Autor: Jessica Guzman

Los diputados de la Comisión Política aprobaron este martes ratificar el acuerdo de reforma para derogar el artículo 210 de la Constitución de la República y eliminar la deuda política.

El proyecto de decreto aprobado establece que, “en beneficio a los salvadoreños, los partidos políticos deben financiar sus plataformas y ofertas electorales en cada evento que participen”.

“Que la intención del individuo para acceder al poder debe ser la convicción de servir al pueblo, resultando incoherente que el Estado deba reconocer al funcionario a través de los mecanismos que se utilizan para acceder al poder, fondos que deberían ser destinados para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno y, con ello, hacer un uso eficiente de los recursos del mismo”, argumenta.

Luego de leer el proyecto de decreto, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, intervino para enfatizar que están cumpliendo un trámite y que es Nuevas Ideas el partido que ha tenido el privilegio de eliminar la deuda política.

“Esto es un trámite que se está haciendo dentro de la Comisión, tal como lo establece ya la Constitución… para poder dar pie a la eliminación de la deuda política que todos los salvadoreños han estado esperando por muchísimos años y que Nuevas Ideas, el partido que los salvadoreños le han delegado la representatividad mayoritaria dentro de esta Asamblea Legislativa, es el que ha tenido el privilegio de poder responderle a los salvadoreños… una deuda histórica que ha traído diferentes críticas a los diferentes partidos”, expresó Rivas.

El presidente del Legislativo y de la Comisión Política, Ernesto Castro, señaló que, con el dictamen favorable será expuesto a los 60 diputados en el pleno y, si hay acuerdo, mañana mismo se manda a publicar al Diario Oficial.

“Vamos a mandar a un dictamen favorable, para que el día de mañana, en la sesión plenaria lo expongamos, lo propongamos al pleno, a los 60 diputados, para someterlo a votación y, si el pleno está de acuerdo en ratificar la derogación del 210 de la Constitución, que es eliminar la deuda política, mañana mismo se manda a publicar en el Diario Oficial y ocho días después, ocho días seguidos a partir de mañana, ya será un hecho, una realidad y con eso vamos a cumplir paso a paso todo lo que la Constitución de la República a nosotros nos obliga como legisladores”, dijo Castro.

Agregó que con esta eliminación “los partidos políticos ya no van a ser mantenidos del bolsillo de los salvadoreños, eso se va a acabar y ya haciendo historia, haciendo lo que nunca se atrevieron a hacer”.

El dictamen favorable para ratificar la eliminación del artículo 210 de la Constitución fue aprobado con ocho votos queda aprobado emitir el dictamen favorable. Fueron seis votos de Nuevas Ideas, uno del Partido de Concertación Nacional (PCN) y uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no votó.

Con la reforma, los partidos políticos en El Salvador únicamente podrán recibir financiamiento privado para sus campañas electorales, información que actualmente no es pública en el Ministerio de Hacienda.

El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores dijo el lunes que está de acuerdo con atraer inversión, nacional y extranjera, pero cuestionó que el gobierno solo dé beneficios fiscales a los grandes empresarios y no los micro en el país.

«Yo no estoy en contra de las inversiones en El Salvador, al contrario, llamo a atraer inversiones, pero también, importante: apoyar a nuestros micro empresarios, porque la economía economía en El Salvador y el empleo lo genera, el 80%, los pequeños y medianos productores del país, los pequeños empresarios abandonados, a los que se les está poniendo más impuestos», señaló el secretario general del Frente.

Lo expresado por el lider del partido de izquierda fue en referencia al encuentro empresarial que tuvo el presidente Nayib Bukele con empresarios de la región latinoamericana que participaron en el XX Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025. El encuentro se desarrolló del 12 al 15 de febrero en San Salvador.

El secretario general del Frente dijo que sí espera que «venga inversión por el bien del país, para generar empleo, pero lo que hemos visto y lo que hemos leído es que se está perdonando impuestos a los grandes y se les está poniendo impuestos a los pequeños, al pueblo que es el que carga siempre con lo peor», cuestionó.

En septiembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la exención del Impuesto sobre la Renta a las ganancias que obtengan los propietarios de la construcción de nuevos edificios de 35 niveles o más durante 15 años.

En el encuentro de los empresarios con el presidente salvadoreño, la empresaria Claudia Cisneros de Capriles, de Venezuela preguntó a Bukele: ¿cuál es el plan país que tiene para los próximos 20 años de El Salvador?

A lo que el mandatario respondió: «Nosotros queremos ser un país full libertad empresarial, capitalista, proempresa, un gobierno lo más fuerte pero pequeño posible, pero que no tenga grasa, solo músculo, pero que ese músculo vaya a enseñar a pescar, a invertir en educación, a invertir en infraestructura educativa, infraestructura en salud, invertir en esos proyectos de país», dijo Bukele ante los empresarios.

Al contrario de esto, el dirigente del FMLN también criticó que a este gobierno «le falta un plan estratégico, un plan de nación, un plan económico, un plan real» y le aconsejó al presidente «cambiar de asesores», para que no se trabaje solo en imagen, sino que «se ponga en función del pueblo, del que votó por usted», fue el mensaje para el mandatario.

El Salvador fue uno de los 65 países que se abstuvieron de votar contra Rusia por su invasión contra Ucrania, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este lunes 24 de febrero de 2025, justo cuando se cumplen tres años de la agresión rusa.

Esta no es la primera vez que El Salvador se abstiene, en marzo de 2022, se abstuvo junto a 34 países de votar por una resolución de condena a Rusia por su agresión a Ucrania, durante la quinta sesión del periodo de sesiones de emergencia especial. En febrero de 2023, también se abstuvo de votar contra Rusia en la ONU.

En la resolución, la Asamblea General de la ONU reiteró su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y condenó la invasión rusa de la que se cumplen tres años, en un revés para Estados Unidos que no logró aprobar un texto en el que pedía una solución rápida sin condiciones.

Adoptado por 93 votos a favor, 18 en contra entre ellos Estados Unidos y Rusia, y 65 abstenciones, el texto preparado por Ucrania y sus aliados europeos reitera el «compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania».

La resolución subraya asimismo que es «urgente» acabar con la guerra «este año» y repite las exigencias previas de la Asamblea de un cese inmediato de hostilidades de Rusia contra Ucrania y el retiro de sus tropas.

«Ningún país está seguro si se se justifica una agresión y se culpa a la víctima de su resiliencia y de su deseo de sobrevivir», advirtió antes de la votación Mariana Betsa, viceministra ucraniana de Relaciones Exteriores a los 193 estados de la ONU.

Entre los que se suman a El Salvador en abstenciones estuvieron Costa Rica, Honduras, Panamá, Argentina, Cuba, China y Paraguay, entre otros. Guatemala y Belice votaron a favor de la resolución.

Entre los 18 países que votaron en contra, está, por supuesto Rusia, pero también Estados Unidos y Nicaragua, un aliado del régimen de Vladimir Putin.

El otro proyecto de resolución preparado por Estados Unidos, «inicialmente pedía un final rápido del conflicto sin hacer referencia a la integridad territorial de Ucrania, fue modificado sustancialmente por la adopción de varias enmiendas de países europeos que introducían esta referencia a la integridad territorial y pedían una «paz justa», según explica Infobae. Este proyecto contó con 93 votos a favor, 8 en contra y 73 abstenciones.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó, el domingo 23 por medio de su cuenta de X la invasión rusa, que este lunes cumple tres años.

«Este lunes se cumplen tres años desde que la Federación Rusa lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. En esta trágica ocasión, reafirmo la urgente necesidad de una paz justa, sostenible y amplia, que defienda plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General», escribió el jefe de la ONU.

