Redacción DEM

Autor: Jessica Guzman

  • Socios afectados por desfalco en COSAVI envían una segunda carta al FMI

    Socios afectados por desfalco en COSAVI envían una segunda carta al FMI

    Un grupo de socios afectos por el desfalco en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI de R.L.)informaron el martes que enviaron una segunda carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) donde solicitaron que la transparencia de parte del gobierno salvadoreño sobre el desfalco en la cooperativa, sea considerada un indicador relevante en la evaluación de cumplimiento para el acuerdo de $1,400 millones.

    “Considerando el reciente acuerdo técnico alcanzado entre el FMI y el gobierno de El Salvador bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF), que FMI considere el caso COSAVI como un indicador relevante en la evaluación de cumplimiento, ya que evidencia de manera clara la fragilidad en áreas clave como la gobernanza, la corrupción, la discrecionalidad, el lavado de dinero y el deterioro del sector financiero”, solicitan los afectados mediante la carta.

    La información la dieron frente al edificio de la Superintendencia del Sistema Financiero, en donde hicieron una protesta contra la titular de esa entidad, Evelyn Gracias, donde exigen al gobiero les devuelvan sus ahorros.

    El vocero de los afectados COSAVI, Juan José Ortiz, explicó que sobre la primera carta que le enviaron a la entidad financiera internacional a inicio de enero fue recibida y esto fue lo que les respondieron:

    “Fueron muy diplomáticos. Nos agradecieron por darles a conocer un caso que no conocían y esto es bien interesante: ¿Cómo es posible que el gobierno y el Fondo estén a punto de firmar un acuerdo por $1,400 millones y el Fondo Monetario no se entera que en COSAVI se roban $35 millones, en otra cooperativa $49 millones y que prácticamente todo el Sistema cooperativo está colapasando”.
    Juan José Ortiz,
    Vocero de afectados de COSAVI

    Esta segunda carta enviada al FMI le detallan la afectación económica por el riesgo “de liquidez del sistema financiero cooperativo, se pone en riesgo por la sustracción o desfalcos en casos como ACOTEMIC y ACOMATIC ($49 millones) y otras cooperativas que presentan los mismos problemas que COSAVI”.

    Cuestionan además la intervención y discrecionalidad en el manejo de recursos privados por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ya que la superintendente nunca se ha reunido con los socios, por la reserva de información sobre el caso que “no contribuye a generar un clima de confianza y certeza jurídica, debilita el estado de derecho y no contribuye a la gobernanza y al fortalecimiento de las instituciones garantes de control”.

    En este sentido, específicamente piden al FMI es que si el gobierno no accede a la publicación de información transparente sobre los avances en la resolución del caso COSAVI, y paguen a los socios ahorrantes, lo tome en consideración como indicador de transparencia para el acuerdo.

    La carta fue enviada al jefe de Delegación del FMI, Washington, D.C. Raphael A. Espinoza, y está firmada por Pablo Bracamonte, quien preside la junta directiva de afectados COSAVI y los otros cinco miembros de ella.

    Ayer, los afectados de COSAVI también denunciaron la muerte de una cuarta persona que tenía sus ahorros depositados en la cooperativa, y que, el estrés de la situación le detonó complicaciones en sus enfermedades.

    Ya han pasado diez meses, desde que el desfalco fuera revelado. Fue el 9 de mayo cuando la FGR anunció que procesaba judicialmente a 32 personas, entre ellos, ocho directivos de COSAVI, de R.L., por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

    El fraude asciende a $35 millones, según reveló el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ese día.

    La SSF ha anunciado la entrega del dinero por capas. El 14 de enero se habilitó la capa de $35,000, pero los afectados rechazan ese mecanismo, ya que aseguran no les resuelve el problema a la mayoría, ya que muchos tienen ahorros de más de esa cantidad, a otros no se los entregan porque no han vencido sus plazos y otros tienen varios productos que sumándolos superan ese monto.

  • Denuncian muerte de cuarta víctima de caso COSAVI y responsabilizan a superintendente

    Denuncian muerte de cuarta víctima de caso COSAVI y responsabilizan a superintendente

    Un grupo de afectados por el fraude millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI de R.L.) llegaron nuevamente frente a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para hacer varias denuncias, una de ellas, el fallecimiento de “una cuarta víctima del caso COSAVI”.

