Autor: Jessica Guzman

Los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron el lunes el dictamen favorable para la ratificación de la adhesión a la «Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales».

La jefa de negociación de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Margaret Meza, explicó a los diputados de la Comisión que esta adhesión busca emplear las comunicaciones electrónicas en la formación o el cumplimiento de contratos entre partes o sujetos cuyos establecimientos estén ubicados en distintos Estados.

También, explicó que hay exclusiones “para los contratos personales, las operaciones bursátiles, los instrumentos financieros y documentos transferibles como letras de cambio o conocimientos de embarque» y por principio de autonomía.

«Las comunicaciones electrónicas tienen la misma validez que las físicas, en ese sentido le da la certeza jurídica a las partes».
Margaret Meza, jefa de negociación de tratados, Cancillería.

Una comunicación electrónica es la que se establece por email, fax, EDI, entre otros, de información generada o archivada electrónicamente.

Con esta adhesión, buscan darle «un mensaje a inversionistas del exterior» que El Salvador «es un Estado moderno, a la vanguardia de todos los mecanismos para darle una estabilidad jurídica a las empresas».

«Se ha comprobado que en los Estados que han aprobado estas convenciones hay un aumento en el sector de tecnologías y de la información y hay reducción de costos transaccionales, porque el gobierno está muy enfocado también a simplificar los trámites y ser un gobierno más electrónico», expuso Alba Sánchez, miembro de la Dirección de Relaciones Económicas de Cancillería.

Sánchez aseguró que, con la adhesión al convenio, se van “a generar oportunidades para este 90 % del empresariado», lo cual ayudaría a que incursionen en un «sector más formal y sean beneficiarios de los incentivos y de todos los beneficios que trae el comercio exterior».
Agregó que “el Estado le brinda ese aparataje legal a los comerciantes, para que puedan tener la tutela de sus derechos».

Los diputados emitieron dictamen favorable para que la Convención sea ratificada en pleno este martes.

Los u003cstrongu003etribunales y cu00e1maras contra el crimen organizadou003c/strongu003e seru00e1n los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de la u003cstrongu003eejecuciu00f3n de las penasu003c/strongu003e que impongan a los u003cstrongu003econdenados por delitos en la Ley Contra el Crimen Organizadou003c/strongu003e, según dictamen favorable emitido este lunes por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.nnSe trata de la u003cstrongu003ereforma a la Ley contra el Crimen Organizadou003c/strongu003e para regular lo relativo a la autoridad judicial competente que controla la fase de ejecución de la pena impuesta.nnu003cstrongu003eEsta reforma ya había sido conocida en la Comisión el 11 de febrero, pero los diputados decidieron dejarla pendiente, aunque no hicieron ningún cambio a la misma.u003c/strongu003ennLa primera reforma introduce un inciso entre el tercero y cuarto del artículo 3 que indica: “u003cstrongu003eLos tribunales y cu00e1maras contra el crimen organizado seru00e1n los encargados de vigilaru003c/strongu003e y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas que impongan en el ejercicio de sus competencias, así como las demu00e1s atribuciones impuestas a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en la ley penitenciaria, en lo que sea aplicable».nnLa segunda reforma es una disposición transitoria: “Los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que en la actualidad se encuentren conociendo en la fase de penas impuestas en base a esta ley continuaru00e1n con el control de las mismas hasta su cumplimiento total”.nnEl presidente de la Comisión, u003cstrongu003ediputado Caleb Navarrou003c/strongu003e, de Nuevas Ideas, explicó que, el 11 de febrero, conocieron la reforma y recibieron al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien explicó “que el juez se hace especialista en el caso del crimen organizado, de cómo se van conformando las estructuras pandilleriles y ellos tienen la capacidad de darle seguimiento en la fase de la ejecución de la pena”.nnTambién, señaló que habían consultado en ese momento si esto no iba a provocar congestionamiento en el trabajo de los jueces y fue el magistrado u003cstrongu003epresidente de la Sala de lo Penalu003c/strongu003e, u003cstrongu003eAlejandro Antonio Quinterosu003c/strongu003e, quien sugirió que se necesitaría de apoyo.nn“Esta comisión preguntó si no iba a causar algún tipo de congestionamiento judicial, es decir, si iban a poder los jueces contra el crimen organizado poder llevar la ejecución de la pena y poder llevar su día a día con el trabajo y la carga judicial; y si ustedes se recuerdan que el magistrado presidente de la Sala de lo Penal dijo que sí era posible, pero bajo un apoyo, solicitando un apoyo. Ya seru00e1 la Corte Suprema de Justicia la que haga las gestiones pertinentes si ellos desean un apoyo a este asunto, él explicaba de meter uno o dos jueces de refuerzo”, recordó Navarro.nnEl u003cstrongu003ediputado Walter Coto, de Nuevas Ideasu003c/strongu003e, recalcó que con esta reforma se garantiza que seru00e1n los mismos juzgados especializados que impongan la pena los que le den seguimiento a la ejecución de la misma.nnu003cblockquoteu003enu003cpu003e“Ahora lo que se va a hacer, que los mismos juzgados de las cu00e1maras de vigilancia, ellos van a imponer la pena y a la vez van a estar vigilando que la pena correspondiente se dé conforme a la ley, debemos recordar que estamos hablando de terroristas».nu003cstrongu003eWalter Coto, de Nuevas Ideas.u003c/strongu003eu003c/pu003enu003c/blockquoteu003ennLos diputados emitieron dictamen favorable a la reforma y sería aprobada en la sesión plenaria ordinaria número 50 de este martes 1 de abril.