Las diputadas de los partidos Arena y Vamos creen que, así como Nuevas Ideas pidió conformar el Comité de Ética Parlamentaria, también deben conformar el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) y el Grupo Parlamentario de Jóvenes (GPJ), tal como lo establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

El RIAL establece, en su artículo 34-A, que al inicio de la legislatura, las diputadas conformaran el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), integrado por todas las diputadas propietarias y suplentes electas.

“El objeto del grupo parlamentario de mujeres será promover iniciativas legislativas a favor de las mujeres, a través de una agenda de consenso, así como velar por el cumplimiento de la política de igualdad de género en la función legislativa y su plan de acción, con el soporte técnico de la unidad de género”, indica esa disposición.

“Deben conformarse ambos, la creación de ellos era para crear legislación en beneficio de las mujeres y los jóvenes. No fueron inventos ni sacados de la manga. La idea era que, al estar reunidos, se viera el beneficio de la colectividad, en esas reuniones, no había diferencias partidarias, sino discusiones de temas de país. Pero, en esta legislatura como en la anterior, el trabajo de lo diputados en ambas áreas ha sido nula”, señaló la diputada Villatoro.

La diputada de Arena aseguró que está dispuesta a trabajar con todos los grupos parlamentarios como lo hizo en el año 2018.

“Yo puedo trabajar con todos los partidos porque es parte del parlamentarismo y ya lo hice en la legislatura, trabajábamos muy bien basados en la tríada legislativa y buscábamos leyes en beneficio de la igualdad de género. Lo mismo con el grupo parlamentario de jóvenes, estaban representados todos los partidos”, señaló.

Derecho a información no se cumple: Ortiz

Para la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, es contradictorio que se esté queriendo conformar el Comité de Ética Parlamentaria cuando no se conforma el GPM ni el GPJ.

“Hay muchos aspectos del Reglamento de la Asamblea Legislativa que realmente no se cumplen, como el derecho de algunos diputados de tener acceso a la información, tener acceso a las agendas», se quejó.

Ortiz mencionó que normalmente en una comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando un diputado pide la agenda, «los técnicos dicen que no la tienen minutos antes de que inicie la comisión».

«Igual en el pleno: se conoce la agenda hasta que ya está por iniciar, entonces, es un continuo bloqueo, una continua exclusión de los derechos políticos de quienes estamos representando a miles de salvadoreños en este órgano de Estado”.
Claudia Ortiz (Vamos).

Así como el GPM, el Grupo Parlamentario de Jóvenes debe conformarse al inicio de cada legislatura y este tiene como objetivo “promover iniciativas legislativas a favor de la juventud, a través de una agenda de consenso”. Pero ninguno ha sido conformado en la legislatura actual, ni en la anterior.

El miércoles 19 de febrero, momentos antes de la sesión plenaria, la diputada Marcela Villatoro, acompañada por su colega de fracción, el diputado Francisco Lira, informó a los medios de comunicación que el Tribunal de Primera Instancia del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) la citó para hablar y llegaron a un acuerdo: desligar al partido de las diferencias que hay entre ella y el presidente del Coena, Carlos García Saade.

«Yo ya fui citada por el Tribunal de Primera Instancia del partido, estuvimos platicando de la situación por lo que estaba pasando y hemos llegado a un acuerdo, para beneficio del partido. No es y nunca fue mi intención causarle un menoscabo o daño a Arena… En el caso mío y de Carlos Saade, nosotros lo vamos a trabajar, de manera conjunta, en solventar nuestras diferencias, sea en las instancias que sean, pero esto no va a tocar en ningún momento el funcionamiento dentro del partido», informó la legisladora tricolor.

La intervención del Tribunal de Primera Instancia de Arena se dio luego de que, el viernes 14 de febrero, García Saade acusó en conferencia de prensa a la diputada Villatoro de irrespeto, injurias y ofensas: “Por mí se tendría que haber expulsado hace años”. García Saade dijo que dejaba en manos del Coena la decisión de un proceso disciplinario o de expulsión contra la diputada.