    El fallecido es Guillermo de Jesús Castaneda Soto, quien según informó su hermano, Eduardo Castaneda Soto, y el vocero de los afectados, Juan José Ortiz, presentó un cuadro de depresión a raíz del fraude en la Cooperativa que culminó con una “pulmonía severa” que acabó con su vida.

    “Siento un gran dolor por la muerte de mi hermano. Él cada vez que se levantaba en la mañana y habría sus ojitos, lo primero que preguntaba era: “¿Qué saben de COSAVI?” Casi diez meses de estar haciendo la misma pregunta, pero el estrés y todo esto le causó la muerte. Gracias a Dios ya está en el cielo, yo siento un gran vacío… espero que la muerte de mi hermano sirva para continuar. No pedimos limosna, queremos nuestros fondos, nuestro sacrificio”.
    Eduardo Castaneda Soto,
    Hermano del fallecido.

    Ortiz, vocero de los afectados de COSAVI, responsabilizó a la superintendente y le hizo un nuevo llamado para que se reúna con ellos en búsqueda de una solución viable, ya que rechazan el método que ha empleado la SSF de entregar el dinero por capas.

    “El llamado es para la superintendencia, ¿cuántos muertos más tienen que pasar para que se siente a dialogar con la Junta Directiva alternativas de solución? Señora superintendente, la responsabilizamos de la cuarta muerte y la invitamos a sentarse con la junta directiva (de los afectados de COSAVI) alternativas de solución”, dijo el vocero de este grupo de afectados.

    Los afectados acusan directamente al gobierno por tenerles “secuestrados sus ahorros” y exigen que se les devuelva, ya que muchos socios afectados no tienen dinero para subsistir, ni para sus tratamientos médicos.

    “Lamentable la actitud del gobierno. Aquí hay que decirle al pueblo salvadoreño que no era el señor (Manuel) Coto quien tenía secuestrado nuestro dinero, es el Estado salvadoreño el que tiene secuestrado cerca de $230 millones en activos para respondernos a los afectados. Ni la captura, ni la lamentable muerte del señor Coto nos resuelve a los afectados, es la Superintendencia del Sistema Financiero la que tiene secuestrado ilegalmente nuestro dinero, y lamentamos particularmente que el presidente de la República no se pronuncie por el caso”, señaló.

    Megáfono en mano, otro de los socios afectados, Julio Flores, exigió a la superintendente frente al edificio de la SSF “empatía”, “que nos entreguen nuestros ahorros”, dijo.

    “Yo vivía de los intereses que me daba COSAVI y aunque no eran grandes intereses me permitía llevar una vida digna, ahora Dios sabe cómo estoy subsistiendo, pero lo estoy haciendo, y voy a seguir hasta que recuperemos hasta el último centavo que usted (Evelyn Gracias) y el Estado salvadoreños nos tienen secuestrado en este momento. Necesitamos, de parte de ustedes, empatía solamente señora Evelyn Gracias, señor Nayib Bukele, señores de la bancada cian, sí, lo único que les estamos pidiendo es que nos entreguen nuestros ahorros”, repitió Flores.

    El 14 de enero la SSF habilitó la última capa de hasta $35,000, sin embargo, los socios aseguran que no les están entregando porque los plazos no han vencido, si se trata de certificado de aportación o si el afectado posee otros productos que suman monto mayor a la capa habilitada. También denuncian que no se les entregan los intereses de sus ahorros.

    Los afectados aseguran seguirán realizando protestas y presionando para recuperar sus ahorros.

  • Bomberos sofoca incendio en Santa Ana

    Bomberos sofoca incendio en Santa Ana

    El Cuerpo de Bomberos sofocó un incendio la mañana de este lunes en un edificio en la 1ª Avenida Sur, entre la 5.ª y 7.ª calle Oriente, en Santa Ana.

    «Ejecutamos maniobras de control para evitar la propagación del fuego y proteger las estructuras cercanas. No se reportan personas lesionadas», informó Bomberos en su cuenta de X.

    Según la información preliminar, en el lugar del siniestro funcionaba un gimnasio y las llamas pudieron haber por un corto circuito.

    En 2024, la Dirección General de Protección Civil registró más de 4,900 incendios a nivel nacional, un incremento del 10 % comparado con el año anterior, según los datos estadísticos de cuatro informes del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT).

    De 4,930 incendios, 771 se contabilizaron de tipo estructurales, 533 en vehículos, 312 en basureros, 165 fueron de tipo forestal y 44 fueron relacionados con tambos de gas.

    Bomberos le recuerda a la población que ante cualquier emergencia marque el 913.

