Autor: Jessica Guzman

  • Viceministro Reyes dice «no se busca estatizar el transporte público»

    Viceministro Reyes dice «no se busca estatizar el transporte público»

    Aunque aún no se ha definido los detalles en los que funcionarán los nuevos buses, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, descartó que estos cambios en el sistema colectivo de autobuses busquen «estatizarlo».

    Reyes explicó que en el país hay cerca de 10,000 unidades de transporte, específicamente 9,666, pero de estas, cerca de 3,500 circulan en el área metropolitana de San Salvador que serán las primeras en ser cambiadas, gracias a la compra de buses provenientes de China.

    Aunque estos buses serán propiedad del Estado, al ser cuestionado si se nacionalizará el transporte, Reyes dijo que no. «No, no es algo que se esté buscando y en ningún momento se ha mencionado de esa manera», respondió en la entrevista radial de Diana Verónica y Tony.

    Sin embargo, aseguró que los términos de operación de estos buses aún no han sido definido. «Es algo que todavía está en definición, es algo que se tiene que platicar seriamente con todos los operadores actuales, pero una de las opciones es que los operadores actuales se encarguen únicamente de eso, de la operación, que se olviden de estar en compraventa de unidades de transporte colectivo y que al final de cuentas solo se tengan que preocupar de que el servicio se esté prestando de manera adecuada, que la frecuencia se esté cumpliendo, que el personal esté respetando la normativa de tránsito», respondió.

    Reyes explicó que las rutas son del Estado, la concesión es lo que ya se hace. «Sin una mayor fiscalización, ese es el modelo de transporte que hay que cambiar, se necesita una mayor participación del Estado en cuanto a la forma que se está fiscalizando y ordenando el tema de transporte», añadió.

    Aseguró que «todos los empresarios han expresado que quieren ser parte y sumarse al cambio que se pueda generar».

  • Empleados de ANDA cobraban entre $1,000 y $3,000 por conexiones ilegales

    Empleados de ANDA cobraban entre $1,000 y $3,000 por conexiones ilegales

    El Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Jorge Castaneda, reveló que los empleados de la autónoma capturados y acusados por la Fiscalía General de la República de integrar una estructura criminal dedicada a estafas realizaban conexiones ilegales al sistema de agua potable, por las que cobraban miles de dólares.

    «La institución la estamos depurando. Hicimos auditorías, y se identificó que algunos usuarios no estaban registrados legalmente y se inició la investigación. Estas personas (los capturados) se encargaban de hacer el proceso, pero no lo reportaban. Cobraban desde $1,000 hasta $3,000 y esos recursos no entraban a la institución».

    Castaneda dijo que son más de 200 personas las que fueron estafadas, según la investigación, la estructura operaba en el occidente y oriente del país.

    «Esas conexiones quedaban directas no se finalizaba el proceso por tanto esos recursos no entraban a la institución… Y cobraban eso entre $1,000 y $3,000, la investigación viene de este tiempo atrás. Y se siguen realizando investigaciones», dijo Castaneda.

    Son 12 los empleados de ambas que han sido acusados por la Fiscalía de conformar una red criminal. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó que los 12 acusados se mantengan en prisión provisional.

    El juez ordenó que el proceso judicial pase a la etapa de instrucción con medida de detención provisional.

    Los detenidos son acusados de agrupaciones ilícitas, cohecho propio, fraude de servicios de fluidos, estafas agravadas y cohecho activo. La FGR los acusa de pedir altas sumas de dinero para brindar servicios de ANDA de forma «inmediata».

  • Estudiantes de medicina piden al Gobierno les permita hacer internado ad honorem

    Estudiantes de medicina piden al Gobierno les permita hacer internado ad honorem

    Un grupo de estudiantes de medicina de tres universidades privadas enviaron una carta al ministro de Salud, Francisco Alabi, para que les permita hacer internado «ad honorem», ya que aseguran que, de 250 aspirantes, ninguno aprobó.

    Según los estudiantes, el Ministerio de Salud ha cambiado las reglas del juego, ya que solo ha habilitado 84 plazas para internos y que implementaron un examen cuya nota mínima debe ser 7.

