo es simplificar y agilizar los procedimientos relacionados con las intervenciones en infraestructura educativa, la adquisición de bienes y servicios esenciales para estos fines, y fortalecer el sistema educativo.”
Mauricio Pineda, ministro de Educación.

Este martes, los diputados de Nuevas Ideas estuvieron de acuerdo en dar su aval al dictamen favorable.

Según el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, el decreto busca “quitar algún tipo de requisitos o procedimientos burocráticos” en las contrataciones de remodelación y construcción de escuelas; pero reveló que también buscan que el Estado participe en la construcción.

“Sabemos que existen algunas escuelas que ya se entregaron pero también sabemos que hay algunas que se han detenido”.
Mauricio Ortiz (Nuevas Ideas).

El diputado reconoció que han tenido atrasos de ocho y hasta de un año en las intervenciones de las escuelas y lo atribuyó al incumplimiento de contratistas. «Algunos casos se encuentran en la Fiscalía. Esos contratistas deben responder por su incumplimiento en el contrato”, dijo.

“Nos vamos a poner como competencia en el mercado de infraestructura, de remodelaciones de obras, a la par de la empresa privada también, como Estado salvadoreño, vamos a mejorar los requisitos para eliminar temas burocráticos y por supuesto aquellas personas, contratistas, que incumplan, se les va a terminar su contrato y no se van a atrasar los procesos, y de alguna u otra manera vamos a agilizar las adjudicaciones futuras en cada uno de los trámites”, reveló el diputado.

Al final, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor con 57 votos; los dos diputados de Arena votaron en abstención y la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votaron en contra.

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) Yamil Bukele, presentó y defendió ante los diputados de la Comisión de Niñez e Integración Social la necesidad de crear la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje y también un pliego de reformas a la Ley General de los Deportes.

En contexto, Bukele indicó que El Salvador ratificó el 26 de junio del 2008 en todas sus partes la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, (hecha en París, el 19 de octubre de 2005) y que eso tuvo que haber dado inicio a la creación de una ley para también crear el Organismo Nacional Antidopaje de El Salvador.

“La WADA (Agencia Mundial Antidopaje) ha sido muy condescendiente con El Salvador, porque desde el 2008 a la fecha, han pasado muchos años y no nos han suspendido y esta suspensión no es sobre uno o dos deportes, sino que nos inhabilitaría de que El Salvador pueda participar de toda eliminatoria, de cualquier evento internacional deportivo. Nosotros hemos mantenido dos vías de comunicación, una con la Unesco y otra con al WADA y hemos venido elaborando de manera seria y eficaz la Ley que ustedes ya tienen en su poder, para que ninguna de las federaciones tengan problemas en participar”, explicó el presidente del INDES.

Destacó la importancia de tener todo el marco legal en orden por lo que “de esta manera le pedimos a la Comisión que le dé dictamen favorable, ya que tenemos hasta el 20 de este mes, para que pueda ser aprobada por esta Asamblea”.

Respecto a las modificaciones que han propuesto a la Ley General de los Deportes se limitó a decir que son para “dar mayor gobernanza” a las federaciones.

El diputado Raul Chamagua preguntó sobre el alcance que tendría la Ley Antidopaje, “hasta donde abarca, porque tal vez pensemos que puedan hacer pruebas para futbolistas, que es leporte más común, pero quiero saber si aplica a todos o algunos deportes en específico.”

El presidente del INDES le respondió que con la nueva Ley Antidopaje se busca prevenir y que las personas tengan el conocimiento de “todas las sustancias prohibidas” que existen y que el alcance va desde educar a la población, identificar la disuasión, la detección y ser vigilantes que se cumpla la ley y que todos tengan el derecho de defenderse sobre los cargos.

El proyecto de ley explica que su ámbito de aplicación será en todo el territorio nacional y sus disposiciones son obligatorias para todos los deportistas, el personal de apoyo a los deportistas, así como para todas las demás personas, naturales o jurídicas, que participen en actividades relacionadas con la prevención, control y sanción del dopaje en la República de El Salvador.

Luego de las explicaciones del presidente del INDES los diputados votaron y emitieron de forma unánime dictamen favorable para ambas iniciativas.

Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron el lunes un dictamen favorable para un decreto que permite la adquisición, contratación y pago de las obras, bienes y servicios relacionados a proyectos e intervenciones en infraestructura educativa.

