Autor: Jessica Guzman

  • Marcela Villatoro pide prohibir que financistas de partidos participen en licitaciones públicas

    Marcela Villatoro pide prohibir que financistas de partidos participen en licitaciones públicas

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió prohibir que los donantes de los partidos políticos participen en licitaciones públicas para evitar que en el futuro se vuelvan contratistas del Estado.

    “Ahora, que ya se eliminó la deuda política, también hay existido circunstancias, por ejemplo, de donantes privados que le dieron en su momento, en especial al partido de gobierno y que luego en licitaciones de gobierno lograron ganar licitaciones millonarias como DNA Pharmaceuticals, S.A. de C.V. que donó $25,000 a la campaña de Nuevas Ideas en 2019 y obtuvo tres contratos por un total de $785,140 con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para la adquisición de medicamentos”, expuso Villatoro.

    La diputada agregó que la empresa hondureña Alutech “donó $1 millón al partido GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) para las presidenciales en 2019 y luego es quien administró la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de el Salvador», criticó.

    «Entonces, para que no se dé esto de darle a los partidos políticos, para que después me regresen el favor, presento una reforma a la Ley de Compras Públicas. ¿Qué busca esta reforma? Algo muy sencillo: que personas naturales y jurídicas que se compruebe que han donando a los partidos políticos no podrán licitar en ninguna forma dentro de las compras públicas del Estado. Así nos curamos en salud, si usted donó a un partido político, olvídese de licitar, y así evitamos corrupción”, propuso la diputada Villatoro.

    En sintonía con lo que expuso la diputada de oposición, la iniciativa explicaba que “se ha observado que, durante los años electorales, se da la mayor cantidad de contratos estatales adjudicados a donantes de partidos políticos”.

    Sin mencionar nombres específicos, agregó que actualmente «se conoce de varios casos en los que empresas que fueron donantes del partido mayoritario, se les han adjudicado millonarios contratos públicos y actualmente se encuentran bajo reserva, por lo que no se cumple el principio de trasparencia que establece la Ley de Compras Públicas”.

    La diputada pidió modificar agenda de la sesión plenaria para incorporar la iniciativa de reforma.

    Sin embargo, solo contó con tres votos: los dos de Arena y el de Claudia Ortiz, de Vamos. La bancada de Nuevas Ideas, PCN y PDC no apoyaron.

    La propuesta fue realizada después de que la Asamblea Legislativa eliminara la deuda política de la Ley de Partidos Políticos, derogación pendiente de la Ley secundaria, ya que el 12 de febrero el financiamiento público para los partidos políticos fue eliminado de la Constitución de la República.

    La supresión de la regulación de la deuda política en la ley secundaria fue aprobada con 58 votos a favor, 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN, uno del PDC y uno de la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en abstención; y la diputada Silvia Regalado, suplente del diputado Francisco Lira, de Arena, votó en contra.

  • Asamblea Legislativa da "el último paso" para eliminar la deuda política

    Asamblea Legislativa da «el último paso» para eliminar la deuda política

    La Asamblea Legislativa eliminó la regulación de la deuda política de la Ley de Partidos Políticos, un trámite que debía hacerse luego de que, el 12 de febrero pasado, eliminara el artículo 210 de la Constitución de la República que establecía el derecho de los partidos políticos a un financiamiento público.

    La supresión de la regulación de la deuda política fue aprobada con 58 votos a favor, 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN, uno del PDC y uno de la diputada Marcela Villatoro de Arena.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en abstención; y la diputada Silvia Regalado, suplente del diputado Francisco Lira, de Arena, votó en contra.

    La diputada Suecy Callejas, vicepresidente de la Asamblea Legislativa e integrante del partido Nuevas Ideas, explicó que era necesario finalizar este proceso, derogando la deuda política de la ley secundaria y todas las disposiciones relativas a dicho financiamiento.

