Autor: Jessica Guzman

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a Cecilia Maribel Portillo Zuleta a diez años de cárcel y a pagar $26,000 por estafar a cinco personas.

Según la Fiscalía General de la República, la mujer se aprovechó de la confianza que tenía con las víctimas y las convenció para que invirtieran en una empresa, prometiendo ganancias del 15% cada mes.

La empresa era CFX LIFESTYLE ACADEMY. La estafadora les entregó a las víctimas un recibo y una página de inscripción, pero nunca recibieron ganancias.

Fue gracias a una noticia difundida en redes sociales que las víctimas se enteraron que desde junio de 2022 la empresa en mención ya no se encontraba operando por tener las cuentas congeladas.

Las víctimas nunca recibieron las ganancias prometidas ni se les devolvió el dinero invertido hasta la fecha; cuando la procesada recibía el dinero de las víctimas, la empresa ya no se encontraba operando en el país por tener congeladas las cuentas y estaba en procesos legales en su país de origen.

La condena de 10 años en prisión, la cumplirá al momento de su detención.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves la captura del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exdirigente del FMLN, Eugenio Chicas, por el delito de enriquecimiento ilícito, en perjuicio de la administración pública. El presidente Nayib Bukele comentó el arresto en su cuenta de X diciendo: «guerra contra la corrupción».

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador condenó el 12 de noviembre de 2024 a Chicas por el delito de enriquecimiento ilícito y fue condenado a reintegrar más de $173 mil al Estado.

«Este día, se ha ejecutado la captura de Eugenio Chicas Martínez, por el delito de enriquecimiento ilícito, en perjuicio de la administración pública. Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días», informó la Fiscalía en su cuenta de X.

La Fiscalía dice que Chicas «debe reintegrar más de $200,000 al Estado».

Según la Fiscalía, Chicas deberá responder penalmente ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días.

En la condena de noviembre, la Cámara determinó que Chicas no logró justificar las irregularidades presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) de aumento patrimonial.

Chicas fue demandado en un principio por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes. Sin embargo, se desestimaron dos de las irregularidades planteadas por el ente fiscal, reduciendo más de $78 mil de la acusación. En ese sentido, Eugenio Chicas deberá reintegrar al Estado un total de $173,705.57.

Las irregularidades ocurrieron durante los años de 2009 y 2021, cuando desempeñaba los cargos de magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, director propietario de la junta directiva del Registro Nacional de Personas Naturales, secretario de comunicaciones de la Presidencia de la República y diputado propietario del Parlamento Centroamericano.

En el caso, también se procesó a su esposa, Blanca Stefany Ayala Martínez por dos inconsistencias que suman $11,282 que deberá regresar al Estado. Así como a su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, por $1,080.44.

Por otro lado, su exesposa, Ana Lucía Ramírez Ayala, fue condenada por siete inconsistencias en depósitos en efectivo, cheques y adquisición de vehículo y deberá reintegrar un monto de $16,489.50.

En total a Eugenio Chicas y su grupo familiar deberán reintegrar la suma de $202,557.51. En un inicio, al exfuncionario y familia se le demandó por más de $282 mil.

Chicas fue diputado del FMLN en la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, también fue Secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén y magistrado del TSE en varios periodos. Ha sido un duro crítico del presidente Bukele con quien se enfrentó en un caso por difamación en marzo de 2019, caso que le ganó al hoy mandatario.

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exdirigente del FMLN, Eugenio Chicas fue detenido este jueves cuando regresaba de dejar a su hijo en el colegio, informó la abogada Ruth Eleonora López.

Las autoridades no han revelado aún los motivos de su detención.

A las 7:12 de la mañana la abogada publicó en su cuenta de X sobre la detención de Chicas.

“Informa la familia de Eugenio Chicas, que lo han detenido mientras dejaba a su hijo en su centro de estudio. Nayib Bukele le sacaría tarde o temprano no solo los $50,000 que le pagó en el proceso en el que le dobló el brazo por haberlo calumniado sino por sus fuertes opiniones”, publicó.

López se refería a un juicio por difamación en el que Bukele pagó a Chicas esa cantidad, en marzo de 2019 en concepto de responsabilidad civil.