  • Sindicalistas de la PDDH denuncian supresión de plazas y a la procuradora Caballero de Guevara

    Sindicalistas de la PDDH denuncian supresión de plazas y a la procuradora Caballero de Guevara

    Trabajadores y miembros del sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunciaron a la procuradora Raquel Caballero de Guevara por «graves violaciones de derechos humanos laborales,

    al suprimir de forma irregular las plazas de 89 o más personas trabajadoras y atropellar el fuero, garantías y libertades sindicales.»

    Son siete directivos del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador que fueron notificados en diciembre por medio de un correo electrónico, que «… se le comunica que, la plaza que usted ostenta ha sido suprimieda, a partir del día uno de enero del año dos mil veinticinco.»

    “La decisión adoptada no constituye despido o destitución, sino que constituye un a medida presupuestaria de urgencia para salvaguardar los servicios de esta institución”, informa la notificación que Recursos Humanos de la PDDH envió a los trabajadores que se quedaron sin trabajo.

    Según la nota, les informa que la indemnización se aplicaría según lo establece el artículo 30 de la Ley de Servicio Civil, sin embargo, Juan Ibarra, uno de los sindicalistas despedidos asegura que Recursos Humanos no les ha explicado si esa indemnización será en un solo pago, o cuotas.

    “Sin haber hablado, ni llegado a ningún convenio, la administración de PDDH está haciendo depósitos a nuestras cuentas bancarias, un salario mensual, bajo el concepto de abono de planilla salarial, pero no se sabe nada, ni cuáles son los términos”, explicó Ibarra.

    Los sindicalistas presentaron la denuncia en la PDDH, pero no fue recibida, ya que en el reglamento interno establece que no se puede denunciar un trabajador de la misma institución, explicó Ibarra, “lo que nos parece ilógico, porque ella es funcionaria”, dijo.

    Piden que se investigue “las actuaciones de la titular y que se deduzcan responsabilidades.”

    “No solo se trata de andar con el chaleco de la procuraduría”

    Por su parte, Guillermo García, que con otro grupo de trabajadores despedidos hicieron una protesta frente a la institución denunció el “mal” trabajo de la procuradora, quien “no se pronuncia por ninguna violación de los derechos huamnos, laborales” que están sufriendo, “no solo en la PDDH, sino en varias instituciones del Estado.”

    “Las unidades han sido desmanteladas, y los temas como de VIH, de salud, se han quedado sin cabeza. Sobre las indemnizaciones, en la nota dice que nos van a indemnizar respecto al artículo 30, pero cuando vamos al Ministerio de Trabajo allá nos dan otro monto, el artículo 30 da otro monto y en la práctica dan otro monto. Denunciamos estos hechos porque no solo se trata de nosotros, se trata de muchos más, tenemos que hacer valer los derechos de la clase trabajadora, tenemos que defender los derechos, porque somo defensores de derechos humanos, no se trata solo de andar con el chaleco de la procuraduría,” aseveró García.

    García, quien era coordinador de la unidad de Acciones Inmediatas en el departamento de denuncia, tenía 23 años de trabajar en la PDDH, aseguró que seguirán denunciando los despidos que está realizando la institución, porque supuestamente “seguirán los despidos.”

  • Marcela Villatoro: "Era el momento para pedir que se les diera una situación migratoria legal"

    Marcela Villatoro: «Era el momento para pedir que se les diera una situación migratoria legal»

    La diputada de oposición Marcela Villatoro aseguró que lamentaba que el tema migratorio no se abordara en la reunión que sostuvieron el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, con el presidente Nayib Bukele, el pasado 3 de febrero en El Salvador.

    “Con la venida de Marco Rubio, tuvo que abordarse el tema de la migración, ese debió ser el tema prioritario. Hay muchos salvadoreños que no tienen en orden sus papeles, este era el momento para luchar por ellos y pedir que se les diera una situación migratoria legal de forma permanente, incluso abogar por los tepesianos salvadoreños y buscar que ya queden de forma permanente… Fue una lástima haber desaprovechado esa oportunidad”, cuestionó la diputada Villatoro.

    Sobre el ofrecimiento que hizo Bukele de recibir criminales extranjeros, Villatoro dijo que Estados Unidos debe revisar la legalidad de ello, pero que además consideró que El Salvador “no está en condiciones para ello”.