    “Este es el último paso para la eliminación real de la deuda política política en El Salvador… El pueblo salvadoreño habló alto y claro, dijo que no quiere seguir financiando las campañas electorales de los partidos políticos pero que, para cumplir esta solicitud, había que cumplir un proceso».
    Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

    El 12 de febrero, la Asamblea Legislativa eliminó el artículo 210 de la Constitución de la República para suprimir la deuda política; hoy como «último paso» suprimió la regulación que había sobre la deuda dentro de la Ley de Partidos Políticos, indicó la diputada.

    Con esto, según la diputada Callejas, «se va a garantizar que los partidos políticos sean autosostenibles».

    «Evitaremos también que los recursos públicos sean utilizados para campañas políticas, y se fomentará la transparencia y la independencia financiera de los partidos políticos”, prometió, en referencia al financiamiento privado, cuya regulación no fue eliminada de la normativa.

    Con ello, se reforma el artículo 50 de la Ley de Partidos Políticos, que habla del patrimonio y financiamiento de los partidos, eliminado “las subvenciones del Estado”, quedando de la siguiente manera:

    «Artículo 50.- El patrimonio de los partidos políticos está integrado por las aportaciones de sus miembros, las donaciones y legados que reciba, los bienes muebles e inmuebles que adquiera y sus deudas.»

    También, se reformó el artículo 51, en el inciso primero, quedando de la siguiente forma:

    “Art. 51.- El régimen de financiamiento de los partidos políticos deberá ser bajo la modalidad de financiamiento privado.

    Eliminaron el inciso quinto relativo al financiamiento público.

    Además, derogaron el Capítulo II sobre Financiamiento Público, que corresponde a los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Partidos Políticos sobre cálculo, derecho, anticipo, garantía y reintegro de la deuda política.

    En la reforma se asevera que “quedan derogadas todas las disposiciones relativas a la deuda política contenidas en la Ley de Partidos Políticos, leyes generales o especiales y en cualquier otro cuerpo normativo.”

  • Asamblea ratificará préstamos por $173 millones para Surf City e infraestructura de datos

    Asamblea ratificará préstamos por $173 millones para Surf City e infraestructura de datos

    Diputados de la Comisión de Hacienda emitieron dictamen favorable para ratificar dos contratos de préstamos, uno por $60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Surf City fase I y otro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $113.9 millones para infraestructura de datos. Ambos dictámenes serán conocidos el martes en pleno para su aprobación.

    El préstamo para el «Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador» fue suscrito el 10 de marzo de este año. Es un financiamiento a 25 años plazo que incluye cinco años y medio de período de gracia.

    Según Marlon Herrera, director de Crédito Público de Hacienda, el objetivo con este financiamiento es «mejorar la prestación de servicios digitales del Estado, ampliar infraestructura digital y el organismo ejecutor será la Secretaría de Innovación» de la Presidencia de la República.

    El préstamo por $113 millones para «Programa Surf City Fase I» fue suscrito el 13 de marzo y es un financiamiento a 20 años que incluye cuatro años de período de gracia.

    «Esto va a permitir tener financiamiento para ejecutar diferentes proyectos, para ser ejecutados a través del Ministerio de Obras Públicas. El objetivo general es mejorar la infraestructura vial y el sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona turística de La Libertad y Sonsonate a fin de dinamizar la actividad turística», detalló el funcionario.

    El proyecto comprende la ampliación de carretera de dos a cuatro carriles, desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, en una longitud de 8.7 kilómetros, incluyendo ciclovía, bahías para autobuses, miradores y zonas de estacionamiento.

    También, la construcción de un intercambiador en el corredor Pacífico, intersección entre carretera Litoral y carretera Acajutla, Sonsonate; la construcción de un paso elevado, la construcción de un puente sobre río Sensunapán, la construcción de accesos y obras complementarias, la demolición y el desalojo de obra de paso existente, rampas de acceso y salida, drenajes, obras paisajísticas y movilidad peatonal, otras de señalización y seguridad vial.