Informa familia de @EugenioChicas que lo han detenido mientras dejaba a su hijo en su centro de estudio.@nayibbukele le sacaría tarde o temprano no solo los $50,000 que le pagó en el proceso en el que le dobló el brazo por haberlo calumniado sino por sus fuertes opiniones.

— Ruth Eleonora López #DerechoElectoral (@Ruth_Lopez1977) February 13, 2025

López confirmó a Diario El Mundo la detención, pero dijo que no conocía más detalles, y que la familia publicará información.

La esposa de Chicas, Steffany Ayala, informó en X sobre la detención del exfuncionario y expresó su preocupación por sus padecimientos de salud.

«Eugenio Chicas fue detenido cuando venía caminando del colegio de nuestro hijo. Me escribió “Me capturaron”. Iniciamos su búsqueda porque desconocemos a dónde lo llevaron. Lo desaparecieron. Eugenio padece de hipertensión, corazón y diabetes, sin sus medicamentos no sobrevive», escribió Ayala.

En noviembre pasado, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador condenó a Chicas por el delito de enriquecimiento ilícito y fue condenado a reintegrar más de $173 mil al Estado.

Chicas fue diputado del FMLN en la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y Secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Jorge Castaneda, anunció que junto al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf) y de la Asociación Salvadoreña del Agua (ASA) están trabajando en la creación de la Escuela del Agua.

Castaneda explicó que buscan que exista un mayor control de calidad de las intervenciones que se hacen en reparaciones y “esto pasa por capacitar a todas las personas involucradas en los procesos de reparación.”

“Para ello, estamos trabajando de la mano de Incaf y de la ASA, la creación de una Escuela del Agua, lo que significa que se va a tecnificar a aquellos profesionales de manera aplicada y una vez pasen por este proceso de formación tendrán unas grandes posibilidades de ser parte de la institución, en los diferentes ámbitos de la institución y servirle mejor a la población.”
Jorge Castaneda,
Presidente de ANDA.

Castaneda agregó que buscan formar a los mejores fontaneros y técnicos de diferentes áreas del país y de diferentes niveles de conocimiento en lo que se refiere a tuberías, prevención, reparación, distribución de agua, etc.

“Queremos formar a los mejores fontaneros del país, aquellos que tengan un nivel de manipulación de sistemas que sean de tres pulgadas de diámetro, o de media pulgada, una pulgada de diámetro, es decir más de tipo domiciliar, pero a otros se les va a formar con el uso de sistemas más complejos, estamos hablando de tubería de mayor diámetro, de equipo electromecánico, de bombas, de tanques hidroneumáticos,” dijo el presidente de ANDA.

Castaneda dijo que todo esto obedece a un proceso de transición y la instalación de sensores, además de haber creado una oficina de transformación digital, ya que le apuestan a la inteligencia artificial.

“Esperamos que a partir del mes de mayo tengamos implementados los primeros sistemas en dónde se utilice inteligencia artificial para tomar decisiones, además le apostamos al capital humano y que ese capital humano esté capacitado,” detalló.

Sin embargo el funcionario no aclaró si buscarán nuevo personal o capacitarán y tecnificarán al personal que ya emplea la ANDA.

Representantes de más de 18 comunidades de San Bartolomé Perulapía, municipio de Cuscatlán Norte, en el departamento de Cuscatlán, llegaron a las oficinas de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) para presentar solicitud de información sobre la perforación de un pozo, para expresar su preocupación por la escasez de agua que sufren y que con ese pozo se agudizará.

Manuel de Jesús Aparicio, uno de los habitantes afectados, explicó que el municipio sufre de estrés hídrico, y que la poca agua que reciben les llega de San Pedro Perulapán, un distrito contiguo, y ahora ven más amenazas con la perforación de un pozo de uso industrial y comercial, ubicado en el cantón Pueblo Viejo, en San Bartolomé Perulapía.

“Esto es preocupante y nos preguntamos ¿Cuál es la función de la Autoridad Salvadoreña del Agua? Porque la ASA debe garantizar que hasta el último habitante de las comunidades tenga agua, pero lo que nosotros vemos es que dan permisos sin haber ido al municipio, sin haber analizado qué es lo que está pasando, hacer un estudio de impacto ambiental, mandar a los especialistas e inspeccionar cómo afectará ese pozo”, aseveró.