    “No estamos en condiciones, apenas estamos saliendo del problema que hemos tenido con las pandillas, para venir a traer más criminales a nuestro país y reitero, yo hubiera priorizado luchar por los salvadoreños que están en el exterior y buscarles una situación legal permanente”, concluyó.

    La reunión entre Rubio y Bukele dejó como fruto un memorando de cooperación nuclear, el ofrecimiento de parte de Bukele a Trump de recibir criminales que le envíe Estados Unidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), a cambio de una “tarifa” no revelada; y la promesa de que “muchas funciones” de USAID se mantendrán siempre y cuando se alineen con los intereses de Estados Unidos.

  • Oposición pide levantar reservas de siete años por Ley Anticorrupción

    Oposición pide levantar reservas de siete años por Ley Anticorrupción

    Tal como estaba previsto, la Asamblea Legislativa probó este viernes la Ley Anticorrupción, que contó con 59 votos, incluidos los del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Vamos es abstuvo.

    Sin embargo, momentos antes de la aprobación, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, había pedido coherencia del gobierno con la ley, iniciativa del Ejecutivo.

    Aprobar esta ley “es un paso que hay que apoyar pero que no va a ser suficiente, sino se toman medidas en coherencia con eso. La transparencia es un gran déficit de esta administración. Esta Asamblea Legislativa tampoco ha aprobado propuestas que hemos hecho para que los acuerdos de Junta Directiva sean públicos”, señaló Ortiz.

    La diputada de Vamos reiteró que, en aras de la transparencia y en consonancia con esta ley, se deben quitar las reservas de información.

    “Todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción son importantes, son necesarios. Se va a aprobar esa ley, de acuerdo, pero también levantemos la reserva de información, que la reserva de información no dure siete años, sino que dure tres años, como hemos propuesto”, exhortó.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, también señaló que ya que se creó y aprobó esta ley “ya es momento” que se investiguen los casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) dio aviso de posible corrupción.

    “Todos los salvadoreños queremos que se combata la corrupción, pero también hay varios casos que se dieron durante la pandemia, que ya es momento que se empiecen a investigar qué fue lo que pasó, y lo que hicieron fue eliminar la CICIES, pues ahora con esto ya tienen una forma más para proceder e investigar a cualquier funcionario”, señaló Villatoro.

    La diputada de Arena reiteró que es importante que, con esta ley, “el fiscal general de la República podrá proceder de forma oficiosa cuando vea que hay algún tipo de enriquecimiento ilícito y cualquier ciudadano puede poner algún tipo de denuncia cuando vea que algún funcionario está actuando de forma ilegal”.

    El diputado Francisco Lira, de Arena, también criticó la reserva de información pública. “Para que se les crea al gobierno de Nuevas Ideas, que quiere combatir la corrupción, los invito, levanten la restricción del acceso a la información pública que tienen por 12 años, desentierren los 12 casos de la CICIES que ustedes mismos cerraron”, dijo, en un video de TikTok.

  • Claudia Ortiz: "Háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior"

    Claudia Ortiz: «Háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior»

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó a apoyar a los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, así como a los retornados en torno a la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador.

    La diputada aseguró que hay «mucha inquietud» en los salvadoreños en Estados Unidos pero que hay «muchas cosas que se pueden hacer desde el gobierno salvadoreño» para apoyarlos.

    “Ya la Asamblea Legislativa les dio el derecho al voto, ahora háganse cargo también de apoyar a los hermanos en el exterior con programas que les apoyen allá, porque quienes no tienen ciudadanía, ni residencia, están totalmente desprotegidos. No tiene acceso a atención médica, una situación laboral más complicada, es ahí donde los servicios consulares deben reforzarse y acá deben reforzar los servicios de apoyo a personas retornadas, para que la gente pueda tener opción de reconstruir su vida y también que existan condiciones para que la gente no se vaya”, recalcó.

    Desde el primer día de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó múltiples decretos para declarar la emergencia nacional en la frontera con México, bloquear la entrada de migrantes y deportar a «millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron». Esto ha generado mucha incertidumbre en los latinos con estatus irregular en Estados Unidos y entre ellos la comunidad salvadoreña.

    Sobre los salvadoreños beneficiarios del TPS eran cerca de 234,000; según una presentación de Diálogo Interamericano son 180,375.

    El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé al menos 14,000 salvadoreños deportados anualmente durante el gobierno de Trump.