  • Votan por reforma presupuestaria para órdenes de cambio en obras de mitigación

    Votan por reforma presupuestaria para órdenes de cambio en obras de mitigación

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria por para incorporar $993,347 con el fin de financiar tres órdenes de cambio en tres obras de mitigación dentro del programa de Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública.

    Los fondos son parte del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $400 millones denominado «Préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública», de los cuales $300 millones se destinarían en caso de desastres naturales severos o catastróficos como terremotos, huracanes y precipitaciones torrenciales asociadas a ciclones tropicales.

    El Ministerio de Hacienda gestionó ante el BID la ampliación del plazo de ejecución y una nueva lista de gastos elegibles y el BID expresó su «no objeción».

    Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen favorable para que sea conocido en pleno y aprobado en la sesión plenaria de este martes.

    Los cambios requieren $993,347 para obras en el recinto fronterizo El Poy, Chalatenango, talud en Las Pavas entre Ilopango y Tonacatepeque; y en la cárcava del kilómetro 18 y medio de la autopista a Comalapa en Santo Tomás.

    Las tres órdenes de cambio

    1. Muro de protección y obras de mitigación en recinto fronterizo El Poy, Citalá, Chalatenango. Se le asignaron $97 millones, con esta orden de cambio se incorporan a este proyecto $97,300 para obras hidráulicas y subdrenajes en el muro de protección.

    2. Proyecto de estabilización hidráulica y en talud de relleno en obras sobre quebrada Las Pavas, límite distrital de Ilopango y Tonacatepeque, que contó con $2.4 millones. Se pide incorporar $434,404 para trabajos relativos a la colocación de material de relleno de concreto y lodocreto, limpiezas en tuberías en caja de tragantes, entre otros, en la avenida Las Pavas, Ilopango.

    3. Rehabilitación y estabilización en cárcava en km 18 ½ autopista a Comalapa, Santo Tomás. Contó con $3 millones y se incorporan $461,643 para obras de excavación y desalojo de material inadecuado, suministro y colocación de material de relleno y tubería para drenar la descarga de aguas.

  • Aprueban $852,967 para remodelar el INDES, Cardoza pide intervenir otros “escenarios deportivos en mal estado”

    Aprueban $852,967 para remodelar el INDES, Cardoza pide intervenir otros “escenarios deportivos en mal estado”

    Los diputados de la Comisión de Hacienda dictaminaron de manera favorable la incorporación de $852,967.71, que son remanentes del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (Prodeporte), para intervenir al Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

    Estos fondos son remanentes de la ejecución de un contrato del 8 de julio de 2021 por hasta los $115.2 millones para financiar Prodeporte.

    Según el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlos Herrera, los fondos se destinarán para la remodelación de la sede del INDES, específicamente:

    -Concluir las obras de la instalación al sistema de aguas lluvias.

    -Construcción de obras de protección y retención.

    -Instalación de la pasarela peatonal.

    -Suministro de sistema contra incendios.

    -Luminaria LED en fachada.

    -Impermeabilización de lozas exteriores.

    -Restauración de portones de acceso, instalación de sistema de videovigilancia, sistema de sonido, internet y sistema wifi, cambio de sistema eléctrico y construcción de subestación eléctrica.

    El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido Concertación Nacional (PCN), pidió el uso de la palabra para consultar si estos recursos irán destinados solamente al INDES o se podrán intervenir otros escenarios deportivos que siguen en mal estado.

    “¿Estos recursos que se están incorporando son única y exclusivamente para poder terminar el Palacio de los Deportes o van otras infraestructuras? Porque recuerde que este programa es para poder rescatar todos los escenarios deportivos a nivel nacional que dejaron todos despedazados los gobiernos del FMLN y Arena y sabemos que todavía tenemos varios escenarios en mal estado”, señaló el diputado aliado del oficialismo.

    Mencionó como ejemplo el estadio Gregorio Martínez, en Chalatenango, departamento del legislador.