El ministro de Educación, Mauricio Pineda, quien llegó a la Comisión de Hacienda, explicó que con estas disposiciones el objetivo es ahorrar tiempo, ya que los trámites de licitación para adjudicación de obras tardan hasta nueves meses.

“El objetivo de estas disposiciones es simplificar y agilizar los procedimientos relacionados con las intervenciones en infraestructura educativa, así como la adquisición de bienes y servicios esenciales para estos fines y promover y fortalecer el sistema educativo a nivel nacional implementado mejoras en las instalaciones”, explicó Pineda.

El ministro señaló que muchas escuelas hoy en día no cuentan con las condiciones adecuadas que debe tener un centro educativo.

“Hoy en día tenemos escuelas que no tienen las condiciones adecuadas, para que los aprendizajes sean efectivos, el calor es uno de ellos, los servicios sanitarios es otro de los temas, el ruido cuando llueve no permite, porque son de lámina y los techos son muy bajos, entonces todas estas situaciones afectan a los aprendizajes”, dijo el ministro.

El diputado Reynaldo Cardoza, del PCN preguntó al ministro cuántas escuelas se necesitan intervenir y en cuánto tiempo estiman hacerlo.

“A mi me preocupa porque ya viene la época lluviosa, eso no tarda y hay lugares donde hay que cambiar láminas y si no lo hacemos nosotros les toca a los maestros y padres de familia poner de su bolsa”, dijo Cardoza.

Pineda respondió que ya están trabajando en ello: “hemos identificado escuelas que tienen problemas en los techos y que pudieran llegar a representar un riesgo a nuestros estudiantes al momento que vengan las lluvias y hemos reconstruido al momento seis escuelas que estaban con alguna condición de daños en sus techos”, sin embargo, no dio el número de escuelas a intervenir, ni el tiempo que tardarán.

Selección de contratistas y garantía

El funcionario dijo que se priorizará a contratistas con experiencia comprobada en proyectos estatales, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales.

“Nosotros haremos, seguramente, una lista corta, en donse se seleccionarán a aquellos que tienen esa experiencia de haber trabajado con el Estado, de haber construido escuelas, en el mejor de los casos y va a ser un proceso más fácil, más ágil y más rápido”, aseguró.

Con el tema de la formalidad, dijo que se mantiene con la emisión de un contrato firmado “por el ministro, como por el contratista, es un documento legalmente constituido y que protege a ambas partes”, detalló.

En la adjudicación de las obras se requerirá un pagaré de hsta 100% del monto del contrato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones; se aceptarán cheques certificado y otros títulos valores incluso de terceros como alternativas al pagaré. Será la Unidad de Compras Públicas del Ministerio de Educación la que verifique la legalidad de la garantía.

Todos los proyectos contarán con exención de impuestos, arancel y gravamen relacionados a adquisiciones, compras y contrataciones para los proyectos. Todos los proyectos contarán con exención del IVA, «para motivar que cada vez más constructores, empresas privadas quieran trabajar con el Estado”.

Este martes en sesión plenaria ordinaria se conocerá el dictamen favorable y de ser aprobadas estas disposiciones transitorias tendrán vigencia de dos años, a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial.

Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron el lunes un dictamen favorable para que se incorporen $157.7 millones a Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para obras construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico en La Unión y una parte para obras en Aeropuerto de Ilopango.

Los fondos son parte de un contrato de préstamo suscrito el 13 de septiembre de 2024 con la Corporación Andina de Fomento, CAF, por el monto de $320 millones, para el proyecto del Aeropuerto del Pacífico.

Los diputados recibieron a Alexander López, asesor de CEPA, quien explicó cómo se dividen y se ejecutarán los fondos.

“Sobre la base de $280 millones que están disponibles de los $320 millones del crédito, venimos a solicitarles las modificación del presupuesto para poder ejecutar $157,745,589 a lo largo de 2025, para cubrir las estimaciones presupuestadas y para poder desarrollar la contratación par las obras en lado tierra. Este año las obras de mitigación estarán finalizadas en el primer semestre, un cercamiento del 100 % del aeropuerto y se espera tener un avance este año de un 60 % o 70 % de las obras de terracería”, explicó.

El funcionario detalló que los fondos se dividen en tres partes, el mayor monto es para la obras de terracería para la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, con $143,242,989.

Además, $3.2 millones para para cubrir los gastos relacionados con el apoyo técnico y administrativo de la Unidad Ejecutora, auditorías externas, entre otros de este proyecto.