  • Asamblea sube penas a delitos de corrupción en Código Penal y crea nueve delitos más

    Asamblea sube penas a delitos de corrupción en Código Penal y crea nueve delitos más

    La Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos a favor, la noche de este viernes un pliego de reformas al Código Penal con las que aumentan penas a delitos de corrupción y crean nuevos delitos.

    En la discusión del proyecto de decreto, el diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, expuso todos los delitos que tiene que ver con la corrupción de los funcionarios «se están aumentando los años de prisión, todos».

    «A los actos arbitrarios que tiene el artículo 320 del Código Penal, estaba de 2 a 4 y pasa de 3 a 6 años de prisión… en el artículo 334-F le protege ciudadanía cuando usted tenga pruebas en sus manos para que vaya a denunciar actos de corrupción… También, hay un nuevo delito en el artículo 336-A el testaferrato o consentimiento de uso de nombre: el que presta su nombre para adquirir bienes con dineros que provengan de delitos de corrupción será sancionado con prisión de tres a seis años», detalló Navarro.

    También, solicitó una modificación a la iniciativa, ya que en el artículo 39 en el concepto de «agentes de autoridad», que establece que son los agentes de la Policía Nacional Civil, agregaban a los militares cuando acompañen o realicen funciones de seguridad pública.

    Navarro pidió modificación de la propuesta, que ya contaba con dictamen aprobado, para que siempre y únicamente quede como «agentes de autoridad» a los agentes de la Policía Nacional Civil.

    ¿Cómo quedaron las penas en la reforma al Código Penal a delitos de corrupción?

    Actos arbitrarios: De 3 a 6 años.

    Desobediencia: De 3 a 6 años

    Denegación de auxilio: De 3 a 6 años

    Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial: De 6 a 9 años

    De los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, empleados públicos, servidor público, agente de autoridad y autoridad pública:

    Peculado: de 6 a 9 años, de 9 a 12 y de 12 a 15 años.

    Peculado por culpa: De 3 a 6 años. De 3 a 5 años. De 6 a 9 años.Concusión: De 6 a 9 años.

    Negociaciones ilícitas: De 12 a 15 años

    Cohecho propio: De 6 a 9 años

    Cohecho impropio: De 3 a 6 años

    Malversación: Multa de hasta 100 días – Hasta 9 años

    Enriquecimiento ilícito: De 5 a 15 años

    Infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos: De 9 a 12 años.

    Los nuevos delitos de corrupción en el Código Penal

    Artículo 334-A. Ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción.
    Será sancionado con prisión de tres a seis años.

    Artículo 334-B. Actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas.
    La sanción será por la pena que esté prevista por el delito por el que estaban preparando, proponiendo, conspirando o concertando.

    Artículo 334-C. Encubrimiento real.
    Será sancionado con prisión de tres a seis años.

    Artículo 334-D. Encubrimiento personal.
    Sanción de tres a seis años de prisión.

    Artículo 334-E. Omisión de denuncia o aviso. Para funcionarios públicos, civiles o militares.
    Sanción de tres a seis años de prisión.

    Artículo 334.F. Represalias por denuncia o aviso de corrupción.
    Sanción de dos a cuatro años de prisión a inhabilitado para desempeño del cargo.

    Además se crean y se intercalan entre los artículos 336 y 337:

    Artículo 336.A. Testaferrato o consentimiento de uso de nombre.
    Sanción de tres a seis años de prisión.

    Artículo 336.B. Agravantes especiales:
    a) Que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en esta ley.
    b) Que el hecho delictivo haya sido cometido por un grupo delictivo.
    c) Que el hecho haya sido cometido utilizando violencia en cualquiera de sus expresiones.
    d) Que el hecho haya sido declarado culpable, en un delito análogo, por un tribunal nacional.
    e) Cuando se utilice a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para ocultar o alzarse de los bienes producto de las acciones u omisiones de los hechos delictivos contenidos en esta ley y esté comprobado que estos no tenían conocimiento de la responsabilidad del imputado en los mismos.
    En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo de la pena señalada al delito cometido.

    Artículo 336.C. Atenuantes especiales:
    Podrá rebajarse la pena hasta la mitad del mínimo en este Código para los delitos de corrupción si:
    a) Revela cómplices.
    b) Si da información que haga posible la incautación o decomiso de los bienes.

  • Eligen a Walter Salvador Sosa Funes presidente de la Corte de Cuentas

    Eligen a Walter Salvador Sosa Funes presidente de la Corte de Cuentas

    Luego de poco más de cuatro meses que la Corte de Cuentas de la República quedara acéfala, la Asamblea Legislativa decidió nombrar a Walter Salvador Sosa Funes como el nuevo titular del ente fiscalizador hasta el 27 de agosto de 2026.