    «Desde el año pasado nos están sometiendo a un examen para poder entrar al internado, que es el séptimo año de nuestra carrera. Anteriormente, solo realizaban el examen para el año social, porque ellos son los que van a las unidades de salud y primera atención. Pero, a mitad de este año, solo habilitaron 84 plazas pagadas, pero somos más de 250 estudiantes», explicó a Diario El Mundo uno de los estudiantes afectados, quien pidió anonimato. De los 250 estudiantes, «nadie lo pasó», señaló.

    Ante esto, los estudiantes buscan que les permitan continuar con el proceso haciendo el internado «ad honorem», es decir, sin alguna remuneración, para no atrasarse en su carrera universitaria. El estudiante dijo que conforman un grupo de 90 solicitantes.

    Los estudiantes señalan que «el Ministerio no se ha comunicado con ninguna universidad de los estudiantes afectados» y que por ello un grupo de estudiantes de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (Usam), la Universidad Evangélica y la Universidad Nueva San Salvador se unieron para llevar una carta al Ministerio de Salud dirigida al ministro Francisco Alabi.

    «Nos recibió la carta la secretaria del ministro Alabi y nos dijo que nos dará una respuesta este lunes 30 de junio, pero, con la Dirección Nacional de Hospitales, no nos la quisieron recibir, porque dijeron que para eso estaban los lineamientos y que, si nadie lo había pasado con 7, no había ninguna opción de entrar», relató el estudiante.

    El grupo de aspirantes a médicos temen que esto implique en sus carreras un retraso de seis meses a un año y ello se agrava con el aumento de estudiantes y que no les prometen que habrá más plazas. Sostuvieron que pueden volver a examinarse hasta diciembre pero el mes de práctica del internado inicia este martes 1 de julio.

  • Santa Ana Norte elimina tasa de $20 mensuales a circulación de mototaxis en Texistepeque

    Santa Ana Norte elimina tasa de $20 mensuales a circulación de mototaxis en Texistepeque

    La alcaldía de Santa Ana Norte decidió derogar la ordenanza municipal de un cobro de $20 mensuales por la circulación de mototaxis en el distrito de Texistepeque, en el municipio de Santa Ana Norte, departamento de Santa Ana.

    Esta reforma fue aprobada el 18 de junio pasado, por lo que entró en vigencia a partir de este 26 de junio.

    «El concejo municipal de Santa Ana Norte, en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal y la Ley General Tributaria y de conformidad con los considerandos previamente expuestos, decreta reforma a la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Texistepeque«, indica el acuerdo, que deroga «la tasa por la circulación de mototaxi, cada una al mes $20», que fue aprobada mediante decreto municipal en junio de 2019 por el entonces concejo de Texistepeque.

    Dentro de las razones por las que decidió esta derogación, la alcaldía destaca que el servicio que prestan los mototaxis el «beneficio para la población texiana en el distrito de Texistepeque es de vital importancia, pero que el cobro de la tasa antes detallada obliga a que los prestadores del servicio aumenten el valor del pasaje ante la necesidad de cubrir tal obligación tributaria municipal».

    «Ilegal»

    La alcaldía también informa en el decreto de la derogatoria que propietarios de mototaxis se acercaron a las oficinas del distrito de Texistepeque para pedir un solución, ya que consideran, incluso, no solo elevado el cobro, sino «ilegal».

    «Que se han presentado al distrito de Texistepeque propietarios de dichos medios de transporte a fin de que como municipalidad se les colabore en el sentido de realizar las acciones correspondientes para mejorar dicha situación de pago tributario, solicitando puntualmente se pueda suprimir el cobro al cual ellos inclusive consideran ilegal», indicó.

    El concejo explicó que analizaron cuidadosamente la situación y determinaron que efectivamente cobrar la tasa de $20 no procede, ya que la tasa se relaciona con las autorizaciones que se pagan para prestar el servicio público de transporte de pasajeros.

  • Asamblea reconoce labor de diplomáticos salvadoreños en su día con pronunciamiento oficial

    Asamblea reconoce labor de diplomáticos salvadoreños en su día con pronunciamiento oficial

    La Asamblea Legislativa emitió un pronunciamiento público en el marco del Día del Diplomático Salvadoreño, que se celebra cada 26 de junio según el decreto legislativo número 241 aprobado el 8 de febrero de 2007.