Por su parte, Zulma Rodríguez, también habitante del distrito pidió, ante los medios de comunicación, a la ASA que ya no permita más perforaciones de pozos, que solo aumentan la escasez de agua.

“Queremos hacer un llamado a la ASA que ya no siga permitiendo la perforación de pozos, nosotras como amas de casa somos las más afectadas con el tema del agua, agua ya no tenemos, los problemas se han agudizado desde el año pasado, el agua se nos está quitando, ha habido veces que hasta cinco días hemos pasado sin agua y ahí no llega ni una pipa con agua, ahí no se acerca nadie para ver los problemas de la comunidad”.
Zulma Rodríguez,
Habitante de San Bartolomé Perulapía.

La solicitud

La solicitud fue a nombre de una de las habitantes del distrito en representación de las comunidades Los Planes, El Progreso, La Virtud 1,2 y 3; Pueblo Viejo, El Calvario, Bosques de Perulapía, El Triunfo, Brisas del Calvario, Utalco, Providencia, Pasaje las Flores, barrio El Centro, comunidad Prado, La Valencia, El Rodeo, Buenos Aires, que forman parte del distrito.

Específicamente piden “Que nos sea entregado el estudio hídrico que ha sido presentado por el señor titular del permiso de explotación de agua que se solicita, cuyos fines son industriales y comerciales, con una demanda de 610 metros cúbicos de agua por año, ubicado en el cantón Pueblo Viejo de San Bartolomé Perulapía…”.

Para entregar la solicitud tuvieron algunas trabas, ya que un empleado de seguridad les dijo que solo podían entrar dos personas y las demás que eran unas 15, tenían que alejarse hasta la otra acera; un segundo empleado incluso les dijo que llamaría a la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil.

Luego de unos minutos entraron, pero salieron sin ser recibidos porque “nadie” les recibía el documento, el empleado de seguridad llamó a otro, quien los acompañó hacia adentro de la ASA. Al salir comentaron que sí les recibieron, pero que “nos dieron un correo electrónico, para que enviemos este documento, con las firmas anexas y entonces programarán una inspección”, explicó Claudia Asencio una de las dos personas que entraron con la solicitud.

Alejandro Henríquez, del Foro del Agua cuestionó y dijo que “estas solo son prácticas para obstaculizar las peticiones de las comunidades”.

Un documento publicado por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) en su portal de transparencia, con referencia ASA-IFEX-N0156-2024, señala que otorgó la inscripción de pozos perforados y artesanales en un inmueble ubicado en el cantón Pueblo Viejo de San Bartolomé Perulapía, el 29 de agosto de 2024.

El documento señala que el pozo tiene o tendrá 110 metros de profundidad, dos metros de diámetro de perforación y 0.15 metros de diámetro de revestimiento.

Son más de 80,000 cuentas las que tienen saldo a favor para el ciclo de facturación de ANDA en febrero, indicó el presidente de ANDA, Jorge Castaneda.

Quienes pagaron su recibo de agua hasta por $30 antes del anuncio del presidente, Nayib Bukele, el 14 de enero, tienen saldo a favor en la facturación de febrero.

“Si la persona hizo el pago antes del anuncio de alivio económico que hizo el presidente, en ese caso si era elegible, es decir que fuera factura domiciliar y que fuera igual o menor a $30, pero si ya había hecho el pago, y si esa factura era de $20, entonces tiene un salgo a favor en la factura que comienza a llegar en febrero y si esa factura de febrero es de $10, entonces esa factura está cancelada y le tendrá que llegar un recibo que diga pagada”, explica Castaneda.

También explicó, tomando el ejemplo de los $20 de enero que ya pagó y si la factura de febrero es de $25, solo tendrá que pagar $5.

El funcionario dijo que del universo de cuentas que suman 880,000, unas 770,000 eran elegibles para el subsidio y que, de esas, son 80,000 las que tienen subsidio a favor en febrero.

“Si quiere consultar el saldo de su cuenta o pagar su factura puede escribir al WhatsApp 7838-1462 o a nuestro call centrer 915”, dijo Castaneda.