    “Yo pongo de ejemplo el estadio Gregorio Martínez de Chalatenango, sabemos que las cosas no son a la carrera, y digo esto porque no ha sido fácil reconstruir todos los escenarios deportivos o poder terminarlos, como el tema de las escuelas que no ha sido fácil y no está siendo fácil recuperar toda la infraestructura que quedó abandonada», expresó.

    «Pasaron gobiernos y nunca les pusieron atención, entonces, quiero pedirles (preguntarles) si es única y exclusivamente para el Palacio de los Deportes o también para otros, y quiero aprovechar para pedir al presidente del Indes que ponga el ojo en el Estadio Gregorio Martínez, que es prácticamente las únicas diversiones que tenemos los chalatecos y que necesita reconstrucción”, agregó el diputado.

    Al Palacio de los Deportes

    El funcionario de Hacienda respondió al diputado Cardoza, que estos recursos específicamente van directamente al INDES. “Sí, efectivamente los recursos que se están incorporando en esta oportunidad van directamente al proyecto del Palacio de los Deportes denominado Mejoramiento del Palacio Nacional de los Deportes Carlos “el Famoso” Hernández.

    “Recordemos que, de los $115 millones, la totalidad fue destinada a diversos escenarios deportivos y en este caso se solicita que estos remanentes permitan concluir obras menores de remodelación” y reiteró que “solo son recursos para el INDES”.

    El proyecto detalla que los $852,967 son remanentes de cuatro proyectos ejecutados de escenarios deportivos que fueron intervenidos con el programa:
    1. Recursos no ejecutados de los proyectos de inversión: Mejoramiento del Estadio Nacional Jorge Mágico González, San Salvador por 200,835.25;
    2. Remodelación y equipamiento de Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, departamento de La Libertad por $164,942.88;
    3. Mejoramiento de Complejo Deportivo El Polvorín, departamento de San Salvador por $487,036.03 y
    4. Mejoramiento de Estadio Las Delicias, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad por $153.55, que totalizan un monto de $852,967.71.

  • Fondos donados por el BCIE servirán también para auditoría de Aduanas según Hacienda

    Fondos donados por el BCIE servirán también para auditoría de Aduanas según Hacienda

    El director general de Inversión y Crédito Público de Hacienda, Marlos Herrera, detalló el destino de los $497,962 que incorporarán al presupuesto 2025 y explicó que servirán para continuar con la ejecución del «Programa de Mejoras a la Infraestructura Tecnológica de Recintos Administrados por la Dirección General de Aduanas a Nivel Nacional», suscrito con el Banco de Centroamericano de Integración Económica.

    Explicó que los recursos servirán para la “adquisición e instlación de servidores y software para sistemas transaccionales de la Dirección General de Aduanas, contratación de servicio de soporte téncio para mantenimiento de la plataforma de los servidores, capacitación sobre la nueva tecnología, así como al contrtación de la auditoría externa”.

    Los fondos, no reembolsables, son el saldo de un total de $750,000, de los que ya se ejecutaron $252,038 entre 2023 y 2024 con el fin de fortalecer, modernizar, innovar y agilizar los procesos aduaneros.

    El director general de inversión y crédito público, quien llegó a la Comisión para explicar siete iniciativas de ley, dijo que los recursos provienen de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $497,962, que están destinados para financiar un proyecto que se está ejecutando en la Dirección General de Aduanas”, detalló el funcionario.

    Herrera explicó que el programa Mejoras a la Infraestructura Tecnológica de Recintos Administrados por la Dirección General de Aduanas “tiene un costo total de $843,000, de los cuales $750,00 corresponden a la donación que ha otorgado el BCIE y la diferencia está siendo financiada por el Estado.

    Los diputados aprobaron dictamen favorable para incorporar estos fondos, el que sería aprobado en la plenaria de este martes.