    La iniciativa fue promovida por la diputada Ana Magdalena Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, quien destacó la relevancia de rendir homenaje a los hombres y mujeres que con valentía y compromiso representan a El Salvador ante el mundo.

    «Es una ocasión importante para reconocer a quienes, desde nuestras embajadas, consulados y misiones permanentes, construyen puentes con el mundo, promueven nuestros valores y defienden los derechos de los salvadoreños en el exterior», manifestó Figueroa durante su intervención en la plenaria ordinaria número 61.

    La diputada también aprovechó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Diplomacia, establecido por la ONU en 2022, y subrayó el papel esencial que desempeñan las mujeres en la construcción de una diplomacia global más eficaz.

    El pronunciamiento destaca que el cuerpo diplomático salvadoreño es un pilar estratégico en la promoción de los intereses nacionales, así como en el fortalecimiento de las relaciones internacionales basadas en el respeto, el diálogo y la cooperación.

    Como parte del acuerdo, la Asamblea pidió difundir el pronunciamiento a través de sus medios institucionales de radio, televisión y redes sociales, en reconocimiento a la entrega y labor que los diplomáticos salvadoreños realizan en todo el mundo.

  • Diputados avalan nacionalización del futbolista colombiano Michell Mercado

    Diputados avalan nacionalización del futbolista colombiano Michell Mercado

    La Comisión de la Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa emitió este jueves un dictamen favorable para otorgar la nacionalidad salvadoreña por naturalización al futbolista colombiano Michell Mercado Martínez, quien milita en Alianza Fútbol Club desde 2020.

    Mercado, delantero del conjunto capitalino, ha sido una pieza clave en el esquema del equipo, contribuyendo con su desempeño a la obtención de cinco títulos nacionales, incluyendo el reciente campeonato del Torneo Clausura 2025, el cual representó la corona número 19 en la historia del club, según detalla la iniciativa respaldada por diputados de Nuevas Ideas.

    El documento también destaca que, por su «destacada trayectoria deportiva y condiciones técnicas dentro del campo», el jugador fue considerado para integrar la selección nacional de El Salvador. Incluso fue convocado para un amistoso frente a Perú en 2022, celebrado en Estados Unidos, aunque no pudo participar por razones administrativas.

    Mercado ha manifestado formalmente su interés en adquirir la nacionalidad salvadoreña y representar al país en competencias internacionales, argumentando que se siente identificado con El Salvador por los fuertes vínculos que ha forjado durante su estancia.

    El dictamen fue aprobado con 11 votos a favor y será conocido en la próxima sesión plenaria del 3 de julio, en la que se espera que los diputados ratifiquen la nacionalización del atacante colombiano, abriendo la puerta a una futura participación con la Selecta.

  • Gobierno daría incentivos fiscales a los primeros «despliegues robóticos»

    Gobierno daría incentivos fiscales a los primeros «despliegues robóticos»

    La iniciativa de Ley de Tecnologías Robóticas, cuyo proyecto fue entregado el jueves por el Ejecutivo al Legislativo, crearía «incentivos fiscales para los primeros despliegues robóticos» como una forma de «recompensar la innovación, asunción de riesgos y atraer tecnologías pioneras».

    La ley, sin embargo, no detalla cuáles incentivos fiscales recibirían los proyectos robóticos, y establece dichos incentivos como «compromisos» que tendrá «el Estado».

    Para el desarrollo de la robótica en el país, el Estado se compromete en el proyecto de ley a crear laboratorios especializados en robótica, centros de investigación y centros de innovación dedicados a las tecnologías físico-digitales, para permitir el traslado de conocimientos.

    El segundo «compromiso» del gobierno, según el artículo 18, será crear incentivos fiscales para los primeros despliegues robóticos de su tipo para recompensar la innovación, la asunción de riesgos y atraer tecnologías pioneras.

    Otro de los compromisos que serían asumidos por el Gobierno serían generar oportunidades de «prueba piloto de soluciones con soluciones con tecnologías robóticas» y promover la enseñanza de la robótica en el sistema educativo a todos los niveles en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

    ¿Para qué aplicará la tecnología robótica en El Salvador?