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) denegó información sobre los deportados, sus condenas y su vinculación con la pandilla «Tren de Aragua», luego de una solicitud de información de la asociación Cristosal, informó dicha oenegé.

La organización aseveró, luego de la denegación de información, que esta denegatoria de información puede implicar detenciones secretas, desapariciones forzadas y posibles delitos de «lesa humanidad».

El 16 de marzo recién pasado, el gobierno salvadoreño publicó la deportación de al menos 261 personas provenientes de Estados Unidos que fueron trasladadas al sistema penitenciario salvadoreño e internadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El gobierno de Donald Trump ha señalado que 238 de estos deportados son miembros del Tren de Aragua, declarada como organización terrorista el primer día de su gobierno, aunque ha dicho que deportó a 111 de ellos bajo la norma migratoria Título 8.

Cristosal relató ayer que solicitó información a la DGCP sobre: «La cantidad exacta de las personas venezolanas que fueron deportadas a El Salvador desde EE.UU que se trasladaron al CECOT, el listado con sus nombres, cuántas tenían una condena previa en Estados Unidos, y quiénes están vinculadas a la pandilla denominada Tren de Aragua».

Sin embargo, cuenta que, el 27 de marzo, la DGCP resolvió denegar el acceso a la información solicitada, argumentando que “se trata de datos personales (confidenciales) y porque se ha establecido una reserva en virtud del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en sus literales b, d, f y g; relativos a información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.

La organización no gubernamental consideró que «las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos» sobre la deportación y el ocultamiento de datos «ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales» viola el derecho internacional de los Derechos Humanos y «pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados».

En su análisis jurídico, Cristosal recalcó que el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada establece que ninguna persona será detenida en secreto y que norma obligaciones estatales para prevenir que las personas en custodia de autoridades penitenciarias sean víctimas de desaparición forzada.

También, advirtió que las personas sometidas a custodia del Estado tienen derecho a comunicarse con sus familiares, abogados o cualquier persona de su elección, así como a recibir visitas. «Lo anterior presupone que los Estados deben mantener registros públicos oficiales de las personas detenidas y ponerlos a disposición de las distintas entidades y autoridades que puedan tener interés en la identificación de personas que pueden ser víctimas de desaparición forzada«, señaló.

La organización citó que el artículo 20 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada reconoce que el acceso a la información sobre personas en custodia del Estado solo puede restringirse bajo supervisión judicial y por causas excepcionales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece, en el artículo 7, que la deportación o traslado forzoso y la desaparición forzada son delitos de lesa humanidad que habilitan la competencia de la Corte.

El gobierno salvadoreño llegó a un acuerdo con la administración Trump para recibir criminales extranjeros de los Estados Unidos, recluyéndolos en el CECOT, a cambio de una tarifa que asegura podrá sostener parte del costo del sistema penitenciario salvadoreño. Por los 238 venezolanos, EE.UU. pagaría $6 millones anuales. La reclusión es por un año renovable.

Los salvadoreños podrán consultar edictos judiciales de forma electrónica a partir del 1 de abril, informó la Corte Suprema de Justicia, que detalló pretenden fortalecer el acceso a la información y la celeridad procesal en los tribunales.