También se destinarán $11,302,600.00, para la rehabilitación de la pista y la construcción de hangares para estacionamiento de aeronaves del Aeropuerto Internacional de Ilopango en San Salvador.

López explicó que estiman que el Aeropuerto Internacional del Pacífico generará unos 2,000 empleos directos cuando inicie operaciones, como operadores aeronáuticos, agentes de rampa, entre otros.

El proyecto se está ejecutando en 600 manzanas de terreno y todos los terrenos ya están adquiridos, dentro de esa área se dejará un espacio reservado para la Fuerza Aérea Salvadoreña «como parte de un proyecto estratégico y de seguridad nacional» y la otra parte para el desarrollo de operaciones comercial e industrial, terminal de carga, para industria aeronáutica.

Después de la explicación del funcionario los diputados votaron y emitieron dictamen favorable, el cual será conocido en la plenaria de este martes.

El financiamiento público para los partidos políticos denominado deuda política ya no existe en El Salvador pero estos podrán ser financiados por entidades privadas.

Aunque ya existe cierta regulación al respecto, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que se debe reforzar a fin de evitar el financiamiento ilegal.

“Sin duda, hoy más que nunca, se necesita una serie de reformas y una serie de acciones, para prevenir el financiamiento ilegal de partidos y candidatos”, señaló Escobar.

Reiteró que como organización han venido señalando que, aún con deuda política, la normativa carecía de instrumentos ilegales para fiscalizar de manera efectiva los fondos que reciben los partidos.

“Como organización hemos venido señalando, aún con deuda política, la necesidad de fiscalizar de manera más rigurosa, que haya más control sobre el financiamiento, para que haya más transparencia, independientemente el financiamiento sea público o privado”.
Eduardo Escobar, director de la AC.

El 26 de febrero, la actual Asamblea Legislativa ratificó, en una misma legislatura, la derogatoria del artículo 210 de la Constitución, eliminando el financiamiento público que recibían los partidos políticos.

Para el abogado, ahora que solo habrá financiamiento privado, la Asamblea debe crear la regulación necesaria para cerrar cualquier espacio de financiamiento ilegal.

“La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad, dado que solo habrá financiamiento privado, de brindar la regulación necesaria para fiscalizar a los partidos. Igual, el gobierno podría reforzar el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para la creación de una unidad fiscalizadora, esas son el tipo de medidas que debería de tomar la Asamblea y el gobierno, ya que han eliminado la deuda política”, sugirió.

Otro aspecto que señala el también investigador del financiamiento partidario es que se deben revisar las sanciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos cuando estos violen las prohibiciones sobre el financiamiento privado.

“Se deben revisar las sanciones, ya que actualmente son sanciones que no tienen costo político, ni económico, ni político, para los infractores de la ley. También se debe reforzar el tema de las obligaciones de transparencia y que, de parte del TSE (Tribunal Supremo Electoral), exista la voluntad política de cumplir con el rol fiscalizador”, enfatizó.

¿Qué pasa si son financiados con bitcoins?

Actualmente, tampoco existe regulación respecto al financiamiento que puedan recibir los partidos políticos en bitcoins o cualquier otra criptomoneda, desde cualquier parte del mundo. Escobar señaló que en las transferencias de criptoactivos en general hay anonimato, por lo que «no contribuye a la transparencia de los partidos”.

“Lo más recomendable es prohibir el financiamiento de campañas con criptoactivos por un tema de control, de prevención de lavado de dinero, por un tema de transparencia».
Eduardo Escobar, director de la AC.

Advirtió, además, que si en caso no se prohíbe, “le corresponde al TSE emitir las normativas» ante situaciones irregulares «como lavado de activos, por medio del bitcoin u otro criptoactivo”.

Por último, Escobar cuestionó que, aunque ya está establecido en la Ley, no todos los partidos políticos cumplen con la obligación de revelar su información financiera y señaló que el que menos lo hace es Nuevas Ideas.

“El partido oficial que es el que recibe más recursos y el que en teoría recibió más deuda política, sin rendir cuentas, sin informar sobre sus finanzas, sin hacer pública a la ciudadanía la información sobre sus donantes, sobre sus gastos y esto es importante», dijo.

Recordó que la ley establece que los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que solicite información mediante medios electrónicos o físicos sobre las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido político ya sea en especie o efectivo.