    La Ley de Tecnologías Robóticas será ejecutada por la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

    La ley permite aplicar tecnologías robóticas para:
    1. Salud: El cuidado de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y otras aplicaciones de salud.
    2. Espacio público. Permite aplicar estas tecnologías para espacios de acceso público.
    3. Comerciales: Para interactuar directamente con personas en actividades comerciales o de servicios.
    4. Transporte: Para el transporte de personas o mercancías en vías públicas.

    Sin embargo, estas tecnologías robóticas no serán aplicables en los siguientes casos:
    1. Equipos, tecnologías, electrodomésticos y dispositivos de uso doméstico, industrial, de salud u otros que cuenten con patentes o permisos requeridos previo a la vigencia de la ley.
    2. Vehículos aéreos no tripulados o drones que requieran regulación de entidades gubernamentales.
    3. Prototipos para fines académicos si no son usados fuera de dichas instalaciones.
    4. Sistemas de automatización de edificios con sensores y dispositivos fijos permanentes.
    5. Actividades de aficionados sin fines comerciales que según la ANIA no tenga riesgo de la ausencia de supervisión.

    La iniciativa, que llegó al Legislativo el jueves 19, fue conocida este viernes 20 en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, en la que los diputados acordaron llamar para su próxima reunión al director de la ANIA, Mario José Flamenco Rivas –exfuncionario de la Oficina Nacional de Bitcoin–, para que les brinde información sobre el proyecto de ley.

    Una vez aprobada la ley, la ANIA deberá crear un marco regulatorio en 180 días hábiles, plazo en el cual deberá iniciar la coordinación con instituciones públicas.

  • INCAF requiere $2.1 millones para su centro de formación en Ilopango

    INCAF requiere $2.1 millones para su centro de formación en Ilopango

    El ministro de Hacienda, Gerson Posada, solicitó a la Asamblea Legislativa incorporar $2.1 millones para que el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf), en el presupuesto estatal 2025, para que eche a andar un proyecto de equipamiento tecnológico especializado.

    Según la iniciativa, el INCAF «ha determinado la necesidad de fortalecer el talento humano salvadoreño», para lo cual ha formulado el proyecto de inversión «Equipamiento tecnológico especializado para el Centro de Desarrollo Profesional (CDP) del INCAF, en el distrito de llopango, San Salvador Este, el cual tiene un costo de US$2,177,000».

    La iniciativa explicó que el propósito del proyecto «no es otro» más que dotar al CDP en Ilopango de los equipos tecnológicos especializados para mejorar los servicios de capacitación y formación en «hidráulica, neumática, mantenimiento industrial, manejo de maquinaria pesada, electricidad y soldaduras«.

    Según el INCAF, que funge en lugar del desaparecido Instituto de Formación Profesional (Insaforp), identificó «recursos disponibles en la cuenta de saldos de años anteriores» por $2,177,000, según acuerdo del Consejo del INCAF de la sesión ordinaria Noo2/2025, del 3 de abril de este año.

    Para este año el INCAF tuvo una asignación de $25.7 millones, de los cuales utilizaría $19.9 millones para capacitación y formación a nivel nacional. En su último presupuesto, en 2024, el Insaforp contaba con $64.7 millones, de los cuales $51.4 millones se destinaban a formación profesional.

    La iniciativa será conocida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que fue convocada para el día lunes 23 de junio.

    El Incaf sustituyó al Insaforp, que fue disuelto por decreto. / DEM.

  • Una nueva Ley de Tecnologías Robóticas sería implementada por la Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA)

    Una nueva Ley de Tecnologías Robóticas sería implementada por la Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA)

    La ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidió el jueves a la Asamblea Legislativa la aprobación de una «Ley de Tecnologías Robóticas», iniciativa que fue conocida este viernes por los diputados de la Comisión de Tecnología Turismo e Inversión, que acordaron llamar al recién nombrado director de Inteligencia Artificial, José Flamenco Rivas, un exfuncionario de la Agencia Nacional Bitcoin dirigida por la bitcoiner Stacy Herbert.

    La institución competente para la aplicación de la Ley de Tecnologías Robóticas será la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y para ello se creará una División de Robótica, que implementará la ley. La ley busca establecer incentivos para fomentar la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías robóticas, además de lineamientos para su comercio, industria y la educación.