“La Corte Suprema de Justicia informa a la ciudadanía y a las partes procesales de los tribunales contra el crimen organizado que, en cumplimiento del Acuerdo No 3-P de fecha 25 de febrero de 2025, se ha implementado la plataforma digital “Edictos Judiciales – El Salvador”, indicó.

Será un espacio oficial donde podrán consultarse «de manera ágil y segura» los edictos judiciales emitidos por estos tribunales.

La plataforma comenzará a funcionar el próximo martes 1 de abril. La CSJ busca facilitar de esa forma, «el acceso a la información judicial» y la «eficacia en los procesos», según el artículo 163 del Código Procesal Penal, que establece «la posibilidad de utilizar medios digitales para la publicación de resoluciones cuando se desconozca el paradero de la persona a notificar”.

La CSJ recalca que esto es parte de la modernización del sistema judicial para fortalecer el acceso a la información y la celeridad en los tribunales del crimen organizado.

La organización Acción Ciudadana (AC) determinó que el proceso de evaluación para la elección del fiscal general de la República, de donde resultó reelecto Rodolfo Delgado para el período 2025-2028, tuvo una calificación del 29.6 en una escala de 0 al 100.

Según la AC, los cuatro criterios de evaluación que se utilizan según estándares internacionales tuvieron una baja calificación: publicidad y transparencia (45.4%); igualdad de condiciones y no discriminación (50%); estándar de participación de la sociedad civil (20%) y el estándar de selección con base al mérito y capacidades, este último tuvo el cumplimiento más bajo con (6.2%).

Entre algunos de los aspectos (de los 15) que no se le dio cumplimiento en este estándar (de selección con base al mérito y capacidades) es que no se utilizó un baremo que tuviera la manera de calificar, por ejemplo, la trayectoria, la experiencia de los candidatos, tampoco hubo un cuestionario estandarizado de preguntas, que permitiera ahondar y profundizar en los conocimientos de forma amplia de los dos candidatos”.
Norma Orellana, investigadora del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana.

Esto también lo justifica el informe, con un detalle de cómo se realizaron las entrevistas a cada uno de los dos únicos candidatos que se postularon para titular de la Fiscalía General de la República que fueron el abogado Gonzalo Octavio Ayala López y Rodolfo Delgado, el fiscal electo desde el 1 de mayo de 2021, que buscaba la reelección.

“Un aspecto clave respecto a otras elecciones es que en este proceso hubo escasas participación de candidatos, situación que podría estar relacionada con la desconfianza, en tanto existían motivos para considerar que la Asamblea Legislativa se inclinaría por la reelección de Delgado, afectando la legitimidad del proceso”, explicó.

En las entrevistas que realizó la Comisión Política de la Asamblea Legislativa a los dos postulantes, se observaron grandes diferencias, desde la duración total de las entrevistas como el número y tipo de preguntas a cada uno.

La entrevista de Gonzalo Octavio Ayala López duró 41 minutos con 90 segundos y los diputados le lanzaron 11 preguntas.

En cambio, la entrevista a Rodolfo Delgado duró 2 horas 3 minutos y 14 segundos, con un total de 22 preguntas.

Acción Ciudadana también cuestionó, entre los aspectos que no se cumplieron, que no hubo convocatoria de participación a la sociedad civil para asistir a las entrevistas, para que pudieran emitir opiniones y recomendaciones.

Para finalizar, Acción Ciudadana, con base al monitoreo de mapa de riesgo, calificó con bandera roja la elección de Delgado por las deficiencias que se evidenciaron en el cumplimiento de los estándares internacionales.

Recomendaciones

Las recomendaciones que da Acción Ciudadana a la Asamblea Legislativa para elecciones de segundo grado, en primer lugar, que elabore un manual de selección de funcionarios, con el que defina el perfil, requisitos para optar al cargo, procedimiento, plazos, criterios de evaluación, cumplimiento de estándares internacionales. Además de un cuestionario de preguntas estandarizado, un baremo para evaluar experiencia y trayectoria profesional de los candidatos, que la Asamblea publique toda la información y de acceso a la población.

El Concejo Municipal de La Paz Este, liderado por la alcaldesa y ex diputada Marcela Pineda decidió derogar siete decretos de ordenanzas municipales que actualizaban y estandarizaban entre sus tres distritos tasas municipales, montos de matrículas de negocios como de licencias de funcionamientos, así como multas en casos de maltrato animal.