Después de la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República y de la deuda política de los partidos políticos, la Asamblea Legislativa debe eliminar dicho beneficio de la ley secundaria, es decir, de la Ley de Partidos Políticos, advirtió este viernes el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

“La Asamblea debe derogar las disposiciones sobre deuda política en la Ley de partidos políticos para armonizar la Ley con la Constitución, porque esa disposición ya no tendría sustento constitucional”, indicó.

A pesar que pareciera un «simple trámite» o que se asume que ya no tiene validez, Escobar explicó que se debe hacer «por orden» y se debe “armonizar con la Constitución».

Explicó que debe ser eliminado el Capítulo II de la Ley de Partidos Políticos, que habla del financiamiento público y establece el derecho que tenían los partidos para recibir los fondos públicos y sus montos, además de las condiciones para ello.

La eliminación del artículo 210 de la Constitución, es decir una reforma constitucional, se dio de forma rápida, luego de la modificación al artículo 248 de la Constitución.

El artículo 248 modificado agrega la posibilidad de reformar la Constitución «por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos».

Con la eliminación de la deuda política, la Asamblea Legislativa estrenó la vía rápida para cambiar la Constitución que le permitirá cambiar la Carta Magna en una sola legislatura.

El Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea Legislativa reformar la Ley General de los Deportes para permitir que los directivos de las federaciones o asociaciones deportivas puedan ser personas no vinculadas al deporte y que el Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) pueda, si las federaciones internacionales no responden, emitir acuerdos de funcionamiento de las federaciones deportivas con irregularidades o violaciones de estatutos.

La propuesta de reforma también elimina la «segunda convocatoria» de las elecciones de las directivas de las federaciones que se presenta como alternativa en la actual normativa, si los directivos no logran la mayoría simple para su primera reelección o el 75 % que exige la ley para la segunda reelección.

Así mismo, la reforma da la facultad al INDES de auditar la gestión de las federaciones, si estas no presentan sus estados financieros en el primer semestre de cada año o no rinden la información adicional que le sea solicitada por el INDES. Actualmente, el Consejo Directivo del INDES está facultado para aprobar auditorías.

El pliego de reformas deberá ser discutido en la Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa, que fue convocada por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, para el lunes 3 de marzo a las 2:00 p.m.

Diez cambios propuestos a la Ley general de los deportes

1. En principio, modifica el nombre de la Asamblea General de Federaciones y Asociaciones Deportivas a una «Asamblea General del INDES».

2. La propuesta elimina dos requisitos para los directivos de las federaciones o asociaciones deportivas: «estar de alguna manera vinculado al deporte» y «estar en pleno goce de sus derechos como miembro federado»; y mantiene tres requisitos: ser salvadoreño y mayor de 25 años, ser de moralidad y competencia notorias; y estar solvente con la hacienda pública y municipal.

3. También, suprime la facultad del Comité Directivo del INDES de emitir acuerdos para «normalizar el funcionamiento» de las federaciones que atiendan «los estatutos de cada federación» y lo sustituye por la facultad de notificar las violaciones estatutuarias o irregularidades de las federaciones nacionales a las federaciones internacionales.

Con la reforma, si la federación internacional no responde en 45 días hábiles, el INDES tendría la facultad de emitir acuerdos para garantizar el funcionamiento administrativo de las federaciones nacionales hasta que la federación internacional se pronuncie.

4. La propuesta aclara que las auditorías que el Consejo Directivo del INDES ya está facultado a aprobar serán para «fiscalizar la utilización de fondos públicos”.

5. Así mismo, reconoce a las federaciones su «autonomía e independencia en su organización, funcionamiento y toma de decisiones» pero se aclara que se refiere a las federaciones «reconocidas por el INDES», según el nuevo artículo 35 propuesto. La ley actual ya exige a las federaciones tramitar la personería jurídica con el INDES para fines de registro.

6. Así mismo, elimina la segunda convocatoria para la elección de la junta directiva de las federaciones si no obtienen los votos suficientes en las reelecciones, es decir, mayoría simple en primera reelección y 75 % de los votos en la segunda reelección.

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7. En el artículo 43, mantiene la prohibición de recibir remuneraciones para los directivos de las federaciones, se delimita la prohibición a cargos «financiados con fondos públicos» pero se elimina la disposición que regulaba una dieta de hasta 15 % con fondos propios.

8. La reforma también faculta al INDES a «efectuar auditoría de gestión a la Federación» que no le presente informe de actividades y estados financieros en los primeros seis meses del año, obligación que actualmente se establece para los primeros 10 días de abril, o que no le entregue «cualquier otra información que el INDES solicite».