    Los diputados decidieron llamar a la Comisión al director de ANIA, Mario José Flamenco Rivas, “para que dé información sobre la propuesta”.

    “Me gustaría poder invitar al señor Mario José Flamenco Rivas, que es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, para nuestra próxima reunión, para que nos pueda dar un poquito más de detalle, de información acerca de esta propuesta, ya que esta agencia va a estar a cargo de poder ejecutar este proyecto de ley, que de hecho en América Latina es de los primeros en especializarse, en un tema tan importante, como es la robótica”, propuso Dania González, presidenta de la Comisión.

    Flamenco trabajó en la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador (ONBTC), cuya directora es Stacy Herbert, y habría trabajado con Jimmy Song, «educador de bitcoin». Fue nombrado por el presidente Nayib Bukele como nuevo director de la ANIA, según se conoció el 16 de junio pasado.

    La mayoría de los diputados votaron a favor de la propuesta, menos la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, pidió que se invitara a representantes de universidades e instituciones educativas como la Universidad Don Bosco y el Instituto Técnico Exal (Itexal). «Son pioneros en temas de robótica», indicó.

    Rivas señaló que el proyecto de ley no contenía «nada que hable sobre la ética», excepto un artículo sobre no causar daño a las personas humanas. «Ojalá a la hora que venga el encargado de la ANIA pueda hablar sobre ese aspecto… Considero que la ética va de la mano en todo el tema de inteligencia artificial, tecnología y robótica”, señaló Rivas.

    La diputada Dania González ignoró la propuesta de la diputada de Vamos y finalizó la Comisión.

  • Seis de cada 10 salvadoreños tienen «más cuidado» al opinar sobre política dice encuesta de la UCA

    Seis de cada 10 salvadoreños tienen «más cuidado» al opinar sobre política dice encuesta de la UCA

    Seis de cada 10 salvadoreños tienen «más cuidado» al compartir su opinión sobre política, revela la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA) presentada este 19 de junio.

    De la población que teme expresar sus opiniones por consecuencias, el 48.3 % de la población dice que sería detenido o encarcelado, el 10.2 % prevé advertencias o amonestaciones, un 7.4 % prevé problemas laborales o podrían despedirlo, un 6.6 % cree que enfrentaría una denuncia o demanda, un 3.4 % prevé amenazas o persecución, y el 2.4 % señala que sería «acosado, intimidado» por las autoridades.

    Al consultarles a las diputadas de oposición su valoración sobre estos datos, Marcela Villatoro, jefa de fracción del partido Arena, dijo que todos han visto «lo que ha pasado en las últimas semanas con personas críticas».

    «Se ha buscado la forma de perseguírseles, de inventárseles casos políticos y todo un aparataje estatal haciéndoles un tipo de bullying en las redes sociales y eso hace que la gente tenga un poco de temor al momento de expresar sus opiniones y muchas personas deciden quedarse calladas y no decir lo que realmente piensan», expresó.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, expresó su preocupación y señaló que no se puede canjear la libertad por la seguridad. «Es preocupante… Y es que aquí nos han querido poner a elegir entre seguridad y libertad, y ese dilema es un falso dilema», dijo. Aseguró que es posible tener seguridad y libertad con «un Estado capaz de hacer su trabajo».

    «Si el Estado no es capaz de impartir justicia a criminales y a inocentes, si el Estado no es capaz de investigar a fondo delitos, si el Estado no es capaz de dar pronta y cumplida justicia, no es culpa de la gente que está viendo limitada su libertad de expresión y ese no es un secreto: mucha gente se autocensura por temor a represalias de quienes están en el poder, lo que es lamentable», agregó.

    El Iudop explica en su encuesta que «la percepción de que expresarse críticamente acarrea consecuencias negativas se ve reforzada por el hecho de que el 2.1 % de la población salvadoreña expresa que el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos constituyen parte de los principales problemas actuales del país».

    Pese a ese temor de opinar en política, según el mismo estudio el 24.6 % de los entrevistados respondió que, cuando piensa en el futuro de El Salvador, lo primero que siente es temor; pero el 73.6 % aún siente esperanza.