Respecto a eso, la diputada Villatoro también confirmó que sigue firme dentro del partido Arena.

«A mí no se me ha expulsado, ni nada por el estilo, todo lo contrario, vamos a seguir trabajando dentro de la Asamblea por el bien del país y que este tema con Carlos Saade, que yo voy a solventar con él, quede desligado totalmente del partido Arena, que nunca ha sido mi intención causarle daño», manifestó la diputada.

Se le consultó a la diputada si siempre procederá pidiendo una auditoría a la Corte de Cuentas de la República como había asegurado para que fiscalice los fondos que recibió Arena de deuda política y dijo que es un tema que lo hablará directamente con García Saade.

«Todos esos temas los voy a ver yo directamente con Carlos Saade pero esto no tendrá ninguna injerencia con el partido», respondió.

Aseguró que sigue “comprometida” de seguir trabajando con las estructuras, con los directores departamentales y haciendo trabajo territorial. La dirigente agradeció el apoyo que personas le han demostrado dentro y fuera del partido y prometió: “No los voy a defraudar”.

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) tendrá una sección dedicada al bitcoin anunció en la plataforma X la oficina del bitcoin del gobierno, The Bitcoin Office.

«Nos complace anunciar que BINAES pronto tendrá una sección dedicada a Bitcoin que será curada por @PupusasG», publicó The Bitcoin Office.

En la nueva sección dedicada a la criptomoneda, «los visitantes de la biblioteca no solo encontrarán los mejores libros sobre Bitcoin, sino que también tendrán la oportunidad de ver un nodo completo en funcionamiento con información importante sobre su uso en la red Bitcoin».

El perfil de @PupusasG pertenece a Óscar Méndez, según información del medio estatal El Salvador y «es graduado de Cubo+», una iniciativa para «formar una comunidad de profesionales salvadoreños capacitados para atender la creciente demanda de empleo por parte de las empresas de Bitcoin y Lightning Network, así como impulsar la adopción y fomentar el desarrollo económico en El Salvador».

Según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) publicada el 16 de enero de este año, el 91.9 % de los salvadoreños descartó el uso del bitcoin en sus transacciones en 2024, a pesar de que la criptomoneda fue aprobada como moneda de curso legal el 8 de junio del 2021 e inició vigencia el 7 de septiembre del mismo año.

El miércoles 29 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó ocho reformas a la Ley Bitcoin, entre ellas una «aceptación voluntaria» del bitcoin en los pagos, así como para que únicamente los privados puedan realizar operaciones de bitcoin. La reforma responde a las exigencias de un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado en diciembre pasado.

La solicitud de Nuevas Ideas para ratificar la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República y así eliminar la deuda política fue enviada a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el próximo martes a las 10:00 de la mañana.

Con la solicitud, la Asamblea Legislativa podría completar el proceso de aprobación de la eliminación de la deuda política en la sesión plenaria del próximo miércoles.

El 12 de febrero en la plenaria ordinaria número 43, la Asamblea Legislativa aprobó, con los votos de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y uno de la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la eliminación del artículo 210 de la Constitución para eliminar el financiamiento público que se le entrega a los partidos políticos.

Esto se logró gracias a que, el 29 de enero de este año, se aprobó la reforma al artículo 248 de la Constitución, que requería para cualquier reforma constitucional las votaciones de dos legislaturas. Con esta reforma, una sola Asamblea Legislativa puede cambiar cualquier artículo de la Constitución, con 45 votos.

El acuerdo para eliminar el artículo 210 de la Constitución fue publicado en el Diario Oficial el mismo 12 de febrero.

El diputado Francisco Lira, de Arena dijo que el acuerdo solo tenía que salir publicado en el Diario Oficial y el oficialismo tiene los votos para ratificarlo pero también hay que ver las leyes secundarias que hablan de la deuda política. “Lo que sí hay que tener claro son las leyes secundarias, en este caso, la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral”, señaló.