La información fue publicada en el Diario Oficial del recién pasado 21 de marzo: “Qué el Concejo Municipal de La Paz Este, respaldando la gestión de nuestro presidente Nayib Bukele Ortez, específicamente en las medidas de alivio económicas, resulta necesario realizar los siguientes ajustes a aplicar en el municipio de La Paz Este, con el objeto que la población de nuestro municipio tenga el respaldo del gobierno central y de este concejo municipal”.

Uno de los decretos derogados fue publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo pasado, tres días antes de que el presidente, advirtiera a las alcaldías que debían derogar incrementos en tasas municipales, licencias de funcionamientos y otros.

Este decreto derogado establecía la Ordenanza reguladora de tasas municipales por servicios públicos prestados al sector comercio, financiero, agrícola, industrial y de servicios, centros comerciales, régimen de condominios e instituciones públicas del municipio de La Paz Este.

Esta ordenanza explicaba que en los distritos de Zacatecoluca, San Rafael Obrajuelo y San Juan Nonualco las tasas municipales eran “desiguales y desproporcionadas, así como también los costos de los servicios se han incrementado generando un déficit tributario que conlleva que sea insostenible los ingresos y se tenga que tomar fuentes externas para cumplir con fines municipales”, Por lo que “en virtud de lo anterior es necesario el establecimiento de las tasas tomando en cuenta que su cauntía cubre los costos para la prestación de servicios más eficientes a la comunidad y dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los habitantes …”, argumentaba la ordenanza, sin embargo, fue derogada.

A pesar que el 15 de marzo, luego de la advertencia del presidente, la alcaldesa Pineda publicó en su cuenta de X «Presidente, en la Paz Este acompañamos su visión, por lo que desde el inicio de nuestra gestión bajamos las tasas por cobros de licencia funcionamiento permitiendo que los micros y pequeños empresarios paguen ahora solamente $1 para renovar su licencia. Seguiremos trabajando en equipo para construir el municipio que queremos», Efectivamente esta ordenanza derogada establecía que la licencia por el funcionamiento de pequeños comercios de personas naturales deseados a la venta de productos y servicios de terceros al detalles como tiendas, carpinterías, estéticas de belleza, sastrerías, costurerías, kioscos, con solo una sucursal con activos fijos anuales inferior a $5,000 solo pagaran $1 en concepto de licencia de funcionamiento al año y con activos fijos anuales de $5,000.01 pagaba $10 anuales.

Así como la Alcaldía de La Paz Este, varias han reaccionado derogando decretos que en su momento argumentaron necesarios.

En cuando a las derogaciones de las ordenanzas, los concejos no han explicado a su población específicamente cómo quedan las condiciones de las tasas, licencias de funcionamiento y otros cobros.

Decretos derogados por la Municipalidad de la Paz Este

DO 146 de fecha 31 de julio 2924 Decretos 4, 7 y 6 No se encontró ese Diario Oficial.

DO 147 de fecha 7 de agosto 2024 Decreto 5 Ordenanza de emisión de solvencias municipales y planes de pagos del municipio de La Paz Este.

DO 164 de fecha 30 de agosto 2024 Decreto 8.

Ordenanza reguladora del funcionamiento, organización, administración y operación de los mercados y plazas distritales del municipio de la Paz Este.

DO 188 de fecha 3 de octubre 2024 Decreto 11 Ordenanza para la Protección y el Bienestar de los Animales de Compañía y Animales Silvestres de La Paz Este

DO 49 de fecha 11 de marzo 2025 Decreto 20 Ordenanza reguladora de tasas municipales por servicios públicos prestados al sector comercio, financiero, agrícola, industrial y de servicios, centros comerciales, régimen de condominios e instituciones públicas del municipio de La Paz Este.

Hoy se cumplen tres años desde que el gobierno impuso, el 27 de marzo de 2022, el régimen de excepción como respuesta a un fin de semana violento que sumó más de 80 fallecidos a manos de pandillas.

El gobierno asegura que, con el régimen de excepción, ha capturado a más de 85,000 personas, según datos conocidos el 4 de marzo pasado, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la 36.ª prórroga.

Rafael Francisco Góchez, analista, es uno de los defensores del régimen, asegurando, según proyecciones de inteligencia artificial, que gracias a la medida se han salvado de morir unos 4,000 salvadoreños.

«El régimen de excepción en El Salvador habría salvado entre 3,000 y 4,000 vidas en 3 años, según proyecciones de Grok IA basadas en la década previa, sin contar el daño social evitado por la reducción de la violencia de las pandillas.»