El pasado 14 de enero, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció «una medida de alivio» de cancelar los recibos de agua y energía de la población salvadoreña en el mes de enero, que no sobrepasaran los $30 y $80, respectivamente. Bukele dijo que esto beneficiaba al 95 % de la población.

Un grupo de socios afectos por el desfalco en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI de R.L.)informaron el martes que enviaron una segunda carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) donde solicitaron que la transparencia de parte del gobierno salvadoreño sobre el desfalco en la cooperativa, sea considerada un indicador relevante en la evaluación de cumplimiento para el acuerdo de $1,400 millones.

“Considerando el reciente acuerdo técnico alcanzado entre el FMI y el gobierno de El Salvador bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF), que FMI considere el caso COSAVI como un indicador relevante en la evaluación de cumplimiento, ya que evidencia de manera clara la fragilidad en áreas clave como la gobernanza, la corrupción, la discrecionalidad, el lavado de dinero y el deterioro del sector financiero”, solicitan los afectados mediante la carta.

La información la dieron frente al edificio de la Superintendencia del Sistema Financiero, en donde hicieron una protesta contra la titular de esa entidad, Evelyn Gracias, donde exigen al gobiero les devuelvan sus ahorros.

El vocero de los afectados COSAVI, Juan José Ortiz, explicó que sobre la primera carta que le enviaron a la entidad financiera internacional a inicio de enero fue recibida y esto fue lo que les respondieron:

“Fueron muy diplomáticos. Nos agradecieron por darles a conocer un caso que no conocían y esto es bien interesante: ¿Cómo es posible que el gobierno y el Fondo estén a punto de firmar un acuerdo por $1,400 millones y el Fondo Monetario no se entera que en COSAVI se roban $35 millones, en otra cooperativa $49 millones y que prácticamente todo el Sistema cooperativo está colapasando”.
Juan José Ortiz,
Vocero de afectados de COSAVI

Esta segunda carta enviada al FMI le detallan la afectación económica por el riesgo “de liquidez del sistema financiero cooperativo, se pone en riesgo por la sustracción o desfalcos en casos como ACOTEMIC y ACOMATIC ($49 millones) y otras cooperativas que presentan los mismos problemas que COSAVI”.

Cuestionan además la intervención y discrecionalidad en el manejo de recursos privados por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ya que la superintendente nunca se ha reunido con los socios, por la reserva de información sobre el caso que “no contribuye a generar un clima de confianza y certeza jurídica, debilita el estado de derecho y no contribuye a la gobernanza y al fortalecimiento de las instituciones garantes de control”.

En este sentido, específicamente piden al FMI es que si el gobierno no accede a la publicación de información transparente sobre los avances en la resolución del caso COSAVI, y paguen a los socios ahorrantes, lo tome en consideración como indicador de transparencia para el acuerdo.

La carta fue enviada al jefe de Delegación del FMI, Washington, D.C. Raphael A. Espinoza, y está firmada por Pablo Bracamonte, quien preside la junta directiva de afectados COSAVI y los otros cinco miembros de ella.

Ayer, los afectados de COSAVI también denunciaron la muerte de una cuarta persona que tenía sus ahorros depositados en la cooperativa, y que, el estrés de la situación le detonó complicaciones en sus enfermedades.

Ya han pasado diez meses, desde que el desfalco fuera revelado. Fue el 9 de mayo cuando la FGR anunció que procesaba judicialmente a 32 personas, entre ellos, ocho directivos de COSAVI, de R.L., por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

El fraude asciende a $35 millones, según reveló el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ese día.

La SSF ha anunciado la entrega del dinero por capas. El 14 de enero se habilitó la capa de $35,000, pero los afectados rechazan ese mecanismo, ya que aseguran no les resuelve el problema a la mayoría, ya que muchos tienen ahorros de más de esa cantidad, a otros no se los entregan porque no han vencido sus plazos y otros tienen varios productos que sumándolos superan ese monto.

Un grupo de afectados por el fraude millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI de R.L.) llegaron nuevamente frente a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para hacer varias denuncias, una de ellas, el fallecimiento de “una cuarta víctima del caso COSAVI”.

El fallecido es Guillermo de Jesús Castaneda Soto, quien según informó su hermano, Eduardo Castaneda Soto, y el vocero de los afectados, Juan José Ortiz, presentó un cuadro de depresión a raíz del fraude en la Cooperativa que culminó con una “pulmonía severa” que acabó con su vida.