Los partidos políticos recibían una cantidad de dinero por cada voto que recibían en todo tipo de elección, presidenciales, legislativas, parlamentarias y municipales.

Desde 2014 hasta 2023, los partidos políticos salvadoreños recibieron $160.4 millones de financiamiento público y privado según un informe de Acción Ciudadana (AC): $75.6 millones de la deuda pública y $84.7 millones de donaciones de personas naturales o jurídicas.

Durante la campaña presidencial de 2019, la más reciente con información pública sobre los gastos, los partidos políticos tuvieron donantes pero también fueron erogados del Estado al menos $7.3 millones de enero a junio de 2019, como complemento de la deuda política luego de las elecciones presidenciales. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió $7.1 millones, seguido de Vamos, $109,005.75, PDC, $43,149.75 y PSD, $71,328.69.

En 2024, Hacienda presupuestó $38 millones y devengó $14 millones en deuda política pero no ha divulgado cómo la distribuyó.

Diputadas de oposición pusieron en duda de que la fracción de Nuevas Ideas pretenda constituir el Comité de Ética Parlamentaria con objetivos legítimos.

El pasado 12 de febrero, la bancada de Nuevas Ideas introdujo iniciativa para conformar el Comité de Ética Parlamentaria, lo cual está establecido en el artículo 28 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL).

El RIAL, en el artículo 28, establece que el Comité Comité de Ética Parlamentaria se integrará «a efectos de indagar las denuncias sobre las faltas éticas de los diputados o las diputadas”.

Sin embargo, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, duda sobre que la intención de los diputados de la bancada mayoritaria, al crear ese Comité, sea cumplir el artículo 28 del RIAL, ya que hay antecedentes como los “insultos del exdiputado Romeo Auerbach contra diputadas de oposición y nunca pasó nada”.

“Entonces la pregunta es ¿qué tipo de tribunal va a ser? Si va a ser para ayudarles a ellos y querer callarnos la boca a nosotros o si realmente va a buscar el beneficio en esta Asamblea Legislativa, para el parlamentarismo, que debería de haber”.
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

La diputada de Arena dijo el miércoles que no le interesa formar parte del Comité. “Porque me parece que es una burla, que lo utilizarán solo para hacer daño a los partidos opositores”, aseveró.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, afirmó que el Comité está contemplado en el Reglamento Interno y «es obligación que se constituya». Sin embargo, observó que «en la legislatura pasada se constituyó también pero nunca hubo un informe de ese trabajo».

«Pero tiene que ser la conformación de esa comisión y tiene que ser representativa de todos los partidos políticos, pero sabemos lo que va a pasar».
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Contrario a Villatoro, Ortiz sí espera ser parte del Comité de Ética Parlamentaria, pero asegura que saben lo que pasará.

«Eso nos deja de lección como salvadoreños que hay que cambiar la correlación en la Asamblea Legislativa para que haya equilibrio de poder, para que pueda conocerse información que está en reserva y que pueda haber más participación de la sociedad, y que este órgano de Estado represente a todo el pueblo salvadoreño”, concluyó Ortiz.

En 2022, también a petición del presidente legislativo, Ernesto Castro, se conformó el Comité de Ética Parlamentaria, aprobado por el pleno el 8 de noviembre de 2024, aunque no se conoció alguna reunión pública o informe público.

El presidente fue el diputado Raúl Castillo, de Nuevas Ideas; y también lo conformaron Caleb Navarro, Mauricio Ortiz, Jonathan Hernández, Elisa Rosales, Rubén Flores, de Nuevas Ideas; Reinaldo Carballo (PDC), Reynaldo López Cardoza (PCN), Marta Pineda de Navas (Gana) y Silvia Ostorga (Arena).

Diputados de Arena y Vamos criticaron la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa para incluir la infraestructura escolar en las disposiciones que agilizan las contrataciones de construcción de obras turísticas o carreteras, permitiendo «contrataciones por conexión» o modificaciones en las contrataciones.