  • Socorro Jurídico denuncia muerte de 376 reos en manos del Estado

    Socorro Jurídico denuncia muerte de 376 reos en manos del Estado

    El Socorro Jurídico Humanitario informó que hasta este jueves han contabilizado 376 muertes reos, capturadas bajo el régimen de excepción, y culpabiliza directamente al gobierno de Nayib Bukele.

    «Hemos denunciado de manera pública, notoria y formal, con nombre y apellido a los agentes del Estado que están cometiendo, incluso crímenes de lesa humanidad. Esta servidora, junto con abogados del equipo hemos denunciado a Nayib Armando Bukele Ortez como una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad a través del régimen de excepción. Llevamos 376 víctimas confirmadas hasta este día. Hoy vino un señor a reportar que un familiar falleció en enero de este año, y esas víctimas tienen un responsable», acusó Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario.

    De las 376 víctimas, 94 % «no tenía perfil de pandillero, 6% sí», aseguró Escobar, quien detalló que el perfil lo establecen tomando elementos como tatuales, si tenían antecedentes penales.

    La abogada también cuestionó el papel que realiza la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, y el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, el colombiano Andrés Guzmán.

    «La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la que debe estar tutelando, justamente, todos los derechos, lo que no hace es eso. ¿En qué calidad está esa institución, comenzando por la procuradora? De adorno. Reciben presupuesto, cooperación internacional, para ir de viaje, para capacitarse, pero para que eso se traduzca en apoyo a las personas vulneradas en sus derechos, pero es todo lo contrario», cuestionó la directora del Socorro Jurídico, quien esta semana denunció intimidación policial.

    También criticó el actuar y declaraciones del comisionado Guzmán, quien recientemente en una entrevista a un medio escrito dijo que para que las mujeres se empoderen y sean más seguras «deben aprender a boxear».

    «Hablemos de las declaraciones del comisionado de Derechos Humanos Andrés Guzmán, cuya profesión es en informática, nada que ver con derechos humanos para empezar, quien a las mujeres nos mandó a que aprendamos a boxear, es decir esa es la solución que nos da el comisionado de Derechos Humanos a las mujeres. ¿Entonces cuál es el papel de ellos? Ahora de circo, porque en realidad no hacen nada por nosotras las mujeres y en general por los derechos humanos», cuestionó la abogada.

    Las declaraciones de Escobar fueron en el marco de una conferencia de prensa que convocó para denunciar una «extraña visita» en su casa por agentes policiales, de la que se refirió como intento de amedrentación e intimidación de parte del Estado en su contra, por «denunciar las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción».

  • Alcaldesa de Usulután Norte asegura no han tocado las tasas municipales

    Alcaldesa de Usulután Norte asegura no han tocado las tasas municipales

    La alcaldesa de Usulután Norte, Luz María Cruz Torres, única alcaldesa de Fuerza Solidaria aseguró que durante su gestión no se ha realizado ningún aumento en las tasas municipales, esto en respuesta a la advertencia que hizo Nayib Bukele de denunciar a alcaldes que han incrementado tarifas de tasas, licencias, permisos en sus municipalidades.

    “Según el mandato del presidente que revisáramos las ordenanzas que habían sido publicadas después del 1 de mayo de 2024, en Usulután Norte solo teníamos una ordenanza, en la que se había homologado las tasas de los postes, antenas, vallas publicitarias y como nosotros somos obedientes de la ley, vimos a bien reunirnos esta mañana (16 de marzo) como concejo de Ulután Norte y derogar esa ordenanza”, dijo la alcaldesa, por medio de un video en la cuenta de Facebook de Sede Central de Usulután Norte, Santiago de María.

    Aclaró que esa ordenanza era para las empresas de telefonías, torres, comercios que ponen anuncios en carreteras, “pero no era directamente afectar al usuario”.

    Según la alcaldesa solo “quedan vigentes las ordenanzas que están en todos los distritos” y que asegura vienen de administraciones anteriores.