“Siento un gran dolor por la muerte de mi hermano. Él cada vez que se levantaba en la mañana y habría sus ojitos, lo primero que preguntaba era: “¿Qué saben de COSAVI?” Casi diez meses de estar haciendo la misma pregunta, pero el estrés y todo esto le causó la muerte. Gracias a Dios ya está en el cielo, yo siento un gran vacío… espero que la muerte de mi hermano sirva para continuar. No pedimos limosna, queremos nuestros fondos, nuestro sacrificio”.
Eduardo Castaneda Soto,
Hermano del fallecido.

Ortiz, vocero de los afectados de COSAVI, responsabilizó a la superintendente y le hizo un nuevo llamado para que se reúna con ellos en búsqueda de una solución viable, ya que rechazan el método que ha empleado la SSF de entregar el dinero por capas.

“El llamado es para la superintendencia, ¿cuántos muertos más tienen que pasar para que se siente a dialogar con la Junta Directiva alternativas de solución? Señora superintendente, la responsabilizamos de la cuarta muerte y la invitamos a sentarse con la junta directiva (de los afectados de COSAVI) alternativas de solución”, dijo el vocero de este grupo de afectados.

Los afectados acusan directamente al gobierno por tenerles “secuestrados sus ahorros” y exigen que se les devuelva, ya que muchos socios afectados no tienen dinero para subsistir, ni para sus tratamientos médicos.

“Lamentable la actitud del gobierno. Aquí hay que decirle al pueblo salvadoreño que no era el señor (Manuel) Coto quien tenía secuestrado nuestro dinero, es el Estado salvadoreño el que tiene secuestrado cerca de $230 millones en activos para respondernos a los afectados. Ni la captura, ni la lamentable muerte del señor Coto nos resuelve a los afectados, es la Superintendencia del Sistema Financiero la que tiene secuestrado ilegalmente nuestro dinero, y lamentamos particularmente que el presidente de la República no se pronuncie por el caso”, señaló.

Megáfono en mano, otro de los socios afectados, Julio Flores, exigió a la superintendente frente al edificio de la SSF “empatía”, “que nos entreguen nuestros ahorros”, dijo.

“Yo vivía de los intereses que me daba COSAVI y aunque no eran grandes intereses me permitía llevar una vida digna, ahora Dios sabe cómo estoy subsistiendo, pero lo estoy haciendo, y voy a seguir hasta que recuperemos hasta el último centavo que usted (Evelyn Gracias) y el Estado salvadoreños nos tienen secuestrado en este momento. Necesitamos, de parte de ustedes, empatía solamente señora Evelyn Gracias, señor Nayib Bukele, señores de la bancada cian, sí, lo único que les estamos pidiendo es que nos entreguen nuestros ahorros”, repitió Flores.

El 14 de enero la SSF habilitó la última capa de hasta $35,000, sin embargo, los socios aseguran que no les están entregando porque los plazos no han vencido, si se trata de certificado de aportación o si el afectado posee otros productos que suman monto mayor a la capa habilitada. También denuncian que no se les entregan los intereses de sus ahorros.

Los afectados aseguran seguirán realizando protestas y presionando para recuperar sus ahorros.

El Cuerpo de Bomberos sofocó un incendio la mañana de este lunes en un edificio en la 1ª Avenida Sur, entre la 5.ª y 7.ª calle Oriente, en Santa Ana.

«Ejecutamos maniobras de control para evitar la propagación del fuego y proteger las estructuras cercanas. No se reportan personas lesionadas», informó Bomberos en su cuenta de X.

Según la información preliminar, en el lugar del siniestro funcionaba un gimnasio y las llamas pudieron haber por un corto circuito.

En 2024, la Dirección General de Protección Civil registró más de 4,900 incendios a nivel nacional, un incremento del 10 % comparado con el año anterior, según los datos estadísticos de cuatro informes del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT).

De 4,930 incendios, 771 se contabilizaron de tipo estructurales, 533 en vehículos, 312 en basureros, 165 fueron de tipo forestal y 44 fueron relacionados con tambos de gas.

Bomberos le recuerda a la población que ante cualquier emergencia marque el 913.