El dictamen fue aprobado el lunes 10 de febrero y fue aprobado por el pleno legislativo en la sesión plenaria del miércoles 12 de febrero.

Según la oposición, buscan «saltarse» procesos de licitación para contratar «de manera urgente», sin proceso de licitación, a contratistas ya conocidos por el Ministerio de Educación, con el fin de realizar obras en centros escolares.

«Este tema hay que analizarlo desde la raíz. ¿Cómo es posible que ahora la Ley de Compras Públicas se la van a saltar por interés social?, ¿por qué razones?, ¿por qué acciones?», dijo el diputado Francisco Lira, de Arena.

Para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, esto obedece a un mecanismo que ella llama «la contratación de dedo y es la gran innovación, entre comillas, que ha hecho esta Asamblea Legislativa».

Según Ortiz, todos los procesos de compras públicas, sobre todo en salud y educación, deben cumplir «los más altos estándares de transparencia y de competencia» entre los ofertantes.

«Este mecanismo no logra eso y, si se hizo una nueva Ley de Compras Públicas, era para agilizar esos procesos de compras públicas y no establecer mecanismos adicionales que son una excepción pero se vuelven la regla. Y en una cartera de Estado que es de las más grandes, con más potencial de inversión pública, el dinero debe cuidarse más», manifestó la diputada.

El diputado Lira cuestionó que hace ya casi un año el presidente de la República reiteró que se iban a remodelar varias escuelas. «¿Y dónde está el dinero?, por eso hemos dicho reiteradamente que deben transparentar los fondos públicos», reclamó.

El programa «Mi primera escuela», que prometía la reconstrucción de las escuelas de El Salvador con una inversión de $140 millones en el año 2024, tuvo una ejecución de $2.7 millones hasta noviembre. La inversión de $2,709,386.12 es un 5.2 % de lo programado en el año según el informe «Programa anual de inversión pública» del Ministerio de Hacienda.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), informó este miércoles que el Tribunal de Primera Instancia del partido ya habló con ella para llegar a un acuerdo sobre las diferencias que mantiene con el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade.

Así lo expresó:

«Yo ya fui citada por el Tribunal de Primera Instancia del partido, estuvimos platicando por lo que estaba pasando y hemos llegado a un acuerdo, para beneficio del partido. No es y nunca fue mi intención causarle un menoscabo a Arena, en mi casa».

«Lo importante es no dar la herramienta al gobierno, ni a los enemigos para que terminen de acabarse con lo que tenemos dentro del partido».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

El viernes 14 de febrero, el presidente de Arena, en conferencia de prensa, dijo que dejaba en manos de las estructuras del partido un proceso de «expulsión» contra la diputada pero que por él hace «muchos años» hubiese sido expulsada.

«A mí no se me ha expulsado, ni nada por el estilo, todo lo contrario, vamos a seguir trabajando dentro de la Asamblea por el bien del país y que este tema con Carlos Saade, que yo voy a solventar con él, quede desligado totalmente del partido Arena, que nunca ha sido mi intención causarle daño», manifestó la diputada.

Al consultarle a la diputada si siempre solicitará una auditoría a la Corte de Cuenta de la República para que fiscalice los fondos que recibió el instituto político de deuda política, respondió que también es un tema que lo hablará directamente con García Saade.

«Todos esos temas los voy a ver yo directamente con Carlos Saade, pero esto no tendrá ninguna injerencia con el partido», respondió la legisladora.

Política | Sobre la polémica en ARENA: Marcela Villatoro revela que fue citada al Tribunal de Primera Instancia de Arena y que ha llegado a un acuerdo. “A mí no se me ha expulsado”, dice. Según la diputada, trabajará de manera conjunta para resolver las diferencias con Carlos… pic.twitter.com/YTYVY83Vi2

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) February 19, 2025