    “En ningún momento hemos tocado las tasas municipales, para la ciudadanía, esas siguen vigentes desde el período anterior y las que hemos heredado de otros períodos. Por ejemplo la ordenanza del distrito de Berlín está desde el 2007… Nosotros hemos estado revisando y los usuarios del Mercado de Berlín, a ellos les estaban aplicando el aseo que son $0.10, pero eso es de aseo, no es tasa por ser usuario”, informó Cruz Torres.

    Agregó que a los usuarios de ese mercado, la tasa municipal que se les cobrara por tener ahí un puesto, era de alquiler $10 diarios.

    “Nosotros lo vimos demasiado exagerado y tuvimos a bien aplicarle los $0.25 que dice aquí, se les aplicado $0.25 por metro cuadrado, claro el que tiene bastante espacio físico tiene que pagar más que el que tiene poco y esa ordenanza la tenemos en estudio.”

    Dijo que su concejo acordó revisar las ordenanzas de los nueve distritos: integrado por nueve distritos: Alegría, Berlín, El Triunfo, Estanzuelas, Jucuapa, Mercedes Umaña, Nuevas Granada, San Buenaventura y Santiago de María.

    “Primero vamos a empezar con la de Berlín, que es de la que más hemos tenido quejas y vamos a ver cómo les podemos echar la mano a los usuarios del mercado. Hay que hacer estudios, no puede ser a la carrera, tenemos que dar cuentas a la Corte de Cuentas, porque podemos ser sancionados, entonces iniciamos con la de Berlín, después podemos seguir con la del Triunfo, con Jucuapa, Mercedes Umaña, todos los distritos que conforman Usulután Norte”, aseguró.

    «Reviertan todas las tasas, multas, licencias, permisos, impuestos y cualquier otro cobro» aprobados antes del 1 de mayo de 2024. Espero que el 100% de los concejos municipales acaten esta instrucción. De lo contrario, serán acusados por el delito de EXTORSIÓN ante la Fiscalía General de la República”, advirtió el mandatario el lunes 17 de marzo.

    Las advertencias del presidente iniciaron el viernes 14 de marzo, contra la alcaldía de San Salvador Centro, dirigida por Mario Durán de Nuevas Ideas. Por medio de su perfil de X, Bukele pidió a la alcaldía capitalina revertir «de inmediato» los cobros de licencias de negocios por considerarlos «indebidos».

    Esa tarde, Durán, respondió que atenderá las indicaciones del presidente «de inmediato».

    El sábado Bukele dio un ultimátum a los 44 concejos municipales hasta el lunes para que, quienes hayan incrementado los cobros de tasas, licencias y permisos regresen los precios que tenían a su llegada el 1 de mayo del 2024.

    El lunes se los recordó: “Hoy lunes, a las 12 de la medianoche, vence el plazo para que todas las alcaldías del país REVIERTAN todas las tasas, multas, licencias, permisos, impuestos y cualquier otro cobro, devolviéndolos a la misma situación en la que se encontraban antes de la toma de posesión de los nuevos gobiernos municipales el 1 de mayo de del año pasado. Espero que el 100% de los concejos municipales acaten esta instrucción. De lo contrario, serán acusados por el delito de EXTORSIÓN ante la Fiscalía General de la República.”

    El mandatario no ha informado si hará alguna denuncia ante la Fiscalía contra alguna municipalidad.

  • Abogada Ingrid Escobar dice no dará "un paso atrás" y afirma que solo pide "que liberen inocentes"

    Abogada Ingrid Escobar dice no dará «un paso atrás» y afirma que solo pide «que liberen inocentes»

    Tras la denuncia que hiciera la directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, de haber recibido una «extraña visita» de dos agentes policiales en su casa, la abogada afirma que no dará un paso atrás, a una presunta intimidación gubernamental, y asegura que su única petición ha sido pedir la libertad para aquellos capturados del régimen de excepción que son inocentes.