También el pastor Toby Jr., del Tabernáculo Bautista, señala cambios positivos en la sociedad a partir del régimen.

«Si no estuviera el régimen, estaríamos con un ‘negocio’ floreciente de funerarias, como lo estuvimos por muchos años. Las tiendas en las colonias no estarían creciendo ahora. Después de tres años del régimen, las iglesias han decrecido. Lo que pasa es que la gente está cómoda en su colonia y puede ir a la iglesia de su colonia. Agradecidos estamos todos», asegura Toby Jr.

Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Cristosal, Fespad, Idhuca, Servicio Social Pasionista, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Asociación Azul Originario y Amate, presentaron un informe de violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción y contabilizan 6,689 denuncias de inocentes capturados. Solo 36 casos lograron libertad con medidas sustitutivas.

Según expuso Gabriela Santos, del Idhuca, los datos recogidos por denuncias sobre personas inocentes capturadas por el régimen han dejado en evidencia condiciones precarias que sufren en los centros penales, como hacinamiento, escasez de agua, y negación de atención médica y medicamentos, incluso para mujeres embarazadas, y tratos crueles, según el informe de violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción que presentaron las organizaciones.

El informe fue elaborado a partir de testimonios de inocentes que fueron capturados y han logrado su libertad, aunque con medidas sustitutivas, y de familiares que han denunciado las capturas y lo que han logrado indagar sobre lo que ocurre en los penales.

Según los testimonios, hay celdas diseñadas para diez personas, pero hasta 30 personas llegaron a estar en grupos de hasta 60. En muchos casos, celdas para diez personas llegaron a ser ocupadas por 60 y hasta 100.

Entre los derechos humanos más vulnerados en los centros penitenciarios se denuncia la negación al derecho de acceso a la justicia, es decir, no les dan derecho a un abogado, tampoco derecho a la salud, y «los testimonios evidencian la grave situación de abuso y explotación que enfrentan las mujeres en los centros penales, la falta de acceso a productos de higiene de primera necesidad, que incluso se convierte en un medio de violencia sexual por parte de custodios», explicó Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.

«El agua también era escasa. Ponían una cubeta, de esas de pintura, afuera de la celda. Y solo un vaso. Con ese vasito nos tocaba tomar 4 onzas de agua en la mañana y 4 onzas de agua en la noche. Solo para eso nos alcanzaba», testimonio de una mujer embarazada.

También denuncian que la alimentación era insuficiente. «El primer alimento que me dieron fue una cucharada de frijoles, dos tortillas y una cucharada de arroz. El siguiente alimento nos lo dieron al día siguiente, hasta las dos de la tarde. Era un solo tiempo de comida al día», testimonio de un joven.

Según los datos recogidos por las organizaciones, al 52.94 % se les negó su derecho a la salud, ya que no les brindaron tratamiento para sus enfermedades.

Un 82.4 % padeció enfermedades de la piel, el 38.2 % presenta deterioro en la salud mental, el 26.5 % desarrolló anemia, además de enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias y el agravamiento de sus enfermedades crónicas.

Las organizaciones piden a la Asamblea Legislativa derogar el régimen de excepción, restableciendo las garantías y derechos fundamentales de las personas.

Exigen a la Fiscalía General de la República que cumpla con su obligación de investigar de oficio cualquier posible delito cometido, principalmente, si el responsable es algún agente del Estado.

Organizaciones defensoras de derechos han recibido, en tres años del régimen de excepción, 6,889 denuncias sobre inocentes capturados por el régimen de excepción, entre el 27 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2025.

«Con este informe hemos identificado que dentro del régimen la gente no tiene libertad, tampoco hay justicia, ni se le respeta su integridad personal. Hemos recibido 6,889 denuncias como organizaciones, pero evidentemente, si hasta inicios de marzo había más de 85,000 personas detenidas, esto no refleja todos los casos que hay de víctimas de violaciones a derechos humanos, sino que estos datos son de los casos que nos han llegado», dijo Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (Idhuca).

Según detalla el informe, las violaciones a los derechos humanos que han vivido personas inocentes van desde las razones de la detención, una de ellas es por vivir en una zona estigmatizada, otra por denuncia anónima, incluso por represalias por parte de agentes policiales o de la Fuerza Armada.