    La propuesta de Nuevas Ideas coincidió con la propuesta que hicieron también los partidos PCN y PDC.

    El nombre de Walter Salvador Sosa Funes fue propuesto en el pleno por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Inmediatamente, el diputado Reinaldo Carballo, del PDC, coincidió con el nombre de Walter Salvador Sosa Funes. De manera inmediata, Rebeca Rodríguez, del PCN, dijo que el perfil idóneo lo cumple el mismo candidato.

    La elección del nuevo funcionario contó con 57 votos a favor de Nuevas Ideas y sus aliados, Arena votó en abstención y Vamos en contra.

    “Habiéndose realizado la votación nominal y pública, el resultado es el siguiente: dos abstenciones, un voto en contra y 57 votos a favor. Por lo tanto, con 57 votos a favor, queda electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República el licenciado Walter Salvador Sosa Funes, para el período que concluirá el 27 de agosto del año 2026”, afirmó el presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

    Inmediatamente, Sosa Funes fue llamado y juramentado.

    Walter Salvador Sosa Funes fue uno de los once candidatos que fueron entrevistados para el cargo, luego de que Roxana Soriano de Viaud, quien era la titular de la CCR fuera nombrada como presiente del Tribunal Supremo Electoral.

    Walter Salvador Sosa Funes, ha ejercido como juez de paz en Dulce Nombre de María (Chalatenango), jefe ad honorem de Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue técnico II en el Conna, receptor de denuncias de la Junta del Departamento de La Paz y colaborador jurídico de la oficina jurídica de José Virgilio Cornejo según el currículo público en el portal de transparencia de Trabajo.

    En la entrevista ante los diputados de la Comisión Política, en noviembre, prometió «cumplir la Constitución».

    Sus propuestas:

    • Seguir apostándole a los cambios impulsados por Roxana Soriano.

    • Digitalización de la Corte de Cuentas.

    • Dotar con un capital humano para que puedan realizar su trabajo.

    • Posicionar a la Corte de Cuentas y no volver a la institución «un circo», ejemplificó cuando llegó la entonces vicepresidenta Ana Vilma de Escobar al entonces presidente de la CCR, Rosalío Tóchez.

    • Lo más importante, dijo, es «cumplir la Constitución» para fiscalizar «todas aquellas instituciones, aquellos municipios» y «seguir todos los planes y todas las metas».

  • Diputada Villatoro cuestiona aprobación de nuevo préstamo: “Se había dicho que no se iban a endeudar más”

    Diputada Villatoro cuestiona aprobación de nuevo préstamo: “Se había dicho que no se iban a endeudar más”

    Luego de que los diputados de Nuevas Ideas y aliados autorizaron al gobierno a que suscriba un contrato de préstamo por $60 millones para infraestructura de datos, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo: “No cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”.

    “El presidente (Nayib Bukele) había dicho que ya no iban a haber este tipo de endeudamiento y los diputados rompieron con su palabra, porque fueron los primeros que empezaron a poner en redes sociales y andaban con la algarabía que esta Asamblea ya no se iba a endeudar más y es lo primero que hacen en las primeras sesiones plenarias de este año. Pero como todos conocemos, ellos no cumplen su palabra, dicen una cosa y hacen otra”, cuestionó la diputada Villatoro.

    El préstamo por $60 millones será destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Según el proyecto aprobado, “con dicho financiamiento se busca avanzar con la mejora de la prestación de los servicios digitales del Estado, mediante la realización de diferentes intervenciones para ampliar la infraestructura digital del país y a la vez permita aumentar las habilidades para el uso de dicha infraestructura y prestación de servicios.

    La legisladora lamentó que seguir endeudando al país solo hará más pesada la carga financiera del país y que serán las nuevas generaciones que tendrán que irla pagando.

    “Es una lástima para los salvadoreños, porque al final de cuentas es dinero que le va a tocar ir pagando a generación, tras generación y no tenemos responsabilidad fiscal como país, sino al contrario, terminamos endeudándonos en cosas que no son tan importantes como lo que sí necesita el país, por ejemplo: mejorar la infraestructura escolar o mejorar los hospitales entre otras cosas que no se están haciendo”, señaló la legisladora del partido opositor.

    La autorización para el contrato de préstamo contó con 57 votos a favor.