    Escobar cree que esa visita de policías es un indicio en su contra por las denuncias que hace contra el Estado.

    «Quiero decirle al país y al mundo: yo no tengo ningún delito, no he cometido ningún delito, lo único que hago es lo que dice la Constitución que puedo hacer y lo que dice la Ley internacional: mi derecho humano a defender derechos de terceros… Yo solo pido que liberen inocentes y si por eso me van a criminalizar, que lo hagan, yo no daré un paso atrás», enfatizó Escobar en una conferencia de prensa que hizo este jueves.

    Escobar manifestó que ellos han observado que la Fiscalía General de la República ejecuta sus capturas los días jueves «¿Es acaso que ellos andaban queriendo confirmar mi lugar de vivienda? Y si es así, les pregunto: ¿Es porque yo estoy denunciando la verdad? Que por un lado hay una tregua entre Bukele y las pandillas, durante el Plan Control Territorial, y que actualmente se mantiene y por otro lado capturan personas inocentes, que sin ningún indicio, ni prueba, y tiene ya cerca de tres años de haber sido capturadas»,cuestionó Escobar.

    Al consultarle a Escobar si tiene temor de alguna acción en su contra de parte de las autoridades del gobierno, admite que hay un «temor natural» que se cometa «algo contra su familia», pero recalca que no se detendrá.

    «El Estado intenta meterme miedo, así como a otras mujeres que estamos en la defensa, a mí no me va a detener eso, incluso al punto de pagar factura de estar procesada injustamente como muchas de mis compañeras que hoy ya están libres, pero yo no voy a dejar de denunciar… el miedo es natural, temo por mi familia», aseguró.

    La abogada señala que al gobierno le molesta que se denuncien los malos manejos y capturas arbitrarias como la de Geovanni Antonio Aguirre López «que está preso en el, siendo inocente, era estudiante de derecho de la Universidad Luterana, sindicalista de la municipalidad de San Salvador y no es justo, por eso ni un paso atrás».

    La «extraña visita»

    Escobar denunció «extraña visita de dos agentes de la Policía Nacional Civil, en su casa el día 19 de marzo de 2025.

    Escobar almorzaba con su hijo, cuando los dos agentes llegaron y en primer lugar dijeron a la persona que colabora en las labores de cuido de sus hijos que saliera de la casa «para hacerle unas preguntas», la persona avisó a Escobar: «ahí hay dos policías».

    Escobar salió «y al verme ya no querían hacer preguntas, sino que me preguntaron dónde quedaba la colonia San Antonio Abad. Ellos se pusieron nerviosos cuando me vieron a mí». Situación que para la defensora de derechos humanos es «sospechoso».

    Escobar dice que no es un hecho común, tomando en cuenta que que en los últimos días se ha «incrementado la criminalización, persecución y encarcelamiento de defensoras y defensores de Derechos Humanos, como método para intentar infundir atemorizar a quienes ejercemos la labor de defensa de derechos, y consideramos que éste hecho se enmarca en esta campaña de parte del régimen inconstitucional».

  • MAG presenta nueva Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de alimentos no procesados

    MAG presenta nueva Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de alimentos no procesados

