Tres organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador ven aún más retrocesos durante esta segunda gestión gubernamental de Nayib Bukele: señalan menos transparencia, un combate a la corrupción selectivo, cero participación ciudadana, represión y más violaciones a los derechos humanos de las personas en general.
Acción Ciudadana (AC), una organización especializada en hacer estudios sobre acceso a información pública, contratos públicos y financiamiento público y privado de los partidos políticos, cree que se ha profundizado aún mas lo que se vivió en los primeros cinco años: la falta de transparencia, la selectividad en el combate a la corrupción y el cierre a la participación ciudadana con el fin de evitar que la ciudadanía exija y pueda establecerle un control.
“Hay retrocesos en cuanto a transparencia por falta de publicación de información en las instituciones del Estado. No está publicada la información y, cuando se solicita, no se entrega. El combate a la corrupción es selectivo y debería ser generalizado contra toda persona que haya participado en acto de corrupción”. Acción Ciudadana.
La organización, que también se especializa en contraloría social, señala que no se da espacio a la participación de la ciudadanía y, si se da, únicamente se hace para publicitar lo que quiere el gobierno sin que la población exija.
“No existe la participación ciudadana en la gestión pública y esto responde en la lógica de este gobierno de que es el ‘redentor, el que llega y salva’, pero no el que escucha a la ciudadanía. Y no permite que la ciudadanía participe de las decisiones o que la ciudadanía ejerza algún tipo de control porque, si lo hiciera, pondría en evidencia la verdad ante el discurso social de los supuetos logros del gobierno”, señala AC.
El mayor logro del gobierno reconocido por la población, según las encuestas, es la seguridad pública luego de las redadas o capturas masivas de pandilleros iniciadas a partir del 27 de marzo de 2022, cuando se estableció el régimen de excepción. La menor calificación lo da a la generación de más y menores empleos, un 28 base 100 según la encuesta de CID Gallup presentada la semana pasada, una en la que Bukele mantiene una popularidad del 85 %, descendiendo levemente del 87 % de 2024.
SJH: régimen y “justicia selectiva”
Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), señala violaciones a derechos humanos cuando se aplica el régimen de excepción y se ha especializado en la defensa de personas que considera son inocentes y han sido capturadas por supuestamente pertenecer a pandillas sin que, por ejemplo, tengan tatuajes.
“Mal utilizando el eterno régimen de excepción para tapar la corrupción, un franco retroceso por violación a los derechos humanos”, dice.
Sostiene que el gobierno utiliza el régimen de excepción para impartir “justicia selectiva”.
Escobar también cuestiona la falta de transparencia, la pobreza y la minería metálica, cuya prohibición fue revertida el 23 de diciembre de 2024.
Al igual que AC, el Socorro Jurídico señala que “la participación ciudadana se ha perdido completamente”.
Sin debate, “ataca y reprime”
Noah Bullock, director de Cristosal, organización cuya directora de la Unidad Anticorrupción fue capturada el 18 de mayo pasado, cree que la narrativa del gobierno es contraria a lo que realmente hace.
“A pesar de que el gobierno sigue jactándose que en su gobierno manda el pueblo, cuando la población pide ser escuchada, el gobierno ataca y reprime. Su modelo de gobernabilidad exige un obedecimiento sin quejas de la población, de los órganos del Estado y de los funcionarios públicos. Ya no existe debate, ni la participación ciudadana”.
Para Bullock, con el régimen de excepción, Bukele exige a la población “aceptar el trueque engañoso de derechos y poder, a cambio de seguridad”.
“En los tres años del régimen de excepción se ha concentrado significativamente, si no absolutamente el poder en el Ejecutivo, mientras la población pierde cada día más sus derechos y garantías”. Noah Bullock, asociación Cristosal.
Bullock cuestiona que “el gobierno dice dar prioridad a garantizar el derecho a la vida, específicamente ante la amenaza de las pandillas”, pero mientras tanto “ejecuta prácticas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muerte en manos del Estado se vuelve sistemático y masivo”.
El gobierno contabiliza 86,400 personas arrestadas todas señaladas de ser terroristas y admite que ha liberado 8,000 personas. Las organizaciones no gubernamentales llevan un conteo de 6,500 denuncias de violaciones, entre estas capturas arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal.