También han denunciado que algunas capturas se han realizado a cambio de pagos o bonos. «A mí me dijeron que me habían llevado por un bono que les estaban dando de $150, que andaban agarrando a diestra y siniestra, les digo, la mayoría que estamos aquí es por eso, que solo nos han llevado», es el testimonio de una mujer trans, según el informe.

Dentro de los hallazgos recopilados con las víctimas, sobresalen los tratos crueles a los que son sometidas desde su llegada al recinto penitenciario, que van desde golpes, malos tratos, crueldad, incluso abusos sexuales.

«Las víctimas han denunciado malos tratos, tratos crueles o tortura recibida durante su detención. El 78.8% dijo haber recibido gritos por parte de custodios, el 54.5 % empujones, el 51.5% dijo que los exponían al sol durante largo tiempo, el 48.5 % que les rociaron gas lacrimógeno, también el 42.4% ha sufrido golpes», detalló Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.

Las organizaciones registran 36 casos de personas liberadas, pero bajo medidas sustitutivas, desde marzo de 2022 hasta enero de 2025.

«El 97.2% de las víctimas tiene miedo a una recaptura, enfrentan dificultades para encontrar trabajo y siguen sufriendo hostigamiento policial», expuso Reyna.

«Mi hijo fue capturado en la casa, en Soyapango, llegaron dos policías, y revisaron los teléfonos, los DUIs y vieron que no había nada, entonces le preguntaban ‘¿dónde tenés la droga?’ y nosotros no sabíamos de qué hablaban. Uno de ellos le dijo al otro ‘está limpio’, pero el otro hizo como que habló por teléfono y decidieron llevárselo. Se lo llevaron el 26 de diciembre de 2022, y nunca lo vimos, gracias a Dios salió el 19 de febrero de 2025, con medidas sustitutivas, pero sí hay temor de una recaptura», expuso el padre de una de las víctimas.

La representante del Servicio Social Pasionista explicó además que cuando las personas salen de la cárcel viven con miedo a ser recapturadas o a que algún familiar suyo sea detenido.

«Además, encuentran dificultades para encontrar un empleo por discriminación o han perdido ya su empleo o negocio, y estas víctimas además siguen siendo hostigadas por la policía», cuestionó.

Al finalizar la presentación del informe, Dina Martínez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), leyó una serie de recomendaciones, entre ellas al «Estado salvadoreño para que garantice la reparación integral de las víctimas del régimen.»

También, al Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, a exigen «que ejerza su función de apoyo al cumplimiento de defensa de derechos humanos, recomendando a la Presidencia la investigación oportuna, transparente, independiente y sin represalias de estos casos.»

Las diputadas de Arena y de Vamos critican el acuerdo carcelario entre Estados Unidos y El Salvador de deportaciones de criminales del Tren de Aragua y de la MS-13 para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), sin que se hable de beneficios para salvadoreños migrantes que están con estatus irregular en el país norteamericano.

La oposición también cuestiona que dicho acuerdo no se ha transparentado y que se desconoce si está amparado en base legal.

“Es una lástima estos acuerdos que se han realizado, ojalá que hubieran hecho como Guatemala o Costa Rica que sí lograron cosas beneficiosas para su gente. Yo creo que no es positivo para nadie que El Salvador se esté viendo como una megacárcel donde se estén enviando a todos los delincuentes, en lugar de verse como un país próspero, un país que esté luchando por salir adelante”, cuestionó la diputada de Arena, Marcela Villatoro.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recalcó que los salvadoreños con estatus irregular viven a la expectativa de qué ha hecho el Estado salvadoreño a favor de ellos.

“¿Qué ha hecho el Estado salvadoreño para apoyarles a salvadoreños que se encuentran con estatus migratorio irregular? y ellos viven a la expectativa y siempre pendientes para apoyarles, ¿qué ha hecho el Estado salvadoreño para apoyarles en esta situación?, ellos se encuentran en serias dificultades como acceso a servicios públicos, discriminación laboral y social”, señaló Ortiz.

Ambas cuestionan la base legal de estos acuerdos para traer criminales al país y advierten que, si no está amparado legalmente, “es muy delicado” y “habría implicaciones serias al respecto”.

Gracias al acuerdo carcelario, la madrugada del 16 de marzo, llegaron a El Salvador 238 venezolanos y 23 salvadoreños presos que fueron confinados al Cecot.

Este 26 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, visita a El Salvador para supervisar personalmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, y discutir con el presidente Nayib Bukele la posibilidad de aumentar el número de vuelos de deportación de criminales desde territorio estadounidense.