    El viceministro de u003cstrongu003eAgriculturau003c/strongu003e, u00d3scar Domu00ednguez, pidio a la Asamblea Legislativa la aprobaciu00f3n de una nueva «u003cstrongu003eLey de protecciu00f3n a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animalu003c/strongu003e» que sustituiru00eda la Ley de sanidad vegetal y animal de 1995.nnCon la propuesta, siempre habru00e1 un registro de fiscalizaciu00f3n, como en la ley actual, pero este se amplu00eda, ya que el u003cstrongu003eMinisterio de Agricultura y Ganaderu00eda (MAG)u003c/strongu003e no solo fiscalizaru00e1 los establecimientos que produzcan, distribuyan, expendan, importen o exporten insumos para uso agropecuario, sino tambiu00e9n registraru00e1 y fiscalizaru00e1 los establecimientos que formulen, elaboren, maquilen, almacenen, comercialicen, representen, reenvasen o apliquen insumos de uso agrícola.nnTambien, crearu00e1 el u003cstrongu003eSistema de Vigilancia Epidemiolu00f3gica y un Sistema de Alerta Precozu003c/strongu003e, que u003cstrongu003ese encargaru00eda de informar «de forma temprana», tanto nacional como internacionalmente, de la detecciu00f3n clu00ednica de enfermedades o del estado de salud de poblaciones animales.u003c/strongu003ennEn los puntos de ingreso al pau00eds, se estableceru00e1 un sistema de inspecciones, basadas en riesgo, tomando en cuenta el pau00eds de origen, alertas sanitarias, historial del importador, del producto y del establecimiento exportador.nu003ch2u003eSe amplu00eda el rango de multas mu00ednima y mu00e1ximau003c/h2u003enu003cstrongu003eEl proyecto contempla infracciones leves, graves y muy graves con sus respectivas sanciones, con multas desde los 100 salarios mu00ednimos hasta los 30,000 salarios, es decir, de $36,500 a $7.3 millones. Las sanciones actuales van de $7,300 a $18.25 millones.u003c/strongu003ennCon la nueva normativa, enviada el 13 de marzo a los diputados, se derogaru00eda el decreto legislativo 524, de fecha 30 de noviembre de 1995, publicado en el Diario Oficial el 18 de diciembre de ese mismo au00f1o, que contiene la «Ley de Sanidad Vegetal y Animal», que establece multas desde los 20 salarios mu00ednimos hasta los 50,000, es decir, de u003cstrongu003e$7,300 a $18.25 millones.u003c/strongu003ennEntre las infracciones leves estu00e1n: reenvasar, reempacar o reetiquetar insumos de uso agrícola o alimentos para animales y productos biotecnolu00f3gicos de origen vegetal o animal sin autorizaciu00f3n del MAG, y alterar envases, empaques, etiquetas o panfletos autorizados por el MAG para su comercializaciu00f3n.nnTambien, seru00e1 infracciu00f3n leve que el empleado o funcionario pu00fablico permita o facilite el ingreso al territorio nacional de animales y vegetales, productos y subproductos y alimentos de origen vegetal y animal, asu00ed como insumos de uso agrícola, alimentos para animales y productos biotecnolu00f3gicos, que no cumplan con los requisitos de importaciu00f3n.nnu003cstrongu003eEsta sanciu00f3n seru00e1 una multa comprendida entre 100 y 10,000 salarios mu00ednimos diarios del sector comercio, es decir, de $36,500 hasta $3,650,000.u003c/strongu003ennEntre las u003cstrongu003einfracciones graves u003c/strongu003eestaru00e1 ocultar u omitir informaciu00f3n sobre la sospecha o presencia de plagas cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas en vegetales, enfermedades exu00f3ticas, endu00e9micas o zoonu00f3ticas en animales, o en establecimientos agropecuarios, adulterar insumos de uso agrícola o alimentos para animales y productos biotecnolu00f3gicos, asu00ed como comercializar, donar o suministrar insumos de uso agrícola o alimentos para animales o productos biotecnolu00f3gicos, vencidos o prohibidos. u003cstrongu003eLas infracciones graves seru00e1n sancionadas con multas entre 10,001 y 20,000 salarios mu00ednimos diarios del sector comercio: $3,650,365 a $7,300,000.u003c/strongu003ennSeru00edan infracciones muy graves impedir las inspecciones al personal del MAG, comercializar vegetales infestados con plagas cuarentenarias o animales infestados con plagas o infectados con alguna enfermedad exu00f3tica. u003cstrongu003eLas infracciones muy graves seru00e1n sancionadas con multas entre 20,001 ($7,300,365) a 30,000 salarios mu00ednimos ($10,950,000).u003c/strongu003e